Choferes, natación y caminatas sin esposas

LA MINISTRA DE DEFENSA PROHIBE QUE LOS MILITARES ALOJEN Y TRASLADEN REPRESORES DETENIDOS

Buscan poner fin al alojamiento de represores en cuarteles y al uso de oficiales como custodios y cadetes de militares con prisión domiciliaria. Ambas medidas, ordenadas por los jueces, son ilegales.

Por Diego Martínez

Por orden expresa de jueces federales de todo el país, militares y marinos en actividad ofician de remiseros, cadetes y custodios, y a la vez de policías y guardiacárceles, de camaradas retirados procesados por crímenes de lesa humanidad. Los mandados encomendados por Sus Señorías incluyen desde detenerlos y trasladarlos a tribunales o al Hospital Militar hasta apreciar durante dos horas las dotes de nadador del general Reynaldo Benito Bignone en la pileta del Círculo Militar, u observar al coronel Pascual Oscar Guerrieri durante sus caminatas en el Regimiento de Patricios, el mismo donde intentó refugiarse cuando un cronista lo descubrió raqueta en mano violando su arresto domiciliario. Como la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar las tareas de seguridad interior que paradójicamente ordenan jueces de la Nación, la ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso reiterar por tercera vez a los magistrados que revean el criterio de alojar represores en cuarteles y usar a los militares de che pibe, y, por primera vez, prohibió a los jefes de las tres fuerzas acatar sin su autorización expresa requerimientos de detenciones, traslados y alojamientos de criminales de lesa humanidad.

Abogados y habitués de tribunales ya no se sorprenden al ver llegar a viejos generales en autos oficiales, sin esposas, acompañados por señores de saco y corbata. Los recados suelen encomendarse directamente al coronel Edgardo Benjamín Carloni, jefe del departamento Asuntos Humanitarios, que no fue creado para servir a dinosaurios. Los privilegios que los jueces brindan a militares en desgracia son de vieja data. Antes de ser ministro de Seguridad de Mauricio Macri, el entonces juez Guillermo Montenegro ordenó al Ejército trasladar dos veces por semana a Antonio Domingo Bussi desde su casa en un country de Pilar hasta la chacra Victoria, en el kilómetro 79 de la Panamericana, para que “efectúe caminatas”. Pese a ser ex liceísta e hijo de un capitán de fragata, Montenegro encomendó la custodia a una desconocida “División Castrense de la República Argentina”. Luego el juez santiagueño Angel Jesús Toledo dio el visto bueno al ex gobernador tucumano para “permanecer y/o pernoctar” en la casa de su hija María Fernanda, en Figueroa Alcorta 3590, cada vez que desee ir al médico.

Rodolfo Canicoba Corral le ordenó al Ejército “proveer el medio de transporte y la seguridad del traslado” cada vez que el general de brigada Héctor Gamen y los coroneles Alberto Barda y Pedro Durán Sáenz “requieran visitas médicas”. Otras dos veces por semana, autorizado por el juez Daniel Rafecas, Durán Sáenz concurre al psiquiatra del Hospital Militar. Es comprensible que el ex jefe de El Vesubio, acusado de violar a mujeres secuestradas, precise atención psiquiátrica. Lo cuestionable es que deba ser atendido por empleados públicos y trasladado por oficiales en actividad en móviles del Ejército.

Como juez federal interino Julián Ercolini solicitó al Ejército que martes y jueves traslade al hospital al coronel Rubén Héctor Visuara para que “realice caminatas dentro del predio de ese nosocomio castrense”. También dos veces por semana el juez Ariel Lijo autorizó al coronel Pascual Guerrieri a caminar dentro del Regimiento de Patricios, el mismo donde el ex torturador de la Quinta de Funes intentó refugiarse cuando lo filmaron jugando al tenis. Lijo aclaró al menos que “deberá permanecer custodiado en forma permanente, evitando que tome contacto con personal militar”. Tal vez sea hora de invertir en cintas para caminar en casa.

El juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, autorizó al coronel Carlos Humberto Caggiano Tedesco a concurrir al Hospital Militar con su esposa y su auto pero con custodia militar. Cuando terminó el tratamiento lo autorizó a “continuar su terapia física” en el cuartel de Villa Martelli. También Rafecas encomendó a Asuntos Humanitarios trasladar a Jorge Rafael Videla al Hospital Militar “las veces que sean necesarias” para aplicarse una inyección de Suprefact Depot. El camarista salteño Dardo Rafael Ossola ordenó a Asuntos Humanitarios que trasladara al coronel Miguel Raúl Gentil al Hospital Militar “cuando su salud lo requiera”.

“Las veces que sea necesario”, coincidió el juez federal Miguel Antonio Medina. “Cuando sea necesario” son tres palabras que se reiteran en la mayor parte de los escritos. Significa que cuando les plazca pueden llamar por teléfono al coronel Carloni para que les envíe coche y chofer. La jueza subrogante Gladis Graciela Comas ratificó el criterio de Medina y agregó: “procurando el retorno a su domicilio”. Si vuelve, mejor.

El juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, al menos le permite a Carloni organizar la agenda. Por orden de Su Señoría, martes y jueves de 9 a 11 Asuntos Humanitarios traslada al general Eugenio Guañabens Perelló al Hospital Militar para recibir su tratamiento de kinesiología. Lunes y viernes a la misma hora lo llevan a nadar a la pileta del Círculo Militar, frente a la plaza San Martín. Los miércoles el general prefiere dormir hasta el mediodía. Martes y jueves a las ocho el madrugador Bignone puede optar entre hospital o pileta. Tres veces por semana el general Eduardo Alfredo Espósito va al Hospital Militar “a fin de realizar actividad física”. Martes y jueves a primera hora el general Santiago Riveros se cruza en los pasillos del hospital con los camaradas Bignone, Guañabens Perelló y Osvaldo Jorge García. Esta semana los abogados querellantes en la causa del mayor centro de exterminio del país presentarán un escrito a Suares Araujo para que la ex cúpula de Campo de Mayo sea trasladada con esposas y por el Servicio Penitenciario Federal.

También los ex oficiales de la ESMA con arresto domiciliario suelen ponerse de acuerdo para coincidir en el Hospital Naval, al que llegan con minutos de diferencia. En 2006 ex detenidos de la ESMA denunciaron que Alfredo Astiz se reunía con sus camaradas en una oficina del hospital. Igual que la mayor parte de los jueces que investigan a represores del Ejército, Sergio Torres encomienda a los marinos las detenciones de sus compañeros. El argumento, que sus colegas comparten, es que las Fuerzas Armadas están facultadas para citar a sus hombres en cualquier momento y a sancionarlos si no acatan la orden. No concurrir a una citación judicial también es una falta disciplinaria. El mes pasado, cuando fueron a Pilar a detener al suboficial primero Víctor Olivera, su mujer les dijo que no estaba pero que a la mañana siguiente se iba a entregar. Como no tenían orden de allanamiento no pudieron verificar si “Lindoro”, como se llamaba en la ESMA, estaba en un ropero o tras los pasos del Laucha Corres. Por la mañana comprobaron que la mujer no había mentido, pero el susto de esa noche, que pudo haberles costado la carrera, no se lo olvidan. Ya son varios los capitanes de la Armada que se niegan a cumplir las órdenes de detención.

Oídos sordos

El alojamiento de procesados con prisión preventiva en cuarteles, más de una vez los mismos donde cometieron los delitos, fue cuestionado por fiscales y organismos de derechos humanos desde las primeras detenciones posteriores a la reapertura de las causas, en 2003. En diciembre de 2005 la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Torres que los represores de la ESMA dispersos en bases navales fueran custodiados por penitenciarios. Pero nada cambió. En abril de 2006 la ministra Garré solicitó por primera vez a los jueces federales de todo el país que reconsideraran la decisión de mantener genocidas en bases y regimientos. Ninguno acusó recibo.

Tres meses después el grueso de los marinos fue trasladado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, por entonces con custodia a cargo de Gendarmería. Fue necesaria la aparición del cadáver envenenado del prefecto Héctor Febres en su dúplex VIP de Prefectura para que la sociedad accediera a las imágenes del ex torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base de Azul, y para que Sus Señorías se dignaran a rever privilegios y lujos.

En enero pasado, cuando la mayor parte de los represores que no gozan de arresto domiciliario ya estaban concentrados en Campo de Mayo, Defensa firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que la custodia quedara en manos del Servicio Penitenciario Federal. Pero 2008 deparaba otra lección amarga: la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres, el 26 de julio, de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, donde lo alojó el juez federal Alcindo Alvarez Canale. Con el papelón consumado, el ministro Aníbal Fernández instruyó a todas las fuerzas de seguridad para que dejaran de alojar represores en sus dependencias, y ordenó al Servicio Penitenciario Federal que cumpliera en 48 horas todos los traslados pendientes (Corres debió ser trasladado a Campo de Mayo un mes antes de la fuga).

Si bien el ex torturador de La Escuelita bahiense no se había fugado de un cuartel militar, la ministra Garré reiteró a todos los magistrados, una vez más sin éxito, su solicitud de rever el criterio que obliga a soldados activos a oficiar de guardiacárceles. Por estos días hay aún 34 militares alojados en Campo de Mayo, más una docena en el cuartel La Unión del Cuerpo III en Córdoba, servidos por militares bajo responsabilidad de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, y otros tantos dispersos en cuarteles de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Comodoro Rivadavia.

El más célebre, por muertos en el haber, acumulación de condenas y procesamientos, es el general Luciano Benjamín Menéndez, trasladado desde la cárcel modelo de Bouwer al ex arsenal tucumano Miguel de Azcuénaga a principios de agosto para afrontar el juicio que concluyó el jueves. De inmediato Defensa puso el grito en el cielo, reclamó al Tribunal Oral Federal de Tucumán que revea el criterio y resaltó una contradicción que los jueces no deberían ignorar: según la Ley de Personal Militar los retirados mantienen una relación jerárquica sobre los activos que deben custodiarlos, situación que enfrenta a los soldados con la contradicción de tener que controlar a sus superiores. La garantía constitucional de igualdad ante la ley “sólo puede ser corregida con el alojamiento en cárceles de la Nación en condiciones de igualdad con los demás detenidos”, concluye el escrito.

El argumento de los jueces tucumanos para rechazar el pedido fue contundente: el ex centro de tortura y exterminio es “el lugar más apropiado y conveniente para asegurar la comparecencia a juicio”.

El jueves, tras la condena, Garré reiteró el reclamo al presidente del tribunal, Carlos Jiménez Montilla. Menéndez aún sigue allí. El jueves se sabrá si Bussi cumplirá su pena en una cárcel común, como solicitó el fiscal Alfredo Terraf, o si continúa en su country de Yerba Buena.

A partir de mañana el resto de los jueces recibirá la misma nota que Jiménez Montilla. “Las Fuerzas Armadas no podrán ejecutar ninguna tarea propia del proceso penal salvo previa y expresa autorización de este ministerio, ni alojar en unidades militares a personas procesadas o condenadas penalmente”, resolvió Defensa. La nota argumenta una vez más lo obvio: que la seguridad interior es una tarea vedada a las Fuerzas Armadas, que los cuarteles no están diseñados para servir de cárceles y que los soldados no están capacitados para oficiar de penitenciarios. Garré recuerda que la distinción de competencias entre fuerzas armadas y de seguridad es “una conquista democrática”, explica que las órdenes de los jueces obligan a los militares a violar la Ley de Defensa Nacional, dificultan “el proceso de fortalecimiento institucional” que exige un Estado democrático de derecho y “el desafío de la profesionalización” dentro del cual ocupa un lugar central “el estricto apego a la legalidad”. Concluye advirtiendo a los magistrados que “cuando circunstancias objetivas” los obliguen a requerir cooperación militar para realizar traslados o detenciones, designen primero a personal policial o de fuerzas de seguridad, únicos habilitados por la ley a ejecutar ambas tareas.

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El dictador de llanto fácil y cuentas secretas

LA TRAYECTORIA DE ANTONIO BUSSI

Por Diego Martínez

Fue amo, señor y fusilador número uno de Tucumán. En 1987 el punto final de Raúl Alfonsín le garantizó impunidad. Comenzó entonces una extensa carrera política, siempre con epicentro en una provincia abrumada por la miseria y que aún lucha por desmantelar una carga brutal de adoctrinamiento ideológico impuesto a sangre y picana. A fines de la década del ’90, la difusión de la información sobre sus cuentas secretas y millonarias en el exterior le hizo derramar sus primeras lágrimas en público. Pero recién ayer, 32 años después de sus mayores hazañas, el Mussolini tucumano de llanto fácil conoció la Justicia.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926. Tiene 82 años. Su vida pública comenzó en diciembre de 1975, cuando reemplazó al frente del Operativo Independencia a Acdel Vilas, general insano pero sobre todo impune que pasa sus días bien guardado en un departamento de Palermo. Antes de irse, Vilas anunció que la guerrilla tucumana había sido derrotada. A Bussi le tocó “rematar a la subversión”, explicó alguna vez.

El 24 de marzo del ’76 se convirtió en interventor federal y jefe militar de Tucumán, concentración de poder que no ostentó ningún otro gobernador de facto. Siempre desbordante de pistolas y granadas para infundir sumisión, extendió al infinito el concepto de “subversivo”, que no excluyó ni a los mendigos: la noche helada del 16 de julio de 1977 ordenó levantarlos de las calles y tirarlos en un desierto de Catamarca. En 2006 perdió un juicio contra el escritor Tomás Eloy Martínez, que al recordar la historia lo calificó de “tirano” y “feroz exterminador de disidentes”.

Según la Comisión Bicameral Investigadora, el 70 por ciento de los 507 secuestros registrados en Tucumán se produjo durante los dos años de su gobierno. Sólo una de cada cinco víctimas tenía militancia política o gremial conocida. “Nueve de cada diez fueron secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública por personas armadas que actuaban con una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”, apuntó la Comisión. “Siempre los Bussis (sic) nos hemos batido en minoría”, mintió ayer. En los registros militares consta que la Compañía de Monte del ERP tuvo, en su momento de mayor despliegue (1975), entre 120 y 180 efectivos.

Tras explayarse sobre torturas, uñas arrancadas con tenazas y hombres enterrados hasta el cuello, el ex gendarme Omar Torres relató dos fusilamientos que presenció. “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con un disparo ejecutando a una persona.” Sus subordinados remataban al resto, que caían a un pozo. Luego “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Juan Martín describió el método de entierro en vida, contó que obligaban a los detenidos a rezar el Padrenuestro y el Ave María: “Y nos exhortaban a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Los jefes de los campos se ufanaban de haber aprendido a torturar en Vietnam, donde Bussi fue como observador invitado por el ejército norteamericano.

Lo salvó el punto final, pero también la Justicia tucumana. La Corte Suprema reprendió con dureza a la Cámara Federal que no lo procesó pese a la abundancia de pruebas. Un año después, en 1988, fundó Fuerza Republicana, partido que lo llevó a la gobernación y al Congreso Nacional. El pueblo tucumano le permitió ganar ocho elecciones. En 1993 asumió como diputado nacional y dos años después como gobernador. En 1998, una Comisión Especial Investigadora reveló sus propiedades y depósitos bancarios. Poco después se conocieron sus cuentas secretas, millonarias, en bancos de Suiza y Luxemburgo. “Imperfecciones propias de mi naturaleza humana”, dijo ayer.

En 1999 volvió a ser electo diputado. La APDH lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993. La Cámara le impidió el ingreso. El año pasado la Corte Suprema falló que debió respetarse el voto popular, pero el mandato había concluido. El Tribunal de Honor del Ejército, que nunca le cuestionó secuestrar o torturar, lo sancionó por mentir. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán por una diferencia de 17 votos, pero su detención le impidió asumir. Fue en la misma causa que ayer derivó en su condena. El juez federal Jorge Parache le concedió arresto domiciliario en su casa de Pilar, que violó según denunció la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

De la mirada de hielo de hace treinta años no quedan ni rastros. Si el general Menéndez se esmera en mantener su estampa de guerrero, la barba y las lágrimas de Bussi sugieren abandono y conciencia de la derrota. La única buena noticia que podrá escuchar de aquí en adelante es que le permitan seguir en su country de Yerba Buena. Es improbable: ya violó su arresto domiciliario, demostró –pese al tubito– que tiene buena salud, y ningún condenado por crímenes de lesa humanidad goza de ese privilegio.

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Pruebas sobre un asesinato

Un militar admitió que entregó una detenida a Barda

Por Diego Martínez

El teniente coronel retirado Roberto Eduardo Berazay admitió ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 que el 4 de agosto de 1976 retiró a Analía Delfina Magliaro de la comisaría 34 porteña, la trasladó a Mar del Plata en un avión tipo Sesna del Ejército y la entregó a un oficial del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601. Magliaro había sido secuestrada en La Plata el 19 de mayo y ya había pasado por dos centros clandestinos de detención. Fue asesinada el 2 de septiembre en un tiroteo fraguado en Mar del Plata. Por su homicidio el tribunal juzga al coronel retirado Pedro Barda, ex jefe del GADA 601 que la recibió con vida.

Por la mañana, Mario Miguel y Juan Alberto Magliaro, hermanos de la víctima, contaron pormenores de la búsqueda de la familia. Nada supieron hasta recibir un llamado, dos meses después del secuestro, por el cual les informaron que estaba en la comisaría 34. La madre, Delfina, acompañada por un tío, ambos fallecidos, le acercaron ropa y comida. No pudieron ver a Analía, pero confirmaron que estaba allí cuando un policía les transmitió una pregunta sobre la salud de un familiar que sólo ella conocía.

Berazay relató que en 1976 integraba la Compañía de Policía Militar 101 y que su jefe le ordenó trasladar a “una detenida” a Mar del Plata. Cuando se presentó en la comisaría 34 encontró resistencia porque “está a disposición del Cuerpo I”, le explicaron, pero tras varios llamados aclararon los tantos y se llevó a la mujer. Pese a que durante los dos meses previos había sido brutalmente torturada en la comisaría 5ª de La Plata y en el centro de detención Vesubio, Berazay aseguró que la joven no tenía esposas ni vendas y que “salió caminando”. Antes de partir en una camioneta rumbo a Aeroparque el militar firmó un registro de detenidos de la comisaría de la Policía Federal. Ayer reconoció su firma.

El oficial retirado de 67 años declaró que el avión, con cinco tripulantes a bordo, partió desde el área militar de Aeroparque. Aseguró que no habló con la secuestrada durante el viaje. “Ella iba a decir que no había hecho nada y le habría tenido que explicar que sí, entonces por respeto no hablaba”, dijo. El avión aterrizó en la pista de tierra de la unidad militar que comandaba Barda. Berazay entregó a Magliaro al capitán retirado Valentín Rezetti, oficial de inteligencia del GADA. Volvió a su casa con una copia del documento que registró el trámite y que aportó en 1984 a un juzgado de instrucción militar para demostrar que la había entregado con vida.

–¿Cuántos traslados similares hizo? –le preguntaron.

–Pocos –aseguró. Recordó los casos de Carlos Menem y de Lorenzo Miguel.

–¿Sabe qué pasó después con Magliaro?

–No, tuve que volver pronto, por problemas meteorológicos.

Los Magliaro volvieron a tener noticias en septiembre. Uniformados armados les entregaron en su casa una nota mecanografiada donde constaba que Analía había muerto “en un enfrentamiento” y que debían retirar su cadáver en 48 horas de la comisaría 4ª de Mar del Plata, donde funcionó otro centro de detención. Un subcomisario apodado Turco les mostró fotos del cadáver y los envió a la morgue a reconocerla. Contaron que estaba flaca y con ropas gigantes. Tenía tres orificios de bala, quemaduras, lastimaduras en pies y muñecas y marcas de cinta adhesiva en la boca y los ojos. Analía Magliaro fue enterrada en La Plata el 24 de septiembre.

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“Pude ver un escudo de la Fuerza Aérea”

Primera ronda de testimonios del juicio por delitos de lesa humanidad en Mansión Seré y Mar del Plata

En la causa donde están acusados los brigadieres retirados César Comes e Hipólito Mariani y el coronel Pedro Barda, dos sobrevivientes de Mansión Seré vincularon al centro clandestino con la Fuerza Aérea. Otros testigos relataron el secuestro de Analía Magliaro.

Por Diego Martínez

El TOF 5 prohíbe el ingreso de la prensa y a las Madres les impide usar sus pañuelos.

“¡Rezá un Padrenuestro!”, le exigieron los interrogadores de Mansión Seré a Conon Cinquemani para demostrar que no era judío. “¡Ahora un Ave María!” Recién cuando concluyó las oraciones, los oficiales de la Fuerza Aérea dieron por probado que el militante de la Juventud Peronista era católico, apostólico y romano y dejaron de torturarlo. El relato de Cinquemani, querellante y fundador de la Juventud de Trabajadores Peronistas de los actores, abrió la ronda de testimonios del juicio contra los brigadieres retirados César Comes e Hipólito Mariani y contra el coronel Pedro Barda, que no presenciaron la audiencia.

Como ya ocurrió durante los juicios por crímenes de lesa humanidad anteriores, el Tribunal Oral Federal 5 prohíbe a los reporteros gráficos cubrir las audiencias y a las Madres de Plaza de Mayo, usar sus pañuelos. La tríada que preside Guillermo Gordo rechazó la solicitud de los querellantes argumentando que las cámaras pueden “amedrentar” a los testigos, que es su deber “controlar la publicidad negativa para el imputado” y que los pañuelos son “formas de opiniones o sentimientos” que el Código Procesal prohíbe manifestar en la sala.

Cuando la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina le planteó la importancia de permitir el ingreso de cámaras fotográficas durante la lectura de la elevación a juicio, los alegatos y la sentencia, como ocurre en el resto de los juzgados del país, el tribunal se remitió a un escrito suyo previo, que no argumenta en contra del pedido. Al no haber en el banquillo celebridades rentables como Alfredo Astiz, los grandes medios aún no se interesaron por el tema.

La jornada de ayer tuvo cuatro testigos: dos sobrevivientes de Mansión Seré –bajo el mando de los brigadieres– y dos que relataron el secuestro de Analía Magliaro, por cuyo asesinato en Mar del Plata se juzga a Barda. Cinquemani fue secuestrado el 22 de octubre de 1977. Lo torturaron para que admitiera que Mario Galvano, su nombre artístico, era su “nombre de guerra”. “Sabían que si tomaba agua iba a reventar como un sapo. Entonces pusieron una garrafa, tomaban y decían `qué rica agüita’. Después me colgaron de un gancho y me usaron como bolsa de boxeador”, graficó. En cautiverio supo que los secuestradores pertenecían a la Fuerza Aérea. “El jefe de los interrogadores, Huguito, me dijo: ‘Soy oficial de la Fuerza Aérea y estuve infiltrado en Montoneros, no me como ninguna’”, relató. Agregó que “varios tenían tonadita de cordobeses” (Córdoba es epicentro de esa fuerza) y que los guardias se llamaban entre sí por números.

Américo Abrigo también estuvo en Mansión Seré, donde lo obligaron a escuchar las torturas a su mujer. Antes de ser liberado confirmó que el centro dependía de la Fuerza Aérea. “Me llevaron a la cocina y me hicieron levantar las vendas para llamar a mi mujer. Pude ver un escudo de la Fuerza Aérea, el mismo que tenían los platos”, recordó. Otro secuestrado le contó que lo habían llevado a la Base Aérea de El Palomar. Abrigo entregó al tribunal una ordenanza de 1980 firmada por el brigadier Osvaldo Cacciatore en la cual consta que la casa donde funcionó Mansión Seré había sido cedida al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea.

Graciela de la Torre y Roberto Chirria relataron el secuestro de Magliaro el 19 de mayo de 1976. “Nos interrogaron en la cocina mientras tocaban la guitarra y cantaban”, contó De la Torre, que compartió cautiverio con su amiga en la Comisaría 5ª y en El Vesubio. “En la comisaría, la violación era una amenaza permanente. ‘Elegí’, nos decían”, entre picana o violación. “En Vesubio, la tortura tuvo todas las vertientes”, agregó. Para evitarle el padecimiento de recordarlas en un juicio sin imputados de esa cueva, el fiscal Félix Crous le sugirió continuar con el relato del caso Magliaro.

El 16 de julio las cargaron a un furgón, donde tuvo su último contacto con su compañera. “Se va a la cárcel”, le dijeron los guardias. Magliaro estuvo en la Comisaría 34ª porteña hasta el 4 de agosto, cuando el teniente coronel Roberto Eduardo Berazay –miembro de la Compañía de Policía Militar 101, que declarará hoy– se la entregó al capitán Valentín Rezetti, del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata, a cargo de Barda. Fue asesinada el 2 de septiembre en un falso tiroteo. Magliaro y De la Torre eran compañeras de la esposa de Chirria en la carrera de Ciencias de la Educación y fueron secuestradas en su casa. Durante el operativo, Chirria tuvo la mala idea de invocar su condición de administrativo de la Policía Bonaerense. Sin explicaciones lo trasladaron a Tornquist y, a fin de año, le negaron el ascenso, pese a que tenía calificaciones óptimas y era segundo en orden de méritos. “En marzo nos fuimos del país”, concluyó su relato entre lágrimas.

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Ocho represores detenidos en Mar del Plata

Tarjeta roja para el comisario Pepe

La Justicia Federal de Mar del Plata detuvo a ocho militares acusados en la megacausa del centro clandestino de la Base Naval marplatense, por 118 desapariciones y apremios ilegales. Entre los detenidos está el suboficial mayor retirado de la Armada Angel Narciso Racedo, alias “el comisario Pepe”, un ex jefe de operativo, parte de quienes llevaron adelante los interrogatorios y reconocido durante la dictadura como árbitro de fútbol de la Liga de Mar del Plata.

La Justicia detuvo a Racedo por tormentos y apremios ilegales agravados. La Gendarmería lo encontró en Punta Alta, donde hasta ayer tenía un local de souvenires en una galería del centro. “No tengo nada que ver”, se defendió.

Las órdenes de detención las dictó el juez federal Rodolfo Pradas en contra de Aldo Carlos Maspero, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA); Juan Eduardo Mosqueda, ex jefe de la Prefectura Naval, Pedro Bustamante y Ariel Silva, también de Prefectura, y Raúl Marino y José Omar Lodigiani, ambos de la Armada. Varios de ellos estaban en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires y en localidades del interior. A las 15, todos fueron trasladados al juzgado donde se les tomó declaración indagatoria. Fuera de ellos, anoche el juzgado continuaba con la búsqueda de otros dos militares ligados al expediente.

En este momento, la causa pertenece al expediente más importante de Mar del Plata. Sobre los acusados, pesan 118 desapariciones y apremios ilegales y ya existen otros cinco oficiales detenidos.

Racedo es sólo uno de ellos. Con 65 años, la Gendarmería lo detuvo en Punta Alta, a donde tiene un local de regalos para turistas. Según la presentación que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, es responsable de tormentos en los casos de Pablo Mancini, Graciela Dato, Alberto Sánchez, José Nicolo e Isidoro Durán. Y también de la privación ilegal de la libertad agravada de Rosa Ana Frigerio, Susana Martinelli y Carlos Oliva.

De acuerdo con los testimonios, pertenecía a la denominada “Coordinación Federal”, que era un grupo de tareas de la Marina y se encargaba de trasladar a los secuestrados a la Base Naval. Cuando el grupo se presentaba en la casa de alguna de las víctimas, mostraba una credencial de la Policía Federal y, en general, indicaban que eran inspectores. Numerosos testimonios explican, además, que antes de retirarse, dejaban el número de teléfono 8-0070 que, según se pudo constatar, pertenecía a la Base Naval. Durante el operativo de ayer, el subcomandante Carlos Villarreal de Gendarmería señaló que Racedo “habría formado parte del Servicio de Contrainteligencia de la Armada y el operativo fue llevado a cabo por orden de la Justicia Federal”.

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“La sociedad ha ganado una gran batalla”

NOEMI LABRUNE, DE LA APDH DE NEUQUEN, HABLA DEL PRIMER JUICIO A MILITARES EN ESA PROVINCIA

Mañana dará su testimonio ante el tribunal que juzga a ocho represores del centro La Escuelita. Aquí repasa los comienzos junto al obispo Jaime De Nevares y analiza los alcances de los juicios a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Por Diego Martínez

Noemí Labrune, fundadora de la APDH de Neuquén, dará su testimonio mañana ante la Justicia.

En 1976 fundó junto al obispo Jaime De Nevares la filial Neuquén de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que contuvo a sobrevivientes y organizó las primeras denuncias. En 1982 publicó con los fundadores del CELS seis folletos sobre terrorismo de Estado. En democracia impulsó la causa y tras las leyes de impunidad publicó “Buscados. Represores del Alto Valle”. Mañana se sentará sobre el almohadón de su temible Falcon amarillo, cruzará a fondo el río que separa Cipolletti de Neuquén y se explayará ante un tribunal sobre vida, obra y atrocidades de los militares que investiga desde hace tres décadas. Noemí Labrune, una señora menuda de 78 años con energía de treintañera, abrirá la ronda de testigos del primer juicio por delitos de lesa humanidad del sur argentino.

–¿Recuerda la primera vez que fue a reclamar a la Brigada?

–Sí, junio de 1976, tras un operativo en Cutral-Có. Ya estábamos organizados como APDH. Habían detenido a una compañera de Cristian (su compañero, fallecido) y a su esposo, Schedan Corbalán.

–¿Qué les respondieron?

–Que en Cutral-Có había actuado el Ejército pero que lo de Schedan seguro era “un operativo de la subversión”. A él lo mandaron a Bahía, está desaparecido. Hace poco un hombre que fue con él desde la cárcel hasta Bahía contó que al volver a la celda leyó en la pared: “Virginia y Natalia son lo que más quiero”. Son la esposa y la hija. Creemos que fue asesinado en Bahía porque hasta julio, cuando vino Sexton (José Luis, jefe de la Brigada de Infantería VI, fallecido), se interrogaba y decidía allá.

–¿Cómo era el trato en las reuniones?

–A Sexton lo vimos poco. Era necesario que De Nevares pidiera la entrevista. Farías Barrera (hoy imputado) era como un suboficial, sin un discurso coherente. En 1984 fui a su casa. Tenía un mástil chiquito sobre la mesa. Cuando supo quién era, izó la bandera. Admitió que él tenía el control de los detenidos en La Escuelita pero que las decisiones las tomaba Sexton. Al volver escribí todo. Se negó a firmarlo. Le aclaré que ib a agregarlo a la causa. “Va a ser su palabra contra la mía”, dijo.

–¿Y Reinhold (ex jefe de Inteligencia, hoy imputado)?

–Reinhold nos quería doblegar, con la pistola sobre el escritorio, pero no dábamos el brazo a torcer. No decía “obedezco órdenes”. Negaba, como mucho asumía algo y pasaba a la ofensiva. “¿Cómo puede preguntar por ese subversivo?” Con Farías Barrera fue autor de muchas amenazas. “Si hablan van a flotar en el lago Pellegrini”, ha dicho a sobrevivientes. También amenazó a la mamá de las chicas Seguel, que fue con su hija (sobreviviente de La Escuelita bahiense) a decirle que había estado en cautiverio con la hermana. Era un maleducado, muy desagradable.

–¿Y cómo lo ve ahora?

–Está increíble, gordo, esposado, parece que se ha ensanchado y ha bajado de estatura (sonríe). A nosotros nos parecía alto. Lo vi salir del juzgado con la mirada para abajo. No lo hubiera reconocido.

–¿De Nevares los acompañaba a la Brigada?

–No, él iba por las suyas, a ver a Sexton. El que llegó a traer información siempre fue De Nevares.

–¿Y cómo los ayudaba?

–Su personalidad nos ayudaba. Nos empujaba a acompañar, a denunciar, a reunirnos. Vino gente a refugiarse que después fue al obispado y él los sacaba del Valle. Era nuestro paraguas, incluso con los medios. Rajneri (Julio, director del diario Río Negro) tuvo una buena actitud, pero detrás estaba De Nevares. En el primer aniversario del golpe se hizo un informe que publicó el Río Negro. Era De Nevares, aunque Rajneri arriesgó su diario y salvó a periodistas. Después como ministro firmó el proyecto de ley de Obediencia Debida y Punto Final, pero acá fue impecable.

–¿Tenían miedo?

–Mucho, pero nos empujaba a no darnos manija. Cuando venía gente con dramas no había que compadecer, había que presentar hábeas corpus. Estando en Neuquén no faltó a ninguna reunión de APDH. Una vez cayó al local una señora con un sobrino desaparecido. Eso dijo. A la reunión siguiente le preguntó su nombre. Escuchó la respuesta, le hizo un versito bastante grosero y agregó “me parece que llegó tarde al reparto de nombres”. La mujer salió corriendo. “El servicio de informaciones del obispado descubrió que la mandaron del Ejército”, dijo. Eso nos divertía y fortalecía.

–¿Sobre La Escuelita supo primero por sobrevivientes o por colimbas?

–Por sobrevivientes. Recién liberado vino a casa Luis Genga e hizo un relato completo. Fuimos con el auto y vimos dónde era. A De Nevares venía a verlo mucha gente que necesitaba contar. Uno de los servicios de la APDH era escuchar, para que pudieran elaborar lo sufrido. El segundo paso era lograr que escribieran y firmaran, proceso que duraba meses. Cuando vino la OEA nos organizamos y fueron todas las víctimas.

–La causa tiene un testimonio atípico: el de Miguel Suñer (civil, fallecido, que fotografió a secuestrados en La Escuelita). ¿Por qué habló? (Labrune muestra una declaración del ex juez Federico Rivarola sobre Suñer que habla de culpa, de necesidad de sacarse un peso de encima.)

–Sentía que había hecho algo turbio, no pudo más. Era un tipo periférico, que escarchaba las marchas. Creo que algo lo impresionó. No fue un valiente que dijo “denuncio y me exilio”. ¿Vio que hay gente transparente, linda, y otra que no? Bueno, no era una persona hermosa. Después fue perseguido, la Justicia militar lo citó y se mantuvo en sus dichos.

–¿Tiene esperanzas de que con el avance de la Justicia los militares den información?

–No, para mí esto está cerrado. Sí me asombró que los suboficiales en testimoniales tampoco dieron datos sobre asesinatos. Es como si ese momento hubiera ocurrido entre personal seleccionado.

–¿Qué significa juzgar a ocho militares por sus crímenes?

–Hay dos niveles. La gente que se sintió victimizada seguro tuvo una reacción afectiva positiva relacionada con la idea de venganza. Nos hemos sentido vengados por la Justicia, no me avergüenza decirlo. La Justicia se construyó para regular la vindicta pública: cuando alguien es herido tiene derecho a la venganza, aunque no por propia mano ni de cualquier modo. Otras personas, y me incluyo, sentimos que a través de los ejecutores estamos juzgando al poder militar, al proyecto que fracasó con Onganía y volvieron a intentar en el Proceso. No sé si el Ejército debe existir, pero de existir no va a ser nunca más aquel que dictaba leyes por encima de la cosa profesional. Es importante que la gente se dé cuenta de que se puede desmontar instituciones cuando su accionar ha sido nocivo. A las Fuerzas Armadas las vamos a cambiar si castigamos en las personas sus planes de hegemonía, de dominación ideológica. La sociedad civil ha ganado una gran batalla, espero que para siempre. No sólo a los de acá: al militarismo, porque tiene que haber guerras para que ellos existan.

– ¿Sabe por qué los imputados usan chaleco antibalas?

–Porque la población civil es muy peligrosa y podemos estar apostados. Puede haber francotiradores en la azotea de la Catedral (sonríe).

–Neuquén tuvo a De Nevares y hoy tiene como obispo a Marcelo Melani, que a diferencia de la Conferencia Episcopal apoya los juicios y reivindica a mártires como monseñor Angelelli. ¿Es una isla?

–No sé cómo es en otros lugares pero sí que es totalmente opuesto a las manifestaciones del Episcopado. Ignoro cuántas islas hay. Entre el Papa y el Episcopado deber ser muy difícil ser isla.

–¿Se imagina diciendo “hasta aquí llegamos, la dictadura es tema cerrado”?

–Sí. A mí me interesa enjuiciar a los ejecutores del plan, que incluye a otras fuerzas, pero no los casos marginales. Hay culpables que me gustaría que estuvieran condenados pero no hay pruebas y esto es un juicio con las reglas del proceso penal. Tendríamos que haber tenido la fuerza política durante la dictadura o después para llevarlos ante tribunales regulares o irregulares, pero no se hizo. Hay otros temas, esto no puede ser eterno. Y aunque no estuve de acuerdo con la obediencia debida hago una frontera entre el personal inferior, que a veces fue pervertido por la ideología militar, y el consustanciado con el Ejército. Hablo de los suboficiales, no de quienes hicieron cursos de inteligencia sino de quienes fueron usados por el sistema. Excluyo, por supuesto, a los torturadores.

–He visto que el Falcon la obliga a usar almohadones. ¿Nunca pensó en un auto más chico?

–Nooooo. ¡Usted no sabe lo que es un Falcon!

–¿Es para intimidar o para acotar distancias con los militares?

–No, nada que ver, siempre tuve Falcon.

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La maldad humana

LEONARDO BOFF, DE OBSERVADOR

Por Diego Martínez

A falta de sacerdotes, la segunda audiencia del juicio tuvo un testigo de lujo. En la última fila de la pequeña jaula reservada al público, con poncho, bufanda y su inconfundible barba blanca, se ubicó el teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación que inspiró en la Argentina el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

“Los crímenes no pueden ser olvidados. La humanidad tiene que saber de qué ha sido capaz el alma humana, las perversidades que el ser humano comete. La opinión pública debe conocer los relatos que se escuchan en estos juicios porque, si no, las heridas seguirán abiertas”, explicó mientras el camión celular del Servicio Penitenciario partía con los represores.

“Me quedé un poco perplejo –admitió–. Uno los mira y parecen viejitos tranquilos, pero esconden una historia de perversidad que recién ahora llega a la luz. A mi lado había familiares que decían: ‘Me acuerdo de ese rostro cuando secuestró a mi hermana’. Son situaciones dramáticas”, explicó Boff, que asistió la semana pasada a la asunción de su colega ex sacerdote Fernando Lugo en Paraguay y que anoche, invitado por la cátedra libre “Don Jaime de Nevares”, dio una conferencia sobre “La Carta de la Tierra y los desafíos globales” en la Universidad Nacional del Comahue.

“En la Argentina se han superado ciertos límites insalvables para la persona humana, propios de los nazis. La conciencia de la humanidad debe rechazar estos crímenes, que ofenden la dignidad humana, y en ese sentido este juicio rescata la lucha de todos los que han sufrido, la fuerza y la resistencia de los grupos de neuquinos que nunca abandonaron la causa”, explicó.

Boff admitió que nunca antes había participado de una audiencia similar. “Lamento que ninguno de los imputados habló. Sólo se trataron formalidades, pero sé que con el correr del proceso aparecerán los testimonios y la pasión”, dijo. Agregó que “es el momento de estar junto con los comprometidos, con los que siempre alzaron la voz”, y expresó su deseo “de que triunfe la verdad y la justicia”.

–¿Se puede rezar por un criminal condenado? –preguntó un colega.

–Sí, un criminal nunca es sólo un criminal, nunca deja de ser persona y por lo tanto tiene también la presencia de Dios. Pero eso no disminuye su perversidad. Tenemos que rezar siempre, hasta que tengan justicia divina. La última palabra la debe tener Dios.

Ante quienes plantean “mirar para adelante”, destacó que “es importante, pero sin olvidar jamás que esto no puede volver a repetirse, de allí la necesidad de la verdad. No podemos congelarnos en el pasado, pero se debe escuchar el grito de las víctimas y debe haber justicia”.

El asesor del Movimiento de los Sin Tierra y de las Comunidades Eclesiales de Base de Brasil destacó que “donde hay opresión hay sentido de la liberación” y que la Teología de la Liberación “es más actual que nunca, porque las formas de opresión son globales”.

Simulando ignorar lo obvio y para ver la reacción, el cronista se acercó al oído de quien acompañaba a Boff y preguntó:

–¿No sigue siendo sacerdote, no?

–No, tiró la sotana; o se la hicieron sacar –sonrió el interlocutor–. Sigue hablando como si lo fuera, pero el Vaticano no lo reconoce.

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Ocho escudados en el silencio

LOS REPRESORES QUE ESTAN SIENDO JUZGADOS EN NEUQUEN SE NEGARON A DECLARAR

Durante la segunda audiencia por secuestros, torturas y desapariciones, los militares no ampliaron su declaración indagatoria. Los abogados querellantes discutieron con el tribunal por las restricciones para presenciar las audiencias.

Por Diego Martínez

El general Enrique Olea, uno de los procesdos por la represión en Neuquén.

Los ocho militares retirados acusados por secuestros y torturas cometidos en Neuquén durante la última dictadura se negaron ayer a hacer uso de la palabra para ampliar sus declaraciones indagatorias. Fue durante la segunda audiencia del primer juicio por delitos de lesa humanidad del sur argentino. Pese al reclamo de las querellas, el Tribunal Oral Federal que preside Orlando Coscia reiteró su negativa a continuar las audiencias en una sala alternativa y con una capacidad acorde con los centenares de allegados a las víctimas y a la importancia histórica del juicio.

El miércoles, sin más fundamento que su facultad de decidir, el tribunal rechazó la propuesta de de-sarrollar el juicio en la sala cultural Conrado Villegas. Ayer, cuando el juez declaró abierto el debate, la abogada Ivana Dal Bianco solicitó que se revisara la decisión porque “no es sólo una facultad del tribunal, es una cuestión que nos compete a todos”.

–¿En qué normas legales se sustenta, doctora? –la chicaneó Coscia.

–En el principio de oralidad y publicidad, en los pactos internacionales de derechos humanos que establecen que la publicidad es un derecho de la sociedad y una obligación que los jueces deben garantizar, y en los 32 años de lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo argentino –le respondió la abogada de Ceprodh. Nerea Monte, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, adhirió al pedido.

El defensor oficial Eduardo Peralta cuestionó luego el comportamiento del público durante la primera audiencia y solicitó al tribunal que “extreme los recaudos” para “conservar la seguridad” y para que reinen “el respeto y el silencio”. Se refería a que tanto al ingresar al recinto como al retirarse, las treinta personas apiñadas detrás del blíndex cantaron “como a los nazis/les va a pasar/a donde vayan los iremos a buscar”. Adhirieron al planteo los ocho defensores y, para desconcierto del público, también el fiscal Manuel de Reyes Balboa.

Luego de un breve receso para analizar los planteos y tras obligar al público a ponerse de pie para recibirlos, Sus Señorías informaron “no ha lugar” al pedido de las querellas, porque “no está previsto en disposición específica alguna”, y exhortaron al público a guardar silencio.

Llegó entonces el turno de escuchar a los ocho imputados. Coscia les explicó que la indagatoria era “un medio de defensa”, que “abstenerse de declarar no es presunción de culpa”, pero les advirtió que de todas formas el tribunal tenía obligación de dictar sentencia. Luego los invitó, uno a uno, a sentarse en el centro de la sala, frente a un ejemplar de la Biblia Latinoamericana reservado para los testigos.

El primero fue el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182.

–¿Quiere declarar o prefiere guardar silencio?

–No voy a declarar –respondió.

Siguió el mayor Luis Farías Barreras, ex jefe de personal de la Brigada de Infantería de Montaña VI que recibía a los familiares de los desaparecidos, y más tarde el teniente coronel Sergio San Martín, acusado como torturador del Destacamento y activo hasta 1994.

–Voy a guardar silencio, Su Señoría.

–Muy bien, caballero –lo despidió el juez.

Así, sin responder más que lo inevitable, pasaron los ocho. Jorge Molina Ezcurra, compañero de tareas de San Martín y premiado luego con un cargo de jefe de sección en el Batallón de Inteligencia 601 de Viamonte y Callao, apuntó que se retiró como coronel en 1995. Siguieron el suboficial mayor Francisco “El Loro” Oviedo, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold –que prefirió cubrir su chaleco antibalas con un sobretodo–, el general de brigada Enrique Braulio Olea y el mayor médico Hilarión de la Pas Sosa.

Antes de que el juez diera por concluida la audiencia, el defensor oficial Peralta solicitó que sus defendidos (Reinhold, Farías Barrera y Gómez Arena) puedan no asistir a las audiencias de declaraciones testimoniales que se extenderán durante los próximos dos meses. Adhirieron al planteo los abogados Hernán Elizondo y María Cecilia Oviedo, que defiende a su papá. La querellante Dal Bianco solicitó al tribunal que, de acceder al pedido, los imputados queden en una sala contigua a la de audiencias y no en la cárcel de General Roca donde pasan sus días. “Los asiste el derecho que invocó el defensor”, volvió a desentonar el fiscal De Reyes Balboa. Coscia anunció que oportunamente el tribunal decidirá sobre el planteo y dio por concluida la audiencia.

La sala se puso de pie para despedir a Sus Señorías y la treintena de presentes amuchados al fondo de la sala retomó una música y una letra que ya es clásico en juicios de todo el país: como a los nazis, sí.

–¡Desalojen la sala! –ordenó Coscia, pero hasta los policías le sonrieron.

–¿Te acordás cuando me torturabas, hijo de puta? –le gritó un hombre a uno de los represores.

Ninguno acusó recibo.

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“Son parte del genocidio ocurrido en Argentina”

En Neuquén comenzó ayer el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en el sur del país

Con una manifestación en la calle y ocho represores en el banquillo, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio de querellantes y fiscales. Los organismos sostuvieron el carácter genocida de la dictadura. Una abogada sufrió un atentado mafioso.

Por Diego Martínez

El represor Enrique Braulio Olea, general de brigada.

Desde Neuquén

Con un millar de personas en la calle y reclamos de cárcel perpetua y efectiva colándose por las ventanas, ayer comenzó en el Tribunal Oral Federal de Neuquén el primer juicio por delitos de lesa humanidad del Sur argentino. La audiencia incluyó la lectura de los requerimientos de elevación de querellantes y fiscales más la parte resolutiva que dispuso el juez federal Guillermo Labate. La mala nueva del día fue el mensaje mafioso que recibió la abogada Ivana del Bianco, del Ceprodh. El martes a la noche desconocidos ingresaron a su casa, robaron su computadora personal, dieron vuelta todos los cajones, encontraron 500 pesos, pero los dejaron sobre la cama para que nadie los confunda con ladrones comunes. Hoy los defensores formularán sus clásicos planteos dilatorios y los ocho imputados podrán declarar o mantener el pacto de silencio, que no será usado en su contra.

Los represores llegaron minutos antes de 7.30. El sol no había asomado, el frío penetraba. La bienvenida corrió por cuenta de una veintena de militantes de Hijos. “Como a los nazis / les va a pasar / a donde vayan los iremos a buscar”, entonaron a coro. Del celular bajaron rápido, con chalecos antibalas, varios con boinas de abuelito, custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Antes de las 9 entraron a la sala, uno a uno y con esposas, que les quitaron frente a fotógrafos y camarógrafos. Los penitenciarios cerraron las ventanas, sin suerte: los tambores sonaban cada vez más fuerte. “No hubo errores / no hubo excesos / son todos asesinos los milicos del proceso”, cantaban abajo.

La calle era una fiesta: un pañuelo gigante de Madres de Plaza de Mayo, fotos de los imputados antes de sus indagatorias, rostros en blanco y negro de desaparecidos locales, cada uno con una breve historia personal, e infinidad de banderas, entre otras de CTA, Federación Universitaria del Comahue, ATEN, cerámicas Del Valle y Zanon, PTS, Movimiento Sur y Convergencia Socialista. Una mujer paseaba una pancarta con la cara de monseñor Jaime de Nevares. “En los corazones de los que no aflojan”, decía.

Cuando los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu (subrogante, de General Roca) terminaron de acomodarse, la abogada Del Bianco pidió la palabra. “Anoche en mi domicilio hubo un robo bastante sospechoso. Se llevaron una computadora, dieron vuelta todos los cajones, encontraron 500 pesos, pero los dejaron a la vista, sobre la cama. Hicimos la denuncia, pero queremos decirlo en esta sala porque no lo desvinculamos del juicio”, explicó. Vale recordar que la causa tiene tres prófugos: el capitán Jorge Di Pascuale, que integraba el Destacamento de Inteligencia 182 igual que cuatro de los imputados, y dos policías de la provincia de Río Negro: Héctor Mendoza y Saturnino Martínez.

Del Bianco planteó que la continuidad de un juicio histórico para la Patagonia en una sala ínfima, no apta para claustrofóbicos, “es otro modo de mantener el tema oculto y de vulnerar el principio de publicidad”. Ayer el tribunal rechazó formalmente la propuesta de las querellas de desarrollar las audiencias en la sala cultural Conrado Villegas. La argumentación de Sus Señorías fue contundente: “Es facultad ordenatoria propia del tribunal”.

Si Jesucristo hablara

Antes de la lectura de los pedidos de elevaciones, el presidente del tribunal, Orlando Coscia, solicitó a los imputados que se identificaran. A diferencia de los cordobeses, aquí no respetaron jerarquías. Desde la izquierda, detrás de los nueve abogados encargados de defenderlos, se ubicaron el coronel Mario Gómez Arenas, el mayor Luis Farías Barrera, los coroneles Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra, el sargento Francisco Oviedo, el general de brigada Enrique Braulio Olea y el coronel médico Hilarión de la Paz Sosa. En segunda fila, solitario, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold. Contra la pared, una hilera de penitenciarios con revólveres a mano, tal vez para justificar los chalecos antibalas de los represores. Sobre sus cabezas, sin chance de objetar su ubicación en la sala, un pequeño Jesucristo crucificado.

La lectura, a cargo de la secretaria del tribunal María Julieta Cesano de Caunedo, comenzó por el pedido de elevación a juicio de los fiscales José María Darquier y su adjunta María Cristina Beute, noventa páginas con relatos de secuestros, robos, vejaciones, simulacros de fusilamientos e interrogatorios a cargo de celebridades como Raúl Guglielminetti. Las reacciones de los imputados fueron dispares. Gómez Arena, ex jefe del Destacamento 182 con base en La Escuelita, no logró controlar su tic nervioso: durante horas guiñó ambos ojos. Farías Barrera, ex jefe de personal de la Brigada de Infantería de Montaña VI, ladino y apocado en el recuerdo de los familiares que hace tres décadas le rogaban por sus desaparecidos, puchereó hasta que el sueño lo venció. El Laucha, como lo apodan sus camaradas, tiene 78 años. El general Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros 181, fue el único que tomó apuntes. Reinhold, ex jefe de inteligencia de la Brigada, permaneció inmutable.

El escrito suscripto por las abogadas de la Asamblea por los Derechos Humanos Nerea Monte y María Suárez explicó que los represores invocaron ser “guardianes de la civilización occidental y cristiana” para cometer sus crímenes, destacó que “el descreimiento de la Justicia” fue funcional a la impunidad y recordó el rol “de los sacerdotes para el ablande de los detenidos”. El organismo comparó la masacre argentina con los genocidios nazi y armenio y con la matanza de Ruanda en 1994 y pidió “llamar por su nombre a fenómenos que registran similitudes que deben ser reconocidas”. Farías Barrera se durmió abrazado al texto de la APDH.

El Ceprodh, representado por Del Bianco y Romina Sckmunck, destacó que los represores “eran fungibles” dentro de “una estructura de poder” y tenían “plena conciencia de desarrollar acciones criminales”. Recordó que el TOF de La Plata “reconoció la existencia jurídica del genocidio”, citó al sociólogo Daniel Feierstein para argumentar que la dictadura “se propuso eliminar una fracción de la sociedad” y que los delitos de cada represor se cometieron “con la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional y en consecuencia forman parte del genocidio ocurrido en la Argentina entre 1976 y 1983”.

Hoy y si es necesario mañana tendrán la palabra imputados y defensores. El lunes comenzarán las testimoniales: declararán la presidenta de APDH, Noemí Labrune, la abogada Mirta Mántaras, el sacerdote Rubén Capitanio y el ex juez federal Rodolfo Rivarola, actores centrales del proceso judicial en la Patagonia hasta la sanción de las leyes de impunidad.

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Ocho militares ante el tribunal

Empieza el juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén

Por Diego Martínez

Desde Neuquén

El Tribunal Oral Federal de Neuquén juzgará desde hoy a ocho militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Escuelita y en dependencias de la Brigada de Infantería de Montaña VI durante la dictadura. Entre los imputados sobresalen el general de brigada Enrique Braulio Olea, los coroneles Oscar Lorenzo Reinhold y Mario Alberto Gómez Arenas, y el mayor Luis Alberto Farías Barrera. Se los juzgará por asociación ilícita, 17 secuestros y torturas agravadas y una desaparición forzada. Se trata del primer juicio oral y público por crímenes imprescriptibles en el sur argentino, tercero en el interior del país.

El juicio se hará en una sala con capacidad para 40 personas, que obligará a las víctimas a seguir las audiencias desde la calle, donde habrá pantallas, y a los periodistas a pasar la noche en la puerta del tribunal para acceder a uno de los veinte lugares para la prensa. Hay 160 medios acreditados y se asignarán por orden de llegada. La sede original era la ex Legislatura local, con capacidad para 130 personas, pero se cayó el techo del edificio. Los querellantes sugirieron como alternativa la sala cultural Conrado Villegas, pero fue rechazada. Los gremios estatales y la Universidad del Comahue declararon asueto para estar hoy presentes.

La causa por crímenes de lesa humanidad en Neuquén y el Alto Valle se reabrió en 2005, tiene más de 90 víctimas y varias decenas de represores identificados. El juez federal Guillermo Labate la fragmentó y elevó en una primera etapa los 17 casos por los que se juzgará a los ocho militares. Desde hoy al viernes, se prevé la lectura de la elevación a juicio, y los requerimientos de fiscalía y querellantes: APDH y Ceprodh.

Olea era jefe del Batallón de Ingenieros 181. En un terreno aledaño funcionó La Escuelita. Reinhold era jefe de inteligencia de la Brigada. Farías Barrera, de personal. Gómez Arenas era jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Los otros imputados son los oficiales Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín, miembros del destacamento y acusados de torturas, el médico Hilarión de la Paz Sosa, acusado de adormecer a las víctimas antes de los traslados, y el suboficial Francisco Julio “Loro” Oviedo. El 1º de agosto, para evitar sorpresas, el tribunal ordenó concentrar a los militares en la cárcel de General Roca. Cinco tenían arresto domiciliario. Murió impune el jefe de la brigada general José Luis Sexton y están prófugos el capitán Jorge Di Pascuale y el ex comisario Héctor Mendoza.

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Buscados

HAY 40 REPRESORES CON ORDEN DE CAPTURA QUE NO APARECEN

La fuga de Julián Corres, que ya había estado prófugo, actualizó la problemática de los métodos utilizados para ubicar a los acusados por delitos de lesa humanidad. La unidad de búsqueda todavía no funciona.

Por Diego Martínez

“En teoría las fuerzas de seguridad y el enorme aparato de inteligencia estatal los buscan. En la práctica más de uno sonreirá, mate en mano, al leer esta nota y pensar en sus argucias cotidianas para burlar al Estado que hasta hoy, con fundamentos, consideran bobo.” El comienzo del informe especial sobre represores prófugos que Página/12 publicó el 11 de marzo de 2007 mantiene su vigencia intacta. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado, del CELS, hay 40 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, apenas tres menos que hace 17 meses. Teniendo en cuenta las 413 órdenes de detención, significa que uno de cada diez militares, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías y colaboradores acusados por delitos de lesa humanidad logran escabullirse de la Justicia.

El principal agravante respecto de aquel momento es la existencia de un fugado: el teniente coronel Julián Corres. El 3 de abril cuando Interpol lo detuvo, con la fisonomía cambiada, el torturador de La Escuelita llevaba 18 meses escondido. El juez federal Alcindo Alvarez Canale alojó a un oficial de inteligencia en una dependencia sin las más elementales medidas de seguridad, a cargo de un comisario que va a sus cumpleaños. Recién tres meses después, tras procesarlo por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, ordenó su traslado a Campo de Mayo y se fue de vacaciones. Durante el mes siguiente fue el Servicio Penitenciario Federal el responsable de no concretar el traslado.

La segunda diferencia es una decisión política que nunca se concretó: la creación de un organismo dedicado a buscar a los represores prófugos. El 29 de mayo la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley 26.375 que creó una Unidad Especial con ese fin, dotada de un fondo de recompensas de cinco millones de pesos. El 27 de junio el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos fijó una serie de pautas para regular los pagos. Tras la fuga de Corres, cuando Página/12 recordó que la unidad no existía, el ministro Aníbal Fernández la invocó para ofrecer 150.000 pesos a quien aportara información sobre el Laucha. Pero al día de hoy, esa fue toda su actividad. Fernández explicó ayer por medio de su vocero que la demora obedece a que Jefatura de Gabinete no transfirió los fondos necesarios y anticipó que la creación se concretará en la semana próxima.

La desidia dio lugar a situaciones que, sin el trasfondo de la masacre, serían risueñas. El ex agente Raúl Guglielminetti, con orden de detención desde 2003, vivió siempre en su casaquinta La Mapuche, que todos en Mercedes conocen. Hasta agosto de 2006, cuando el juez Daniel Rafecas dio instrucciones sobre la ubicación del empresario, ninguna fuerza de seguridad lo había buscado. El teniente coronel retirado Ernesto Kishimoto llevaba un año y medio prófugo cuando entregó su DNI para el check in en el aeropuerto de Posadas. Mientras lo detenían aclaró que ignoraba el pedido de captura y que siempre vivió en un departamento de Corrientes al 4500 que figura a su nombre en la guía telefónica.

Más insólito es el caso del capitán Carlos Eduardo Domínguez Linares, próspero hacendado cordobés y ex mano derecha del gobernador de facto de Formosa, general Juan Carlos Colombo. La APDH local informó a la Justicia el domicilio y el número de celular del militar, que solía aparecer en el canal rural con bombacha y chiripá como presidente de la Confederación Gaucha Argentina. Según los querellantes, el juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro “transformó un pedido de captura en una averiguación de paradero” y recién un año y medio después, cuando el Consejo de la Magistratura lo convocó a dar explicaciones, ordenó su detención.

Otras detenciones sirven de contracara y sugieren que el Estado, cuando se lo propone, puede. El capitán Enrique José Del Pino, ex jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo, fue detenido por Interpol cuando salía de un restaurante de Palermo después de un prolongado trabajo de inteligencia. Llevaba 18 meses prófugo. Su compañero de andanzas, sargento ayudante Alfredo Omar “Cacho” Feito, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601, se burló mientras pudo: dos meses después de ser declarado en rebeldía su nombre apareció en el Boletín Oficial como socio de la sociedad anónima Poitagua. Tras el informe de Página/12 de marzo de 2007, el juez federal Ariel Lijo encomendó su captura al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. Fue detenido seis meses después, tras un trabajo de escuchas en las que se lo mencionaba como “Señor X” o “Innombrable”. También el capitán Carlos Esteban Pla, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como asesino de Graciela Fiochetti, fue detenido en Vicente López por la división Antiterrorismo de la Policía Federal tras un año bien guardado.

La última captura destacable fue la de Corres, que además de su oficio en inteligencia disponía de todos los recursos materiales imaginables. Su padrino es el empresario Héctor Lapeyrade, un multimillonario dueño de la petrolera Chañares Herrados e íntimo de su padre, a quien prometió garantizar la buena vida de la familia. Lapeyrade admitió que le pasaba 4500 pesos al prófugo y otros 5000 a su esposa. El juez bahiense Alvarez Canale frustró la pesquisa que pudo haber derivado en su detención. En la investigación por la fuga de Corres obligó al pase a disponibilidad de dos militares en actividad: el secretario y el comandante del V Cuerpo de Ejército.

Celebridades

La causa ESMA tiene más de cincuenta represores procesados con preventiva, pero también ostenta el récord de prófugos. El más antiguo es el capitán de fragata Jorge Vildoza, ex jefe de un grupo de tareas. La justicia ya lo buscaba en 1986, junto con su esposa Ana María Grimaldos, por la apropiación de una menor. Sus buenos contactos le permiten reunirse sin mayores problemas con uno de sus hijos biológicos, titular de la firma de máquinas de juego American Data, con sede en Martínez y negocios en la Patagonia.

Rosario tiene más prófugos que procesados. La ceguera selectiva de su policía provincial es ostensible. El ex PCI del Ejército Walter Pagano fue detenido de bronca, mientras escuchaba misa, por el hijo de otro represor. El ex comisario César Luis Peralta, alias “La Pirincha”, es dueño de una flota de taxis y compartiría con sus ex camaradas negocios menos transparentes pero más rentables. La última captura, por parte de la Policía Federal, fue la del comisario inspector Carlos Alberto “Dippy” Moore. En febrero Rosario/12 publicó por primera vez una foto del prófugo Jorge Andrés Cabrera, alias Barba, uno de los más finos especialistas en torturas de la patota de Feced.

Un caso insólito es el del teniente de navío Roberto Bravo, acusado por la Masacre de Trelew. El juez Hugo Sastre ordenó su detención el 9 de febrero. Luego Página/12 informó que Bravo es dueño en Florida de RGB Group, que factura millones de dólares y provee servicios al Pentágono. Interpol pidió que le traduzcan acusación y pruebas, tarea que comenzó en abril. El viernes el fiscal Fernando Gélvez le pidió al juez que intime a la intérprete a terminar. Bravo ya tuvo siete meses para esconderse.

La lista de prófugos que Aníbal Fernández debería poner a disposición de la justicia incluye varias celebridades. El mayor Jorge Antonio Olivera viajó a Italia para defender a Carlos Suárez Mason pero quedó detenido por la desaparición de Marie Anne Erize. Recuperó su libertad con ayuda de inteligencia del Ejército, que faxeó a Italia un documento falso. El coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V, fue hasta 2000 titular de la empresa de seguridad Alsina SRL. Felipe Romeo dirigió el pasquín El Caudillo, vocero de la Triple A.

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Los cuarenta prófugos

Capital. Juez Sergio Torres. Causas ESMA-Walsh (7) - Díaz Smith, Jorge Manuel,Prefectura *(también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría).- González, Roberto Oscar, Policía Federal. - Linares, Juan Carlos, Policía Federal - Pittana, Claudio, Policía Federal. - Salvia, Pedro Norberto, Policía Federal. - Sánchez, Gonzalo, Prefectura. - Vildoza, Jorge Armada *(también en causa por apropiación de menores, por orden de la jueza Servini de Cubría). Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Feced (4). - Altamirano, Carlos Ulpiano, Policía de Santa Fe. - Moore Basini, Carlos, Policía de Santa Fe. - Peralta, César, Policía de Santa Fe.- Revechi, Eduardo, PCI del Ejército.

Rosario. Juez Marcelo Bailaque. Causa Quinta de Funes (4) - Cabrera, Jorge Andrés, Ejército. - Gertrudis, Héctor, Gendarmería. - Isach, Carlos, PCI del Ejército. - Scilabra, Francisco, Policía de Santa Fe.

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Cuerpo I (4) - Baraldini, Luis Enrique, Ejército. - Cendón, Néstor Roberto, SPF. - Cruz, Eduardo Angel, Policía Federal. - Godoy, Pedro Santiago, Gendarmería.

Bahía Blanca. Juez federal Alcindo Alvarez Canale. Causa Cuerpo V (2) - Alvarez, Aldo Mario, Ejército. - Corres, Julián Oscar, Ejército.

La Plata. Juez federal Manuel Blanco. Causa Unidad 9 (2) - García, Jorge Luis, SPB. - Guerrero, Pedro César, SPB.

Neuquén. Juez federal Guillermo Labate. Causa La Escuelita (2) - Di Pasquale, Jorge Héctor, Ejército. - Mendoza, Héctor, Policía de Neuquén.

San Juan. Juez Leopoldo Rago Gallo. Causas Marie Anne Erize y Margarita Camus (2) - Vic, Eduardo Daniel, Ejército. - Olivera, Jorge Antonio, Ejército.

Capital. Jueza federal María Servini de Cubría. Causa por apropiación de menores (2) - Grimaldos de Vildoza, Ana María, Civil * (Esposa de Jorge Vildoza, prófugo también en causa ESMA)

Capital. Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Causa por apropiación de menores (1) - Vázquez Sarmiento, Juan Carlos, Fuerza Aérea

Capital Juez federal Norberto Oyarbide. Causa Triple A (1) - Romeo, Felipe, Civil

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Masacre de Fátima (1) - Martínez, Luis Alberto, Policía Federal

Capital. Juez federal Daniel Rafecas. Causa Hospital Posadas (1) - Cocteleza, Juan Máximo, Civil.

Chaco. Juez federal Carlos Skidelsky. Causa Masacre de Margarita Belén (1) - Tozzo, Norberto Raúl, Ejército.

Córdoba. Jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Causa Comando Libertadores de América (1) - Antón, Herminio Jesús, Policía de Córdoba.

Corrientes. Juez federal Carlos Soto Dávila. Causa Panetta (1) - Cao, Leopoldo Norberto, Ejército.

Formosa. Juez federal Marcos Bruno Quinteros. Causa Carrillo (1) - Domato, Horacio Rafael, Gendarmería.

La Plata. Juez federal Arnaldo Corazza. Causa Raffo (1) - Vidal, Jorge Héctor, Policía de la provincia.

Rawson. Juez federal Hugo Sastre. Causa Masacre de Trelew (1) - Bravo, Roberto Guillermo, Armada.

Salta. Juez federal Abel Cornejo. Causa Masacre de Palomitas (1) - Arrechea Andrade, Antonio, Ejército.

Tucumán. Juez federal Daniel Bejas. Causa Vargas Aignasse (1) - Villegas, Norberto Ricardo, Ejército.

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Avances en Rosario

Tres causas emblemáticas del terrorismo de Estado en Rosario serán elevadas a juicio oral y público. Así lo requirió esta semana el fiscal federal Ricardo Vázquez. Se trata de los expedientes Feced, Fábrica Militar de Armas y la segunda parte de la causa Quinta de Funes. El principal imputado es el general retirado general Díaz Bessone, secundado por otros emblemas de la represión local como José Rubén “El Ciego” Lo Fiego o Mario “El Cura” Marcote. El martes fue detenido en la capital provincial el teniente coronel retirado Héctor Marino González, por su participación en los centros clandestinos Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu y Quinta de Funes. El ex militar ya fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz. Otro represor, Eduardo “Tucu” Costanzo, lo sindicó como la persona que dirigió los “vuelos de la muerte” en los que se habrían arrojado los cuerpos de los militantes asesinados.

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Los amigos del Laucha

El comandante del V Cuerpo pasó a disponibilidad

Oscar Gómez era superior del ex secretario general del comando, que admitió que visitó y asistió a los represores detenidos en la delegación de la policía de la que se fugó Corres.

Por Diego Martínez

El ex comandante del V Cuerpo de Ejército Oscar Gómez.

Las sospechas sobre la complicidad de oficiales del Ejército en la fuga del teniente coronel retirado Julián Corres derivaron ayer en el pase a disponibilidad del general de brigada Oscar Roberto Gómez, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca. Gómez era superior inmediato del ex secretario general del comando, coronel Jorge Roque Co-cco, quien admitió ante la Justicia que “en respuesta a órdenes superiores” visitó y asistió con camas, colchones, sábanas, medicamentos, mate amargo, tortas de coco y hasta un patriótico locro a los represores detenidos en la delegación local de la Policía Federal de donde se fugó El Laucha Corres. Según el comunicado difundido por Defensa, la ministra Nilda Garré consideró que “Gómez debía tener conocimiento de los inadecuados mecanismos de visita y asistencia al ahora, por segunda vez, prófugo de la Justicia”.

La íntima relación de Cocco con los camaradas en desgracia se conoció a partir del testimonio de los guardias encargados de custodiarlos. Los servicios comenzaron en 2006, con la detención del suboficial Santiago Cruciani. Cocco era entonces jefe del Batallón de Inteligencia 181. Otro visitante asiduo era el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres, también de inteligencia, que aún no fue citado por la Justicia.

Con la llegada de los oficiales Jorge Mansueto Swendsen y Miguel Angel García Moreno el trato a los detenidos pasó a ser privilegiado: puertas abiertas, visitas a deshora y sin registro, reuniones en una sala acondicionada con sillones y cafecitos en el despacho del subcomisario Marcelo Voros, pasado a disponibilidad al día siguiente de la fuga.

El cabo Pablo Carbajal y el inspector Juan Carlos Lastra contaron que se negaron a acceder a los pedidos de los militares, que invocaban a Voros para exigir servidumbre. Ambos son casualmente los únicos procesados, aunque fueron excarcelados. El juez federal Alcindo Alvarez Canale los consideró partícipes secundarios del delito de facilitación de fuga.

El domingo Página/12 informó que Cocco había sido pasado a disponibilidad y que se le había iniciado un sumario. El martes, antes de declarar, el coronel, aún sonriente, sugirió a la prensa que era apenas “un tema periodístico”. Aún no había sido notificado. Minutos después, ante el juez y el fiscal federal Hugo Cañón, admitió las visitas, dijo que la habitación/celda no tenía llave ni candado y que “por caridad cristiana” llevaba tortas para acompañar las rondas de mate. Enmarcó sus servicios como “acciones solidarias” del Ejército, equiparó los préstamos a represores con los que realizan a boy scout, bomberos y discapacitados y mencionó entre los superiores que lo autorizaban al general Gómez y al coronel José Herminio Hernández, jefe del Estado Mayor del Cuerpo V.

El martes a la tarde Garré recibió a Gómez en su despacho. Defensa no hizo pública la explicación del militar, aunque trascendió que la reprimenda fue dura. La ministra “reiteró en tono enérgico” instrucciones para que los oficiales activos no participen de “actividades de supuesta contención” de criminales de lesa humanidad y advirtió que “las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”.

El jueves, el fiscal Cañón explicó en FM Universal que había un “respaldo institucional” del Ejército a los represores. Gómez respondió por el mismo medio que la fuerza “no tiene responsabilidad alguna en la administración, custodia y alojamiento del personal militar detenido”, aunque admitió “puntos de vinculación” con la Policía Federal y sugirió que estaba obligado a atender la salud de los retirados en manos de la Justicia.

Un día después, Defensa decidió su pase a disponibilidad “por sus responsabilidades en el ejercicio del comando de su gran unidad de batalla en las circunstancias vinculadas con la fuga” de Corres y destacó “la dependencia directa de su mando” del servicial Cocco. Gómez había asumido el mando del Cuerpo V el 6 de febrero pasado.

La causa por la fuga tiene cuatro imputados. Los dos guardias procesados y los dos ex jefes de la Policía Federal: el comisario Gustavo Scelsi y el subcomisario Voros. Alvarez Canale ya indagó a Scelsi, el desconocido que va a sus cumpleaños, pero aún no resolvió su situación procesal. Voros aún no fue indagado. Ambos pasan sus días en la cárcel de Villa Floresta.

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“Te voy a matar con mis propias manos”

Cuatro represores condenados, una absolución y un show de Cecilia Pando que incluyó amenazas de muerte

La defensora mediática de los represores acusó a los jueces de “cobardes” y amenazó al secretario de Derechos Humanos y a la diputada Victoria Donda, luego de que un tribunal correntino condenara a tres militares y a un ex gendarme por crímenes de lesa humanidad.

Por Diego Martínez

Cecilia Pando hizos el gesto de degüello mientras gritaba a sobrevivientes y familiares de desaparecidos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó ayer a tres oficiales retirados del Ejército y a un ex comandante de Gendarmería por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 9 durante la dictadura. El empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de la provincia, capitán Juan Carlos De Marchi, apodado “El Electricista” por sus destrezas con la picana, pasará 25 años en una cárcel común como cualquier hijo de vecino. La sentencia incluyó la absolución de un suboficial del Ejército, la segunda desde la reapertura de las causas, y un espectáculo dantesco de la militante por los derechos de los genocidas Cecilia Pando, que incluyó amenazas de muerte a los jueces, a la diputada Victoria Donda y al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

El juicio tuvo un gran ausente: el general Cristino Nicolaides, comandante de la Brigada de Infantería VII de la que dependía el Regimiento donde se cometieron los crímenes. El ex jefe del Ejército fue condenado a 25 años de prisión en diciembre por los secuestros y desapariciones de cinco militantes montoneros que ingresaron al país en 1979. La salud le evitó una segunda condena segura. Aún goza de prisión domiciliaria en su casa del barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba.

Los represores correntinos fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Luego de su cautiverio en el Regimiento 9, Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La pena mayor, prisión perpetua, recayó sobre el coronel Julio Rafael Manuel Barreiro. El tribunal que preside Víctor Alonso e integran Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.

De Marchi y el coronel Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta 2003, fueron condenados a 25 años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, alias “El Astiz correntino” por infiltrarse en la familia de Artieda, fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo. Sólo resta definir si cumplirán sus penas en Marcos Paz o en Resistencia.

El absuelto de culpa y cargo es el sargento retirado Carlos Roberto Píriz. Los motivos de la absolución, que las querellas van a recurrir ante la Cámara de Casación, se conocerán el 17 de septiembre cuando el tribunal dé a conocer sus fundamentos. “La absolución demuestra que las sentencias no están escritas de antemano, que los juzgamientos no son políticos y que estamos transitando el camino de la justicia y la verdad. Píriz llegó a juicio porque había pruebas suficientes. Que un tribunal imparcial pueda valorar la prueba y resolver lo contrario forma parte de las reglas de un estado de derecho”, sintetizó el abogado Mario Bosch, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Un día histórico

Si bien la sentencia a Menéndez & Cía. en Córdoba fue la primera del interior del país (Miguel Etchecolatz y el cura Christian von Wernich fueron condenados en La Plata, que para el interior profundo es un anexo de Buenos Aires), el primer juicio oral y público en comenzar, a principios de febrero, fue el de Corrientes.

La previa de ayer arrancó, pese al frío, con una vigilia de pibes de Barrios de Pie y agrupaciones estudiantiles en la esquina del tribunal, en La Rioja y Carlos Pellegrini. Con el correr de la mañana llegaron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, militantes y familiares de Misiones, Chaco y Entre Ríos, funcionarios nacionales, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y la diputada nacional Victoria Donda.

Pando correteó ante la indiferencia generalizada y desparramó panfletos con una frase que habría suscripto el ex presidente de Peugeot Argentina y actual embajador argentino en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña, en la cual se expresaría “reconocimiento y solidaridad” a quienes “derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”.

La actitud humilde de los familiares del suboficial Píriz contrastó con la arrogancia y la pilcha de los críos de los oficiales. “Entran con chalecos antibalas los héroes de Malvinas”, arengó un hijo de Losito cuando ingresaron a la sala. Un segundo después de que el juez Alonso, con la cruz sobre su cabeza, terminara de leer la sentencia, Pando se paró sobre una silla y empezó a gritar desaforada. “Ustedes van a pagar por lo que están haciendo. Juzguen al terrorismo, no sean cobardes”, les gritó a los jueces mientras se retiraban de la sala.

A diferencia de Córdoba, donde los familiares de los imputados le exigieron no hacer papelones y acató sin chistar, en Corrientes nadie intentó contenerla. En línea con el alegato del condenado Menéndez y sin disimular sus desequilibrios, Pando reiteró varias veces el típico gesto de degüello mientras gritaba “¡Asesinos! ¡Terroristas! ¡Falsificadores!” a sobrevivientes y familiares que se abrazaban. “¡Te voy a matar con mis propias manos!”, amenazó al secretario Duhalde. “¡Son jueces parciales! ¡Se les ha pagado a todos!”, agregó una cuarentona indignada. A la hora de insultar también sobresalieron la esposa y un hijo de Losito, educado “en la moral cristiana” según el coronel. “Les ponemos los micrófonos y somos sujetos de agresiones. Todos los medios recibimos patadas y cachetazos”, relató en vivo un corresponsal de televisión. La respuesta de quienes supieron esperar justicia durante treinta años no se hizo esperar:

–¡¿Rómulo Artieda?!

–¡Presente!

–¡¿Juan Vargas?!

–¡Presente!

Alguien aconsejó “un psiquiatra” para Pando y un coro de voces comenzó a celebrar. “Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.” Las amenazas siguieron fuera de la sala. “¡Nos la vas a pagar!”, le gritó el hijo de De Marchi al fiscal Oscar Resoagli, que intervino en la primera etapa de la causa. En la calle, medio millar de personas que escucharon la sentencia en vivo seguían celebrando.

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Los represores involucrados en el juicio

Juan Carlos De Marchi, capitán retirado del Ejército. Ex presidente y aún directivo de la Sociedad Rural de Corrientes. Sus camaradas lo apodaban “El Electricista” por su buen manejo de la picana eléctrica durante las sesiones de tortura. Era jefe de inteligencia del área militar 231. Fue condenado a 25 años de prisión en una cárcel común.

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Julio Rafael Manuel Barreiro, coronel retirado del Ejército. Estuvo en actividad en el Regimiento de Monte Caseros hasta su detención. Fue condenado a prisión perpetua como coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.

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Horacio Losito, coronel retirado del Ejército. Estuvo en actividad como agregado militar en la Embajada de Italia hasta su detención en 2003. Fue condenado a 25 años de prisión en una cárcel común por asociación ilícita más diez secuestros y tormentos agravados. Mientras cumpla su condena, volverá a ser juzgado por la Masacre de Margarita Belén, en Chaco.

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Raúl Alfredo Reynoso, oficial retirado de Gendarmería. Se ganó el apodo “El Astiz correntino” por infiltrarse en la familia de Rómulo Artieda, secuestrado gracias a su trabajo, luego torturado y asesinado. Fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos de secuestros y tormentos agravados, y coautor de un séptimo.

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Carlos Roberto Píriz, sargento retirado del Ejército. El tribunal lo absolvió de culpa y cargo por motivos que se conocerán el 17 de septiembre cuando trasciendan los fundamentos del fallo. La absolución será apelada por las querellas ante la Cámara de Casación. La fiscalía había solicitado 25 años de prisión y la querella particular, 18 años.

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Solidarios con “El Laucha”

Dos militares dieron explicaciones por la fuga del represor Julián Corres

El ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, Jorge Roque Cocco, declaró ante la Justicia. El comandante del Cuerpo V, Oscar Gómez, fue citado por la ministra Nilda Garré, quien rechazó “las solidaridades corporativas” con los represores.

Por Diego Martínez

La ministra de Defensa, Nilda Garré, recibió ayer al jefe del V Cuerpo de Ejército.

El ex secretario general del Cuerpo V de Ejército, coronel Jorge Roque Cocco, declaró ayer ante la Justicia que los servicios brindados a los camaradas en desgracia procesados por crímenes de lesa humanidad fueron “en respuesta a órdenes superiores”. Agregó que “por caridad cristiana” un par de veces les llevó tortas de coco. Ayer la ministra de Defensa, Nilda Garré, recibió al comandante del Cuerpo V, general de brigada Oscar Roberto Gómez. Según una alta fuente de la cartera que no dejó trascender la explicación brindada por el militar, la ministra le advirtió que “las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban seriamente el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”. Defensa deberá evaluar ahora el informe escrito de Gómez.

A casi dos semanas de la fuga del teniente coronel retirado Julián Oscar Corres, alias Laucha, procesado por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas en 1976, su paradero sigue siendo un misterio. La causa tiene dos imputados: el comisario Gustavo Scelsi y el subcomisario Marcelo Voros, jefe y subjefe de la delegación de la Policía Federal donde se alojó a Corres durante casi cuatro meses. Luego de rechazar el pedido de recusación de los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño por su amistad con Scelsi, quien participa de sus fiestas de cumpleaños, el juez federal Alcindo Alvarez Canale les negó la excarcelación a los policías, detenidos en la cárcel de Villa Floresta. Voros aún no declaró.

Página/12 informó el domingo que Garré había citado a Gómez y ordenado la apertura de sumario para Cocco, a quien ordenó pasar a disponibilidad. Cocco llegó al tribunal bahiense sonriente y con uniforme. Enmarcó el aporte de camas, colchones, sábanas y toallas a los represores como parte de la acción solidaria del Ejército. La equiparó con donaciones a boy scouts, bomberos y discapacitados. Aclaró que los pedidos se satisfacen “siempre que sean institucionales” y dijo que en el caso específico fue “por requerimiento de la Policía Federal”.

–¿Y para qué fue con un inventario y aclaró que debían devolverlas cuando los detenidos abandonaran esa dependencia, como declaró el comisario Scelsi? –le preguntó el fiscal Hugo Cañón.

Cocco no supo qué responder. El militar se tomó su tiempo ante cada pregunta. Invocó una supuesta directiva de Sanidad del Ejército por la cual el comando tendría obligación de proveer de medicación a militares presos. Los superiores que mencionó son el general Gómez y el jefe de Estado Mayor del Cuerpo V, coronel José Herminio Hernández.

El militar dijo que visitaba a los imputados una vez por semana, cuando salía del Comando, entre 19 y 20.30, pese a que el horario de visitas había concluido. Admitió que la habitación/calabozo donde tomaban mate no tenía llave ni candado. Además de la torta dijo que “el 25 de Mayo, Día de la Patria, por caridad cristiana” les llevó un locro que costeó de su bolsillo. Aclaró que conoció a Corres tras la detención. Sobre la fuga del sábado pasado, dijo que a las nueve de la mañana partió hacia Río Cuarto y que a las cinco de la tarde el coronel Hernández le avisó por teléfono.

–¿Cuál fue su reacción?

–Grité “¡qué tremendo hijo de puta!” –aseguró.

Garré recibió a Gómez en su despacho de piso 11 acompañada por el secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro, y la directora de Derechos Humanos, Ileana Arduino. La reunión duró más de una hora. La fuente de Defensa informó que la ministra “reiteró en tono enérgico precisas instrucciones acerca de la absoluta limitación de la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de supuesta contención de personas acusadas penalmente ante la Justicia, especialmente aquellos acusados por crímenes durante el terrorismo de Estado”.

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La publicidad de los juicios

La Comisión Provincial por la Memoria exhortó al Tribunal Oral Federal de Neuquén para que revierta la resolución que restringe el trabajo de los reporteros gráficos en el juicio que se iniciará el lunes contra ocho represores del Alto Valle. La carta dirigida al presidente del tribunal, Orlando Coscia, afirma que la prohibición al ingreso de cámaras fotográficas y de video “colisiona con el carácter eminentemente público de los juicios orales”, recuerda que “solamente cabe menguar el principio de publicidad en situaciones absolutamente excepcionales y debidamente fundadas” y que “es precisamente la más amplia difusión de los juicios lo que constituye una inmejorable garantía de proceso justo”.

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Hacete amigo del juez Alcindo

El magistrado de la causa Corres admitió la amistad con uno de los investigados

El comisario Gustavo Ariel Scelsi, preso por la fuga del represor, concurría a las fiestas de cumpleaños de Alvarez Canale. Pero la Cámara rechazó la recusación presentada por los fiscales.

Por Diego Martínez

El juez Alcindo Alvarez Canale interrogó ayer a Gustavo Scelsi, ex jefe de la Federal en Bahía.

El juez federal Alcindo Alvarez Canale admitió que el comisario Gustavo Ariel Scelsi concurrió a sus fiestas de cumpleaños pero consideró que la amistad con el ex jefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal no es “íntima” y rechazó la recusación formulada por los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. La Cámara Federal bahiense sostuvo que los fiscales no probaron la amistad y aceptó la pretensión del juez de investigar al amigo, a quien indagó durante seis horas. En altas esferas oficiales se evalúa la posibilidad de impulsar un juicio político contra Alvarez Canale por desbaratar de un plumazo una instrucción que apuntaba a desentrañar la cadena de vínculos y complicidades policiales y militares que hicieron posible la fuga del teniente coronel Julián Oscar Corres.

El militar procesado por secuestros, torturas y homicidios en La Escuelita se enteró el viernes pasado, sin que los guardias se lo contaran, que dos días después iba a ser trasladado a la cárcel de Campo de Mayo. Después de la medianoche, cuando terminó de ver Cirque du Soleil, se puso la campera, agarró el cepillo de dientes y caminó hacia el baño, en el fondo de la delegación. A las 8.45 el guardia encargado de ofrecer los menús del día del Cuerpo V de Ejército se percató de su ausencia.

Alvarez Canale declaró a un cronista de labrujula.net que se enteró de la fuga a las ocho de la mañana y de inmediato ordenó un corte de rutas. Luego, se rectificó ante el periodista Luis Cano: no se enteró 45 minutos antes que el guardia sino “aproximadamente a las nueve” y “sólo” sugirió el corte, ya que “no estaba en funciones”. Agregó que la llamada a su celular “era del jefe de la Federal”, es decir Scelsi. Confesó que estuvo “todo este tiempo en la ciudad” y no de vacaciones como sugería su licencia. “Después me desentendí del tema”, aseguró sin ponerse colorado.

Corres se había fugado de la dependencia a la cual él lo había enviado.

El desentendimiento duró cinco días. El miércoles, cuando Página/12 informó en exclusiva que era “inminente” la citación a indagatoria del comisario Scelsi, el juez decidió interrumpir su licencia, prevista hasta mediados de agosto, e invocó “la responsabilidad que me cabe” pero no le había cabido hasta entonces para reasumir el cargo. Su primera medida fue citar como testigos en forma “urgente” a tres personas que las autoridades a cargo de la causa investigaban por su íntima relación con Corres: Héctor Lapeirade, padrino del “Laucha” y dueño de la petrolera Chañares Herrados SA, que le dio trabajo mientras estuvo prófugo; el teniente coronel Roque Cocco, de inteligencia del Cuerpo V, quien auxilió con camas, sábanas y víveres a los represores presos; y el coronel retirado Rubén Villano, ex subordinado de Corres que también lo visitaba en su calabozo VIP.

Los fiscales no recusaron al juez por arruinar la investigación sino por su amistad con Scelsi. Alvarez Canale calificó la recusación de “falaz y tendenciosa”. Admitió que tutea al comisario y que fue “una o dos veces” a su casa, a aplaudirlo cuando sopla las velas, pero ello no influye en su “absoluta objetividad”. Cerró con una aclaración no menor: la causa de la fuga es conexa a la que investiga los crímenes del Ejército y abandonarla “importaría que me viera obligado a apartarme” de la principal. Al atardecer, los camaristas Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes le dieron la razón. La amistad es “una apreciación subjetiva” pero “no se ha demostrado”. Sobre decoro y delicadeza, silencio. La resolución es inapelable. Mientras los camaristas debatían y para legitimar su tarea el juez se esforzó sin éxito en convencer al fiscal Castaño de que participe de la indagatoria a Scelsi. Ambos fiscales se negaron.

La relación con el comisario no es el único dato que genera dudas sobre su objetividad. Alvarez Canale fue entre 1972 y 1984 juez de Caleta Olivia, de donde son oriundos los Corres. Oscar Héctor, primo hermano del “Laucha”, participó como miembro de la CNU de Mar del Plata en 1971 del asesinato de la estudiante Silvia Filler. Tras la amnistía encabezó entre 1973 y 1985 la delegación Comodoro Rivadavia –a 60 kilómetros de Caleta– de la Dirección de Migraciones. Su padre, vecino de Caleta, fue ministro de Santa Cruz durante la dictadura. Lapeirade, amigo del vicecomodoro Héctor Santiago Corres y padrino del hijo, alias “Laucha”, también es de Caleta. Por eso los investigadores no se sorprendieron cuando Alvarez Canale, luego del rapto de responsabilidad, ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que buscara a Lapeirade y enumeró de memoria cuatro domicilios en Capital Federal, Comodoro, Viedma y Caleta. Un funcionario que a fines de abril presenció la declaración indagatoria a Corres contó a sus íntimos otro dato relevante: juez e imputado charlaron sobre amigos comunes de Caleta Olivia, en particular de Lapeirade.

Cañón anticipó ayer a Página/12 que va a “seguir buscando a Corres con las fuerzas de seguridad y con la red de fiscales de todo el país pero por fuera de Alvarez Canale”. También ayer fue excarcelado el inspector Juan Carlos Lastra, uno de los guardias que relató el trato de sus superiores con los represores. Al juez debe ahora escuchar al otro detenido, el subcomisario Marcelo Alejandro Voros, quien llegó a tomar café en su despacho con los represores presos que debía custodiar.

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La carta de Garré

La ministra de Defensa, Nilda Garré, solicitó ayer a todos los jueces federales del país que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad que se abstengan de ordenar detenciones en cuarteles militares y revisen el criterio aplicado con quienes permanecen allí detenidos. Garré explicó que las Fuerzas Armadas “no tienen competencia legal ni funcional para asegurar las detenciones”, lamentó que la decisión de los jueces implique “lidiar permanentemente con sospechas de que persiste apoyo por parte de las fuerzas a los procesados” y afirmó que las unidades militares “no son ni siquiera cárceles ‘especiales’”. También destacó que según la Ley de Personal Militar los retirados mantienen “una relación jerárquica con respecto al personal en actividad encargado de su custodia”. Como consecuencia, los encargados de la controlar a los represores presos “se enfrentan con la contradicción” de tener que custodiar y vigilar a personas con las cuales “mantienen subordinación jerárquica”.

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