miércoles, 30 de abril de 2008

Gallone le echó la culpa a la foto

Empezó el juicio contra tres policías retirados por la masacre de Fátima

El comisario que aparece en la foto con una Madre de Plaza de Mayo en 1982 aseguró que el día de la masacre de Fátima estaba en Mar del Plata. Junto a otros dos policías, está siendo juzgado por el asesinato de treinta personas en agosto de 1976.

Por Diego Martínez
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Carlos Gallone aseguró que sus amigos le dijeron que esta imagen iba a ser la “desgracia de su vida”.

Luego de tres años preso, el comisario inspector Carlos Gallone intentó defenderse con un dato que había omitido durante todas las indagatorias anteriores: aseguró que el día de la masacre de Fátima estaba en Mar del Plata, con su padre, jugando en el casino. Con el mismo temple, dijo que durante la manifestación de Madres de Plaza de Mayo de 1982 que lo inmortalizó apretando la cabeza de una mujer contra su pecho “estaba la agrupación Hijos”. “Esa foto va a ser la desgracia de tu vida”, le advirtieron “los que me querían”. No explicó por qué. El comisario inspector Miguel Angel Timarchi, en tanto, aseguró que aquél, para agosto de 1976, llevaba diez meses de licencia médica. Así consta en su legajo. El comisario general Juan Carlos Lapuyole se negó a declarar. Los tres imputados escucharon ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 el auto de elevación a juicio del juez Daniel Rafecas. Están acusados como autores mediatos de los secuestros y homicidios calificados por alevosía de los treinta secuestrados de Superintendencia de Seguridad Federal, asesinados y dinamitados en la masacre de Fátima.

Gallone y Timarchi, presos en Devoto, llegaron esposados. Lapuyole, con domiciliaria gracias a sus 78 años, llegó en su silla de ruedas, aunque mostró que camina sin problemas. La lectura de la acusación lo sumió un sueño profundo, con ronquidos incluidos. El juez Daniel Obligado, presidente del tribunal, lo despertó para preguntarle si iba a declarar. “Por consejo de mis abogados, no”, respondió. Sólo admitió que le decían “Francés desde que era cadete, porque cuando era joven tenía esa fisonomía” inconfundible de los franceses.

–¿En qué situación sigo? –quiso saber.

–Como acusado –le explicó O-bligado.

A pedido de su defensor, el TOF le permitirá estar ausente durante las audiencias previas a los alegatos.

Gallone, de 63 años, explicó que “mi apellido lleva más de 110 años en la Policía Federal”, desde su abuelo hasta su hijo mayor. “Lo único que he hecho fue proteger a la sociedad”, aclaró. Como garantía de pureza agregó que “no me involucré nunca en política”. Relató que en 1973 fue custodio del entonces ministro de Interior, el actual procurador Esteban Ri-ghi. Custodió a “todos los ministros de Interior de Cámpora, Perón e Isabel Martínez”. Tras el golpe siguió en la ayudantía policial del ministerio, que ocupó el general Cesáreo Cardozo y luego Albano Harguindeguy. Una tarde el ministro lo citó para comunicarle “que él venía con su gente” y preguntarle “qué destino le gustaría”. Gallone pidió Mar del Plata, pero por razones que no explicó Harguindeguy “me mandó al Departamento Sumarios de Superintendencia”. Allí no vio nada ilegal. Trabajó en la calle y realizó detenciones “ordenadas por los jueces de ese entonces”.

El día de la masacre gozaba en Mar del Plata del “franco largo mensual”. Pese a que en más de tres años nunca lo había mencionado, recordó en detalle que se alojaron en el Hotel Miami y “en la confitería de Santiago del Estero y la peatonal leímos que habían matado al general Actis”. “Pobre muchacho, lo conocí, fue interventor de YPF”, dice que dijo el padre, que “tenía una empresa de seguridad y era director de seguridad de la petrolera Amoco Argentina”. Al volver no escuchó un solo comentario sobre “el desastre inmundo de lo de Fátima”.

En 1982, destinado en la comisaría cuarta, le tocó “cuidar a las Madres de Plaza de Mayo, a las viejitas, abuelitas que los jueves daban vueltas” y “trataban de llegar a Casa de Gobierno”. Tomó agua, respiró y agregó que “ese día estaba la agrupación Hijos (que se formó en 1995), Madres, familiares de presos políticos y familiares de desaparecidos”. Desvió a las Madres para que no llegaran a la plaza y para compensar le ofreció a Adolfo Pérez Esquivel llevarlo a entregar un petitorio al gobierno. Al volver “una ancianita me dijo ‘gracias, hijo’, y se puso a llorar en mi pecho”. Días después la foto recorrió el mundo. Fue la desgracia de su vida, dijo. Al concluir, de espaldas al público, se tapó la cara como quien llora.

Timarchi, sereno y sin sobreactuar, arrancó con un ayudamemoria. “Traté por todos los medios legales de llegar a esta instancia para decir mi verdad”, dijo. Aseguró que “por educación y formación profesional nunca hubiese cometido un acto de terrorismo desde mi función de agente del Estado”. No se privó de elogiar el proceso de justicia: “La única forma de dar consuelo a las familias que no han cerrado las heridas es con la obtención de una verdad real. El Estado tiene la obligación de investigar y castigar hechos aberrantes como el que hoy se analiza aquí”, reflexionó. El problema es que “me han metido en una bolsa donde nunca estuve”.

Timarchi declaró que el Departamento Sumarios “no realizaba detenciones”, pero nada dijo sobre el “acto meritorio” que consta en su legajo “por su actuación contra elementos subversivos” el 20 de noviembre de 1974. Saltó sin escalas al 4 de octubre de 1975. “Iba en un móvil no identificable cuando advertí la presencia de una camioneta con dos masculinos que, al ver el móvil policial (sic) se dieron a la fuga”, relató. Tres cuadras después se produjo un tiroteo y la explosión de una granada le hizo perder el conocimiento. Explicó la neurosis que aún padece y se esmeró en demostrar que las licencias médicas superpuestas con cambios de destino que constan en su legajo no son contradictorias. Como creyó escuchar en la elevación de Rafecas que “todos los imputados niegan la existencia de un centro clandestino en Superintendencia”, aclaró que “yo no niego nada, hablo hasta el 3 de octubre de 1975”. Gallone lo miraba fiero.

lunes, 28 de abril de 2008

Juicio al crimen más brutal de la dictadura

El TOF-5 comienza a juzgar mañana a los responsables por la Masacre de Fátima, ocurrida en agosto de 1976

Los policías retirados Juan Carlos Lapuyole –hombre del ex ministro Harguindeguy–, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi están acusados por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Por Diego Martínez
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El juez Guillermo Gordo y, a la derecha, el acusado Gallone, en una foto que intentó usar en su favor.

En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.

Mañana el Tribunal Oral Federal 5, integrado por Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, comenzará a juzgar por la “Masacre de Fátima” a tres oficiales retirados de la Policía Federal. La acusación correrá por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del fiscal Félix Crous. Los imputados son el director de Inteligencia de la Superintendencia (SSF), comisario general Juan Carlos Lapuyole –hombre de íntima confianza del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que interrogaba al pie de varias mesas de tortura porteñas con el alias de “Francés”– y dos miembros de sus brigadas: los comisarios inspectores Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi.

El sombrío edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue desde los años ‘60 sinónimo de represión política. El año pasado, el uruguayo Antonio Viana Acosta, militante tupamaro, denunció que ya en febrero de 1974 fue torturado durante dos semanas en Coordinación Federal, nombre anterior de la SSF. En su secuestro, pedido por la inteligencia oriental, intervinieron los jefes de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride, y de la Triple A, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales. Coordinación ya era epicentro del incipiente Plan Cóndor.

El inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy durante 1976, relató en 1983 que el ministro tenía brigada propia para secuestrar, pero “cuando el grado de riesgo superaba la capacidad de acción de este grupo recurría a oficiales de la Dirección de Operaciones de la SSF, cuya jefatura ejercía el comisario mayor Lapuyole, siendo el principal Carlos Gallone, alias ‘Carlitos’, quien más frecuentemente era comisionado a estos efectos”. Agregó que Gallone tenía “ferviente admiración por la extrema derecha” y fue “el más estrecho colaborador de Harguindeguy en las tareas de represión ilegal. Se rodeó de los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes llevó a la Dirección General de Inteligencia”.

A diferencia de otros centros clandestinos porteños como El Olimpo, Club Atlético o la ESMA, recuperados como espacios para la memoria y con decenas de represores presos, la mayor parte de los asesinos de la SSF siguen impunes, y su edificio intacto. El juicio por Fátima es la excepción que confirma la regla. El juez federal Norberto Oyarbide, que instruye la causa Triple A, no avanzó por el momento más allá del entorno íntimo del ex ministro José López Rega. Y el Estado argentino, querellante por medio de su Secretaría de Derechos Humanos en causas de todo el país, no impulsó aún la investigación del centro clandestino más cercano al Obelisco.

Royal Air Force

Rara avis para una fuerza que convirtió el silencio en mandamiento, el sargento retirado Armando Luchina, ex carcelero de la superintendencia, declaró ante la Conadep en 1984, en el Juicio a las Juntas en 1985, y ante cada organismo, juez o periodista dispuesto a escucharlo. “Yo estoy jugado”, responde para explicar por qué no aceptó protección del Estado. A Luchina no le contaron la historia. Siempre admitió que tuvo contacto con los secuestrados y que debía llevar una lista de presos legales y otra de “RAF”, por Royal Air Force, como Lapuyole & Cía. nombraban a quienes consideraban “en el aire”.

La noche del 19 de agosto se apagaron todas las luces de la superintendencia menos las del ascensor y el estacionamiento, relató Luchina. Estaban los jefes de todas las brigadas. Gallone daba las órdenes. Bajaron a los treinta secuestrados desde distintos pisos. Cuatro parecían muertos. El resto, drogados. Los cargaron en un camión que no era de la dependencia. “Estos se van para arriba”, le comentaron. Dos días después leería en los diarios la aparición de los treinta cuerpos.

Un grupo de obreros se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo de un metro de profundidad. La brutalidad obligó a Videla a repudiar la masacre. Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento. Inés Nocetti había sido secuestrada el 11 de agosto junto con Selma Ocampo, militante sindical despedida de la Ford de General Pacheco, identificada en 1984. Alberto Comas había desaparecido a fines de julio. Trabajaba en la fábrica Royo, pegada al Riachuelo. Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva y Conrado Alsogaray, obreros de la firma Bendix, habían sido secuestrados en la madrugada del 16 de julio. Los otros 25 cuerpos fueron inhumados como NN en fosas individuales del cementerio de Derqui. El Equipo Argentino de Antropología Forense los exhumó en 1985, pero recién diez años después, en el marco del Juicio de la Verdad, pudo comenzar a identificarlos por medio de análisis genéticos. De las 30 víctimas, 16 ya tienen tumba con nombre y apellido. La mayoría eran obreros de Bendix y fueron vistos en la SSF.

A fines de 2002, en representación de familiares de Jorge Argente, Alberto Comas, Susana Pedrini de Bronzel y Horacio García Gastelú, el CELS pidió la reapertura de la causa. En mayo de 2004 el juez federal Daniel Rafecas procesó a Lapuyole, Gallone y al director de operaciones, Carlos Vicente “El Lobo” Marcote, que murió poco después. Al año, al confirmar los procesamientos, la Cámara Federal porteña incluyó también a Timarchi. En febrero de 2006 Rafecas elevó la causa a juicio oral. Lapuyole, de 75 años y serios problemas de salud, goza de prisión domiciliaria. Timarchi, de 62, y Gallone, de 60, están presos en Devoto. La causa tiene un solo prófugo: Luis Alberto “El Japonés” Martínez. El resto de los miembros de las brigadas de la superintendencia podrá presenciar el juicio como cualquier ciudadano. Nadie los busca.

domingo, 27 de abril de 2008

Cuando Franco convenció a Harguindeguy

PIDEN QUE FRANCO MACRI SEA CITADO POR EL SECUESTRO DE CARLOS GROSSO DURANTE LA DICTADURA

El dueño de Socma asegura haber logrado la liberación del ex intendente. Un abogado pidió que lo convocaran para que explique cómo fue la negociación. Lo acusa por no denunciar el hecho.

Por Diego Martínez
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El empresario Francisco Macri asegura haber logrado durante una reunión con el general de división Albano Harguindeguy en 1978, el objetivo que Madres de Plaza de Mayo y miles de argentinos no consiguieron en treinta y dos años: la aparición con vida de un detenido-desaparecido. El dueño de Socma intercedió por su joven gerente Carlos Alfredo Gro-sso, el mismo que Carlos Menem designó intendente porteño en 1989. Grosso contó a Página/12 que estuvo más de un mes secuestrado junto a veinticinco ex compañeros de la Dirección Nacional de Educación para Adultos, la Dinea, y que todos fueron liberados, dato que relativiza la influencia del empresario. Macri no respondió la consulta de este diario, pero no le faltará oportunidad de explayarse. El abogado Pablo Llonto le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que cite a prestar declaración indagatoria tanto al ex ministro del Interior de la dictadura como al empresario, en su caso por encubrir el secuestro y las torturas a las que fue sometido su hijo putativo.

El primer relato sobre las puertas que golpeó Macri ante el secuestro de Grosso lo publicó en 2001 la fallecida periodista Ana Ale en su libro La Dinastía. Vida, pasión y ocaso de los Macri: “El operativo que montó el patriarca para salvarle la vida fue tan real como el recibo de sueldo que le entregaba cada fin de mes. En junio del ’78, el futuro intendente de Buenos Aires desapareció en una de las redadas que la dictadura realizaba, amparada tras la cortina festiva del Mundial de Fútbol. Macri habló con su amigo el nuncio apostólico Pio Laghi y le pidió que intercediera ante el general Jorge Rafael Videla para que liberaran a su empleado, seguramente secuestrado por error. A los pocos días, sano pero con algunos moretones, Grosso estuvo de vuelta en las oficinas del patrón. Todavía hoy Franco se pone ancho de orgullo cuando le recuerdan su intervención decisiva a favor del rescate del licenciado peronista. En esas ocasiones la mirada se le abuena como a un tigre con el estómago lleno y en reposo”, escribió La Negra, como la recuerda Llonto, quien agregó a sus nobles empresas las que la muerte arrebató a su compañera.

La primera versión publicada del caso en boca de Macri fue durante una entrevista con el periodista Pablo Mendelevich que la revista Debate publicó en marzo de 2004. Para reafirmar que “cuando yo seleccionaba gente los antecedentes políticos no me interesaban” no encontró mejor ejemplo que el de Grosso, a quien contrató en 1976, apenas creó Socma. El empresario no explicó en la entrevista qué antecedente negativo dejó pasar, aunque por obvias razones de calendario no se refería a la gestión en la intendencia que debió abandonar con quince denuncias penales en el haber sino a su militancia política anterior al golpe de Estado.

Chaqueño, nacido en 1943, Grosso se licenció en Letras en Rosario, integró el grupo fundador de la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional (JAEN) junto con Rodolfo Galimberti, fue asesor del Ministerio de Trabajo y desde 1973 hasta los primeros meses de 1975 dirigió la Dinea, donde cientos de militantes de la Juventud Peronista enseñaron a leer y escribir a hombres y mujeres adultos de todo el país. Tampoco para los agentes de inteligencia militares era una trayectoria inofensiva, según consta en un documento del área Recursos Humanos con el que se encubrió a los servicios en el Ministerio de Cultura y Educación de la dictadura: “Grosso, Carlos Alfredo. Ex jesuita. Marxista. Impuso en dicha dirección una orientación basada en las teorías educativas de Paulo Freire, marxista brasileño que actuó como asesor del ex presidente chileno Salvador Allende”. Grosso estaba “acusado” de planear campañas “para educar analfabetos e infiltrar ideas marxistas”.

¿Cómo fue el primer relato de Macri? “Gro-sso, que era gerente de un área de promoción y desarrollo, un día desapareció, fue secuestrado. Y como era uno de mis miles de hijos, no lo dejé solo. Fui a hacer la denuncia de la desaparición y a interceder ante las autoridades. El general Harguindeguy me dijo que Grosso estaba en la ESMA e iba a ser fusilado y me ofreció sacarlo bajo mi responsabilidad. Yo firmé un papel haciéndome responsable por Grosso.”

Ese mismo año retomó el tema en su autobiografía Franco Macri. El futuro es posible. Esta vez para ejemplificar un momento difícil de su vida contó que su gerente “fue secuestrado por un grupo militar y nadie conocía su paradero”. Fue entonces cuando “me expuse sin cuidado y salí a defender a un colaborador que estaba más que seguro no tenía antecedentes peligrosos (sic) para el sistema. Afortunadamente logré convencer al entonces ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, quien bajo mi responsabilidad lo hizo liberar. Grosso ya había sido torturado y condenado a muerte. Una vez libre, tardó muchos meses en recuperarse y reincorporarse al trabajo. Años después Grosso volvió a la política y llegó a intendente de la ciudad de Buenos Aires”.

¿Harguindeguy le confió a Macri que Grosso estaba “condenado a muerte”? ¿Le dijo qué tribunal condenaba a muerte a un desaparecido? ¿Quién y dónde fusilaba? ¿A cambio de qué Harguindeguy aceptó liberarlo? ¿Qué decía el papel que firmó Macri? ¿De qué se hizo responsable? ¿Qué no debía volver a hacer Grosso? ¿Por qué nunca denunció a la Justicia las torturas que sufrió su gerente? Las preguntas de Página/12 quedaron en eso. Las amables secretarias del empresario explicaron que no da entrevistas. Sugirieron enviarle un mail que nunca tuvo respuesta.

“Cuando Ana lo entrevistó para su libro Macri relativizó el hecho. La Negra supo que Grosso había estado varios días desaparecido, encapuchado, torturado y la había pasado mal. Nunca pudo confirmar dónde estuvo, pero su sospecha apuntaba a Coordinación Federal”, relató Llonto. En base al párrafo de la autobiografía, el abogado solicitó al juez Rafecas, que instruye la megacausa del Cuerpo I de Ejército, que indagara a Harguindeguy como coautor mediato de la privación ilegal de la libertad en concurso con tormentos agravados, y a Macri en calidad de encubridor.

“El Ministerio del Interior y en particular el despacho del ex general Harguindeguy fue núcleo central de procedimientos aberrantes que culminaron con secuestros donde los funcionarios y en especial el ex ministro actuaba ‘al amparo del poder estatal’ con ‘medios, recursos, infraestructura y armamento necesario’”, escribió Llonto. Pidió que se analice si el empresario había sido cómplice primario o secundario de delitos de lesa humanidad y si incurrió en omisión de denuncia. “Es llamativa la afirmación sobre la falta de ‘antecedentes peligrosos para el sistema’ de Grosso. Macri sugiere que otros jóvenes secuestrados y torturados eran peligrosos para no se sabe para qué sistema”, concluyó.

viernes, 25 de abril de 2008

Mártires de la otra iglesia

DETENCIONES EN LA RIOJA POR EL ASESINATO DE DOS SACERDOTES

El vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, y el ex alférez Miguel Ricardo Pessetta fueron arrestados por su participación en los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville.

Por Diego Martínez
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Enrique Angelelli investigó las muertes de Murias y Longueville.

Dos oficiales retirados de la Fuerza Aérea fueron detenidos ayer en La Rioja por su participación en los secuestros y asesinatos en 1976 de los sacerdotes tercermundistas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, más conocidos como “Los Mártires de Chamical”. Se trata del entonces vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical y figura central de la dictadura en La Rioja, y del ex alférez Miguel Ricardo Pessetta. Citados a prestar declaración indagatoria, ambos hicieron uso de su derecho a no quebrar el pacto de silencio. Son los dos primeros detenidos por crímenes de lesa humanidad en La Rioja. “Es un pequeño gran paso después de tantos años de buscar pruebas”, celebró Cristina Murias, querellante y hermana del cura asesinado, quien espera con paciencia cristiana que la Iglesia “deje de mirar para otro lado” y se constituya como querellante.

El párroco francés Longueville y su vicario Murias fueron secuestrados en la noche del 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador, de Chamical. Sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad. Murias tenía signos de torturas. Hoy el sitio se denomina Los Mártires y un oratorio honra sus memorias.

El 23 de marzo de 2007 el fiscal general Alberto Lozada, de la Cámara Federal de Córdoba, promovió junto con los fiscales Graciela López de Filoñuk y Horacio Salman la acción para que se investiguen sus crímenes. Adjudicaron el secuestro a Pessetta, al capitán Miguel Angel Escudero, los policías Juan Carlos “Bruja” Romero y otras dos personas. Como emisores de la orden, a los vicecomodoros Lázaro Aguirre y Estrella, jefe y subjefe de la base, y al coronel Osvaldo Pérez Battaglia, jefe del Batallón de Ingenieros 141, todos bajo la órbita del comandante del Cuerpo III, general Luciano Benjamín Menéndez. El 5 de marzo último Murias se presentó como querellante con el patrocinio de las abogadas Cristina Herrera, Adriana Mercado Luna, Viviana y María Elisa Reinoso. El 19 el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena citó a los policías Romero, director de Informaciones, y Benito Vera, por su rol en el espionaje previo a los secuestros. Ambos se negaron a declarar pero no quedaron detenidos.

Ayer, Franco Grassi subrogó a Herrera Piedrabuena, ausente por viaje. Estrella, de 74 años, a quien hasta el fiscal daba por muerto, se presentó por la mañana. El defensor oficial Daniel Narbona se negó a asistirlo. Adujo “violencia moral”: su padre Nicolás Narbona, ministro de Acción Social riojano de 1973 a 1976, fue preso político durante la dictadura. Lo asistió el defensor Juan de Leonardi, pero Estrella se negó a hablar. Luego hizo lo propio Pessetta. El suboficial Sergio Martínez también estaba citado a indagatoria pero no se presentó a declarar. Ante la ausencia del fiscal Darío Illánez, su secretaria Martha Kinath y las cuatro abogadas pidieron las detenciones, que ordenó Grassi. A las dos de la tarde Estrella y Pessetta fueron trasladados a una dependencia de la Policía Federal. Un hombre de unos cuarenta años vestido con clerygman que dijo ser capellán castrense pero prefirió no identificarse asistió al ultracatólico Estrella antes de la partida. El comodoro retirado es el mismo que el 18 de enero de 1988 comandó la banda que copó el aeroparque Jorge Newbery durante tres horas en un golpe fallido contra el presidente Raúl Alfonsín, a quien consideraba marxista.

La Rioja tiene cuatro causas paradigmáticas. La más avanzada es la que investiga el asesinato del conscripto Roberto Villafañe. Le sigue la de los mártires. A paso lento marchan las que investigan los crímenes del obispo Enrique Angelelli y del catequista Wenceslao Pedernera. Francia también abrió una causa por Longueville a pedido de sus hermanas. “Es un paso muy importante, son los primeros detenidos. Estrella participó en la logística de los crímenes de mi hermano y Gabriel, pero también de Angelelli y Pedernera”, apuntó Murias, quien lamentó “que no se acumulen las causas” y confesó que la exigencia de justicia por el crimen de su hermano “ha sido una de las razones de mi vida en todo este tiempo”.

miércoles, 23 de abril de 2008

Justicia para una patota

Procesan y embargan a once marinos y un policía por la ESMA

El juez federal Sergio Torres avanzó en el procesamiento a los jefes e integrantes de los grupos de tareas de la ESMA. Los almirantes Franco y Otero y el capitán de navío Daviou integran la nueva lista. Suman 50 los represores procesados.

Por Diego Martínez
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En el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada funcionó uno de los mayores centros clandestinos.

El juez federal Sergio Torres procesó a once oficiales retirados de la Armada y a un ex policía federal por su participación en secuestros, torturas y homicidios en la ESMA durante la última dictadura militar. El listado incluye a marinos menos célebres que Astiz, Acosta & Cía. pero con carreras exitosas como los almirantes retirados Rubén Oscar Franco, que llegó a ser comandante en jefe de la Armada hasta el retorno de la democracia, Edgardo Aroldo Otero, alias “Honda”, director de la ESMA y comandante del grupo de tareas 3.3.2 en 1980, y el capitán de navío retirado Carlos Daviou, alias “Justo”, sindicado por Adolfo Scilingo en España como uno de sus acompañantes en los vuelos de la muerte y segundo jefe de inteligencia de la Armada hasta su retiro en septiembre de 1999. La mayor parte de los delitos que les imputa la Justicia fueron cometidos entre 1978 y 1980. Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, la medida elevó a cincuenta el número de procesados con prisión preventiva del mayor centro clandestino de detención de la Armada y de la Capital Federal.

La resolución de Torres y su secretario Diego Slupski tiene más de 250 páginas e incluye embargos millonarios. Los procesados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y tormentos seguidos de muerte son los almirantes Franco y Otero, los contraalmirantes Mario Pablo Palet y Eduardo Morris Girling, el vicealmirante Alberto Gabriel Vigo, los capitanes de fragata Ricardo Lynch Jones, Miguel Angel Rodríguez, Julio César Binotti y el médico Carlos Octavio Capdevila, los capitanes de navío Daviou y Miguel Angel García Velazco, y el sargento Juan Carlos Fotea Dineri, de la Policía Federal, detenido en España en 2005 y extraditado a la Argentina.

Los seis primeros gozan de arresto domiciliario. La propia Armada debe trasladarlos hoy a las ocho de la mañana a los tribunales de Comodoro Py para que se notifiquen de la medida. Los otros seis, presos en el penal de Marcos Paz, fueron notificados ayer. El mayor embargo recayó sobre García Velazco, con 370 millones de pesos. Le siguen Otero con 285 millones, Fotea con 269, Franco con 225, Lynch Jones con 199, Morris Girling con 101, Daviou con 98, Vigo con 94, Capdevila con 86, Rodríguez con 16, Palet y Binotti con 7 millones de pesos.

La mayor parte de los procesados fueron detenidos por orden de Torres el 11 de marzo pasado. Dos de los que el juez ordenó capturar ya habían muerto impunes: los vicealmirantes Rodolfo Antonio Remotti y Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro. Otros dos se convirtieron en prófugos de la Justicia: el subprefecto Jorge Manuel Díaz Smith y el oficial de la Policía Federal Claudio Pittana. La megacausa ESMA tiene otros cinco imputados que burlan con éxito al Estado: el capitán de navío Jorge Vildoza, el prefecto Gonzalo Sánchez y los policías Roberto González, Juan Carlos Linares y Pedro Salvia. Según el listado de 18 represores cuyas capturas ordenó Torres el mes pasado, restaría resolverse la situación procesal del contraalmirante Jorge Néstor Estévez, que como subjefe de operaciones comandó la Fuerza de Tareas 3 en 1978, y de Luis Wis Navarro, que integró el sector operaciones entre 1977 y 1979.

Según pudo saber Página/12 de fuentes judiciales, el único de los marinos detenido en marzo que no se negó a declarar fue el capitán de fragata retirado Ricardo Lynch Jones, quien según el dictamen del fiscal Eduardo Taiano se desempeñó en 1977 con el alias “Panceta” como voluntario del grupo de tareas 3.3.2. Hizo uso de la palabra para aclarar que quien actuó en la ESMA no fue él sino su hermano Gustavo Alberto, acusado de participar en vuelos de la muerte, que no está para defenderse de la acusación de “Panceta” porque murió hace más de veinte años.

En su resolución el juez Torres explicó que “la constitución, organización y funcionamiento” de los grupos operativos “se gestó desde la cúpula misma de la Jefatura de la Armada, con los medios y el personal perteneciente a esa fuerza, de un modo institucional y jerárquico”. Agregó que “ninguno de los estratos intermedios entre la Jefatura y el personal operativo, de inteligencia y logística que formaban parte del grupo de tareas, ignoraban o desconocían, negaban ni impedían de modo alguno la actividad de aquella formación”.

El juez detalló que “mientras duró el cautiverio de las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada se les dispensó un trato inhumano, cruel y degradante”. Recordó que además de la picana eléctrica, el submarino y demás métodos de torturas, los secuestrados debían permanecer “encapuchados, esposados y a veces también engrillados a la pared o a una bala de cañón y únicamente se les permitía sentarse para comer, pero mirando hacia la pared. No les estaba permitido hablar ni moverse. Se les restringía al máximo la alimentación y para ir al baño debían levantar la mano y esperar”, aunque “muchas veces debieron evacuar en el mismo lugar donde estaban acostados”.

Según los registros del CELS, 27 de los 50 procesados en la megacausa ESMA están presos en el pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz, 22 gozan de arresto domiciliario, en tanto el prefecto Juan Antonio Azic aún se recupera de su suicidio frustrado en el Hospital Naval.

Cuando una verdad demora treinta años

El análisis de ADN confirmó que Evelyn es hija de Susana Pegoraro y Rubén Bauer, desaparecidos en 1977

La Justicia confirmó la identidad de Evelyn. La joven nunca aceptó extraerse sangre, pero la muestra que permitió conocer su origen fue obtenida de elementos secuestrados en su casa.

Por Diego Martínez
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Pegoraro y Bauer desaparecieron el 18 de junio de 1977. Ella en Constitución y él en La Plata.

Susana Beatriz Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada en la estación Constitución el 18 de junio de 1977. Su compañero, Rubén Santiago Bauer, cayó ese mismo día en La Plata. La hija de ambos nació en la maternidad clandestina de la ESMA. Poco después fue entregada al ex marino Policarpio Vázquez y a su esposa Ana María Ferra, que la inscribieron como propia y la llamaron Evelyn. Ayer, luego de treinta años de búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que la niña es hija biológica de Bauer y Pegoraro, ambos desaparecidos, vistos por última vez en la ESMA. La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Rodríguez Cardozo, le informó a la jueza María Servini de Cubría que el estudio inmunogenético realizado en el Hospital Durand arrojó una compatibilidad entre los ADN de Vázquez y la pareja Bauer-Pegoraro de un 99,9 por ciento. Evelyn siempre se negó a realizarse la extracción de sangre, por lo que la muestra que permitió identificarla se obtuvo de elementos de uso cotidiano secuestrados durante un allanamiento a su casa.

En 1999, Vázquez admitió que Evelyn no era su hija. Contó que en 1978 trabajaba en el edificio Libertad, donde una persona a la que conocía como El Turco le dijo “que había una criatura para adoptar sin papeles”. Con su mujer resolvieron aceptarla “porque la iban a matar”. Aseguró desconocer si los padres “estaban vivos o desaparecidos”. Ambos coincidieron en que la llegada de Evelyn fue “un mandato divino” y “una bendición de Dios”.

En 2001 la joven se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera usarse como prueba en contra de quienes la criaron. Luego de varias presentaciones, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón: se debía proteger su derecho a intimidad. Pese al desconocimiento de su identidad real, cinco años después Servini decretó la clausura de la instrucción. En febrero de 2006 los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron nueve años y medio de prisión para Vázquez, nueve para su esposa y seis para la partera Justina Cáceres por haber firmado un certificado de nacimiento con datos filiatorios falsos. Destacaron que el matrimonio “recibió de una persona de rango militar desconocido, de apellido Salles o similar, una niña recién nacida a la que procedieron a anotar como su hija biológica, mediante la obtención de un certificado de nacimiento ideológicamente falso”. Luego “criaron a la niña ocultándole su verdadera identidad”. Consideraron que se trataba de “un hecho de extrema gravedad que afectó de manera esencial la propia formación de la identidad de una persona desde el mismo instante de su nacimiento”. Calificaron el caso como “delito de lesa humanidad”. El castigo a los apropiadores es “un imperativo ético de un estado democrático de derecho”, escribieron.

Cuando los apropiadores pidieron su absolución con el argumento de que el único elemento para condenarlos era su propia confesión, Servini consideró que el análisis de ADN había dejado de ser una mera prueba complementaria y ordenó allanar la casa de la mujer para extraer muestras alternativas de ADN. Al recibir la notificación, Evelyn recusó a Servini. Argumentó que no podía la misma jueza investigar el caso y juzgar a sus apropiadores. En junio la Cámara Federal apartó a Servini del juicio al matrimonio, que pasó a manos del juez Octavio Aráoz de Lamadrid, pero le ordenó profundizar la investigación sobre la identidad de la joven.

La jueza se tomó ocho meses para ordenar el paso siguiente. El 14 de febrero personal del Banco de Datos Genéticos allanó el departamento de Evelyn Vázquez. Se llevó su cepillo de dientes, ropa interior y una pinza de depilar. Evelyn presentó un recurso de nulidad contra el allanamiento, que fue rechazado por la Cámara Federal. Entrevistada por el diario La Nación, explicó que “se portaron correctamente, pero que te allanen es una cosa muy violenta”. Admitió que se había reunido con sus abuelas “para decirles que no estoy contra ellas”. Comprendía “que quieran saber si soy o no su nieta porque me buscaron todos estos años y es horrible, pero tienen que entender que yo tuve una familia y la sigo queriendo”. “A mí me da pánico pensar que después no sean mi familia biológica”, confesó. Ayer, finalmente, confirmó que las Abuelas de Plaza de Mayo no estaban equivocadas.

El de Evelyn Vázquez es el tercer caso de apropiación que la Justicia esclarece con métodos de identificación alternativos a la extracción de sangre. El primero fue el de Natalia Suárez Nelson, apropiada por el tanguero Omar Alonso, a quien ahora querella. El segundo fue el de Alejandro Sandoval Fontana, apropiado por el gendarme Víctor Rei.

Varios debates de fondo relacionados con los métodos de identificación de niños robados durante la dictadura esperan resolución en la Corte Suprema de Justicia. Uno es sobre la extracción de sangre compulsiva. Otro, sobre la validez de métodos alternativos para conocer el ADN. El tercero lo plantearon los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrero de Noble, quienes se niegan a ser compulsados con la totalidad de muestras del Banco de Datos del Hospital Durand y sólo aceptan que se verifique su compatibilidad con los familiares de la pareja que las Abuelas estiman son sus padres biológicos. La Corte se inclinaría por rechazar la extracción compulsiva pero dejaría la puerta abierta para que la Justicia continúe utilizando métodos como el que ayer le permitió a Evelyn Vázquez conocer su verdadera identidad.

domingo, 20 de abril de 2008

“Nunca antes sentí tanto miedo”

LA FISCAL CAAMAÑO SE SINTIO INTIMIDADA POR LOS REPRESORES DE MARCOS PAZ

Fue a verificar sus condiciones de detención en Marcos Paz. Estuvo, entre otros, con Etchecolatz, Astiz y Von Wernich. “Se consideran secuestrados por el poder político y están convencidos de su buena actuación durante la dictadura”, describió.

Por Diego Martínez
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Etchecolatz se presentó en forma poco amistosa y le exigió a Caamaño “un servicio religioso los domingos”.

“Hace trece años voy a la cárcel cada semana. Enseño Derecho, sé tratar a los presos, pero nunca antes sentí tanto miedo. No es miedo personal. Pasa por pensar: ‘Estos tipos manejaron el país y si vuelven a manejarlo, nos matan a todos’.” La frase de la fiscal Cristina Caamaño sintetiza su sensación luego de escuchar durante dos horas lamentos, reclamos y reflexiones de represores procesados y condenados en el penal de Marcos Paz.

Caamaño es docente de Derecho Penal y Criminología en la UBA. En 1995 Sergio Schoklender la invitó a dar clases en Caseros, donde presidía el Centro de Estudiantes, y desde 2001 en Devoto. Visitó Marcos Paz como directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip, invitada por el director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, para verificar las condiciones de detención que los abogados de los represores de la ESMA consideran infrahumanas.

“El director del penal me acompañó diez minutos. De golpe quedé sola, con Patti a la izquierda, Etchecolatz enfrente, Von Wernich alejado y Cozzani parado como una especie de vocero”, arrancó. “Como dije que enseñaba Derecho me desafiaron todo el tiempo. Nunca recibí tanto maltrato por parte de presos. Patti me decía que violaban sus derechos humanos.”

–¿Cómo son los pabellones?

–Arquitectónicamente son iguales al resto. Abajo un espacio común tipo loft, mesas y sillas de plástico, cuatro heladeras, un televisor grande y los baños. En el primer piso las celdas.

–¿Qué reclaman en particular?

–Lo mismo que los presos comunes. Más patio, mejores comidas, visitas mixtas, papel higiénico en el baño de visitas. La principal queja es el cambio de situación. “Mientras los presos comunes mejoran con los años, nuestras condiciones de detención empeoran en cada traslado”, dijo un marino. Es que pasaron de bases navales con pileta a Campo de Mayo y después a una cárcel común. “Nunca estuvimos tan presos”, dicen. Piden más asistencia médica, heladeras porque reciben mucha comida de afuera, computadoras porque dicen que hacen a su derecho de defensa.

–¿Tienen diferencias respecto al resto?

–No reciben visitas sábados y domingos, y no ven cine en el auditorio. Es para evitar roces con las visitas de los presos comunes.

“Le voy a decir quién soy”, le anunció Etchecolatz. “Soy católico, apostólico y romano y necesito un servicio religioso los domingos.”

–¿Escuchaba Von Wernich?

–Sí, pero no acusó recibo. Le expliqué que ése no era un problema del Servicio Penitenciario, sino de la Iglesia y le anticipé que iba a transmitirle su inquietud a la hermana Telma, una monja de Devoto.

No fue la única queja del ex hombre de Camps. “Se llevaron mi agenda por pensar que tengo relación con el caso López. Por una hipótesis arbitraria cualquiera accede a mis contactos.” Caamaño le explicó que un juez había allanado su celda y su agenda estaba en caja fuerte, pero no lo convenció.

Alguien que dijo ser general le extendió la mano. “‘No podemos confiar en esta Justicia de la que usted es parte’, dijo y me apretaba cada vez más fuerte. Pensé que me quebraba. Después se me caía la birome.”

Cuando la fiscal explicó que los beneficios suelen conseguirse por el reclamo de los más instruidos y contó que gracias a Schoklender muchos presos pudieron estudiar, el rostro de Von Wernich se desfiguró. “Se levantó como un poseso, empezó a golpearse el pecho, ‘¡Usted no tiene moral!’, gritó varias veces. No pude contenerme. ‘Usted no me va a hablar de moral a mí, Von Wernich’. Se fue hacia el fondo, gesticulando”, relató.

En el pabellón de los marinos la recepción fue aún más fría. “Astiz, con mirada despectiva, se me acercó a medio metro. ‘¿Querés que te diga cómo estamos noso-tros acá? Secuestrados’, dijo. Me pasaron varias respuestas por la mente pero quedé muda. Supongo que fue una provocación.”

Un reclamo que podría hermanar a represores y presos comunes es la degradación que sus familias sufren durante las requisas. Pero tampoco: “Dicen comprender que la seguridad del penal apunte a detectar drogas o facas, pero que las requisas deberían excluir a sus familias. ‘Eso debería cambiar para todos’, les expliqué. Pero se consideran presos políticos. El resto no son ni siquiera presos comunes: son delincuentes comunes”, constató la fiscal.

Caamaño les explicó que pueden tener computadora pero no acceso a la web. “‘Ustedes saben que se puede enseñar a hacer una bomba’, dije ingenua. Varios largaron la carcajada. ‘¡Nos van a enseñar por Internet a hacer una bomba!’”, recordó.

Miradas de hielo, penetrantes, llamaron la atención de la fiscal. “Dicen ser ‘ex combatientes’. No hacen ninguna autocrítica. ‘Este Gobierno es marxista’, aseguran, y esperan ‘el cambio de gobierno’ para salir. Es terrible, siguen manteniendo el rango. Eso dificulta la tarea de los penitenciarios. Muchos agentes no logran imponerse.”

–¿Sugirió alguna solución en su informe?

–No. Es difícil. Mezclarlos con presos comunes es imposible. Cuando quieran obligarlos a algo se van a rebelar y puede ser un desastre.

Concluye el informe de Caamaño: “No han relevado que se encuentran detenidos por orden de un juez, bajo un proceso de un Estado de Derecho y que pueden ser oídos y defenderse. Se consideran secuestrados por el poder político y están convencidos de su buena actuación durante la dictadura.”

viernes, 18 de abril de 2008

Las torturas en la policía de Córdoba

DOCE PROCESAMIENTOS POR LA CAUSA URQUIZA
Por Diego Martínez

Hace 32 años Luis Urquiza fue secuestrado por sus compañeros de la policía de Córdoba. Sospechaban que era un infiltrado que hacía inteligencia en la propia tropa. Lo torturaron, pasó dos años en La Perla y cuando un Consejo de Guerra lo absolvió, se exilió en Dinamarca. En 2005 denunció a sus verdugos ante la Justicia. Ayer tuvo su primera satisfacción. La jueza federal Cristina Garzón de Lascano procesó a dos militares, un gendarme y nueve policías, incluida una mujer. Les imputó privaciones ilegales de la libertad, tormentos y lesiones agravadas que ocurrieron en el Departamento de Informaciones, más conocido como D2, centro clandestino que funcionó en el Cabildo histórico, pegado a la Catedral y frente a la plaza San Martín, donde hoy funciona el Archivo Provincial por la Memoria. También ayer la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba anunció que analiza reincorporar y resarcir a los policías como Urquiza que no acataron ordenes ilegales.

Los procesados son el ex comandante del Cuerpo III Luciano Benjamín Menéndez, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 141 ex coronel Hermes Oscar “Salame” Rodríguez, el ex jefe de la Región Noroeste de Gendarmería José Eugenio San Julián y los policías Yamil “Turco” Jabour, Miguel Angel “Gato” Gómez, Carlos Alfredo “Tucán” Yanicelli, Fernando Martín “Tuerto” Rocha, Gustavo Rodolfo Salgado, Calixto Luis Flores, Luis David “Moro” Merlo, Luis Alberto Lucero y Mirta Graciela “Cuca” Antón, hermana del prófugo Herminio “Perro” Antón. Siete son presos VIP en otras causas. Menéndez, que batió todos los records de procesamientos por crímenes de lesa humanidad, goza de arresto domiciliario. Rodríguez es atendido por subordinados en el Cuerpo III. Jabour, Yanicelli, Flores, Lucero y Gómez son servidos por camaradas en la Guardia de Infantería.

La jueza declaró la falta de mérito a los policías Ricardo Rocha (preso en otra causa), Nelson Grosso y José Herrera. Sobreseyó sólo porque murieron a tiempo al militar Juan Antonio Tissera y a los policías Miguel Angel Serrano y Oscar Francisco Gontero, que le pegó un tiro en la pierna a Urquiza en el D2. “Vengo luchando desde hace 32 años. Los denuncié ante Garzón en España. Los denuncié en 1997 en Córdoba y tuve que irme por las amenazas, ya que Yanicelli aún era jefe de Inteligencia. Creo que estamos a mitad de camino, pero me siento muy bien de ver que la Justicia se acerca”, resumió Urquiza.

jueves, 17 de abril de 2008

Ex comisario fuera de juego

CARLOS RICO TEJEIRO DEJO LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MENDOCINA

El demócrata Juan Carlos Aguinaga renunció al cargo de ministro de Seguridad y con él se fue también el ex comisario acusado por su actuación durante la dictadura. El gobierno nacional presionó al gobernador Celso Jaque para que lo desplazara.

Por Diego Martínez
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Aguinaga anuncia su salida del Ministerio de Seguridad, donde será reemplazado por Carlos Ciurca.

La resistencia del conservador Partido Demócrata de Mendoza a desprenderse del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, el secretario de Seguridad denunciado por los organismos de derechos humanos por su actuación durante la dictadura y reconocido por una sobreviviente en la Dirección de Inteligencia (D2) de la policía provincial en 1976, concluyó ayer con la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y todo su gabinete. La confirmación estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Alejandro Cazabán, luego de reunirse con el gobernador Celso Jaque; el titular de los demócratas, Omar De Marchi, y el propio Aguinaga. Por la tarde, con el visto bueno de los intendentes peronistas, se anunció al nuevo ministro: Carlos Ciurca, hasta ayer diputado provincial, ex presidente de la bicameral de Seguridad durante la gestión como gobernador del vicepresidente Julio Cobos.

La renuncia de Aguinaga, que volvió a Mendoza el sábado después de dos semanas en Brasil, se decidió el lunes a la noche durante una reunión con Cazabán y De Marchi. El secretario les informó que la presión del gobierno nacional era “muy fuerte” y había que “encontrar una salida al tema Rico”. Tal como informó Página/12, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le comunicó a Jaque la suspensión de la entrega de una partida de 40 millones de pesos para seguridad mientras Rico siguiera en su cargo.

Ante la cerrada defensa demócrata del policía, que llegó a firmar documentos en los que autorizó el traslado de presos torturados desde el D2 a la penitenciaría de Mendoza, no encontraron mejor alternativa que romper el acuerdo de diciembre, cuando Jaque sorprendió a sus electores cediendo a extrapartidarios la cartera de seguridad. El Diario Uno fue el único que amaneció con la noticia, que se confirmó al mediodía en conferencia de prensa. “En nombre del gobernador y de todo el gobierno de Mendoza, lamentamos la renuncia del ministro Aguinaga”, afirmó Cazabán. Agradeció “a todo el equipo” saliente “porque han trabajado muy bien”.

Aguinaga explicó que “hay una gran presión del gobierno nacional que torna dificilísimo seguir adelante con el plan de seguridad porque los recursos no llegan. Esta presión se llevó a cabo en acuerdo sincronizado con un sector minoritario del Ministerio de Gobierno. Por ello, se va todo el equipo que entró conmigo. Hemos trabajado muy bien. Hemos reprimido y prevenido el delito. La gestión fue exitosa”, aseguró. Ante preguntas ratificó que “todo es por el caso Rico” y aseguró que “jamás he tenido en mi actuación pública relación con una acción ilícita que haya partido de un gobierno que no sea democrático”. Nadie le repreguntó sobre las originadas en gobierno democráticos.

El pasado de Rico no fue el único motivo que generó rechazo en la gestión de Aguinaga. El 24 de marzo pasado, cuando 5 mil personas marcharon a la gobernación para descubrir una placa con los nombres de los desaparecidos mendocinos, ocupó un lugar destacado la Asociación de Víctimas del Delito. Es que la sensación de inseguridad es un problema central para los gobernadores mendocinos. De hecho, para el triunfo de Jaque fue clave un spot en el que parado frente a un “mapa del delito” repleto de puntos rojos, predicaba: “Tengo un plan para combatir la inseguridad. Voy a bajar el delito en un treinta por ciento en seis meses. Eso para empezar”.

El 11 de diciembre, cuando anunció la delegación del tema en los demócratas, muchos mendocinos comenzaron a hablar de “estafa”. En enero Jaque se reunió con representantes de medios para pedirles que no machacaran sobre el tema, al tiempo que enviaba a la Legislatura una ley de emergencia que otorgó superpoderes a Aguinaga. Pero los resultados nunca llegaron. Para peor, la gestión Rico aportó casos de gatillo fácil memorables. El 18 de febrero, cuando la policía intentó detener a Ezequiel Vila, un balazo de goma policial le perforó un pulmón. Los agentes lo dejaron tirado en el piso y dijeron que los habían corridos a piedrazos.

El 28 de marzo, seis turistas chilenos en un moderno Subaru fueron a correr picadas y terminaron corriendo pero perseguidos, primero por otros pisteros, luego por un patrullero. Tras detenerlos, la policía informó que eran “traficantes” y se habían resistido a tiros. Un fiscal les imputó abuso de armas, aunque nunca las encontró y el patrullero estaba intacto. Luego de cuarenta horas incomunicados pudieron hablar. Desde el patrullero les tiraron seis tiros, que sí dieron en su auto. Al detenerlos los esposaron, los golpearon y les robaron 6 mil dólares. El mismo fiscal imputó a once policías por apremios ilegales. Fue el último aporte de Aguinaga y Rico a la seguridad de los mendocinos.

miércoles, 16 de abril de 2008

Un examen ante la ONU

El Gobierno y los DD.HH.
Por Diego Martínez

La Argentina afrontará hoy y mañana en Ginebra su primer “examen periódico universal” sobre niveles de cumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos, que el Estado asume por ser miembro de Naciones Unidas. El informe oficial fue elaborado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su exposición ante los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos estará a cargo del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Antes de difundir sus recomendaciones el Consejo analizará los cuestionamientos formulados por organizaciones de la sociedad civil que, más allá de la política oficial en favor de la verdad y la justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura, destacaron entre otros los déficit oficiales en materia de exclusión social, respeto por los derechos de mujeres, niños, pueblos indígenas y personas con discapacidad mental.

En abril de 2006, ante el descrédito de la antigua Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU creó el Consejo y un nuevo método de evaluación. El “examen periódico universal” consiste en contraponer al informe oficial los alternativos presentados por ONG. Luego la Comisión elabora recomendaciones, no vinculantes, que se conocerán mañana. Los organismos cuestionan el método por dos razones: 1. Al evaluarse entre sí los Estados moderan sus objeciones; 2. Las ONG deben presentar informes antes de conocer el estatal. Por ambos motivos, el resumen elaborado por el Consejo brinda un buen mapa de los logros pero sobre todo de las tareas pendientes del Estado argentino en materia de derechos humanos.

Human Rights Watch, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Grupo de Mujeres de la Argentina y la Defensoría del Pueblo cuestionaron “la aplicación excesiva de la prisión preventiva”. El CELS destacó que el apartado relativo a las cárceles del informe oficial “se limita a reproducir normas y fallos” pero “las deplorables condiciones de alojamiento” sumadas a “los maltratos y torturas” que sufren los presos “ponen en duda la existencia de políticas concretas destinadas a remediar la actual situación”.

La Comunidad Homosexual Argentina reclamó la modificación de la ley 23.592 para incluir la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Mental Disability Rights International manifestó su “inquietud por la situación de las personas con discapacidad mental” y los abusos en hospitales psiquiátricos. La Fundación Sur Argentina denunció que “el régimen penal de minoridad habilita a los jueces de menores a disponer” de su libertad. Como consecuencia, el 87 por ciento de los 20.000 niños y adolescentes privados de su libertad lo está por situaciones socioeconómicas y sólo el 13 por ciento por causas penales.

HRW cuestionó que no se hayan derogado aún del Código Penal los delitos de calumnias e injurias. La Federación Internacional de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por “la vaguedad de los términos” de la nueva ley antiterrorista. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer cuestionó la no obligatoriedad de brindar educación sexual en escuelas privadas y la “gran heterogeneidad” de normas sobre salud sexual y procreación responsable. Tanto el informe oficial como el resumen de críticas están disponibles en el sitio del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

lunes, 14 de abril de 2008

“Es incompatible que sea el juez”

Reclaman la remoción de Carlos Otero Alvarez por su complicidad con la dictadura

El director de Derechos Humanos de Córdoba pedirá al Consejo de la Magistratura un jury al magistrado que debe juzgar a Menéndez.

Por Diego Martínez
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Luciano Benjamín Menéndez y siete represores, los primeros juzgados en Córdoba por crímenes de lesa humanidad.

El director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, solicitará hoy al Consejo de la Magistratura de la Nación que remueva y someta a un jury de enjuiciamiento al presidente del Tribunal Oral Federal Nº1, Carlos Otero Alvarez, por su complicidad con delitos cometidos durante la última dictadura como secretario del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma. El TOF-1, que deberá juzgar al ex comandante del Cuerpo III general (R) Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete militares en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia, rechazó la semana pasada por “improcedente” un pedido de recusación formulado por la regional local de H.I.J.O.S. Ya en 1990 una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había destacado la “complicidad manifiesta” del juez y su secretario en el secuestro y las torturas a Héctor López Aurelli.

Ex delegado bancario, militante católico y de la Juventud Peronista, “Vitín” Baronetto padeció en carne propia a Otero Alvarez en plena dictadura. El 22 de marzo de 1977 Zamboni Ledesma y su secretario se presentaron en la cárcel de Sierra Chica para tomarle declaración indagatoria, recordó ante Página/12.

–Antes de responder cualquier pregunta, quiero saber por qué mataron a mi mujer –indagó a los funcionarios.

Se hizo un silencio, hasta que Otero Alvarez tomó la palabra:

–Mire, Baronetto. Lo único que puedo hacer es leerle este parte militar.

Leyó entonces un comunicado sobre la muerte de seis “delincuentes subversivos” el 11 de octubre de 1976, mientras eran trasladados desde la cárcel del barrio San Martín a un destino desconocido. “Vehículos civiles” interceptaron a la patrulla, se produjo un “intenso tiroteo” que terminó con seis muertos de un lado y ni un rasguño del otro.

–Eso a mí no me dice nada. Acaban de escuchar a Eduardo De Breuil contar que lo obligaron a presenciar el fusilamiento de su hermano y el comunicado dice que fue durante un “intento de fuga”. Usted sabe que esos partes son pura mentira. Yo quiero saber quién autorizó que mi mujer fuera sacada de la cárcel, ya que estaba bajo las órdenes de ustedes –preguntó Baronetto, detenido junto con su esposa, Marta Juana González, en agosto de 1975, torturados ambos en el centro clandestino que funcionó en el D2 de la policía provincial–. Zamboni Ledesma, ya fallecido, se mantuvo en silencio. Otero Alvarez repitió “no podemos hacer nada” y ante la insistencia de Baronetto su defensor oficial, Luis Molina, le advirtió que “el único perjudicado va a ser usted, deje las cosas como están”.

Baronetto también relatará ante el Consejo de la Magistratura que siete meses antes del golpe de Estado denunció ante el Juzgado que integraba Otero Alvarez las torturas a las que fue sometido junto con su mujer. “Tanto me torturaron que tuvieron que internarme en el policlínico policial. Lo relaté cuando me indagaron, pero no investigaron ni hicieron nada”, relató el actual funcionario.

El documento que presentará incluye una cita de la apelación del defensor oficial Marcelo Arrieta durante el Juicio por la Verdad de Córdoba, en 2003. “Párrafo aparte merece la participación del ex secretario del Juzgado Federal Nº1, Carlos Otero Alvarez, quien en ocho ocasiones autorizó traslados de detenidos en un claro exceso funcional, toda vez que la única autoridad capaz de disponer de los detenidos era y sigue siendo el juez”, apuntó. Al menos treinta detenidos antes del golpe y “trasladados” con el visto bueno de la Justicia después del 24 de marzo fueron asesinados en tiroteos que sólo existieron en los comunicados militares. “En el caso de cuatro personas brutalmente fusiladas el 17 de mayo de 1976, la orden del general (Juan Bautista) Sasiaiñ (jefe del área 311 y responsable de cuatro centros clandestinos en Córdoba) al director de la cárcel para que retire a los presos es anterior a la autorización del Juzgado, que sin embargo nada investigó luego”, agregó Baronetto.

H.I.J.O.S. regional Córdoba recusó a Otero Alvarez por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fundó el pedido en una denuncia contra Zamboni Ledesma y su secretario formulada por el abogado Rubén Arroyo, integrante de la Conadep en 1984, por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos de la Unidad Penitenciaria 1 en 1976, y por el caso de Héctor López Aurelli, que derivó en una penalización de la CIDH a la Argentina en 1990. Secuestrado en noviembre de 1975, López Aurelli fue torturado por miembros del D2 de la policía de Córdoba. En 1979 el Juzgado Federal Nº1 lo condenó a reclusión perpetua. “Las pruebas de cargo que sirvieron de base a su condena fueron confesiones obtenidas bajo tormento y por tanto carentes de todo valor, que no fueron ratificadas en sede judicial pese a las presiones a que se le sometiera”, apuntó la CIDH en su informe 74/90, que destacó la “complicidad manifiesta” del juez y su secretario. “Los jueces federales tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración en su jurisdicción”, concluyó.

Los miembros del TOF-1 Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y el propio Otero Alvarez rechazaron la recusación por “manifiestamente improcedente”. En su defensa, el acusado sostuvo que la denuncia “pretende temerariamente extender” la responsabilidad del juez “a un secretario de juzgado”. Sus colegas coincidieron en minimizar su rol. “Fue sólo en el marco de su función como secretario penal”, escribieron. La “reserva de Casación” formulada por H.I.J.O.S. le permitirá apelar la resolución del TOF-1 cuando concluya el juicio a los genocidas.

“El tribunal dio una respuesta jurídica”, analizó Baronetto. “Lo que vamos a plantear es la sanción de la conducta del ex secretario porque entendemos que antes de ser funcionario judicial era funcionario público, y como tal tenía la obligación de denunciar los delitos que conocía. Es incompatible que sea el juez en esta causa.”

Consultado sobre la posibilidad de que el jury en el Consejo de la Magistratura demore el comienzo del juicio, Baronetto explicó: “Menéndez está condenado por la sociedad y, si esperamos 32 años, podemos esperar unos meses más. Lo que no podemos permitir es que los magistrados queden impunes de esta forma. Todos tienen que ser juzgados, también la jerarquía eclesiástica que sostuvo ideológicamente y los empresarios que financiaron el terrorismo de Estado”.

miércoles, 9 de abril de 2008

Para el juez no tuvieron mérito

Masacre de Trelew: Sastre liberó a dos ex funcionarios
Por Diego Martínez

El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dispuso ayer la falta de mérito de los dos ex miembros del gabinete del presidente de facto Agustín Lanusse denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como autores mediatos de la masacre de Trelew, en 1972. Se trata del brigadier mayor retirado Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación, y de Eduardo Aguirre Obarrio, ex ministro de Defensa de la anteúltima dictadura militar.

Interpol, en tanto, le solicitó al magistrado la traducción al inglés de todas las pruebas que vinculan con el fusilamiento al teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, dueño en Miami de la firma RGB Group, que brinda servicios al Pentágono y a distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. El trámite burocrático exigido por la policía internacional implica demorar no menos de dos meses la captura del principal acusado en la causa, cuya orden de detención se libró el 9 de febrero. Bravo no podrá alegar falta de tiempo para esconderse.

El 13 de marzo pasado, Sastre ordenó las detenciones de Martínez y Aguirre Obarrio. El primero viajó a Rawson de inmediato y se presentó en el juzgado junto con su hijo para certificar sus serios problemas de salud. Sastre ordenó su arresto domiciliario. Los abogados de Aguirre Obarrio presentaron un pedido de eximición de prisión ante el juez Ariel Lijo, quien lo envió por fax a su par de Rawson, pero ante el rechazo de Sastre viajaron a la capital de Chubut para reiterar el pedido con el mismo argumento. El juez también ordenó entonces su prisión domiciliaria.

El domingo, Sastre se trasladó a Buenos Aires para tomarles declaración indagatoria. Ayer por la mañana escuchó a Martínez durante poco más de dos horas. El ex candidato a presidente por la Alianza Republicana Federal derrotado el 11 de marzo de 1973 por la fórmula Cámpora-Solano Lima explicó que seis meses antes, cuando era miembro del gabinete de Lanusse, no tenía ningún poder de decisión. Agregó que no participó de ninguna reunión de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y que, por lo tanto, era ajeno a la eventual decisión de fusilar a los guerrilleros fugados del penal de Rawson. Luego de un breve cuarto intermedio, Sastre resolvió su falta de mérito. Por la tarde, el juez indagó a Aguirre Obarrio, ex defensor del almirante Isaac Anaya durante el Juicio a las Juntas y del ex ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor en el jury que lo destituyó. El abogado explicó cuáles eran sus funciones como ministro de Defensa y aseguró que no participaba en decisiones operativas. Minutos después, Sastre resolvió revocar su arresto domiciliario y dejarlo en libertad.

El juez visitará hoy Marcos Paz para verificar las condiciones de detención de los cuatro oficiales de la Armada que ordenó arrestar en ese penal: el contraalmirante Horacio Mayorga y los capitanes Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Rubén Paccagnini, en tanto el cabo Carlos Marandino está detenido en una comisaría de Rawson. Mientras, Interpol le solicitó al magistrado la traducción de la acusación y de toda la prueba de cargo obrante en la causa que incrimine al teniente empresario Bravo, que abarca desde el relato original de los sobrevivientes hasta la indagatoria del lunes al capitán de navío (R) Jorge Bautista. Fuentes del juzgado estimaron que la tarea encomendada a una traductora local demorará no menos de dos meses y, además, implicará una erogación no menor. En los próximos días, Sastre también deberá resolver la situación procesal de Bautista, responsable del sumario ordenado por el almirante Hermes Quijada para respaldar la versión oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.

lunes, 7 de abril de 2008

Para acelerar las causas

Abogados de derechos humanos analizan las propuestas del Gobierno

Los cinco proyectos de ley del oficialismo para terminar con la impunidad y “dar celeridad a los juicios” que investigan delitos de lesa humanidad cosecharon aprobación y también críticas entre los abogados querellantes.

Por Diego Martínez
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“Sigue siendo imperiosa la necesidad de racionalizar los casos abiertos”, opinó Varsky, del CELS.

El Gobierno presentó en Diputados cinco proyectos de ley con el objetivo de “dar celeridad a los juicios” que investigan delitos de lesa humanidad y “derribar el muro de impunidad”, según explicó el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Se trata de medidas que afectarán a todos los procesos penales, no sólo los relacionados con el terrorismo de Estado: la creación de una nueva Cámara de Casación Penal que descomprima de trabajo a la existente, de una unidad especial para buscar prófugos con un fondo de recompensas, la regulación del sistema de subrogancias en tribunales orales para que los lugares vacantes no demoren los juicios y reformas al Código Procesal Penal de la Nación para acelerar las apelaciones y evitar que argucias de las defensas posterguen la elevación de las causas. Antes de que el Congreso trate las propuestas, Página/12 consultó a abogados querellantes para conocer sus opiniones y recogió aprobación, pero también críticas y sugerencias (ver aparte las observaciones sobre cada uno de los proyectos oficiales).

Luciano Hazán, de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que “van a permitir que los procesos lleguen a juicio antes y no se traben en tribunales con agendas congestionadas”, pero “la manera de tener una Justicia eficiente, capaz de garantizar los derechos de las partes y perseguir el delito, es reformar estructuralmente el sistema, oralizándolo por completo y dando las investigaciones a los fiscales. Se trata de una larguísima deuda de la democracia”. La frustrada reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación subyace a varios de los comentarios. En septiembre el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció un anteproyecto diseñado por expertos, que fue archivado ante la cerrada oposición de la corporación judicial.

Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacó que “para agilizar procesos se debería hacer hincapié en su oralidad y destrabar la etapa escrita, la instrucción, donde sufrimos una demora indebida por recursos y planteos de las defensas. Se podría tomar como ejemplo el sistema alemán: los fiscales investigan sin límite de tiempo y cuando terminan presentan el caso en tribunales, que trabajan esencialmente con el proceso oral”. Yanzón cuestionó los “proyectos parche: no se puede legislar pensando en una problemática de casos. Si quieren modificar estos juicios, lo mejor es que la Corte Suprema imparta órdenes para descomprimir los tribunales orales; que las causas se organicen por centro clandestino o circuito y se unifiquen en la medida de lo posible”.

También Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó que “estas reformas deben ser complementadas por otras medidas específicas, que deben ser dictadas mediante decisiones de superintendencia e involucran especialmente a los jueces. Sigue siendo imperiosa la necesidad de racionalizar los casos abiertos, que los jueces busquen identificar la mejor forma de organizar y acumular casos para no someter a víctimas y testigos a declarar infinidad de veces”.

Ana Oberlin, de H.I.J.O.S. Rosario, destacó como positivo que los proyectos “toman propuestas de organismos y tienden a minimizar maniobras dilatorias de las defensas, que juegan a que sus clientes mueran impunes”. Advirtió que “las leyes pueden promover prácticas diferentes, pero mientras no se modifique la cultura judicial no habrá garantía de justicia”. Y destacó “el riesgo de que parches parciales descalabren el sistema procesal, que debe ser coherente”.

La más crítica fue Myriam Bregman, de Justicia Ya! Los proyectos “no dicen cómo se va a evitar que la carga de la prueba siga estando en las víctimas del terrorismo de Estado; para que no sigan declarando contra genocidas en libertad, algunos en funciones, otros al mando de agencias de seguridad; para que no se desguacen más las causas; para que de una vez por todas haya que dejar de probar caso por caso y se comience a juzgar por lo que realmente se cometió: un genocidio, en el que todos fueron responsables por todos los compañeros”.

sábado, 5 de abril de 2008

“Esto desalienta”

Estela de Carlotto, Abuela de Plaza de Mayo

La titular de Abuelas advirtió que los jueces parecen “no tener un concepto claro sobre los crímenes cometidos por la dictadura”. Destacó la valentía de “una mujer victimizada”.

Por Diego Martínez
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“Esta condena desalienta. La Justicia parece no tener un concepto claro sobre los crímenes cometidos, la indefensión de las víctimas y el agravante de matar a una persona después de torturas salvajes como contexto del robo de niños”, reflexionó Estela Carlotto luego de conocer el fallo del Tribunal Oral Federal 5. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo fue por la mañana a tribunales a escuchar la sentencia, pero ante la postergación volvió a La Plata a organizar su viaje a París, donde se inaugurará el lunes una plaza en homenaje a Madres y Abuelas.

“Los jueces parecen no entender que la falta de un castigo ejemplar es una sanción para toda la sociedad, ya que a corto plazo y con el dos por uno nos obligarán a convivir con los asesinos. Pienso en especial en María Eugenia, qué sentirá ante una condena tan irrisoria”, agregó.

–¿Pudo hablar con ella?

–No pude, estoy preparando el viaje. Ella seguramente está con su abuela, su hermano, los otros nietos. Ya veremos cómo cuestionar esta condena.

–Es la primera víctima que querella a sus apropiadores, ¿lo vive como un triunfo de Abuelas?

–Lo vivo como el resultado de la valentía de una mujer victimizada por la dictadura. Valentía para desafiar a los represores, al matrimonio que la crió, al militar que la sacó de los brazos de su mamá. La criaron con maltratos, desamparo, desatención, y sin embargo es una mujer libre, valiente, con autodeterminación. No es un triunfo de Abuelas. Es un triunfo de ella y de todos los argentinos.

–¿Piensa que quedará como un caso aislado o será el disparador para que otros hombres y mujeres robados denuncien a sus apropiadores?

–En la historia de reconstrucción y reparación de identidades hemos visto chicas que cuando supieron que su padre era represor se cambiaron el apellido. Los nietos que recuperaron su identidad, salvo uno o dos, dejaron de tener contacto con los apropiadores. Y tenemos el caso de una joven que tras recuperar su identidad en La Plata le inició juicio a su apropiador, lo despojó de sus bienes y lo mandó a la cárcel.

–¿Entonces no es el primer caso?

–Es la primera vez que la víctima se presenta como querellante, pero ha habido otras que accionaron de maneras diferentes.

–¿Cómo ve el rol de la Justicia de instrucción? Pienso en el juez Suares Araujo, que citó a un apropiador condenado por su papel en treinta robos de bebés como si fuera un delincuente menor, sin pedir su captura.

–Acabamos de denunciar al juez de San Martín. Cuando volvió la democracia los jueces creían estar ante casos de divorcios, pensaban cómo armar un régimen de visitas. Costó mucho hacerles entender que se trataba de delitos gravísimos y seguimos en lo mismo, nos sigue costando.

–Pasaron treinta años y los militares mantienen intacto el pacto de silencio. ¿Es optimista en que el avance de la Justicia rompa ese pacto?

–Febres le había comentado a su abogado que iba a dar nombres, incluso de superiores. Así le fue: lo mataron. No sé el militar de Córdoba, presunto suicidado, si pensaba confesar algo. Pero no hay casos de represores que salgan del silencio corporativo. Tal vez con el paso del tiempo suceda, pero mientras tanto se nos van muriendo.

–¿Desde el Estado se puede hacer más?

–Sí, sobre todo con el tema archivos. Hay que buscar lo que dicen haber destruido. Puede estar digitalizado o microfilmado en guarniciones militares. Hay que buscar incluso en las casas de estos facinerosos.

–¿Cuántos años más de juicios imagina?

–No puedo dar ese diagnóstico. Seguramente no estaré y los juicios seguirán. Esto va para largo. Esta semana la Presidenta presentó proyectos para agilizar los procesos. La celeridad es clave. Los proyectos les van a fijar plazos estrictos para que las causas no duerman durante años.

–Usted ha contado que su militancia comenzó en 1977...

–La militancia fue con los años –interrumpe–. Cuando empezamos no teníamos idea de que la búsqueda iba a durar toda la vida. Pensábamos que nuestros hijos iban a volver e íbamos a recuperar a los bebés. Eramos ingenuas. La militancia en derechos humanos vino después.

–Le decía que usted ha hecho autocríticas por la indiferencia de la sociedad de la que formaba parte. ¿Dónde se imagina militando hoy si tuviera veinte años?

–Seguramente sería mucho más lúcida y esclarecida políticamente de lo que fui a mis veinte años, en 1950. Vivíamos cada violación a la Constitución, cada golpe de Estado sin mover un dedo. Si tuviera veinte años sería activa, cuestionadora de toda violación a los derechos humanos.

–¿Cómo vive la búsqueda de su nieto en medio de casos que se esclarecen?

–La vivo junto a mis compañeras, las Abuelas, y rodeada de gente joven que trabaja abriendo caminos. Hacemos y hemos hecho muchas cosas significativas, pero queremos hacer más. Ya van a surgir nuevas ideas desde Abuelas para facilitar el encuentro con nuestros nietos.

viernes, 4 de abril de 2008

“Laucha” Corres quedó en la jaula

INTERPOL DETUVO AL JEFE DE GUARDIA DE LA ESCUELITA, EL CENTRO CLANDESTINO DE BAHIA BLANCA

Durante un año y medio consiguió burlar a la Justicia. Pero Interpol lo atrapó ayer al mediodía. “Laucha” Corres administró la picana en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, según declaraciones de los sobrevivientes.

Por Diego Martínez
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El represor Julián Oscar Corres durante su declaración en el Juicio por la Verdad bahiense.

Luego de burlar con éxito a la Justicia y a las fuerzas de seguridad durante un año y medio, Interpol detuvo ayer al mediodía al teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, “jefe de guardias” del centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, según admitió ante la Justicia, y administrador de la picana eléctrica bajo el alias Laucha, según declaraciones de sobrevivientes que recién en 1999 conocieron la identidad del torturador. Una denuncia de Corres ante la Cámara de Casación logró en el año 2000 interrumpir para siempre el Juicio por la Verdad bahiense.

“Todos eran jodidos pero él además gozaba. Después de las sesiones de tortura se acercaba, se identificaba como Laucha y decía ‘me calentás, ahora voy a tocarte’”, relató Patricia Chabat durante el Juicio por la Verdad. Cuando Corres admitió que usaba ese apodo, Chabat confesó que hacía veinte años quería ver “si tiene ojos y manos como cualquier ser humano” y dio el visto bueno para enfrentarlo en un careo. La mujer no le sacó la vista de encima. Corres no pudo mirarla más de dos segundos. “Hago uso de mi derecho, me abstengo de declarar”, dijo impávido y se retiró insultado. “Tengo una sensación extraña –contó ayer Chabat a Página/12–. No estoy contenta, no es la palabra. Espero que lo indaguen, que lo juzguen con todas las garantías y que no le joda la vida a nadie más. Es joven, al menos no tendrá prisión domiciliaria”, agregó.

Cordobés, rubio, tez blanca, ojos claros, clase 1952, Corres egresó del Colegio Militar a fines de 1974, con especialización en inteligencia. Fue destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 21 en Las Lajas. Luego de una comisión en Tucumán, en octubre de 1975 llegó con el grado de subteniente al Cuerpo V bahiense. Fue destinado al Departamento II Inteligencia que encabezaba el coronel Aldo Mario Alvarez (el prófugo de la Justicia con agencia de seguridad propia que denunció Página/12), secundado por el teniente coronel Walter Bartolomé Tejada y el mayor Osvaldo Lucio Sierra, ambos libres e impunes.

Su primera misión fue infiltrarse entre los estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, copada desde febrero de 1975 por los matones del diputado Rodolfo Ponce contratados como “personal de seguridad” por el interventor Remus Tetu. Para cumplir la misión guardó el uniforme, compró varios jeans, se dejó crecer la melena y los bigotes, aunque nunca perdió el corte militar. Los asesinatos de la Triple A de Bahía Blanca, con consentimiento cuando no participación de militar, siguen impunes.

El ginecólogo Alberto Taranto, ex oficial de reserva castigado con cinco días de arresto por negarse a atender enfermos en La Escuelita, contó ante la Justicia una anécdota que pinta al personaje. Frente al cadáver desnudo y ametrallado de una mujer joven asesinada en un tiroteo fraguado después de semanas de cautiverio, abandonado el cuerpo en una bañera del Hospital Militar, Corres le preguntó: “¿Qué te parece de atrás? Yo salí con ella cuando me infiltré en la UNS”.

Oscar Meilán nunca olvidará la voz ronca del suboficial Santiago Cruciani (el Tío, interrogador oficial, muerto sin condena) ordenando “¡Dale de nuevo, Laucha!”. Luego la picana eléctrica sobre el cuerpo desnudo, vendado, atado de pies y manos. Siempre nervioso, charlatán, altanero, Corres contaba orgulloso a compañeros y colimbas que era chofer en los operativos por su habilidad al volante. También participaba en los secuestros. Por un operativo frustrado, en el que no lograron capturar con vida a una pareja de militantes Montoneros, fue condecorado por su “heroico valor en combate”. Algunos sobrevivientes también lo recuerdan en la cárcel de Villa Floresta, ya blanqueados, cuando llegaba con alguna pregunta a partir de datos nuevos. A fines de 1976 fue destinado al Regimiento de Infantería 19 en Tucumán, donde actuó como “jefe de sección, en operativos”, admitió. La Justicia tucumana nunca lo investigó.

Cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca lo citó al Juicio por la Verdad, Corres se negó. Invocó la protección constitucional contra la autoincriminación. No se le ocurrió ninguna excusa cuando la Cámara le respondió que sólo estaba citado como testigo. En la audiencia del 13 de diciembre de 1999 admitió bajo juramento que había sido “jefe de guardias” de La Escuelita, que se hacía llamar Laucha y dependía “del coronel Alvarez”. Contó que “en La Escuelita no se usaba uniforme”, que el movimiento de secuestrados, vendados y esposados era constante. Negó haber participado de interrogatorios y dijo ignorar hacia dónde eran trasladados quienes salían de allí. “El Tío entraba y me los señalaba”, dijo. Cuando la abogada Mirta Mántaras en nombre de la APDH de Bahía Blanca pidió que se lo procesara por falso testimonio, Corres recurrió a la Cámara de Casación Penal, que utilizó la denuncia como pretexto para apoderarse del expediente y paralizar el Juicio por la Verdad.

El 14 de enero, Página/12 informó que la cantidad de prófugos y fallecidos impunes en la causa que instruye el juez federal Alcindo Alvarez Canale superaba a la de imputados. Dos de los cuatro prófugos mencionados ya se entregaron: los tenientes coroneles Jorge Aníbal Masson y Miguel Angel García Moreno. El primero ya fue indagado y aún no se resolvió su situación procesal. Ayer a las 12.50 Interpol encontró a Corres. Salía de un edificio en Córdoba y Uruguay. Sigue prófugo el jefe de inteligencia dueño de la agencia Alsina SRL, coronel Aldo Alvarez.