La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a la Justicia federal local la reapertura de los juicios contra los militares responsables de secuestros, torturas, asesinatos y de la desaparición de personas que actuaron en el Cuerpo V de Ejército, la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de marina Baterías durante la última dictadura militar. El organismo solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final, obediencia debida y de los indultos que beneficiaron a jefes de la Armada y del Ejército. Los pedidos de detención abarcan desde los máximos jerarcas de las respectivas fuerzas, como el ex general Adel Vilas y el ex contraalmirante Luis María Mendía, hasta el interrogador en la mesa de torturas de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, o quien lo auxiliaba aplicando la picana eléctrica, oficial Julián Oscar Corres.
Tras el pedido, el juez Alvarez Canale adhirió a la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final resuelta por la Corte Suprema de Justicia, recaratuló la causa como “investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando del Cuerpo V de Ejército”, difirió el tratamiento de los indultos hasta que el fiscal identifique a los imputados o procesados que se beneficiaron con esa medida, aunque se inhibió de actuar en las causas relacionadas con la Armada por su parentesco con el capitán de navío Raúl Alberto Marino, uno de los investigados. La causa de la Armada quedaría en manos del juez subrogante, Ramón Dardanelli Alsina.
En el caso de la Armada, las diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía juzgar en 1987 a los responsables de los centros de detención de Punta Alta impidieron la identificación de los secuestradores y torturadores de Puerto Belgrano y Baterías, impunidad que extiende hasta hoy el manto de sospecha sobre centenares de marinos. A tres décadas del inicio del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, que incluyó el robo y la sustracción de identidad de dos bebés nacidos en La Escuelita bajo el mando del general Abel Catuzzi, no hay un solo militar ni policía preso por aquellos crímenes de lesa humanidad. En manos del juez y del fiscal Antonio Castaño queda ahora la responsabilidad de continuar los procesos impulsados en los primeros años de la democracia por el fiscal Hugo Cañón y la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Con el patrocinio de Mirta Mántaras, la APDH pidió las detenciones de quienes se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de operaciones navales, contraalmirante Luis María Mendía y vicealmirante Julio Torti; jefe de Estado mayor de Operaciones Navales, contraalmirante Antonio Vañek; comandante de la fuerza de submarinos, vicealmirante Juan José Lombardo; comandante de la base naval Puerto Belgrano, capitán de navío Zanón Saúl Bolino; del contraalmirante Juan Carlos Malugani, y los capitanes de navío Raúl Alberto Marino y Edmundo Oscar Muñoz. Todos ellos fueron indultados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.
Habitué en el despacho de Diana Julio de Massot, directora del diario naval La Nueva Provincia, el contraalmirante Mendía supo arengar a sus subordinados para avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP 8/11/75). Explicaba la necesidad de “aniquilar a la subversión” con argumentos teológicos: “Mientras nosotros creemos en Dios como Supremo Creador y ordenador del Universo, y por lo tanto confiamos en la trascendencia de la vida humana, ellos no ven más allá de lo material, aceptando su mediocre rol en la escala de la evolución zoológica” (LNP 29/11/75). Días antes del golpe de Estado, según declaró Adolfo Scilingo ante la Audiencia Nacional de España, Mendía fue el encargado de explicar ante unos 900 marinos reunidos en el cine de Puerto Belgrano que, para preservar “la ideología occidental y cristiana”, la Armada actuaría decivil, realizaría “interrogatorios intensos”, que incluían la “práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una ‘muerte cristiana’”.
Por los crímenes cometidos por el Ejército, la APDH solicitó la detención de quienes en 1976 y 1977 se desempeñaron, respectivamente, como comandante de la subzona 51 general Adel Edgardo Vilas, del jefe de inteligencia coronel Aldo Mario Alvarez, de los jefes de operaciones, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, coroneles Rafael Benjamín De Piano y Juan Manuel Bayón; y del responsable del departamento de registro y enlace, mayor Arturo Ricardo Palmieri, encargado de recibir y mentirles a los familiares de los desaparecidos que permanecían en cautiverio a metros de su oficina.
Entre los oficiales subalternos integrantes del grupo de tareas, el organismo pidió la detención de Mario Carlos Méndez, a quien sus compañeros llamaban cariñosamente “El Loco de la Guerra”; de Jorge Aníbal Masson, quien en el año 2000, cuando declaró en el Juicio por la Verdad, continuaba en actividad con el grado de teniente coronel; de Ricardo Martín Sosa; de Mario Alberto Casela, coronel en actividad con destino en Remonta y Veterinaria; de Julián Oscar Corres, quien también en el 2000 admitió que en el centro de detención sus compañeros lo llamaban “Laucha”, apodo de quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita según declararon varios sobrevivientes; y del suboficial de inteligencia Santiago Cruciani, alias “mayor Mario Mancini” o “Tío”, interrogador que simulaba el papel de “bueno” en la mesa de torturas de La Escuelita. Cruciani permaneció 36 días detenido en el 2000 por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. Su esposa Yolanda Pozzi denunció a la Cámara Federal de Bahía Blanca por “privación ilegal de la libertad y torturas” (sic). Luego de ser escrachado en Mendoza por la agrupación H.I.J.O.S., el matrimonio se refugió en los pagos de los Pozzi, en San Juan, donde todavía no se conoce su pasado.
Mientras los abogados de la APDH trabajan en la elaboración de futuras presentaciones, la solicitud se refiere a siete casos de asesinatos o desapariciones:
- Horacio Russin fue secuestrado de madrugada, en su casa, por una patota de la Armada. Fue torturado brutalmente en el campo de concentración que funcionó en la séptima casamata de Baterías, donde aún hoy la infantería celebra sus aniversarios, a metros de Punta Ancla, playa de veraneo de los vecinos de Punta Alta. Luego fue entregado al Ejército. Se lo vio por última vez en La Escuelita.
- Carlos Rivera trabajó como preceptor del seminario La Asunción hasta la noche de su secuestro. Pocos días después, el entonces vicario general bahiense Emilio Ogñenovich le confesó a su mujer que Rivera estaba en manos del Ejército. Varios sobrevivientes de La Escuelita confirmaron años después el dato que el sacerdote conocía en tiempo real. Fue fusilado en un enfrentamiento fraguado y enterrado como NN en el cementerio de Bahía Blanca. En 1987, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos.
- Cora María Pioli fue secuestrada en su casa días después de recibirse de profesora de Letras en la Universidad Nacional del Sur. Fue vista en cautiverio en Baterías, donde los marinos que desvalijaron su casa usaban sus discos para tapar los gritos de los torturados. Continúa desaparecida.
- Mónica Morán fue secuestrada mientras ensayaba una obra de títeres en el Teatro Alianza. Fue vista en La Escuelita por varios sobrevivientes. Once días después fue fusilada en un enfrentamiento fraguado y publicitado por La Nueva Provincia. Su cuerpo fue exhumado en 1987.
- Rubén Sampini fue detenido junto con su madre por Prefectura Naval en su casa de Ingeniero White un día después de denunciar que un camión del Ejército había desvalijado su local de repuestos de autos, que compartía con su socio Juan Carlos Castillo, por entonces secuestrado en La Escuelita. Los llevaron al Cuerpo V, donde firmaron el libro de guardia. Luego de varias horas en un calabozo del Batallón de Comunicaciones 181, la mujer fue liberada y a 28 años de los hechos aún exige conocer el destino de su hijo.
- Néstor Junquera y María Eugenia González fueron secuestrados por una patota del Ejército, que dejó los hijos del matrimonio en manos de vecinos. Ambos fueron torturados en La Escuelita, donde se los vio por última vez.
