Un Mundial que quedó en la memoria

JORNADA SOBRE LA OPERACION PSICOLOGICA DE LA DICTADURA HACE TREINTA AÑOS

Fue en Villa Cartón e incluyó radio abierta, debate y por supuesto un partido. Fue para reflexionar sobre la dicotomía entre la Argentina que seguía el Mundial 78 y la que el régimen no quería que fuera visible.

Por Diego Martínez

El homenaje a los que desaparecieron mientras se jugaba el Mundial de Fútbol.

Radio abierta, charla debate, fútbol, chocolate, medialunas y una gran porción de memoria. Ese fue ayer el menú del comedor La Misión, en Villa Cartón, para recordar la más cara y exitosa operación de acción psicológica de la última dictadura militar y rendir homenaje a los desaparecidos durante el mes que duró el mundial de fútbol de 1978. Hoy varios ex miembros de aquella selección volverán a River (ver aparte).

La jornada se tituló “A 30 años del Mundial ’78. Un gol por la memoria”, y fue organizada por militantes de Generación por la Emancipación Nacional (GEN), que de la mano del Grupo Oriente dan apoyo escolar, asesoramiento jurídico y talleres de periodismo a las 250 familias que habitan Villa Cartón, en un extremo del parque Roca, en Villa Soldati.

La Misión incluye una biblioteca modesta y cajas de leche en polvo apiladas sobre un tablón. Las paredes son tan delgadas que los golpes de la pelota parecen mazasos. Un afiche contra la pared recuerda el logo del mundial con algunos cambios. Junto a la pelota hay un Falcon. Las rayas celestes se transforman en rojo hasta convertirse en gotas de sangre.

Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, está en segunda fila pero también en la imagen que se proyecta. “Ellos gritaban ‘ganamos’, nosotros pensábamos ‘perdemos’”, relata en el video. Las quince madres de piel curtida que cada día preparan mil raciones de comida para los pibes miran sin pestañear. Raúl Cubas cuenta que lo mandaron a cubrir una conferencia de prensa de Menotti. “Pensé en decirle ‘estoy secuestrado, haga algo’, pero no me animé.” Videla arenga al plantel como si fuera su tropa. Estela Carlotto cuenta que su familia gritó los goles. Fin del video. Aplausos. Ricardo Dios presenta al panel: el escritor y abogado Pablo Llonto, Aurora Zuco, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Agustín Cetrángelo, de HIJOS y también de GEN.

“Formé parte de la juventud que salió a festejar, que pensó que la patria era la pelota y la pelota la patria, que creyó en los medios cuando predicaban ‘algo habrán hecho’ y la ‘campaña antinacional’”, confiesa ante un centenar de personas Llonto, periodista deportivo, querellante contra represores y autor de La vergüenza de todos, esa sensación inevitable de los argentinos de más de cincuenta que combinan memoria con capacidad de autocrítica. “¿Qué se repite hoy? Ante todo el rol de los medios de comunicación. Ocultaban e inventaban, y siguen en las mismas manos”, explica. “Construyan sus propios medios”, les propone a los pibes. Luego pide “disculpas públicas a quienes entonces luchaban”. Daleo le agradece.

Agustín, 30 años, recuerda que su viejo, “El Ruso” Sergio Cetrángelo, fue a ver un partido. “Qué loco ¿no? Porque él luchaba. ¡Estaba clandestino! Tal vez necesitaba meter la cabeza en el freezer”, piensa en voz alta. “En una carta contó que le planteó a la conducción la necesidad de meter la cabeza en el freezer. Lo bajaron al último rango. También luchaba por la alegría, otra forma de resistencia”, enseña. “Nuestras banderas son las mismas. No las vamos a bajar hasta que no haya pobres”, concluye.

“La mitad de la sociedad es infame. No creo que no supieran. Las monjas dejaron de saludarme”, recuerda Aurora Zuco, pañuelo y “abuela de Carlos Pisoni” como carta de presentación. “Hoy recordaba el desabastecimiento contra Perón. Antes decían ‘la pe de Evita’, ahora lo mismo, usan un manual”, reniega. “La lucha la van a seguir ustedes, el pueblo digno, trabajador, no esos infames con sartencitas. Podrían donarlas”, sonríe. La charla termina. Cada pibe levanta una vela con el nombre de un caído. Gritan su nombre y todos responden “¡Presente!”. Arranca el baile.

Mabel, coordinadora del comedor, vuelve al presente. “No podemos enchufar las estufas. Los cables se recalientan. Ya se nos quemó una casa. No tenemos cloacas ni agua corriente. Hay un montón de chicos con neumonía y una salita sin médico. Y el micro va a dejar de pasar porque Desarrollo Social no les pega. Macri nos quiere tirar al Riachuelo”, resume. Luego le da la razón a Llonto. “Ese Chiche vino con las cámaras sólo para decir que teníamos DirecTV, un canalla”, explica. El periodista, que no había dado nombres, saca un ejemplar de Gente y le muestra a Gelblung en Europa denunciando la “campaña antiargentina”.

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Hoy, de la ESMA a River

Al mediodía arrancará la marcha desde la ESMA hacia la cancha de River. A las tres de la tarde, el partido en el Monumental, que incluirá a varios ex integrantes de la selección de 1978. No bien concluya, un recital en vivo, con el Flaco Spinetta, Liliana Herrero y otros artistas. Todo será libre y gratuito, para que nadie tenga excusas. La organización de La Otra Final, el postergado desagravio a las víctimas del terrorismo de Estado mientras se desarrollaba el Mundial de Fútbol de 1978, corre por cuenta del Instituto Espacio para la Memoria. La marcha, con la bandera de miles de rostros de desaparecidos, concluirá con una vuelta olímpica sobre el césped de River. En la cancha transpirarán Alberto Tarantini, Jorge Olguín, Héctor Baley, Luis Galván, Miguel Oviedo, Omar Larrosa, Daniel Valencia, Ricardo Villa, Oscar Ortiz, René Houseman y Leopoldo Luque, miembros del plantel que conducía César Menotti. Al escenario subirán también los músicos Lito Vitale, Daniel Viglietti, Horacio Fontova y Arbolito, entre otros. El final está previsto para las 18. Canal 7, Radio Nacional y ETER realizarán coberturas especiales. Auspician las secretarías de Derechos Humanos, Deportes y Cultura de la Nación.

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Timarchi quiere ser inimputable

Uno de los acusados por la Masacre de Fátima pidió su absolución y además dijo que no estuvo

El alegato de los defensores de los policías acusados por el asesinato de treinta personas secuestradas en la Superintendencia de Seguridad Federal apuntó a demostrar que son “chivos expiatorios”. El miércoles se escuchará a la querella y a la fiscalía.

Por Diego Martínez

La agrupación Hijos realizó un escrache frente a la Superintendencia de Seguridad Federal.

Es inimputable. Así concluyó el petitorio del alegato del comisario Miguel Angel Timarchi, juzgado junto a Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone por la Masacre de Fátima, la ejecución sumaria de treinta personas previo secuestro en Superintendencia de Seguridad Federal en agosto de 1976. Sus defensores sugirieron la existencia de una conspiración de vieja data con ramificaciones mundiales, explicaron que los imputados son “chivos expiatorios”, pidieron la absolución de Timarchi pero por si las moscas aclararon que por su estado psíquico era “incapaz de actuar conforme a su voluntad”. El juicio en el Tribunal Oral Federal Nº 5 seguirá el miércoles con las réplicas de querella y fiscalía.

Timarchi y su legajo sostienen que al tiempo de la masacre llevaba diez meses de licencia médica por la explosión de una granada. Tanto el fiscal Félix Crous como los abogados del Cels destacaron que el operativo de octubre de 1975, de madrugada, en un Falcon no identificable, con cuatro agentes de civil y ametralladoras, no sólo sugería una dudosa legalidad sino también buenos motivos para integrarse al Estado terrorista después del 24 de marzo. Para Carlos Broitman no hubo nada anormal. “Raro sería que hubieran ido en un camión de bomberos tocando la sirena”, ironizó. El pintoresco abogado sugirió que las catorce víctimas no identificadas muestran que no todos estaban secuestrados en Superintendencia y que en realidad fueron trasladados a otro centro clandestino del Cuerpo I de Ejército, escala previa a Fátima. La ingeniosa hipótesis no prueba que la Policía Federal haya sido ajena a la ejecución, pero le permite tomar distancia. Broitman repasó cada testimonio para mostrar que la mayoría no menciona a su cliente. Luego atacó a quienes sí lo nombraron. Como en los ’80 se reunían con antropólogos para identificar a las víctimas, concluyó que “preconstituyeron prueba para este debate”. Dedicó especial atención a Armando Luchina, ex guardia que en 1985 mencionó al “principal Trimarchi” entre los presentes la madrugada de la masacre y lo reiteró este mes, mirándolo a los ojos durante un careo. Broitman sugirió que esa noche Luchina no pudo haber estado presente y que “confunde los períodos de la lucha contra la subversión” (sic). Luego dio por sentado que vio a Timarchi, pero cuestionó que no supo describir qué tipo de órdenes daba.

Su colega Héctor Amarelle intervino para decir que “se han plantado pruebas” para “cubrir a los verdaderos responsables”. Luchina es parte de “un plan de acción premeditado”, no explicó por quién. “Este proceso es desastroso”, dijo. Se juzga a “tres chivos expiatorios”. A Gallone “por haber estado a los abrazos con las Madres, por evitar que las cagaran a palos, por eso es un traidor de los represores” (sic). Timarchi “no nos quiso decir, pero algo tiene”, tal vez “problemas con posteriores funcionarios de este gobierno o con la prensa”. Lapuyole, no se sabe. Sobre el relato de Timarchi y su rol en el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, citado en un libro de John Dinges, ex corresponsal del Washington Post, Broitman elucubró que pertenece a una organización que comparte financiadoras con los querellantes, todos complotados contra su cliente. Esos crímenes fueron en mayo de 1976, cuando Timarchi estaba de licencia y, según él, no salía de su habitación. El abogado dejó entrever que, al momento de hacer uso de sus últimas palabras, antes de la sentencia, Timarchi se referirá al tema.

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“Era insensible a cualquier ruego”

DETUVIERON AL REPRESOR DE LA ESMA RAUL AGUSTIN CEJAS

La detención se produjo una semana después de que el colectivo Justicia Ya! hiciera público su nombre y dirección. Los sobrevivientes lo habían reconocido en una foto en el Juicio a las Juntas, pero nunca había estado en prisión.

Por Diego Martínez

El represor detenido era uno de los suboficiales de la guardia de inteligencia de la ESMA.

Veintitrés años después de que los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada reconocieran su fotografía durante el Juicio a las Juntas, décadas durante las cuales gozó de absoluta impunidad, la Policía Federal detuvo a Raúl Agustín Cejas, suboficial de Inteligencia de la Armada denunciado como torturador e integrante de las patotas del G.T. 3.3.2 durante la última dictadura militar. La detención, ordenada por el juez federal Sergio Torres, se produjo una semana después de que el colectivo de organizaciones Justicia Ya! hiciera público su nombre, apellido y dirección. El magistrado confirmó a Página/12 que Cejas fue detenido el miércoles por la noche en su casa de Capital Federal. “El peso de aportar los datos sigue recayendo en los sobrevivientes”, lamentó ayer Enrique Fukman, quien recuerda a Cejas con el alias “Leo” como miembro del grupo que lo secuestró y participó luego de su primera sesión de torturas.

Cejas fue fotografiado en la ESMA por el sobreviviente Víctor Melchor Basterra, obligado a trabajar por sus captores. Los negativos que Basterra sacó arriesgando su vida durante las primeras salidas transitorias fueron publicados en 1984 en un dossier del Centro de Estudios Legales y Sociales. En 1985, ante la Cámara Federal de Capital Federal que juzgó a los ex comandantes, varios sobrevivientes reconocieron cada una de esas fotos. Pero al momento de sancionarse las leyes de impunidad la Justicia no había ordenado su detención. En octubre de 2005, tras la reapertura de la megacausa ESMA, el fiscal Eduardo Taiano lo incluyó en su dictamen. “Cejas, alias Leo, sosías Ramón Carnesalli. Suboficial segundo de Infantería y auxiliar de Inteligencia del G.T. 3.3.2 de la ESMA, donde fue visto entre 1977 y 1983”, escribió.

En diciembre, cuando la imagen de Carlos Lordkipanidse apareció en los medios tras la muerte por envenenamiento del prefecto Héctor Febres, una persona lo llamó para denunciar que conocía el paradero del represor. “Me contó que pese a ser jubilado de la Armada y no tener otra ocupación conocida era dueño de varias propiedades y autos, incluido un Chevrolet Meriva cero kilómetro”, recordó Lordkipanidse. El jueves pasado, en conferencia de prensa, Justicia Ya! hizo públicos los nombres de siete represores cuya detención había solicitado, sin éxito, al juez Torres. La denuncia incluyó la dirección de Cejas. “Pedimos su detención en forma urgente para que no se profugue”, contó la abogada Myriam Bregman.

“Era el típico zumbo de la Marina: pelo crespo, ojos achinados, tremenda cara de hijo de puta y una característica especial: el blanco de los ojos era en su caso completamente amarillo, tal vez por alguna enfermedad hepática”, recuerda Lordkipanidse, quien reconoció su foto en 1987 a instancias del entonces fiscal Julio Strassera durante la instrucción de la causa ESMA que truncaron poco después las leyes de punto final y obediencia debida. “Me dio máquina después de llegar a la ESMA por una cuestión totalmente banal: que le dijera cómo hacerse de un Fiat 600 de la empresa gráfica donde yo trabajaba. Había encontrado una copia de la llave en mi casa y era evidente que lo quería para él, ya que a la Armada no le servía como vehículo operativo. Yo gritaba que no lo tenía pero me reventó, era absolutamente insensible a cualquier ruego”, agregó el sobreviviente. En los primeros meses de 1979 fue también “Leo” quien le comunicó a Lordkipanidse que sería trasladado a cumplir labores de su especialidad, la fotografía, mientras que su mujer sería asignada a trabajar en el archivo periodístico de la “Pecera”.

“Era un tipo callado, muy cerrado. Durante nuestro trabajo esclavo en la ‘Pecera’ teníamos trato diario con él porque era uno de los suboficiales de la guardia de Inteligencia. Se ocupaba, junto con Hormiga González, del manejo de las fichas y del movimiento de los secuestrados. Además era buzo táctico, él lo comentaba”, recordó Cachito Fukman, secuestrado el 18 de noviembre de 1978. “Participó de mi secuestro y también estuvo presente durante las sesiones de tortura que conducían los oficiales. Los suboficiales participaban como apoyo”, agregó. Fukman recordó haber visto su foto durante el Juicio a las Juntas en 1985. “¿La Justicia nunca le preguntó a la Armada quiénes eran los tipos de la foto? Todos miran para arriba. Hasta que los sobrevivientes no entregamos el último dato el Estado no hace nada. El de Cejas es apenas el último caso”, razonó.

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“No hay que replicar este sistema”

Debate sobre la creación de una policía judicial

Por Diego Martínez

La creación de una policía con la función de auxiliar investigaciones judiciales es un viejo caballito de batalla de la corporación. Separar de las investigaciones de jueces y fiscales a agentes operativos o de prevención suele plantearse como solución a todos los males. Especialistas consultados por Página/12 relativizan su utilidad si no es parte de un cambio profundo en las prácticas de magistrados y fiscales. Subyace a sus opiniones la frustrada reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación: un anteproyecto diseñado por expertos, anunciado en septiembre por el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, pero archivado ante la cerrada oposición de la familia judicial.

“La separación entre la prevención del delito y la investigación criminal existe en gran parte del mundo”, explicó Ricardo Mendaña, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. “En Estados Unidos, el FBI sólo investiga. En Europa, Chile, Panamá, México, Colombia o Venezuela, las policías de investigación dependen del procurador. Partiendo de esa base soy partidario de tener policías diferenciadas”, agregó. Si bien celebró la instalación del tema en la agenda pública, consideró que “sería un error mantener una única policía con estas dos funciones tanto como crear una policía judicial que dependa de la Corte Suprema”. Postuló dos alternativas: “Que ambas, separadas y con regímenes distintos, dependan del poder administrador, o que la judicial dependa funcionalmente de la Procuración General”.

Para el penalista Alberto Binder, “la Justicia federal necesita una modificación mucho más profunda del sistema de investigación de delitos”. Sin embargo, tras la frustrada reforma y “en el contexto de atraso y obsolescencia del modelo de investigación penal actual del ámbito federal no tiene mucho sentido”. Binder aclaró que “en general la policía judicial tiene buena prensa, suele verse como positiva, pero no necesariamente lo es. Funciona en determinados contextos. Como medida aislada no cumpliría ninguna función y, peor aún, podría significar la ratificación del modelo antiguo, su integración a las deficiencias actuales”.

Luciano Hazán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo que “en causas con fuerzas de seguridad involucradas la creación es positiva: evitaría la participación de la Policía Federal en medidas de prueba. También hay consenso en que mejoraría las investigaciones. Sin embargo, la policía judicial debería ser parte de una reforma estructural al sistema de justicia penal federal, vieja deuda de la democracia”. Opinó que “es necesario no replicar este sistema perverso, ineficaz y obsoleto, dentro del cual se integraría al mismo modelo de investigación que cumple la Policía Federal”. La nueva policía “debería funcionar bajo la órbita del Ministerio Público, no de los jueces”. Hazán consideró “extraño que el acuerdo sea con la Corte y no con el procurador, ya que debería depender de los fiscales. Ponerla al servicio de los jueces es una mala señal”.

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El represor quiere anular el juicio

Alegato de la defensa por la Masacre de Fátima

Por Diego Martínez

El juicio por la Masacre de Fátima, como se conoce a la ejecución de 30 personas en 1976 previo secuestro en Superintendencia de Seguridad Federal, continuó ayer con el alegato en defensa del comisario retirado Carlos Gallone. Los abogados Adrián Tellas y Martín Cardoso reiteraron que su cliente estaba en Mar del Plata y se esmeraron durante tres horas en de-sacreditar a los testigos. Hoy será el turno de la defensa oficial de Juan Carlos Lapuyole.

Miembro del estudio Orgeira que defendió a Roberto Viola en 1985, Tellas planteó que tanto el juez Daniel Rafecas en su elevación, como el fiscal Félix Crous y la querella del CELS en el alegato, se refirieron al rol de Gallone desde el momento de los secuestros. Como fue indagado sólo por la masacre, pidió la nulidad del juicio, sin vueltas. Al final argumentó que los delitos estaban prescriptos, que las leyes de impunidad que la Corte Suprema declaró inconstitucionales y el Congreso nulas son “inobjetables” y que los delitos de lesa humanidad “son amnistiables”.

Cardoso dijo que los testigos sólo “saben de oídas”. En parte es cierto e inevitable: los dinamitados no están; los camaradas de su cliente no hablan, unos por “temor de quedar imputados”, otros porque “desaparecieron de los lugares que frecuentaban”, confió Tellas. Sobre quienes no tocan de oídas, Cardoso objetó que “no deben hablar entre sí” antes de declarar. Como durante treinta años hablaron, infringieron “el artículo 384 del ritual”. El abogado no ocultó sus saberes extrajurídicos. Si Horacio García Gastelú era conscripto en una base naval “lo lógico es que lo hubiera secuestrado la Marina”. “Es poco creíble que pudieran espiar” por debajo de la venda. Si un testigo fue torturado con saña, “¿cómo pudo preocuparse por retener nombres? Deberían tener pánico, rezar”, razonó indignado.

Ambos se esmeraron en cuestionar al testigo Armando Luchina. “Confunde períodos de la lucha contra la subversión” (sic), dijo Cardoso. Consideró “infantil” que, como guardia, el entonces cabo primero no exigiera identificación de superiores y militares. También le resultó incomprensible que se animara a espiar ficheros secretos. Habría desaparecido “en los vuelos”, dijo. La masacre fue “una represalia de otra fuerza” por el asesinato del general Omar Actis, que Gallone, humilde inspector, no pudo ordenar ni impedir. Sugirieron que las catorce víctimas no identificadas “no salieron de Superintendencia, o bien salieron uno o dos días antes” hacia otro centro de detención, escala previa a la masacre. En ambos casos, claro, Gallone no habría participado de los homicidios.

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Una bolsa con “un mensaje macabro”

Enviaron un cráneo a una regional de H.I.J.O.S.

Por Diego Martínez

Dirigentes de H.I.J.O.S. exhiben, junto a Madres, fotos del cráneo recibido.

H.I.J.O.S. regional Alto Valle junto con organizaciones sociales y de derechos humanos de Neuquén denunció haber recibido “un mensaje macabro”: un cráneo completo, con piezas dentarias, sin un gramo de tierra, en una bolsa de cemento. “Es mucho más que una amenaza”, consideró Gervasio Díaz, miembro de la agrupación. El mensaje llegó la misma mañana en que H.I.J.O.S., junto a grupos estudiantiles y partidos de izquierda, se reunió con la rectora interina de la Universidad Nacional del Comahue para exigir que se presente como querellante en la causa por la desaparición de Sergio Avalos, por cuyo encubrimiento acababan de denunciar al gobierno de Jorge Sapag, y a poco más de un mes del comienzo del primer juicio por delitos de lesa humanidad contra represores de La Escuelita neuquina.

La bolsa apareció el jueves 12 frente a la medianera que separa dos casas de miembros de H.I.J.O.S. “Fue entre 6.30, cuando pasa el basurero, y 8.30, cuando la encontraron. No estuvo demasiado tiempo a la intemperie porque hay perros en la cuadra y no había sido rasgada”, precisó Díaz, que habita una de las dos viviendas. “Como ese día nos íbamos de la ciudad, los compañeros decidieron guardar la bolsa y esperar nuestra vuelta. El miércoles, no bien nos enteramos, decidimos hacer la denuncia ante la Justicia”, que recibió el fiscal José Rodríguez Chazarreta. “Es una amenaza: a nadie se le cae un cráneo y menos entre dos autos parados. Y es también un mensaje macabro”, agregó Díaz. A modo de hipótesis destacó tres actividades de su ámbito de militancia.

Dos días antes del mensaje, al cumplirse cinco años de la desaparición del estudiante Sergio Avalos, un pibe humilde a quien se le perdió el rastro al salir de una bailanta, organizaciones y partidos de izquierda denunciaron al gobierno del Movimiento Popular Neuquino “por encubrimiento y complicidad” y a las autoridades de la UNCo por “inacción y falta de interés en el esclarecimiento”. Para el día después ya habían anunciado una movilización a la Casa de Gobierno. No es el único desaparecido de la provincia: el domingo 8, al salir de un boliche cerca del río Limay, también se perdió el rastro de Martín Gustavo Osés, de 23 años.

Otra actividad que los moviliza es el inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad de Neuquén, que impulsa desde hace 25 años la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local. Rendirán cuentas ocho represores de La Escuelita. El mes pasado, en el predio donde funcionó, se encontraron restos óseos enterrados. “Intervinieron antropólogos de policía, pero no el Equipo Argentino de Antropología Forense. La Justicia los hizo analizar y concluyó que eran de guanacos, pero no desvinculamos ese hallazgo con el mensaje del cráneo. Tampoco con la policía, ya que una de las hipótesis del caso Avalos es que estuvo en una comisaría”, agregó.

La tercera tarea de H.I.J.O.S. en los últimos meses fue denunciar a Luis María Fernández, ex auditor del Ejército, profesor del Colegio Militar durante la dictadura y de la Escuela de Policía desde 1991, designado por el ex gobernador Jorge Sobisch como juez de la Cámara Criminal que hoy juzga al cabo Darío Poblete después de haber colaborado en su formación.

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Regreso al peor de los infiernos

CINCO SOBREVIVIENTES DE LA DICTADURA RECORRIERON EL EX CENTRO CLANDESTINO DE LA POLICIA FEDERAL

Por Diego Martínez

“Sentimos ganas de pedir un minuto de silencio”, dijo Cabrera.

“Es increíble ver los calabozos con las leyendas ‘incomunicados’ o ‘menores’, abrir la puerta y ver los colchones, ver que siguen siendo calabozos. Uno se queda sin palabras. Por el sufrimiento, el drama, las chicas embarazadas que estuvieron ahí y la resistencia de tantos compañeros, hace rato que debería ser un espacio para la memoria”, reflexiona el ex sacerdote irlandés Patrick Rice. “Sentimos ganas de pedir un minuto de silencio por tantas vidas que quedaron ahí, pero no nos animamos”, confiesa su compañera Fátima Cabrera, ex catequista del grupo del padre Carlos Mugica en la villa de Retiro.

Ambos se refieren a la ex Superintendencia de Seguridad Federal, actual Superintendencia de Interior y Delitos Federales, un edificio gris como cualquier otro si no fuera porque allí funcionó el centro de torturas y exterminio más cercano al Obelisco porteño. El matrimonio junto con otros tres sobrevivientes recorrió ayer el tercer piso de Moreno 1417 en compañía del juez federal Daniel Rafecas, quien instruye la causa. El martes, a partir de las 18.30, la agrupación H.I.J.O.S. Capital convoca a un escrache contra lo que considera “un símbolo de la impunidad de la historia argentina”.

A apenas una cuadra del Departamento Central de Policía, la ex sede de “Coordinación Federal” fue desde los ’60 el eje de la represión política del área metropolitana. Desde Onganía en adelante, “Coordina” fue sinónimo de castigo y tortura. Desde allí operaron las patotas de la Triple A a partir de 1974. De allí sacaron a los treinta masacrados en Fátima, primera ejecución masiva de la Policía Federal que llega a juicio oral y público, cuya sentencia se conocerá a mediados de julio. Una delegación de la Conadep junto a sobrevivientes recorrió el edificio en 1984. Sin embargo, nunca dejó de ser una repartición pública.

En el playón donde el 20 de agosto de 1976 fueron cargados los treinta moribundos luego dinamitados, un escudo con un águila en el centro aún reza “honor y lealtad”. En el hall de planta baja una llama recuerda a los “caídos en cumplimiento del deber”. En el tercer piso, epicentro del ex campo clandestino, funciona el departamento de Delitos Ambientales. “Cuando el ascensorista preguntó ‘a qué piso’, pensé ‘cualquiera menos el tercero’. Su sola mención evoca el horror”, recuerda Rice. “No bien me sacaron del ascensor me metieron en una oficina donde me torturaron por primera vez”, relató Francisco Loguercio al juez.

A simple vista sólo las fotos de uniformados con bigote reglamentario en cada piso distinguen a Superintendencia de cualquier oficina pública. “La Virgen estaba ahí –señala Rice–, me la mencionó el embajador” de Irlanda, quien intercedió para rescatarlo. Los tres escalones que precedían a la puerta tijera que los sobrevivientes recuerdan están semicubiertos por una rampa. Hay un pasillo angosto y, tras la “sala de extracción de efectos”, los calabozos. Ya no son dos hileras de cinco. Los últimos fueron modificados. “Yo caminaba un kilómetro por día. Dos pasos de ida, dos de vuelta”, recordó Franco Castiglioni ante la mirada de los abogados Alcira Ríos, Pablo Llonto, Carolina Varsky, Julieta Parellada y también la de un oficial largo y flaco de pipa y mostacho de historieta con pistola en la cintura. Las paredes entonces repletas de escritos hoy están pintadas de un verde lavado. Tres carteles indican “femeninos”, “incomunicados” y “menores”. Las camas son de material. Las rejas fueron reemplazadas por tramas de hierro para que nadie muera sin consentimiento.

La tercera hilera de calabozos y la sala contigua donde se inyectaba a los secuestrados antes de trasladarlos ya no es un depósito humano sino judicial. Hay ropa, zapatillas y discos de marcas falsas. “A este calabozo oscuro me trajo un par de veces un guardia que intentó violarme. Cuando se lo conté a Juan Mainer, me dijo ‘la próxima vez gritá fuerte y empezamos a golpear las puertas’. Su consejo me salvó”, relató Cabrera ante el juez. “Yo tenía 17 años y Mainer 16. A la distancia, después de ver crecer a nuestros hijos, parece mentira haber estado ahí tan jóvenes”, reflexiona.

“El ruido del metal cada vez que se abría o cerraba la mirilla del calabozo era tremendo. Significaba que buscaban a alguien y nos ponía en alerta”, explica y muestra Castiglioni, ahora del lado de afuera.

–Las baldosas son las mismas. Era lo que más veíamos. Y el lugar estaba fresquito como ahora –sonríe.

–Sí, pero teníamos menos ropa –acota Adrián Merajver. En ambos casos el humor parece imprescindible para amortiguar los golpes de la memoria.

En la “leonera” donde Rice oró el Día de la Madre de 1976 para el resto de los cautivos, “flacos y barbudos dignos de Auschwitz” en sus palabras, hoy hay lockers de chapa y un par de camas, la más lejana con un hombre que ronca indiferente a la inspección ocular. Cuesta ubicar la segunda “leonera”. Del cotejo con los planos dibujados por sobrevivientes surge que la sala ya no existe. Formaría parte de un ambiente más amplio donde funciona la videoteca de Delitos Ambientales, que incluye una colección de Jacques Cousteau y títulos memorables como Las gaviotas cangrejeras.

“Impresiona ver ese lugar de sufrimiento y horror igual que entonces, ver que la impunidad sigue, que la gente trabaja en oficinas como en 1976. Es terrible saber que por allí pasaron compañeros desaparecidos y ni siquiera es un espacio de la memoria”, lamenta Cabrera. Con ese reclamo elemental los H.I.J.O.S. convocan el martes a las 18.30 en Rivadavia y Callao, desde donde marcharán hacia el escrache de Superintendencia.

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Una tarde de cacerolas

HUBO PROTESTAS EN LAS CALLES PORTEÑAS

Las manifestaciones a favor del campo se repitieron en varios barrios de la Capital Federal. En Callao y Santa Fe eran pocos y ni siquiera llegaron a cortar la calle.

Por Diego Martínez

“¡Si son ricos que lo disfruten! Las retenciones son inconstitucionales”, vociferó una cacerolera.

Santa Fe y Callao. Atardecer frío. Una cincuentona le tira los pelos a otra. Le arrastra con furia la cabellera roja. Varias insultan. “¡Denle la espalda!”, proponen. La colorada se aleja.

–¿Qué pasó? –pregunta el cronista, recién llegado.

–Es paraguaya. Preguntó por qué cortábamos la calle. ¿Por qué no se va a Paraguay?, le dijimos –explica una mujer, vincha celeste y blanca.

Todos tocan bocina. ¿Señal de apoyo? Ninguno frena. Hay treinta personas de un lado y veinte del otro. No hay cacerolas de teflón.

–El Gobierno quiere generar caos. Es autoritario. Hacen todo para reprimir y mandar a la gente en cana –cuenta un hombre de 40 años.

–Reprimieron –dispara el cronista.

–¡Claro! A De Angeli.

–¿Hubo heridos?

–No.

–¿Los golpearon?

–No. Subieron a 19 a un camión. Ya los liberaron.

Los hijos de los campesinos no vinieron. Edad promedio: medio siglo. Dos carteles: “Basta de odio, Cristina” y “Alí KK y sus 40 ladrones”.

“Son desastrosos. Les sacan la plata a los campesinos”, explica una anciana, setenta largos, tapado de piel, varias capas de pintura.

–¿Les sacan porque son ricos? ¡Si son ricos que lo disfruten! Las retenciones son inconstitucionales, tengo hijos abogados. Fernández dijo que no iban a lastimar a nadie y Gendarmería lastimó a un montón de gente, mujeres, chicos. ¡Son todos montoneros!

–¿Recuerda una represión semejante?

–Sí, cuando se fue De la Rúa.

–En 2001 hubo decenas de muertos.

–El problema es que acá se oculta todo, hijo –explica.

–¿Salió a la calle en 2001?

–No, mi marido no me dejaba. Pero ahora soy viuda –celebra.

Su compañera interviene. “Soy jubilada, fui empleada pública. Esta mujer odia al pueblo. Lo explicó el cura en lo de Grondona. ‘El Gobierno necesita una figura maternal’, dijo. ¿Vos sos periodista?” El cronista asiente. “¡Odia a los periodistas! Lo veo por la televisión, porque ni diarios leo –confiesa–. Menem robaba pero era vivo, compraba casas. Esta habla del marido... ¡Hace quince años están separados! Y tiene un montón de amantes. ¿Por qué creés que la hija no la quiere? Mirá la chilena. Le mataron al padre y fue al velorio de un general. ¿Sabías que a las viejas les dan una subvención?

–¿A las Madres de Plaza de Mayo?

–Sí, esas que tienen los hijos en Francia. Las tienen de idiotas útiles. Y ese D’Elía, ese Moyano, tipos de baja estofa...

–¿De Angeli?

–Es un gringo bruto pero va a convertirse en líder –vaticina.

–No entendí la mención a la presidenta Bachelet.

–Acá los milicos ni ropa tienen –señala a dos policías. Hablo de estos. A los otros, los militares, no los entiendo. No viví la época agresiva, estaba en San Juan.

La amiga la interrumpe. “Yo viví acá y ojo: lo del triunvirato fue tremendo”. Luego mira al cronista:

–Estos no son peronistas. Son kirchneristas.

–¿Le gustaba el peronismo?

–Noooooo. Pero éstos son terroristas. ¿La gente que mandan de-saparecer (sic) y no aparece? Nelson Castro, gran periodista, dijo que Kirchner es el hombre más rico del país. ¡Mírelo! Mire a Grondona, al Tata Yofre, los viajes que hacen –redondea Bicha, que accede a dar su apodo. La señora del tapado, pese a que enviudó, no da su nombre.

Rubén, 35 años, empleado de una empresa, cuenta que salió “por la soberbia, el autoritarismo. Esto parece una tiranía. Le meten la mano en el bolsillo a la gente, tengo familia en el campo. No tienen una política económica, no hay inversión pública, no dan planes sociales, lo único que hacen es el tren bala. ¿Qué hacen con la plata?”.

“Estoy acá porque soy profesional y vivo muy mal –explica una joven médica–. Y te aclaro que no tengo una hectárea. La Presidenta dice que representa a todos, pues entonces sepa que lo hace muy mal. El 80 por ciento acá no somos del campo, hacé un sondeo.” El sondeo coincide.

“Aunque lo intenten, el campo y la ciudad siempre unidos por Argentina. ¡Viva el campo!”, dice el cartel. Arriba, dos veinteañeras y su madre.

–¿Del campo o de la ciudad?

–No es nuestro –se atajan las estudiantes de la Universidad de Palermo.

–Soy de Bahía Blanca –cuenta la madre–. Salimos a comprar el regalo del Día del Padre y, bueno, aquí estamos –sonríe.

–¿Solidaridad con el campo?

–La Presidenta dice que ganó por el cincuenta por ciento de los votos, ¿pero no debe gobernar para todos?

–¿Siente que no gobierna?

–Bueno, vine por la ruta, hay montones de cortes.

Dos muchachos pintaron su combi: “Viva la Patria. Basta Cristina”. La multitud se redujo de cincuenta a veinte personas. El cronista pega la vuelta. Desde una publicidad de Caras y Caretas, Julio Cortázar tira un guiño: “El campo es ese lugar donde los pollos se pasean vivos”.

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Para ver y oír los juicios

Impulsan la transmisión de audiencias penales por radio y TV

La difusión a través de los medios de los procesos orales y públicos contra represores sería obligatoria para los canales del Estado si prospera un proyecto de ley presentado por la CC. Ahora depende de cada tribunal.

Por Diego Martínez

En el juicio a Menéndez, la transmisión oficial puede verse en vivo en toda la provincia.

¿Son públicos los juicios “orales y públicos”? ¿Por qué los cordobeses pudieron escuchar y ver en vivo la arenga patriotera del general Menéndez y la sociedad no pudo escuchar ni ver al ex policía Miguel Timarchi cuando explicó a los jueces que hacía años esperaba la oportunidad de “poder decir mi verdad” y que “me han metido en una bolsa donde nunca estuve”? La posibilidad de que la sociedad pueda seguir por radio y TV las audiencias de los juicios contra represores o bien deba conformarse con crónicas de prensa de los escasos medios interesados podría dejar de depender del criterio de cada tribunal. De aprobarse un proyecto presentado por la Coalición Cívica, los magistrados ya no tendrán la facultad de prohibir la difusión de las audiencias. No sólo eso: el Estado, por medio de sus canales y su radio, tendrá obligación de emitir cada día un informe de una hora sobre todos los juicios orales y públicos, de Ushuaia a La Quiaca.

En 1985, durante el histórico Juicio a las Juntas Militares y con una democracia en pañales, la Cámara Federal porteña sólo autorizó la emisión de diez minutos de imágenes por día, pero sin sonido. Debieron pasar dos décadas para que un represor volviera a sentarse a dar explicaciones. En el juicio contra el policía Julio Simón, el Tribunal Oral Federal 5 no autorizó el ingreso de fotógrafos ni camarógrafos. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes interesados en ver la cara del brutal “Turco Julián” tuvieron que pedir sus días de trabajo, en algunos casos viajar desde sus ciudades de origen, presentarse a primera hora en Comodoro Py y acreditarse antes de entrar en la sala, todo para verlo de espaldas.

En los juicios a Miguel Etchecolatz y al capellán Christian von Wernich, el Tribunal Oral de La Plata asumió que se trataba de un acontecimiento histórico y no puso trabas a la cobertura periodística ni al derecho de la sociedad a ser informada. El juicio contra Menéndez & Cía. en Córdoba es un ejemplo intermedio: fotógrafos y camarógrafos ingresan cinco minutos antes de cada audiencia, toman imágenes y se retiran. La transmisión oficial puede verse en vivo en toda la provincia y sólo se distorsiona la imagen cuando declaran testigos. En el juicio por la Masacre de Fátima, el TOF-5 reitera su criterio inicial. Aun si el comisario Juan Carlos Lapuyole fuera condenado a prisión perpetua, quienes fueron interrogados por El Francés en una mesa de tortura no podrán conocerle la cara.

Los jueces deben administrar justicia, pero también “publicitar los actos cuando del otro lado hay ciudadanos exigiendo la satisfacción de su derecho a la información”, escribió el diputado santafesino Fabián Peralta, autor del proyecto. Se trata de “cuestiones de interés social”, explicó el santafesino. “La transmisión televisiva y radial es el único medio de hacer efectiva la publicidad de los juicios penales y asume un peso insoslayable cuando se trata de cuestiones tan sensibles para todos los argentinos.” Restringir el acceso de la prensa implica “una desnaturalización del principio del juicio oral y público”, concluyó.

El proyecto no sólo establece que los jueces “deberán autorizar la televisación”. También obliga al Estado a difundir las audiencias por tres vías: Canal 7, el canal de cable Encuentro –del Ministerio de Educación– y Radio Nacional. El proyecto sugiere difundir “dos emisiones diarias en horario central”, de no menos de media hora cada una, con “un resumen de los aspectos más salientes de los juicios”. Adjudica la edición de las emisiones a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la obligación de suministrar los recursos técnicos a la Secretaría de Medios de Comunicación. Al organismo que conduce Enrique Albistur también le encomienda garantizar “la grabación y posterior archivo del desarrollo íntegro de la totalidad de los juicios orales y públicos”, que quedará “a disposición de quienes lo soliciten”.

Secundaron al autor del proyecto sus compañeros de bancada Elisa Carca, Horacio Alcuaz y Juan Carlos Morán, el socialista Miguel Angel Barrios, Verónica Benas de SI y Victoria Donda del Frente para la Victoria, a quien solicitó especialmente su adhesión. El proyecto ya fue girado a las comisiones parlamentarias de Comunicaciones y de Derechos Humanos y Garantías.

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Condena por esos “varios infiernos”

La querella pidió prisión perpetua para los responsables de la Masacre de Fátima

Por la ejecución de treinta personas secuestradas y torturadas en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976 pidieron prisión perpetua para los imputados Juan Carlos Lapuyole, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi.

Por Diego Martínez

Los abogados querellantes del Cels Carolina Varsky y Santiago Felgueras.

Prisión perpetua. Esa es la pena que la querella en el juicio por la Masacre de Fátima, como se conoce a la ejecución de treinta personas secuestradas y torturadas en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, pidieron para los imputados Juan Carlos Lapuyole, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de familiares de víctimas, detallaron hechos y pruebas, desmoronaron coartadas esbozadas durante el juicio y solicitaron al Tribunal Oral Federal 5 que los condene por privación ilegítima de la libertad agravada y homicidios doblemente calificados. Mañana a las 10.30 será el turno del alegato, oral y público, del fiscal Félix Crous.

“Estamos convencidos de que la justicia tardía no es igual a la ausencia de justicia, pero también de que pasaron 32 años y la mayor parte de los responsables de los crímenes murieron o siguen impunes. Consideramos que tenemos el deber de afirmarlo ante los familiares y esperamos que toda la Justicia argentina tome conciencia de la responsabilidad que le compete”, expresó Carolina Varsky tras recordar que la muerte le evitó la condena a Carlos Marcote y que Luis “El Japonés” Martínez se encuentra prófugo.

La abogada explicó que, como se demostró en el Juicio a las Juntas, el edificio de Moreno 1417 “tuvo durante la dictadura un doble funcionamiento: mientras personas sin tabiques ni vendas realizaban trámites ordinarios, en el piso tres funcionaba un centro clandestino”. Luego repasó los testimonios de los sobrevivientes. Torturas, vejámenes, hambre, olor a carne quemada y gritos de torturados. Citó a Francisco Loguercio: “La palabra no alcanza. Eran como varios infiernos”.

Los detalles del 20 de agosto se conocen por testimonios de sobrevivientes y del ex guardia Armando Luchina. Seleccionaron veinte hombres y diez mujeres. Apagaron las luces, los inyectaron y los metieron en la caja de un camión, que partió hacia Fátima escoltado por cinco autos. Con los ojos tapados y las manos atadas les dispararon a la cabeza. Apilaron los cuerpos y los hicieron volar con dinamita. Timarchi escuchó el alegato con atención mientras su abogado desayunaba. El Francés Lapuyole durmió un buen rato. Al despertar creyó que le leían la sentencia e insultó en voz alta. El juez Daniel Obligado le llamó la atención.

Varsky citó al inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro del Interior en 1976, quien contó que el general Harguindeguy tenía patota propia para cometer delitos, pero “cuando el grado de riesgo superaba su capacidad de acción” recurría a los hombres de Lapuyole, director de inteligencia, y al principal Gallone. “Lapuyole fue su más estrecho colaborador en la represión ilegal” y “se rodeó de los mayores torturadores y asesinos de la Triple A”, relató Fernández. La abogada recordó que Luchina denunció a los imputados desde 1985 en el Juicio a las Juntas y que tres sobrevivientes también los recordaron.

El abogado Santiago Felgueras se ocupó de refutar las coartadas. Lapuyole “se limitó a negar los hechos”, dijo. “Gallone admitió que era jefe de una brigada y alegó que ese fin de semana estaba en Mar del Plata, excusa que presentó en forma tardía y sin ninguna prueba”, expresó. Sobre Timarchi, quien para agosto de 1976 llevaba diez meses de licencia médica, explicó que “no hay incompatiblidad” con su actuación “en grupos de tareas que funcionaban al margen de las estructuras formales”. Recordó que al momento de ser herido, en octubre de 1975, “comandaba una brigada de policías de civil, en un Falcon no identificable, de madrugada y con armas de guerra” y que, según el sumario policial, “la granada que lo hirió habría sido arrojada por miembros de Montoneros”, por lo cual “tenía claros motivos para participar de la represión ilegal”. Felgueras hizo un prolijo análisis de la historia clínica de Timarchi, incluidos los “cócteles para plancharlo”, y concluyó que “padecía los síntomas que admite, como desinterés por el entorno, pero también irritabilidad y agresividad”.

Cerró con un dato demoledor. John Dinges, ex corresponsal del Washington Post, transcribió en su libro Operación Cóndor un relato de Timarchi ante un ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 sobre cómo asesinó a los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y dos miembros de Tupamaros. El crimen ocurrió en mayo de 1976, cuando llevaba medio año de licencia y, según Timarchi, pasaba los días encerrado en su habitación.

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Un prófugo, atrapado

La causa por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca tiene un prófugo menos. Se trata de Leonardo Luis Núñez, “El Mono” para quienes lo padecieron. Núñez fue el enlace entre La Escuelita, centro clandestino del Cuerpo V de Ejército, y la cárcel de Villa Floresta. Su rol consistía en simular encontrar todas las semanas a personas vendadas y esposadas minutos después de que secuestradores supuestamente desconocidos los abandonaban en el Parque de Mayo o al costado de alguna ruta. Sólo por casualidad todos habían estado en cautiverio en La Escuelita. Núñez los “rescataba”, los cargaba en un camión del Servicio Penitenciario Bonaerense y sin motivo conocido los trasladaba a la cárcel, donde dejaban de ser desaparecidos. También acompañaba a los interrogadores del Ejército cuando visitaban el penal para formular alguna pregunta a sus ex cautivos.

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Debió haber muerto el día del lobbista

A LOS 83 AÑOS, EN EL DIA DEL PERIODISTA, FALLECIO BERNARDO NEUSTADT

Sufrió un ataque cardíaco. Figura cuestionada del periodismo político, apoyó siempre las políticas neoliberales. Defendió la dictadura militar y en los ’90 fue el principal vocero del menemismo. En los últimos años estuvo alejado de los primeros planos.

Por Diego Martínez

Periodista desde los 14 años, referente del periodismo político televisivo durante tres décadas como conductor de Tiempo Nuevo, defensor de las políticas neoliberales de la última dictadura, símbolo de menemismo complaciente, inventor de “Doña Rosa” para justificar el desguace del Estado, y marginado en la última década a escribir en la web y en Ambito Financiero, desde donde sin éxito y hasta el final predicó el apocalipsis, ayer al mediodía, a los 83 años, falleció Bernardo Neustadt. Según informó su secretaria, sufrió un paro cardíaco antes de almorzar, curiosamente en el Día del Periodista. Será velado en su casa de Martínez y enterrado en el Cementerio Parque Memoria de Pilar. Si alguien le cumple el deseo, su lápida dirá que “Ayudó a pensar”. El chiste del final.

Neustadt nació en Rumania el 9 de enero de 1925 y vivió obsesionado por la soledad, la vejez y la muerte. Su extensa carrera en medios gráficos, radiales y televisivos derivó en un menosprecio de buena parte de sus colegas por su hábito de simplificar temas complejos, repetir consignas vacías, pero sobre todo por su cercanía con corporaciones de poder, gobiernos militares y por su rol de publicista desmesurado del menemismo durante el proceso privatizador. “Yo opino, no informo, no investigo, no voy a ver gente”, le confesó a Página/12.

A los 14 años ingresó a la sección deportes del diario El Mundo. En 1960, a los 35, llegó a la radio. En 1964 debutó con Tiempo Nuevo y fundó al revista Todo. En 1965 creó el semanario Extra. En 1975 y hasta el retorno de la democracia escribió también en la revista de negocios Creer. Durante sus siete décadas de oficio entrevistó desde personalidades como Juan Domingo Perón, Charles De Gaulle, Felipe González, Osvaldo Soriano y Arthur Miller, hasta Juan Carlos Blumberg, Raúl Moneta y Cecilia Pando.

En noviembre de 1975 advirtió en Extra que “la sociedad no ha tomado conciencia de que estamos en una miniatura de guerra civil”. Lamentó que las fuerzas de seguridad “matan y mueren desde la soledad” y preguntó: “¿Quién terminará con la guerrilla industrial en los huesos sin calcio de las fábricas?”. En febrero de 1976 el gobierno de Isabel Perón prohibió Tiempo Nuevo. Su última nota antes del golpe se tituló: “No había golpistas: los fabricó el gobierno”. “La Argentina ha sido estropeada”, resumió. Describió el caos y pidió: “Hay que reparar el país”. “Diremos algún día que los militares no buscaron el Poder pero que el vacío de poder los buscó”, anticipó. Para cerrar jugó con palabras de la viuda de Perón. “Aguardando el hacha y el látigo prometidos, no escribimos más. Tal vez el silencio resuelva la emergencia nacional. Tal vez con periodistas mudos y ciegos el país se ‘salve’. Así sea”, concluyó, y actuó en consecuencia. “¿Sabe usted qué está haciendo en este momento su hijo?”, indagaba desde la pantalla en pleno genocidio.

En Tiempo Nuevo inventó y le habló a los ojos a “Doña Rosa”, símbolo de la clase media desinformada, prejuiciosa, manipulable, bocado fácil para “las empresas a las que les interesa el país”. Mientras Carlos Menem rifaba las empresas públicas Neustadt lo recibía con champagna. Brindaban frente a las cámaras. Llegó a cederle la conducción del programa. El 22 de diciembre de 1997, en Canal 2, condujo la última emisión. Le sobraban avisos publicitarios y vínculos con el poder pero el lenguaje de la sociedad había cambiado. “Doña Rosa” cada día toleraba menos que le hablaran desde el núcleo del poder y pedía al menos un poco de disimulo. Los 30 puntos de rating de antaño se habían comprimido a 3,1.

En 1988 fundó la emisora FM Milenium, abandonó sus oficinas de Puerto Madero y comenzó a transmitir desde su mansión en Martínez, “tomando distancia de los acontecimientos, cosa que un periodista no debiera hacer”, admitió ante Andrew Graham-Yooll. Nunca más logró disimularlo. Para optimizar su alienación se mudó luego a Punta del Este. En los últimos años se dedicó a aborrecer al kirchnerismo. Promovió un abrazo al Congreso para “reivindicar la Constitución nacional” en el que entonó la marcha de San Lorenzo junto con la última activista castrense. Reveló su afinidad con Elisa Carrió e impulsó la candidatura a gobernador del falso ingeniero Juan Blumberg. Una de sus últimas apariciones públicas fue cuando visitó en el penal de Marcos Paz, junto a Carlos Menem, al subcomisario represor Luis Patti.

Desde su columna en Ambito irradió furia hasta el último día. “Se vienen abajo sin paracaídas”, auguró al gobierno. Soñó “miles de De Angeli en las provincias” que “rompieron las tranqueras para gritar”. “¿No siente usted que esta es una Dictadura Civil como nunca hemos tenido?”, bramó. Igual que Julio Ramos, Neustadt, célebre por su “no me dejen solo”, no tuvo un amigo sincero que le aconsejara retirarse a tiempo. Sus últimas palabras, el viernes, “a mis amigos y amigas”, pueden leerse en su sitio. “No le creo nada al matrimonio presidencial”, confesó. “Quieren llevarnos a una Guerra Civil. Deben ser adictos a la SANGRE”, con mayúsculas. Esa mañana en Costa Galana “dos señoras” que sólo él o Mirta Legrand pueden cruzarse o inventar le preguntaron: “¿El Matrimonio se quiere quedar con el país?”. “No, se quieren fugar con la plata de los argentinos”, se respondió a sí mismo. En la post data contó que se cruzó con chacareros. “Cuando me reconocieron, nació un amor recíproco”, se ilusionó. “Hombres y mujeres apenas vestidos”, describió, riguroso. Luego escuchó “el aullido de Kristina” y “tuve ganas de vomitar”. Cerró con un consejo: “Hablar con sus hijos de este momento que vive el país”. Se despidió “hasta el lunes”.

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Las fotos que la Armada oculta

Se encontraron imágenes inéditas sobre los presos fusilados en Trelew

Un denunciante anónimo envió a la fiscalía de Rawson documentos del sumario oficial que hizo la Marina en 1972 para encubrir la masacre. Son las primeras imágenes de los cuerpos después del fusilamiento. Se incorporaron como pruebas a la causa.

Por Diego Martínez

Los presos políticos después de ser asesinados en la base Almirante Zar.

La Armada Argentina no se rinde. Pese a su desastrosa performance en tribunales, donde ostenta el record de procesados por delitos de lesa humanidad en el pasado y espionaje ilegal en el presente, la fuerza que comanda el almirante Jorge Godoy se empeña en destruir pruebas para ocultar sus trabajos sucios. El mes pasado un alto jefe de inteligencia naval ordenó destruir documentación sensible. Pero algo falló. Una vez más alguien no quiso ser cómplice y dos hojas sueltas llegaron a la Justicia. Se trata de documentos de enorme valor histórico: las fotos de los cadáveres de las víctimas de la Masacre de Trelew. El sello de la Armada en sus extremos demuestra que no fueron extraídas del archivo de un fotógrafo aficionado sino del sumario instruido para reforzar el cuento oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables, el mismo sumario que los marinos se niegan a entregarle al juez federal de Rawson y que ratifica que los archivos de inteligencia que las Fuerzas Armadas niegan ante la Justicia gozan de buena salud.

La denuncia anónima llegó el mes pasado por vía postal al despacho de Fernando Gelvez, el fiscal de la causa. Incluye unas pocas líneas, dos fotos de mala calidad con los nombres de siete víctimas, un sello con la leyenda “Armada Argentina. Juzgado de Instrucción ad-hoc”, el ancla en el centro y el número de folio. “Todo sugiere que son parte del sumario militar, el sello lo dice –señaló el secretario del juzgado, Mariano Miquelarena–. La pregunta es dónde está el resto del sumario y, si lo destruyeron, cuándo lo hicieron y quién dio la orden”, agregó. Gelvez coincidió en que pertenecen a la instrucción oficial.

–¿El anónimo dice dónde estaban las fotos? –preguntó Página/12.

–El anónimo dice que las fotos eran muy fuertes y por eso no cumplieron la orden de destruirlas –explicó Miquelarena.

–¿Dice quién dio la orden?

–Dice que un alto jefe militar dio la orden de destruir todo lo que quedó. Pero en principio es un anónimo, que cobra fuerza cuando el cabo (Carlos) Marandino reconoce que los cuerpos habían quedado en esa posición y en ese lugar, la entrada al calabozo, y cuando se logra diferenciar con claridad la figura de Mariano Pujadas.

El secretario aceptó describir las imágenes antes de que Página/12 tuviera acceso. “Se ven dos cuerpos boca abajo y Pujadas boca arriba. Se ve el rostro e incluso el pulóver que tenía cuando fue detenido”, el mismo con el que dio la conferencia de prensa en el aeropuerto viejo de Trelew tras la fuga del penal de Rawson. “Se alcanzan a ver los impactos de bala en las piernas, que echan por tierra la versión de Sosa (el capitán Luis Sosa declaró que forcejeó con Pujadas, cayó de un golpe, entró en estado de shock cuando escuchó las ametralladoras, y al recobrar el conocimiento no tenía un rasguño pero lo rodeaban 16 cadáveres) y se condice con la descripción de (Horacio) Mayorga sobre las ametralladoras, en el sentido de que se puede tener precisión en los primeros dos o tres disparos pero que en una ráfaga es incontrolable”, explicó Miquelarena.

En la segunda foto aparece el cuerpo de María Angélica Sabelli, tendida en el piso, adentro de un calabozo. “Habría que ver la foto original, pero da la sensación de que cayó ahí, que el cuerpo no fue arrastrado. De lo contrario se verían las figuras que dejan las gotas de sangre”, agregó. Según el relato de los sobrevivientes, Sabelli compartía con Susana Lesgart la última celda de la izquierda.

El sumario interno que respaldó la versión oficial fue encomendado por el almirante Hermes Quijada al entonces capitán de navío Jorge Enrique Bautista. Su carátula es toda una garantía de imparcialidad: “Investigar la actuación del personal militar a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la base Almirante Zar”. El cabo Marandino, procesado como autor directo de la masacre, declaró que le ordenaron mentirle a Bautista para encubrir el fusilamiento. Durante su declaración indagatoria el marino de 82 años aseguró no recordar a qué conclusiones arribó, pero sí que “me hacían llegar el apuro que tenía (el presidente de facto Agustín) Lanusse por que yo terminara el sumario”. Cuando el juez Hugo Sastre lo procesó como cómplice secundario de los homicidios y ordenó trasladarlo al penal de Marcos Paz, Bautista se descompensó y quedó internado en el Hospital Naval. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aún no se pronunció sobre su situación.

Cada vez que el magistrado solicitó el sumario la Armada respondió que no lo tenía. Es comprensible que no aparezca. En el procesamiento de Bautista el juez concluyó que “la supuesta investigación formó parte del plan preparado por el gobierno de facto del ex presidente Lanusse, y fue direccionada a justificar los actos del personal militar”. La instrucción “resultó ser una burda defensa del discurso oficial emitido para todo el país, sin importar cuál fue la verdad de lo ocurrido”, escribió Sastre. El pacto de silencio se resquebraja día a día. Los archivos no existen, pero que los hay los hay. En teoría los controla el director de Inteligencia Naval, contraalmirante Mario Rubén Abadal.

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La Cámara confirmó

La causa por la masacre de Trelew

Por Diego Martínez

El 22 de agosto de 1972 fueron asesinados 16 presos políticos.

El juicio oral y público a los responsables de la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 comienza a vislumbrarse en el horizonte. A 35 años de los fusilamientos, pero apenas cuatro meses de las primeras detenciones, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el viernes los procesamientos con prisión preventiva por 16 homicidios agravados y tres tentativas de homicidio de cuatro oficiales retirados de la Armada. Sólo por cuestiones procedimentales declaró la nulidad de un quinto procesamiento y aún debe pronunciarse sobre el sexto. El tribunal sobreseyó a los cinco marinos por el delito de privación ilegítima de la libertad de las 19 víctimas durante la semana previa a la masacre.

A principios de mayo la Cámara había ratificado el criterio del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, al considerar que el fusilamiento de los presos políticos en la Base aeronaval Almirante Zar era un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. La defensa de dos de los imputados interpuso un recurso de Casación que ya fue concedido. El viernes, el tribunal confirmó los procesamientos por los homicidios y las tres tentativas de homicidios –de los sobrevivientes– de los capitanes de fragata retirados Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, y del cabo retirado Carlos Amadeo Marandino, los tres como autores materiales de los fusilamientos, y del contraalmirante retirado Horacio Mayorga, superior inmediato de los ejecutores, como cómplice necesario.

En la misma resolución la Cámara declaró nulo el procesamiento por los mismos delitos del capitán de navío retirado Rubén Paccagnini y ordenó que se lo vuelva a indagar. Paccagnini fue el primer detenido de la causa, el 9 de febrero. La Cámara no declaró la nulidad de la indagatoria, pero consideró que la descripción de los hechos y los delitos imputados al momento de la declaración no se correspondían con los homicidios por los cuales fue procesado. Tras conocer la decisión, la defensa del marino solicitó su excarcelación. El fiscal federal Fernando Gelvez se opuso porque los delitos que le imputan no son excarcelables y pidió que sea trasladado desde el penal de Marcos Paz para volver a indagarlo, pedido que el juez Sastre deberá resolver hoy.

La Cámara de Comodoro Rivadavia aún no resolvió si ratifica o rechaza el procesamiento del capitán de navío retirado Jorge Enrique Bautista, sindicado por Sastre como “cómplice secundario” del fusilamiento. Bautista, con prisión domiciliaria por problemas de salud, fue el encargado por orden del almirante Hermes Quijada de instruir el sumario que respaldó la versión oficial del intento de fuga, el tiroteo y las muertes inevitables.

El pedido de declaración indagatoria al brigadier general Carlos Alberto Rey, comandante en jefe de la Fuerza Aérea en 1972, quedaría sin efecto en los próximos días porque según los informes de los médicos forenses el militar de 86 años padece Parkinson. En el caso del general retirado Eduardo Ignacio Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por el dictador Alejandro Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, aún resta la realización de dos estudios cerebrales, aunque su demencia senil le evitaría el mal trago de comparecer ante la Justicia. Por el momento ambos gozan de arresto domiciliario. Los únicos dos imputados que hasta ahora se beneficiaron con una falta de mérito son el brigadier mayor Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación de Lanusse, y el civil Eduardo Aguirre Obarrio, que era ministro de Defensa.

Excepto Marandino, detenido en una comisaría de Rawson, los cuatro marinos procesados están alojados en el penal de Marcos Paz. Interpol, en tanto, aguarda aún el envío de la traducción de todas las pruebas contra el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, a quien los propios sobrevivientes acusaron por el fusilamiento. Tal como informó Página/12 en exclusiva, Bravo es dueño en Miami de la firma RGB Group, que brinda servicios al Pentágono y a distintas fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. El juez Sastre ordenó su detención el 9 de febrero.

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Córdoba no pierde la memoria

UNA PROVINCIA QUE HOY LUCHA CON INUSUAL INTENSIDAD CONTRA EL OLVIDO

A la par del juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez, los cordobeses recuperaron un ex centro clandestino donde funciona un archivo de la memoria y ahora van por la apertura del emblemático campo de concentración La Perla.

Por Diego Martínez

Los calabozos del ex Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba.

–¿Quiénes son? –preguntó la criatura.

–Muertos –respondió el padre.

–¿Y por qué murieron?

–Un accidente, en un avión –mintió el feligrés.

El diálogo fue en Semana Santa. Padre e hijo salían de la Catedral de Córdoba y se toparon con cientos de imágenes de rostros en blanco y negro que atraviesan el pasaje Santa Catalina, un empedrado colonial que durante la última dictadura separó el púlpito donde el cardenal Raúl Primatesta oficiaba misa del Cabildo y el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, histórico centro de detención y torturas. Hoy tres huellas digitales gigantes con nombres de víctimas de la represión estatal, desde el Cordobazo hasta el fin de la dictadura, cubren su fachada. Allí funciona el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, que integran los organismos de derechos humanos, representantes de los tres poderes de la provincia y la Universidad Nacional de Córdoba.

La lucha “por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio”, como H.I.J.O.S. definió su objetivo, se vive por estos días en Córdoba con inusual intensidad. Mientras un tribunal federal juzga al símbolo máximo del genocidio local, el general Luciano Benjamín Menéndez, ante 160 testigos y varios miles que siguen la transmisión en vivo, centenares de jóvenes detrás de las vallas hacen el aguante a los saltos para no congelarse. El martes llegó Cecilia Pando, la última activista castrense, pero los familiares de los imputados prefirieron mezclarse entre los asistentes y le ordenaron retirarse. Cuando un policía le pidió que se ubicara detrás del vallado que no ocupaban las organizaciones sociales, advirtió su soledad y se fue mascullando bronca.

Si el juicio a Menéndez simboliza el fin de la impunidad, el Archivo frente a plaza San Martín es el corazón de la memoria. Según el primer catálogo editado por el Archivo, desde 1940 esas casonas del siglo XVIII fueron “espacio de detención y persecución, sobre todo de comunistas y socialistas”. Desde los ’60 las razzias abarrotaron sus patios, incluidos el Cordobazo y el Navarrazo que volteó al gobierno en 1974. Un año después el D2 fue la pata policial del Comando Libertadores de América, conducido por el capitán Héctor Vergez, “un grupo más pesado y con vocación represora más encarnizada” que la Triple A, según Mariano Saravia, quien historió en La sombra azul el prontuario del D2. Tras el golpe, cuando las Madres comenzaron a golpear sus puertas, agregó a sus roles el de centro de distribución de secuestrados rumbo a La Perla y La Rivera.

En 2006 la Legislatura, con voto unánime, creó la Comisión, el Archivo, y ordenó su emplazamiento en el ex D2. Los policías resistieron nueve meses y antes de partir sacaron hasta las lamparitas. “El edificio es un laberinto”, advierte María Cristina, miembro de H.I.J.O.S. e investigadora del Archivo que oficia de guía. Aun con sol, abrigo y en libertad entrar a sus calabozos es horroroso. Desde una habitación del primer piso que los sobrevivientes recuerdan, pese a las vendas, por la escalera de madera, se aprecian los ventanales de la casa del cura párroco. “El tranvía” es inconfundible: una sala angosta en cuyos bancos laterales cientos de presos esperaron turno para ser interrogados.

La búsqueda

El 24 de marzo de 2007 se derribaron los muros levantados en los ’80 que confundían a los sobrevivientes. Hoy la casona cobija una biblioteca de libros robados en allanamientos y álbumes armados por familiares de desaparecidos. Su directora es la antropóloga Ludmila da Silva Catela, quien tras conseguir una copia del archivo de la Conadep local se abocó a rastrear documentos para reconstruir usos y lógicas burocráticas. “En los fondos de las comisarías encontramos depósitos destruidos, papeles abandonados junto con ropas, bicicletas y pruebas de todo tipo. Un cocoliche”, resume. “Sobre lo que llamaron ‘lucha antisubversiva’ no hay demasiado. Sospechamos que llevaban libros paralelos. Estoy convencida de que siempre algo queda pero el procesamiento de datos y la limpieza de documentos repletos de hongos implica tiempo y trabajo”, agrega.

Del Archivo General de la policía surgió “La vida pública bajo sospecha”, una colección que da cuenta “de la presencia y accionar sistemático del control policial en la vida cotidiana”, tanto en sumarios iniciados por particulares como producto de la vigilancia y persecución política. Del Servicio Penitenciario se recuperó el registro de “detenidos especiales”, ex presos políticos que ahora pueden acceder a sus fichas. El registro incluye blanqueos de secuestrados en centros clandestinos y retiros de detenidos asesinados luego en tiroteos fraguados. La búsqueda de registros de Fuerzas Armadas fue infructuosa. El primer pedido, al Hospital Militar, fue rechazado con el argumento de que la ley sólo autoriza a recolectar información provincial. Al archivo del arzobispado a cargo de monseñor Carlos Ñáñez tampoco lograron acceder. Sólo dejaron ver dos carpetas que casualmente ubican a la Iglesia como víctima: un atentado en el arzobispado y el secuestro de seminaristas. “Cuando pedí las cartas que los familiares enviaban a monseñor Primatesta dijeron que no existían, pese a que las respondía. Por la rigurosidad con la que conservan cada documento es llamativo que no las tengan”, razonó Da Silva.

Otra faceta del trabajo pasa por instalar baldosas recordatorias. La primera, en la esquina donde un policía mató al obrero Máximo Mena, víctima del Cordobazo. “La señalización apunta a recordar que estos hechos ocurrieron a la vista de todos. La idea es trabajar con los barrios, incentivar la participación”, explicó la directora del Archivo. Antes de que concluya el juicio a Menéndez & Cía. el organismo instalará un mojón en Sagrada Familia y Ejército Argentino (hoy Colón), donde fueron asesinados los militantes del PRT por los que se juzga a los represores.

La lucha por la memoria seguirá por La Perla, el mayor campo de concentración del Cuerpo III. Se estima que por allí pasaron dos mil personas. Durante años los organismos realizaron caminatas de doce kilómetros hasta su ingreso. El 24 de marzo de 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó desalojar el predio y convertirlo en Espacio para la Memoria. Los sobrevivientes pudieron ingresar y los familiares conocer dónde pasaron los últimos días sus seres queridos. Antes de retirarse, los militares arrancaron mesadas, canillas, revestimientos y cielorrasos. Hoy tres bloques de hormigón exigen Memoria, Verdad y Justicia. El lugar es aún inaccesible, pero es cuestión de tiempo. La provincia ya garantizó los recursos. La Comisión Provincial convocó a la sociedad a reflexionar sobre el rol de los sitios de la memoria y ya recibió varias propuestas.

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