lunes, 27 de julio de 2009

Para encerrar las garras del Cóndor

La Fiscalía Federal solicitó la detención de 28 militares por delitos de lesa humanidad

En la causa que investiga la coordinación de las dictaduras en la región, el fiscal Osorio le solicitó al juez Oyarbide que sean detenidos represores responsables de torturas y desapariciones. Casación aún debe resolver quién juzga a los primeros 18 imputados.

Por Diego Martínez
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El dictador Reynaldo Bignone está imputado por su rol como segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.

Mientras la Cámara de Casación analiza un problema de competencias entre dos tribunales para resolver quién juzga a los primeros 18 octogenarios imputados por el Plan Cóndor, causa que se elevó a juicio hace veinte meses, el fiscal federal Miguel Angel Osorio solicitó la detención de otros 28 militares por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Más allá de viejos iconos del terrorismo de Estado como el general Reynaldo Bignone o condenados como el general Enrique Olea o el coronel Mario Gómez Arenas, el requerimiento que entregó al juez Norberto Oyarbide incluye en su mayoría a represores poco conocidos, oficiales superiores del Ejército que hace tres décadas ocupaban eslabones intermedios de la cadena de mandos y que no están imputados en otras investigaciones judiciales.

El primer tramo de la causa Plan Cóndor, como se denominó la coordinación represiva entre gobiernos de facto del Cono Sur, fue elevado a juicio en noviembre de 2007 con 18 imputados que promedian más de 75 años como Videla, Harguindeguy, Bussi y Menéndez. La responsabilidad de conducir el juicio recayó en el Tribunal Oral Federal Nº 1. A fines de 2008 el juez Daniel Rafecas elevó a un grupo de represores de Automotores Orletti, el centro clandestino más famoso del Cóndor. Cuando el TOF-2, previo sorteo, la recibió, observó que la mayor parte de las víctimas uruguayas que pasaron por la cueva de la SIDE eran comunes con Cóndor y sugirió acumular ambas en el TOF-1. Sin embargo, sus miembros también encontraron un argumento para no agarrar la papa caliente. Sostuvieron que en Orletti se investigan homicidios agravados, delitos más graves que los secuestros y la asociación ilícita imputados en Cóndor.

Mientras los mayores responsables de la dictadura argentina siguen en sus casas, en el peor de los casos con arresto domiciliario, la Sala IV de Casación se toma su tiempo para dirimir el conflicto de competencias. Videla & Cía. rezan para que recaiga en el TOF–2, donde irían a la cola del juicio al primer grupo de imputados por el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo y de los torturadores del Hospital Posadas.

Obra de cóndores

El detalle de secuestro, tormentos –cuando hay registros–, desaparición u homicidio –cuando se logró recuperar el cuerpo– se denomina en la jerga judicial “un caso”. La síntesis de los 64 casos enumerados en el documento de Osorio, quien solicita que la nueva tanda de cóndores sea indagada también por homicidios calificados, es elocuente sobre los lazos que ligaron a gobiernos, fuerzas armadas, de seguridad y aparatos de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante la última dictadura:

- Horacio Campiglia y Susana Pinus de Binstock fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980, en el aeropuerto de Galeao, por policías de Brasil y militares argentinos que los trasladaron a Campo de Mayo, donde fueron vistos por última vez.

- El abogado paraguayo Fausto Carrillo fue secuestrado en agosto de 1976 en Formosa, donde se había refugiado para evitar caer en manos del dictador Alfredo Stroessner. Pasó por el centro clandestino Capilla San Antonio y todo indica que fue entregado a militares paraguayos.

- El chileno Edgardo Enríquez Espinosa, hermano del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrado en Buenos Aires, pasó por Campo de Mayo y dos semanas después fue trasladado a Chile y entregado a la DINA, la dirección de inteligencia de Augusto Pinochet.

- Cristina Carreño fue secuestrada en Buenos Aires en julio de 1978, un día después de pedir asilo ante la Comisión Coordinadora de Acción Social por los seguimientos de emisarios de la DINA. Estuvo en cautiverio en los centros Banco y Olimpo, de donde fue trasladada en diciembre. Su cuerpo apareció en la costa atlántica, fue enterrado como NN e identificado en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

- Claudio y Lila Epelbaum fueron secuestrados en Montevideo por represores argentinos en noviembre de 1976. Fueron repatriados y vistos por última vez en la Brigada Güemes, de la Policía Bonaerense.

- Graciela Rutilo Artés fue secuestrada en Bolivia en abril de 1976 junto a su hija Carla, de meses, y a Enrique Lucas Company. Fue torturada en el Ministerio del Interior boliviano por miembros del Departamento de Orden Político del dictador Hugo Bánzer y por enviados de la Policía Federal Argentina. El 29 de agosto, madre e hija secuestradas ingresaron al país por la frontera Villazón-La Quiaca. Graciela fue vista por última vez en Automotores Orletti. Carla fue el botín de guerra del ex agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo, torturador de Orletti.

Nombres para la historia

Los responsables del Cóndor en condiciones de ser juzgados están acusados por delitos contra 108 víctimas, incluidas las 64 del requerimiento de Osorio. El representante del Ministerio Público organizó la lista de imputados en base a los lugares de los secuestros o de los cautiverios, y a las autoridades de las respectivas zonas, subzonas y áreas militares que el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr detalló en su libro Memoria Debida. La mayoría son ilustres desconocidos para la sociedad. Si bien durante los años que duró la guerra sucia pasaron por distintos destinos, se los presentará con el criterio que aplicó el fiscal Osorio.

Zona I

- Coronel Alejandro Agustín Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Está procesado con prisión preventiva y en condiciones de ser juzgado por crímenes en la Comisaría 5ª junto a Miguel Etchecolatz y ex miembros del circuito Camps.

- Coroneles Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, ex jefes del Regimiento de Infantería Mecanizada y del área militar 112 en 1976/7 y 1978/9, donde funcionó el centro clandestino Pozo de Banfield.

- Coroneles Néstor Horacio Falcón y Jorge Hawkes, jefes del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell y del área 116 en 1977 y 1978 respectivamente.

- General Julián Eduardo Capanegra, jefe del Batallón de Arsenales 101 y del área militar IV de la Capital Federal.

- Mayor Omar Andrada, jefe de sección el Destacamento de Inteligencia de San Nicolás.

- Coronel Mario Alberto Gómez Arenas, jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. Condenado el año pasado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén.

- Coronel Horacio De Verda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Capital Federal entre 1979 y 1980.

- General Rodolfo Wehner, ex jefe del Regimiento de Granaderos “General San Martín” en 1976 y 1977. Whener murió en junio. Su salud le evitó ser juzgado junto a Jorge Olivera Róvere y otros jefes de área de Capital.

Zona II

- General Juan Carlos Trimarco, comandante de la Brigada de Caballería Blindada II de Paraná, Entre Ríos. Trimarco fue declarado insano en la causa “Area Paraná”. Los querellantes denunciaron que se esconde “detrás de una enfermedad mental que no tiene”.

- Mayor Rubén Ignacio Gaitán, jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 122 de Paraná.

- Mayor Edgar Gustavo Gomar, jefe del Destacamento de Inteligencia 124 de Formosa.

- Coronel Luis Carlos Sullivan, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa.

- Coronel Domingo Manuel Marcellini, jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe. Marcellini será juzgado por el TOF de Santa Fe junto al ex juez Víctor Brussa, entre otros, a partir del 1º de septiembre.

- Tenientes coroneles Armando Manuel Hornos y Roberto Luis Martínez, jefes del Destacamento de Inteligencia 124 de Resistencia, Chaco, en 1976 y en 1978/9 respectivamente.

Zona III

- Coronel Carlos Néstor Bulacios, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, de Jujuy. También fue gobernador de facto de la provincia.

- Teniente coronel Alberto Horacio Silva, jefe del Destacamento de Inteligencia 144 de Mendoza.

- Coronel Juan Avelino Rodríguez, director del Liceo Militar “General Espejo” y jefe del área militar 331, de Mendoza, entre 1977 y 1979.

Zona IV

- Teniente coronel Nedo Otto Cardarelli, jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo entre 1978 y 1980.

- General Fernando Humberto Santiago, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1976.

- General Reynaldo Bignone, segundo jefe del Comando de Institutos Militares en 1977.

- Coronel Rodolfo Emilio Feroglio, director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.

- Coronel Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo.

- Coronel José Julio Mazzeo, director de la Escuela General Lemos y responsable del área militar 470, en General Sarmiento.

Zona V

- Coronel Emilio Silvano Mocchi, jefatura de inteligencia de la zona V.

- General Enrique Braulio Olea, jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de Neuquén, condenado el año pasado por el TOF de esa provincia.

“Los aquí imputados, integrantes de la ‘Operación Cóndor’, avasallaron y suplieron el orden constitucional, violando todas sus garantías y disponiendo de la libertad, la vida y la propiedad de los habitantes de modo criminal”, escribió Osorio. Destacó que “el pacto de silencio” y la negativa a entregar “las constancias que revelan el destino dado a miles de personas secuestradas” ponen de manifiesto la voluntad de entorpecer la investigación, por lo que solicitó que sean detenidos y no sólo citados a indagatoria. El escrito ya está en manos del juez Oyarbide.

miércoles, 22 de julio de 2009

Con pensión y acceso a obra social

Beneficio para los miembros del Operativo Cóndor
Por Diego Martínez
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Dardo Cabo.

El 28 de septiembre de 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, un comando de estudiantes, obreros y sindicalistas peronistas desvió un avión hacia las islas Malvinas, donde hizo flamear banderas argentinas. La CGT los calificó de héroes; el dictador, de facciosos. En la década siguiente, los miembros del Operativo Cóndor tomaron caminos distintos: unos fueron víctimas de la dictadura, otros como Alejandro Giovenco se integraron a la ultraderecha. A 44 años de aquella reivindicación de la soberanía y a casi tres años desde que la Legislatura bonaerense aprobó una ley para otorgarles una pensión y acceso a una obra social, el gobernador Daniel Scioli firmó el decreto que concretará el beneficio.

El núcleo duro pertenecía al Movimiento Nueva Argentina, que se había desprendido de Tacuara en 1961. El jefe era Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente gremial. Cabo militó luego en Montoneros. Fue arrancado de la U9 de La Plata y ejecutado en 1977. El segundo era Giovenco, que después se integró a la CNU, participó como custodio de la UOM en la masacre de Ezeiza y murió desangrado por la explosión de una bomba que llevaba en su portafolios. La tercera, única mujer, fue Cristina Verrier, periodista y dramaturga que en la cárcel se casó con Cabo.

Según una investigación de Roberto Bardini, el Cóndor fue planificado durante tres años. A las seis del 28 de septiembre, Cabo y Giovenco le ordenaron al comandante del vuelo con destino a Río Gallegos desviar el Douglas DC-4 hacia Malvinas. Un radioaficionado registró el aterrizaje a las 8.42. Habían pasado 133 años desde la última presencia oficial argentina en las islas. El objetivo de tomar la residencia del gobernador y difundir una proclama no fue posible. El avión se enterró en la pista y fue rodeado por un centenar de isleños armados. El sacerdote Rodolfo Roel intercedió y a pedido de Cabo dio misa en el avión. A la mañana se formaron frente a un mástil con la bandera argentina, entonaron el Himno y entregaron las armas al comandante, única autoridad que reconocieron. Un buque los trajo de retorno. “Fui a Malvinas a reafirmar nuestra soberanía”, repitieron ante el juez. Quince fueron liberados nueve meses después. Cabo, Giovenco y Juan Carlos Rodríguez estuvieron tres años presos.

No sólo Cabo y Giovenco tuvieron un final violento. Miguel Angel Castrofini fue ultimado por un comando del ERP-22 de Agosto. Rodríguez y Jorge Money fueron asesinados por la Triple A. Pedro Cursi y Edgardo Jesús Salcedo están desaparecidos. Andrés Castillo estuvo secuestrado en la ESMA y desde que volvió del exilio milita en el gremio bancario. La ley provincial 13.808 de noviembre de 2006 los calificó como “ejemplo de entrega, compromiso y patriotismo para las nuevas generaciones, siempre ansiosas y necesitadas de encontrar referentes de desinteresado amor a la Patria”.

viernes, 17 de julio de 2009

El interrogador de El Chalet

LA CAMARA FEDERAL CONFIRMO EL PROCESAMIENTO DEL REPRESOR COPTELEZA

La Cámara consideró probado que conducía interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas. Copteleza estuvo dos años prófugo de la Justicia y se entregó hace cuatro meses.

Por Diego Martínez
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El Chalet funcionó durante la dictadura en el Posadas.

Luego de dos años prófugo de la Justicia y a poco menos de cuatro meses de entregarse manso en Comodoro Py, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Juan Máximo Copteleza, ex agente civil de inteligencia de la Fuerza Aérea que conducía interrogatorios bajo tortura en El Chalet, el centro clandestino que funcionó durante la última dictadura en el Hospital Posadas. “Se encuentra suficientemente demostrado que Copteleza habría participado de los hechos por los que viene procesado”, apuntaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah luego de repasar los testimonios de las víctimas e incluso de otros represores que le asignaron un rol de mando.

Copteleza está sindicado como segundo jefe del grupo de tareas “Swat”, que se instaló en el policlínico de Haedo por orden del general Reynaldo Bignone con la misión de proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. Una sobreviviente que pasó por sus manos declaró en la causa que el represor civil le clavó “un atizador en el pecho, mientras cantaba la marcha de San Lorenzo y gritaba ‘a los enemigos ni justicia’”. El juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención a fines de 2007 y poco después ordenó su captura nacional e internacional. El 27 de marzo último se cansó de jugar a la escondida y se presentó en la mesa de entradas del juzgado. Luego se negó a declarar, fue procesado y enviado al penal de Marcos Paz.

Rafecas elevó el expediente a juicio en diciembre con cinco imputados: Bignone, el coronel Agatino Di Benedetto, el brigadier Hipólito Mariani (condenado a 25 años de cárcel, pero libre) y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos. Tras la reasignación de causas vinculadas con el Primer Cuerpo de Ejército que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, Hospital Posadas recayó en el TOF 3. Ante las excusaciones y recusaciones de los jueces planteadas por las partes, fue reubicada en el TOF 2, cuya prioridad es juzgar a una docena de torturadores del circuito Atlético-Banco-Olimpo. El primer juicio de Primer Cuerpo no tiene fecha confirmada.

jueves, 16 de julio de 2009

Un candidato que cosecha repudios

Distintas organizaciones cuestionan la designación de Pedro Simón como fiscal de Santiago del Estero

Simón pertenece a un estudio jurídico especializado en el desalojo de comunidades campesinas e indígenas en beneficio de terratenientes. El Movimiento Campesino y el Cels, entre otros, pidieron ayer al Senado que no aprobara su designación.

Por Diego Martínez
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El Movimiento Campesino sufrió violentos desalojos en el interior de Santiago del Estero.

“Vinimos a defender nuestros montes, para que las comunidades no terminen de desaparecer”, explica María Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. “Fue promovido con acuerdo del gobierno nacional, pero seguiremos aportando argumentos para que no sea designado. Si asume veríamos vulnerados totalmente nuestros derechos”, agrega Nélida Solorza, primera dirigente campesina que llega a integrar la Cámara de Diputados provincial. Ambas se refieren al abogado Pedro Eugenio Simón, especialista en desalojar comunidades campesinas e indígenas, tarea que desempeñó a sueldo de terratenientes, luego como diputado provincial, y que pretendería continuar como fiscal federal de Santiago del Estero. Su pliego de candidato fue impugnado por organizaciones provinciales y nacionales como la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad. Ayer, durante una audiencia pública, ratificó todos los hechos que ponen en duda su idoneidad moral y su compromiso con una Justicia democrática e independiente. Ahora tiene la palabra la Comisión de Acuerdos del Senado.

El caso Simón no merece la atención de las patronales agropecuarias, aunque también forma parte de los conflictos de los productores rurales. No de quienes poseen grandes medios de comunicación para defender sus ganancias, sino de los pequeños, que con la extensión de la frontera agropecuaria y el auge del cultivo de la soja se tornaron apetecibles para las multinacionales y despertaron el interés de operadores de toda clase.

El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, especializado en desalojos. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario y de un escribano por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo” en el caso, denunció la Fundación LADH en su impugnación.

Luego, como diputado del peronista Bloque Lealtad Popular, impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recordaron que Simón era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideraron “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”. Cuando su propuesta se convirtió en ley participó de un desalojo junto a un grupo de elite de la policía. También defendió a la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales.

Con esos antecedentes, se postuló para fiscal. Fue cuestionado por el Foro de Agricultura Familiar y la Mesa Provincial de Tierras, que reúnen a 87 organizaciones campesinas, y quedó último en el concurso de la Procuración General de la Nación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo avaló su designación y pidió el visto bueno del Senado. Ayer el senador Marcelo Guinle le transmitió las preguntas de los impugnantes frente a los otros 22 candidatos a ocupar cargos judiciales y con la cordial compañía de los senadores santiagueños.

Simón admitió haber patrocinado a terratenientes y promovido desalojos. Reconoció su doble rol de abogado/legislador, pero consideró que no implicaba un abuso de poder y que no era incompatible promover reformas para facilitar desalojos y a la vez cobrar para requerirlos como abogado. “La ley de Santiago del Estero no lo prohíbe. Hay que ver cada actuación concreta”, sugirió. Cuando el puntano Adolfo Rodríguez Saá le preguntó qué pensaba del artículo 75 de la Constitución sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, dijo que acordaba con la reforma de 1994 pero que debía analizarse “toda la legislación” para ver “cómo se armonizan los conflictos”.

“Ratificó con sus explicaciones los hechos más importantes que motivaron la impugnación, tanto su trabajo como abogado de empresas interesadas en el desalojo de campesinos e indígenas cuanto su rol simultáneo como legislador y vicepresidente de la Legislatura”, explica la abogada Paula Litvachky, del CELS. “La audiencia sirvió para confirmar todas las objeciones que manifestamos en la presentación. Ahora el Senado debe analizar su descargo”, agrega.

“Simón no tuvo argumentos para responder a las impugnaciones”, describe María Farías. Su familia se dedica a criar vacas, ovejas y cabras, a las artesanías y al tejido en telar, “la misma vida de casi todos los campesinos de Santiago”. “El descargo confirmó que no tiene argumentos”, coincide Solorza. “Dijo que se lo impugna por cuestiones personales y de su profesión, lo cual no es cierto, y que ninguna organización de la provincia lo objetó. El Mocase presentó escritos en el Ministerio de Justicia desde 2007 para que sepan qué clase de persona y de profesional es”, recuerda.

“El problema de la tierra es gravísimo. El setenta por ciento de los productores santiagueños no tiene título de propiedad. Tanto la policía como los comisionados, que deberían velar por los intereses del pueblo, están a favor de los grandes capitalistas, e incluso me cuestionan por seguir haciendo como diputada lo que hacía como dirigente rural. Y la Justicia hace oídos sordos. No es fácil”, concluye Solorza.

domingo, 12 de julio de 2009

Los jefes del infierno

JUICIO A JAIME SMART E IBERICO SAINT JEAN

El fiscal platense y el abogado de los hijos de Timerman pidieron la elevación a juicio de la causa contra los responsables del mayor circuito represivo del país.

Por Diego Martínez
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Smart, Saint Jean y otros militares y policías son acusados por 63 desapariciones y torturas.

“Reventalo hasta que hable. Tiene que hablar. Y si no que se muera”, ordenó el hombre de traje. El detenido, pálido, había atravesado varias escalas del mayor circuito represivo del país. Llevaba dos meses vendado y atado a una cama en el subsuelo de la Jefatura de Policía de La Plata, pero no tardó en reconocer al ex camarista de la anterior dictadura. El interrogador Norberto Cozzani, condenado en los ’80 por torturar al periodista Jacobo Timerman, lo ayudó a evacuar la duda:

–Sí, señor ministro –acató la orden.

El testimonio ante la Justicia pertenece a un ex diputado que por seguridad prefiere que se preserve su identidad. El trajeado no es otro que Jaime Lamont Smart, ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean y superior inmediato del jefe de policía Ramón Camps. Tanto el fiscal Sergio Franco como el abogado Alejo Ramos Padilla, que patrocina a los hermanos Héctor y Javier Timerman por el caso de su padre, le requirieron al juez Arnaldo Corazza la elevación a juicio oral y público, por 63 privaciones ilegales de la libertad y torturas, de los ex funcionarios de facto y de otros siete imputados: el coronel Rodolfo Aníbal Campos, los policías Co-zzani, Eros Amílcar Tarela, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y el condenado Miguel Etchecolatz.

“Es absurdo que se juzgue a quienes empuñaron armas e interrogaron y no a los autores intelectuales que idearon, colaboraron y dirigieron ese plan”, escribió Ramos Padilla. Luego de desmenuzar relatos de guardias y sobrevivientes de Puesto Vasco y COT-1 Martínez sobre los tormentos contra Timerman y la saña por su condición de judío, detalló la responsabilidad de Saint Jean y Smart, firmantes de la designación de Camps y de quienes dependía orgánicamente la policía.

Las pruebas más sólidas contra los ex funcionarios las aportó el propio Camps en su libro sobre Timerman. “Un equipo del gobierno provincial colaboró aportando las bases para la consideración jurídica, de carácter económico, y para establecer cuál era el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de La Opinión”, escribió. Camps los identificó en los agradecimientos, junto a los torturadores. La lista la encabeza Smart, que cuatro meses antes del secuestro de Timerman dijo sentir “el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos” y “la necesidad de volcar todos los recursos del Ministerio de Gobierno en la lucha contra la subversión”. “Fueron parte de un todo, tuvieron participación activa”, confirmó Cozzani desde la cárcel. “En el caso Timerman había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo por tratarse de un problema subversivo”, agregó Camps.

“El secuestro de Timerman, la intervención y clausura de La Opinión, derivaron de la acción de un grupo de personas que tenía como fin último acallar las denuncias públicas sobre violaciones a derechos humanos”, escribió Ramos Padilla. “La causa formal fue vincularlo con David Graiver”, sindicado como financista de Montoneros. “La causa real, que estaban convencidos de que era un diario ideológicamente subversivo”, agregó. Detalló notas críticas al gobierno de Saint Jean y la evaluación que, tras el estudio de los funcionarios, realizó Camps. Timerman “trató desde La Opinión de orquestar una empresa de concientización revolucionaria”, “creyó posible redefinir los fundamentos de nuestra cultura” y es “uno de los principales responsables de la subversión cultural, que armó las conciencias de la guerrilla”, escribió.

“No puedo creer que Jimmy sea responsable”, declaró días atrás Juan Romero Victorica, fiscal ante la Cámara de Casación, en referencia a su amigo Smart. “No voy a aceptar que torturó y secuestró”, agregó. Romero fue denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos por “no representar al Ministerio Público ni a los intereses de la sociedad” y por ignorar jurisprudencia que establece la obligación de juzgar delitos de lesa humanidad. La Procuración General de la Nación analiza la denuncia. Casación debe resolver si confirma o rechaza la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que ordenó revocar el arresto domiciliario y enviar a una cárcel a Saint Jean y Smart. Excepto apropiadores de bebés y agentes de inteligencia, los civiles que actuaron a la par de militares, policías y capellanes durante la dictadura no han sido alcanzados por el corto brazo de la Justicia. ¿Será el abogado Smart el primer alto funcionario civil del Estado terrorista juzgado por secuestros y torturas?

martes, 7 de julio de 2009

Patti tiene otro amigo tras las rejas

Interpol detuvo al represor Jorge Granada, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601

A Granada lo detuvieron por la causa en la que se investiga su rol como superior del único interrogador identificado del centro clandestino La Escuelita. Patti lo encubrió años atrás, cuando estaba prófugo de la Justicia.

Por Diego Martínez
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Luis Patti tuvo una mala noticia el domingo, cuando se enteró de la detención de Granada.

El domingo 28 de junio, pese a la derrota kirchnerista, fue un pésimo día para Luis Patti. No sólo porque la boleta con su apellido no estaba en el cuarto oscuro del penal de Marcos Paz. Poco después de las 14, en Ingeniero Maschwitz, Interpol detuvo al teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, el amigo al que encubrió durante su primera etapa como prófugo de la Justicia. Granada salió ileso en la causa que investiga su rol como miembro del Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en 1979, pero es altamente improbable que corra la misma suerte en Bahía Blanca, donde era superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino del Cuerpo V de Ejército.

Hijo mayor de un militar homónimo, Granada llegó a Bahía Blanca en diciembre de 1974 con el grado de teniente primero, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, que durante el año siguiente reemplazó gradualmente a los matones de la Triple A con la misma bandera anticomunista pero con métodos más sofisticados. En diciembre de 1975 fue secuestrado y torturado hasta la muerte Daniel Bombara, el primer desaparecido de la ciudad. Después del golpe de Estado, el Destacamento 181 nutrió de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. Allí se procesaba también la información obtenida en la mesa de torturas y se revelaban las fotos de los secuestrados. Durante los dos años más sangrientos de la última dictadura, Granada actuó como superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado de La Escuelita, que funcionaba detrás del Cuerpo V. A fines de 1977, ya con el grado de capitán, fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo, donde funcionaba el mayor centro clandestino del Ejército.

El amigo de Patti fue detenido por primera vez en 1985, por decreto del presidente Raúl Alfonsín, acusado de conspirar contra el orden constitucional junto a una docena de militares encabezados por Ramón Camps y Carlos Suárez Mason. Volvió a caer el 25 de julio de 2003, mientras caminaba por plaza San Martín. Llevaba un año prófugo por su actuación en el secuestro de un grupo de montoneros que ingresaron al país en el marco de la “contraofensiva” para resistir a la dictadura militar. En diciembre de 2003 la Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que había dictado el juez Claudio Bonadío, pero poco después fue excarcelado.

Patti reconoció al ser indagado que eran amigos “desde hace veinte años” y que le hizo llegar dinero durante 2002, cuando era intendente de Escobar, pero aseguró ignorar que estuviera prófugo. Una conversación grabada por orden de Bonadío demostró lo contrario. “Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le confió Granada, que no iba a cobrar la pensión como retirado por temor a ser detenido. El mes pasado la Corte Suprema rechazó el último recurso dilatorio de Patti, que en los próximos meses, tal vez cuando concluya el juicio que afrontará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, será juzgado por encubrir a Granada y al coronel Jorge Luis Arias Duval.

La última orden de detención de Granada la libró la Justicia federal de Bahía Blanca el 10 de noviembre pasado. Tal como informó Página/12, en lugar de declarar el secreto de sumario para garantizar las capturas, el juez federal Alcindo Alvarez Canale comunicó la decisión, que incluía a otros cuatro represores, al defensor oficial y al jefe de la cárcel de Villa Floresta. Las detenciones se produjeron meses después. Granada fue el último de la tanda. Según el escueto informe de Interpol que recibió el juzgado, el militar de 63 años fue detenido en la vía pública de Ingeniero Maschwitz, en calle Almafuerte entre Beltrán y Los Cedros, donde residiría su esposa. La causa bahiense tiene ahora dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, que le cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y el ex juez federal Guillermo Madueño.

sábado, 4 de julio de 2009

Un fallo que dejó un gusto amargo

El tribunal de Mar del Plata absolvió al coronel Duret y condenó al general Mansilla a domiciliaria

Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo –Carlos Rosansky se pronunció en disidencia– le aseguraron la libertad a Duret, señalado como el secuestrador de Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Cecilia Pando vociferó en las puertas del tribunal.

Por Diego Martínez
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El general Pedro Pablo Mansilla (77 años) fue condenado a prisión domiciliaria.

Uno fue absuelto, volverá a su casa. El otro fue condenado a prisión perpetua, pero también volverá a su casa. Así concluyó ayer el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, por el secuestro, las torturas y el homicidio de Carlos Labolita. Los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo consideraron culpable al general Pedro Pablo Mansilla, de 77 años, y absolvieron al coronel Alejandro Guillermo Duret, de 56, sin chances de aspirar al arresto domiciliario. El juez Carlos Rosansky, en disidencia, votó por la condena y la cárcel para ambos. La viuda de la víctima, que reconoció a Duret a la cabeza del grupo de tareas que allanó la casa familiar días después del secuestro, con Labolita encapuchado, torturado y descalzo, se desmayó al escuchar la absolución. Por la mañana Cecilia Pando reapareció y provocó incidentes.

“Es un golpe inesperado pero no estamos todavía en el suelo, podemos levantarnos”, se esperanzó Carlos Labolita padre, preso político entre 1976 y 1980. Duret “es un mal bicho pero tiene causas pendientes y va a caer”, confió. “Una sentencia tan crítica nos conmociona”, explicó su abogado César Sivo. “Duret no era un personaje secundario, era el dueño de Las Flores. No hubo elementos que pudieran generar dudas”, explicó, y calificó como “una burla” la domiciliaria para Mansilla.

“El juicio fue una gran parodia”, denunció tras el fallo Sara Derothier de Cobacho, titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. “Pero no termina acá. Vamos a apelar”, anticipó. “Las pruebas contra Duret no se valoraron como correspondía. En un juicio por tráfico de drogas o en un secuestro extorsivo, con pruebas similares termina en condena”, explicó el abogado Eduardo Rezses, de la Secretaría. “No puedo dejar de señalar que este fallo se produce a cinco días de las elecciones, con el resultado conocido y con lo que simboliza el caso Labolita en particular”, agregó, en referencia a la relación que entabló con Néstor Kirchner y Cristina Fernández en los meses previos al golpe de Estado.

La jornada arrancó con las últimas palabras de los imputados y provocaciones de la apologista del genocidio Cecilia Pando. Duret se definió como “un perseguido y encarcelado” (hasta ayer en Batán) y citó al rabino Sergio Bergman para remarcar que “los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda”. Consideró que el juicio era histórico “por la confrontación de valores entre impunidad e igualdad ante la ley, entre venganza y justicia”. Mansilla dijo que “llevamos tres décadas y media tratando un tema que no tiene solución” y propuso “buscar la pacificación con especialistas”, no especificó en qué materia.

Pando no pudo ingresar a la sala, colmada por 180 personas, e insultó a los jueces cuando salieron. “Muchos jueces nos dicen que tenemos razón por las garantías que se están violando a militares pero no podemos hacer nada: están presionados, manipulados”, dijo horas antes de que el tribunal le tapara la boca. “Si quieren pacificar, ¿por qué no devuelven a los chicos apropiados?”, le preguntó una periodista. Pando prefirió no responder. Luego, sonriente y con un cartel de supuestos “terroristas”, intentó pasar en medio del centenar de personas, con lo que provocó la reacción de varios militantes que la insultaron y corrieron varios metros. Los jueces ya habían pasado a deliberar para emitir el veredicto.

Los imputados prestaban servicio en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, a cargo de Mansilla. Desde allí se ordenó la captura de Labolita, militante de la Juventud Peronista que en los meses previos al golpe de Estado compartió casa y luego pensión con Kirchner y la Presidenta. El 25 de abril de 1976, un mes después de la captura de su padre en Las Flores, decidió visitar a su familia. Media hora después se lo llevó la policía bonaerense, que registró su ingreso en la comisaría “a disposición del área militar 125”. Dos días después lo entregaron a la oficina de inteligencia del regimiento. La descripción física de la persona que lo recibió y ordenó encapucharlo coincidiría con la de Duret, que prestaba servicio allí. Días después un grupo de tareas de civil a cara descubierta allanó la casa de la familia. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a confesar Labolita, con las manos atadas, capucha y dificultades para caminar. La patota destruyó la casa. La esposa y la madre, ya fallecida, reconocieron a Duret como la persona que encabezaba el grupo. Recién tras la feria judicial, cuando se conozcan los fundamentos del fallo, se sabrá cómo hicieron los jueces para desbaratar las pruebas.

La lectura de la sentencia, a cargo de Esmoris, provocó emociones encontradas. Primero anunció la condena a perpetua de Mansilla por secuestro agravado por violencia, tormentos agravados por aplicarse a un perseguido político y homicidio calificado por alevosía. La alegría mutó en silencio cuando anunció la domiciliaria y en tristeza cuando informó la absolución de Duret. La tarde concluyó con un centenar de militantes tirando huevos contra el vidrio del tribunal, con el incendio de dos muñecos con trajes a rayas que representaban a los imputados y con los jueces que absolvieron a Duret retirándose cubiertos por escudos.

La de ayer es la cuarta sentencia por crímenes de lesa humanidad de 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei y dos carceleros de Misiones. Es el tercer fallo en la provincia desde la reapertura de causas: antes fueron condenados Miguel Etchecolatz y el cura en actividad Cristian von Wernich. Duret es el tercer imputado absuelto por crímenes al amparo del terrorismo de Estado, dato que ratifica la independencia de los tribunales que conducen los juicios.