miércoles, 24 de junio de 2009

Aval a un entregador de bebés

El capitán Berthier quedaría libre por demoras en la Justicia

El represor condenado a diez años de prisión, en abril del año pasado, por haber entregado a María Sampallo Barragán, nacida en cautiverio, sería liberado por el TOF-5. La sentencia no está firme y la pena podría ser incrementada.

Por Diego Martínez
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El juez Guillermo Andrés Gordo (foto), junto a Ricardo Farías, proclives a liberar a Berthier.

El capitán retirado Enrique José Berthier, condenado en abril de 2008 a diez años de prisión por haber entregado a una beba nacida durante el cautiverio de sus padres en un centro clandestino a comienzos de 1978, podría recuperar la libertad en los próximos días. La decisión la tomaron los jueces Guillermo Andrés Gordo y Ricardo Farías, miembros del Tribunal Oral Federal 5, con el argumento de que el militar cumplió las dos terceras partes de la condena y goza de buen concepto en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. La liberación se concretará cuando Berthier pague o cubra con sus propiedades una fianza de 175 mil pesos y no se interrumpirá por la apelación que presentará el fiscal federal Félix Crous.

El tercer juez del TOF-5, Daniel Obligado, se opuso a la excarcelación. Evaluó que Berthier ya estuvo prófugo de la Justicia, que la sentencia no está firme y que la Cámara de Casación Penal podría elevar la pena en base a los 25 años de prisión solicitados por fiscalía y querella. En tal caso se modificaría el cálculo de los dos tercios y el mismo TOF-5 debería ordenar la captura del oficial del Ejército, condenado por entregar a una pareja a María Eugenia Sampallo Barragán, nacida mientras sus padres estaban secuestrados en el centro clandestino Club Atlético.

“El problema es que la Sala II de la Cámara de Casación lleva más de un año sin resolver sobre la apelación. El expediente ingresó al tribunal en mayo de 2008. La demora de Casación fomenta la impunidad y la liberación de los represores”, consideró Tomás Ojea Quintana, que patrocina a Sampallo Barragán. “En el expediente queda claro que Berthier conspiró contra el proceso junto a su abogado (Alejandro) Macedo Rumi y que estuvo evadido de la Justicia. Ambos elementos sugieren que no debe ser excarcelado. Si la pena se eleva volverá a evadirse”, agregó el abogado.

Berthier fue detenido por la Policía Federal el 21 de agosto de 2002, por orden de la jueza María Servini de Cubría, luego de dos meses prófugo. Mientras las fuerzas de seguridad intentaban capturarlo, la joven apropiada, testigos, funcionarios de la Justicia y hasta ex camaradas que habían declarado en la causa recibieron amenazas. A una testigo le anticiparon que iba a aparecer “colgada de un árbol”. En escuchas ordenadas por la Justicia hay diálogos en los que se habla de matar al secretario del juzgado de Servini de Cubría. Los mensajes mafiosos se interrumpieron luego de la detención. El abogado de Berthier en 2002 era Juan Enrique Torres Bande, apoderado del partido neonazi Nuevo Triunfo.

En octubre de 2006, los jueces Gordo y Farías fallaron por primera vez a favor de la excarcelación del militar, que entonces llevaba cuatro años detenido y sin sentencia. Igual que Obligado ahora, en aquella oportunidad votó en disidencia el juez Luis Di Renzi, que interpretó las amenazas de 2002 como “indicios suficientes para inferir que Berthier intentaría entorpecer o eludir el accionar de la Justicia”.

Los 175 mil pesos de fianza no serían un problema. Los investigadores que rastrearon a Berthier mientras estaba escondido detectaron que tenía cuentas corrientes en cinco bancos, varias propiedades, automóviles y acciones en diferentes sociedades anónimas. En diciembre el TOF-5 le negó a María Eugenia una copia de los videos del juicio que marcó un quiebre en su vida con el argumento de que la condena no estaba firme. Seis meses después, la demora de Casación vuelve a jugar a favor del victimario.

María Eugenia recuperó su identidad en 2002. Es hija de Edgardo Sampallo y Mirta Mabel Barragán, secuestrados el 6 de diciembre de 1977, Mirta con un embarazo de seis meses. Berthier, con destino formal en el Regimiento de La Tablada, entregó a la niña a Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto. Ambos fueron condenados a ocho y siete años de prisión pero están en libertad.

lunes, 22 de junio de 2009

Un corte a los privilegios

Reclamo ante la Corte por los represores presos en unidades militares

La Unidad Fiscal de Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos le solicitó a la Unidad para delitos de lesa humanidad de la Corte Suprema su “inmediata intervención” para “normalizar” la situación.

Por Diego Martínez
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El Cuartel Unión, del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, ofrece un buen pasar para camaradas.

A un lustro de la reapertura de las causas, los imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura siguen siendo los únicos ciudadanos que, con el aval de jueces federales, cumplen prisión preventiva en su hábitat natural: unidades de fuerzas armadas o de seguridad. La decisión, amén de ilegal, acarrea riesgos procesales que la fuga de Julián Corres y el envenenamiento de Héctor Febres confirmaron con contundencia. El mes pasado, invocando facultades de superintendencia delegadas por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal de Córdoba le ordenó a la jueza Cristina Garzón de Lascano trasladar a cárceles comunes a ex miembros de grupos de tareas de La Perla, que vivían como huéspedes de honor en el Tercer Cuerpo de Ejército. Era el caso más grosero, pero no el último. La semana pasada, invocando los “irritantes privilegios” y la “gravedad institucional” que implica alojar imputados por crímenes de lesa humanidad en dependencias creadas con otro fin y a cargo de personal incapacitado para oficiar de carcelero, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación le solicitó a la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad de la Corte Suprema de Justicia su “inmediata intervención” para “normalizar” la situación.

La irregularidad es de vieja data y los organismos de derechos humanos la cuestionaron desde las primeras detenciones de represores, en 2003. La aparición del cadáver con cianuro de Febres en un dúplex de Prefectura disuadió a algunos jueces sobre los riesgos de mantener presos en cuarteles, pero no terminó con los privilegios. Luego de varios intentos frustrados de persuadir a los magistrados, en agosto la ministra Nilda Garré prohibió a las tres fuerzas recibir nuevos detenidos. La mayor resistencia la opuso Garzón de Lascano, que mantenía a los militares en el cuartel Unión y a los policías en la Guardia de Infantería. Recién después de que Defensa y la Unidad Fiscal inspeccionaran la unidad militar y corroboraran las obscenas condiciones de detención, dignas de un hotel y sin las más elementales condiciones de seguridad, la Cámara Federal de Córdoba le ordenó a la magistrada trasladar a los represores a unidades penitenciarias. El problema en el ámbito militar está prácticamente solucionado. Según datos de la PGN, sólo el general retirado Alberto Luis Cattáneo y el ex jefe de la policía tucumana coronel Mario Albino Zimermann, permanecen alojados en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, el mismo donde cometieron los delitos.

En las fuerzas de seguridad, en cambio, el problema persiste. En julio del año pasado, tras la fuga del oficial de inteligencia Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, ordenó a las cuatro fuerzas que conduce no recibir nuevos detenidos. Sin embargo, hasta el viernes, cuando fueron procesados y trasladados, cuatro marinos retirados se hospedaban en la misma habitación de la que huyó Corres.

El principal detalle que pone de manifiesto el pedido de la Unidad Fiscal es que la prohibición de Fernández no abarca a las policías provinciales, donde se alojan aún una veintena de represores. El grupo más numeroso, que incluye a ocho procesados por la masacre de Margarita Belén, se aloja en la alcaidía de Resistencia, Chaco. La alcaidía fue el centro clandestino donde las Fuerzas Armadas concentraron y torturaron a los detenidos políticos antes de fusilarlos, la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Otros cinco ex policías provinciales se alojan en la comisaría 3ª de Avellaneda, de Santa Fe, en tanto ex miembros de las patotas de Agustín Feced que serán juzgados en los próximos meses pasan sus días en la Unidad Regional II de Rosario, servidos por camaradas.

La Unidad Fiscal destaca que “los irritantes privilegios y la seriedad de los riesgos procesales” verificados en Córdoba es “sólo un ejemplo de un estado de cosas de gravedad institucional cuya generalización es necesario impedir”, y enmarca el pedido “en el entendimiento que la inmediata intervención con carácter general encontraría lugar entre las facultades de superintendencia a cargo de esa Corte Suprema de Justicia y, particularmente, de las finalidades y potestades indicadas en la acordada 42/2008 de creación de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad”.

Ante la consulta de Página/12, fuentes de la Unidad admitieron que evalúan la solicitud, aunque en principio considerarían que es resorte de cada jurisdicción disponer los lugares de detención.

sábado, 20 de junio de 2009

La Justicia avanza en Bahía Blanca

Procesaron a seis represores de Puerto Belgrano
Por Diego Martínez

A paso lento pero firme, el proceso de justicia avanza en la inconmovible Bahía Blanca. El jueves, el juez federal Alcindo Alvarez Canale elevó a juicio un primer fragmento de la causa que investiga delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V, con seis militares como acusados. Ayer, el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni procesó con prisión preventiva en cárceles comunes a seis marinos, dos prefectos, un oficial del Ejército y un ex policía bonaerense, por secuestros y torturas en la base naval de Puerto Belgrano. También creció la lista de prófugos: a los históricos Aldo Mario Alvarez y Jorge Granada se sumó el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 porteño.

Los imputados que a más tardar en 2010 rendirán cuentas son el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé, los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los tres primeros formaron parte del Estado Mayor del Cuerpo V, donde se decidía el destino de cada secuestrado. El resto integraba grupos operativos. Alvarez Canale no incluyó aún en la elevación al coronel Jorge Mansuetto Swendsen.

Los flamantes procesados en la causa que investiga a la Armada, los primeros desde la reapertura a fines de 2005, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Manuel Martínez Loydi, el coronel Argentino Cipriano Tauber y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.

Cornelli y Martínez Loydi son responsables de un informe secreto que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados que habían enfrentado a la familia Massot durante los años previos al golpe de Estado, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976. Los prefectos aún no fueron indagados porque la Cámara Federal debe resolver si asigna el caso a Tentoni, como pidieron fiscales y querellantes, o a Alvarez Canale, excusado de investigar marinos por su parentesco con un imputado. Tentoni fijó la responsabilidad civil de cada represor en seis millones de pesos y ordenó enviarlos a cárceles comunes: Tauber seguirá en la unidad 34 de Campo de Mayo; Botto y Martínez Loydi irán al penal de Batán, Carrizo a la cárcel de San Luis y el resto a Marcos Paz, con Astiz, Patti, Von Wernich & Cía.

viernes, 19 de junio de 2009

Abogado experto en desalojar campesinos

CUESTIONAN A UN CANDIDATO PARA SER FISCAL EN SANTIAGO DEL ESTERO
Por Diego Martínez

Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes, Pedro Eugenio Simón se postuló para fiscal federal de Santiago del Estero. Fue cuestionado por el Mocase, entre otras organizaciones, y quedó último en el concurso de la Procuración General. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional propuso su designación y pidió acuerdo al Senado. Ahora la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad solicitaron a la Cámara baja realizar audiencias públicas para evaluar su idoneidad moral y recomendaron rechazar su pliego para garantizar “un Poder Judicial democrático e independiente” en Santiago del Estero.

Según los abogados Rodolfo Yanzón y Luis Santucho, de la Fundación LADH, Simón “representa legal y políticamente a terratenientes y empresarios vinculados a corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, “que en tiempos de los Juárez y hasta la fecha se especializa en desalojar campesinos de sus tierras”, apuntan. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario de apellido Sartor y del escribano Edmundo Gómez por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo”, sostiene el escrito.

Como diputado provincial por el peronista Bloque Lealtad Popular, Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recuerdan que el candidato era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideran “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”.

Luego de que su proyecto se convirtiera en ley, Simón participó en persona del desalojo de la familia Guzmán junto a un grupo de elite de la policía de Santiago (Getoar). Hubo intentos de expulsarlo de Diputados, pero logró mantenerse en el cargo. “Existen fundadas sospechas respecto de la falta de compromiso del candidato con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”, afirman el Cels y Copadi, y como “la Presidenta no hizo claras las razones por las cuales eligió a un candidato tan mal calificado y tan seriamente cuestionado” como Simón, solicitan al Senado que contribuya a conformar “una justicia federal democrática e independiente”.

“Con Vos Marcos Paz”

FESTEJO DEL CELS, HIJOS Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS

Manuel Gonçalvez reveló que se enteró mientras pedía al tribunal de San Martín que le fijara fecha al juicio contra el ex comisario. “Siento tranquilidad”, señaló Juana Muniz Barreto.

Por Diego Martínez
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Laura Conte y Horacio Verbitsky, del CELS, y Juana Muniz Barreto y Manuel Gonçalvez, víctimas de Patti.

–Estoy muy emocionada. No lo esperábamos –confió Ana Oberlín, abogada de H.I.J.O.S. y tenaz impulsora de la impugnación a Luis Patti.

–Ya estábamos pensando qué vía elegir cuando lo rechazaran –coincidió Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales.

–Los jóvenes tienen poca fe –bromeó Horacio Verbitsky, presidente del organismo.

–Admito que formo parte de los pesimistas. Es que la Justicia nos ha dado demasiados golpes –explicó el periodista y abogado Pablo Llonto.

Tres generaciones de militantes por los derechos humanos se congregaron ayer en el CELS para celebrar e informar sobre el histórico fallo de la Cámara Nacional Electoral que por primera vez, a treinta años de los hechos y diez de la primera impugnación frustrada, inhabilitó una candidatura del ex intendente de Escobar.

“Los convocamos para anunciar que el ex comisario sólo podrá ser candidato de ‘Con Vos Marcos Paz’”, abrió la conferencia de prensa Verbitsky. El periodista explicó la esencia del escrito, dijo que no afecta el principio de inocencia, que contribuye a crear institucionalidad democrática y que ratifica el valor de la lucha de los organismos.

–¡Hace diez años que lo impugnamos! –apuntó feliz Cristina Caiati, responsable del centro de documentación del CELS desde sus orígenes y autora del Manual del buen torturador, que por primera vez pasó en limpio el prontuario del ex policía.

Luego fue el turno de familiares de víctimas de Patti. “Siempre planteé como esquizofrénico que mientras un tribunal le negaba la excarcelación por su peligrosidad, otro lo habilitaba como candidato. Ahora siento tranquilidad, hay un mensaje claro y coherente”, explicó Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, por cuyo secuestro y asesinato será juzgado Patti en los próximos meses.

“Fue un día intenso. Nos enteramos del fallo mientras pedíamos al tribunal de San Martín que le ponga fecha al juicio”, contó Manuel Gonçalvez, hijo de Gastón, que padeció al policía durante la dictadura. “El fallo excede la discusión por una banca. Es una respuesta de la Justicia, después de treinta años de lucha, para frenar una candidatura que sólo busca perpetuar la impunidad. Es un gran aporte para este momento del país, donde hay tantas discusiones sobre candidaturas”, agregó.

“Mi sentimiento es de tranquilidad, confianza y compañerismo”, explicó la diputada Victoria Donda, que desde Libres del Sur logró la aprobación en general de un proyecto para impedir que secuestradores y torturadores ocupen cargos públicos. “Mientras haya hombres y mujeres que peleen por la vida y la justicia, tarde o temprano vamos a ganarles a la muerte y a la impunidad”, afirmó.

“Empieza otra etapa. Estos son fallos fundantes”, explicó Laura Conte, vicepresidenta del CELS, que recordó con emoción a los miembros fundadores y primeros impulsores de la causa, Emilio Mignone y Augusto Conte.

“Es un momento único. No lo esperábamos”, admitió Diego Morales. Recordó que “este proceso arrancó en 1983 con la idea de depurar la Justicia, la política, las Fuerzas Armadas” y que “llevó más de veinte años lograr que la Justicia entendiera la importancia de dar respuestas”. “Es un buen día para festejar”, propuso.

Pablo Llonto, abogado de víctimas de Patti, calificó al fallo como “bastante didáctico” y admitió que “recobramos las ganas de dar pelea”. Recordó su paso por el CELS en los ’80, contó que “en las oficinas de Rodríguez Peña lloramos cuando salieron las leyes de impunidad y hubo que guardar las carpetas naranjas porque ya no había juicios”, y celebró la existencia de “una nueva generación de abogados que dan batalla”.

“Cuando me enteré del fallo me vino a la mente una charla con Ethel Cambiaso (hermana de Osvaldo, asesinado en un tiroteo fraguado con Patti). ‘¿Otra vez tenemos que impugnarlo?’, me preguntó. Sentí ganas de llorar”, contó Pipi Oberlín. “Lo que genera que una persona así pueda candidatearse no es una cuestión abstracta. Tiene que ver con personas que sufren la impunidad en carne propia”, explicó.

La abogada rosarina destacó que “así como ellos tienen su línea de conducta, nosotras tenemos la nuestra”. “Siento un gran orgullo de pertenecer a H.I.J.O.S. y al movimiento de derechos humanos de la Argentina. Cada uno con su estilo, con su pasión, contribuyó para conseguir este fallo”, agradeció. “En nuestro organismo tenemos una frase que me parece oportuna: ‘Lo imposible sólo tarda un poco más’.”

viernes, 12 de junio de 2009

Para hacerle compañía al Brujo

MURIO EL EX SUBCOMISARIO RODOLFO ALMIRON, EX JEFE OPERATIVO DE LA TRIPLE A

El represor falleció a los 73 años, sin haber sido indagado por la Justicia, pese a su responsabilidad en más de un millar de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976. Sólo queda un imputado vivo en la causa Triple A.

Por Diego Martínez
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Formalmente insano y sin haber llegado a prestar declaración indagatoria, murió impune a los 73 años el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, ex mano derecha de José López Rega y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de un millar de asesinatos políticos entre fines de 1973 y 1976. Con su muerte, sumada a las de Juan Ramón Morales, en agosto de 2007, y Felipe Romeo, el mes pasado, el octogenario Miguel Angel Rovira es el único imputado del expediente Triple A, que agoniza en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa, denunció ayer la existencia de “una estrategia concertada entre los represores, sus abogados y una parte sustancial del Poder Judicial, para atrasar los juicios hasta que los genocidas mueran o sean declarados insanos”.

Almirón tenía orden de captura desde 1984, pero fue detenido el 28 de diciembre de 2006, tras una investigación del diario El Mundo, de España, impulsada por exiliados argentinos, que denunció que vivía en las afueras de Valencia. Recién entonces, un año después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez Oyarbide dispuso reabrir la causa y pidió su extradición. Llegó al país en marzo del año pasado. El Cuerpo Médico Forense admitió sus problemas de salud, pero dictaminó que conservaba las facultades mentales como para comprender y responder preguntas. Sin embargo, el juez no dispuso su indagatoria.

Oyarbide ordenó apresar a Almirón en el penal de Marcos Paz y luego le concedió el arresto domiciliario en la casa de su hermana, privilegio que revirtió la Cámara Federal. Un mes y medio atrás sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Comisión de Homenaje creada para recordar a los siete de-saparecidos que trabajaban allí repudió su presencia con un escrache atípico, desde el interior del hospital. “Estoy libre y seguiré libre”, desafió a una médica el ex ladero de López Rega. La semana pasada fue declarado insano y, por ende, inimputable. El jueves, Oyarbide suspendió el proceso en su contra. Murió el viernes, aunque la noticia se conoció ayer.

La causa Triple A está paralizada. La Cámara Federal confirmó en marzo de 2008 que los crímenes cometidos por los lugartenientes del ex ministro de Bienestar Social eran delitos de lesa humanidad, por eso imprescriptibles. Pero la investigación, que el juzgado no delegó, nunca avanzó. El 30 de diciembre el fiscal Taiano propuso ampliar la investigación, que abarcaba una docena de asesinatos, a 628 crímenes y cuarenta casos de amenazas de muerte. También sugirió al juez Oyarbide ochenta medidas de prueba: recopilar los expedientes judiciales dispersos, recibir infinidad de declaraciones testimoniales, convocar a la Universidad de Buenos Aires para que realice una pormenorizada reconstrucción histórica y a la sociedad para que aporte información, entre otras. Hasta ayer Taiano no fue notificado de que el juez hubiera ordenado producir ninguna prueba.

De los cuatro imputados que la causa tenía a fines de 2006, sólo sobrevive Rovira. El ex comisario Morales también fue detenido a partir de una investigación periodística que lo descubrió tomando aire, en pijama, en el balcón de su departamento de Carranza 2336. Llegó a ser indagado, pero murió con arresto domiciliario siete meses después, el 24 de agosto de 2007. Tenía 88 años. Felipe Romeo salió del país luego de que Página/12 revelara, en enero de aquel año, que vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de edificios antiguos. El ex director de El Caudillo, desde donde señalaba a las futuras víctimas, estuvo prófugo en Brasil dos años. Familiares y amigos lo ingresaron al país a principios de enero y lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso. El suboficial Rovira, ex jefe de seguridad de Metrovías, se entregó voluntariamente y goza de arresto domiciliario en su casa de Pasco 1032, barrio de San Cristóbal. Tampoco López Rega llegó a ser condenado: murió en prisión en 1989.

Almirón fue exonerado de la Policía Federal en los años ’60 por connivencia con delincuentes. López Rega lo reclutó en 1973. La marca registrada de las patotas que comandó se caracterizaron por “exhibir los cuerpos torturados, destrozados” luego de los asesinatos, apuntó Taiano en su dictamen. A mediados de 1975, una movilización gremial y las investigaciones judiciales desbancaron a López Rega y lo obligaron a abandonar al país. Los granaderos desarmaron a sus custodios en la quinta de Olivos. Almirón, Morales y Rovira, entre otros, acompañaron al Brujo en su exilio madrileño.

Almirón estaba acusado formalmente por una decena de crímenes, entre otros el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, el abogado Alfredo Curuchet, el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Pablo Laguzzi, un bebé de cinco meses hijo del entonces decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. En marzo del año pasado, cuando llegó a Ezeiza y quedó detenido, un periodista alcanzó a preguntarle: “¿Se arrepiente?”. “¿De qué me tengo que arrepentir?”, desafió el homicida, encorvado y con esposas.