sábado, 29 de noviembre de 2008

El que no sabía nada

Cirino declaró ante el juez Lijo
Por Diego Martínez

Hace 29 años, consultado por miembros de la Embajada de Estados Unidos sobre el centro clandestino Club Atlético, para entonces demolido, Julio Cirino sonrió, admitió que había existido y confesó “tener conocimiento personal de otros dos centros de detención e interrogación en la Capital Federal”. Así consta en el memorándum del diálogo que desclasificó el Departamento de Estado. El jueves, frente al juez federal Ariel Lijo y acompañado por su abogado Alfredo Bisordi, el ex agente del Batallón de Inteligencia 601 negó haber pisado centros de detención ilegales y, sin ponerse colorado, dijo que visitó la embajada sólo para transmitir un libreto armado por sus superiores, cuyo contenido desconocía. Luego volvió a su celda del penal de Marcos Paz, donde le espera una larga estadía.

El agente que hasta hace tres semanas dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Fundación PensAR, que integran tres miembros del gabinete de Mauricio Macri, cinco diputados nacionales PRO y el rabino Sergio Bergman, fue detenido el viernes 7 de noviembre a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos. El lunes siguiente se negó a declarar, pero anticipó su esperanza de ser defendido por Bisordi, ex camarista de Casación que a la vejez se calzó su verdadera camiseta. Dos días después el flamante abogado asumió su patrocinio acompañado por Eduardo Sinforano San Emeterio, otro ex SIDE que al comienzo de la dictadura custodiaba al jefe de Automotores Orletti, que integró un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y que aún ningún juez investigó.

Cirino dirigió durante la dictadura el Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión de Información (CRI) del temible 601, cargo relevante para un hombre joven y para peor civil. Llegó por méritos propios: en 1976 la editorial Rioplatense le había publicado Argentina frente a la guerra marxista, su primer libro. En los ’90 la SIDE lo envió a la embajada en Washington y en los últimos años fue un prolífico aunque ignoto disertante sobre seguridad y terrorismo.

A pesar de las tres décadas de impunidad, el destino fue injusto con el Gordo Cirino, como lo llaman sus amigos. Una vida al servicio de causas fogoneadas por los estrategas en política exterior de los Estados Unidos terminó arruinada en una cárcel bonaerense por un documento desclasificado del Departamento de Estado del propio gobierno norteamericano. Allí figura con su nombre de cobertura Jorge Contreras, ostenta sus conocimientos sobre los engranajes del terrorismo de Estado y anticipa como quien sabe del tema que los desaparecidos “no van a aparecer”.

Cirino declaró ante Lijo que en el 601 se dedicaba al “análisis de información”, tarea que durante la dictadura significa en el mejor de los casos procesar informes elaborados por Destacamentos de Inteligencia a partir de datos arrancados en interrogatorios. En el peor, si fuera posible graduar responsabilidades según la distancia con las mesas de torturas, implica formular preguntas sin intermediarios, hipótesis que se condice con quien se ufanó de visitar centros clandestinos. Claro que no será fácil acreditarlo. El propio agente confesó en 1979 que muchos inocentes habían sido sacrificados sólo para evitar que los identificaran.

Cirino reconoció el jueves el contenido del diálogo en la embajada, pero aseguró que se trató de un guión elaborado por sus superiores, a quienes prefirió no identificar. El desclasificado lo desmiente. A la primera pregunta aclaró que “todo lo que diga debe entenderse como basado en mi propia experiencia, limitada a mi organización y a mi sensibilidad”. Más de una vez advirtió: “Es mi opinión personal”. Aunque en 1979 dijo que había sido autorizado a hablar por los jefes de la CRI y del 601, coroneles Jorge Arias Duval y Alberto Tepedino, sus interlocutores asentaron no tener “evidencia concreta” y sospecharon que “dice más de lo que está estrictamente autorizado”. Consciente de lo irreparable y del desgaste que genera el papelerío, Bisordi no pidió su excarcelación. Si el ex agente PRO no pide ampliar su indagatoria, la próxima será en San Martín. Allí se instruye la causa Campo de Mayo, donde operaban los interrogadores del 601.

viernes, 28 de noviembre de 2008

No todos llegan a la cárcel

EN MENDOZA HAY QUINCE REPRESORES PROCESADOS, PERO NINGUNO ESTA EN PRISION

En una provincia cuestionada por el hacinamiento en sus calabozos y en la que se reformaron leyes para endurecer el régimen de excarcelaciones, casi todos los acusados de delitos de lesa humanidad gozan de ese beneficio.

Por Diego Martínez
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El juez Carlos Pereyra González integra la Cámara Federal de Mendoza, tribunal que concedió las excarcelaciones.

Mientras sus cárceles colapsan de ladrones de gallinas y el gobernante Partido Demócrata endurece el régimen de excarcelaciones con la excusa de combatir la inseguridad, Mendoza se consolida como paraíso para los represores. Con la excarcelación de dos torturadores del ex Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ordenada por la Cámara Federal, una provincia con más de doscientos desaparecidos en el haber no tiene un solo detenido. Tampoco hay juicios a la vista en el corto plazo y testigos y querellantes temen que se repitan las amenazas y mensajes mafiosos sufridos durante el proceso de impugnación del ex secretario de Seguridad comisario Carlos Rico Tejeiro.

“Tenemos quince procesados. Ninguno está en la cárcel. Apenas dos o tres gozan de arresto domiciliario. El resto fue excarcelado”, sintetizó la abogada Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. La semana pasada la Cámara excarceló a Eduardo Smaha Borzuk y Armando Osvaldo Fernández Miranda, encargados de la “inteligencia subversiva” del D2 y enlaces con la Brigada de Infantería de Montaña VIII. El juez federal Walter Bento los había procesado por la desaparición de Rosario Torres y Juan Britos y por el asesinato del escritor Francisco Urondo. Para liberarlos, el tribunal consideró que no existía peligro de fuga, que no van a obstaculizar a la Justicia ni a cometer delitos.

“La desaparición forzada es un delito permanente, que se sigue cometiendo mientras no aparezca hasta el último cuerpo”, expresaron los organismos en un comunicado. “Los argumentos son inconsistentes a la luz de los crímenes aberrantes por los cuales se los acusa. La clandestinidad, el ocultamiento de cuerpos, el uso de todo el poder del Estado para torturar, asesinar y desaparecer, y los 32 años sin justicia son más que contundentes. Su libertad no sólo implica alterar la paz social sino que demuestra la inexistencia de justicia”, consideraron el MEDH, Familiares, Ex Presos Políticos y otras organizaciones que denunciaron que la medida agrava el “estado de desprotección y peligro” y responsabilizaron “a toda la Justicia federal por cualquier agravio o amenaza que puedan sufrir testigos, sobrevivientes, familiares, abogados y querellantes”.

La mención a amenazas no es caprichosa. En marzo, el suboficial Carmelo Cirella Paredes, que en 2006 había ratificado su denuncia de 1984 sobre crímenes propios y ajenos, se desdijo luego de recibir amenazas de muerte. Durante la batalla para desplazar al retoño de Mohamed Seineldín que el gobernador Celso Jaque había designado secretario de Seguridad, el MEDH sufrió un robo y pintadas intimidatorias, y su abogada Beigel tuvo que mudarse tras dos extraños robos y la electrificación del alambrado que rodeaba su casa.

Las liberaciones por parte de la Cámara Federal ya son regla. En septiembre excarceló al coronel Oscar Dopazo, ex jefe de inteligencia. A la semana le dictó falta de mérito al sargento Osvaldo Martel. Pese a que Margarita Camus lo reconoció como su torturador, los jueces Julio Petra Fernández y Carlos Pereyra González consideraron que no existía “grado de convicción” suficiente. Antes habían dictado falta de mérito a los ex policías Rodolfo Cardello, Luis Mirotta, Marcelo León y al citado Cirella Paredes. Completan la Cámara Federal los jueces Alfredo López Cuitiño, Luis Miret, Antonio Endeiza y Otilio Romano.

jueves, 27 de noviembre de 2008

Juicio por Campo de Mayo

Por Diego Martínez

El juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, elevó ayer a juicio oral y público un nuevo fragmento de la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, en este caso con cuatro oficiales del Ejército como imputados. Con la nueva elevación, que incluye a los generales retirados Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, son once los represores en condiciones de ser sometidos a juicio durante 2009 por secuestros, torturas y homicidios en el mayor centro clandestino del país. Hasta el momento, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín sólo confirmó para el 25 de marzo el inicio de las audiencias por el emblemático caso de Floreal Avellaneda, torturado y asesinado a sus 14 años.

El expediente Campo de Mayo es uno de los tres más grandes del país junto con el de la ESMA y el Cuerpo I de Ejército. Por la escasez de sobrevivientes, las deficiencias en la instrucción y los obstáculos generados por la Cámara Federal de San Martín, la cantidad de procesados es significativamente menor: apenas 17 para una unidad militar por la cual pasaron no menos de 4000 personas secuestradas.

Tres de los cuatro imputados de la elevación de ayer, la quinta de 2008, ya estaban en condiciones de ser juzgados por secuestros y torturas contra otras víctimas. Se trata de los generales Riveros, Bignone y Eugenio Guañabens Perelló. El cuarto es el general Eduardo Alfredo Espósito. Pese a la gravedad de los delitos que se les imputan y a los reclamos de las querellas, los cuatro gozan de arresto domiciliario.

“Es una persecución contra los militares”

El productor que recibió la piña de D’Elía en Plaza de Mayo defendió a un represor

Juan Miguel Valentino, ex jefe de un regimiento de Gualeguaychú durante la dictadura, fue arrestado y llegó a tribunales con Alejandro Gahan, quien dijo que su amigo era inocente y que, si cometió “alguna falta”, deberá probarlo la Justicia.

Por Diego Martínez
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Luis D’Elía dijo que Gahan le gritó en Plaza de Mayo “negro mercenario represor”.

El coronel retirado Juan Miguel Valentino, ex jefe de un regimiento de Gualeguaychú durante la última dictadura, se convirtió ayer en el primer militar de alto rango detenido por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. El caso llamó la atención por dos detalles. El primero: Valentino llegó a Concepción del Uruguay acompañado por cinco amigos que lo ayudaron a trasladar al hotel y luego al juzgado un arsenal de veinte armas de guerra. El segundo: uno de los cinco amigos es el productor agropecuario y asambleísta entrerriano Alejandro Gahan, el mismo que recibió una antológica trompada del dirigente piquetero Luis D’Elía en Plaza de Mayo después de gritarle “negro mercenario represor”.

“A mí nadie me va a convencer de que Valentino fue un torturador. Siempre fue un señor con todas las letras, una buena persona”, declaró Gahan a LT41. Luego reivindicó la teoría de los dos demonios y habló de “una persecución feroz contra los militares” a partir de 2003, pasando por alto que su amigo ya había sido procesado por la Justicia Federal de Paraná en 1987. “Pero, por Dios, hace treinta años que lo conocemos y es de un mismo molde. A menos que tengas una doble personalidad total, no podés ser una persona diabólica y angelical a la vez”, reflexionó.

El coronel Valentino, de 73 años, fue citado a prestar declaración indagatoria por la jueza federal subrogante de Concepción del Uruguay, Beatriz Estela Aranguren, a partir de una denuncia por apremios ilegales y torturas en 1976. Como se negó a declarar, la magistrada rechazó el pedido de eximición de prisión, ordenó su detención y su traslado a la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, donde lo recibirán Videla & Cía. El coronel es el segundo militar detenido por crímenes de lesa humanidad en Entre Ríos. El primero es el médico militar Juan Antonio Zaccaría, imputado por participar de apropiaciones de bebés, preso en la cárcel de Paraná.

El manifestante procampo Gahan tiene especial facilidad para cobrar notoriedad a costa de terceros. El 25 de marzo, de visita en Buenos Aires, se adosó a una caminata de Luis D’Elía y lo insultó hasta ganarse un tortazo frente a cámaras. “Es un maleducado. Me dijo ‘negro mercenario represor’. Le zampé un bollo porque me sentí reagraviado”, contó el piquetero. “Le pregunté si había trabajado para el Gobierno y por qué nos teníamos que ir de la plaza”, relativizó Gahan ante Página/12.

El ex ambientalista y ex dirigente de la UCeDé volvió ayer al centro de la escena gracias a su amigo coronel. “Valentino es un señor con todas las letras, una persona muy honorable”, confesó, según la publicación Análisis Digital. “Ahora, si cumplió, si tuvo una falta más o menos grave, tendrá que ser responsable y tendrá que demostrarse después en la Justicia”, dijo en castellano borrascoso. “Pero eso es, eso no quita que uno actúe como actúe o que se lo tenga que juzgar a uno también”, agregó. “Seguramente lo que se culpa no es la realidad, y si llega a ser, bueno, tendrá que ser responsable. Ahora, no hay que carnearlo de antemano y carnear a todos los que están cerca”, concluyó.

miércoles, 26 de noviembre de 2008

Malvinas, como un centro clandestino

Citaron a un militar por aplicar torturas a un conscripto durante la guerra con Inglaterra

Es el teniente coronel retirado Daniel Alejandro Delfor Polano. Cobra una pensión honorífica como ex combatiente y también fue denunciado ante la Conadep. Debe presentarse hoy ante la Justicia federal de Comodoro Rivadavia.

Por Diego Martínez
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Las denuncias relatan los estaqueamientos a los que eran sometidos los conscriptos por parte de sus superiores.

A un cuarto de siglo de la guerra de Malvinas, por primera vez un militar deberá rendir cuentas ante la Justicia federal de Comodoro Rivadavia por las torturas que padeció un conscripto de parte de sus superiores. Se trata del teniente coronel retirado Daniel Alejandro Delfor Polano, que paradójicamente cobra aún una pensión honorífica como ex combatiente y que también fue denunciado ante la Conadep por su actuación en el centro clandestino El Campito, el mayor del país, que funcionó en Campo de Mayo.

“Es la primera indagatoria en este tipo de causas e implica reconocer la imprescriptibilidad y el carácter de delitos de lesa humanidad de las torturas cometidas en Malvinas”, consideró Pablo Andrés Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y autor de la denuncia original en abril de 2007.

–¿De qué te reís? –le preguntó Polano al ex colimba correntino Juan Carlos Gómez frente a una formación de soldados y militares en el campo de deportes del Liceo Militar General Roca, de Comodoro Rivadavia.

–No, mi capitán, no me reí –respondió Gómez, según la denuncia.

–Usted es loco.

–No, mi capitán, no soy loco.

–Entonces vamos a tener que dar el ejemplo. ¡Estaquéenlo! –ordenó.

–¡Acuéstese, soldado! –acató un sargento primero de apellido Alvarez, que lo ató de pies y manos con los vientos de una carpa. Lo dejaron allí durante más de tres horas, hasta que un capellán alertó que se iba a congelar y logró que lo desataran.

Gómez cumplía el servicio militar obligatorio en la Brigada III de Curuzú Cuatiá. El estaqueamiento sirvió de bienvenida a la Patagonia y fue el paso previo al traslado a Malvinas para pelear contra el segundo enemigo. El soldado estuvo treinta y cuatro días en la primera línea de batalla, en la Bahía San Carlos. Su jefe Polano aguantó sólo siete días, argumentó que sufría de “pie de trinchera” y abandonó a sus subordinados para refugiarse en Puerto Argentino, según el relato de los ex conscriptos.

El caso de Gómez es apenas uno de los 73 que constan en la denuncia presentada el año pasado por Vassel y por Orlando Gustavo Pascual, de la Coordinadora de Ex Soldados Combatientes de Corrientes, ante la Justicia federal de Río Grande, Tierra del Fuego. El escrito identifica a 62 imputados, varios aún en actividad, a los que responsabiliza por un homicidio, cuatro muertes por hambre y una veintena de estaqueamientos.

En agosto de 2007 los denunciantes ratificaron la acusación ante la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, y agregaron nuevos casos de soldados de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Comenzó entonces una ronda de más de setenta declaraciones testimoniales, solicitadas por la querella y por el fiscal fueguino Mario Rapaport. Como el abuso a Gómez no ocurrió en Malvinas, sino en Comodoro Rivadavia, la magistrada de Río Grande remitió el caso a su colega Eva Parcio de Selemme, que ayer le tomó declaración a Gómez y a dos de sus ex compañeros, Guillermo Robledo y Dionisio Altamirano. Luego recorrieron el predio del Liceo y reconocieron los lugares donde ocurrieron los hechos, acompañados por Pascua, por el ex combatiente Héctor Rocha y por el secretario de Derechos Humanos de Chubut, Juan Arcuri. La indagatoria de hoy estará a cargo de la jueza Parcio de Selemme y del fiscal Norberto José Bellver.

Según publicó el periodista Fernando Almirón en su libro Campo Santo, sobre los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, el entonces teniente primero Daniel Alejandro Polano integró durante la última dictadura un grupo de tareas de la mayor unidad del Ejército. La investigación sobre las torturas y asesinatos en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de 4000 personas, está a cargo de Alberto Martín Suares Araujo, juez federal de San Martín, que aún no avanzó más allá de los jerarcas octogenarios. No deja de ser paradójico que Polano debe rendir cuentas por un estaqueamiento en 1982 cuando aún no fue citado por los crímenes de 1976. Ni la imputación por la denuncia de Gómez ni mucho menos la denuncia por Campo de Mayo le impiden a Polano cobrar su pensión honorífica como ex combatiente de Malvinas. Según los registros de la Anses es el beneficiario 5175.

domingo, 23 de noviembre de 2008

Libertades y derechos

CATALINA BOTERO MARINO

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visitó el país y habló de prensa, gobiernos y sociedad civil.

Por Diego Martínez
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Hace apenas diez años que Catalina Botero Marino se recibió de abogada, pero ostenta una extensa trayectoria académica y profesional. En julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la eligió relatora especial para la Libertad de Expresión, cargo creado en 1998 para garantizar la protección y promoción de las libertades de pensamiento y expresión. Como el marco de visita académica a la Argentina le impide pronunciarse sobre temas concretos del país, preguntas y respuestas se formulan y responden en abstracto, como malabaristas que dialogan sobre un país imaginario.

–¿Cuáles son las prioridades de su agenda?

–Son cinco. Los asesinatos o agresiones violentas a periodistas y la lucha contra su impunidad. La criminalización, de la prensa y de la protesta social. La censura, directa o indirecta. El acceso a la información. Y el pluralismo y la diversidad. El Estado debe crear condiciones estructurales para que haya voces plurales y diversas. No basta con que haya muchos, porque pueden decir lo mismo.

–¿Qué riesgos trae aparejados una ley de radiodifusión sancionada durante una dictadura que prescribe el lucro como lógica dominante de los medios?

–En una sociedad en la que todos compiten en igualdad de condiciones no sería problemática. Sí cuando hay sectores que no pueden entrar al mercado. El Estado debe garantizar que todos los sectores puedan acceder a los medios, que no haya monopolios en la propiedad, en el dominio de la audiencia y en el discurso. Eso se garantiza a través de leyes que premien a sectores no tradicionales, a minorías culturales o raciales, que establezcan franjas especiales para quienes no pueden entrar en el mercado comercial, que promuevan medios con información pública que los particulares en general no producen porque no es rentable.

–¿Es un problema generalizado en América latina?

–Hay honrosísimas excepciones, como Uruguay.

–¿Puede actuar la Relatoría frente a grandes grupos económicos que utilizan sus medios para extorsionar a sus adversarios?

–El mandato es el de garantizar que los Estados creen condiciones estructurales para que haya diversidad y pluralismo. Si existen y los Estados pueden responder a las críticas, hablar de extorsión es desproporcionado. Si no existen es porque el Estado no supo generarlas.

–¿Qué riesgos corre un país cuando se renuevan automáticamente las licencias de televisión sin exigir ninguna contraprestación?

–Las licencias y las frecuencias no les pertenecen al Estado ni a los medios sino a la sociedad. Cuando se entrega en concesión un bien social tiene que haber una contraprestación. Lo contrario sería disponer de bienes como si fueran regalados. La asignación de frecuencias es un tema de altísima relevancia: es el único medio a través del cual garantizar que exista pluralismo, un debate desinhibido, abierto.

–Si la renovación se consumó a cambio de nada, ¿a qué instancia se le debe exigir rever esa decisión?

–Es un problema de cada Estado, de derechos adquiridos. El Estado debe tener leyes de radiodifusión de manera tal que la asignación sea un asunto debatido en audiencias públicas. Debe haber criterios plurales para que toda la sociedad se enriquezca en ese proceso.

–¿Es el Congreso el lugar más idóneo para dar la discusión?

–Lo debe resolver cada Estado. Lo importante es respetar los principios: asignaciones no discrecionales, sin influencias partidistas, hechas por un órgano independiente del Ejecutivo...

–Mucho menos el Ejecutivo mismo.

–O, si lo hace, que sea en un proceso transparente, con control, reglas claras, que no discriminen. Una política que establezca como requisito el mayor capital discrimina a quien no lo tiene. Se necesitan garantías de inclusión. Son principios básicos que existen en Europa, Canadá, Uruguay. El gran salto institucional de un gobierno es aceptar ese reto. Lo más grave es el proceso de digitalización que se viene. Hoy las frecuencias funcionan a través del espectro electromagnético, que es finito, pero el dividendo digital es infinito. El gran reto de Estados, gobiernos democráticos y sociedades civiles comprometidas es formular reglas para que no se monopolice el proceso de digitalización. Es algo que nadie parece saber porque se esconde detrás de problemáticas técnicas, pero es lo mismo: asignación de frecuencias.

–Desde 1999 todos los gobiernos argentinos ratificaron su compromiso de despenalizar los delitos de calumnias e injurias, pero ninguno cumplió con su palabra, y la sugerencia se convirtió este año en una orden de la Corte Interamericana, en el caso Kimel. ¿Por qué la clase política se niega a renunciar a la posibilidad de perseguir periodistas con el Código Penal?

–Es un fenómeno extraño. Pese a que no se condena a los periodistas, los funcionarios no quieren perder esa herramienta, como si temieran quedarse desnudos frente a la omnipotencia de la prensa. Es falso. Nadie puede estar inerme frente a acusaciones injustas, pero cualquier medida de control a la prensa debe generar el menor costo sobre la libertad de expresión. Una medida que tenga un efecto inhibitorio, a sí sea mínimo, debe replantearse. Despenalizar las calumnias y las injurias no significa caer en el reino de la mentira o el insulto. Existen mecanismos de protección del honor y la intimidad mucho más democráticos: las sanciones civiles proporcionadas. La utilización del derecho penal inhibe la crítica y la investigación. Si las figuras de calumnias e injurias no se aplican, no deberían existir.

–¿Qué tan útiles son las leyes de acceso a la información cuando en la cultura política perduran prácticas de ocultamiento y poca transparencia?

–El primer efecto de una ley o una sentencia judicial es que impacta en la cultura. Suele haber una idea de que el funcionario decide si entrega o no la información en virtud de su propio juicio, pero cuando hay una ley y jueces independientes, la cultura cambia rapidísimo. Claro que no basta con la ley, hacen falta también procesos de capacitación...

–Y que los periodistas las conozcan.

–Los periodistas no tienen incorporado el lenguaje de los derechos. Cuando piden información plantean una exigencia política o moral, pero no usan la carta del derecho. Hacen falta procesos de capacitación, medidas de implementación, determinar quién custodia y administra información.

–La Corte argentina dictó una acordada para que un tribunal garantice el principio de publicidad, pero fue burlada. ¿A quién recurrir cuando los encargados de garantizar los principios los violan?

–La Corte argentina es una corte estrella en el continente en materia de aplicación de estándares internacionales. El gran giro que dio el derecho constitucional en Europa desde la Segunda Guerra y en América latina tras las dictaduras es que los Estados no se centren en defender la autoridad, el orden y la moral sino a los ciudadanos, y la Corte está dando ese giro. La acordada es muy importante. Si no se cumple habrá que agotar los mecanismos internos para que el sistema interamericano estudie el caso.

–La publicidad oficial sigue siendo una herramienta para premiar o castigar. ¿Cuál es el método más idóneo para distribuirla?

–No se debe confundir pauta publicitaria con subsidios. La pauta es la información que el Estado necesita publicar para cumplir sus funciones. El Estado debe llegar a cada audiencia sin discriminación, con reglas claras, mediciones responsables, no utilizar la pauta de manera discrecional como ocurrió en el caso de (Neuquén contra) el diario Río Negro.

–¿Existen en Sudamérica reglas claras o todo es tácito y arbitrario?

–Todo es tácito. Sólo algunas provincias y municipios están haciendo el ejercicio. Instalar el tema es costoso. Hay estados de cosas que una nueva distribución de la publicidad va a afectar y los Estados prefieren no dar la pelea. Sólo la dan quienes llegaron a través de procesos democráticos y tienen mucha fuerza y capital político. No es fácil. Los medios que han recibido publicidad van a sentir que se afectará su statu quo y las agencias estatales que han logrado mantener más o menos tranquila a la prensa también se van a molestar. La regulación de la publicidad oficial es un tema aún más difícil que una ley de acceso a la información.

–¿Es un buen momento para avanzar en estos temas? Distintos gobiernos internalizaron, al menos en sus discursos, principios de derechos humanos.

–En materia de libertad de expresión no estamos en el peor lugar del mundo ni en el peor momento de la historia del continente. Las sociedades civiles se han fortalecido, la conciencia democrática es generalizada, hay vigorosos debates ideológicos. Pero la historia de la humanidad muestra que no siempre vamos hacia arriba sino en espiral.

–Bajamos demasiado seguido.

–Bajamos, volvemos, nos estancamos. Estamos en un buen momento pero siempre hay riesgo de retroceder. Por eso hay que estar absolutamente vigilantes, incluso en los Estados que parecen más civilizados y con culturas democráticas más asentadas y arraigadas.

domingo, 9 de noviembre de 2008

Un represor en círculos PRO

EL EX AGENTE JULIO CIRINO INTEGRA UNA FUNDACION VINCULADA AL MACRISMO

Se trata de la Fundación PensAR. Entre sus miembros figuran los diputados macristas Eugenio Burzaco, Esteban Bullrich y Federico Pinedo. También, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el rabino Sergio Bergman.

Por Diego Martínez
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El represor Julio Cirino.

Veinte años después de haber encabezado un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601, cargo desde el que visitaba centros clandestinos con misiones que podrá explicar ante la Justicia, Julio Alberto Cirino se convirtió en un prolífico disertante sobre los temas que lo obsesionan: seguridad y terrorismo. Su pericia lo llevó a integrar centros de estudios y fundaciones de dudosa existencia. La más conocida, por haber nutrido de cuadros al PRO del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, es la Fundación PensAR, que dirige Jorge Triaca (h). A excepción de los diputados nacionales Eugenio Burzaco y Esteban Bullrich, vicepresidente y vocal, el resto de los funcionarios y legisladores PRO que integran PensAR dijeron no conocer al represor que se presenta como director del área de Relaciones Internacionales y Seguridad Regional.

PensAR trabaja en pro de “una Argentina próspera, republicana e integrada al mundo”, representa en el país a la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y se autodefine como “aliada indiscutible de la democracia y el estado de derecho”. En la portada de su sitio aparecen sonrientes Mauricio Macri y el ex jefe de gobierno español José María Aznar, durante el seminario “Nuevas generaciones de líderes de América latina” que coorganizaron en marzo pasado. Su presidente es Gerardo Bongiovanni, que al mismo tiempo preside la Fundación Libertad, que en marzo reunió en Rosario a próceres del liberalismo mundial con la esperanza blanca Macri.

Según los anuarios de PensAR, Cirino recibió en su nombre al embajador de Colombia, participó de un seminario sobre “Delincuencia, minoridad y violencia en Mar del Plata”, de un panel de “seguridad” junto a Burzaco y Juan Carlos Blumberg, y otro sobre “Areas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro” junto al fiscal general porteño Germán Garavano. Los informes del área que dirige pueden leerse en pensar-internacional1-blogspot.com, en el que figuran como responsables “JC” (ayer figuraban sólo sus iniciales) y María Benedicta Giaquinto. La última nota firmada por Cirino como director data del 17 de enero y se titula “Colombia: el drama de los que siguen secuestrados”, tema que aún lo obsesiona, ahora al costado del mostrador.

En otra nota se pregunta “Quién controla la calle en la Argentina”. Y responde: grupos piqueteros, cartoneros y criminales. El gobierno “perdió el control de la calle”, aunque gracias a un “excelente manejo de prensa” sólo trascienden hechos “imposibles de ocultar a la opinión pública”. “El Estado no puede o no quiere defenderlo, y si usted se defiende por su cuenta le pondremos preso y tiraremos la llave”, lamenta. “La actividad criminal genera aumentos directos e indirectos en los niveles de pobreza a indigencia”, nunca lo contrario. La misma nota con otro título, “¿Por qué represión no es una mala palabra?”, figura en el sitio de la Fundación Atlas, que publica varios de sus artículos. En 2005 compara “una Argentina que vaga por el mundo sin rumbo cierto, sin valores claros que valga la pena defender”, con palabras de George Bush, “un estadista para un mundo que aspira a la libertad”. Ese mismo año se pregunta indignado: “¿Cómo es posible que un gobierno que hace desastre tras desastre, que avanza sin sutilezas sobre la libertad individual, que anula el Parlamento y la Justicia, no genere un movimiento de rechazo?”.

“PensAR no depende de ninguna estructura política partidaria”, según su sitio, aunque ha hecho aportes significativos al PRO. Su vicepresidente Eugenio Burzaco y sus vocales Cynthia Hotton, Esteban Bullrich, Julián Obiglio y Federico Pinedo son diputados nacionales. Son vocales el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los ministros de Hacienda, Néstor Grindetti, y de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. También son vocales el rabino Sergio Bergman, que reemplazó el “libertad” del himno por “seguridad” durante un acto de Blumberg, y el presidente del grupo Pampa Sur, Miguel Saredi. El director ejecutivo es Jorge Triaca, hijo del sindicalista y ministro menemista socio del Jockey Club.

Sólo dos miembros de FundAR admitieron haber conocido a Cirino y aseguraron ignorar su pasado. La mayoría admitió que la relación con la fundación es esporádica. “La noticia me deja helado”, reconoció Burzaco. “Lo vi en algunos seminarios, sé que se dedica a temas internacionales y tiene un programa de radio, pero en la Fundación no tiene un rol operativo”, explicó. Bullrich lo recordaba de dos charlas, “una sobre terrorismo en Colombia, que dio con una persona de la embajada de Estados Unidos”. Sabía de su paso por Washington pero se sorprendió al conocer su pasado. “No conozco el caso pero soy partidario de que la Justicia actúe. La gente que mató o torturó tiene que estar en una cárcel”, afirmó. Rodríguez Larreta y Grindetti dijeron no haber escuchado nunca su nombre. Por el shabat fue imposible consultar ayer a Bergman. Triaca está en México en un evento organizado por el ex presidente Vicente Fox. Saredi admitió tener “amigos” en FundAR, aunque dijo ignorar que figuraba como vocal. Agradeció la información sobre Cirino. “Lindo muchacho”, resumió.

En 1979, con el nombre de cobertura Jorge Contreras, Cirino se explayó ante en la embajada de Estados Unidos sobre los engranajes del Estado terrorista. Advirtió que los desaparecidos no iban a aparecer y admitió que habían matado a personas sin vínculos con organizaciones armadas sólo para evitar que pudieran reconocer a personas como él. La verdadera identidad de Contreras, denunciada por la Secretaría de Derechos Humanos, derivó el viernes en la detención del Gordo Cirino, que se entregó sin chistar, se negó a declarar ante el juez federal Ariel Lijo y fue trasladado al penal de Marcos Paz junto a Etchecolatz, Von Wernich & Cía.

Luego de cinco años como hombre de la SIDE en la embajada argentina en Washington, Cirino machacó sobre sus especialidades con los rótulos de periodista, historiador, analista, cientista político y docente, entre otros pergaminos. Habló como director de la agencia Notiar y presidente del “Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville”. Del “centro de estudios” no existen más rastros que la chapa. En 2005 Cirino la utilizó para hablar en la Universidad de Belgrano sobre “la situación interna en Cuba y los desafíos de la comunidad democrática internacional”. En septiembre compartió con el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el secretario de redacción del diario La Nación, Jorge Elías, un panel en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) sobre las elecciones en Estados Unidos, coordinado por la señora Malú Kikuchi.

sábado, 8 de noviembre de 2008

De las sombras del 601 al penal de Marcos Paz

Fue identificado y detenido un agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura

Julio Cirino se presentaba como analista internacional en conferencias y programas de radio y TV. Durante la dictadura fue jefe de un grupo de tareas del 601. Aparece con el alias de Jorge Contreras en un documento desclasificado en Estados Unidos.

Por Diego Martínez
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El documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el que figura Julio Cirino como Jorge Contreras y su foto en la actualidad.

Julio Alberto Cirino fue jefe de un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601 y, según sus palabras, conoció al menos tres centros clandestinos. En 1979 se explayó en la embajada de los Estados Unidos sobre los engranajes del terrorismo de Estado. Aseguró que los desaparecidos nunca iban a aparecer y admitió que habían matado a personas sin ningún vínculo con organizaciones armadas sólo ante el riesgo de que pudieran reconocerlos. En los ’90, la SIDE lo envió a la embajada argentina en Washington y, en los últimos años, como periodista, historiador, analista internacional, docente y demás pergaminos, se explayó sobre el retorno de los “populismos revolucionarios”, la seguridad hemisférica y el terrorismo, especialidad que nadie podrá negarle. Sus audiencias fueron desde el programa de la apologista del genocidio Malú Kikuchi hasta miembros del Comando Sur de los Estados Unidos y la Junta Interamericana de Defensa. Pero se le terminaron las ganas de hablar. Fue detenido y se negó a declarar.

A partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por orden del juez federal Ariel Lijo, el Gordo Cirino fue arrestado por personal de la Policía Federal. Ayer pasó su primera noche en el penal de Marcos Paz. Será patrocinado por otra celebridad: el ex juez Alfredo Bisordi.

Los datos más fehacientes sobre el pasado de Cirino datan del 7 de agosto de 1979 y surgen de un largo diálogo que, con el nombre de cobertura Jorge Contreras, mantuvo con el consejero político William Hallman y el oficial de seguridad James Blystone en la embajada norteamericana. El memo de la conversación, incluido entre los documentos desclasificados del Departamento de Estado, se titula “Tuercas y tornillos de la represión a la subversión” y brinda detalles pormenorizados sobre el terrorismo de Estado.

El falso Contreras se presenta como director del Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601. Advierte que si otros servicios se enteran del diálogo lo acusarán “de traición por cooperar con una potencia extranjera”. Se muestra “ansioso” de obtener el visto bueno de la embajada aunque asegura haber sido autorizado por el jefe del 601, coronel Alberto Tepedino, y el de la Central de Reunión, coronel Jorge Arias Duval (hoy, ambos con arresto domiciliario). Cuenta que el GT7 se dedica a recopilar y analizar información sobre “estudiantes, grupos políticos y cuerpos religiosos” y que antes encabezaba una subsección dedicada a estudiar a “chinos y rusos” en la que lo reemplazó su propia esposa, María Cristina Rinaldi, cuya captura también pidió la Secretaría de Derechos Humanos.

Cirino les advierte que el aparato represivo es “un entramado complicado”, con entes secretos superpuestos, y que se explayará en base a la “sensibilidad adquirida” en tan noble tarea. Calcula que el 80 por ciento de los centros clandestinos había dejado de funcionar y anticipa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un mes después visitaba el país para verificar denuncias, “no va a encontrar paredes vacías y espacios no utilizados” porque habían sido “remodelados” para no ser reconocidos. Así fue.

El falso Contreras informa que las “desapariciones” (comillas de los norteamericanos) “bajaron bruscamente durante 1978”. Admite que existen operaciones “por ultraizquierda”, “sin permiso o conocimiento superior”, y grafica: “si se secuestra a la persona buscada, se publicita; si traen a un ama de casa o a la tía de alguien, se niega”. Consultado sobre la cueva de calle Paseo Colón, denunciada por exiliados, Cirino sonríe, admite que es correcto (allí funcionó el Club Atlético, cuyas patotas y secuestrados habían sido trasladados a El Olimpo) y que conoce otros dos centros de detención.

En 1976 y 1977, explica, las personas que demostraban no tener vínculos con “la subversión” también eran asesinadas, ya que liberarlos implicaba que pudieran reconocer a interrogadores y lugares de cautiverio. Algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones, otros creían “que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema peligre”.

El represor, dice el documento, “insinuó que los prisioneros eran ejecutados si habían causado alguna muerte o habían puesto vidas en peligro”, y que aun “si accedían a cooperar eran asesinados”. Otros eran blanqueados y a otros, con los que admitía tener contacto, les permitían “trabajar desde sus casas”.

–¿Cuánto puede durar el proceso? –le preguntaron los norteamericanos.

–Es como si me pregunta qué tan largo es un pedazo de hilo. Es imposible saberlo. Lo único que puedo decirles es que quienes desaparecieron temprano no van a aparecer.

Durante ese diálogo, ni siquiera se privó de criticar a sus colegas. Consideró que la “competencia” entre patotas derivaba en “acciones rápidas” que luego se confirmaban equivocadas. Pero cada comandante “siente que tiene y debe continuar teniendo el derecho a operar como le plazca”, dijo. A excepción de la Armada, confesó, las demás fuerzas no envían a sus mejores cuadros a la Central de Reunión, creada para intercambiar figuritas. Los jefes de zonas militares tampoco respetan las jurisdicciones ajenas, lamentó.

Según el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, Cirino fue un “enlace” entre el 601 y la Embajada de Estados Unidos y actuó como agente civil del batallón entre 1977 y 1985. “Tuvo un rol clave en tareas de contrainsurgencia en Centroamérica”, agregó. Fuentes cercanas a la investigación apuntaron que se formó en grupos católicos ligados al cura antisemita Julio Meinvielle y que en 1974 llegó al Estado de la mano del fascista Alberto Ottalagano. En 1976 escribió Argentina frente a la guerra marxista, en editorial Rioplatense. Cirino es uno de los cientos de represores que gracias a la clandestinidad del terrorismo de Estado permanecen impunes (en su caso, hasta ayer), aunque sus trayectorias posteriores aportan indicios útiles para inferir sus oficios en tiempos de trabajos sucios. La división Seguridad de Estado de la Policía Federal lo detuvo ayer por la mañana, por orden del juez Lijo, que investiga el rol del Batallón 601 en 1979 y 1980. Esta historia recién comienza.

viernes, 7 de noviembre de 2008

Al “mago” se le acabaron los trucos

DETUVIERON A UN REPRESOR QUE ESTABA PROFUGO
Por Diego Martínez
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Claudio Orlando Pittana, alias “Fafá”.

Hace un cuarto de siglo hizo sus últimos trabajos sucios en la ESMA. Hace poco más de una década, tras el asesinato de José Luis Cabezas, trascendió que era jefe de custodios de Alfredo Yabrán. Hace tres años el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó su captura, que el juez Sergio Torres ordenó en marzo pasado. Hace menos de dos meses, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas publicó su foto en los principales diarios del país y ofreció una recompensa de cien mil pesos. Ayer, en la calle Jaramillo del barrio de Saavedra, miembros de la misma Policía Federal en la que se formó como suboficial pusieron fin a su libertad y a su impunidad. Claudio Orlando Pittana, que integró el sector de operaciones del más célebre grupo de tareas de la Armada desde 1978 hasta su disolución, pasó su primera noche tras las rejas. Con su captura, cuatro días después de que la misma fuerza detuviera al mayor Jorge Antonio Olivera, la cifra de represores prófugos se reduce a 39.

La única imagen conocida del ex cabo, con uniforme y bruto bigote reglamentario, la tomó Víctor Melchor Basterra durante su cautiverio en la ESMA, a principios de 1982. Según el dossier que el CELS publicó en los ’80 con el testimonio y las imágenes que el obrero gráfico Basterra logró sacar del centro clandestino, Pittana utilizaba el alias “Fafá” y los sosías Roberto Mario Erhardt y Juan Manuel Bravo, era un excelente tirador y, según sus propios dichos, jugaba al rugby en el club Pucará.

Según el dictamen elaborado en octubre de 2005 por el fiscal Taiano, el falso mago Fafá secuestró y mató como miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 entre 1978 y 1983. El 21 de noviembre de 1978 a la madrugada participó del secuestro de Carlos Muñoz, que sobrevivió para contarlo. Ese mismo mes, en la esquina de Rivadavia y San Pedrito, masacró a Daniel Vázquez, que antes había recibido un escopetazo por la espalda. Al verse cercado, el Ñato Vázquez arrojó una granada, que no lastimó a nadie. Estaba en el piso, herido, cuando Pittana se acercó y le vació el cargador de su nueve milímetros en la cabeza, según declaró Muñoz durante el Juicio a las Juntas. A principios de agosto de 1979 integró la patota que secuestró a la familia Villaflor y fue el encargado de entregar a sus abuelos a una niña de dos años y medio capturada junto con sus padres. A principios de 1982 fue el autor del disparo que hirió de muerte a Julio Jorge Villar, que pasó sus últimos días en la ESMA y continúa desaparecido.

Según un informe atribuido a la Secretaría de Inteligencia publicado tras el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, Pittana era entonces jefe de la custodia de Yabrán. El documento que la prensa publicó en mayo de 1997 lo ubicaba como cabeza del círculo más cercano al grupo íntimo del empresario, tareas que habría desempeñado como miembro de la empresa Brides. El nombre de la firma es en honor a las “brigadas de la ESMA”, que también aportó a la seguridad del sombrío cartero a célebres torturadores como Jorge Acosta o Adolfo Donda. A fines de los ’90 solía frecuentar mesas ultramenemistas como custodio del Joaquín Alonso, ex director del Banco Nación y jefe de gabinete de la SIDE.

A principios de marzo se ordenó su detención. El 7 de abril se convirtió en el séptimo prófugo de la causa ESMA junto al capitán Jorge Vildoza, los prefectos Jorge Díaz Smith y Gonzalo Sánchez y los policías Roberto González, Juan Carlos Linares y Pedro Salvia. Con su caída la lista de represores que burlan a la Justicia se redujo a 39. Incluye desde expertos como Vildoza, con paradero desconocido desde 1987, hasta el teniente Roberto Bravo, fusilador de la Base Zar en 1972 con orden de detención desde febrero. Luego de que Página/12 informara que Bravo es dueño en Florida de RGB Group, que provee de servicios al Pentágono, Interpol le solicitó al juez federal Hugo Sastre que le traduzca al inglés las pruebas en su contra, tarea que ya lleva nada menos que siete meses.

jueves, 6 de noviembre de 2008

Tres condenas y nadie a la cárcel

Una prisión perpetua y dos penas a 25 años en el juicio por Mansión Seré y La Cueva marplatense

El coronel retirado Alberto Pedro Barda, responsable de la represión en Mar del Plata, seguirá con prisión domiciliaria. Los brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Por Diego Martínez
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Los fotógrafos no pudieron entrar a la sala a pesar de que la Corte ordenó que se garantizara la difusión del juicio.

Tres ex jefes de subzonas militares, responsables de los centros clandestinos Mansión Seré y La Cueva de Mar del Plata, fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 5 en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad que concluye durante 2008. El coronel retirado Alberto Pedro Barda, responsable máximo de la represión en Mar del Plata, recibió la pena de prisión perpetua, aunque gracias a sus 82 años seguirá detenido en su departamento de Libertador 4496. Los brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, primeros oficiales de la Fuerza Aérea condenados por secuestros y torturas desde la reapertura de las causas en 2003, deberán afrontar penas de 25 años de prisión, aunque continuarán excarcelados al menos hasta que la sentencia quede firme.

A pesar de la acordada de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada ordenó garantizar la publicidad de los juicios, el tribunal que preside Guillermo Andrés Gordo impidió el ingreso a camarógrafos y reporteros gráficos. Permitió a los canales de televisión tomar la señal de circuito cerrado para verlo a él leyendo la sentencia –que los represores siguieron desde sus casas–, pero prohibió por la mañana que la sociedad conozca y escuche las últimas palabras de los acusados.

Los querellantes se mostraron satisfechos con las penas, aunque esperan que al confirmarse las cumplan en una cárcel. “Son genocidas añosos, no ancianos. En base a lo que sembraron deben esperar la muerte en prisión”, explicó el abogado marplatense César Sivo. “Barda debió ser condenado a los 50 años, no a los 80. Es inaceptable que sólo se tome en cuenta la edad en personas que durante años se ocuparon de sortear a la justicia”, agregó. “Estamos conformes con los 25 años, pero pedimos la revocatoria de la excarcelación, tanto por la posibilidad de que se fuguen para no ir presos como de que entorpezcan el avance de las investigaciones en zona oeste, ya que les esperan varios juicios”, consideró Liliana Mazea, abogada de Justicia Ya! El fiscal federal Félix Crous, que también pidió cárcel común, prefirió esperar a conocer los fundamentos de la negativa.

A primera hora de la mañana los fotógrafos se encontraron con la mala nueva. Pese a la orden suprema para que el tribunal garantice la difusión de juicios “de trascendencia pública que generan gran interés en la sociedad”, los secretarios de Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, se vieron en el ingrato rol de tener que explicar la interpretación de Sus Señorías.

–No tienen problema en que ingreses, pero sin la cámara –fue la memorable explicación que recibió el fotógrafo de Página/12.

Un día antes, la orden había sido ignorar la acordada. “No fuimos notificados”, explicaron a los primeros reporteros que intentaron acreditarse, conscientes de que nadie iba a notificarlos. Como el martes la resolución se publicó en el Boletín Oficial, apelaron a la lectura mezquina. “Dice ‘permitir la difusión radial y televisiva’, que se garantiza con el circuito cerrado”, sostuvieron. Cuando les recordaron que la acordada ordena decidir “la ubicación de cámaras de televisión y repoteros gráficos” no supieron qué responder. A instancias de la agrupación HIJOS, un escribano certificó el incumplimiento de los jueces, cuya conducta deberá analizar la Corte Suprema. La Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) repudió ayer “la postura obstruccionista” del tribunal, que “tergiversó su potestad de reglamentar el acceso a la prensa para transformarlo en lisa y llana prohibición de ejercer la tarea periodística”.

Tanto por la mañana, cuando dijeron sus últimas palabras (ver aparte), como a la hora de la sentencia, la sala estuvo repleta de víctimas, familiares y miembros de organismos. Apenas tres hombres mayores fueron a ver a los brigadieres. Luego de rechazar planteos de prescripciones e incompatencias, Gordo leyó la condena a Barda, la decimoprimera prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad de 2008.

–¡Bravo! –gritó una persona, y fue suficiente para que Gordo frunciera el seño y con esmerada voz grave amenazara con desalojar la sala.

Barda fue condenado por los homicidios agravados de Analía Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro más los secuestros y tormentos de ambos y de la mujer de Candeloro. “Pasaron 31 años, parece mentira”, confesó tras el fallo Marta García, que padeció a Barda en La Cueva y ya declaró 45 veces. “Es demasiado larga la espera para aceptar el privilegio de que siga en su casa. Y debe ser juzgado como jefe de subzona por todos los crímenes que cometió, no sólo por tres casos”, reclamó.

Mariani y Comes comandaron en 1977 y 1978 la Fuerza de Tareas 100, creada para cumplir “funciones antisubversivas” en zona oeste, donde funcionó Mansión Seré, y fueron condenados por ocho y seis secuestros y tormentos agravados respectivamente. La pena de 25 años de prisión surge de los votos de Obligado y Farías. El contenido de la disidencia parcial de Gordo se conocerá el miércoles cuando se lean los fundamentos. El tribunal también ordenó que se investigue al capitán Fortunato Valentín Rezett, que recibió a la secuestrada Magliaro en el Grupo de Artillería que comandaba Barda antes de que la asesinaran, y al brigadier mayor Miguel Angel Osses, superior de los aviadores que recibió la orden para que la Fuerza Aérea se encargara de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón. “Estamos contentos, ahora queremos cárcel común”, reclamó Martín Sabbatella, intendente de Morón, que convirtió Mansión Seré en una Casa de la Memoria y aportó su investigación a la causa. Destacó la importancia “de enfrentar al Estado terrorista desde el propio Estado” y de haber confirmado “la responsabilidad de la Fuerza Aérea en el plan sistemático en zona oeste”.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

Como en una rueda de presos

En San Luis, testigos reconocen a represores durante el juicio oral

Un ex secuestrado reconoció al capitán Carlos Esteban Plá y al comisario Víctor David Becerra como los responsables de las torturas que sufrió. También identificó a Horacio Angel Dana. Otros cuatro militares retirados están citados como testigos.

Por Diego Martínez
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Carlos Plá, David Becerra, Luis Orozco, Miguel Fernández Gez y Juan Carlos Pérez están siendo juzgados.

Un testigo que compartió cautiverio con Graciela Fiochetti en 1976 reconoció entre las personas que lo secuestraron y torturaron a dos de los imputados que juzga el Tribunal Oral Federal de San Luis: el capitán retirado Carlos Esteban Plá, que era subjefe de la policía provincial, y el ex comisario Víctor David Becerra, jefe de la división investigaciones o D2. Víctor Fernández también identificó como miembro del mismo grupo operativo al teniente Horacio Angel Dana, con quien Plá se reunió mientras estaba prófugo de la Justicia. Dana y otros cuatro militares retirados, ex miembros del Comando de Artillería 141 a quienes Plá y el también imputado general Miguel Angel Fernández Gez responsabilizan por el asesinato de Fiochetti, están citados como simples testigos para dentro de dos semanas.

El Gringo Fernández fue secuestrado en la madrugada del 21 de septiembre en su casa de La Toma. Dormía con su mujer y sus hijos cuando una ráfaga de ametralladora los sacó de la cama. Tenía 26 años y militaba con Fiochetti en la Juventud Peronista. Una patota que integraban Plá, Becerra y Dana lo sacó a patadas y culatazos hacia la comisaría del pueblo, recordó ayer. Ante los gritos de la mujer y sus hijos Becerra ordenó encerrarlos en el baño. “Si siguen gritando, mátenlos”, pidió.

A la mañana lo vendaron, lo trasladaron en un camión del Ejército hasta la jefatura de policía de San Luis y luego a un lugar que por la descripción sería la granja La Amalia, del Ejército, donde lo colgaron y lo sometieron a brutales tormentos. En la madrugada del 23 le hicieron firmar un acta y lo liberaron. Destrozado, se encontró con la madre y la hermana de Fioche-tti y les relató que la había visto en la jefatura. Cuando las mujeres se plantaron ante el Chueco Plá y le dijeron que sabían que tenía a Graciela, el militar ordenó volver a detener a Fernández. Estuvo otros dos días secuestrado. Le pegaron hasta inutilizarle el brazo derecho y le arrancaron los bigotes con una pinza. Otra vez le hicieron firmar un acta y lo abandonaron moribundo.

–¡Mentiroso! –gritó Plá en plena audiencia. El tribunal le llamó la atención y el represor se disculpó de mala gana.

Tras su detención en 2007, Plá declaró que los asesinos de Fiochetti eran cuatro subordinados de Fernández Gez: el teniente coronel Juan Carlos Moreno como autor intelectual, los tenientes Dana, Guillermo Daract, Jerácimo Dante Quiroga y Raúl Benjamín López como ejecutores. Agregó que se reunió con ellos en un bar porteño mientras estaba prófugo. Días después Fernández Gez reiteró el relato y agregó que los tenientes fueron a apretarlo al departamento donde cumple arresto domiciliario. Si antes no deciden fugarse, los cinco deberían declarar dentro de dos semanas.

domingo, 2 de noviembre de 2008

Se viene el sexto veredicto del año

EL MIERCOLES SE CONOCERA LA SENTENCIA EN EL JUICIO POR LA MANSION SERE Y MAR DEL PLATA

La Corte Suprema ordenó que los fallos de los juicios orales de “trascendencia pública” sean televisados. Hasta ahora no se habían admitido cámaras en este proceso. Los acusados son tres subjefes de área del Primer Cuerpo de Ejército.

Por Diego Martínez
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El brigadier retirado Hipólito Rafael Mariani y el coronel Alberto Pedro Barda (izq. y der. respectivamente).

Varios millones de argentinos que sólo se informan por medio del televisor se enterarán esta semana de que también en Buenos Aires se juzgan crímenes de lesa humanidad. Luego de haber escuchado cuatro veces la arenga patriotera de Luciano Menéndez, de haber confirmado la lágrima fácil de Antonio Bussi y el desequilibrio psíquico de Cecilia Pando, que amenazó con guillotinar al secretario de Derechos Humanos en Corrientes, el miércoles el país podrá seguir en vivo y en directo la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 5 a tres ex jefes de subzonas dependientes del Cuerpo I de Ejército: los brigadieres retirados Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, de quienes dependía la célebre Mansión Seré, y el ex amo y señor de Mar del Plata, coronel Alberto Pedro Barda.

Las restricciones a la publicidad que el presidente del tribunal Guillermo Andrés Gordo impuso durante los cuatro juicios que le tocó instruir –al Turco Julián, a los responsables de la Masacre de Fátima, a los apropiadores de María Eugenia Sampallo y al prefecto Héctor Febres– llegan a su fin gracias a una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que el martes proclamó la necesidad de “garantizar el derecho a la información en casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía”. Los fotógrafos y camarógrafos interesados en inmortalizar el bastón de empuñadura dorada de Barda y el bigote inspirado en Salvador Dalí del brigadier Comes deben acreditarse a partir de mañana en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal federal Félix Crous y los querellantes de Justicia Ya pidieron penas de prisión perpetua para Barda, 25 años para Comes y sólo discreparon en el caso de Mariani: la acusación oficial pidió 25 años, la privada 50. Ante sus insalvables responsabilidades y la contundencia de las pruebas, ventiladas ante la Justicia en 1985 durante el Juicio a las Juntas, la gran duda es si el tribunal les concederá a los post-70 el privilegio del arresto domiciliario o los enviará a una cárcel como a Videla, Menéndez, Von Wernich & Cía.

La sentencia pondrá fin al sexto juicio por crímenes cometidos durante la dictadura en lo que va de 2008, año que pasará a la historia del proceso de Verdad y Justicia por su afianzamiento en el interior del país. Además del juicio por la Masacre de Fátima en el propio TOF-5, hubo condenas en Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán, y las habrá antes de fin de año en Neuquén y San Luis. Hubo también dos absoluciones, en beneficio del sargento Carlos Píriz y del comisario Miguel Timarchi, que frustraron a las víctimas pero confirman la independencia de los jueces.

Mariani y Comes comandaron las bases aéreas de El Palomar y Morón y fueron en 1977 y 1978 jefes de la subzona 16 y de la Fuerza de Tareas 100, creada para cumplir “funciones antisubversivas” en zona oeste, donde funcionó Mansión Seré. Se los juzga por una docena de privaciones ilegales de la libertad y torturas, y por la desaparición de Juan Carlos Brid. Son los primeros miembros de la Fuerza Aérea Argentina que llegan a juicio. Asesorados por el abogado José Ignacio Garona, verdadero militante que en 1985 defendió al brigadier Orlando Agosti, ambos declararon al comienzo del juicio para tomar distancia de los trabajos sucios, que adjudican a las áreas de inteligencia. No se descarta que hagan uso del derecho a decir sus últimas palabras antes del veredicto.

El coronel Barda encabezó durante 1976 y 1977 la subzona 15, que sólo en Mar del Plata incluyó seis centros clandestinos. Tiene más de 80 abriles y aun si llegara a los cien tendrá juicios para no aburrirse. Como jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 comandó La Cueva, que funcionó en un viejo radar de la Base Aérea. Beneficiado por las leyes de impunidad en 1987 y por el indulto menemista en 1990, el primer juicio que afronta es apenas por tres de sus víctimas.

El abogado y militante del PCR Jorge Candeloro fue secuestrado en Neuquén junto con su esposa Marta Haydeé García el 13 junio de 1977. Una semana después los trasladaron a La Cueva, donde a principios de julio confluyeron los principales laboralistas de la ciudad, secuestrados por los subordinados de Barda y sus colaboradores de la Concentración Nacional Universitaria durante la famosa Noche de las Corbatas. A los padecimientos propios, García tuvo que agregar los gritos de su marido, que murió durante un interrogatorio. El coronel nunca entregó el cuerpo a sus deudos.

Barda también es juzgado por la muerte de Analía Delfina Magliaro, asesinada en un enfrentamiento fraguado tras meses de cautiverio en la comisaría 5ª de La Plata, el centro de detención Vesubio y un blanqueo frustrado en la comisaría 34 porteña. Magliaro fue trasladada a Mar del Plata el 4 de agosto de 1976 por el coronel Roberto Eduardo Berazay, que la cargó a un avión Sesna del Ejército y se la entregó en la pista de tierra del GADA 601 al capitán Fortunato Valentín Rezett, oficial de Inteligencia de íntima confianza de Barda. Rezett firmó el recibo de entrega de la detenida, que el propio Berazay incorporó a la causa, pero aún goza de plena impunidad. Además de la investigación a Rezett, el tribunal también ordenaría que la Justicia analice el rol del brigadier mayor Miguel Angel Osses, superior inmediato de los pilotos imputados, quien admitió haber recibido de parte del general Carlos Suárez Mason la solicitud para que la Fuerza Aérea se encargara de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón.