miércoles, 31 de diciembre de 2008

“Se necesitan acciones más enérgicas”

Críticas de los organismos de derechos humanos por la acordada de la Corte sobre los juicios a los represores

Los querellantes señalaron que no se ordenaron medidas concretas y que el diagnóstico está desactualizado.

Por Diego Martínez
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La Corte emitió una acordada ante la posibilidad de que veinte represores salieran en libertad.

Excepto por la exhortación a los jueces para que se sacudan la modorra y por la insinuación de utilizar sus facultades de superintendencia por medio de la flamante Unidad para Delitos de Lesa Humanidad, la acordada que la Corte Suprema de Justicia emitió el lunes como reacción a la polvareda que levantó la orden de la Cámara de Casación de liberar a Astiz, Acosta & Cía. generó un amplio rechazo de organismos de derechos humanos y querellantes en causas a represores. “Tardía, reiterativa, indignante”, fueron algunos de los calificativos que sondeó Página/12.

El informe que acompañó la acordada atrasa no menos de seis meses. Para los cortesanos, el juicio de Neuquén que terminó el 18 de diciembre aún “se está celebrando”, el que hace seis meses concluyó con la condena al general Carlos Caggiano Tedesco está “en etapa de juicio oral” y la causa de los ex jefes de áreas militares porteños “se podría incorporar” con la de Jorge Olivera Rovere. La unificación ya es un hecho y el juicio tiene fecha de inicio.

“Es insuficiente. A partir de un diagnóstico conocido y desactualizado, la Corte no ordena medidas concretas para superar los obstáculos que describe”, consideró Andrea Pochak del CELS. “Las agencias del Estado siguen actuando sin coordinación. Existe una unidad del Ministerio Público que realiza gran parte de las funciones que la Corte encomienda a la unidad de superintendencia. La problemática reclama acciones más enérgicas”, afirmó.

“Ratifica lo que venimos documentando hace dos años”, apuntó Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento que depende de la Procuración General de la Nación. “Admite que el Poder Judicial debe asumir su responsabilidad por la mora, abona el reclamo de celeridad y los problemas que venimos marcando y terminan de hacer crisis ahora”, resumió. Consultado sobre la creación de una unidad de superintendencia, Auat consideró que “cuando se asume el déficit y se identifican las causas, ya se está en camino de solucionarlo y toda herramienta puede ser idónea”. “Lo importante es la actitud que pone de manifiesto. Es fundamental que la unidad tenga capacidad operativa para dar las respuestas que las circunstancias exigen”, agregó. “Es muy importante que haya exhortado a los jueces a buscar mecanismos para que las causas avancen en coordinación con el Ministerio Público. Ahora hace falta que los jueces tomen nota”, rescató Pablo Parenti, coordinador de la unidad fiscal.

“Llega tarde. Los problemas tienen años, la Corte debió haber tomado cartas hace tiempo. Enumera obviedades que no profundiza, no da pautas generales porque no puede, pero tampoco específicas”, lamentó Ana Oberlin, de H.I.J.O.S. “La creación de la unidad es correcta en tanto canalice los pedidos del resto de los actores y sirva como contralor para los jueces que demoran causas, pero de nada servirá si se convierte en otra instancia burocrática que sobrecargue a los jueces que trabajan”, advirtió.

“No soluciona nada, no reestructura, no evita que liberen represores, sólo reitera lineamientos de la Procuración”, consideró Guadalupe Godoy, de Justicia Ya! “Es una actualización falaz del que hace un año hizo (José Luis) Mandalunis”, titular de la Unidad de Asistencia y Seguimiento que la Corte creó en julio de 2007 con facultades similares a la que anunció el lunes. “Sindican a las querellas como responsables de pedir juicios por todos los hechos cuando ninguna causa se retrasó por las querellas. Están disfrazando de discusión jurídica un debate político: el de los límites del juzgamiento. Pretenden que aceptemos juzgar sólo casos paradigmáticos”, intuyó Godoy. “Es indignante que se señale como problema la exigencia de investigaciones completas y no fragmentadas. Las querellas tenemos el deber de pedir que se impute a todos los responsables y no a algunos como de hecho ocurre”, coincidió Oberlin.

“Reconoce en forma implícita que el Estado incumple su obligación de garantizar plazos razonables”, rescató Luciano Hazán, de Abuelas de Plaza de Mayo. “Asume con timidez el gobierno del Poder Judicial, espacio alarmantemente vacío, y reconoce por primera vez la necesidad de un cambio profundo en un proceso penal ineficaz y violador de garantías. Sin embargo, mira para otro lado ante problemas evidentes y sólo se dedica a pedir recursos, salida corporativa y conservadora. En esa tónica, avala la violación de la ley que oralizó los recursos al seguir a los jueces de Cámara en su intención de limitar la norma pero no da ningún argumento ni estudio que demuestre la imposibilidad del cambio. Mientras tanto la Cámara del Crimen aplica la ley con esfuerzo y sin su respaldo”, explicó.

“La Corte habla de demoras pese a que tiene una responsabilidad enorme y tardó dos años en resolver un incidente. Su rol en casos como Bussi o Patti da vergüenza. Enumera problemas que todos conocemos”, afirmó Pablo Llonto, abogado de la causa Campo de Mayo. “El problema es estructural. La Justicia está colapsada. Cada vez se presenta más gente, tratan de meter miles de casos en una botella y a cinco años de su reapertura las megacausas ESMA y Campo de Mayo no tienen un solo condenado. Es una situación especial y merece un tratamiento especial”, planteó Llonto.

lunes, 29 de diciembre de 2008

Una línea de conducta

Un camarista federal de Bahía Blanca fue denunciado por persecución gremial y discriminación

Néstor Montezanti, quien fue asesor del represor Adel Vilas, afronta un pedido de juicio político presentado por la Unión de Empleados Judiciales. En 2007, la entidad se quejó ante la Corte Suprema por “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias” en ese tribunal.

Por Diego Martínez
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“La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada.” Impugnar una designación es “una falta gravísima de respeto al Superior”. “Dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía.” Tan bellas palabras no fueron escritas a principios del siglo XX por un celador del colegio militar sino en estos días por miembros de la Cámara Federal de Bahía Blanca. El tribunal que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad en 1987 es hoy un reducto de empleados aterrorizados y delegados gremiales perseguidos, escenario que derivó en reclamos e impugnaciones. Mientras los trabajadores esperan una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra Néstor Montezanti, cara visible de Sus Señorías, quien supo lucir en su estudio un certificado de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por el general Carlos Suárez Mason, comandante del Cuerpo V de Bahía Blanca en pleno apogeo de la Triple A.

Firman la denuncia de la UEJN su secretario general, Julio Piumato, y el de relaciones institucionales y de derechos humanos, Oscar Pringles. Acusan a Montezanti por mal desempeño, violación de los deberes de funcionario público, “una clara actitud antisindical” que en 2007 denunciaron ante la Corte, y “condiciones de trabajo humillantes y vejatorias”. Enumeran abusos de autoridad, prolongación desmedida de la jornada de trabajo, trato despectivo y discriminatorio para con los empleados que desarrollan tareas gremiales (pidió que se excluya a “representantes problemáticamente gremiales” del jurado que analiza exámenes de ingresantes), desequilibrios emocionales que conspiran contra el buen funcionamiento de la justicia, dilaciones y entorpecimientos en causas por delitos de lesa humanidad. Los dirigentes no descartan extender la denuncia a los jueces que adhieren a las decisiones del magistrado.

Como publicó este diario, Montezanti fue reconocido en 1974 en medio del grupo de matones que ocupó la Universidad Tecnológica Nacional y pronto se convirtió en la Triple A de Bahía Blanca. En 1975 el miembro más célebre de esa organización criminal lo propuso como defensor cuando la Justicia lo citó por el asesinato de David Cilleruelo, militante de la Federación Juvenil Comunista acribillado en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur. En la causa no consta que Montezanti haya actuado en defensa de Jorge Argibay, que sin abogado y pese a haber disparado ante varios testigos no estuvo un solo día preso. El mismo año el abogado rechazó una oferta de las fuerzas vivas bahienses para asumir como juez federal, cargo que ocupó Guillermo Madueño, quien tres décadas después tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a juzgarlo por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Montezanti no ocultaba entonces su militancia. “Hoy día tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”, anunció a fines de 1973 en un acto en el Parque de Mayo. En 1987 asesoró al general Adel Vilas, cara visible del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, relación que lo obligó a apartarse de las causas de la dictadura. “Es preciso emplear el terror para triunfar en la guerra. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos”, escribió doce años atrás el “Führer”, como lo llaman sus alumnos.

Desde el cadalso

En 2007, como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Montezanti obtuvo el respaldo de sus colegas Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández para ordenar el traslado compulsivo de Sandra Martínez Borda, vocal de la UEJN. Ante un amparo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a los jueces dar marcha atrás y respetar el procedimiento que fija la ley de asociaciones sindicales. Lejos de acatar la resolución, la calificaron de “escandalosa”, de “inveterada gravedad institucional” y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que “restaure el quicio (sic) institucional” y “se paralicen los efectos” de la medida. La Corte no hizo lugar. El mes pasado, la jueza Ana María Etchevers calificó la decisión del cuarteto de “arbitraria e ilegal”, les ordenó reintegrar a Martínez Borda a su trabajo e indemnizarla por daño moral. La noticia sólo circuló de boca en boca porque la Cámara también prohibió que se distribuyan sin autorización comunicados que no provengan de entes oficiales. El 3 de diciembre, en el Colegio de Abogados que funciona en el diario La Nueva Provincia, donde Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola encabezaron reivindicaciones de sus compañeros hasta que durante la última dictadura los acribillaron a balazos, el juez Planes disertó sobre “Libertad Sindical”.

La tensa relación de Sus Señorías con los trabajadores no es nueva. En 2005 la Cámara nombró a una abogada en reemplazo de una prosecretaria licenciada por enfermedad, postergando a personal más antiguo sobre el que no existían reparos, tal como apuntó en su disidencia el juez Luis Cotter. Once empleados y la UEJN impugnaron la acordada pero fueron rechazados, en el segundo caso con el argumento de que “no existen intereses colectivos a resguardar”. El voto de Montezanti y Argañaraz califica a una de las presentaciones como “indecente” y “desvergonzada”, y apunta que los escritos sugieren “un mismo autor intelectual”, cuya caza no tardó en desatarse, según los denunciantes.

Ese mismo año, sin respetar a empleados más antiguos, la Cámara nombró a una pasante en una vacante de escribiente. Diez trabajadores y la UEJN impugnaron la acordada. Una vez más fueron rechazados. “En treinta años de antigüedad en la Justicia jamás he visto que los empleados de un tribunal (...) puedan actuar como fiscales o censores” de una designación, “señalándole a este cuerpo que ha desconocido normas de máxima” y haciendo “expresa reserva de recurrir al más alto tribunal en avocamiento”, escribió Argañaraz y adhirió Montezanti. Se trata de “una falta gravísima de respeto al Superior” y “dejar pasar esa insolencia conduciría a la anarquía”, alertaron. “La perturbación al orden jerárquico no es tolerable y debe ser sancionada”, propusieron, “no exonerando de responsabilidad al ‘patrocinio sindical’ en cada escrito”. Desde su rincón solitario, Cotter destacó que “no puede concebirse que quienes cuestionan respetuosamente lo decidido por el Superior sean pasibles de sanción”.

Cuando la UEJN interpuso un recurso, una prosecretaria propuso a los impugnantes levantarles el apercibimiento a cambio de que no suscribieran el escrito y se disculparan ante los jefes. Cinco se resignaron a hacerlo. Al aceptar una disculpa Argañaraz le propuso a una empleada “una profunda reflexión”. Montezanti adhirió. “No siempre un pedido de disculpas basta para excusar una impertinencia”, escribió. La Corte dejó sin efecto las medidas dispuestas contra quienes se quejaron de las decisiones de sus superiores. Para evitar la reiteración de conflictos por motivos similares la Cámara solicitó que se la autorice a “apartarse del reglamento de Justicia de la Nación y poder nombrar a cualquier agente, aunque no se encuentre en la categoría inmediata inferior a la de la vacante”, destaca la denuncia.

El escrito de Piumato enumera irregularidades en la designación de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado federal, a quienes la Cámara asigna tareas en supuestas “causas análogas” a las que investigan los crímenes del Cuerpo V y la base naval de Puerto Belgrano. Montezanti también intervino en una causa en la que estaba excusado, relacionada con apropiaciones en el centro clandestino La Escuelita, quitándola de la órbita de la Secretaría ad hoc del juzgado. Pese a que está excusado para actuar en causas por delitos de lesa humanidad por sus consejos a Vilas, responsable de La Escuelita, en aquel caso, además de intervenir, opinó que “la Armada es una institución fundamental” más allá de que “algunos vesánicos la hayan empleado para sus tropelías”. Pese a que no era el tema de debate, Cotter le recordó que “hay cosa juzgada acerca de que la cúpula militar trazó y ejecutó planes criminales que cumplieron todas las fuerzas”, “ninguno de los planificadores o ejecutores ha sido declarado inimputable por vesania”, y “contra la desmemoria y el ocultamiento de la verdad” le aconsejó leer la sentencia del Juicio a las Juntas.

Quienes comparten pasillos con Montezanti & Cía. explican que la denuncia es una muestra ínfima del clima que padecen. Un secretario pidió licencia psiquiátrica luego de recibir tres sanciones en un mes. A quienes recurren sus calificaciones los derivan a la junta médica con la esperanza de que los declaren insanos. Tampoco falta el nepotismo. El hijo de Argañaraz, contador público, es secretario del juez federal Ramón Dardanelli Alsina. Su nuera es relatora del camarista Planes. El hijo de Augusto Fernández es secretario de Derechos Humanos del juez Alcindo Alvarez Canale. Todo queda en familia.

Los empleados esperan que la Corte responda a sus planteos. En marzo, la Cámara le denegó al juez Cotter, tras su licencia por enfermedad, la facultad de reasumir la presidencia. El magistrado planteó el tema a la Corte pero se jubiló sin respuesta. Días atrás, los empleados de la justicia homenajearon al ex presidente del primer tribunal del país que declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Montezanti & Cía. lo honraron con sus ausencias.

viernes, 26 de diciembre de 2008

Las causas que buscan justicia

Otros dos procesos avanzan en Entre Ríos
Por Diego Martínez

La causa Area Paraná es la mayor de Entre Ríos en cantidad de casos, casi 70, pero no la única. La jueza federal subrogante Miryam Gallizi investiga también a los responsables de la supresión de identidad y la apropiación de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela –cuya hija recuperó su identidad el martes pasado–, causa que tiene seis procesados con prisión preventiva.

Cinco de ellos son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario: el coronel Pascual Guerrieri, con arresto domiciliario; Walter Pagano, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña, en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, y Juan Daniel Amelong, en el penal de Marcos Paz. El anestesista Juan Antonio Zaccaría, que intentó suicidarse sin éxito veinte días después de ser procesado, está alojado en la cárcel de Paraná. En febrero, horas antes de declarar y con un tiro en la cabeza, sí cumplió su cometido el ex agente de Inteligencia Alberto Navone, que debía rendir cuentas en el mismo expediente.

También en Concepción del Uruguay, el juez federal Guillermo Quadrini instruye tres causas por delitos de lesa humanidad, cuya unificación analiza por sugerencia de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación. Por secuestros y tormentos contra 17 estudiantes secundarios fueron procesados con prisión preventiva el coronel Juan Miguel Valentino, ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, preso en Campo de Mayo, y el suboficial de policía Julio César Rodríguez, alojado en Marcos Paz. Evitaron la indagatoria con certificados médicos los generales Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Juan Carlos Trimarco, Raúl Federico Schirmer y el comisario inspector José Darío Mazzaferri. Por secuestros, tormentos y desapariciones en Concordia y Gualeguaychú también investiga al general Naldo Miguel Dasso, al teniente coronel Jorge Enrique Echeverría, al ex gobernador interventor de Entre Ríos brigadier Rubén Daniel Di Bello y al ex comisario Marcelo Andrés Pérez. Ninguno fue citado aún a prestar declaración indagatoria.

El vicario que predicaba el terror

Revelaciones sobre un ex titular de la Conferencia Episcopal en la dictadura

En la causa por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, los testigos contaron que el fallecido Adolfo Tortolo justificaba las torturas y los crímenes cometidos con “armas bendecidas”.

Por Diego Martínez
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Tortolo fue arzobispo de Paraná y murió sin castigo en 1986.

En diciembre de 1975, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo, anunció un inminente “proceso de purificación”. Después del golpe de Estado, advirtió que “los principios que rigen la conducta del general (Jorge) Videla son los de la moral cristiana”. Cuando el país era un gran campo de concentración, defendió la tortura ante sus pares con argumentos de teólogos medievales. Murió impune en 1986. En las últimas semanas, su nombre resurgió con fuerza en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad: sobrevivientes de centros clandestinos de Entre Ríos relataron que el entonces arzobispo de Paraná recibió a personas secuestradas en su residencia, las visitó en cautiverio, vio cuerpos deshechos por la tortura y predicó el “por algo será” ante hombres que horas después desaparecieron para siempre.

El paso cansino de los procesos reabiertos hace un lustro, sumado al largo cuarto de siglo de impunidad plena que lo precedió, deriva en situaciones insólitas. Víctimas del terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos y hasta periodistas de Entre Ríos vivieron con euforia, como si se tratara de un verdadero juicio, una de las primeras etapas de la causa con mayor cantidad de víctimas de la dictadura en Paraná: la de las declaraciones testimoniales, el relato de los padecimientos en cautiverio en manos de militares y policías aún libres y sin castigo.

“Son las primeras testimoniales desde la reapertura de la causa en 2004 y después de treinta años de haber sufrido desapariciones, cárcel y consejos de guerra lo estamos viviendo como si hubiera llegado el momento del juicio y castigo”, admite Alicia Dasso, testigo y miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader). “Estamos empeñados en demostrar que el terrorismo de Estado fue para todo un pueblo. Como querellantes y como organismos, tratamos de estar en la calle porque, para peor, el proceso se rige por código viejo, es totalmente cerrado”, lamenta. La causa se conoce como Area Paraná, está a cargo de la jueza subrogante Myriam Stella Gallizi y estuvo paralizada durante casi cuatro años por planteos dilatorios de los imputados.

Las audiencias a puertas cerradas, que se revertirían en la etapa final tal como ocurrió en Capital Federal con los jefes del Batallón de Inteligencia 601, se tradujeron cada jueves del último mes en actividades artísticas organizadas por Hijos regional Paraná para celebrar las audiencias y repudiar su publicidad acotada. También el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde ofician de docentes varios testigos de la causa, resolvió acompañarlos públicamente.

La causa concentra secuestros, torturas y homicidios en la subzona 22, que incluyó centros de detención en el escuadrón de Comunicaciones de la Brigada de Caballería Blindada II, en cercanías de la Base Aérea y en la Unidad Penal 1 del Servicio Penitenciario provincial, todas en Paraná. Entre la docena de imputados se destacan el general Juan Carlos Trimarco, ex comandante de la Brigada, y el capitán auditor Jorge Humberto Appiani, el socio del estudio jurídico de Jorge Olivera que faxeó a Italia la partida de defunción falsa de Marie Anne Erize para lograr la liberación de su amigo, detenido por segunda vez el mes pasado.

De los testimonios difundidos por Afader, Hijos y la Asociación de ex Presos y Exiliados Políticos “La Solapa” queda claro que el rol de Tortolo es equiparable al de los principales acusados. Un testigo relató:

–Recuerdo una noche de tortura, que fue corta. Me llevaron a los calabozos y sentí muchas voces en el trayecto. Era algo normal (...) Vi cómo sacaban a un muchacho que estaba a la izquierda de mi calabozo. A los 15 o 20 minutos lo trajeron y le pregunté: “¿Qué pasa que hay tanto revuelo, para qué te sacaron?”. “Vino Tortolo a verme. Y le pregunté: ‘¿Vos denunciaste lo que está pasando acá?’ Me respondió que no, me dijo solamente: ‘Si estás acá, por algo será’.” Al día siguiente el muchacho desapareció.

Tres testigos contaron que el arzobispo los visitó en la cárcel y dio misa el 24 de diciembre de 1976. “Fue humorístico porque dijo ‘a los comunes me los sentás de este lado, a los subversivos de este otro’”, relató uno. “Le decían lo que pasaba y él se tapaba los ojos”, confió otro. “Dijo que, si alguien deseaba hablar con él, podía hacerlo. Yo le conté lo que sucedía y le pregunté por qué mataban gente. Tortolo me dijo: ‘Si ellos matan gente, las armas están bendecidas. Ustedes matan con armas sin bendecir’. Le aclaré que no había matado a nadie y me dio dos cachetadas porque no había dicho la verdad. Si alguien recibía una cachetada, era porque había dicho la verdad”, agregó el tercero.

“A Coco Erbetta lo llevaron una noche, estando en Comunicaciones, a hablar con monseñor Tortolo a la residencia del arzobispo, en el Parque Urquiza. Estuvo varias horas con él. Coco le comentó la situación de todos los detenidos (...) Esa misma noche lo llevaron y nunca más volvió. Tipo 6 de la mañana vi pasar una camilla con un cuerpo ensangrentado, tapado con una sábana blanca. Había médicos y supuse que era el cuerpo de Erbetta”, declaró un sobreviviente. Victorio José Erbetta fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 y visto por última vez siete días después, en el Escuadrón de Comunicaciones. En cautiverio, le contó a un ex compañero de secundario que tenía esperanzas de salir vivo con la ayuda de la Iglesia, ya que había militado en la Acción Católica.

La muerte le evitó a Tortolo tener que seguir los pasos de Cristian von Wernich, pero no un final acorde a su obra. Según los seminaristas de Paraná que lo cuidaron durante el largo deterioro de su mente, entrevistados por Emilio Mignone para su libro Iglesia y Dictadura, hasta el final el ex presidente de la Conferencia Episcopal Argentina deliraba a los gritos que su madre estaba desaparecida.

miércoles, 17 de diciembre de 2008

Marche un pedido de captura para un tapado

EL JUEZ TORRES PIDIO LA DETENCION DE HUGO SIFFREDI Y OTROS MARINOS
Por Diego Martínez

Hugo Héctor Siffredi fue hasta ayer un tapado feliz. Luego de cuatro décadas de carrera militar, que culminó hace apenas cinco años e incluyó destinos reconfortantes para un hombre inquieto por el espionaje de entrecasa, como la jefatura del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el juez federal Sergio Torres pidió ayer su captura a la Policía Federal para indagarlo por su rol en delitos de lesa humanidad hace treinta años, cuando asistía en el SIN al fallecido capitán de navío Eduardo Invierno.

Mientras nuevos fragmentos de la megacausa ESMA se acumulan en el Tribunal Oral Federal 5, que aún no fijó fecha para el comienzo del primer juicio oral y público a oficiales de la Armada, Torres ordenó otra docena de detenciones. La lista incluye al capitán de fragata retirado Juan Arturo Alomar, un tripulante de helicópteros que en las postrimerías del menemismo ingresó a Aeropuertos Argentina 2000, empresa para la que aún trabaja como administrador en la delegación Río Grande, en Tierra del Fuego.

Siffredi nació en Bahía Blanca en 1947. Sus inquietudes por escudriñar en organizaciones políticas comenzaron en marzo de 1976, antes del golpe de Estado, cuando un explosivo detonó en la casa de su padre homónimo, un capitán de navío retirado que luego se reincorporó a la fuerza. En 1977 hizo su primer curso en la Escuela de Inteligencia Naval y durante el resto de la dictadura sólo vio barcos por fotos. En 1978 mostró sus dotes en el oficio de agente como subordinado del célebre Invierno y del segundo jefe del SIN, capitán de fragata Domingo Francisco Ladaga, y un año después bajo el mando del contraalmirante Jorge Demetrio Casas y del capitán de navío Eduardo Girling. El SIN tuvo su centro clandestino propio en una casa pegada a la Panamericana, aunque también tuvo a sus víctimas secuestradas en la Capuchita de la ESMA. Denunciado hace menos de un año como enlace con la ESMA, Siffredi hizo carrera sin obstáculos, llegó a ser jefe de la estratégica base naval de Puerto Belgrano y se retiró a principios de 2004. No sería un hombre querido por sus subordinados.

El resto de los marinos que Torres ordenó detener al regresar de su periplo europeo tuvieron carreras más modestas. Según el dictamen del fiscal Eduardo Taiano que solicitó en 2005 sus detenciones, el capitán de navío Luciano Becerra fue jefe del departamento general de la ESMA entre 1979 y 1980, en tanto el capitán de navío contador Guillermo Horacio Pazos actuó como jefe de logística del Grupo de Tareas 3.3.2 entre 1979 y 1981. El capitán Juan Alomar prestó servicios en la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, que según contó el cabo Raúl Vilariño en 1984 era una cobertura para sus reales actividades en el G.T. 3.2.2. En la ESMA habría actuado con el alias “Ariel”, como teniente de navío, entre 1979 y 1980. Antes de ingresar a AA 2000, Alomar integró cargos directivos en las sociedades anónimas Ranger 4 y Helicópteros Marinos.

La lista de Torres incluye a represores denunciados en octubre por Justicia Ya!, como Francisco Armando Di Paola, alias Chino, y Rodolfo Oscar Cionchi, alias Gordo Tomás, acusado de torturar al sobreviviente Enrique Fuckman y de asesinar a Daniel Echeverría. El juez ordenó también las detenciones de Randolfo Scacchi y de los suboficiales retirados Omar Eyzaguirre, alias Ratón, Héctor Francisco Polchi (Cholo o Román), Antonio Rosario Pereyra (Leonardo, sosías Elías Sisro), Orlando González (Hormiga o Miguel) y Daniel Humberto Baucero (Narigón o Garbossa). Fuentes judiciales informaron que varias de las detenciones se concretaron anoche, aunque no trascendieron las identidades.

viernes, 12 de diciembre de 2008

Cuatro beneficiados por Casación

CONCEDEN EXCARCELACIONES A POLICIAS CORDOBESES
Por Diego Martínez

La Cámara Nacional de Casación Penal concedió excarcelaciones y ordenó la liberación de cuatro ex miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba. Los policías quedaron formalmente en libertad en la causa “Vergez”, que investiga los secuestros, torturas y homicidios de 21 militantes políticos en la primera quincena de enero de 1976, pero seguirán con prisión preventiva por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano por la ejecución de presos que retiraban de la cárcel de San Martín en los meses posteriores al golpe de Estado, en la causa denominada Alsina o “Unidad Penal 1”.

Los beneficiados por Casación son “el Tucán” Carlos Alfredo Yanicelli, “el Turco” Yamil Jabour, Luis Alberto “Cara con Riendas” Lucero y Carlos Hugo Villaruel, recordados por sobrevivientes como miembros del grupo duro de torturadores del D2, antes y después del golpe de Estado. Fueron detenidos en marzo de 2007 y por decisión de Garzón de Lascano pasan sus días en la Guardia de Infantería de la misma fuerza en la que militaban cuando cometieron los delitos, un lugar de detención de privilegio similar al que alojó al prefecto Héctor Febres hasta su muerte con cianuro y al teniente coronel Julián Corres hasta su fuga.

Las agrupaciones locales de H.I.J.O.S., Familiares, Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación de Ex Presos Políticos consideraron, luego de conocer la noticia, que los criterios garantistas son “absolutamente válidos aplicados en general”, aunque destacaron la imposibilidad de que los represores en cuestión superen el test fijado por la propia jurisprudencia de Casación. Por el tipo de delitos que se les imputan y las altas penas en juego, es altamente probable que intenten evadir a la Justicia, señalaron. Las pruebas que lo certifican tienen nombre y apellido. Herminio “Boxer” Antón, compañero de tareas de Yanicelli & Cía, lleva ya dos años en la lista de prófugos. El coronel César Emilio Anadón, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 141 que regentaba La Perla, se suicidó mientras gozaba de arresto domiciliario.

En tanto, no se acelere el paso de tortuga de los procesos judiciales para llegar a juicios en el corto plazo y la Cámara de Casación continúe excarcelando indiscriminadamente a imputados por delitos de lesa humanidad, tarde o temprano la mayor parte de los 500 represores procesados con prisión preventiva en el último lustro recuperarán su libertad. Córdoba tuvo durante 2008 el juicio oral y público más impactante del país, que culminó con la condena al general Luciano Menéndez y siete de sus subordinados. La próxima cita, prevista para mediados de 2009 pero aún no confirmada, sería para juzgar a los imputados en la causa UP1 y tendría en el banquillo al dictador Jorge Rafael Videla, al condenado Menéndez, a sus muchachos del Destacamento 141 y a la patota del D2. Siempre que Casación no los libere y decidan guardarse.

Un descanso para Su Señoría

PELIGRA EL JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN SAN LUIS

Uno de los jueces del tribunal oral dijo que debía guardar diez días de reposo. Es el tiempo máximo que un proceso puede suspenderse sin que pierda validez. Sus colegas piden que se aparte y dicen que le mandarán un perito forense para que lo revise.

Por Diego Martínez
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El tribunal oral de San Luis está integrado por Raúl Rodríguez, Roberto Naciff y Roberto Burad.

Supuestos problemas de salud del juez mendocino Roberto Burad, sumados a su negativa de excusarse para facilitar su reemplazo, derivaron en una nueva suspensión del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad de Cuyo y ponen en peligro la continuidad del proceso. El magistrado presentó el martes un certificado médico que le ordena realizarse estudios de rutina y guardar diez días de reposo. Se trata del máximo tiempo posible que un juicio oral puede interrumpirse sin perder validez. Los otros dos miembros del Tribunal Oral Federal de San Luis pusieron en duda su imposibilidad real de asistir a las audiencias y le solicitaron que decida si quiere excusarse y disfrutar de la feria de enero o bien prefiere que lo revisen peritos médicos de la Corte Suprema de Justicia. Si el magistrado no da una respuesta hoy, sus colegas se verán obligados a suspender las declaraciones testimoniales previstas para el lunes.

Desde la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, jueces de todo el país fueron noticia por su lentitud para ordenar detenciones, para indagar a los detenidos y pronunciarse sobre la situación de los indagados. También fueron cuestionados por permitir el alojamiento de represores en prisiones VIP, por usar de guardiacárceles y che pibe a oficiales de las Fuerzas Armadas, por su incapacidad para evitar fugas y suicidios, por restringir la publicidad de las audiencias, y, por excarcelar a pesos pesados de la represión ilegal. Pero nunca, hasta estos días, un juez había trascendido por generar la suspensión de un juicio en pleno desarrollo.

El juicio por secuestros, tormentos y un homicidio en San Luis durante la última dictadura, con dos militares y tres ex policías como acusados, estuvo suspendido durante nueve días en noviembre gracias a un planteo de recusación formulado por Hernán Vidal, defensor del capitán retirado Carlos Esteban Plá y del ex comisario David Becerra. El abogado pidió el apartamiento de Burad por prejuzgamiento y parcialidad manifiesta luego de que el juez perdiera la paciencia ante uno de los tantos policías amnésicos que dicen no recordar lo que vieron hace tres décadas y declararon hace dos. La Cámara de Casación Penal se negó a tratar el planteó y encomendó la tarea al propio tribunal, que lo rechazó en dos oportunidades.

Cuando sólo le quedaba la posibilidad de recurrir en queja ante Casación, Vidal anunció que desistía de la recusación. Pese a que la maniobra había derivado en la suspensión del juicio durante nueve días, uno menos de los necesarios para hacer trizas el proceso, Burad pidió entonces la palabra para ponderar la labor del abogado, que defiende a otra docena de represores. La semana pasada, para recuperar el tiempo perdido, el tribunal decidió trabajar durante la feria judicial de enero. Las audiencias debían suspenderse el 23 de diciembre, por las festividades de la feligresía católica, y reanudarse el 7 de enero.

El martes, Burad presentó ante sus pares un certificado médico según el cual debe guardar diez días de reposo, hacerse un análisis de colesterol y un electrocardiograma. La reacción de los otros miembros del tribunal, Raúl Rodríguez y Roberto Naciff, fue inmediata. Los magistrados le recordaron a Burad que las audiencias no pueden suspenderse por más de diez días, destacaron que de las constancias presentadas “no surge que la enfermedad del señor magistrado le imposibilite su asistencia” y le pidieron que “de modo expreso manifieste si es su voluntad excusarse de seguir entendiendo en la causa, lo que permitiría en tiempo inmediato la integración del tribunal con el juez sustituto y continuar con el normal desarrollo de la causa”. “Caso contrario y a los fines de precisar el tiempo que insumiría el tratamiento de su afección –agregaron–, deberá solicitarse la intervención del perito médico del cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia” para que evalúe los padecimientos y el tiempo de recuperación.

jueves, 11 de diciembre de 2008

Hasta el año pasado ordenaba detenciones

Fue arrestado el ex fiscal chaqueño Carlos Flores Leyes
Por Diego Martínez
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Carlos Flores Leyes está acusado de delitos de lesa humanidad.

Luego de cuatro días de reflexión a escondidas, con paradero desconocido y orden de detención en su contra, el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes se entregó a la Justicia de Resistencia el martes a primera hora. Ayer, mientras el país celebraba sus 25 años de democracia, escuchó de boca del conjuez federal José Antonio Piñero la acusación de haber participado de cinco interrogatorios bajo tortura cuando era secretario del juez federal. Sin perder la compostura hizo su descargo, negó las acusaciones, dijo que era un secretario cualunque y volvió a su celda en la alcaldía de la Policía Federal.

“La detención de Flores Leyes es un hito, no sólo por su presencia en centros de tortura, también por su rol como garante de la impunidad”, consideró Mario Bosch, abogado de H.I.J.O.S. regional Chaco y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Es paradójico que comience a rendir cuentas justo un 10 de diciembre, a 25 años del retorno democrático. Por ahora se lo indaga por hechos en los que tuvo participación directa, sintomáticos de su compromiso con la dictadura, pero lo más importante fue su rol como secretario y luego como fiscal para garantizar la impunidad”, agregó.

Flores Leyes fue secretario del juzgado de Resistencia entre 1974 y 1992, cuando asumió como fiscal. Está acusado de participar de interrogatorios ilegales junto a una docena de policías de la Brigada, hoy procesados con prisión preventiva. También de encubrir crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Margarita Belén. En diciembre pasado, la Procuración General de la Nación lo separó de su cargo y promovió un jury de enjuiciamiento. En marzo renunció como fiscal.

El jueves, el juez Piñero ordenó su detención. Las fuerzas de seguridad visitaron sus casas y la de su mujer, pero no lo encontraron. El fin de semana abogados de varios estudios jurídicos de Corrientes y Chaco fueron sondeados sobre la posibilidad de defenderlo. El martes a las 7.30 se presentó por su cuenta. Caminaba con un bastón que hasta entonces no se le conocía. Flores Leyes tiene 60 años, usa prótesis en una rodilla y sufre de hipertensión, nada que le impida vivir en una celda decente. Pidió su eximición de prisión, aún no respondida.

Ayer, acompañado por su cuñada, la abogada Susana Fasola Vitale, declaró durante tres horas. Negó haber participado en interrogatorios en la Brigada. Cuando le leyeron el testimonio de José Luis Valenzuela, que recordó la precisión de las preguntas de quien formulaba el interrogatorio en la Brigada, Flores Leyes negó ser el hombre de traje y manos grandes que golpeaba la mesa de torturas cuando una respuesta no le satisfacía. La indagatoria continuará hoy y mañana con los otros cuatro casos.

miércoles, 10 de diciembre de 2008

Un hallazgo que confirma el horror

Encontraron alrededor de diez mil fragmentos óseos calcinados en el Pozo de Arana

Fueron descubiertos por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Es la primera vez que aparecen restos en el mismo sitio donde funcionó un centro clandestino. También se hallaron centenares de impactos de bala en un paredón del predio.

Por Diego Martínez
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Funcionarios judiciales durante una inspección ocular en el predio donde funcionó el Pozo de Arana.

“Los huesos no mienten ni olvidan”, explicaba el antropólogo Clyde Snow en 1984, cuando llegó al país a pedido de la Conadep para exhumar cuerpos enterrados como NN. Ayer, casi un cuarto de siglo después, sus discípulos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron el hallazgo de alrededor de diez mil fragmentos de restos óseos pequeñísimos, producto de la calcinación a la que fueron sometidos, enterrados en un patio del ex centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en el Destacamento de Arana, aún en poder de la policía de la provincia de Buenos Aires. El EAAF también confirmó la existencia de un paredón de diez metros de largo con dos centenares de impactos de bala, aunque destacó que no pueden asociarse directamente con los restos encontrados. Así como los cuerpos de las Madres secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz confirmaron el relato de los sobrevivientes de la ESMA sobre los vuelos de la muerte, el hallazo en Arana confirma el testimonio de las víctimas de Etchecolatz, Von Wernich & Cía. sobre las quemas con cubiertas y combustible como método de desaparición de personas.

“Es la primera vez que se encuentra enterramientos en un centro clandestino de detención”, destacó en conferencia de prensa la secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, quien anticipó que impulsará la conversión del sitio “en un Museo de la Memoria, porque allí están las cenizas de los militantes populares que pasaron por ese lugar”. La funcionaria recomendó “que nadie aliente esperanzas de que pueda ser identificado algún familiar desaparecido” y pidió “perdón por el dolor que puedo causar con esta noticia, porque quien tiene un hijo desaparecido lo primero que hace es pensar que algunos de los fragmentos de huesos encontrados les puede pertenecer”.

El EAAF empezó a trabajar en febrero a pedido del juez federal Arnaldo Corazza, luego de que el fiscal federal Félix Crous denunciara posibles enterramientos en base a testimonios brindados en el Juicio por la Verdad de La Plata. Las tareas en el destacamento, ubicado en la calle 640 a la altura de la 131, comenzaron a fines de febrero con la limpieza del predio, repleto de autos siniestrados y bicicletas. “Luego se cuadriculó el terreno, se registró cada fragmento encontrado en un espacio tridimensional, se fotografió y registró cada hallazgo, y se le sugirió al juez preservar los pozos de las quemazones”, explicó a Página/12 el antropólogo Daniel Bustamante.

En primer lugar se vació y analizó sin suerte el contenido de cuatro profundos pozos sépticos en el patio interno del destacamento. “En cuanto hicimos la prospección de un pozo cerca del muro norte aparecieron los primeros restos. Eso fue el 16 de abril”, recordó el especialista del EAAF. “Después se pasó a hacer la prospección en el patio trasero, al fondo, que estaba lleno de vehículos. Tuvimos que limpiarlo y, cuando empezamos a hacer los sondeos más cercanos al muro, apareció la mayor concentración de restos quemados. Entonces nos dimos cuenta de que hubo una fosa para quemar cuerpos. Suponemos que el muro fue construido después, y cuando hicieron la trinchera removieron un poco el sedimento”, explicó.

–¿Qué posibilidades reales hay de identificar los restos?

–El grado de calcinación es importante, no queremos alentar falsas expectativas. No sabemos si se va a poder recuperar material genético hasta que no se envíe al laboratorio, pero por la experiencia en otras circunstancias va a ser difícil.

“Primero hay que clasificar cada segmento encontrado para determinar el número mínimo de individuos. Para eso hay que trabajar con los restos óseos y con elementos asociados, como vainas, proyectiles, monedas, los plomos encontrados en la pared, evidencias que se están limpiando”, describió Bustamante. Recién cuando concluya la etapa de trabajo en el EAAF se analizará la posibilidad de enviar restos a un laboratorio de Estados Unidos para tratar de recuperar material genético.

Por consejo del EAAF el juez Corazza ordenó proteger el sitio del hallazgo con una capa de nylon resistente. El próximo paso es garantizar su preservación, que implica no sólo proteger el terreno de las inclemencias del tiempo sino también mantenerlo intacto para su uso futuro como espacio de la memoria. “De los lugares que conozco, es el que más se merece el reconocimiento de espacio para la memoria, ya que recuperamos parte de los restos pero las cenizas quedan allí”, concluyó Bustamante.

sábado, 6 de diciembre de 2008

La sentencia llegará en vacaciones

El juicio oral contra dos militares y tres ex policías en San Luis

Hubo nueve días de inactividad por una recusación presentada por la defensa de dos acusados. Los jueces decidieron habilitar la feria de enero. Un ex comisario aportó detalles sobre el secuestro de una de las víctimas.

Por Diego Martínez
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Los represores Carlos Plá, David Becerra, Luis Orozco, Miguel Angel Fernández Gez y Juan Carlos Pérez.

El primer juicio por delitos de lesa humanidad de Cuyo, con dos militares y tres ex policías en el banquillo, no se interrumpirá durante la feria judicial de enero. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de San Luis al reanudar las audiencias, luego de nueve días de inactividad por una recusación que planteó el abogado de dos represores. En la última semana se destacaron los testimonios del coronel retirado Horacio Angel Dana, que calificó como “una infamia total” la acusación en su contra del imputado capitán Carlos Esteban Plá, y de Ricardo Angles, quien contó que mientras él estaba desaparecido el obispo Juan Rodolfo Laise le anticipó a su madre, tras un llamado telefónico, que sería liberado. El religioso de buenos contactos que le encomendó al general Miguel Fernández Gez hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía dejar los hábitos para casarse, según denunció el militar, declarará por teleconferencia desde Italia.

La recusación contra el juez Roberto Burad y luego contra todo el tribunal la formuló Hernán Vidal, abogado de Plá y del ex comisario David Becerra. La Cámara de Casación Penal rechazó tratar el planteo y ordenó resolverlo al propio tribunal, que no hizo lugar. Vidal desistió de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Para recuperar el tiempo perdido, las audiencias, que se suspenderán el 23 de diciembre por las fiestas católicas, se reanudarán el 7 de enero.

Hasta el momento declararon quince testigos. Restan casi ochenta, la mayoría ex policías del Departamento de Investigaciones (D2) convocados por la fiscal Olga Allende que, como se preveía, sufren de amnesia. “No vieron nada, no conocen a nadie, contradicen sus declaraciones de 1985. Cuando los denunciamos por falso testimonio el tribunal toma nota, pero mientras tanto el juicio sigue”, lamentó Enrique Ponce, de APDH San Luis.

La excepción que confirma la regla es el ex comisario Mariano Mansilla, quien relató detalles de la madrugada del 21 de septiembre de 1976 en la que militares y policías detuvieron a Graciela Fiochetti, luego torturada y fusilada. El ex policía contó que vio la puerta de la casa rota y restos de madera desparramados por la violencia del allanamiento, pero que le ordenaron asentar “que no se han producido daños”. Luego de labrar actas de detenciones que no presenció logró ver por el ojo de una llave de la comisaría de La Toma cuando cargaban a Fiochetti y otros dos detenidos, maniatados y vendados, en un camión militar. “Se los vinculaba con cuestiones subversivas, por lo que el procedimiento no se ajustaba a las normas. No había orden del juez y fue de madrugada”, explicó.

Otro de los detenidos aquella noche, Oscar Trepin, contó que después de que se lo llevaron el comisario Becerra se sentó en su cama matrimonial a leer las cartas que le mandaba a su esposa cuando eran novios. Luego, obligaron a la mujer a orinar en el patio frente a los policías. Ya en la comisaría, Trepin contó que lo ataron, lo vendaron y lo cargaron a un camión junto a Fiochetti. La vio por última vez en la madrugada siguiente, luego de que la obligaron a firmar un acta de liberación.

Otro sobreviviente que vio a Fiochetti, Ricardo Angles, reinstaló la figura de monseñor Laise en el juicio. Dijo que su madre acudió al obispo “como último recurso”. El sacerdote “los atendió muy bien y les dijo, luego de comunicarse con alguien por teléfono, que yo iba a quedar en libertad en poco tiempo, hecho que finalmente ocurrió”. El dato ratifica los óptimos contactos del obispo, que declarará en los próximos días.

Uno de los testimonios más esperados fue el del coronel Dana, a quien Plá y Fernández Gez –asesorados entonces por el mismo abogado, Carlos Mercado– responsabilizaron junto a otros cuatro ex miembros del Comando de Artillería 141 por la muerte de Fiochetti. Dana admitió que participó de las detenciones en La Toma por orden de su jefe, el teniente coronel Juan Carlos Moreno. “La misión consistía en detener, trasladar y entregar en la policía a cuatro sospechosos de vínculos con Montoneros”, dijo. El comisario Becerra le facilitó nombres y direcciones. “Los allanamientos fueron enérgicos pero no violentos”, describió, y agregó que no hubo resistencia, no se secuestraron armas ni material que los vinculara con Montoneros. También admitió que los trasladaron hasta la capital puntana con las manos atadas, “porque los militares no teníamos esposas”.

El coronel calificó como “una mentira atroz” la indagatoria de Plá, quien dijo que hace veinte años, antes de la sanción de las leyes de impunidad, Dana se solidarizó y le dijo: “Se está comiendo un garrón con lo de Fiochetti”, muerte que según Plá se habría adjudicado. Dana negó todo, también haber participado de una reunión con Plá mientras estaba prófugo y de otra para presionar a Fernández Gez, que un año después del supuesto diálogo y asesorado por Mercado lo asentó ante un escribano.

El juicio continuará el martes con inspecciones oculares en la oficina central y en la Brigada de Investigaciones de la policía de San Luis, en la Granja La Amalia, donde funcionó un centro de detención del Ejército, y en las Salinas del Bebedero, donde fusilaron a Fiochetti. Luego seguirá la ronda de testimoniales, incluidas las de Laise, las del camarista mendocino Carlos Pereyra González –acusado de presenciar interrogatorios bajo tortura por el ex chofer de Plá– y las de los otros ex miembros del Comando de Artillería 141 acusados por los imputados.