Otro vuelo sobre el océano

Avalaron la extradición a la Argentina de Julio Alberto Poch

El gobierno español aprobó la continuidad del proceso para extraditar al ex piloto de la Armada detenido por su participación en los vuelos de la muerte. Se estima que su traslado al país podría concretarse dentro de los próximos dos meses.

Por Diego Martínez

Julio Alberto Poch, detenido en España por confesar su actuación en los vuelos de la muerte.

La posibilidad real de juzgar a un piloto de la Armada por arrojar a personas vivas al vacío desde aviones militares comienza a tomar forma. El Consejo de Ministros del gobierno de España aprobó ayer la continuidad del proceso de extradición a la Argentina del teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, detenido hace cuarenta días en el aeropuerto de Valencia, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse como comandante de la aerolínea holandesa Transavia. La decisión de la administración del socialista José Luis Rodríguez Zapatero pone fin a la estrategia del abogado Gerard Spong, prominente defensor de causas impopulares, quien con el argumento de la doble ciudadanía reclamaba la extradición de su cliente a Holanda. Fuentes judiciales consultadas por Página/12 evalúan que el próximo vuelo de Poch sobre el océano Atlántico, ya no como piloto, se concretará dentro de los próximos dos meses.

Poch es el primer militar argentino detenido por confesar su actuación en los vuelos de la muerte, método probado por la ciencia a partir del estudio de los cadáveres que el mar devolvió y aplicado por las tres Fuerzas Armadas con el visto bueno de la jerarquía católica, según declaró Adolfo Scilingo. Su relato ocurrió en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que sus compañeros calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina, tema sensible en el Reino de los Países Bajos por el caso de Jorge Zorreguieta, ex funcionario del dictador Jorge Rafael Videla y padre de una joven que se casó y tuvo hijos con el príncipe de Holanda. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, que en los ’80 se nutrieron de pilotos y mecánicos militares, los holandeses no dudaron en denunciarlo a la Justicia. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó Geert Geroen Engelkes, ex jefe de Poch.

La investigación del fiscal Ward Ferdinandusse, que incluyó una semana de trabajo en la Argentina, derivó el año pasado en el pedido de detención del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, quien antes se trasladó a Holanda para escuchar a los testigos. La captura de Poch se concretó el 22 de septiembre en España. El 6 de octubre declaró ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional. Dijo que “no tuvo nada que ver” con la desaparición de personas. Un día después la embajada argentina en Madrid hizo entrega del exhorto diplomático que ratificó el pedido de extradición y ayer el gobierno de España dio su visto bueno.

La defensa de Poch en Europa estuvo a cargo del penalista Gerard Spong, famoso por el patrocinio de narcotraficantes, del futbolista Patrick Kluivert en una causa por violación y de Bin Laden en un show televisivo. La estrategia de Spong apuntó a lograr la extradición a Holanda. El abogado viajó a Madrid y se paseó por los medios para machacar con la obligación de los Países Bajos de reclamar la repatriación del piloto. “En la Argentina podría estar cinco años sin condena”, advirtió, y amenazó con demandar al ministro de Justicia Hirsch Ballin si no hacía lugar al pedido. Agregó que Poch fue piloto naval, pero sólo de aviones de guerra. “En un cazabombarderos sólo caben dos personas, ambos pilotos”, dijo.

La estrategia incluyó a la esposa del marino, Elsa Margarita Nyborg Andersen, quien en precario holandés concedió una entrevista a un programa de televisión. “Mi esposo nunca voló ese tipo de aviones. Nunca estuvo en la ESMA. Siempre vivimos en Punta Indio y en Bahía Blanca”, dijo, tal vez ignorando que durante la dictadura la Armada les mentía a las familias de oficiales y suboficiales sobre destinos y misiones. Pese a que admitió que dos años atrás Transavia interrogó a Poch sobre los vuelos de la muerte, aseguró que la detención “fue una sorpresa”. La señora no aceptó ser entrevistada por este diario. Hace dos semanas renegó de la “cobertura sensacionalista” del caso en Holanda y prometió analizar la rigurosidad de las notas de Página/12 antes de responder preguntas. Ayer prefirió no emitir comentarios. Sólo dijo que no podía hablar por consejo del abogado argentino Gerardo Ibáñez, quien ya se presentó en el juzgado de Torres con una autorización de su nuevo cliente.

dmartinez@pagina12.com.ar

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Más absueltos que condenados

Final con polémica en el juicio a altos mandos del Primer Cuerpo de Ejército

El general Jorge Olivera Róvere y el coronel Benardo José Menéndez recibieron prisión perpetua, aunque por el momento seguirán libres. Tres ex jefes del Regimiento Patricios fueron absueltos. “Es un paso atrás respecto del Juicio a las Juntas”, señaló un abogado del CELS.

Por Diego Martínez

Benardo José Menéndez –que recibió perpetua–, Teófilo Saa y Felipe José Alespeiti –absueltos– junto a sus abogados.

Luego de treinta años de espera, de tres meses de audiencias anticipadas y otros nueve de juicio oral, en los que cuatrocientos testigos repitieron los padecimientos propios y de sus seres queridos, la alegría duró apenas segundos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) porteño condenó ayer a prisión perpetua al general Jorge Olivera Róvere y al coronel Benardo José Menéndez por secuestros y homicidios en la ciudad de Buenos Aires, pero absolvió de culpa y cargo a tres ex jefes militares que ocuparon altos cargos en la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Tanto absueltos como condenados seguirán en libertad. El fallo marca un quiebre en el proceso de justicia por los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado.

Ex jefe de la subzona Capital Federal y mano derecha del general Carlos Suárez Mason como segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Olivera Róvere fue condenado por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El coronel Menéndez, ex jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea y del área militar 5 en 1977, fue condenado por sólo cinco de los 41 secuestros que le imputaban, más un homicidio agravado.

Los flamantes absueltos son el coronel Humberto José Lobaiza y el general Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, a quienes distintas instancias de la Justicia federal habían procesado por 83 y 28 secuestros respectivamente, y el coronel Felipe José Alespeiti, ex segundo jefe del Patricios y jefe del área militar 2 durante 1976, imputado por 34 secuestros. Si bien los fundamentos se harán públicos el 10 de diciembre, quienes conocen la causa a fondo descuentan que se condenó sólo por los casos en los que se probó la intervención directa de los imputados.

Con el fallo de ayer suman 23 los imputados que fueron juzgados en 2009. Antes fueron condenados cinco represores en San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros y dos interventores militares de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (donde fue absuelto Alejandro Duret) y el general Santiago Riveros y cinco de sus subordinados en Campo de Mayo. La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré, todos condenados por el TOF 5.

Un paso atrás

La sala explotó cuando el juez Guillermo Gordo, que no preside pero ofició de vocero del tribunal, concluyó la lectura. A los gritos de “¡cómplices!” y “¡asesinos!” siguió una música que ya es marca registrada de los procesos a represores: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. “Por segunda vez este tribunal absuelve a genocidas”, informaba una militante de HIJOS con un megáfono en la vereda de Comodoro Py. “Queremos que los vecinos de Recoleta tengan claro que si el Poder Judicial no hace justicia y estos tipos siguen libres, la condena social seguirá vigente”, agregó, como anticipo de nuevos “ataques acústicos” para informar a los vecinos de represores sobre sus labores durante la dictadura.

“Filmen las caras de los genocidas impunes para que todo el mundo las conozca”, proponían a los camarógrafos, mientras algunos familiares de desaparecidos alternaban críticas al Poder Judicial y a los medios de comunicación presentes. “¿Dónde estuvieron ustedes durante los nueve meses que duró el juicio?”, gritaba un hombre con los ojos llenos de lágrimas. “Vayan a buscar a los genocidas, que siguen libres, y no sigan filmando nuestro dolor, que no sirve de nada”, les explicaba a los gritos.

“Se probó la división territorial y la función de las áreas militares como elementos de ejecución, no se entienden las absoluciones”, destacó Gerardo Fernández, del CELS. “Había pruebas para condenar a todos. Nos hubiera gustado que la sociedad pudiera tener acceso al debate para comprobarlo. Hay que esperar los fundamentos, pero la absolución de ex jefes de áreas es un paso atrás respecto de los criterios aplicados en el Juicio a las Juntas”, agregó.

“De ahora en más se puede esperar cualquier cosa de este tribunal”, resumió el fiscal federal Félix Crous, que había pedido una pena de 25 años de prisión para los tres absueltos. “Desde antes del comienzo del juicio, personal del tribunal hizo conocer a terceros la presunción de que los jefes de área eran inocentes. Causa inquietud que haya podido haber un prejuicio sobre la responsabilidad de los imputados y que pueda haber repercutido en el fallo”, agregó, y consideró “irónico” que los fundamentos se lean el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“El fallo implica negar la existencia de un plan sistemático, implica considerar que los jefes de área podían desconocer los secuestros y asesinatos que ocurrían en Capital Federal. Es como pensar que entre Olivera Róvere y las patotas no había nadie en el medio”, reflexionaron miembros de HIJOS regional Capital.

“Las condenas se ven opacadas por la absolución a quienes fueron jefes operativos. El tribunal pretende instalar la teoría de la ‘obediencia debida’ cuando ya en el fallo de la causa 13 se afirmó la existencia de un plan de exterminio de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto”, consideró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Página/12 le pidió una opinión sobre el fallo a una decena de familiares de los imputados. Todos prefirieron guardar silencio.

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“No recibí ni impartí órdenes lesivas”

Por Diego Martínez

“No recibí ni impartí órdenes que puedan considerarse lesivas a los derechos humanos”, afirmó por la mañana el general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado por la tarde por más de un centenar de secuestros y cuatro homicidios agravados. El ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, dueño de vidas y muertes de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, se explayó durante una hora con tono de profesor de historia sobre el proceso político previo al golpe de Estado, aunque advirtió que, “por haber sido un actor perseguido (sic), prefiero dejar de lado mi situación personal”.

Sólo dos de los cinco imputados aceptaron hacer uso de las últimas palabras previas a la sentencia. El coronel Humberto José Lobaiza agradeció a sus defensores y al tribunal, por “el respeto y el decoro” con que se los trató durante el proceso. Luego reiteró su argumento de defensa: el Regimiento de Patricios que comandaba tenía pocos efectivos, mayoría de conscriptos y “altísima exposición pública, inconveniente para las acciones encubiertas” que desarrollaban sus camaradas. Luego repudió el alegato del fiscal Félix Crous, no por los secuestros que le imputó sino por destacar que quienes “privaron a los deudos de los ritos funerarios” pertenecen a “una condición previa a la civilización”.

Olivera Róvere aseguró que la condena social que sufren las Fuerzas Armadas “es consecuencia de la acción psicológica del marxismo internacional, que mantiene plena vigencia”. Citó como ejemplo “la mendaz exageración sobre los 30 mil desaparecidos”, cuestionamiento que comparte con “un emblema de los derechos humanos”, en referencia a la ex dirigente Graciela Fernández Meijide.

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Sin límites para la prensa

RECLAMO DE ORGANIZACIONES CIVILES ANTE LA CORTE POR LA DIFUSION DE LOS JUICIOS

Asociaciones de periodistas, de editores de medios y organismos defensores de los derechos humanos le plantearon a la Corte su preocupación por las limitaciones al trabajo de la prensa en los juicios a los represores de la última dictadura.

Por Diego Martínez

Las restricciones en el TOF-5 provocaron numerosas protestas en los Tribunales.

Once organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de periodistas y de editores de medios, manifestaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia su preocupación por las restricciones al trabajo de la prensa en los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Las entidades alertaron sobre normas de ingreso a las salas que “resultan violatorias del principio de publicidad y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía”, destacaron como “ejemplo más resonante” al Tribunal Oral Federal 5 porteño que hoy dictará sentencia a ex jerarcas militares de la ciudad de Buenos Aires y luego juzgará a represores de la ESMA y reclamaron al alto tribunal una aclaratoria sobre su acordada 29, de octubre pasado, para “garantizar de manera plena el derecho a la información y al control de los actos de gobierno en este proceso de gran trascendencia pública y especial relevancia institucional”.

Los obstáculos del Poder Judicial al trabajo de la prensa no son nuevos. Querellantes y organismos de derechos humanos de todo el país han reclamado mayor publicidad a medida que sus causas llegaron a juicio. La particularidad del nuevo pedido a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, radica en la diversidad de las entidades, que no son parte en juicios a represores: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y hasta la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa, que reúne a los dueños de los diarios, incluidos los críticos a la reapertura de los juicios.

La nota a la Corte analiza la situación en distintas jurisdicciones: desde “buenos ejemplos de relación entre prensa y Justicia” como en La Plata y Córdoba, pasando por “el caso intermedio” de Tucumán, donde detectaron “limitaciones en el ingreso” de los reporteros, de Neuquén y Rosario, donde existen “reales limitaciones materiales para el trabajo de prensa”, hasta el caso extremo del TOF-5 porteño, que dictó seis sentencias sin reporteros en la sala y donde comenzará el mes próximo “un juicio de inconmensurable valor simbólico: la llamada causa ESMA”.

Las organizaciones recordaron que, “en clara contradicción con lo dispuesto por la Corte Suprema”, el tribunal que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado prohíbe el ingreso de cámaras de televisión a la sala y sólo permite a los canales tomar imágenes a través de un circuito cerrado operado por la Policía Federal. La prohibición a los fotógrafos fue absoluta hasta el escándalo en el inicio del juicio al general Olivera Róvere, cuando un secretario del TOF y otro de la Corte cubrieron con sus manos la cámara de un reportero de Télam. Desde entonces sólo autorizan el ingreso de la agencia oficial, aunque con la prohibición de tomar primeros planos de los imputados y fotos del tribunal.

Las organizaciones proponen como criterio general “permitir la toma directa de imágenes y audio”, con “pautas diferenciadas” según las etapas del proceso. Sostienen que “no debería limitarse el ingreso de reporteros gráficos”, estiman “no razonable” prohibir primeros planos de imputados o imágenes de Sus Señorías, sugieren permitir el ingreso de periodistas radiales con grabadores y, frente a las excusas fundadas en “razones de espacio”, proponen buscar alternativas “para una mejor cobertura de estos acontecimientos”.

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“Ayudó a que mucha gente se salvara”

Entrevista con Fernando Albareda, cuyo padre fue asesinado en 1979 por la policía cordobesa

Mañana comienza en Córdoba el primer juicio a ex miembros del Departamento de Informaciones y el tercero a Luciano Benjamín Menéndez. El hijo de Ricardo Albareda reconstruye la historia de su padre, un policía que militaba en el PRT.

Por Diego Martínez

Fernando Albareda en el lugar donde fue secuestrado su papá, asesinado frente al lago San Roque.

Los recuerdos de los ocho años que Fernando Albareda compartió con su padre son “los mejores”. Quienes lo conocieron le hablaron de “su calidad de persona”. Los compañeros de militancia, de “las vidas que salvó” de una muerte segura. Es que Ricardo Fermín Albareda, asesinado en 1979 por miembros del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores desde un lugar tan valioso como riesgoso: la propia policía provincial. De allí la saña adicional de los asesinos, que luego de torturarlo lo dejaron morir desangrado mientras comían un asado frente al lago San Roque.

A horas del comienzo del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, el primero a ex miembros del D2 y el tercero al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, Fernando habla con orgullo de su padre, de sus compañeros de HIJOS que lo ayudaron a reconstruir su historia, de su hijo Nicolás, que lo acompañará a exigir justicia por su abuelo, y Sol, que se niega a aceptar que le impidan ingresar a la sala de audiencias sólo porque tiene ocho años.

–¿Cómo recordás a tu papá?

–Tengo los mejores recuerdos. Todo lo que compartí con mi viejo fueron momentos lindos, desde que nací hasta que desapareció. Recuerdo ir a la cancha, viajar, comer asados con amigos, excursiones de pesca...

–¿Los amigos eran policías?

–Eran más cercanos a la policía. Por el lugar que él ocupaba, en la militancia estaba muy tabicado, como se decía en la época. También tenía tres hermanos con familias numerosas y los fines de semana nos juntábamos a comer asados, que organizaba papá. Esos momentos lindos desaparecieron junto con él.

–¿Qué explicación te dieron cuando desapareció?

–No hubo mucha explicación, había demasiado temor. Quien me instruyó fue mi maestra de tercer grado, la señorita Nico, con quien tengo hasta hoy una relación excepcional. Recuerdo que en un recreo me sentó en el patio, un día de sol, y me explicó que se vivía una situación complicada, que había gente que pensaba distinto y estaba desaparecida, en cárceles. Me daba fuerza. “Tu viejo va a aparecer”, decía, lo tengo grabado. A la distancia entiendo que trataba de tranquilizarme aunque sabía lo que podía pasar. Era un colegio con doble escolaridad y profesores “progres”, el Integral Mixto, por eso los milicos querían cerrarlo. Mi viejo organizó asambleas con padres y docentes, todo a escondidas, pero a fines de ese año, 1979, cerró para siempre.

–¿Qué lograste reconstruir de su militancia?

–Allá por 2001, en el club Talleres, donde trabajo, mientras discutía con el abogado que tramitaba la reparación, un chico me dice “te voy a dar el teléfono de gente que te va a ayudar”. Me contactó con Martín Fresneda y Agustín Di Toffino, de HIJOS. Me citaron, les conté un poco y desde entonces me acompañaron en la reconstrucción de la vida de mi viejo. Fue duro porque, por el lugar que ocupaba en el PRT, no había muchos datos. Hasta que una mujer que había estado exiliada fue al local a ofrecer ayuda, se entrevistó con una compañera y, entre las personas que recordaba, nombró a mi viejo. Esa misma semana la visitamos, hablamos todo un día. Después su tía terminó de cerrarme el círculo sobre la militancia.

–¿Qué te contaron?

–Que era una persona muy activa. Abocada primero a su trabajo y en los ratos libres a la militancia, tratando de ayudar a los compañeros, porque el lugar que ocupaba le sirvió para salvar a mucha gente, eso lo rescata todo el mundo. Algunos dicen que mi viejo era un infiltrado, pero nada que ver. Primero tuvo el título de policía y después empezó a estudiar en la Universidad Tecnológica, y es ahí cuando a lo mejor le hizo un clic en la cabeza, tal vez por la efervescencia que había por cambiar el mundo, distribuir la riqueza, garantizar la educación pública...

–¿Qué genera saber que salvó muchas vidas? ¿Alivia el dolor?

–Sirve, sin duda. Hace un tiempo conocí a un ex militante fuerte del ERP, que falleció. “Tu viejo tenía el pasaporte y todo listo para exiliarse, pero por ustedes se quedó en el país”, me dijo. Eso para mí le da un valor agregado a todo lo que me cuentan. Personas que lo conocieron en ámbitos distintos destacan su calidad de persona, pero lo que más orgullo me da es que haya ayudado para que mucha gente salvara su vida. Paradójicamente, él no quiso salvar la suya.

–¿El testimonio sobre su muerte lo conociste ya en HIJOS?

–Sí, con Martín investigamos la causa. La denuncia original la hizo mi abuela Blanca, que estaba en Madres de Plaza de Mayo. La causa se archivó con las leyes de perdón de Alfonsín, tenía más de cuatrocientas denuncias acumuladas. Cuando se empezó a revisar el expediente se encontró el testimonio de un ex integrante del D2 sobre la muerte de mi viejo.

–¿Hablaste alguna vez con un ex miembro del D2?

–No, y no lo haría, porque me he manejado siempre con demasiada tranquilidad, tratando de hacer todo a través de denuncias, como corresponde, y creo que con mis compañeros logramos el objetivo de llevar a estas personas a juicio, ofreciéndoles todas las garantías constitucionales que otorga el Estado de Derecho y que ellos no le brindaron a mi papá. Nosotros no somos secuestradores, no somos torturadores ni asesinos, queremos un país sano y justo para todos.

-¿Esperás algo de los represores que van a ser juzgados?

–(Piensa unos segundos.) Pruebas de lo que pasó la noche del 25 de septiembre de 1979 tenemos de sobra. Lo único que espero es que, por arrepentimiento o lo que sea, tal vez un acto de dignidad, me digan dónde está el cuerpo de mi papá. No puedo decir que con eso sería feliz, pero al menos tendría un poco más de tranquilidad, le podría decir a mi familia y sobre todo a mis hijos dónde está su abuelo.

–¿Qué edad tienen?

–Nicolás tiene 18 años y es del primer matrimonio, que se acabó por cuestiones de la vida, aunque tengo una relación maravillosa con la familia de mi ex mujer. Después me casé con María Paz, tenemos a Sol, que paradójicamente nació un 28 de septiembre como mi viejo, y viene en camino Fermín.

–¿Cómo les hablás a tus hijos de su abuelo?

–Con la verdad, por cruda y cruel que sea. Hay que ir llevándolos de alguna manera para que entiendan lo que pasó. Ahora Nicolás es grande y gracias a que siempre le hablamos con la verdad es muy consciente de lo que pasó. Está educado sin ningún rencor, todo lo contrario, sabe que el único camino es la justicia.

–¿Te va a acompañar al juicio?

–Sí, seguro, el lío lo tengo con Sol. No conoce detalles pero sabe que su abuelo está desaparecido y que lo mataron durante el Proceso. De a poquito le contamos la verdad y entiende todo, por eso se armó un lío bárbaro cuando le dijimos que no podía entrar a la sala porque tiene ocho años.

–¿Cómo imaginás el día después de la sentencia?

–Imagino que voy a poder apoyar la cabeza en la almohada y descansar tranquilo. Desde que estoy en esto, más allá de militar en HIJOS y colaborar para juzgar a la mayor cantidad posible de represores, no duermo bien porque todos los días aparece uno nuevo. Eso va a seguir, porque hay muchas personas que colaboraron y ocupan puestos en la administración,los colegios, las facultades, pero creo que cuando termine el juicio voy a dormir un poco más tranquilo.

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Todos los acusados

El nuevo juicio contra el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura comenzará mañana en Córdoba. A cargo del Tribunal Oral Federal 1, el proceso acumula tres causas –los casos “Albareda”, “Moyano” y “Morales”–, contará con los testimonios de 28 testigos y tendrá sentados en el banquillo, además de Menéndez, a otros cinco acusados. Uno de ellos, el coronel Rodolfo Campos, jefe de la policía provincial en el momento de los hechos, participará del juicio mediante un sistema de videoconferencias, por razones de salud. Los otros cuatro son los ex policías Miguel Angel Gómez, Hugo Cayetano Britos, Calixto Flores y César Cejas. Menéndez se encuentra cumpliendo una cadena perpetua en la prisión de Bouwer, por una condena recibida el año pasado en el juicio por la causa “Brandalisis”.

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Por ofrecerle cobertura a un prófugo

Procesaron a un empresario que ayudó a un represor

Por Diego Martínez

Ser cómplice de represores prófugos tiene sus riesgos. El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. La lista de prófugos por secuestros y torturas durante la dictadura tiene 39 nombres, desde marinos de la ESMA hasta el ex juez Guillermo Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 y hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. El Estado ofrece cien mil pesos de recompensa para quien brinde información que permita capturarlos. Sus datos y fotos constan en el sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, www.jus.gov.ar, en la solapa “Personas buscadas”.

Corres está preso en Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, donde se apodaba “Laucha”, igual que quien manejaba la picana en la mesa de torturas de La Escuelita. Lapeyrade, de 80 años, es dueño de la petrolera Chañares Herrados, de bodegas Lapeyrade en Viedma y de campos en Mercedes. Era amigo íntimo del padre de Corres, ya fallecido, y según declaró, el represor le daba 4500 pesos por mes a cambio de “diligencias no específicas”. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino, en Uruguay 824.

El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” al descargo del empresario. Lo procesó pero lo dejó en libertad y decretó un embargo de diez mil pesos.

El rol de Lapeyrade se conoció tras la fuga de Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal. Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade, declaró que lo visitó tres veces para entregarle sobre cerrados con dinero y provisiones “de parte del patrón”. También recibía plata de manos de su primo Oscar Corres, aunque según declaró eran fondos que le enviaba el empresario. Los ahorros le sirvieron para pagarse el taxi que lo trasladó desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.

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La votación de la calle

Festejos en la Plaza del Congreso tras la aprobación de la ley

Hubo festejos y abrazos cuando la pantalla mostró los 44 votos positivos. La radio abierta y las murgas se extendieron hasta la madrugada de ayer. La vigilia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática había empezado a las cinco de la tarde del viernes.

Por Diego Martínez

Plaza del Congreso, madrugada del sábado. Sobre el escenario, los miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, abocada desde hace un lustro a reemplazar la vieja ley de radiodifusión. En la calle, más de dos mil personas, firmes desde las cinco de la tarde. Desde la pantalla habla el senador Miguel Angel Pichetto. La Cámara se detiene en Julio Cobos. La plaza se irrita, lo llama compadre y le factura a su madre. 2.24 a.m. se anuncia la votación en general. Cuatro mujeres se abrazan. Cuenta regresiva en el reloj del Congreso. “44 votos positivos”. La multitud explota. Se acaba de aprobar en general la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“¡Siete horas de aguante, compañeros!”, arenga la voz que inunda todo. Es medianoche, fresca, agradable. La multitud congregada al atardecer se redujo con las horas. Adentro se debate. Afuera hay radio abierta, música, rondas de mate, pibes que bailan candombe, murgas, parejas abrazadas, señoras en sillas de playa, pastores evangelistas y viejos peronistas con ganas de festejar.

“¿Página/12? La biblia de mi marido”, sonríe María Rosa Milesi, ex docente, dueña de una imprenta. “Vine a título individual en colectivos de CTA de Santa Fe”, aclara. “Esta ley la vamos a seguir construyendo durante veinte años. Es un paso clave para cualquier transformación”, explica. “Esta democracia, así como está, tiene algo jodido: no tenemos la palabra. Hay que redistribuirla”, advierte.

La transmisión, a cargo de las radios Gráfica y De las Madres, llega en vivo al país por la Red de Radios Comunitarias. Un camión oficia de estudio abierto. Una pantalla alterna imágenes de la plaza y de la sesión. Otros la siguen desde una carpa blanca.

“Debemos discutir qué país queremos y con los medios actuales ese debate es limitado”, explica el artesano Carlos Ferrari. “La palabra es el vehículo del pensamiento. Para quienes desean volver al pasado, esta ley no es necesaria. ¿Pero a quién representan los legisladores que se oponen? ¿Al pueblo o a las corporaciones?”, plantea.

“Cine Argentino presente”, apunta la bandera del Incaa. Por tamaño se imponen la JP, el Movimiento 26 de Julio, La Cámpora, la Martín Fierro, la corriente Felipe Vallese, el comedor Los Pibes, la Federación de Tierra y Vivienda, la agrupación Padre Mugica. “Esto se llama presión popular”, celebra el conductor.

“No soy kirchnerista pero apoyo esta ley. Creo que es un momento histórico”, confiesa Luis, contador. “Los monopolios no son nuevos pero en los últimos tiempos se volvieron más explícitos, la sociedad tomó conciencia de que manejan información que es del pueblo”, explica.

A metros de El Culebrón Timbal, pibes y pibas, veinteañeros, bailan sobre el techo de una pick up con banderas de la JP Evita. Por TV en blanco y negro se confundiría con una imagen de viejos bellos tiempos. “Redistribución de la información es redistribución de la riqueza”, explica el conductor. “¡Hoy no salieron las cacerolas!”, festeja.

“La ley de radiodifusión es un legado de la dictadura, una deuda de la democracia”, señala Marcela Fumale, que trabaja en medios alternativos e integra Carta Abierta en Venado Tuerto. “Allá no se puede hablar contra el campo. Los cables fueron monopolizados por Clarín, que fundió a los locales. Quien no paga no puede ver Canal 7 ni canales de Rosario. Los diarios están bancados por pools sojeros que controlan hasta las cartas de lectores. Por eso vine”, cuenta con orgullo.

Desde la pantalla el senador Ernesto Sanz despierta sonrisas. “Nuestro dictamen recoge lo mejor de la tradición radical”, afirma. El conductor de la transmisión lo pisa para refutarlo. “La comunicación no es un negocio, no hable de empresas, senador”, advierte. “Hay que saltar / hay que saltar / el que no salta / es radical”, cantan todos.

“Es un cambio de paradigma. Pasar de pensar la comunicación como negocio a pensarla como un derecho”, resume Verona, joven periodista. “Apoyo la ley porque nunca tuve la posibilidad de trabajar en un medio sin el riesgo de que me echen y no poder encontrar otro porque los dueños son los mismos; porque tengo amigos músicos sin trabajo que no pueden promover su música y realizadores que no pueden realizar”, explica.

En la pantalla una senadora denuncia que el portal de La Nación le hizo decir lo que no dijo. 1.48 a.m. arranca Pichetto. Por unos segundos nadie se mueve. La cámara toma el tablero del Congreso. “A favor: 44. En contra: 24”. El silencio muta en festejo. “¡Vamos, mierda!”, grita el cineasta Coco Blaustein. Todo es abrazos. “¡Patria sí, colonia no!”, corea la plaza. Se entona el Himno Nacional, pogo incluido, y con menos quórum la marcha peronista. Vuelve el baile y comienza el debate individual.

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No se rinden las hormiguitas

Arrestaron a otro piloto de los “vuelos de la muerte”

El capitán Emir Sisul Hess contaba en los ’90 que los secuestrados adormecidos caían al vacío “como hormiguitas”. Página/12 publicó su historia hace tres semanas.

Por Diego Martínez

Emir Sisul Hess en su casa de Bariloche, donde fue detenido.

Según les contaba a sus compañeros de trabajo, hace un tercio de siglo, cuando integraba la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, el entonces teniente de corbeta Emir Sisul Hess piloteó aviones desde los cuales la Armada Argentina arrojó al mar a secuestrados de la ESMA. Durante el gobierno de Carlos Menem Hess relató ante compañeros de trabajo que cargaban a sus enemigos drogados y “con una bolsa en la cabeza”, y desde la cabina veía que “iban cayendo como hormiguitas”. En 2002, luego de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, la Cámara Federal porteña en pleno ordenó investigar el caso. Tres semanas atrás Página/12 informó que la instrucción había concluido en septiembre de 2005 y estaba archivada en Comodoro Py. El martes, por orden del juez federal Sergio Torres, la Policía Federal detuvo a Hess y allanó su casa de Bariloche, donde secuestró manuscritos y documentos. Ayer fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz.

A catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo ante el periodista Horacio Verbitsky, comienza a revertirse la impunidad de los militares, civiles y capellanes que participaron y consintieron vuelos de la muerte. En menos de un mes se conoció que tres aviones Electra usados para desaparecer personas del mapa permanecen en exposición en bases militares, tomaron estado público nuevas confesiones, se activó el pedido de detención del capitán Julio Alberto Poch, reciclado como piloto en el Reino de los Países Bajos y ahora preso en España a la espera de su extradición y se concretó la captura de Hess.

La sucesión de noticias genera debates en foros de aviadores y en rondas de mate de hangares, y profundos dilemas morales en decenas de pilotos, tripulantes y personal de mantenimiento de líneas aéreas. Por un lado evitan rememorar confesiones macabras oídas en otros tiempos, cuando nada se podía denunciar porque las puertas de la Justicia estaban cerradas. Por otro, admiran el ejemplo de los pilotos holandeses de Transavia que denunciaron a Poch con nombre y apellido, y se saben portadores de información imprescindible para el avance de la Justicia.

Emir Sisul Hess nació en Bahía Blanca el 16 de marzo de 1949. Estudió en el Colegio Nacional de Punta Alta, donde funciona la base naval Puerto Belgrano, y pertenece a la promoción 102 del comando naval. En los dos primeros años de la última dictadura, con el grado de teniente de corbeta, integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base Espora, pero denunciada como una cobertura de represores de la ESMA por el cabo Raúl Vilariño, quien ya en 1984 mencionó los vuelos de la muerte. Sus jefes inmediatos eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston. En esos tres años se produjeron la mayor parte de los vuelos.

En 1984, citado a declarar por el contraalmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, Hess dijo no conocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort SA en Villa La Angostura. En pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llegó a la Justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de El Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess, descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe, pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ’90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la Justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA. El 7 de septiembre Página/12 relató la historia de Hess. El magistrado activó la investigación y Hess comenzó a organizar un viaje de tres meses a Europa junto con su esposa.

El martes se ordenó y concretó la detención, a cargo de la Policía Federal delegación Bariloche. Fuentes judiciales informaron que durante el allanamiento se secuestró documentación y “manuscritos”, aunque no trascendió el contenido. El jueves llegó a Buenos Aires. Pasó la noche en un calabozo del Palacio de Tribunales. Ayer prestó declaración indagatoria, asistido por un defensor oficial. Por la tarde fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del complejo penitenciario de Marcos Paz, que compartirá con Astiz, Cavallo & Cía.

dmartinez@pagina12.com.ar

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Un encierro de 25 años, pero en casa

EL GENERAL RETIRADO JUAN CARLOS COLOMBO FUE CONDENADO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

El Tribunal Oral Federal de Formosa falló que el ex gobernador de facto de esa provincia integró una asociación ilícita, fue coautor de nueve privaciones de la libertad y de dos casos de torturas seguidas de muerte. La pena prevé arresto domiciliario.

Por Diego Martínez

A los 85 años, Colombo oyó la sentencia a distancia, en una oficina del Consejo de la Magistratura.

–Esperá que me peino –bromeó el general retirado Juan Carlos Colombo ante el fotógrafo de Página/12 dos minutos antes de escuchar por videoconferencia su sentencia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando era gobernador de facto de Formosa.

–Es arresto domiciliario –fueron las primeras palabras de su esposa, por si el militar de 85 años no había entendido, un minuto después de escuchar la condena a 25 años de prisión hogareña como miembro de una asociación ilícita, coautor mediato de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por tormentos, y de dos tormentos seguidos de muerte.

Las escenas transcurrieron en una oficina diminuta del Consejo de la Magistratura, frente a un plasma y una cámara, a 1191 kilómetros del Colegio de Escribanos de Formosa, donde el Tribunal Oral Federal local lo juzgó en ausencia. Gracias a sus problemas de salud, el ahora condenado no pisó la sala de audiencias durante los siete meses que duró el juicio, que tuvo más de 150 testigos, y donde un centenar de personas escuchó ayer la lectura del fallo del juez Eduardo Belforte. Colombo sólo debió trasladarse tres veces al microcentro: una para escuchar la acusación, otra para desentenderse de los crímenes de sus su-bordinados y reivindicar a su compañero de promoción Jorge Rafael Videla –“un ferviente cristiano y un hombre de bien”, en sus palabras–, y ayer para escuchar el veredicto.

El fallo del TOF, que también integran Norberto Giménez y Gladys Yunes, no conformó a los querellantes: habían pedido reclusión perpetua, en cárcel común, y que se considerara que los crímenes no fueron aislados sino parte de un genocidio. Formosa no tiene un solo represor preso. Pedro Velázquez Ibarra, víctima y abogado querellante, lamentó “que el acusado no quebró el pacto de silencio y no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos formoseños”. Admitió que “si bien no salió la reclusión perpetua, estamos satisfechos porque, por los tiempos biológicos, los 25 años significan lo mismo”. También el representante del Ministerio Público había pedido la máxima pena. Organismos de derechos humanos y miembros de HIJOS escucharon el fallo en la vereda del Colegio de Escribanos.

Colombo es el decimosexto imputado que escucha una sentencia por delitos de lesa humanidad en 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (en el mismo juicio fue absuelto el coronel Alejandro Duret) y en agosto, en San Martín, el general Santiago Riveros y cinco de sus su-bordinados de Campo de Mayo.

Según registros del programa Lucha Contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, sobre 54 condenados por crímenes durante la dictadura hay ahora 15 que gozan de arresto domiciliario. Menos de la mitad (24) están en cárceles comunes. Diez están en la unidad penal de Campo de Mayo, donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular. Y cinco están en libertad, incluidos los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré. La próxima sentencia sería la del TOF-5, que juzga al general Jorge Olivera Róvere y a cuatro ex jefes de áreas militares. Si el tribunal no modifica su criterio, pasarán a ser diez los condenados que siguen caminando por la calle.

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