miércoles, 29 de abril de 2009

Un represor detenido en Entre Ríos

Carlos Taffarel estaba prófugo desde hace seis meses
Por Diego Martínez

A los 61 años, tras media vida impune y medio año escondido, Interpol detuvo en un campo de Entre Ríos al coronel retirado Carlos Alberto Taffarel, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura. Taffarel integró el Destacamento de Inteligencia 181 entre 1975 y 1978, como teniente primero y luego como capitán. El Destacamento nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. El único identificado es el fallecido suboficial Santiago Cruciani. La causa del Cuerpo V tiene aún dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez y el capitán Jorge Granada. En la causa que investiga crímenes de la Armada está prófugo el capitán de corbeta retirado Ricardo Joaquín Molina, ex jefe de inteligencia de la base naval Puerto Belgrano en 1976.

Robusto, de bigote y anteojos, Taffarel llegó a ser indagado en 1987, pero se benefició con la ley de obediencia debida. El fiscal Hugo Cañón pidió su captura en abril de 2007. Un año y medio después, sin declarar el secreto de sumario e informando al jefe de la cárcel de Villa Floresta, el juez Alcindo Alvarez Canale ordenó su detención y la de otros cuatro oficiales, de los cuales sigue prófugo Granada, amigo del ex subcomisario Luis Patti. Meses antes, su abogado Eduardo San Emeterio se había presentado ante la Justicia de Viedma, que lo investiga, y había fijado el domicilio del represor en O’Higgins 2300 de Capital. Cuando salió su captura, prefirió esconderse. Fue detenido en la estancia San Bernardo, sudeste de Larroque, a medio camino entre Gualeguay y Gualeguaychú. Mientras se lo indague permanecerá en la delegación de la Policía Federal de la que se fugó Julián Corres. Luego será trasladado a la cárcel de Saavedra.

De investigador a investigado

Renunció un juez acusado de encubrir delitos de lesa humanidad

Carlos Martín Pereyra González, miembro de la Cámara Federal de Mendoza, renunció luego de ser señalado por un tribunal oral. También tenía una denuncia en el Consejo de la Magistratura por su “actitud a favor de la impunidad” de los represores.

Por Diego Martínez
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Carlos Martín Pereyra González está acusado de presenciar y consentir torturas.

Luego de conocer los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal de San Luis que ordenó investigarlo por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el juez Carlos Martín Pereyra González renunció a su cargo en la Cámara Federal de Mendoza. El magistrado también es investigado junto a sus colegas de la Sala B por el Consejo de la Magistratura, a partir de una denuncia de organismos de derechos humanos de Cuyo por su “actitud consecuente y manifiesta a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado”. Familiares de desaparecidos de San Luis pedirán que la renuncia no interrumpa el jury de enjuiciamiento.

Pereyra González fue hace treinta años secretario del juez federal puntano Eduardo Allende. En 1987 el ex policía Jorge Velázquez declaró que el joven magistrado presenció en 1976 en Jefatura de Policía el interrogatorio bajo torturas a Graciela Fiochetti. La denuncia no tuvo eco, Velázquez había sido condenado dos años antes por Pereyra González. Tres meses atrás, durante el juicio en San Luis, el abogado Carlos Samper retomó el caso. Contó que fue a tribunales tras el secuestro de Fiochetti y que el secretario le confesó: “Asistí a un espectáculo terrible que nunca quisiera volver a ver. He visto a esta chica torturada, por suerte parece que la van a poner en libertad”. Dos días después apareció el cadáver, quemado y con las falanges cortadas. La historia continuó. A partir de hábeas corpus a favor de desaparecidos, Allende y su secretario solicitaron y recibieron el sumario militar inventado para adjudicar a Montoneros la muerte de Fiochetti y del “NN masculino” junto al cual la ejecutaron. Pese a que los secuestrados seguían en el limbo, los magistrados no ordenaron exhumar el “NN” y devolvieron el sumario en silencio.

También durante el juicio en San Luis, ex presos políticos lo acusaron de no haber recibido sus denuncias de tormentos. En diciembre de 1976, durante un careo ante juez y secretario, Juan Cruz Sarmiento se retractó de una declaración anterior porque aseguró que había sido obtenida bajo torturas por el capitán Carlos Plá y el comisario Víctor Becerra, ambos condenados a prisión perpetua. Allí murió su denuncia. Aníbal Olivera declaró que “en la Justicia sabían bien lo que pasaba en Jefatura de Policía porque estaban pared de por medio”. En 1977, cuando presentó su primera denuncia ante Allende y Pereyra González, “me trataron como si ellos también fueran torturadores”, declaró. “Cuando dije lo que nos habían hecho, me dijeron a los gritos que lo que estaba haciendo era un desacato a la autoridad”, agregó.

Citado como testigo, Pereyra González admitió haber devuelto el sumario fraguado, negó haber recibido denuncias de torturas y aseguró con lágrimas que “no supe de desapariciones en ese momento, ignorábamos la magnitud de lo que estaba pasando”. La declaración de Samper fue posterior. Cuando trascendió, el camarista pidió una audiencia especial para someterse a un careo. Cuando el tribunal fijó fecha, adujo problemas de salud y no se presentó. Los jueces Raúl Alberto Rodríguez y Roberto Julio Naciff desmenuzaron en sus fundamentos la complicidad judicial con los represores. Jorge Roberto Burad, mendocino como el camarista, redactó su propio voto, que se limitó a los uniformados.

En diciembre, tras la excarcelación de los últimos represores mendocinos presos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos pidieron al Consejo un jury de enjuiciamiento contra Pereyra González, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra Fernández, de la cuestionada Sala B. Dos semanas atrás, los magistrados denunciaron “una embestida contra el Poder Judicial” impulsada por “diversas ONG adscriptas a la tuición de los derechos humanos”. Los organismos de Mendoza ratificaron que “existe una actitud consecuente y manifiesta de los camaristas objetados a favor de la impunidad de militares y policías que ejecutaron el terrorismo de Estado”. Agregaron que “las excarcelaciones y faltas de mérito son consecuencia de esta postura política” y destacaron que el fallo plenario “Díaz Bessone”, invocado por los jueces para ordenar liberaciones, “fue usado en los casos de represores y no en los de delincuentes comunes”.

La semana pasada Pereyra González desmintió en dos oportunidades la noticia de su renuncia, que anticipó Radio Nihuil y que admitió finalmente ante periodistas de MDZ Online. Esta semana el abogado Enrique Ponce, de la APDH San Luis, se presentará ante el Consejo de la Magistratura en representación del hermano del desaparecido Pedro Ledesma y pedirá que el jury no se interrumpa hasta que concluya la investigación por el encubrimiento del secuestro. “La renuncia no implica una sanción. El jury debe continuar hasta que se determine si corresponde o no inhabilitarlo como juez”, explicó Ponce.

sábado, 25 de abril de 2009

El “Laucha” Corres busca nueva celda

El penal militar de Campo de Mayo, “no recomendable”
Por Diego Martínez

La Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, alojamiento exclusivo de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Lo admitió el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, que evaluó que su “nivel de seguridad no sería el apropiado” para recibir al oficial Julián Corres, fugado el año pasado de la delegación bahiense de la Policía Federal. Angel Argañaraz y Augusto Fernández, jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del “Laucha”, que se suma a lista de espera de uniformados deseosos de abandonar las cárceles comunes.

Campo de Mayo aloja represores desde 2006. En enero de 2007 el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió en Unidad 34 y el SPF reemplazó en la custodia a Gendarmería. El envenenamiento de Héctor Febres y la fuga de Corres convencieron a varios jueces de retirar a imputados de cuarteles y comisarías. Así se pobló la U34, en teoría una cárcel más, que hoy aloja a casi cuarenta militares y que ningún fiscal ni juez federal inspeccionó.

Corres está en Marcos Paz desde su segunda detención, el 18 de agosto. Pidió el traslado para estar cerca de su familia. Tras la advertencia de Cepeda, el juez Alcindo Alvarez Canale rechazó el pedido. Por la apelación, llegó a la Cámara. El juez Fernández apuntó que Cepeda no manifestó “la imposibilidad” de alojarlo, sólo la inconveniencia. Aseguró que en Campo de Mayo “rige un régimen estrictamente carcelario”. Argañaraz agregó que la advertencia es “una mera afirmación dogmática” y que según el informe de gestión del SPF la relación seguridad/interno en Campo de Mayo (0,76) es superior a la de Marcos Paz (0,21). Ricardo Planes disintió. “No puede presumirse falta de idoneidad” de un director del SPF. La fuga “no es el primer antecedente sobre la voluntad de Corres de sustraerse de la causa”, agregó, porque estuvo más de un año prófugo antes de su primera detención.

Días antes la Cámara se pronunció sobre los policías que Alvarez Canale imputó por “favorecimiento doloso de evasión”. Admitió que “la política de celdas abiertas” era impensable “sin la venia de los máximos responsables” de la delegación, pero revocó el procesamiento del ex jefe, comisario Gustavo Scelsi, porque consideró que estaba de licencia (para el juez se había reintegrado). También alivianó la mochila del ex subjefe, subcomisario Marcelo Voros, del ex jefe de servicio Juan Lastra y del guardia Pablo Carbajal. Descartó el dolo, la intención, y sólo les endilgó negligencia. En el peor de los casos deberán pagar 15.000 pesos de multa. La investigación del empresario Héctor Lapeyrade por la cobertura a Corres mientras estaba prófugo pasó a la justicia porteña, que aún no lo citó.

viernes, 24 de abril de 2009

“Se cierra una puerta”

CONDENA A DIECISEIS AÑOS DE PRISION A UN APROPIADOR

El gendarme Víctor Enrique Rei fue juzgado a partir de una muestra genética obtenida en un allanamiento judicial. Rei había dicho “adopté a un huérfano”, sin explicar cómo Alejandro había llegado a sus manos.

Por Diego Martínez
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El comandante de Gendarmería Víctor Rei junto a su abogado Alejandro Macedo Rumi.

Víctor Enrique Rei, comandante retirado de Gendarmería, fue condenado ayer a dieciséis años de prisión por la apropiación y supresión de identidad del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana. La jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral Federal 6, destacó que robar criaturas es delito de lesa humanidad y ordenó que se investigue al represor por participar en interrogatorios bajo tortura en Campo de Mayo. Rei se fue con la cabeza gacha, escoltado por cuatro agentes del Servicio Penitenciario rumbo al penal de Marcos Paz. Minutos después, en la escalinata de Comodoro Py, Alejandro Sandoval Fontana, emocionado y con una sonrisa, se abrazó con su abuela “Chela” Deharbe de Fontana y su tía Silvia. “Hoy se cierra una puerta y se abren otras”, les confesó. “Yo ya elegí: las quiero.” Un centenar de familiares y compañeros de militancia de sus padres, mezclados con militantes de H.I.J.O.S., no paraba de aplaudir.

–Liliana debe estar tranquila –apuntó Chela.

–Sí, mamá debe estar con Pedro –respondió Alejandro.

La condena de ayer es la primera a partir de muestras de material genético obtenido mediante un allanamiento judicial. También es la pena más alta para un apropiador. El tribunal que también integran José Martínez Sobrino y Julio Panelo condenó a Rei por retención y ocultamiento de un menor de diez años, supresión de estado civil y falsificación de tres documentos públicos: partida de nacimiento, DNI e inscripción en el Registro Civil. Ordenó que se rectifiquen los registros y se investigue a Rei por falsear también la cédula de identidad del joven.

El tribunal encomendó al Colegio Público de Abogados que analice la violación de todas las normas de ética profesional conocidas por parte de Alejandro Macedo Rumi, quien ayer logró superar en seis años la pena a su anterior cliente condenado por robar bebés, el capitán Enrique Berthier. Finalmente, como adelantó Página/12, ordenó que se investiguen las motivaciones del subcomisario Adolfo Osvaldo Porcel para falsear el acta del allanamiento en la casa de Alejandro, en agosto de 2005, el escaso esmero de los empleados del juzgado de María Servini de Cubría para controlar la legalidad del procedimiento y le encomendó al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que “ilustre al personal de las fuerzas de seguridad” para que respeten las reglas durante los allanamientos.

Militantes del Frente Revolucionario 17 de Octubre, Pedro y Liliana fueron secuestrados en 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino “Club Atlético”. A Liliana, de 20 años, se la llevaron el 26 de diciembre, a punto de parir a su hijo, a quien pensaba llamar Pedro. Rei, comisionado por la Dirección de Inteligencia de Gendarmería al Primer Cuerpo de Ejército, inscribió al bebé el 5 de abril de 1978. El acta de nacimiento la firmó el cardiólogo militar Julio Cáceres Monié, que también colaboró con otros ladrones de bebés. En 2006 el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro es compatible en un 99,999996 por ciento con el de Fontana-Sandoval.

Durante la primera audiencia, Rei admitió el robo a su manera: “Ni en la Rusia de Stalin se juzgó a alguien treinta años después por adoptar y criar a un huérfano”. No contó quién lo convirtió en huérfano ni cómo se lo apropió. Prometió hablar “sobre ese tema” luego de Alejandro. Obligado a exponer su tragedia por voluntad del victimario, el joven le dio la mano con lástima y se esforzó por ayudar “a Víctor”, así lo llama. Tres semanas después, Rei pidió una audiencia especial pero no se animó a hablar. Ayer volvió a defraudar. “Sólo quiero decir que Gustavo y Alejandro son y serán los únicos amores de mi vida”, dijo por la mañana. Gustavo es su hijo.

Los abogados de Abuelas, igual que el fiscal Martín Niklison, habían pedido 25 años. Igual se conformaron con 16. “La pena, seis años mayor que la de Berthier, ayuda a romper con la creencia de que no era tan malo apropiarse de un hijo de desaparecidos”, explicó Luciano Hazán. “Muestra que un niño secuestrado también es víctima de desaparición forzada. Por eso es delito de lesa humanidad”, agregó. “La orden de rectificar la partida y el DNI reconocen el derecho de Alejandro a recuperar su identidad”, destacó Alan Iud. Nina Brugo celebró que “por primera vez un tribunal oral reconoce que la apropiación es delito de lesa humanidad”.

Alejandro siguió la sentencia desde el móvil de Canal 7. Por un incidente menor el tribunal le había prohibido ingresar a la sala. “Me siento tranquilo, mucho mejor”, contó a Página/12. ¿Qué implica el fallo? “Poder cerrar una puerta y abrir otras, conseguir tranquilidad”, insistió. Cuando conoció a su familia “ni ellos ni yo estábamos preparados para construir una relación”, dijo. ¿Y hoy? “Como toda familia”, sonrió con ojos de chico travieso. “Triunfó la verdad, estoy contenta, aunque me traba no tener a mi hermana”, admitió Silvia Fontana. “Hoy lo importante es que Alejandro es libre y está con nosotros. Con sus condiciones, con la vida desgraciada que le tocó, podemos verlo y podemos besarlo.”

miércoles, 22 de abril de 2009

Un deseo con formato de noticia

Desmienten que el caso Larrabure haya sido considerado delito de lesa humanidad

La Procuración General de la Nación aclaró que un fallo judicial sobre el caso del coronel secuestrado por el ERP incluyó sólo cuestiones procesales y no se expidió sobre la cuestión de fondo. El tema se publicó ayer en La Nación.

Por Diego Martínez
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Esteban Righi cuestionó la “banalización” y “manipulación” de figuras del derecho penal internacional.

El avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad no sólo deriva en condenas y suicidios. La esperanza de grupos marginales con voceros de peso de instalar en el ideario colectivo que las organizaciones armadas de los ’70 cometieron “delitos de lesa humanidad”, por ende imprescriptibles, derivó ayer en una extensa nota aclaratoria de la Procuración General de la Nación, referida una vez más a la causa por el secuestro y la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1974.

Ante un inexistente “fallo” de la Cámara Federal de Rosario confirmando que se trató de un “delito de lesa humanidad”, el organismo que encabeza el procurador Esteban Righi aclaró que se trató de una resolución sobre temas estrictamente procesales, cuestionó la “banalización” y “manipulación” de figuras del derecho penal internacional por parte de sectores de la prensa que no identificó y destacó que “la reiterada desinformación que se viene observando” alrededor del caso Larrabure “parece responder a motivaciones ajenas al proceso penal”.

El 31 de octubre de 2006, días después de las dos primeras condenas por crímenes de lesa humanidad a Miguel Etchecolatz y Julio Simón, el abogado Javier Vigo Leguizamón se presentó ante la Justicia en representación de Arturo Larrabure, hijo del militar, y solicitó la reapertura de la investigación, archivada por la Justicia federal de Rosario en 1977. Luego hubo una sucesión de irregularidades. Aunque no había elementos nuevos para analizar la reapertura de la causa, el juez federal Germán Sutter Schneider corrió vista al fiscal Francisco Sosa para que instruyera la causa. El fiscal, pese a que no había imputados que lo obligaran a tomar posición, dictaminó que por el tiempo transcurrido los eventuales delitos estaban prescriptos. No convenció a Sutter Schneider, luego recusado por ser hijo de un ex ministro de Educación y Gobierno de Santa Fe durante la dictadura, quien reclamó la opinión del fiscal general Claudio Palacín.

Palacín y luego la fiscal federal Adriana Saccone le indicaron al juez que la consulta era irregular porque antes debía pronunciarse sobre el dictamen de Sosa. Pero ante la insistencia de Sutter Schneider, que luego cuestionaría tanto el juez Marcelo Bailaque como la Procuración, el 30 de octubre de 2007 el fiscal Palacín, que tampoco tenía razones legales para un pronunciamiento de fondo, dictaminó que los delitos de los que había sido víctima Larrabure fueron cometidos en un contexto de “conflicto armado interno” y eran crímenes de lesa humanidad.

La operación reavivó las esperanzas de Cecilia Pando & Cía. de reabrir un debate saldado y derivó en una exhaustiva directiva de Righi, elaborada por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración. El fiscal federal Jorge Auat y el coordinador de la Unidad, Pablo Parenti, demostraron en su informe la imposibilidad de incluir los delitos que afectaron a Larrabure dentro de las categorías de lesa humanidad o crímenes de guerra y llamaron la atención sobre las irregularidades procesales del mecanismo de consulta articulado por Sutter Schneider y aceptado por Palacín.

En agosto pasado, una resolución del juez Bailaque sobre varios pedidos de nulidad fue tergiversada por algunos sectores de la prensa, que informaron sobre la “confirmación” del dictamen de Palacín respecto de la cuestión de fondo. La operación generó la primera aclaratoria de la Unidad Fiscal. Ocho meses después, la jugada se repite. La Nación, que el año pasado respaldó la noticia que no existió con un editorial, publicó anteayer que la Cámara de Rosario consideró el caso Larrabure como un delito de lesa humanidad. La Procuración aclaró ayer que la Cámara rosarina sólo trató “cuestiones de carácter netamente procesal”.

Ante la llamativa recurrencia del error, el comunicado explica que “recién después de la apertura o reapertura de una investigación” y sólo “si existe algún imputado” puede discutirse si el delito constituye o no un crimen de lesa humanidad. “Forzar una discusión” sobre el punto mientras se analiza la reapertura “no se justifica jurídicamente y parece responder a motivaciones ajenas al proceso penal”, destaca. Ante “ciertas noticias de prensa” que no especifica, la Procuración destaca que lleva años “estudiando el desarrollo del derecho penal internacional” y “cuenta con recursos humanos de primera línea”, justamente para evitar “caer en una banalización de las categorías jurídicas”.

domingo, 19 de abril de 2009

Juez complicado, proceso demorado

RETRASOS EN UN JUICIO A REPRESORES EN CORDOBA
Por Diego Martínez

El avance de la investigación del Consejo de la Magistratura sobre la complicidad del juez Carlos Otero Alvarez con la represión ilegal, cuando era secretario del juez federal de Córdoba, puso en serio riesgo el comienzo del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia.

El vocal del Tribunal Oral Federal 1°, que el año pasado condenó a Menéndez & Cía., pensaba jubilarse el 31 de julio, luego del juicio por el asesinato de Ricardo Albareda en 1979. Pero cuando trascendió su posible citación a la Comisión de Acusación y Disciplina, solicitada por la diputada Diana Conti a instancias del director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, el magistrado dejó trascender la posibilidad de adelantar la partida y desintegrar el TOF. Familiares e H.I.J.O.S. Córdoba, que litigan las causas y recusaron a Otero Alvarez antes del primer juicio a Menéndez, repudiaron a quienes “por acción, omisión, individualismo, vedetismo o complicidad pretenden posponer los juicios” y reclamaron al Estado que “arbitre urgentemente las medidas necesarias” para garantizar la continuidad de los procesos. El caso pone a prueba a la flamante Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran los cuatro poderes del Estado.

En 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la “complicidad manifiesta” del ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su secretario en las torturas a Héctor Aurelli. “Tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración”, apuntó. El año pasado H.I.J.O.S. y Familiares recusaron a Otero Alvarez por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos en 1976, pero el TOF rechazó la denuncia. Fue entonces cuando Baronetto, contrariando a los organismos de derechos humanos, que veían peligrar el juicio, lo denunció ante el Consejo. En 1977, preso en Sierra Chica, el entonces militante de la Juventud Peronista padeció a Otero Alvarez en carne propia. Antes de ser indagado le preguntó “¿por qué mataron a mi mujer?”, ejecutada en un tiroteo fraguado que el juzgado no investigó. “No podemos hacer nada”, respondió el secretario. El mes pasado el TOF rechazó una nueva recusación, en este caso, del fiscal José Asís. Otero Alvarez fue sobreseído en la causa UP1 por el juez Alejandro Sánchez Freites, pero la Cámara Federal debe resolver las apelaciones del fiscal Gustavo Vidal Lascano, la abogada María Elba Martínez y del propio Baronetto, que repercutieron en el Consejo. El senador radical Ernesto Sanz retiró su dictamen, que proponía desestimar la denuncia, y propuso tratar el de Conti, que pide indagar a Su Señoría.

Represores con custodia

ORDENARON AL GOBIERNO PORTEÑO DAR INFORMACION SOBRE EMPRESAS DE SEGURIDAD VINCULADAS CON ACUSADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Ante un pedido de Página/12, el juez Roberto Andrés Gallardo dispuso que el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, entregue los datos sobre socios, empleados, armas e inmuebles de dos agencias relacionadas con represores.

Por Diego Martínez
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El represor Héctor Mario Schwab fundó Scanner SA. El ministro Guillermo Montenegro se rehusó a dar información sobre esa empresa.

Por orden de la Justicia y en un plazo máximo de diez días, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, deberá suministrar a Página/12 información sobre dos empresas de seguridad privada vinculadas con represores prófugos por delitos de lesa humanidad. La solicitud de acceso a los registros oficiales fue denegada por la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr), por la Procuración General de la ciudad y por el propio ministro. A partir de un recurso de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales y previo dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo, el juez Roberto Andrés Gallardo calificó de “insostenibles” las reiteradas negativas, ordenó entregar los datos bajo apercibimiento de multar al ministro de Mauricio Macri y declaró inconstitucional un artículo de la Ley 1913 que limita el acceso de la sociedad a los registros del organismo encargado de fiscalizar el negocio de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires.

En noviembre de 2007, el autor de esta nota solicitó a la Dgspr datos sobre socios, empleados, armas e inmuebles de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y de Scanner SA. La primera, tal como informó Página/12 tres meses después, está registrada a nombre del yerno del coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, prófugo desde mediados de 2007. La segunda fue fundada en 1998 por el teniente coronel Héctor Mario Schwab, ex funcionario de Antonio Bussi en Tucumán durante la dictadura. Scanner fue uno de los sostenes financieros de las señoras nucleadas en torno de la apologista del genocidio Cecilia Pando. Un año después del pedido, Schwab también pasó a integrar la lista de prófugos.

La primera negativa fue del entonces titular de la Dgspr, Marcelo Fabián Martínez. Sostuvo que el artículo 21 de la Ley 1913, de seguridad privada, sólo le permitía informar si una empresa está o no habilitada. Ante una supuesta incompatibilidad con las leyes y tratados que obligan al Estado a brindar información, le pidió opinión a la Procuración. La procuradora general adjunta, Adelina Loianno, confirmó el rechazo. Invocó sin desarrollar fundamentos la Ley 1845, de protección de datos personales, y los límites previstos en la Ley 104, de acceso a la información.

Tras la asunción de Macri y de Germán Garavano como procurador general y ante una posible rectificación del criterio aplicado durante la gestión de Jorge Telerman, se presentó un recurso jerárquico ante el jefe de Gobierno. Allí se destacó que el pedido no estaba comprendido en las limitaciones de la ley de acceso a la información, que no corría ningún riesgo “el derecho al honor, la intimidad y la autodeterminación informativa” protegidos por la Ley 1845, y en base a un dictamen de 2006 de la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña se recordó que “la seguridad privada es una actividad de interés público que desarrollan particulares”, que es “complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública” y que “es de vital trascendencia para la sociedad” saber cómo funciona. Se agregó que la ley vigente sólo impide contar con ejército propio a represores condenados e indultados. Nada de esto logró conmover al ex liceísta Montenegro. Invocando los dictámenes de Loianno y de Fernando Lema, director de asuntos jurídicos de la Procuración, el ministro rechazó el pedido por tercera vez. El membrete del escrito que registró el archivo del expediente asegura: “GCBA 2008. Año de la Democracia y vigencia de los Derechos Humanos”.

Pruebas suficientes

El recurso de amparo, elaborado por el abogado Mariano Laufer Cabrera, del CELS, incluyó un elemento nuevo. La Defensoría del Pueblo de la ciudad, encargada de garantizar la protección de datos personales, dictaminó que los solicitados no afectaban “la intimidad de las personas” y le recomendó a Montenegro brindar la información porque sus argumentos “no resultan sostenibles ni válidos ni razonables”. La defensora Alicia Pierini recordó que gracias a las leyes de impunidad el número de condenados era ínfimo y reclamó “desarrollar los mecanismos necesarios para excluir de las funciones públicas a todas aquellas personas de las que existan pruebas suficientes de su participación en crímenes de lesa humanidad”.

Por sorteo la causa llegó a manos del juez Gallardo, que el lunes dictó su fallo. Apuntó que el pedido no incluía información reservada ni sensible. Coincidió con el dictamen de la fiscal Mariana Pucciarello, que sostuvo que la divulgación de los datos en cuestión “no afecta la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o una investigación criminal”, limitaciones para acceder a registros oficiales fijados por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ganora. Y destacó la “gravedad institucional” de las cuatro negativas –la última ante su juzgado– ya que “el GCBA no puede a esta altura de los acontecimientos desconocer las causas por las cuales se ha solicitado la información”.

“La mera posibilidad de que personas que hayan sido partícipes de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar pudieran integrar directa o indirectamente organizaciones empresariales destinadas a brindar ‘seguridad’ privada resulta de una envergadura tal que cuesta imaginar cuáles son las razones que puede tener en mira el GCBA para impedir el conocimiento de la información requerida, utilizando para ello diseños formales claramente evitables”, resaltó el magistrado. Le ordenó a Montenegro suministrar los datos requeridos y declaró inconstitucional el artículo 21 de la Ley 1913, que impide a la sociedad rastrear a los genocidas que se esconden detrás de sus propias empresas de seguridad.

“El fallo es importante porque fija el estándar de que todo ciudadano tiene derecho a exigir al gobierno información vinculada con un tema sensible y de evidente interés público como la seguridad. El goce real y efectivo de ese derecho es condición necesaria para intentar alcanzar un nivel de respeto mínimo de los compromisos democráticos y de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, destacó el abogado Laufer Cabrera. “El fallo sienta un precedente fundamental para avanzar en el control y monitoreo de las agencias de seguridad privadas, cuyo sostenido crecimiento a lo largo de los últimos diez años hizo que los custodios privados superaran en número a los efectivos policiales, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires”, apuntó el CELS en un comunicado.

jueves, 16 de abril de 2009

Un obispo ante la justicia terrenal

Juan Rodolfo Laise será investigado junto a un camarista de Mendoza por su actuación durante la dictadura

El Tribunal Oral Federal de San Luis investigará al obispo emérito de esa provincia, al ex juez federal Eduardo Allende y a su secretario Carlos Pereyra González, actual camarista de Mendoza, por su complicidad durante la represión ilegal.

Por Diego Martínez
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El Tribunal puntano condenó a cinco represores por terrorismo de Estado.

El obispo emérito Juan Rodolfo Laise, el ex juez federal Eduardo Allende y su secretario Carlos Martín Pereyra González, actual juez de la Cámara Federal de Mendoza, serán investigados por la Justicia junto con decenas de militares retirados y policías, todos libres e impunes, por su rol en San Luis durante la última dictadura. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal puntano, que el mes pasado condenó a prisión perpetua a cinco represores, fallo cuyos fundamentos se conocieron ayer.

En términos estrictos la decisión de investigar la complicidad civil fue de Raúl Alberto Rodríguez y Roberto Julio Naciff, que detallaron los relatos que vinculan a magistrados con torturadores y destacaron que Laise no sólo conocía “el proceso de exterminio del opositor político” sino que, como máxima autoridad de la Iglesia Católica, “tenía ascendencia e incidencia sobre aquellos que lo estaban ejecutando”. El tercer juez, Jorge Roberto Burad, redactó su propio voto y se limitó a los uniformados.

“El hecho de que el obispo Laise acudiera al Comandante del Area 333 para matar a una persona no tiene otra lectura sino que el prelado conocía que en San Luis se estaba matando gente”, apuntaron. La persecución por parte del obispo que denunció el ex sacerdote Pablo Melto, la declaración del coronel Miguel Angel Fernández Gez sobre el pedido divino de hacer desaparecer a un cura y los dos secuestros que sufrió Melto “son bastantes motivos para disponer se extraiga compulsa de Laise por la posible comisión de delito”. Como ejemplo de la ascendencia del obispo citan “el sermón que en la Penitenciaría dio a los detenidos políticos, junto a los torturadores, diciéndoles ‘hijos míos, a ustedes hay que extirparles el alma’”, sabiendo que “para extirparles el alma había que matar el cuerpo”.

La descripción pormenorizada de toda la estructura ilegal que operó en San Luis deja en evidencia el largo camino de justicia por recorrer. La plana mayor del Comando de Artillería 141, a cargo de Fernández Gez, la encabezaba el teniente coronel Guillermo Daract y la integraban Raúl Benjamín López, Gerácimo Dante Quiroga y Enrique Loaldi. Del Comando dependía el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 141 a cargo del teniente coronel Juan Carlos Moreno, a quien secundaban los tenientes Horacio Angel Dana, Carlos Alemán Urquiza, Alberto José Moreira, Urbano Acuña y Andrés Merlo, entre otros. De los secuestros cotidianos y los “ablandes” en la Jefatura de Policía se encargaba el capitán Carlos Plá y su “patota” del Departamento de Informaciones (D2), compuesta por el comisario Víctor David Becerra y los oficiales Juan Carlos Pérez, Carlos Hemenegildo Ricarte, Luis Mario Calderón, Omar Lucero, Cirilo Chavero, Juan Amador Garro, Luis Alberto Orozco y Jorge Hugo Velázquez.

“Las estructuras y engranajes represores señalados actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que les daba el aparato estatal”, destacaron. El grupo de Plá se encargaba de “buscar la información, llevar a cabo los secuestros, interrogatorios, tortura y operativos como los de libertades aparentes y posterior desaparición de las víctimas, que concluían con su muerte, en los que intervenían todos sus integrantes”. La patota de Moreno daba “cobertura logística y operativa con hombres, armas y movilidad para los secuestros”. En los interrogatorios en el centro clandestino que funcionó en la granja La Amalia destacaron el rol de Loaldi y Urquiza. Todos “conocían perfectamente la situación de cada detenido y cuál era la libertad real y cuál la ficticia”. “Para asegurar el pacto de silencio era necesario que todos intervinieran desde el principio hasta el fin.”

El voto mayoritario destaca la imposibilidad de condenar a los represores por el delito de genocidio, como solicitó la APDH. “De todas maneras, me veo en la obligación moral y jurídica de reconocer que en la Argentina en 1976-83 tuvo lugar una práctica sistematizada de exterminio de oponentes políticos que debemos calificar como genocidio”, apuntaron Rodríguez y Naciff. El presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, presenció la lectura de la sentencia.

domingo, 12 de abril de 2009

De la galera, para salvar a Patti

LA ULTIMA BATALLA DEL CRUZADO ALFREDO BISORDI

El ex juez de Casación, obsesionado por evitar el juicio al ex subcomisario represor, satura la causa de escritos, cuestiona a querellantes y a antropólogos, y al propio juez Juan Manuel Yalt, a quien además amenaza. “No me van a ganar por cansancio”, asegura.

Por Diego Martínez
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Alfredo Bisordi, ahora defensor a tiempo completo de Patti y maestro en dilaciones y chicanas.

El ex subcomisario Luis Patti lleva 16 meses privado legalmente de la libertad. Tiene procesamiento firme por seis secuestros, seis tormentos y un homicidio agravado. Fiscal y querellantes ya requirieron la elevación a juicio. El ex intendente de Escobar está en condiciones de ser juzgado con plenas garantías antes de que se cumpla el máximo previsto de tres años de prisión preventiva. El único obstáculo para poder demostrar su inocencia ante un tribunal imparcial es paradójicamente su abogado defensor Alfredo Horacio Bisordi, quien desde su renuncia a la Cámara de Casación y el blanqueo de su militancia está obsesionado en postergar hasta el infinito el comienzo del proceso. Para lograrlo satura la causa de escritos, cuestiona la legitimidad de los querellantes, los informes de los antropólogos forenses, y llega al extremo de sugerir que se falsean identificaciones de personas enterradas como NN para que familiares de desaparecidos cobren indemnizaciones. Tampoco duda en descalificar y amenazar al juez federal subrogante Juan Manuel Yalt, que esta semana tendrá oportunidad de poner coto a la estrategia dilatoria de Bisordi.

El viernes 3, cuando vencía el plazo para cuestionar los pedidos de elevación a juicio, Bisordi se instaló desde temprano en el juzgado federal de San Martín. Lejos de limitarse a pedir el sobreseimiento de su cliente, según él un simple oficial de calle apenas facultado para controlar documentos, presentó un extenso escrito para pedir la nulidad de todos los requerimientos, y otros 17 escritos para cuestionar la legitimidad de cada una de las querellas, con adjetivos previsibles para quien como juez de la Nación calificó a una sobreviviente de la ESMA de “delincuente terrorista”. El defensor insiste en que sólo viudos/as, padres e hijos de víctimas tienen derecho a exigir justicia, con la utópica esperanza de excluir del proceso a los organismos de derechos humanos y a las respectivas secretarías, nacional y provinciales. La discusión está zanjada desde hace años, pero todo vale para ganar tiempo.

Entre los querellantes particulares su mayor obsesión pasa por excluir a Gastón Goncalves, que es parte en la causa desde hace más de cuatro años y a quien el abogado histórico de Patti, Silvio Duarte, nunca cuestionó. No es un capricho infundado, ni odio a Los Pericos: el homicidio calificado de Roberto Gastón José Goncalves es hasta ahora el único por el que Patti será juzgado. Bisordi presentó cuatro escritos para cuestionarlo. En los primeros intentó desacreditar la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, que en 1996 exhumó del cementerio de Escobar e identificó a Goncalves. En el último sobrepasó todos los límites. “No está legalmente determinado que el presunto padre, Roberto Gastón José Goncalves, hubiese muerto a otro fin que no sea el de que sus parientes pudieran percibir una indemnización por su desaparición o larga ausencia con presunción de fallecimiento”, escribió. Goncalves militaba en Garín y Escobar, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y visto por última vez tres días más tarde, con signos de tortura, arriba de un patrullero estacionado en la comisaría donde trabajaba Patti. Pocos días antes el oficial de calle que llegaría a ser intendente de Escobar le había advertido: “Cuidate si querés seguir con vida”.

Al amplio abanico de enemigos declarados, a quienes califica de “terroristas” o intenta desacreditar por sus militancias de antaño, Bisordi incluyó en los últimos meses al propio juez de la causa, que desde enero reemplaza al renunciante Martín Suares Araujo. En escritos a los que accedió Página/12, el ex magistrado calificó a Juan Manuel Yalt de autista, irracional, sarcástico e ignorante del derecho. “Cualquier discusión jurídica que quiera plantear en este juzgado se convertirá siempre en un diálogo de sordos”, escribió. Lo acusó del “secuestro judicial” de Patti y le advirtió que “esa distracción puede costarle cara cuando el actual estado de cosas cambie y las instituciones de la República recuperen su vigencia y el prestigio perdido”. Lo imputó por instruir la causa “al servicio de fines ilícitos: la satisfacción de la venganza instrumentada desde el máximo poder político, en la que los jueces obran a sabiendas de que están colaborando en ese plan”. Le hizo notar que trabaja para “un régimen autoritario y decadente de gobierno, del que la justicia, con minúscula, forma parte”, y dejó en claro su voluntad de resistir: “En su juzgado no me van a ganar por cansancio. Me anima la firme decisión de no ser quien lleve la manija del cajón hasta la tumba en la que se han propuesto sepultar a mi defendido”.

Director del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de San Martín, Yalt se hizo cargo de la causa en enero. Arrancó con pie firme: para rechazar la excarcelación del coronel Luis Sadi Pepa con argumentos propios, diferentes a los del fallo “Díaz Bessone” de la Cámara de Casación, Yalt dictó la inconstitucionalidad de una ley que obliga a los jueces a acatar fallos plenarios de un tribunal superior. Con Bisordi, a pesar de los insultos, las amenazas, la reiteración hasta el hartazgo de planteos con leves retoques de forma y el objetivo declarado de “ganarle por cansancio”, ha tenido hasta la generosidad de no “cargarle las costas”, que en castellano significa no cobrarle por el trabajo extra que las maniobras dilatorias generan a los empleados del juzgado.

Al margen de la habitual lentitud de la instrucción, que en San Martín impulsan sólo las querellas, el juicio a Patti sufrió varias postergaciones. Los abogados particulares Ana Oberlin y Pablo Llonto pidieron la elevación en noviembre. Un mes después se conoció la renuncia de Suares Araujo. Recién a fines del mes pasado el fiscal Jorge Sica siguió los pasos de los querellantes. Pidió que se juzgue a Patti, a su superior en la comisaría de Escobar, el ex comisario Juan Fernando Meneghini, y a los generales retirados Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Fernando Verplaetsen y Eduardo Espósito. En los próximos días el juez Yalt debe decidir si rechaza in límine los planteos de Bisordi y eleva la causa a juicio, o bien si corre vista a las partes y permite que la pelota siga corriendo, a la espera de que el huracán con el que sueña Bisordi destruya el proceso de verdad y justicia.

sábado, 11 de abril de 2009

“Era una mujer con enorme lucidez”

Murió Mabel Gutiérrez, titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas

Desde el secuestro de su hijo Alejandro, en julio de 1978, Mabel Gutiérrez empezó su lucha inclaudicable por la verdad y la justicia. Falleció ayer por la mañana de un paro cardíaco. Sus cenizas serán esparcidas en el Parque de la Memoria.

Por Diego Martínez
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Su lucha inclaudicable incluyó también a los detenidos por razones políticas. No perdió la sonrisa pese a la tragedia.

A los 77 años, luego de treinta de lucha inclaudicable para exigir verdad y justicia, falleció ayer Mabel Gutiérrez, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y una de las máximas referentes de los organismos de derechos humanos del país. Integraba la organización desde el secuestro de su hijo Alejandro, el 24 de julio de 1978. Durante las últimas semanas participó de reuniones y encuentros, incluso con la presidenta Cristina Fernández, para consensuar estrategias con vistas a acelerar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Representaba a Familiares ante el Instituto Espacio para la Memoria. Sus restos serán velados hasta las cuatro de la tarde en la sede de Familiares, Riobamba 34. Luego su familia la despedirá en el cementerio Parque Iraola de Berazategui. Sus cenizas, tal su último deseo, se van a esparcir el martes a las once de la mañana en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria de Costanera Norte.

“Era una mujer con enorme lucidez, inteligencia y capacidad para resolver situaciones. No es casual que la redacción de todos los documentos de los organismos históricos se los encomendaran a Mabel”, recordó ayer Cristina Muro, que integra Familiares desde 1977.

Mabel había nacido en Saliqueló pero por el trabajo de su padre vivió en varios pueblos hasta que se instaló en Carlos Casares. Allí formó su familia. Tuvo tres hijos, ocho nietos y tres bisnietos. Hacia mediados de 1978 era ama de casa y había empezado a estudiar arquitectura. Alejandro tenía 25 años, había estudiado periodismo y trabajaba en una vidriería. Fue secuestrado en Tolosa, cerca de La Plata, donde militaba, y visto por última vez en cautiverio en el centro clandestino La Cacha, que formó parte del circuito Camps. La causa que debería investigar los crímenes cometidos allí está radicada en el Juzgado Federal de Manuel Humberto Blanco, que aún no citó a declarar a ningún represor.

Tras la desaparición de Alejandro, abandonó el apellido de soltera y pasó a llamarse Mabel Gutiérrez, como un modo de hacer público el orgullo por su hijo. Pronto se integró a Familiares, el primer organismo de allegados directos de víctimas del terrorismo de Estado, nacido en septiembre de 1976. “Alejandro me había hablado de este organismo, me mostró el camino”, contó alguna vez.

“Desde el inicio, nuestro nombre fue una declaración de principios. Eramos un grupo grande de madres, padres, hermanos, esposos de desaparecidos y detenidos, y siempre tuvimos en claro que las causas eran razones políticas”, explicó. Su lucha no se limitó a los desaparecidos. “Los presos políticos, más de 10.000, eran víctimas de los mismos métodos represivos. Era una bandera y lucha paralela. Discutíamos con otros organismos que decían que por lo menos sus familias sabían dónde estaban. Nosotros sosteníamos que debíamos lograr que los liberaran”, rememoró.

“Desde la desaparición del Flaco, Mabel asumió la defensa de los derechos humanos en forma inclaudicable”, recordó María, la mujer de Alejandro, con quien tuvo dos hijos. “Con esa bandera de lucha exigió justicia aquí y en el exterior. Lamentablemente no llegó a obtener justicia en nuestro caso, pero alcanzó a ver que su lucha fue asumida por la sociedad en su conjunto. Eso es gracias a luchadoras como Mabel, que nunca se dio por vencida. Su ejemplo de amor, honestidad y consecuencia es un orgullo para toda su familia”, agregó.

En 2001, durante la inauguración de la escultura Victoria en el Parque de la Memoria, Mabel explicó que la obra simbolizaba “la victoria de la memoria sobre el olvido y el silencio”. Recordó que para su autor, William Tucker, “refleja el horror pero también la esperanza”, y agregó que la consideraba “un llamado a nuestro deber y compromiso de asumir las reivindicaciones de un modelo de país con trabajo, educación, salud y vivienda para todos, que enarbolaron miles de detenidos-desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados, para lograr que su lucha se haga realidad”. Allí, junto al nombre de Alejandro, descansarán sus cenizas.

viernes, 10 de abril de 2009

Empujón contra la impunidad

LOS FISCALES IMPULSAN EN MENDOZA UN PROYECTO PARA ACELERAR LOS JUICIOS

Organismos de derechos humanos respaldaron la iniciativa de los fiscales federales para que los tribunales de Mendoza se avengan a juzgar a los represores acusados por delitos de lesa humanidad. Se creará una oficina especial para atender las causas.

Por Diego Martínez
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El fiscal federal Jorge Auat, titular de la Unidad Especial, impulsó el proyecto en Mendoza.

La impunidad que reina en Mendoza, con más de doscientos desaparecidos y ningún represor preso, podría comenzar a revertirse. Con el visto bueno de los organismos de derechos humanos, la firma de dos fiscales federales y del flamante fiscal general ante el Tribunal Oral, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de investigaciones sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación presentó ante el juez federal Walter Bento un plan de trabajo para acumular causas a fin de agilizar las instrucciones y lograr en el corto plazo los primeros procesos orales y públicos. El fiscal federal Jorge Auat, director de la Unidad, anunció también la creación de una oficina de asistencia, con siete empleados, que ya funciona en una dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El anuncio se produjo días después de que la directora de Derechos Humanos provincial, María José Ubaldini, adelantara la voluntad del gobierno de Celso Jaque de sumarse al pedido de juicio político contra Alfredo Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Petra Fernández. Son los miembros de la Cámara Federal que en noviembre liberó a los últimos dos represores presos. Las primeras denuncias ante el Consejo de la Magistratura las formularon el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos local y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.

El documento que recibió Bento lleva las firmas de Auat, del fiscal general Oscar Palermo y de las fiscales María Alejandra Obregón y María Gloria André. “Compartimos la propuesta”, aclaró Viviana Beigel, abogada del MEDH. “Venimos reclamando la unificación desde la reapertura de la causa hace cuatro años. Nunca se nos hizo lugar salvo alguna excepción puntual. Por primera vez un fiscal propicia el mismo criterio”, agregó.

A partir del estudio de 116 expedientes, que abarcan a 245 víctimas, los fiscales plantearon la necesidad de elevar en conjunto los ocho que tienen requerimiento fiscal y los once que cuentan con procesamientos firmes, para que se traten en un único debate oral. La oficina que conduce Palermo formulará un pedido similar al TOF para que unifique las nueve causas ya elevadas. Sobre el resto de los expedientes, la propuesta es acumularlos en tres grupos, según centros clandestinos: Casino de Suboficiales, Campo Las Lajas y la Dirección de Investigaciones (D2) de la policía. La unidad reclamó que en las causas no elevadas se indague a los imputados por asociación ilícita y formuló un planteo para que recusaciones y excusaciones de camaristas sean resueltas por jueces y no por abogados.

Los anuncios, sumados a declaraciones de Auat sobre la necesidad de sanear la justicia, desataron una dura reacción de los magistrados cuestionados. Petra Fernández acusó al fiscal de “falta de decoro y dignidad”, repudió sus “expresiones lamentables” y anunció una presentación ante el procurador Esteban Righi que aún no se concretó. También expresó su disgusto por las palabras del ministro de Gobierno, Mario Adaro, por repudiar el rol de la Justicia durante la dictadura y aseguró que el anuncio de Ubaldini de sumarse al pedido de juicio político “no representa el pensamiento del gobernador”. Las acusaciones de Petra Fernández derivaron en muestras de solidaridad hacia el fiscal Auat, incluida la del diputado nacional mendocino Jorge Alvaro, que denunció que “este apego al formalismo esconde el evidente propósito de proteger encubriendo a los responsables de delitos aberrantes cometidos hace más de tres décadas”.

Las buenas nuevas se producen luego de un 2008 para el olvido, que incluyó amenazas y mensajes mafiosos contra testigos y querellantes. Hace un año, tras meses de resistencia, el Partido Demócrata renunció al Ministerio de Seguridad en respaldo del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, denunciado por su actuación en la D2. Pereyra González fue denunciado en San Luis por negarse a recibir denuncias de tormentos cuando era secretario del juez puntano. Un abogado que asistía a familias de víctimas declaró que el camarista le confesó haber visto a una detenida torturada en la Jefatura de Policía. El juez pidió una audiencia especial para someterse a un careo pero cuando el Tribunal fijó la fecha no se presentó.

jueves, 9 de abril de 2009

Llegó el turno de los penitenciarios

Elevaron a juicio oral un tramo de la causa por la represión en la Unidad 9 de La Plata

Catorce represores de la unidad carcelaria que, durante la dictadura, concentró la mayor cantidad de presos políticos del país tendrán que enfrentar al tribunal. Los homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y Juan Carlos Deghi.

Por Diego Martínez
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En la Unidad 9 de La Plata encarcelaron en distintos pabellones a los presos de Montoneros y ERP.

A dos años y medio de la condena a reclusión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz, a 17 meses de la del (aún) sacerdote Cristian Von Wernich y luego de un 2008 de sequía, La Plata volverá a ser protagonista de un proceso por crímenes de lesa humanidad. El juez federal Manuel Blanco elevó a juicio oral y público un primer tramo de la causa contra catorce represores de la Unidad Penal 9, que durante la dictadura concentró a la mayor cantidad de presos políticos del país. Deberán rendir cuentas ante el Tribunal Oral Federal 1 por un total de 124 privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. Se trata del primer juicio a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre los imputados se destacan el entonces segundo jefe del Servicio Penitenciario, Elvio Omar Cosso, el sanguinario director del penal Abel David Dupuy, y el ex jefe de inteligencia del SPB durante la gobernación de Felipe Solá, Ramón “El Manchado” Fernández.

“La falta de juicios durante 2008 implicó un retroceso muy grande en el proceso de verdad y justicia en La Plata. Por eso la elevación es un paso muy importante. Para que el proceso se afiance es imprescindible que haya sentencias”, explicó Marta Vedio, abogada de la APDH La Plata. “Además es importante que por primera vez se meta mano en el Servicio Penitenciario, estructura corrupta e intocada desde 1976 hasta hoy”, agregó.

“Es el juicio que tenemos, no el que queremos”, aclaró Guadalupe Godoy, letrada de Justicia Ya! “Son juicios que terminan siendo parciales por la inoperancia del aparato judicial, que teniendo todas las pruebas en su poder se limita a acusar a un número limitado de represores e incluye sólo a algunas víctimas, con el agravante de que en este caso no está contemplada la existencia de una causa residual”, agregó.

La elevación se produce cuatro meses después del requerimiento del fiscal Sergio Franco y apenas tres semanas antes de que se venzan los tres años de prisión preventiva que el Código Procesal fija como tope máximo. La demora en la instrucción y la prolongación de las detenciones genera infinidad de planteos de los imputados y, en el caso platense, obligará al TOF que preside Carlos Rozansky a fijar fecha de inicio para evitar fallos como el de la Cámara de Casación que en diciembre ordenó liberar a Astiz, Acosta & Cía. Sobre la lentitud de la investigación a cargo de Blanco, Vedio destacó como motivo central el escaso personal (dos empleados) del juzgado abocado a causas de lesa humanidad. “La falta de estructura es un problema objetivo que las querellas hemos planteado más de una vez a la Corte Suprema de Justicia, hasta hoy sin respuesta”, recordó.

La lista de imputados la encabeza Elvio Cosso, segundo jefe del SPB después del interventor, coronel Aníbal Guillén, que murió impune. Lo acompañarán el entonces jefe de la U9, Abel Dupuy, el subjefe Isabelino Vega, el jefe de seguridad Víctor Ríos, los penitenciarios Ramón Fernández, Raúl Aníbal “Nazi” Rebaynera, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Valentín Romero, Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, y los civiles médicos Enrique Leandro Corsi, Luis Savole y Carlos Domingo Jurio. La mitad de los catorce represores están en la cárcel de Marcos Paz. Cosso, Vega, Romero y Fernández gozan de arresto domiciliario, en tanto los tres médicos fueron excarcelados. “El Manchado” Fernández fue jefe de inteligencia del SPB desde noviembre de 2003 hasta abril de 2004, cuando Página/12 publicó su prontuario. “El Oso” Acuña será juzgado sólo por una víctima, no por el centenar de delitos que se le imputan en el centro clandestino La Cacha, causa en la que el juez Blanco aún no ordenó ninguna citación a indagatoria.

La Unidad 9 fue una de las cárceles que más presos políticos recibió durante la dictadura. La mayoría provenían de centros clandestinos. La llegada a La Plata implicaba el “blanqueo”: pasaban a estar a disposición del Poder Ejecutivo. Según la APDH, “esos detenidos, que llegaban torturados, con hambre y en magras condiciones de salud e higiene, encontraban en la U9 un trato similar al que recibían en los centros clandestinos”. El penal tenía dos “Pabellones de la Muerte”: uno para militantes de Montoneros, otro para los del ERP. La gestión Dupuy, que asumió el 13 de diciembre de 1976, se caracterizó por las requisas permanentes, golpizas en celdas de castigo y, su marca registrada: la doble fila de guardias golpeando a los detenidos esposados y encapuchados. Durante le juicio se tratarán los homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y Juan Carlos Deghi, asesinados en enfrentamientos fraguados durante supuestos traslados. También el homicidio producto de las torturas del cordobés Alberto Pinto, con quien los penitenciarios se ensañaron por su condición de judío y por quien su hermano Carlos, querellante en la causa, reclama justicia desde hace treinta años.

miércoles, 8 de abril de 2009

“Los partidos viven en el pasado”

Entrevista con Hugo Cañón, tras renunciar a la Justicia y pasar a la política

El ex fiscal federal de Bahía Blanca se sumó al Encuentro por la Democracia y la Equidad, de Martín Sabbatella. Dice que “el gran déficit de la política” son “los sectores vulnerables” y la desigualdad social.

Por Diego Martínez
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Cañón preside junto a Adolfo Pérez Esquivel la Comisión por la Memoria bonaerense.

Después de 23 años como fiscal federal general de Bahía Blanca y a una semana de haber pedido la elevación a juicio de la causa contra los represores de La Escuelita, Hugo Cañón cambió de trinchera. El hombre que se plantó frente a la obediencia debida y los indultos cuando la mayoría de la familia judicial acataba sin chistar, renunció al Ministerio Público para sumarse al flamante Encuentro por la Democracia y la Equidad, que encabeza el intendente de Morón, Martín Sabbatella.

–¿Por qué ahora, justo cuando el juicio por el que tanto peleó está cerca de concretarse?

–Hay ciclos en la vida y el mayor esfuerzo lo he dado en momentos de gran soledad. El proceso de justicia es irreversible, en Bahía hemos formado una unidad fiscal de excelencia, hemos armado los casos minuciosamente y el requerimiento de elevación es una plataforma básica pero muy completa.

De cuna antiperonista, madre radical, padre conservador, almacenero e inmigrante español, Cañón ingresó a la Justicia por concurso en 1969, como practicante. El golpe de Estado lo encontró en la Asociación Judicial Bonaerense y como empleado en un juzgado provincial. “Quedate tranquilo, estás limpio”, le aclaró el juez Carlos Altuve, luego funcionario duhaldista, tras consultar a Ramón Camps. En 1987 logró que la Cámara Federal bahiense indagara y dictara prisiones preventivas rigurosas a los principales jefes del Cuerpo V de Ejército. Fue el primer fiscal que impugnó la Obediencia Debida, actitud que le valió un apercibimiento del procurador Juan Gauna y un editorial de La Nueva Provincia por “traidor a la patria”, y también los indultos, que Menem le facturó con un sumario y un pedido de cesantía.

–Más allá del sentimiento de deber cumplido, ¿por qué el salto?

–Siento la necesidad de aportar desde otro lugar y la política es la herramienta esencial para lograr cambios sustanciales. La degradación de la política que vivimos puede y debe revertirse. Y poder brindar experiencia y conocimientos en un espacio de libertad como el que vivimos, sin autoritarismos, torna posible el desafío de pelear por la esperanza.

–La Comisión Provincial trabajó en ese sentido.

–Nuestro programa Jóvenes y Memoria, del que participan 3 mil chicos, muestra que si se dan las herramientas existe una generación llena de creatividad. El comportamiento de la juventud es un realimento fuerte, esperanzador. Y el espacio de Martín Sabbatella, con gente joven y una gestión transparente, de cara a la sociedad, es un espacio progresista que alienta a revitalizarse. Es, en definitiva, una apuesta de vida.

–Usted simboliza la lucha por la justicia en una ciudad caracterizada en gran medida por la indiferencia y la desmemoria. ¿Es casual?

–Bahía tiene profundas contradicciones. Hay una ciudad oficial, formal, pendiente de las apariencias, que un actor definió como “los tapados de piel en el Teatro Municipal más allá de la cultura”, y otra más anónima que busca expandirse a través de la cultura, el arte, la generación de nuevas políticas. Se advierte en la evolución de la Universidad del Sur, que nació al calor de la Revolución Libertadora y en los últimos años ha entregado honoris causa a personas como Baltasar Garzón u Osvaldo Bayer.

–¿Qué políticas piensa impulsar?

–Políticas de Estado en materia de derechos humanos que trasciendan la coyuntura y los partidos. Debemos tomar conciencia de que el tema nos involucra como sociedad. O rige la ley de la selva o rige el respeto de las convenciones internacionales. En nuestro país hay un divorcio enorme entre normas y comportamientos. Mientras lo cotidiano es la transgresión a la ley, hay un discurso perverso que reclama endurecerlas o modificarlas, cuando lo que hace falta es cumplirlas. El Estado de derecho implica garantizar su cumplimiento y dar sustento a los más débiles. Ese es el gran déficit de la política: los sectores vulnerables, sin trabajo, con miseria. El dengue no es casual, se instala en centros de pobreza. Por eso el espacio se llama Encuentro por la Democracia y la Equidad, deben ser objetivos permanentes. Los partidos viven más en el pasado que en el presente. Más allá de una insinuación de cambio se mantienen las estructuras tradicionales.

–¿Cuál es su visión sobre las políticas de derechos humanos del kirchnerismo?

–Hay enormes asignaturas pendientes. Basta con recorrer el conurbano. El Gobierno tuvo resultados importantes con la formación de la nueva Corte Suprema, la nulidad de las leyes, la deuda, las reservas, los aumentos jubilatorios o la nacionalización de las AFJP, pero hay una demanda de igualar que está a flor de piel. Después de la dictadura y el menemismo algunos creyeron salvarse aislándose en countries. Pero la falta de alimentación, educación y contención de chicos produce lesiones irreparables, como muestra un estudio de Horacio Lejarraga, que presidió la Sociedad Argentina de Pediatría. Las sociedades más igualitarias no sólo producen más beneficios para los pobres, también para los ricos. En Argentina rige la idea de que, aunque la escuela pública se venga abajo, salvo a mi hijo si lo mando a una escuela de excelencia. La experiencia muestra lo contrario. Aunque más no sea por egoísmo, todos, incluso los más ricos, deberíamos tender a una sociedad más igualitaria.

lunes, 6 de abril de 2009

Buenos amigos de un apropiador

Abuelas y un fiscal denunciaron irregularidades en un allanamiento
Por Diego Martínez
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El gendarme Víctor Rei escuchará su sentencia el viernes 17.

En agosto de 2005, agentes de la Policía Federal allanaron la casa del joven apropiado por el oficial de inteligencia Víctor Rei en busca de objetos con rastros de ADN de Alejandro, como lo rebautizó. La jueza federal María Servini de Cubría detectó “llamativas circunstancias” y ordenó no peritar el material secuestrado. El mes pasado, durante una audiencia del juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 6, los testigos del procedimiento confesaron que trabajaban con Alejandro en la panadería del suegro, que fueron “todos juntos” a la casa y que no ingresaron a la habitación ni al baño para controlar qué se llevaban. Agregaron que fueron a ratificar el testimonio a Comodoro Py con Alejando y su mujer, quienes “hablaron con una persona” mientras ellos esperaban “en el pasillo”, y no recordaron haber respondido preguntas. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y el fiscal Martín Niklison detallaron las irregularidades durante el alegato, en el que pidieron 25 años de prisión, y solicitaron al tribunal que ordene investigar las motivaciones del subcomisario Adolfo Osvaldo Porcel para falsear el acta y el escaso esmero de los empleados judiciales para controlar la legalidad del procedimiento.

Rei fue detenido el 17 de mayo de 2004 por orden de Servini. Declaró que Alejandro era su hijo biológico y había nacido en el Hospital Militar el 5 de abril de 1978. No convenció: el acta de nacimiento ubica el parto en calle Báez 840, que nunca existió, y lleva la firma de Julio César Cáceres Monié, un cardiólogo que trabajó en el Argerich hasta 1977 y firmó partidas falsas de otros hijos de desaparecidos. Servini procesó a Rei por robar y ocultar a un menor, suprimir su identidad y falsificar documentos públicos, y lo envió al mismo edificio de Campo de Mayo donde interrogaba hace tres décadas.

El joven se negó a realizarse un estudio genético. Como la Corte Suprema de Justicia había resuelto que la extracción compulsiva de sangre afectaba derechos personalísimos, Servini ordenó allanar su domicilio en busca de muestras de ADN. Según el acta de Porcel, del departamento Seguridad de Estado de la Policía Federal, el 9 de agosto de 2005 a media mañana se presentó con dos testigos en la casa y tocó la campana de la puerta. Los atendió la mujer, Tamara Villar, que según el acta estaba sola. Le leyeron la orden de allanar e ingresaron, con los testigos, al dormitorio y al baño. Se llevaron una sábana ajustable, dos fundas, un cepillo de dientes y un peine que, según le indicó la joven, pertenecían a Alejandro. Porcel dio por terminada su tarea cuando se comunicó con Adolfo Piendibene, secretario de Derechos Humanos del juzgado.

Dos semanas después, citados a Comodoro Py, los testigos ratificaron la versión. Nadie les preguntó dónde los convocó la policía ni cómo llegaron a la casa. Al día siguiente, Porcel reiteró su relato y fue Alejandro Ladra, perito del laboratorio químico de la Federal, quien aportó el primer dato de valor. “La señora dijo ‘los esperé ayer’, lo que nos pareció raro”, dijo. Servini puso en duda “la idoneidad del material secuestrado”, no sólo por la falta de espontaneidad del operativo. Apuntó que no se realizó a la hora indicada, que era llamativa la cama sin sábanas y que los objetos fueran seleccionados por la dueña de casa, y resolvió no peritarlos. Así concluyó la primera parte de la historia. En 2006, en base a un allanamiento posterior, el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro es compatible en un 99,99 por ciento con el de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana.

La gauchada

En la audiencia del 6 de marzo, los abogados de Abuelas confirmaron sus sospechas. El oficial Porcel, actual subcomisario de Campana, repitió su relato. “Mintió en forma descarada”, sostuvo Luciano Hazán, abogado del organismo. Ladra reveló otro dato que Porcel no consignó: Alejandro presenció el allanamiento. Pero fueron los dos testigos quienes, sobrepasados por la situación, contaron toda la verdad. Ambos trabajaban con Alejandro en la panadería del suegro. “Fue una gauchada. Me lo pidió mi jefe, Alberto Villar”, declaró Gustavo Martín. Contó que “la policía fue primero a la panadería” y desde allí “salimos todos juntos”. Admitió que estaba “muy asustado”. En el mismo auto, con el visto bueno de Porcel, viajaron el joven apropiado, su pareja y los compañeros-testigos. Dijo que no ingresó a la habitación ni al baño donde se secuestraron sábanas, peine y cepillo. Alfredo Albornoz, que es analfabeto, lo ratificó. Agregó que a la casa “llegamos nosotros y luego los otros” (los policías), y que Alejandro les abrió la puerta.

La última etapa de las irregularidades tuvo lugar en tribunales. Los testigos contaron ante el TOF-6 que llegaron a Comodoro Py en auto con Alejandro y Tamara. “Ellos hablaron con una persona y yo estaba sentado en una silla, en el pasillo”, declaró Albornoz. Reconoció su firma, pero no recordó que le hayan leído el acta, ni formulado preguntas. Las declaraciones de los panaderos –paradójicamente ofrecidos por Alejandro Macedo Rumi, defensor de Rei– llevan las firmas de Servini y del secretario Fernando Moras Mom, aunque los testigos no recordaban su notoria barba.

“Los hechos dejaron al descubierto la complicidad con la dictadura que pervive en sectores de las fuerzas de seguridad y la Justicia”, afirmó Hazán ante el TOF-6. “Desde que existe la posibilidad de obtener muestras de ADN de objetos personales hubo varios allanamientos frustrados, pero es el primero en el que las irregularidades están probadas”, agregó ante Página/12.

La denuncia recién podrá investigarse después del 17 de abril, día de la sentencia y última oportunidad del represor para contar ante el tribunal el único interrogante que no se develó durante el juicio: cómo llegó a sus manos el niño. En 1978, Rei estaba destinado en Campo de Mayo, sede de la mayor maternidad clandestina del Ejército, pero no es el único conducto posible. Su hermano Bernardino Agustín Rei era comandante de Gendarmería y estaba comisionado en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Su suegro, comisario Oscar Hugo Arteach, integraba la Policía Federal, la principal fuerza que operaba en El Atlético, de donde Liliana fue sacada a fines de diciembre de 1977 para tener a su hijo.

jueves, 2 de abril de 2009

Dos represores más tras las rejas

Fueron detenidos agentes que actuaron como interrogadores del Primer Cuerpo de Ejército

Tras los pedidos de captura del juez Daniel Rafecas, Juan Copteleza permanecía prófugo desde 2005 y Pedro Santiago Godoy desde 2007. Ambos se negaron a declarar y están detenidos en cárceles comunes.

Por Diego Martínez
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Los sobrevivientes del centro clandestino El Olimpo recuerdan a Copteleza como “Calculín”.

Hace treinta años se destacaron como interrogadores en centros clandestinos del Primer Cuerpo de Ejército. Cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó sus detenciones, ambos decidieron fugarse. El viernes Juan Máximo Copteleza se cansó de jugar a las escondidas y se entregó en la mesa de entradas del juzgado. Pedro Santiago Godoy no se resignó, burló con éxito a la Justicia durante más de cuarenta meses, hasta que el jueves pasado Interpol lo detuvo mientras caminaba con un familiar. Ambos se negaron a declarar y ya pasan sus días en cárceles comunes.

Oficial de inteligencia de la Policía Federal, Godoy tenía orden de detención desde octubre de 2005. Los sobrevivientes de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo lo recuerdan como “Calculín” por su parecido con el dibujo animado. Entonces tenía alrededor de cuarenta años, era de estatura media, cojo, pocos pelos, dentadura saliente, anteojos gruesos. Su presencia, junto a la de Julio Simón, el condenado “Turco Julián”, era una fija en las sesiones de tortura. Un ex cautivo de El Banco destacó su frialdad como interrogador: pasaba lista por la mañana para controlar que estuvieran todos, les daba mate cocido y luego los sacaba para torturarlos. Mario Villani recordó su “singular obsesión” por Pirí Lugones, nieta del escritor e hija del torturador. Calculín ya está alojado en el penal de Marcos Paz.

En junio pasado Rafecas elevó a juicio la causa que se conoce como “ABO” (por Atlético-Banco-Olimpo) y que hasta el momento incluye a Simón, Raúl Guglielmine-tti, Samuel Miara, Oscar Rolón, Raúl González, Eduardo Kalinek, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Eufemio Uballes, Roberto Antonio Rosa, Eugenio Pereyra Apestegui, Guillermo Cardozo y Juan Carlos Avena. Tras la reasignación de expedientes abarrotados en el Tribunal Oral Federal 5 que realizó la Cámara Nacional de Casación Penal, el juicio a las patotas de la Policía Federal recayó en el Tribunal Oral Federal 2.

Copteleza era personal civil de la Fuerza Aérea y conducía interrogatorios bajo tortura a médicos y enfermeras en El Chalet, que funcionó en la residencia del director del Hospital Posadas, en Haedo, durante la última dictadura. Era segundo jefe del grupo de tareas “Swat”, que se instaló en el policlínico por orden del general Reynaldo Bignone, con la misión de proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. Una sobreviviente que pasó por sus manos declaró en la causa que Copteleza le clavó “un atizador en el pecho, mientras cantaba la marcha de San Lorenzo y gritaba ‘para los enemigos ni justicia’”. El juez ordenó su detención a fines de 2007 y, ante la evidente voluntad de esconderse, pidió su captura. “Con los teléfonos intervenidos y vigilancia en los lugares que solía frecuentar, se vio cercado y, al ver que el seguimiento no cesaba, se entregó”, evaluó una fuente de la investigación.

Rafecas elevó la causa Hospital Posadas a juicio en diciembre. Hasta ahora en el banquillo hay cinco acusados, encabezados por el dictador Bignone. Tras la reasignación de causas que ordenó Casación, el juicio quedó radicado en el TOF-3, donde tramita la causa que juzga a los imputados por las coimas en el affaire IBM-Banco Nación. Gracias a sus 64 años y a las evidencias sobre su voluntad de no colaborar con la Justicia, Copteleza fue enviado al penal de Marcos Paz.

En la causa Primer Cuerpo continúan prófugos el policía Eduardo Angel Cruz, el penitenciario Néstor Roberto Cendón, el gendarme Juan Miguel Méndez y el coronel retirado Luis Enrique Baraldini. A fines de 2003, cuando Rafecas ordenó detenerlo por su actuación como jefe de policía en La Pampa, el ex carapintada indultado por Eduardo Duhalde se escondió en Bolivia, donde había sido agregado militar en los ’80. Según investigó el diario La Arena, se hizo llamar Luis Pellegri y se radicó en Santa Cruz de la Sierra, donde abrió un centro de equitación. Igual que en el caso del capitán Roberto Guillermo Bravo, fusilador de la Masacre de Trelew radicado en Miami, las exigencias burocráticas de los Estados que eligieron como segundo hogar les permiten continuar impunes.

miércoles, 1 de abril de 2009

La hora del debut en Bahía

Pidieron elevar a juicio la causa por crímenes de la dictadura

La fiscalía le solicitó al juez Alvarez Canale que convoque al primer proceso oral y público en la ciudad del sur bonaerense. Los acusados son cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo y tres ex integrantes de grupos de operaciones.

Por Diego Martínez
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El fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, realizó la instrucción de la causa junto a su par Antonio Castaño.

El primer juicio oral y público a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura comienza a tomar forma. A treinta años de los hechos y tres de la reapertura de la causa, los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron al juez Alcindo Alvarez Canale la elevación a juicio de un primer tramo de la investigación. Abarca a cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo, desde donde se organizó la represión clandestina en toda la Patagonia, y a tres ex integrantes de los grupos operativos.

Los militares retirados que serían juzgados en 2010 son el general de brigada Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Jorge Delmé y Jorge Enrique Mansuetto Swendsen y los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los primeros cuatro integraban el Estado Mayor, donde se decidía el destino de cada secuestrado, que encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi (ambos fallecidos) y Adel Vilas, recluido en su departamento de Bulnes 2087 y declarado insano por los mismos peritos que evaluaron a Emilio Massera.

El exhaustivo documento de 466 páginas destaca que “la dictadura instauró una máquina de muerte que no reconoce antecedentes en la historia de América Latina” y que la desaparición fue el “dispositivo de poder para vigilar y castigar a la totalidad del cuerpo social, para extirpar y edificar un nuevo orden en el que se vieran satisfechos los intereses, demandas y expectativas de la alianza cívico militar que promovió el golpe”. La elevación no incluye los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los obreros del diario La Nueva Provincia que organizaron a los trabajadores, porque tanto Cañón como la abogada Mirta Mántaras, de APDH bahiense, reclamaron la inhibición de Alvarez Canale y el avocamiento de Eduardo Tentoni, que investiga los crímenes de la Armada.

Los destinos y méritos de los imputados son los siguientes:

- Bayón, 82 años, fue jefe del Departamento Operaciones, del que dependía el “equipo de combate contra la subversión”. Teórico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra.

- El “mayor Delmé”, 72, como lo recuerdan las familias de las víctimas, era el encargado de negar información a quienes reclamaban por desaparecidos, en cautiverio a 200 metros de su oficina.

- Páez, 77, fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica, presidió un “Consejo de Guerra” que parodió un juicio a tres secuestrados y en 1977 fue trasladado a Campo de Mayo.

- Mansueto Swendsen, 77, fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, escala previa y posterior a La Escuelita, y del área militar 511, dentro de la cual se cometieron todos los delitos de lesa humanidad de la zona.

- Masson, 56, entonces subteniente, comandó la sección “Infantería” de la “Agrupación Tropa”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hasta el centro clandestino.

- Méndez, 56, apodado “el Loco de la Guerra”, integraba la Compañía de Comando y Servicios pero se sumaba a los operativos clandestinos y a los trabajos en La Escuelita, según se ufanaba ante los oficiales de reserva.

- García Moreno, 65, comisionado en Operaciones, será juzgado por dos homicidios calificados y por el blanqueo de tres secuestrados de La Escuelita mediante un Consejo de Guerra.

Bayón, Delmé, Masson y Méndez esperarán el juicio en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. García Moreno, que allí era discriminado por peronista, en el penal de Marcos Paz. Gozan de arresto domiciliario Páez (en República Siria 945, San Rafael, Mendoza) por problemas de salud, y Mansueto Swendsen (Soler 111, piso 10, Bahía Blanca) por pertenecer a la alta sociedad bahiense. En la causa permanecen prófugos el coronel Aldo Mario Alvarez, ex gerente de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y los capitanes Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel.

A repartir las causas de la represión

Reasignan los juicios del Primer Cuerpo en tribunales porteños
Por Diego Martínez

Los organismos de derechos humanos lo reclamaban desde hace años. La Procuración General de la Nación lo volcó en una propuesta concreta a principios de marzo. La respuesta se demoró pero llegó: un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal decidió reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral Federal 5, al resto de los tribunales federales porteños. La medida que permitirá juzgar en plazos razonables a los responsables de secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Atlético, Banco, Olimpo y Vesubio, entre otros, se anunciará hoy, durante la oficialización de la comisión interpoderes creada para agilizar las causas por crímenes durante la dictadura.

A medida que la Justicia federal fue elevando distintos fragmentos de causas por delitos en el Primer Cuerpo, la similitud entre las víctimas y, por otro lado, los imputados, que técnicamente se denomina conexidad, derivó en la acumulación de juicios en el TOF-5. Se trata del tribunal que en estos días juzga al general Olivera Róvere y a cinco ex jefes de área militar y que el 6 de octubre comenzará a juzgar a 18 represores de la ESMA.

El 3 de marzo la Unidad Fiscal de coordinación de procesos por terrorismo de Estado de la PGN y el fiscal general Alejandro Alagia, designado para actuar en juicios del Primer Cuerpo, formularon a Casación el pedido de reasignación de causas con el objetivo de “lograr su distribución racional”, mecanismo previsto por la ley 26.371 y que se aplicó en otras oportunidades. La respuesta llegó ayer, según confirmó a Página/12 una alta fuente judicial, y servirá de auspiciosa presentación en sociedad de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, integrada por representantes de los tres poderes y de la PGN, que se concretará hoy en el salón presidencial de la Corte Suprema de Justicia. La reasignación se haría según el volumen de trabajo de cada tribunal y sólo excluiría del sorteo al TOF-1, que debe juzgar a los responsables del Plan Cóndor y del centro clandestino Automotores Orletti.