viernes, 29 de febrero de 2008

“Sentía los temblores del miedo”

MURIO JUAN LORENZO BARRIONUEVO, CONOCIDO COMO JERINGA, EN LA ESMA

El enfermero que caminaba entre los secuestrados en el campo clandestino de la Armada y se jactaba de ser “dueño de la vida y la muerte” al aplicar el pentotal previo a los vuelos murió ayer, víctima de un cáncer fulminante. Estaba en libertad.

Por Diego Martínez
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Juan Lorenzo “Jeringa” Barrionuevo había sido reconocido por un sobreviviente de la ESMA.

En libertad, lejos de la sentencia pero condenado al ostracismo desde hace cuatro años, cuando trascendió su pasado en la ESMA, falleció a los 54 años víctima de un cáncer fulminante el suboficial retirado Juan Lorenzo Barrionuevo, más conocido como Jeringa. El enfermero que maletín en mano caminaba entre los secuestrados para curar heridas de picana cometió el error de abusar de su impunidad en 2003, cuando fue electo legislador de Tierra del Fuego de la mano del menemista Carlos Manfredotti. Su pasado se filtró, el sobreviviente Víctor Basterra lo reconoció, su imagen se vio en TV y allí culminó su vida pública. Siguieron el desafuero, el procesamiento, la prisión VIP, la excarcelación y la guarida final en su Tunuyán natal.

“Tenía miedo de que cuando llegara el momento no me iba a animar a empujar a la gente desde el avión. Pero me animé. En ese momento me sentía Dios, estaba en mi mano la vida o la muerte. Podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores que causa el miedo”, confesó Jeringa a José Luis Díaz, guardia del hospital de Ushuaia que declaró ante la Justicia.

Ser enfermero en la ESMA no era una oficio más. No sólo recorrer “Capucha” rodeado de personas con grilletes y cabezas tapadas es un trabajo atípico. También ayudar a revivir a secuestrados tras las sesiones de torturas para someterlos a nuevos interrogatorios, curar quemaduras de picana y, tal vez la labor más lúgubre, aplicar la inyección de “Pentonaval” para adormecer a las víctimas antes de cargarlas a un avión y arrojarlas al mar.

En 2003 Barrionuevo fue elegido legislador por el PJ. A principios de diciembre, Basterra lo encaró en una calle de Ushuaia y lo identificó. Lo había denunciado ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en 1984. Cuando el programa Puntodoc mostró su rostro, lo reconocieron otros sobrevivientes, como Carlos Lordkipanidse y Carlos Díaz. Después de las sesiones de tortura, mientras le impedían tomar agua para evitar que reventara, una voz particular le dijo a Basterra: “¿Así que querés agua?”. Y le arrojó un balde de agua helada. Era agosto de 1979. Volvió a verlo por una migraña. Jeringa le levantó la capucha, pidió que no mirara, pero Basterra espió y alcanzó a divisar su nariz aguileña y el pelo lacio. Veinticuatro años más tarde volvió a reconocer su rostro y su voz.

Basterra junto con el Cels y la ONG fueguina Participación Ciudadana solicitaron su detención y pidieron a la Legislatura que no le tomara juramento. Se sumaron el ARI fueguino, la Secretaría de Derechos Humanos y la entonces senadora Cristina Fernández. El 17 de diciembre de 2003, con voto unánime, los legisladores decidieron no tomarle juramento, aunque mantuvo sus fueros parlamentarios. El juez federal Sergio Torres debió esperar el desafuero casi un mes para poder detenerlo. El 12 de enero de 2004 declaró durante siete horas, negó haber estado en la ESMA y quedó detenido en dependencias de la Armada. La Cámara Federal ratificó el procesamiento, pero poco después fue excarcelado. En marzo de 2006 Torres amplió su procesamiento por el caso de Lorkipanidse y Liliana Pellegrino y dictó su prisión preventiva VIP en la base naval de Punta Indio. Cuatro meses después los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, en tres carillas, dictaron su falta de mérito y ordenaron liberarlo. Se recluyó en Tunuyán, Mendoza, donde nació el 22 de diciembre de 1953. Hasta el final cobró una pensión como “ex combatiente” de Malvinas, pese a que nunca pisó las islas: durante la guerra fue enfermero del Hospital Naval de Ushuaia.

Mario Villani, sobreviviente de la ESMA, evitó referirse a Barrionuevo pero reflexionó sobre el significado de su muerte: “Es una lástima que por la lentitud de la Justicia mueran sin condena, pero hay una cuestión más profunda: la condena a lo que ellos simbolizan. Tipos como Barrionuevo pueden ser juzgados o morir sin que nos libremos de la peste de sus prácticas. Para eso hace falta que quienes ocupan el poder dejen de recurrir a sus métodos. Hay que seguir luchando para lograrlo”.

“No lo conocí, pero sé a qué se dedicaba: médicos y enfermeros tenían la función de inyectar a los compañeros para los traslados”, recordó Graciela García, también sobreviviente de la ESMA. “Un día me pusieron en una fila y nos inyectaron uno por uno. Llegué a ver la cara de quien inyectaba y lo reconocí años después en su consultorio: el doctor Carmelo Spatocco, ya fallecido. Aquel día lo acompañaban varias personas, tal vez alguno fuera Barrionuevo. Creo que su apodo no es casual. Hace referencia a su función: dormir a los presos para tirarlos desde aviones”, concluyó.

jueves, 28 de febrero de 2008

“Espero que de alguna manera se rompa el pacto de silencio”

Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, habló con Página/12 acerca del pedido que hizo ayer en Uruguay para exigir la reapertura de la causa sobre la desaparición de su madre.

Por Diego Martínez
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María Macarena Gelman creció en Uruguay y recuperó su identidad hace ocho años.

Hace ocho años el poeta Juan Gelman y su mujer Mara La Madrid concluyeron la investigación que permitió identificar y restituir la identidad de María Macarena Gelman. Sus padres fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 y confinados en Automotores Orletti, el más célebre centro clandestino del Plan Cóndor. Tenían 20 años. Marcelo Gelman, hijo de Juan, fue asesinado de un tiro en la nuca disparado a quemarropa y su cadáver fondeado en un tambor relleno de cemento en el río San Fernando. Su mujer María Claudia García Iruretagoyena, embarazada de siete meses, fue trasladada a un centro clandestino de Montevideo, donde dio a luz y fue asesinada. Luego los militares uruguayos tomaron el ejemplo argentino: nunca entregaron su cadáver. Ayer María Macarena, de 31 años, se presentó ante la Justicia de Uruguay para exigir la reapertura de la causa y el juicio y castigo a los responsables de la desaparición de su mamá.

Más tarde, acompañada por su abogado José Luis González, ofreció una conferencia de prensa en un sitio atípico para reclamos como el suyo: la embajada argentina en Montevideo. “Pido a todos aquellos que sepan algo respecto del crimen de mi madre que me lo hagan saber”, solicitó frente a las cámaras. González enumeró hechos a partir de los cuales reclamaron la reapertura de la causa: las pruebas que confirman la existencia de nuevos vuelos desde Buenos Aires a Montevideo, en los que se trasladó a uruguayos y argentinos detenidos ilegalmente; la acusación del ex jefe del Servicio de Información de Defensa Jorge Silveira contra el teniente coronel José Gavazzo por el asesinato de García y declaraciones indagatorias tomadas en ambos márgenes del Río de la Plata que aportan detalles del traslado.

El anfitrión, embajador Hernán Patiño Mayer, ratificó el interés del gobierno argentino “en el esclarecimiento definitivo de este crimen, el juicio y castigo de sus responsables y el hallazgo de los restos”, manifestó su confianza en la Justicia uruguaya y reiteró la importancia de mitigar “las heridas abiertas por el terrorismo de Estado ejecutado en clave de banda criminal regional a través del Plan Cóndor”.

Por la tarde Página/12 dialogó con María Macarena Gelman.

–¿Cómo nació la decisión de presentarse ante la Justicia para pedir la reapertura de la causa?

–Fue una decisión personal. Después de haber llevado varias instancias de investigación en distintas órbitas y ver que no se llegaba a nada concreto, que no se podía avanzar más, me pareció que éste era el camino a recorrer.

–Usted pidió colaboración hoy “a todos aquellos que sepan algo respecto del crimen de mi madre”. ¿En quién piensa?

–Pienso en cualquier persona, más allá de los que están presos y se han negado a hablar. Creo que en esta situación tiene que haber habido mucha más gente que supo o vio algo y tal vez cree que pueden ser datos pequeños, pero todo colabora. No sólo los militares de alto rango, también los soldados que hayan visto o sabido algo deberían aportarlo.

–Su identidad se conoció a partir de una investigación de su familia, no del Estado. ¿Cree que el Estado uruguayo puede llegar a esclarecer el destino de su mamá?

–Tengo la esperanza de que así sea, sería realmente muy importante. Preferiría que las cosas se resolvieran acá, que fue donde sucedió todo, aunque también en la Argentina tiene que haber información. Alguien tiene que haber autorizado el traslado, alguien tiene que haber manejado los motivos del traslado. La idea es reunir toda la información, del lado que venga, aunque confío en que se pueda dar acá.

–El presidente Tabaré Vázquez se comprometió a hacer todo el esfuerzo para esclarecer el destino de los desaparecidos uruguayos. ¿Qué decisiones debería tomar para ser consecuente?

–Espero que facilite toda la investigación. Confío en que va a ser así. Desde el lado político creo que no se ha logrado nada más. Lo que falta ahora es facilitar la investigación de la Justicia. Pero el Ejecutivo no ha sido el obstáculo, más allá de la Ley de Caducidad (el punto final uruguayo), que si bien no comprende el caso de mi mamá de alguna manera impide el avance de la Justicia. La ley fue refrendada por un plebiscito y justamente ahora se están juntando firmas para pedir que se la declare nula.

–El embajador Patiño Mayer habló hoy de “un pacto mafioso de silencio” entre los militares argentinos. ¿En Uruguay hay indicios que permitan ser más optimistas?

–No, particularmente no soy optimista, aunque espero que de alguna manera se rompa el pacto de silencio, sobre todo a partir del personal militar que no es sindicado habitualmente, que puede tener información y aún no ha sido citado a declarar por la Justicia.

–¿Cómo va a cambiar su vida el día que sepa qué pasó con su mamá?

–No sé cómo me voy a sentir, pero evidentemente todo esto genera angustia. Mientras el ser querido está desaparecido, la ansiedad se mantiene. El hecho de saber en principio me va a aliviar.

–¿Y cuando haya justicia?

–Primero estoy abocada a conseguir la verdad. No sé si la justicia como tal es posible después de lo que pasó, que fue terrible. No sé cómo me voy a sentir. No sé si va a llegar ese día, espero que sí. Pero la vida a mi mamá no se la va a devolver nadie.

miércoles, 27 de febrero de 2008

Declararon por la masacre de Trelew los marinos del grupo de contención

Por Diego Martínez
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El cabo primero en retiro Carlos Amadeo Marandino.

El oficial de la Armada que hace cuatro meses convocó a los imputados en la masacre de Trelew para notificarles la reapertura de la causa y adelantarles una posible citación judicial, capitán de navío Juan Martín Poggi, admitió ayer ante el juez federal Hugo Sastre que no se trató de un caso aislado sino de una práctica institucional de la fuerza que comanda el almirante Jorge Godoy. Poggi explicó que la Armada cita a los camaradas denunciados por delitos de lesa humanidad, verifica sus domicilios y se asegura “que estén a derecho”, es decir que se presenten al ser citados. Cuando le preguntaron por qué la fuerza entrega domicilios desactualizados de sus retirados explicó que su deber era informar la dirección que consta en los registros aun a sabiendas de que no fuera real. Una alta fuente del Ministerio de Defensa evitó anoche confirmar o desmentir la práctica admitida por Poggi hasta no tener acceso a su declaración.

El cabo primero en retiro Carlos Amadeo Marandino declaró que en octubre fue citado al Edificio Libertad, donde además de Poggi, entonces subsecretario de Relaciones Institucionales, lo recibió el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, que también declaró ayer. Le informaron que se había reabierto la causa, que podrían citarlo “después de las elecciones”, le entregaron sus tarjetas y prometieron “tenerlo al tanto”. Nunca más se comunicaron. Página/12 informó que Poggi tenía a su cargo una dependencia que en la jerga naval denominan “grupo de contención”, destinada a asesorar a camaradas en desgracia. Ante la consulta, el marino prefirió no hablar. “Podría cometer una falta disciplinaria”, arguyó. Ayer ante el juez no tuvo excusas.

Poggi declaró que la Armada entabla contacto con todos los implicados en “delitos de derechos humanos” (sic) requeridos por tribunales federales. Marandino fue el único que consideró relevante informarlo, pero el mismo camino recorrieron los capitanes Rubén Paccagnini, Luis Sosa y Emilio Del Real. Según fuentes de la Justicia de Chubut, Poggi explicó que la tarea encomendada por el almirante Godoy apunta a responder a “las inspecciones permanentes del Ministerio de Defensa para conocer sobre implicados en delitos”. Especificó que de todos los marinos que le encomendaron contactar los únicos dos que no se presentaron fueron el teniente de navío (R) Roberto Bravo, imputado por el fusilamiento de Trelew y radicado en los Estados Unidos, y el capitán de fragata (R) Jorge Vildoza, apropiador y jefe de un grupo de tareas de la ESMA, prófugo desde 1986.

–Si tienen registro actualizado de los domicilios de todos los retirados, ¿por qué en julio de 2007 no informaron los domicilios actuales de los imputados? –le preguntó el juez.

–Informamos los domicilios que ellos fijan. No tienen obligación de fijar el domicilio real –respondió Poggi, ante el asombro de quienes lo escuchaban.

–¿Legal y hasta moralmente no tienen el deber de informar los domicilios verdaderos?

–Nos remitimos a contestar lo que nos piden. No tengo claro si reglamentariamente podemos dar otro domicilio que el registrado. Moralmente, sí, deberíamos dar el real –admitió.

-¿Por qué en el caso del capitán Sosa informaron una casilla de correo y no comunicaron su teléfono?

–Porque no nos fue solicitado –respondió escueto.

La causa por la masacre de Trelew ya tiene cinco detenidos. Paccagnini y Del Real están en la alcaidía de Trelew, Sosa en la comisaría 4ª, el contraalmirante Horacio Mayorga en la delegación de la Policía Federal de Rawson y el cabo Marandino en la comisaría de Playa Unión, con custodia especial después de dignarse a no repetir la versión oficial. En los próximos días el juez Sastre resolverá sus situaciones procesales.

domingo, 24 de febrero de 2008

Mayorga es el quinto detenido en la causa de la masacre de Trelew

Es un veterano golpista del ‘55 y quien dio la orden de llevar a los guerrilleros rendidos a la base aérea, faltando a la promesa de retornarlos al penal. Bocón, hostil, fue el almirante que propuso fusilar con Coca-Cola en un estadio.

Por Diego Martínez
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La base Almirante Zar, escenario de la masacre del 22 de agosto de 1972.

El octogenario contraalmirante (R) Horacio Mayorga, que mañana declarará por su responsabilidad en la masacre de Trelew de 1972, es tal vez la última síntesis viva del golpismo militar y el terrorismo de Estado que caracterizó a la Armada durante la segunda mitad del siglo pasado. En 1955 participó del golpe contra Juan Perón. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue comandante de la Aviación Naval. Tras el fusilamiento en la base Almirante Zar justificó: “Se hizo lo que se tenía que hacer”. En 1973 anunció la formación de patotas clandestinas. En los ’80 fue el primer oficial naval en reconocer la aplicación de torturas en la ESMA. Defendió ante la autodenominada Justicia militar a símbolos de la barbarie y la cobardía como el almirante Rubén Chamorro y Alfredo Astiz. En 2003 fue sancionado por el almirante Jorge Godoy por criticar la política de derechos humanos del gobierno nacional. Sin embargo, el destino fue generoso con Mayorga: nunca debió dar explicaciones ante la Justicia.

El contraalmirante es el quinto marino preso en la causa por la masacre de Trelew. Fue detenido tarde el viernes. Ayer fue trasladado a Rawson. Quedó incomunicado. La noticia no lo sorprendió: días pasados faxeó al juez Hugo Sastre una nota en la que reconoció que el 15 de agosto de 1972, como comandante de la Aviación Naval, transmitió desde Puerto Belgrano la orden de trasladar a los guerrilleros que acababan de entregar sus armas a la base Zar y no al penal de Rawson, como la Armada había prometido.

No sólo se lo indagará por su rol en los secuestros. Reivindicó la masacre ante su tropa: “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres humanos es siempre una desgracia. Estos muertos valen menos, en el orden humano, que el guardiacárcel Valenzuela (muerto en la fuga del 15 de agosto) y que los argentinos del orden público muertos en servicio”.

La de Trelew no fue su primera masacre. En 1955 era secretario del ministro de Marina. Justificó el bombardeo de la Plaza de Mayo: “Se buscaba un tratamiento de shock para evitar la reacción de la tropa civil peronista”. Admitió que “se sabía que iba a caer gente inocente pero mucha menos que en un ataque a toda la República”. “Todo lo arruinó el mal tiempo, la mala puntería y una rendición del enemigo que no se produjo nunca”, resumió. El 16 de junio, cuando aviones con el símbolo “Cristo Vence” bombardearon Plaza de Mayo y asesinaron a 364 civiles, Mayorga sí se rindió. Fue en el edificio del Ministerio de Marina, luego de tirotearse contra militares leales. “Temíamos que los ‘negros’ entraran y nos acuchillaran. Muchas veces pensamos: ‘Antes de que entre la turba y nos aplaste, me pego un tiro’. Yo tuve la pistola en la mano pero no me animé a hacerlo”, confesó. En el juicio por traición a la patria “nos defendimos diciendo que en realidad estábamos defendiendo a Perón. Era infantil nuestro argumento”, admitió. Se negó a firmar su propia declaración. Tuvo suerte: no fue fusilado sino liberado a los 20 días.

El 18 de junio de 1973, en su despedida como comandante de Aviación Naval y ante la inminente liberación de los presos políticos, anunció que “se están preparando bandas armadas clandestinas”. Dos días después fue la Masacre de Ezeiza y en noviembre hizo su aparición pública la Triple A. No hablaba de oídas. En 1976 estaba retirado pero conservaba su ascendente sobre futuras celebridades. Años después dijo haber disentido con la conducción naval: “Habría que haber fusilado en River con Coca-Cola gratis y televisándolo. Yo no estaba de acuerdo con eso de trabajar por izquierda”, eufemismo para describir procedimientos clandestinos. El trabajo por izquierda no lo amilanó: se ofreció para defender ante la “Justicia militar” al director de la ESMA Rubén Chamorro y al valiente marino que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, Alfredo Astiz.

“¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada? 300 Astiz”, declaró en 1985. “¿Qué han matado gente? Claro. Todo el mundo sabe que los eliminábamos (sic). Se detenían cuatro o cinco y ¿cuántos había recuperables? Uno. Y era mucho”, agregó. A la periodista Tina Rosenberg intentó convencerla del humanitarismo naval. “Me preguntará por qué teníamos que gastar una inyección en esos prisioneros. Pero lo hicimos”, dijo. Cristiano al fin, no ocultó sus problemas de conciencia. “Debemos condenar la tortura. El día en que dejemos de condenar la tortura –aunque torturamos–, el día en que nos volvamos insensibles ante las madres que perdieron a sus hijos guerrilleros –aunque guerrilleros– habremos dejado de ser seres humanos.” En 2003 el almirante Godoy lo sancionó por cuestionar la política de derechos humanos del Gobierno y luego por criticar a los jefes de las tres Fuerzas Armadas ante 200 oficiales en actividad. Pese a su reiterada incontinencia verbal, nunca fue dado de baja de la Armada.

sábado, 23 de febrero de 2008

Nuevos imputados por la masacre

ORDENAN LA DETENCION DEL EX JEFE DE LA BASE ALMIRANTE ZAR

El juez ordenó el arresto del contraalmirante Mayorga. Dos marinos en actividad deberán explicar qué es el “gupo de contención”.

Por Diego Martínez

Mientras otros dos oficiales retirados de la Armada deberán prestar declaración indagatoria sobre la masacre de Trelew y su posterior encubrimiento, dos oficiales en actividad deberán dar explicaciones acerca de la relación de la fuerza que conduce el almirante Jorge Godoy con los imputados en la causa, sobre todo con el teniente empresario prófugo Roberto Bravo, a quien Interpol ya está buscando en Estados Unidos. Cuando se concrete su detención, el contraalmirante (R) Horacio Mayorga se explayará ante el juez Hugo Sastre sobre la orden de trasladar a los guerrilleros que habían entregado sus armas a la base Almirante Zar –que envió desde Puerto Belgrano el 15 de agosto de 1972– y sobre la frase que pronunció como comandante de la Aviación Naval después del fusilamiento: “Se hizo lo que se tenía que hacer”. El capitán de navío (R) Jorge Enrique Bautista en principio no será detenido. Pero deberá explicar quiénes supieron del simulacro de instrucción a su cargo, elaborado para respaldar el cuento del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.

El suboficial Carlos Marandino contó que en octubre fue citado al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y podía llegar a ser citado, le entregaron sus tarjetas y prometieron “tenerlo al tanto”. Página/12 pudo saber que Poggi tiene a su cargo una dependencia que los marinos llaman “grupo de contención” para asesorar a camaradas imputados por crímenes de lesa humanidad. Ante la consulta, Poggi prefirió no hablar. “Podría cometer una falta disciplinaria”, explicó. Vázquez ya pasó a retiro. El juez Sastre los citó como testigos, para saber si fue un servicio personal o institucional y qué relación tienen con los imputados, sobre todo con Bravo.

Como comandante de la Aviación Naval, el entonces capitán de navío Mayorga era en 1972 responsable de la base Zar. El juez lo indagará sobre su rol en las privaciones de la libertad y sobre el antológico discurso que pronunció el 5 de septiembre de 1972. “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres humanos es siempre una desgracia. Estos muertos valen menos, en el orden humano, que el guardiacárcel Valenzuela (murió durante la fuga del 15 de agosto) y que los humildes argentinos del orden público muertos en servicio.” Bautista, de 81 años, internado en el Hospital Naval por problemas cardíacos, tuvo a su cargo el sumario para respaldar la versión oficial. Si su salud le impide trasladarse a Rawson, el juez viajará a Buenos Aires para escucharlo. Con la detención de Mayorga y si antes no cae Bravo, puede convertirse en el sexto preso de la causa.

viernes, 22 de febrero de 2008

“Los fusiladores estaban ahí”

PAGINA/12 ACCEDIO A LA DECLARACION DEL CABO MARANDINO, QUE CULPA A LA ARMADA

El cabo Carlos Amadeo Marandino declaró, ante el juez que investiga la Masacre de Trelew, que en el ’72 la Marina le ordenó dar información falsa para encubrir el fusilamiento de los presos. Dijo que en octubre de 2007, los capitanes Vázquez y Poggi lo citaron al Edificio Libertad para hablar de la causa judicial.

Por Diego Martínez
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El cabo Carlos Amadeo Marandino fue detenido en Ezeiza. Facsímil de su declaración indagatoria.

En 1972 la Armada Argentina ordenó a sus oficiales formular declaraciones con información falsa con el fin de encubrir el fusilamiento de dieciséis presos políticos indefensos y respaldar la versión oficial del “intento de fuga” en la base aeronaval Almirante Zar. El dato consta en la declaración ante la Justicia del cabo que abrió las puertas de los calabozos, Carlos Amadeo Marandino, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Es novedoso en boca de un marino, pero a nadie sorprende: se trata de la misma fuerza que instaló el mayor centro de exterminio de la ciudad de Buenos Aires y aún no se dignó informar el destino de un solo detenido-desaparecido. Aún más preocupante, sin embargo, es el presente de la Armada: en octubre del año pasado dos capitanes citaron a Marandino al Edificio Libertad para comunicarle la reapertura de la causa y anticiparle que lo tendrían al tanto de cualquier novedad. No sería un caso aislado: según pudo saber Página/12, el capitán de navío Juan Martín Poggi, subsecretario de Relaciones Institucionales que recibió a Marandino, tiene a su cargo una dependencia que en la jerga naval se denomina “Grupo de Contención” y funciona dentro de la Secretaría General Naval con el fin de asesorar a los camaradas en desgracia imputados por delitos de lesa humanidad.

Entrerriano, 58 años, chofer del agregado naval en Washington hasta diciembre de 2004, Marandino es el cuarto oficial de la Armada detenido por el juez federal Hugo Sastre, el tercero que aceptó declarar y el primero que rompió el pacto de silencio tan caro a los sentimientos de la familia naval. El cabo adelantó su retorno de los Estados Unidos cuando supo que se había librado su orden de detención. Se entregó manso en Ezeiza, fue trasladado a Chubut y el miércoles habló durante cinco horas.

El 16 de agosto de 1972, cuando los guerrilleros fugados del penal de Rawson fueron encerrados en calabozos de la base Zar, hacía seis días que Marandino había llegado. Tenía 22 años, era un cabo raso de Infantería pero cumplía funciones de marinería. Le tocó cubrir cuatro guardias, con compañeros distintos. La tercera fue el 21 de agosto. La última comenzó a la medianoche del 22. La formaban un oficial y cuatro o seis personas, dijo. Portaban pistolas 45, agregó. Otros dos oficiales quedaban detrás de un biombo, sentados, con dos ametralladoras. Un guardia se asomaba cada 15 o 20 minutos por las mirillas de los calabozos. “De vez en cuando venían señores oficiales de Infantería a dar recorridas”, puntualizó.

Los presos no hablaban. Se comunicaban por señas o golpes en las paredes. Para ir al baño salían custodiados por dos personas. Lo mismo para comer. Al comienzo comían en grupos de dos o de tres.

–¿Cuál fue el comportamiento de los detenidos durante sus guardias?

–Ningún problema, nunca.

–¿Gritaban, protestaban o hacían escándalo?

–En ningún momento. Siempre había silencio.

“Era todo normal” hasta las 3.15 de la madrugada, cuando ingresaron “los señores oficiales”. Eran cinco. “Caminaban bien, se expresaban bien, pero olían a alcohol”, subrayó. Dos vestían pantalón blanco y chaqueta azul, que identifican a “los navales, de marinería o de aviación naval.” Los otros tres, incluido uno robusto, uniforme verde oliva, color de los infantes de Marina.

“Estos señores oficiales parecía que venían un poco tomados de copas (sic). Me ordenaron desarmarme. Pensé que me había mandado alguna macana, entregué mi arma como me lo ordenaron”, contó. Un verde oliva le entregó las llaves de los calabozos y le ordenó abrirlos. “Abrí los calabozos y no mencioné nada. No los desperté”, aclaró. “Una vez cumplida la orden, me ordenaron que me retirara. Dije ‘sí, señor’ o ‘comprendido, señor’”, detalló.

Después escuchó que los detenidos cantaban el Himno Nacional. De inmediato “se escuchaba como que hablaban muy fuerte, muchos gritos”, hasta que “alguien gritó ‘¡se quieren escapar!’”. Después escuchó disparos de ametralladora, dos ráfagas, una pausa y disparos aislados de pistola 45. Cuando la balacera concluyó, el capitán Luis Emilio Sosa le ordenó “verificar el estado de los cuerpos”. Pese a su “estado de shock”, intentó acatar la orden. “Se sentía el olor a pólvora, había humo”, detalló. “Los vi en el centro del pasillo. Se sentían muchos quejidos de dolor.” Los fusiladores estaban ahí. “En ningún momento se fueron”, dijo.

“Hice dos o cuatro pasos y regresé. Temí por mi salud, por el shock de ver los cuerpos. Entregué mi armamento muy nervioso y confuso.” Luego “me llevaron a la enfermería y ahí me desperté en horas de la tarde. Me dieron un sedante para tranquilizarme. Era el más moderno de los militares”, agregó.

Recién al concluir su relato Marandino identificó a “los señores oficiales”: capitán Luis Emilio Sosa, capitán Raúl Herrera, teniente Emilio Del Real y teniente Carlos Guillermo Bravo. Los cuatro “portaban las dos armas: pistola calibre 45 y pistola ametralladora PAM”, detalló. Herrera está fallecido, Sosa y Del Real detenidos y Bravo es hasta ahora el único prófugo de la causa. Página/12 informó que vive en Miami y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

En mayo de 1973, Marandino fue enviado en comisión a Estados Unidos, hasta diciembre de 1975. Allí ascendió a cabo primero. “Me retiraron en 1975”, concluyó. Pese a los 32 años transcurridos, en octubre pasado la Armada lo citó al Edificio Libertad. Lo recibieron el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, y el capitán de navío Juan Martín Poggi, oficial de Inteligencia y subsecretario de Relaciones Institucionales. Le informaron que se había reabierto la causa y que “posiblemente iba a tener alguna mención (sic) de su supuesta intervención”. Poggi le anticipó que “quizás habría novedades después de las elecciones” y le dijo que lo mantendría informado. Le entregaron sus tarjetas, tomaron nota de cómo ubicar a su abogado Roberto Aguiar, pero nunca más se comunicaron.

miércoles, 20 de febrero de 2008

Marandino fue detenido al llegar a Ezeiza y a Bravo lo buscan en EE.UU.

Por la masacre de Trelew, la Justicia se apresta a tomarle declaración al ex cabo Carlos Marandino, que se entregó en Estados Unidos. En base a la investigación de Página/12, la Justicia dictó la orden de captura internacional para Roberto Bravo.

Por Diego Martínez
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El ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer apenas llegó a Ezeiza.

Mientras el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino fue detenido ayer en Ezeiza, al llegar desde los Estados Unidos, el juez federal Hugo Sastre libró el pedido de captura internacional a Interpol contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, principal acusado por la masacre de Trelew. La Justicia adjuntó a la orden de detención la investigación exclusiva publicada ayer por Página/12, que estableció que Bravo es dueño y presidente de RGB Group Inc., firma con sede en Miami que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y brinda servicios a las fuerzas armadas norteamericanas.

Marandino llegó a Ezeiza a las 9.55 y fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladó al aeroparque Jorge Newbery. Allí lo recibió la policía de Chubut, que lo transportó en el avión del gobernador Mario Das Neves hasta Rawson. Arribó a las 14.45. Según el diálogo que mantuvo con los agentes que lo detuvieron, días después de la masacre fue trasladado a la base naval de Puerto Belgrano y poco después –igual que el capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo– se radicó en los Estados Unidos. En 1975 se habría retirado de la Armada. Recién treinta años después, en 2005, Marandino regresó de los Estados Unidos, donde nacieron sus tres hijas y está radicada parte de su familia. “Parece ido, da la sensación de que está en otro mundo”, confió una fuente de la Justicia que tuvo contacto con el marino. Un abogado porteño se comunicó incluso con el juzgado para pedir la eximición de prisión, pese a que ya estaba detenido. Marandino será indagado hoy.

El juzgado de Sastre también ordenó ayer la captura del teniente Bravo, prófugo de la Justicia desde hace once días. Tal como informó Página/12 ayer, Bravo es dueño de RGB Group Inc., con sede en Miami. Bravo fue señalado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando aún no habían librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, ésa es la dirección que figura en el registro de retirados de la Armada Argentina. La inmobiliaria que ofrece el inmueble, construido en 1977, informa que la valuación original era de 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– redujeron el precio a 167.900 dólares. Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en su empresa, aunque el empresario aún estaba allí: un empleado informó que “entra y sale todo el tiempo”. Bravo es ciudadano norteamericano y está casado con una norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local.

De los cinco marinos que el juez ordenó detener el viernes 8, sólo Bravo permanece prófugo. El primer indagado fue el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar en 1972, quien aseguró no haber escuchado los disparos producidos a 200 metros de su habitación y se limitó a repetir la versión oficial publicitada por la Armada hace 35 años. Un día después el capitán Sosa declaró que intentó dar “una perorata” para poner orden entre los presos, cuando recibió “una toma de karate” que lo dejó “conmocionado”. Intentó incorporarse pero “ya habían empezado a tirar las pistolas ametralladoras”. Divisó “cuatro bocas de fuego” e identificó a tres fusiladores: el teniente Bravo, al cabo Marandino y el teniente Emilio Del Real. Ante las preguntas del juez Sastre aseguró que “no di ni orden de abrir fuego ni de parar el fuego”. Un día después se negó a declarar el capitán de fragata retirado Del Real. Si bien su abogado Fabián Gabalachis había adelantado que “el espíritu es de colaboración”, el testimonio de Sosa el jueves modificó su estrategia de defensa.

Mientras Marandino quedó alojado en la comisaría 4ª de Rawson, el capitán Sosa permanece detenido en la comisaría de Playa Unión, y los capitanes Paccagnini y Del Real en la alcaidía de Trelew. Sosa y Paccagnini fueron revisados en los últimos días por un médico oncólogo. El juzgado ya recibió un informe sobre Sosa, según el cual el cáncer de próstata que sufre está controlado. Hoy, cuando concluya la indagatoria a Marandino, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles que el juez Hugo Sastre tiene para resolver la situación procesal de los cuatro imputados.

martes, 19 de febrero de 2008

El marino que está a punto de encallar

PAGINA/12 UBICO EN EE.UU. A ROBERTO GUILLERMO BRAVO, FUSILADOR DE LA MASACRE DE TRELEW

El teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, prófugo de la Justicia desde hace diez días, acusado de fusilar a los presos del penal de Trelew en 1972, está radicado en Florida, Estados Unidos, según pudo confirmar este diario. Bravo es un próspero empresario que hace un mes puso en venta una de sus casas. Pedirán hoy su captura internacional.

Por Diego Martínez
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En los tribunales de Chubut aparecieron pintadas contra otro de los detenidos, el capitán Sosa.

El principal imputado por la Masacre de Trelew, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, con paradero desconocido en los últimos treinta años y prófugo de la Justicia desde hace diez días, vive en los Estados Unidos y es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Ya en 1974 los sobrevivientes del fusilamiento en la Base Aeronaval Almirante Zar identificaron al Ñato Bravo como uno de los verdugos que recorrió los calabozos para darles los tiros de gracia. Hace más de un mes, cuando el juez federal Hugo Sastre aún no había librado las órdenes de detención, el marino puso en venta su casa en Tampa, costa oeste de Florida. Por alguna razón que la inmobiliaria no explica su precio ya bajó de 215.000 a 167.900 dólares. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo en RGB Group. El teniente empresario aún estaba allí: uno de sus empleados informó que “entra y sale todo el tiempo”. Hoy el juez federal Hugo Sastre pedirá a Interpol su captura internacional.

Gracias al testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, que el poeta Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo antes, durante y después del fusilamiento está documentado desde hace tres décadas. Bravo se distinguió desde el primer día por su cinismo y el verdugueo constante a los detenidos. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que no los sacaran a comer por celda sino de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.

–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta. En lugar de matarlos estamos engordándolos.

Camps recordó que Bravo “se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.

Bravo “buscaba excusas” para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espaldas en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, contó Camps. Otra tortura consistía en impedirles dormir. “Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados”, agregó. Los propios colimbas admitían ante los presos que Bravo era “un hijo de puta”. Una mañana llevó una corneta para enseñar qué era la diana.

–Ustedes tienen que conocer esto. Desde ahora se les va a despertar así y se les va a dar el silencio de esta manera.

Otro día llevó una revista que las Fuerzas Armadas utilizan para adoctrinar a sus soldados. Se titulaba El Desengaño y contaba una historia en la cual los estudiantes se incorporaban a la guerrilla y cometían todo tipo de atropellos. Cuando algún militante aburrido le explicaba que esas historias no encajaban en la realidad, Bravo refunfuñaba y se alejaba. Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.

–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.

Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la amartilló y se la puso en la cabeza:

–Vas a morir, hija de puta –le advirtió.

Poco después cumplió su palabra.

Meterse con la Marina

La madrugada de la masacre el teniente Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.

–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió. “Era un poco la ‘teoría’, entre comillas, que manejaba Bravo. ‘Al terror se lo combate con el terror.’ El aseguraba que nosotros éramos terroristas”, recordó María Antonia Berger ante Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria Fusilada.

Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:

–Mirar al piso.

La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar tiros de gracias.

Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola. Bonet junto con Alfredo Kohon también vieron a Bravo. Nos ordenó que nos paráramos y preguntó si íbamos a declarar. Le respondimos que sí, por decirle algo, porque era una pregunta totalmente fuera de lugar después de una masacre. Bravo estaba con el brazo extendido, caído y suelto, y con la pistola en la mano, pero él no tiró, sino que se fue y enseguidita llegó otro oficial, que siempre vestía de azul. Ni bien apareció en la puerta levantó la mano, con el brazo extendido me apuntó a mí y me tiró”. Berger también recuerda que le disparó “el de azul”. Minutos después, ya cuando sacaban los cadáveres, “viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. ‘¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse!’. Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando, pese a que ya se me había parado mucho la hemorragia”. Berger también escuchó, minutos después, cuando inventaban la versión que luego difundiría la Armada y el presidente de facto Alejandro Lanusse:

–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.

Cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado (el capitán de navío retirado Rubén Paccagnini declaró el miércoles que fue él el primero en llegar), Haidar escuchó la explicación de Bravo:

–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.

Treinta y cinco años después, el jueves pasado, el capitán Sosa repitió la versión oficial. Cuando pasó a inspeccionar los calabozos, Bravo le dijo: “Esta gente se porta muy mal, hablan entre ellos, se quejan, por eso los tengo fuera de los calabozos”, declaró. Sosa decidió “hacer una especie de perorata” para que “tuvieran un poco de paciencia” porque los infantes de marina están “modelados para otras tareas” (sic), declaró ante la Justicia. El capitán Sosa asegura que dos veces caminó ida y vuelta entre las dos filas. Cuando volvía por tercera vez recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado. Cuando se intentó incorporar “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros”. Identificó a tres de los fusiladores: teniente Roberto Bravo, el teniente Emilio Del Real y el cabo Carlos Marandino.

Refugio en Puerto Belgrano

Cuando los nombres de los fusiladores de Trelew trascendieron, la Marina se ocupó de protegerlos. El capitán Paccagnini declaró que Bravo y Sosa “se fueron de pase a los dos o tres días” de la masacre. Sosa calculó que “en noviembre” ya estaba escondido en Puerto Belgrano, el mayor asentamiento naval del país, cuna de los conspiradores que bombardearon Plaza de Mayo en 1955 y símbolo de persecución ideológica durante el último medio siglo. El 22 de agosto de 1974 el diario Noticias informó que los paraderos de Bravo y Sosa eran “uno de los secretos más celosamente guardados por la Marina hasta hoy”. Ese mismo año el abogado Juan Carlos Ibarborde informó a la Justicia que sus defendidos Bravo y Sosa no podían presentarse a declarar porque “se encuentran en el extranjero” y apuntó el domicilio donde podía ubicarlos: “Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos, 1816 Corcoran St., N. W., Washington D. C.”. Bravo era aún teniente de fragata. Sus pasos posteriores son un misterio. Se desconoce si durante la última dictadura militar seguía en Estados Unidos o prestó servicio en algún centro clandestino de la Armada. En los libros oficiales consta que pasó a retiro el 1º de abril de 1979, como teniente de navío.

Ayer el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Luis Duhalde, informó que Bravo “hizo cursos en Estados Unidos: de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en 1981, lo que hace pensar que fue preparado para actividades en Centroamérica”. Igual que Paccagnini, Bravo es oriundo de Bahía Blanca. Se crió en el barrio Sánchez Elías. Al menos un hermano suyo es suboficial de Infantería de Marina. Su padre falleció hace dos meses, a sus 91 años. El teniente está casado con una mujer norteamericana, con buenos vínculos en el mundillo político local, y es ciudadano norteamericano. Su casa, en el 6330 de Frost Drive, en Tampa, Florida, fue construida en 1977 y está en venta desde hace “más de 30 días”. La inmobiliaria que la ofrece informa que cuesta 215.000 dólares, pero for a quick sale –venta urgente– se conforman con 167.900.

Siempre cerca de las milicias

LA EMPRESA QUE BRAVO BAUTIZO CON SUS INICIALES
Por Diego Martínez

“RGB Group Inc. es una gerenciadora de servicios de Alta Tecnología para compañía e instituciones en los campos de la Seguridad Nacional y de la Salud. Desde 1990 hemos construido una prestigiosa reputación basada en una valiosa e intensa experiencia, y en el apoyo de nuestro excelente personal. Hemos formado una compañía que provee a nuestro clientes servicios de la más alta calidad, al costo más razonable”, explica la empresa en su sitio web. La firma presta servicios en más de treinta estados y entre “nuestros satisfechos clientes” se destacan el Departamento de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, los Marines (tropas de elite de esa fuerza), el Federal Bureau of Prisons (servicio penitenciario) y la Guardia Costera. La casa central de RGB funciona en el 4141 de la avenida Miami.

Según una entrevista publicada por La Opinión Digital, sección negocios, la empresa emplea a más de 600 personas. Como clave de su éxito, el empresario Bravo destaca que busca empleados “dispuestos a trabajar para cumplir proyectos y no horarios” y que además de estar bien remunerados deben “sentir el orgullo de trabajar para la compañía”. Esa es la clave que le permitió alcanzar “un ritmo fuerte y constante” de crecimiento. En otra entrevista, en el Business Journal de South Florida, Bravo celebra su inclusión a partir de 1998 en un programa de gobierno (“Small Business Administration’s”) que le permitió, sólo durante el año 2000, ganar seis millones de dólares en contratos con el Estado. Durante toda la semana pasada Página/12 intentó sin éxito ser atendido por Bravo. Antes de conocer el motivo del llamado, personal de su empresa informó que “entra y sale todo el tiempo”. Anoticiados de que la consulta era “por una causa judicial reabierta en la Argentina”, tomaron nota del pedido de entrevista pero nunca respondieron.

domingo, 17 de febrero de 2008

Los dos acusados que faltan

LA INVESTIGACION POR LA MASACRE DE TRELEW
Por Diego Martínez

La Justicia federal de Chubut aún desconoce el paradero de dos de los principales imputados por la Masacre de Trelew. Se trata del teniente de navío (R) Roberto Guillermo Bravo y del ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino. El capitán Luis Emilio Sosa declaró esta semana que ambos dispararon sus ametralladoras, que acabaron con la vida de 16 guerrilleros y dejaron moribundos a tres. Hasta hace cuatro meses un hermano de Bravo cobró su retiro de 480 pesos para enviárselo al padre, de 91 años, radicado en Santa Cruz. Se desconoce por qué motivo dejó de cobrarlo.

A partir de las cinco órdenes de detención libradas el viernes pasado por el juez Hugo Sastre, la división Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la policía de Chubut actuó con inusual celeridad. El sábado detuvo en un departamento de Palermo al capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base aeronaval Almirante Zar en 1972, y en su casa de Vicente López al capitán de fragata (R) Emilio Jorge Del Real. El martes encontró y detuvo al capitán de fragata (R) Luis Emilio Sosa, el mismo que traicionó su “palabra de honor” al desviar a los detenidos que habían entregado sus armas hacia la base Zar después de garantizarles su retorno al penal de Rawson.

El comisario Julio Blanco, jefe de la división comisionada para ubicar y detener a los marinos, reconoció ayer que “no hay novedades por ahora” sobre el paradero de Bravo y Marandino. El último domicilio de Bravo al que accedió el juzgado federal era en Capital Federal. Marandino vivía en Paraná, Entre Ríos. Pero ninguno de los dos estaba allí. Sobre las propiedades de Marandino, incluida una suntuosa vivienda, los detectives elaboraron un dossier que forma parte de la causa.

Según la información que tiene el juzgado, ambos estarían en los Estados Unidos: Bravo viviría allí desde los años ’70, cuando llegó a la Agregaduría Naval; Marandino viajó el mes pasado y tenía previsto volver esta semana. Al enterarse de la orden de detención habría postergado el retorno. El paradero de Bravo es un misterio desde hace 30 años.

sábado, 16 de febrero de 2008

El silencio de Del Real

Por Diego Martínez

El capitán de fragata retirado Emilio Jorge Del Real, sindicado por su ex jefe Luis Emilio Sosa como uno de los autores materiales de la Masacre de Trelew, se negó a declarar ayer ante el juez federal Hugo Sastre. Si bien su abogado Fabián Gabalachis, que también defiende al capitán de navío retirado Rubén Paccagnini, había adelantado que “el espíritu es de colaboración”, el testimonio de Sosa el jueves modificó su estrategia de defensa.

Sosa declaró que intentó dar “una perorata” para poner orden entre los presos, cuando recibió “una toma de karate” que lo dejó “totalmente conmocionado”. Intentó incorporarse, pero “ya habían empezado a tirar las pistolas ametralladoras”. Alcanzó a divisar “cuatro bocas de fuego desde tres metros” de distancia. Identificó a tres de los cuatro fusiladores: al entonces teniente Roberto Guillermo Bravo, al cabo primero Carlos Amadeo Marandino y a Del Real. Ante las preguntas del juez Sastre aseguró que “no di ni orden de abrir fuego ni de parar el fuego” porque “quedé totalmente conmocionado”. Del Real, de 73 años, fue el único de los marinos detenidos que hizo uso de su derecho a negarse a declarar. El juez Sastre dispone de diez días hábiles para resolver si los procesa, les dicta falta de mérito o los sobresee. Los tres tienen más de 70 años y podrían gozar de prisión domiciliaria, aunque ese beneficio no se aplica de manera automática.

Un ladero de López Rega, a juicio

ESPAÑA APROBO LA EXTRADICION DE RODOLFO ALMIRON POR CRIMENES DE LA TRIPLE A

Acusado de cometer delitos de lesa humanidad y genocidio como miembro de la organización de ultraderecha Triple A, el ex subcomisario, detenido en España, llegará a la Argentina para ser juzgado. Está acusado por los asesinatos de Rodolfo Ortega Peña, Carlos Mugica, Julio Troxler y Silvio Frondizi, entre otros.

Por Diego Martínez
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A la izquierda: En la época de oro de Rodolfo Almirón (con barba y anteojos oscuros), como mano derecha del “brujo” José López Rega.

El gobierno de España aprobó el miércoles la extradición a la Argentina del ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón Sena, acusado de cometer “delitos de lesa humanidad y genocidio” cuando era uno de los jefes operativos de la organización de ultraderecha Triple A. El pedido de extradición lo formuló el juez federal Norberto Oyarbide, que reabrió la investigación luego de que un diario español descubriera al ex jefe de la custodia de José López Rega en las afueras de Valencia. La sala I de la Cámara Federal porteña, en tanto, debe resolver si ratifica o rechaza el fallo de Oyarbide que consideró delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los crímenes cometidos en los años previos al golpe de Estado por la Alianza Anticomunista Argentina.

Almirón, que mañana debería festejar sus 72 años, está imputado entre otros casos por los asesinatos en 1974 del abogado y diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Mugica, el ex subjefe de la policía de Buenos Aires Julio Troxler y el intelectual marxista Silvio Frondizi. Llegó a España en junio de 1975 acompañando en su huida a López Rega, ministro de Bienestar Social de la presidenta Isabel Perón.

El 17 de diciembre de 2006 el diario El Mundo informó que Almirón vivía en una pequeña casa del barrio de Xellinet, en la localidad de Torrent, a diez kilómetros de Valencia. Ante la denuncia periodística el Movimiento de Argentinos en el Exterior pidió su detención. No era necesaria: el juez federal Julián Ercolini, que subrogaba a Oyarbide, reactivó una orden de detención de 1984, que se concretó el 28 de diciembre.

El 25 de mayo pasado la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, máxima instancia penal de España, resolvió en forma favorable el proceso de extradición de Almirón cursado por la Justicia argentina. Su defensa presentó entonces un recurso de súplica, que la Audiencia desestimó el 16 de enero. La extradición sólo precisaba del visto bueno del Consejo de Ministros, que se concretó el miércoles.

La entrega de Almirón se realizará conforme al contenido, los límites y las condiciones establecidos por la Audiencia Nacional de España, que solicitó a la Justicia argentina “que si el reclamado fuese condenado, la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad”, explicó el Consejo de Ministros.

Almirón llegará a la Argentina para ser juzgado, como jefe operativo de la Triple A, por “asociación ilícita en concurso real con homicidios cualificados y privación ilegal de libertad”, luego de un año “en situación de prisión provisional”. informó el Consejo. Los delitos que se le imputan fueron cometidos durante la gestión de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón, quien se encuentra en libertad provisional en España con dos pedidos de extradición: uno de Oyarbide y otro del juez federal mendocino Héctor Raúl Acosta.

Al reabrir la causa, Oyarbide consideró que los asesinatos cometidos por el grupo paraestatal son delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, por haber sido cometidos desde el aparato del Estado “bajo su amparo y garantía de impunidad”. Consideró que representaron “la antesala del plan sistemático” que implementó la dictadura militar.

Ante un planteo de la defensa del comisario mayor retirado Juan Ramón Morales, yerno de Almirón, que consideraba que los delitos estaban prescriptos, la causa fue elevada a la Cámara Federal. La resolución se demoró por la excusación del camarista Eduardo Freiler, que fue rechazada por sus pares. Si el voto de Freiler no coincidiera con el del otro integrante de la Sala I, Eduardo Farah, deberán recurrir a un miembro de la Sala II para que estudie y resuelva el fondo de la cuestión.

El expediente judicial sobre los crímenes de la Triple A estuvo archivado hasta que la prensa informó el paradero de Almirón. Un año antes el fiscal federal Eduardo Taiano había solicitado su desarchivo, pero no obtuvo respuesta. Ante la publicación del diario El Mundo el juez Oyarbide descubrió que los custodios y guardaespaldas de Isabel y López Rega tenían pedido de capturas pendientes desde 1984. Desde entonces varios partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y particulares se presentaron como querellantes para pedir el esclarecimiento de cientos de crímenes.

El 12 de enero de 2007 se presentó espontáneamente ante la Justicia el ex oficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira. Gracias a su edad, 72 años, quedó detenido con prisión domiciliaria. Días después fue detenido el comisario mayor retirado Juan Ramón Morales. Gracias a sus 88 años también se benefició con el régimen domiciliario, que cumplió hasta su muerte el 24 de agosto. En la misma causa continúa prófugo Felipe Romeo, ex director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A. Este diario reveló el año pasado que Romeo vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos.

A la Triple A se le atribuyen unos 1500 asesinatos políticos. Desde su llegada a España en 1975 junto a López Rega, Almirón frecuentó grupos de ultraderecha europeos. Está acusado de participar, el 9 de mayo de 1976, en los sangrientos sucesos de Montejurra, Navarra, donde pistoleros de extrema derecha dispararon contra carlistas progresistas y asesinaron a dos de ellos. En 1983 trascendió que trabajaba como jefe de la custodia del dirigente conservador Manuel Fraga Iribarne. Durante los siguientes 23 años nada se supo de su paradero. Lleva más de un año en prisión provisional. Su llegada al país podría demorar entre dos y tres meses.

viernes, 15 de febrero de 2008

Un “estado de shock” más que oportuno

EL CAPITAN SOSA HIZO ALGUNOS RETOQUES A LA VERSION OFICIAL DE LA ARMADA

Un “estado de shock” más que oportuno

El marino acusado de encabezar la masacre de Trelew declaró ayer durante siete horas. Desmintió haber dado la orden de fuego, pero señaló a sus subordinados. Dijo que no notó que le hubieran sacado el arma, que entró en shock y que cuando levantó la vista los guardias ya habían comenzado a disparar. Hoy declara otro acusado.

Por Diego Martínez
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El capitán Luis Emilio Sosa en los tribunales de Rawson, donde repitió con algunas modificaciones a su favor la vieja versión de la Armada.

Veinte años no es nada, pero 35 para armar un relato verosímil no son poca cosa. El capitán de fragata (R) Luis Emilio Sosa repitió ayer ante la Justicia la versión oficial publicitada por la Armada en 1972, con algunas modificaciones sutiles pero comprensibles para quien está acusado de ordenar fusilar a 19 personas. Ante “el lío” que hacían los guerrilleros confinados en calabozos de la base Almirante Zar no tuvo mejor idea que darles “una perorata” aleccionadora. Según describió, fue y volvió por el pasillo, sus hombros rozando a un lado y otro, hasta que “una toma de karate” lo derribó. No ordenó disparar, dijo, contradiciendo su versión de 1972. Tampoco percibió que le robaran el arma. Entró “en estado de shock” y, cuando se recuperó, sólo había muerte a su alrededor.

Lúcido, sereno y de mente ágil para sus 73 años, Sosa declaró durante casi siete horas. Su relato sobre la madrugada del 16 de agosto, cuando los guerrilleros sitiados en el aeropuerto de Trelew entregaron sus armas, no será una buena noticia para el capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini. El entonces jefe de la base Zar declaró el miércoles que no estuvo aquella noche en el aeropuerto. El capitán dijo lo contrario. Paccagnini le transmitió en persona, antes de subir al colectivo, la orden del presidente Lanusse de trasladarlos a la base, que hizo añicos la “palabra de honor” de Sosa, que se había comprometido a llevarlos al penal de Rawson.

Al llegar a la base también fue Paccagnini quien le ordenó meterlos en calabozos y detalló las medidas de seguridad. Nadie podía verlos. Además de incomunicados con el mundo exterior, no debían hablar entre ellos, ni siquiera con sus compañeros de celda. Paccagnini organizó las guardias en tres turnos de ocho horas. Su responsabilidad era sólo inspeccionar. Pasaba de vez en cuando y consultaba a los guardias, “que no tenían experiencia en custodiar detenidos”, aclaró.

Según su primera versión de los hechos, publicada por la revista Marcha el 8 de septiembre de 1972, “el guerrillero Pujadas, mediante un golpe de karate, lo arrojó al suelo y le quitó el arma, no obstante lo cual él, Sosa, logró zafarse y dio la orden de reprimir”. Ayer tuvo la oportunidad de mejorarla. Y no la desaprovechó.

Al llegar a los calabozos el capitán Roberto Bravo le comentó “que no los podía manejar”, dijo. Por ese motivo los había sacado al pasillo. Estaban formados en dos hileras. Sosa decidió entonces “dar una perorata” ejemplar. Para mejor eligió caminar entre las dos filas. “Era muy chiquito, me rozaba los hombros con unos y otros”, aseguró. Fue hasta el fondo y volvió un par de veces. La tercera recibió un golpe que lo desparramó en el piso. “Una toma de karate, no de judo como informó entonces la Armada”, especificó.

Ante la mirada atenta del juez Hugo Sastre y del fiscal Fernando Gelvez, que lo dejaron hablar y recién después formularon preguntas, Sosa dijo no haber notado que le quitaran el arma, tal como se describió en la versión oficial de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Lo supo después, dijo, por los testimonios del resto de los guardias y al leer sus declaraciones en la investigación interna a cargo del oficial Bautista.

Relató que cuando levantó la vista el resto de los guardias ya había comenzado a disparar (léase: no dio la orden). Cree haber escuchado por lo menos cuatro armas. Identificó dos ametralladoras TAM. Quienes dispararon fueron el teniente Emilio del Real, el capitán Bravo y el cabo primero Carlos Marandino, detalló. En cuestión de segundos entró en estado de shock. Se recuperó varios minutos después, cuando todo había pasado. Pensó que estaba herido, pero el jefe del Batallón de Infantería de Marina le explicó que era sólo miedo.

Con el correr de la declaración cayó en varias contradicciones y sinsentidos. Se definió como “una persona muy precavida” y dio un ejemplo: en el colectivo que llevó a los detenidos del aeropuerto a la base Zar fue “con la pistola enfundada”, para evitar arrebatos o accidentes.

–¿Cómo se explica que un hombre precavido, respetuoso de las medidas de seguridad, camine ida y vuelta varias veces entre dos filas de detenidos rozándole los hombros? –le preguntó el fiscal Gelvez.

–Quería evitar una situación de tensión.

–¿Pudo haber sido una provocación?

–Nnno –balbuceó.

–¿No contrarió órdenes de la superioridad al dar una arenga y caminar entre los presos? –insistió el fiscal.

El capitán prefirió no responder.

Después de la masacre estuvo guardado en Puerto Belgrano, confesó. Cuando el fiscal preguntó en qué otros lugares pasó los años posteriores se negó a responder. “No tiene que ver con la causa”, dijo. La indagatoria concluyó cerca de las seis de la tarde. Lo asistió la defensora oficial Mirta Seniow de Gandow. Sosa seguirá en la comisaría de Playa Unión.

El abogado Fabián Gabalachis, defensor de Paccagnini y Del Real, adelantó que va a pedir más declaraciones para demostrar la inocencia del primero. “Hizo lo que debía: convocó a los médicos e inició una investigación”, dijo. Agregó que el sumario de la Armada murió “en un incendio”. Hoy será el turno de Del Real. Ahora que su jefe declaró que no ordenó disparar, habrá que ver cómo se replantea su estrategia de defensa.

jueves, 14 de febrero de 2008

Empezaron a declarar los marinos responsables de la Masacre de Trelew

El capitán de navío Rubén Paccagnini dijo que no participó de los fusilamientos de los 19 presos y repitió que se trató de un intento de rebelión. Fue trasladado a Rawson el capitán Luis Emilio Sosa.

Por Diego Martínez
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Luis Sosa (der.), señalado como el brazo ejecutor de la Masacre de Trelew, llegó preso ayer a Rawson.

El primer marino indagado por la Masacre de Trelew, capitán de navío (R) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar en 1972, aseguró ayer no haber escuchado los disparos producidos a 200 metros de su habitación y se limitó a repetir la versión oficial publicitada por la Armada y el gobierno de Alejandro Lanusse hace 35 años. Hoy declarará en primer término el capitán de fragata (R) Emilio Jorge del Real y, si dan los tiempos, su camarada Luis Emilio Sosa. El más célebre fusilador (conocido) de la Armada fue trasladado ayer a Rawson y quedó detenido en la comisaría de Playa Unión, custodiado por la policía de Chubut.

Paccagnini fue detenido el sábado, llegó a Rawson el lunes y ayer declaró durante casi cinco horas ante el juez federal Hugo Sastre. Se mostró lúcido para sus 81 años, pero se aferró al relato oficial. Negó haber estado de licencia el 22 de agosto. Contó que dormía en la casa asignada al jefe de la base cuando recibió un llamado de la guardia con la noticia. Pese a los escasos 200 metros que separaban su habitación del pasillo de la masacre, aseguró que no escuchó un solo disparo. Las paredes de los calabozos son gruesas, explicó. Hombres de sueño pesado, varios testigos que prestaron declaración testimonial también dijeron no haber escuchado la metralla.

Paccagnini relató que fue la primera persona que no participó de la masacre en llegar al lugar. Cuando se presentó todo había pasado, dijo. Ya no había ningún marino en la guardia de los calabozos. Sólo estaban los cuerpos de los fusilados. Algunos se movían, confesó. Salió rápido y ordenó buscar médicos y enfermeros para auxiliarlos.

Después viajó a Rawson a informar al general Eduardo Betti, jefe del área militar. Allí se produjeron las primeras consultas con Buenos Aires. Desde el Estado Mayor de la Armada recibieron la orden de iniciar un sumario interno, tarea que encomendaron a un oficial de apellido Bautista. A su vez Paccagnini le ordenó al comandante del Batallón de Infantería que separara a los oficiales que habían participado de los hechos para tomarles declaración. Dos días después llegó el enviado de la Armada, que recibió los testimonios de los oficiales y suboficiales involucrados. La Marina nunca entregó esa supuesta investigación. Paccagnini no supo explicar cómo pudo haber desaparecido.

Recordó haber leído las actuaciones internas y admitió haber dialogado con varios protagonistas, como el capitán Raúl Herrera. Los participantes de la masacre, según Pa-ccagnini, fueron sólo cuatro: Sosa, el teniente Roberto Guillermo Bravo, el cabo primero Carlos Marandino y el fallecido Herrera. Sobre Del Real, con quien pasó sus últimas cuatro noches, dijo ignorar dónde estuvo aquella madrugada. Los hechos que relató no difirieron del cuento infantil conocido: guerrilleros “haciendo lío”, Bravo los saca al pasillo, Sosa circula entre las dos hileras, Pujadas lo golpea, le roba el arma y no deja otra alternativa que gatillar.

Paccagnini también habló sobre los momentos posteriores a la fuga. Cuando el colectivo con los 19 guerrilleros que acababan de entregar sus armas partió hacia el penal, recibieron la orden de llevarlos a la base Zar “hasta que se restableciera el orden en la U6”, a cargo del Ejército, explicó. La decisión de desdecir la “palabra de honor” de Sosa provino de la presidencia de Alejandro Lanusse, vía Ministerio del Interior, agregó.

A primera hora de ayer, al ingresar al juzgado, el abogado Fabián Gabalachis adelantó a la prensa que pedirá la prisión domiciliaria de sus clientes. Sin ponerse colorado destacó que “no ofrecieron resistencia al ser detenidos” (Paccagnini tiene 81 años y cáncer. Del Real, 73, diabetes y una pierna ortopédica). Del Real tampoco se negaría a declarar. “El espíritu es de colaboración”, dijo.

Minutos antes de las 14, en un avión sanitario del gobierno de Chubut, llegó al aeropuerto de Trelew el capitán Sosa. Campera de verano gris clara, camisa blanca y un portadocumentos marrón que sostuvo en todo momento, Sosa bajó la escalerilla con dificultad. En el breve trayecto entre el avión y los patrulleros que lo esperaban intentó escapar de las fotografías, sin éxito. Su traslado hasta Rawson estuvo a cargo del Grupo Especial de Operaciones Policiales, que formó un cordón mientras el marino ingresaba a la comisaría de Playa Unión. Hoy en primer turno declarará Del Real. Si no se extiende demasiado, habrá llegado el momento de Sosa.

miércoles, 13 de febrero de 2008

El fin de un secreto de la Armada

DETUVIERON AL CAPITAN SOSA, PRESUNTO AUTOR MATERIAL DE LA MASACRE DE TRELEW

El represor fue arrestado en una inmobiliaria de Recoleta. Un hijo de desaparecidos, que le había comprado el departamento sin saber quién era, aportó los datos para ubicarlo. Su paradero fue durante años un secreto. Está acusado de 16 asesinatos y tres intentos de homicidio por la masacre de Trelew.

Por Diego Martínez
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El edificio, de Pueyrredón al 1300, donde funciona la inmobiliaria en la que fue detenido el capitán de fragata Luis Sosa.

Según las crónicas periodísticas de los últimos veinte años el paradero del capitán de fragata retirado Luis Emilio Sosa era uno de los secretos mejor guardados por la Armada Argentina. Sin embargo, apenas cuatro días después de que la Justicia federal librara su orden de detención, agentes de la Brigada de Drogas Peligrosas de la policía de Chubut detuvieron al marino de 73 años en una inmobiliaria de la Recoleta. Un hijo de desaparecidos que dos años atrás le compró un departamento, sin saber que el anciano era el célebre marino acusado de masacrar a 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew, insultó de bronca cuando lo supo y aportó un dato clave para dar con el represor. Mañana será trasladado a Rawson y el jueves será indagado por el juez Hugo Sastre.

Fueron necesarios treinta y cinco años, cinco meses y veinte días para que la Justicia argentina diera con uno de los dos principales acusados por la masacre de Trelew. Los policías chubutenses, que por su especialización en narcotráfico se movilizan de civil, se presentaron a las 14.57 en un domicilio de Austria al 2000, el último registrado a nombre de la esposa de Sosa. Los atendió un hombre joven.

–No, no vive acá. Le compré el departamento hace dos años.

–¿Sabe cómo encontrarlo? –preguntaron los policías.

–No, no lo vi más, no tengo ninguna relación –hizo un silencio y tanta pregunta le generó curiosidad–. ¿Por qué lo buscan?

–Está acusado por la masacre de Trelew –le explicaron los agentes.

El muchacho se sobresaltó con la noticia.

–¡Hijo de puta! –gritó. Luego explicó que sus padres eran desaparecidos, confesó que quería ayudar y pidió “un par de horas para ver si se me ocurre alguna punta”. Revolvió papeles viejos hasta dar con la dirección de la inmobiliaria donde compró la propiedad: “Acher Salomón”, en Pueyrredón 1317, piso 3, departamento C, barrio de Recoleta.

El propio dueño recibió a los policías. No hizo falta demasiada explicación. “Es mi amigo. Su esposa trabaja acá. Los está esperando”, resumió. Levantó el teléfono y le informó al marino sobre la visita anunciada. Minutos después llegó Sosa, solo. Se entregó manso a su destino inexorable.

Por sus 73 años, el cáncer que padece y el antecedente Febres, que obligó a replantearse los criterios de seguridad a varios magistrados, Sosa quedó alojado en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Hoy a las 9.30 será trasladado a Rawson en el mismo avión de la provincia que a primera hora traerá al gobernador Mario Das Neves. Mañana prestará declaración indagatoria ante el juez Sastre.

“No fue sencillo ubicarlo, todo lo contrario”, resumió el secretario del juzgado federal, Mariano Miquelarena.

“Deseaba fervientemente poder saber algo antes de morirme pero no pensaba que se fuera a concretar”, confesó emocionada Soledad Capello, la madre de Eduardo (militante del PRT-ERP), de 86 años. Durante años junto con su marido la mujer viajó 1400 kilómetros cada semana para visitar a su hijo preso en Rawson. Para ayudarlo a combatir el frío le tejía pullóveres y medias que Eduardo repartía entre sus compañeros. “Acabo de brindar. Es un placer fuera de los límites”, describió Capello, querellante con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“Recibimos la noticia con muchísima alegría, porque es una deuda histórica y un avance enorme en la lucha contra la impunidad”, consideró Luis Eduardo Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos y uno de los abogados que viajó a Trelew después de la fuga del penal de Rawson para exigirle al gobierno de Alejandro Lanusse garantías sobre la vida de los presos capturados. “La masacre de Trelew tiene un carácter emblemático por ser el antecedente más notorio de la aplicación del terrorismo de Estado aplicado durante la dictadura.”

La Secretaría de Derechos Humanos pidió la detención de Sosa & Cía. el 22 de agosto pasado, al cumplirse 35 años de la masacre. “El juez me dijo en ese momento que era ‘un poco prematuro’ pero que lo tendría presente cuando la causa avanzara”, contó Duhalde, quien sabía que Sosa cobraba su retiro como oficial retirado de la Armada y que Panamá le denegó un pedido de radicación el 16 de mayo pasado.

Cuando Sosa despegue rumbo a Rawson, el juez Hugo Sastre les recibirá declaración indagatoria a los dos primeros detenidos: el capitán de navío (R.) Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Zar que sugestivamente pidió licencia el día anterior a la masacre, y el capitán de fragata (R.) Emilio Jorge del Real, que está acusado de haber estado presente durante los fusilamientos. Ambos nombraron como defensores a dos penalistas chubutenses: Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre.

El cabo primero Carlos Amadero Marandino tenía previsto retornar al país desde Estados Unidos esta semana. Habrá que ver si la orden de captura librada el viernes lo hizo cambiar de planes. “Del que menos datos tenemos es del teniente Bravo”, admitió Maquilarena. Carlos Guillermo Bravo, el otro “gran secreto” de la Armada Argentina, es el segundo protagonista estelar de la masacre. Tal vez en los próximos días caiga otro mito.

El capitán que no tenía honor

LA CARRERA DE LUIS SOSA, EL EMBLEMA DE LA MASACRE
Por Diego Martínez
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El año pasado los ex presos políticos entraron al penal de Rawson.

Apenas frustrada la fuga del penal de Rawson, frente a un juez y decenas de testigos, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa dio su “palabra de honor” ante los guerrilleros sitiados en el aeropuerto de Trelew. Volverán al penal, prometió. A mitad de camino el colectivo se detuvo. Cuando arrancó hacia la base Almirante Zar, el honor de Sosa se hizo añicos. Una semana después, junto con el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, pasó a la historia por encabezar el fusilamiento que el gobierno de Alejandro Lanusse publicitó como un enfrentamiento con 16 muertos y tres moribundos de un lado y ningún rasguño del otro.

Luis Emilio Sosa nació el 18 de enero de 1935. Tenía 20 años cuando la Armada bombardeó Plaza de Mayo y 21 cuando egresó del Comando de Infantería de Marina. El 15 de agosto de 1972 encabezó al grupo de marinos que sitió a los 19 guerrilleros de tres organizaciones armadas que no alcanzaron el avión para concretar la huida. Cuando Mariano Pujadas pidió que un médico constatara la salud del grupo, porque “tenemos experiencia sobre la forma en que hemos sido torturados”, Sosa simuló asombro:

–¡No lo voy a permitir! –reaccionó.

–No estoy diciendo que usted sea un torturador. Pero, le repito, tenemos experiencia. En otras oportunidades la policía nos aseguró que no seríamos torturados y sin embargo hemos sufrido torturas.

Luego un médico revisó a los militantes y Sosa dijo garantizar el traslado al penal. Poco después el mundo supo del valor de su palabra.

El segundo hito de su carrera se concretó una semana después. Según su propia versión (ver la revista Marcha, 8-9-72), Pujadas le dio un golpe de karate que lo tiró al suelo, le quitó el arma pero con pésima puntería: no hirió a nadie. Sosa logró zafarse y ordenó reprimir a los guardias atónitos. Pese al riesgo de herirlo vaciaron sus cargadores hasta matar a 16 guerrilleros y dejar moribundos a otros tres. En medio de la balacera, ni de refilón Sosa recibió un tiro. Luego los tres sobrevivientes contaron la historia real: los hicieron formar en dos filas, al costado de los calabozos y los fusilaron a mansalva con ráfagas de ametralladora.

El 30 de abril de 1973 el general Lanusse envió al capitán Sosa a Estados Unidos, becado y con sobresueldo, para instruirse junto a los infantes de marina norteamericanos. En 1974 su abogado, Jorge Carlos Ibarborde, informó como domicilio de sus defendidos Sosa y Bravo la Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos, en el 1816 de Corcoran Street, en Washington. “Los paraderos de Sosa y Bravo son de los secretos más celosamente guardados por la Marina hasta hoy”, publicó el diario Noticias ya en agosto de 1974.

Desde entonces circularon infinidad de versiones sobre su paradero: en Estados Unidos con identidad falsa, en Centroamérica, visto en Buenos Aires durante la guerra de Malvinas, agregado militar en la embajada argentina en Honduras, anclado en Puerto Belgrano, gozando de una vejez silenciosa y, por qué no, muerto. Sus destinos durante la última dictadura también son un misterio. Una versión indica que el jefe de la ESMA Jorge Acosta lo expuso ante un grupo de cautivos como ejemplo entre los precursores de la aplicación de “métodos antisubversivos”. Se retiró como capitán de fragata en marzo de 1981. Ningún juez, hasta el viernes, había ordenado su detención. Ayer pasó su primera noche en prisión.

martes, 12 de febrero de 2008

Reclamo para que renuncie un funcionario de Jaque

Organismos de derechos humanos le exigieron al gobierno la salida del secretario de Seguridad por su rol en la dictadura.

Por Diego Martínez
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Cristina Fernández visitó ayer Mendoza. Los organismos le presentaron su petitorio a Randazzo.

Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer en Mendoza un petitorio de familiares de detenidos-desaparecidos que exigen la renuncia del secretario de Seguridad, Carlos Rico, por su actuación durante la última dictadura, el funcionario echó más leña al fuego al denunciar por falso testimonio e injurias a una sobreviviente del Departamento 2 (D2) de la policía de Mendoza que lo reconoció como una de las personas que actuaban en ese centro clandestino. “Tengo miedo. Si alguien no respetó la vida entonces, ¿por qué la va a respetar ahora?”, planteó ante Página/12 la mujer, que pidió reserva de su identidad.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue el encargado de recibir a una comisión de miembros de organismos de derechos humanos. De la reunión también participaron el ministro provincial de Gobierno, Juan Marchena; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado, y el coordinador Pablo Salinas. Tras recibir el petitorio, Randazzo sugirió “esperar un poco a que se pronuncie la Justicia federal”. Los representantes de los organismos le explicaron que entre los sobrevivientes reina el miedo y le pidieron que el gobierno nacional fuera coherente con su prédica en materia de derechos humanos e intercediera ante Celso Jaque para expulsar a Rico. Le recordaron, además, los particulares criterios de la Justicia local. La fiscal María Dolores Andrés sostiene que haber sido visto en un centro clandestino no es suficiente para imputar a nadie. El juez Walter Bento excarceló al policía Fernando Morellato, acusado por dos desapariciones forzadas, a pesar de que en su legajo consta que en 1976 pidió prestada una picana eléctrica para interrogar a tres personas.

Cuando las fotos de Rico y sus antecedentes como instructor de los “Cursos de Instrucción Contrasubversiva” en la Policía Federal trascendieron, a más de un sobreviviente sus rasgos le resultaron familiares. Fernando Rule, de la Asociación de Ex Presos Políticos, sugirió que tenía “una dicción muy similar” a la de “El Porteño”, apodo de uno de los represores que lo interrogaba en cautiverio. Una sobreviviente del D2 declaró la semana pasada ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de Mendoza y ante la Justicia federal haber reconocido a Rico como una de las personas que actuaban en el D2. “Es un rostro muy particular, rasgos muy definidos –contó a Página/12–. Cuando vi la foto en el diario lo reconocí. Como era mujer nos hacían levantar un poco la venda para repartir comida y limpiar los pisos. Por eso pude verlo.”

La mujer destacó el rol que ocupa el miedo. “Es difícil pelear contra estas cosas. Este hombre actuó en el marco del terrorismo de Estado y hoy ocupa un alto cargo en seguridad. Tengo miedo, pero no puedo callar. Los mendocinos merecemos que la seguridad esté en manos de alguien que respete la vida y los derechos humanos, sobre esas bases debemos construir la democracia. Pero es difícil enfrentar una relación de poder tan desigual. Quien no respetó la vida ayer, ¿por qué va a respetarla hoy?”, se preguntó.

Rico no es el único funcionario cuestionado. El ministro de Seguridad, Juan Aguinaga, incorporó a otros cuatro comisarios retirados que tomaron cursos “contrasubversivos” durante la dictadura. El gobernador Jaque aún no respondió a los organismos locales ni al Centro de Estudios Legales y Sociales, que la semana pasada pidió la remoción de Rico y del director de logística, Aníbal Gómez, porque “carecen de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado”.

lunes, 11 de febrero de 2008

El prófugo que dirige una agencia

LA SEGURIDAD PRIVADA, UN NEGOCIO AL QUE CONFLUYERON REPRESORES DE LA DICTADURA

El coronel retirado Aldo Alvarez, prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad, dirige en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue jefe de Inteligencia del V Cuerpo y compañero de promoción y amigo del represor Ramón Camps.

Por Diego Martínez
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Coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo de Ejército.

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad. Alvarez se benefició con la Obediencia Debida, pero su caso nunca fue detectado. La Ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires es aún más generosa: sólo excluye a indultados y condenados. Las agencias fiscalizadoras no sólo carecen de mecanismos para detectar testaferros. Ante un pedido formal de Página/12, la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr) de la Ciudad respondió que la sociedad civil sólo puede conocer nombres de empresas y saber si están habilitadas, pero no quiénes son sus dueños. Mientras cientos de genocidas no han sido identificados, el Estado no dispone de una ley nacional que controle al millar de ejércitos privados que les da trabajo.

Las normas que regulan el funcionamiento de la seguridad privada excluyen al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad y organismos de inteligencia. Ello explica por qué la mitad de los agentes que emplean los 850 empresas registradas en la provincia cobran en negro y no están inscriptos como exige la ley. El dato lo difundió el Ministerio de Seguridad hace un mes, cuando intervino la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada en respuesta al aumento de robos a personas que por propia voluntad se encierran en barrios privados. La cantidad de agentes registrados en la provincia llega a 45 mil hombres, apenas 6 mil menos que la Policía Bonaerense. En los partidos de alta concentración de vecinos enrejados como Pilar la cantidad de agentes supera 13 veces a la de policías. La ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción con mayor desarrollo. Según la Dgspr existen 435 agencias habilitadas, con 23.966 empleados.

Ninguna ley nacional impide que ex miembros de grupos de tareas de la guerra sucia tengan ejército propio, con uniforme y escudo, al servicio de quien esté dispuesto a contratarlo. Sólo el decreto 1002/99, con el que se buscó crear una instancia federal de control dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior que nunca llegó a concretarse, permite que el Archivo Nacional de la Memoria objete a los candidatos a poseer o integrar las agencias. Pero su opinión no es vinculante para las direcciones fiscalizadoras.

Hace dos años, al cuestionar a la Dgspr por habilitar a ex policías y penitenciarios que se negaban a informar sus destinos durante la dictadura, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad le notificó a su titular que la Ley 1913 “no asegura que los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado sean excluidos de prestar estos servicios”. Agregó que la seguridad privada es “una actividad de interés público que desarrollan particulares”, es “complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública” y consideró “de vital trascendencia para toda la sociedad la forma en que dicha actividad debe desarrollarse”. La respuesta fue contundente: la subsecretaría dejó de ser consultada.

Policía particular

Alsina SRL nació en 1948 bajo el nombre de “Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares”, según explica en su sitio. En 1958 hizo sus primeros servicios de vigilancia y seguridad. El año del golpe de Estado, 1976, la empresa “decide ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires”. Alvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia.

Como garantía de eficiencia, Alsina SRL informa que su personal es “retirado de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad” y cuenta con “armas de puño y armas largas”. Presta servicios de protección física, vigilancia, implementa “acciones preventivas en forma sistemática” y tiene una central de operaciones comunicada con cada uno de “nuestros objetivos” las 24 horas. Entre sus servicios adicionales ofrece “investigaciones y seguimientos” para “determinar los responsables de acciones cometidas en perjuicio de particulares, empresas y organizaciones de distinto tipo”. Su casa central funciona en Alsina 909, piso 3. Su sucursal bonaerense en Hipólito Yrigoyen 1526, Florida, Vicente López.

Alvarez renunció a su cargo de gerente en 1998, una década después de obtener su impunidad gracias a la ley de Obediencia Debida. En marzo de 2000, ante la posibilidad de que la agencia fiscalizadora lo descubriera, le cedió a su yerno Rubén Héctor Burgos sus 12 mil cuotas parte, el equivalente a dos tercios del capital de la empresa. Como socio con el otro tercio asumió Juan Balanesco, un principal dado de baja de la Policía Federal. En 2002, Burgos le cedió la mitad de sus acciones a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti.

A fines de 2005 se reabrió la causa por los crímenes en La Escuelita bahiense, que funcionaba a 200 metros de la oficina de Alvarez. El 8 de mayo pasado, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención. Cuando fueron a buscarlo a su departamento de Virrey del Pino 1875, ya no estaba. El 15 de junio, el juez pidió su captura. El 19 de julio, cuando el coronel llevaba un mes prófugo, su esposa volvió a cederle las acciones y el cargo de gerente al marido de su hija.

Alvarez y Burgos también son vecinos en Laguna del Sol, un barrio cerrado de General Pacheco que cuenta con una laguna de agua transparente de ocho hectáreas para pescar y practicar deportes náuticos, 750 lotes de mil metros cuadrados y “un servicio de seguridad privada las 24 horas que les permitirá vivir con la tranquilidad necesaria que usted y su familia merecen”. Ambos tienen domicilio en Coronel Encalada al 1200: el militar en el lote 229; su hija y su yerno, en el 19. Cuando la policía lo buscó allí, Elizabeth María Alvarez Icazatti explicó que sus padres se habían esfumado.

En la administración del country responden que “no hay ningún Alvarez registrado”. Allegados a la familia aseguran que, cuando dejó el barrio cerrado, el coronel se siguió reuniendo con Burgos y Balanesco, y que su último refugio fue en Picaflores 75 de Pinamar. Esa casa figura en la guía a nombre de su esposa y –según la mujer que atiende el teléfono– está alquilada por la temporada. Cuando este cronista tocó el portero eléctrico de Alsina SRL le respondieron que Balanesco estaba de licencia y Burgos había salido. El yerno del coronel no respondió los mensajes de Página/12 que recibió en la empresa y en su casa.

Otras joyas

El caso de Alvarez es el primero que se conoce sobre un responsable de delitos de lesa humanidad prófugo con ejército propio. Pero nada sugiere que sea el único. Los ex represores o civiles vinculados con el terrorismo de Estado dueños de empresas de seguridad son más bien regla que excepción:

- El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, quien junto con su hija María Pía fue cara visible de una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue procesado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado.

- El coronel (R) Jorge Luis Toccalino, detenido desde septiembre por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad, además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.

- Félix Alejandro Alais, acusado de haber integrado la Triple A de Bahía Blanca cuando era subcomisario de la Policía Federal, figuró hasta 2004 como socio de Fast Cooperativa de Trabajo Limitada. En 1976 torturó a profesores de la Universidad Nacional del Sur detenidos en el marco de una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 2004, Fast ganó una licitación en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como “comisario Alais”, investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca le fue mejor: hasta el año pasado prestó servicios en el departamento de agronomía de la UNS y la Justicia nunca lo citó.

- El director ejecutivo del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, creó en 1997 la empresa Megatrans. Se especializa en localizar vehículos y transmitir datos móviles. Desde 2001 controla 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la Bonaerense. En plena dictadura, Massot visitaba en la ESMA a su director, almirante Jacinto Chamorro. Tres meses después del golpe de Estado, dos obreros gráficos de sus talleres, que durante los años previos habían encabezado reivindicaciones laborales, fueron secuestrados, torturados y asesinados. El juez Alcindo Alvarez Canale considera que son crímenes imprescriptibles, pero nunca investigó, ni citó a declarar a los dueños de La Nueva Provincia.