miércoles, 30 de septiembre de 2009

Con otro viaje en puerta

El ex piloto Julio Alberto Poch declarará en España el 6 de octubre

El marino que confesó ante sus compañeros de una aerolínea holandesa su participación en los “vuelos de la muerte” deberá responder si acepta ser extraditado a la Argentina, donde el juez Sergio Torres pidió su detención.

Por Diego Martínez
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El ex piloto naval Julio Alberto Poch fue arrestado en Valencia.

El martes 6 de octubre, cuando cumpla sus dos primeras semanas en el centro penitenciario Picassent, en Valencia, el ex piloto naval Julio Alberto Poch deberá responder ante la Justicia de España si acepta o rechaza su extradición a la Argentina. La detención del oficial retirado de la Armada, que confesó su participación en “vuelos de la muerte” ante sus compañeros de la aerolínea comercial Transavia, fue solicitada por el juez federal Sergio Torres luego de una investigación judicial del fiscal holandés Ward Ferdinandusse, miembro del equipo de Crímenes Internacionales del Ministerio de Justicia del Reino de los Países Bajos.

La confesión de Poch tuvo lugar luego de que sus compañeros de Transavia calificaran de “régimen criminal” al último gobierno de facto, que tuvo entre sus funcionarios a Jorge Zorreguieta, papá de la mujer que se casó y tuvo hijos con el príncipe de Holanda. A diferencia de lo que ocurre en las líneas aéreas argentinas, donde no faltaron confesiones de ex pilotos y ex mecánicos militares, los holandeses no dudaron en recurrir a la Justicia. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó Geert Geroen Engelkes, ex jefe de Poch.

La semana pasada, en un comunicado interno, Transavia informó a sus empleados que conoció los rumores sobre la confesión de Poch en 2006. Según informó la prensa holandesa, cuando la empresa le pidió explicaciones, Poch negó su participación en los vuelos. La dirección de Transavia agregó que se sintió respaldada por una investigación protocolar del servicio de inteligencia holandés AIVD, que cada cinco años realiza un examen de seguridad a todos los pilotos. Poch aprobó el suyo en 2004.

El martes pasado, Poch invitó a su esposa y a su hijo mayor, que hizo de copiloto, a acompañarlo en su último vuelo antes de jubilarse: Amsterdam-Valencia. El ex marino de 57 años había comprado allí un departamento en Avenida de La Mota número 32, frente a la playa de Xeraco, que no llegó a habitar: fue detenido en el aeropuerto de Manises. El 6 de octubre declarará en Madrid ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional.

Poch es el primer detenido por arrojar personas vivas al mar durante la dictadura, método aplicado por las tres Fuerzas Armadas con el visto bueno de la jerarquía eclesiástica, según declaró en 1995 el capitán Adolfo Scilingo. Tanto oficiales como suboficiales y civiles, pilotos, mecánicos, invitados especiales y capellanes como Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, mencionados por Scilingo como partícipes y responsables de sedar la conciencia de los asesinos, permanecen libres en la Argentina. Página/12 informó hace tres semanas sobre otros dos victimarios confesos: el capitán Hermir Sisul Hess y el suboficial Rubén Ricardo Ormello, radicados en Bariloche y Mendoza respectivamente.

domingo, 27 de septiembre de 2009

El estado del conflicto

COMO FUE EL DESALOJO Y COMO PIENSAN SEGUIR LOS OBREROS DE KRAFT

Después del duro enfrentamiento de ayer, la comisión intentará realizar una asamblea. La planta sigue bajo custodia policial, y si no es posible sesionar no descartan cortar la Panamericana. El comunicado de la CGT.

Por Diego Martínez
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“La empresa violó varias leyes, despidió a delegados con fueros gremiales y no acató dos conciliaciones obligatorias. El Ministerio de Trabajo tenía la fuerza necesaria para hacerlas cumplir y no lo hizo”, explicó con frustración Oscar Coria, delegado de los trabajadores de Kraft Foods (ex Terrabusi), echado hace un mes junto a otros 161 compañeros. Empleado del turno noche, de 46 años, Coria aseguró a Página/12 que “el desalojo fue tremendo”, que “a algunos compañeros les rompieron la cabeza con garrotes” y que se negaron a rubricar actas con acusaciones falsas que pretendieron hacerles firmar los policías que les tomaron declaración en la madrugada del sábado, sin que sus abogados pudieran estar presentes.

La CGT repudió ayer que “los trabajadores fueron desalojados violentamente por orden de un juez, cosa que no ocurrió cuando por cuatro meses se bloquearon las rutas argentinas por las patronales rurales” y advirtió sobre la existencia de un “ánimo desestabilizador” contra el gobierno nacional. También hizo “un llamado a los trabajadores organizados a no caer en la provocación ni en el reclamo desmedido, que sin dudas es funcional a la derecha económica” (ver aparte).

Mañana a las cinco, media hora antes del cambio de turno, los obreros y la comisión interna de Kraft intentarán realizar una asamblea en la planta de Pacheco. “La duda es si la empresa va a dejar entrar a la comisión. Si se puede garantizar que haya asamblea no tenemos dudas de que va a seguir el paro”, advirtió Coria. Agregó que si a los despidos y la represión se suma otra negativa de la ex Terrabusi, no descartan cortar la

Panamericana. Ayer la fábrica continuaba custodiada por efectivos de infantería, mientras personal de mantenimiento quitaba el alambre de púa que Kraft colocó sobre la reja cuando se inició el conflicto. Agrupaciones de izquierda y delegados de trabajadores de otros rubros resolvieron marchar mañana a las 18 desde plaza Congreso hacia Plaza de Mayo. Varios representantes de obreros también concurrirán a apoyar a los trabajadores de la ex Terrabusi antes de que el sol asome.

–¿Cómo fue el desalojo? –le preguntó Página/12 a Coria.

–Fue tremendo. En el mismo momento en que un funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia nos leía un acta de un acuerdo con la empresa vemos que los policías de Infantería rompían las ventanas del segundo piso para llegar a la terraza. Enseguida nos rodean y empiezan a tirar con balas de goma. Algunos compañeros trataron de proteger a las mujeres y otros tiraron lo que tuvieron a mano para frenarlos: unos conos de plástico, algunas piedras, no lo voy a negar, era lo poco que había.

–¿Cuántos eran ustedes?

–Eramos 25 en total, varias mujeres.

–¿Cómo siguió?

–Se nos vinieron encima. Algunos compañeros se entregaron. A uno, con las manos levantadas, le dispararon y lo hirieron debajo de la rodilla. A otra compañera la levantaron de los pelos y le golpearon la cabeza contra el piso varias veces, me han dicho que se ve con claridad en Crónica. Y no contentos con eso, cuando está totalmente dominada, la patean.

–¿Cuáles son las heridas más graves?

–Hay varios con balas de goma. A algunos compañeros les rompieron la cabeza con garrotes.

–¿Fueron dados de alta?

–Sí, a la madrugada. Los atendieron en el Hospital de Pacheco.

–¿A dónde los llevaron después del desalojo?

–Cuando estuvimos todos reducidos nos subieron a un celular, en compartimientos que yo no conocía, de cincuenta centímetros por menos de un metro, de a dos, apretados, con una rejilla que apenas dejaba respirar.

–¿Los llevaron a una comisaría?

–No, la fábrica se convirtió en una comisaría. Tanto en la oficina de personal como en el departamento médico nos tomaron declaraciones, nos sacaron las huellas, era como una comisaría. Compañeros más viejos contaban que la imagen les recordaba el campo de concentración que funcionó en la Ford durante la dictadura.

–¿Quién les tomó declaración?

–La misma policía. Y no dejaron entrar a nuestros abogados.

–¿Estaba el fiscal?

–Entiendo que sí.

–¿Las declaraciones las tomaban policías uniformados?

–Sí, y nos querían hacer firmar un acta con todas las acusaciones. Nos negamos.

–¿A qué hora los liberaron?

–Nos tuvieron ahí hasta cerca de las 4.30. Nos liberaron a todos juntos.

–¿Qué pasó hoy?

–Hoy nos reunimos unos cien compañeros, de los tres turnos. No fue una asamblea. Las asambleas son por turnos y más representativas. La última noche éramos entre 400 y 500 trabajadores.

–¿Cuál es la actitud de los trabajadores que no fueron despedidos?

–De gran indignación. De hecho una gran cantidad de compañeros estaba ayer (por el sábado a la madrugada) esperándonos en la puerta, preocupados. Si se puede garantizar que haya asamblea, no tenemos dudas de que va a seguir el paro adentro de la fábrica. La duda es si la empresa va a dejar que entre la comisión interna para conducir la asamblea.

–¿Todos los miembros de la comisión interna fueron despedidos?

–Despidieron a los principales, cuatro miembros sobre diez.

–¿Qué expectativa tienen?

–La expectativa era de una intervención del Gobierno a favor de los trabajadores, pero lamentablemente se frustró. Habíamos hecho marchas con banderas pidiendo la intervención de la Presidenta en el conflicto y vimos que jugaron en contra de los trabajadores.

–¿Qué le reprocha al Ministerio de Trabajo?

–Que teniendo el poder de policía dictaron dos veces una conciliación obligatoria, la empresa no la acató y no se la hicieron cumplir. La empresa avasalló un montón de leyes, como la que impide despedir a delegados con fueros. Trabajo tenía la fuerza necesaria para hacerla cumplir. Teníamos expectativas, pero nos terminamos dando cuenta de que tuvimos que enfrentarnos no sólo con la empresa, también con el sindicato, el ministerio y la Justicia.

viernes, 25 de septiembre de 2009

Cómo acelerar los juicios

EL IV ENCUENTRO DE LA COMISION DE LA MEMORIA BONAERENSE SOBRE JUSTICIA

Con la sola ausencia de los integrantes de la Corte Suprema, fiscales, abogados, camaristas y jueces debatieron sobre las causas por las que se demoran los procesos por delitos de lesa humanidad. Reclamos a los Supremos por la Comisión Interpoderes.

Por Diego Martínez
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Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Adelina Alaye, de Madres de La Plata.

“Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia asuma el rol que le corresponde, que no es condenar o sobreseer a nadie sino garantizar la administración de justicia.” La reflexión pertenece a Pablo Parenti, coordinador de la unidad de la Procuración General de la Nación que impulsa y coordina el trabajo de los fiscales federales en causas de lesa humanidad, y resume el principal punto de acuerdo de quienes integraron ayer la mesa de trabajo “Justicia y crímenes de lesa humanidad: una política de Estado”, convocada por la Comisión por la Memoria bonaerense en el marco del VI Encuentro sobre Construcción de la Memoria.

Los representantes del alto tribunal fueron los grandes ausentes de la tarde. Hubo jueces, fiscales, abogados, miembros de organismos de todo el país, testigos y periodistas, coordinados por el anfitrión Leopoldo Schiffrin, juez de la Cámara Federal de La Plata. La agenda fue abierta. Los temas, añejos: los operadores de la impunidad disfrazados de fiscales y jueces; la necesidad de acelerar y unificar procesos; la ausencia de una política de Estado que amerite tal denominación; los flancos débiles de los programas de protección de testigos; la resistencia del Tribunal Oral Federal 5 de garantizar la publicidad de los juicios.

El juez federal Daniel Rafecas, miembro de la Comisión Interpoderes creada a instancias del máximo tribunal y “relanzada” el martes, fue el portavoz de una buena nueva: a propuesta del procurador Esteban Righi, la comisión que encabeza Ricardo Lorenzetti resolvió realizar visitas periódicas a los departamentos judiciales con problemas más acuciantes, como Mendoza o La Plata, para tratarlos en persona y buscar soluciones en plazos razonables. “Eso tendría un efecto tremendo. Es imprescindible que la Corte tenga un mapa actualizado de los juicios y que los ministros recorran los juzgados todos los meses”, celebró Schiffrin.

Rafecas describió con crudeza el presente de la Justicia federal. Destacó que tras las leyes de impunidad y los indultos “hubo un tercer gran momento” para garantizar la obstaculización de los procesos. Fue “la designación sistemática y planificada de jueces y fiscales en todo el país con el objetivo de asegurar la impunidad”. Mencionó casos de “absoluta y deliberada resistencia” y planteó que “llegó el momento crucial de plantear qué vamos a hacer con estos jueces, fiscales y camaristas”. Agregó que percibía “una postura muy ingenua” frente al tema y destacó que los operadores de la impunidad “no van a defraudar a quienes los designaron”.

El fiscal federal Jorge Auat, titular de la unidad especial de la PGN, compartió el diagnóstico y destacó que “nunca antes de los procesos por crímenes de lesa humanidad el Poder Judicial puso tanto énfasis en las garantías constitucionales”. Auat sostuvo que “la herramienta más idónea y la única respuesta posible es el trabajo cotidiano, la actitud permanente de lucha para derribar cada nueva barrera”, y enfatizó la necesidad de disponer de “una ingeniería política” que permita hablar “de una verdadera política de Estado, no de respuestas aisladas ante hechos consumados”.

Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya! en La Plata, sostuvo que “una política estatal no es sólo tener voluntad: implica una inercia en la que los procesos fluyen” sin que organismos y abogados controlen cada día la actuación de la Justicia. Lamentó que “dependemos de personas puntuales, un fiscal, un juez, en tanto sigue faltando una estructura acorde” con la entidad de los procesos. Manifestó que “no vemos todavía resultados de la comisión interpoderes” y dedicó “una crítica específica al Centro de Información Judicial, que difunde las noticias que sugieren que el proceso marcha sobre ruedas pero oculta todas las trabas que impone la Justicia”.

Parenti admitió cierto “estancamiento” en La Plata y destacó los avances en jurisdicciones del interior del país que no suelen trascender. Coincidió en que “todos esperábamos más de la comisión interpoderes”, que “aún no se logró que la Corte tenga una unidad fuerte” y confesó que “nos sentimos bastante solos” en la unidad de la PGN. “Falta que la Corte asuma su rol, que es garantizar la administración de justicia”, resumió.

Gerardo Fernández, abogado del CELS, planteó el problema de “la renuencia de algunos testigos a seguir declarando, porque están agotados”, y “la amenaza del TOF-5 de no empezar el juicio ESMA si sólo se realizan dos audiencias por semana, que eternizarían el proceso”. Inti Pérez Aznar, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recordó que por orden de la Cámara de Casación ayer “estuvieron a punto de ser excarcelados once represores de la Unidad 9, que superaron los tres años de prisión preventiva”, mientras “esperamos desde hace diez meses que la Corte se expida sobre el criterio a aplicar a la hora de excarcelar a procesados por crímenes de lesa humanidad”.

jueves, 24 de septiembre de 2009

“Tiró gente viva al mar y se jactaba”

Julio Alberto Poch, piloto de una aerolínea holandesa, fue detenido en España por los vuelos de la muerte

El marino contó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia que piloteó vuelos desde los que se arrojaba a “terroristas”. Lo denunciaron ante la Justicia holandesa. Una investigación conjunta con Argentina permitió apresarlo en su último viaje antes de jubilarse.

Por Diego Martínez
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Julio Alberto Poch se retiró en 1980 de la Armada. Fue detenido en el mismo vuelo donde viajaban su mujer y su hijo.

A un tercio de siglo de los crímenes y a catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo, la Justicia detuvo por primera vez a un piloto de la Armada por arrojar personas vivas al mar durante la última dictadura. El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, radicado desde 1988 en Holanda, donde se recicló como piloto civil, fue capturado el martes en la pista del aeropuerto de Manises, en Valencia, por agentes de la Policía Nacional de España. Ese mismo día, por orden de un juez penal del Reino de los Países Bajos, la policía holandesa allanó su domicilio en la ciudad de Alkmaar, donde encontró el arma reglamentaria que usaba cuando pertenecía a la Armada y documentación sobre sus vuelos registrados entre 1974 y 1980. Poch pasó su primera noche preso en el centro penitenciario Picassent, donde ahora deberá esperar su extradición a la Argentina.

La denuncia contra el ex aviador naval de 57 años la formularon hace dos años sus propios compañeros de la aerolínea Transavia, que lo marginaron luego de escucharlo justificar su actuación en vuelos de la muerte. La investigación de la Justicia y del gobierno del Reino de los Países Bajos fue corroborada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, que en diciembre ordenó la detención. En el mismo juzgado hiberna desde hace cuatro años una instrucción idéntica originada en la confesión del capitán de corbeta Hemir Sisul Hess, quien tras la publicación de su historia en Página/12 comenzó a organizar un largo viaje a Europa.

Poch nació el 20 de febrero de 1952 e integra una familia con tres generaciones en las filas de la Armada. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 e ingresó a la Escuela Naval. Pertenece a la promoción 101 del Comando Naval. En 1974 aprobó el curso de aviadores navales con la mejor calificación sobre 16 participantes. Cuando se produjo el último golpe de Estado tenía el grado de teniente de corbeta y estaba destinado en la Escuela Aeronaval de Ataque. En 1977 pasó a integrar la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. En esos dos años se produjeron la mayor parte de los vuelos con los que la Armada borró del mapa a sus enemigos, delito que la Justicia argentina nunca investigó.

La carrera militar de Poch duró apenas ocho años. Pasó a retiro voluntario en 1980, con el grado de teniente de fragata. A fines de mayo de 1982, a sus treinta años, fue convocado por la Armada para participar de la guerra de Malvinas. Seis años después se trasladó a Holanda junto con su esposa, Elsa Margarita Nyborg Andersen, y sus tres hijos, todos nacidos durante la dictadura. El mayor, que también es piloto de Transavia, fue registrado en agosto de 1976 en la localidad de Verónica, cerca de la base aeronaval Punta Indio. Las dos hijas mujeres fueron inscriptas en 1979 y 1980 en Bahía Blanca.

Gracias, Máxima

Los primeros datos sobre las confesiones de Poch se conocieron en 2007, luego de que las autoridades holandesas recibieron las denuncias de los empleados de Transavia y comenzaron a indagar sobre su pasado durante la dictadura. A mediados de 2008, un fiscal holandés y dos miembros del equipo de investigación se trasladaron a la Argentina para profundizar la pesquisa y notificaron formalmente al juez Torres, que poco después viajó a Europa para escuchar en persona a los testigos.

Un piloto contó que el detonante del relato del marino fue un comentario sobre Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura del dictador Jorge Rafael Videla. Cuando un comensal afirmó que el padre de la princesa Máxima de Holanda “fue miembro del régimen criminal”, Poch “comenzó a defender a ese gobierno y nos dijo que teníamos una imagen errónea de esa época”.

El marino confesó “que durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas desde su avión al mar” y que “el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas”, relató un testigo ante el juez y su secretario Pablo Yadarola. “Poch todavía cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado y que puede vivir con eso sin problemas emocionales”, agregó.

“Contó que desde su avión se echaba fuera de la borda a personas con vida, con el fin de ejecutarlas”, reiteró un piloto que escuchó a Poch durante una cena en un restaurante en la isla de Bali, en Indonesia. El testigo confesó haberse “enojado fuertemente, porque uno no puede imaginar cosas tan terribles”, y agregó que Poch se justificó diciendo que “era una guerra” y que las víctimas “habían sido drogadas previamente”. Luego añadió que los familiares de los desaparecidos “no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas”.

Otro testigo sugirió que Poch “tiene dos caras: puede comportarse como una persona amable pero a su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior, y puede que ello tenga que ver con su pasado como militar”. “Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda”, recordó.

El 30 de diciembre pasado el juez Torres solicitó a Holanda la detención de Poch “con miras de extradición”, y a Interpol su captura en el resto del mundo. Dos meses atrás, en el marco de una investigación sobre los vuelos, Página/12 intentó sin suerte obtener una explicación sobre los motivos de la demora. Días después, a pedido de Holanda, el juzgado realizó modificaciones en la solicitud. Según fuentes diplomáticas, la captura no se concretó en los Países Bajos porque la doble nacionalidad del imputado habría dificultado su extradición.

Poch tenía previsto realizar el martes su último vuelo antes de jubilarse. Partió desde el aeropuerto de Schipol, en Amsterdam, con rumbo a Valencia, donde debía hacer una escala de cuarenta minutos. Cuando bajó la escalerilla fue recibido por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española. Excepto su esposa y su hijo, que integraban el pasaje, el resto del vuelo no sufrió ningún perjuicio porque ya había otro piloto listo para reemplazarlo.

El 7 de septiembre, cuando Página/12 informó sobre las confesiones del capitán Hess y los aviones Electra en exposición, apuntó que varios pilotos “trabajan en aerolíneas nacionales y extranjeras”. A pedido de diplomáticos holandeses y del juzgado, donde el caso tramitó bajo “secreto de sumario”, se omitió mencionar a Poch. La captura en España sugiere que tampoco sus camaradas procesados por crímenes en la ESMA hicieron nada para evitarlo. Lo saben al menos desde el 12 de enero, cuando el juez Torres, al procesar al capitán Juan Arturo Alomar, mencionó con todas las letras el pedido de extradición “por su vinculación con los vuelos de la muerte”.

dmartinez@pagina12.com.ar

Sólo falta detenerlos

Confesiones de otros pilotos ante la Justicia

En 1995, el testimonio del capitán Scilingo confirmó los relatos de los sobrevivientes de la ESMA sobre los vuelos. Página/12 informó que otro capitán, Emir Sisul Hess, participó y sigue libre.

Por Diego Martínez
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Desde el edificio de la ESMA eran trasladados los secuestrados dopados a los vuelos.

Julio Poch es el primer marino detenido por la Justicia argentina por su participación en vuelos de la muerte. El capitán Adolfo Scilingo, que en 1995 confesó su trabajo sucio ante el periodista Horacio Verbitsky, purga su condena en España, ya que entonces regían en la Argentina las leyes de impunidad y las causas permanecían cerradas. Poch no es, sin embargo, el único piloto cuya confesión está en manos de la Justicia. Tal como informó Página/12, hace cuatro años que concluyó la investigación sobre el capitán Emir Sisul Hess, quien contó ante más de un testigo que los secuestrados adormecidos “iban cayendo como hormiguitas”. Hess vive libre e impune en las afueras de Bariloche y planifica desde hace dos semanas un viaje a Europa junto con su esposa. La investigación, realizada por orden del ex juez Juan José Galeano, está en manos del juez federal Sergio Torres.

El método de desaparecer personas arrojándolas al vacío desde aviones en vuelo fue utilizado por las tres Fuerzas Armadas, con la colaboración de miembros de fuerzas de seguridad y también civiles. Scilingo fue elocuente sobre la cantidad de victimarios. “La mayoría participó, era una especie de comunión. Era para comprometerlos. Alguno puede haberse salvado, pero de forma anecdótica”, contó, y categorizó: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo, “invitados especiales” que daban “apoyo moral”,y hasta un cabo de Prefectura que entró en crisis cuando comprendió su misión. Scilingo mencionó entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que continúa en libertad.

Los vuelos que protagonizó Scilingo partieron desde el aeroparque Jorge Newbery. Los testimonios que publicó Página/12 demuestran que también fueron habituales los vuelos desde el área militar del aeropuerto de Ezeiza, donde operaba la Fuerza Aeronaval 3. El suboficial Roberto Del Valle contó que en 1976 vio sangre y restos de ropa en un DC3. Cuando comenzó a circular la información, el capitán Norberto Horacio Dazzi convocó a todos los miembros de la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de Ezeiza. “Dijo que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos”, les explicó. También el suboficial Rubén Ricardo Ormello, que hoy trabaja en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza, confesó ante compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían desde Ezeiza. La sugerencia más curiosa la realizó hace cuatro meses el capitán de fragata médico Carlos Octavio Capdevila, preso por sus andanzas en la ESMA. “Es imprescindible investigar a la Fuerza Aeronaval 3 de Ezeiza desde 1975 hasta 1980”, propuso a la Justicia.

sábado, 19 de septiembre de 2009

La seguridad privada

Por Diego Martínez

A partir de marzo de 2010 los registros sobre dueños y empleados de agencias de seguridad privada en poder del gobierno porteño estarán en la web a disposición de la sociedad civil. La medida fue aprobada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires a partir de un proyecto de ley presentado por la diputada Gabriela Cerruti, de Nueva Democracia. La reforma de la ley 1913 se originó a partir de una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales, luego de que la Dirección General de Seguridad Privada y el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, le negaran a Página/12, en dos oportunidades, el acceso a los registros de la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL y de Scanner SA, ambas vinculadas con represores de la última dictadura prófugos de la justicia. La norma fue declarada inconstitucional por el juez Roberto Gallardo, que en abril le ordenó al gobierno porteño suministrar los datos. La Legislatura estableció que, entre otros datos, se deberán publicar en Internet los nombres, DNI y “antecedentes profesionales” de socios y empleados de las agencias. El proyecto original de Cerruti planteaba la necesidad de conocer “antecedentes en fuerzas de seguridad”. Los legisladores PRO condicionaron su apoyo a otra modificación: que los antecedentes se conozcan dentro de seis meses, tiempo suficiente para pulir los registros.

“Mi casa era una sucursal de una comisaría”

El legislador Juan Cabandié declaró contra su apropiador, Luis Antonio Falco, ex oficial de Inteligencia de la Policía Federal

Contó que fue “criado a los golpes”. Explicó el vínculo de Falco con el represor Samuel Miara y dijo que el ex policía, que sigue libre, se ufanaba de haber participado en secuestros y haberse infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo.

Por Diego Martínez
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Juan Cabandié dijo que, durante su infancia, “el miedo, el clima hostil y la violencia” estaban siempre presentes.

Cruces esvásticas. Armas a la vista. Golpes y maltrato psíquico. Apología del genocidio. Discursos antisemitas. El miedo como compañía omnipresente. El escenario lo padeció durante veintiséis años Juan Cabandié Alfonsín, y el responsable principal, según su propio relato, fue su apropiador Luis Antonio Falco, oficial de Inteligencia de la Policía Federal. El actual legislador del Frente para la Victoria, nacido durante el cautiverio de su mamá en la ESMA, describió ayer su infancia y adolescencia en la primera audiencia del juicio, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Falco está acusado de retención y ocultamiento de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El fiscal Carlos Rívolo y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron condenas de 17 y 25 años de prisión, respectivamente. Hasta ahora, el policía no estuvo un solo día preso: fue excarcelado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Tampoco debió concurrir ayer a escuchar el relato de quien alguna vez fue su trofeo de guerra.

Si bien el juicio se tramita por el viejo Código Procesal Penal, que no prevé audiencias orales y públicas, a pedido de Abuelas son abiertos a la sociedad los relatos de los testigos ofrecidos por la querella. La jornada inicial, en la principal sala del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, comenzó con el testimonio de Cabandié, quien debió extremar su paciencia para compensar la desidia del Poder Judicial: un micrófono para todas las partes, el testigo sentado junto a la jueza, que por momentos parecía una entrevistadora de TV, y un asistente interrumpiendo el relato cada dos oraciones para tomar nota, ya que ni siquiera contaban con un grabador para registrar el audio.

El actual legislador porteño ratificó sus declaraciones anteriores y respondió preguntas de los abogados de Abuelas. El de Falco, Diego Martín Sánchez, no concurrió. Cabandié afirmó que su apropiador “andaba armado todo el día”, recibía de regalo cruces esvásticas y símbolos nazis “que ponía en su boina azul de comando y lucía con orgullo”, mientras sus camaradas “justificaban el genocidio”. “Cuando crezcas vas a saber lo que son los judíos”, le advertían los policías.

Cabandié ratificó que Falco era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, que tuvo una “activa participación en secuestros” durante la dictadura y que actuaba con el seudónimo Leonardo Fajardo, conservando las iniciales del nombre real como todo servicio. Explicó que el policía se jactaba de haberse infiltrado en la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. “Sostenía que por la Marina había ido (Alfredo) Astiz, y por la Federal, él”, contó. También admitía “haber hecho allanamientos y haber adquirido artículos de las casas, como muebles, discos o guitarras”, contó y recordó que en una oportunidad le ordenó tomar distancia de un compañero de la escuela primaria que tenía a sus padres desaparecidos.

Cabandié afirmó que el policía “siempre supo que era hijo de desaparecidos” y que era amigo del ex comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. Cuando ese caso trascendió en la prensa, Falco y su esposa le explicaron que los Miara desconocían el origen de los chicos y enfatizaron que “los criaron con amor, los alimentaron, ya que cuando los recibieron estaban tan flaquitos que parecían dos ratitas”. También recordó que “en una ocasión Falco me refirió que fue él quien consiguió falsificar los documentos de los mellizos”.

“Tenía que reprimirme para no contar qué hacía Falco, porque en el seno de la familia había una orden, entre comillas, para que no dijéramos su verdadera actividad. Teníamos que decir que era visitador médico”, reveló Cabandié, quien aludió al acusado como “este hombre”, “el apropiador”, “ese sujeto” o directamente lo mencionó por su apellido. “Siempre me sometían a malos tratos. Fui criado a golpes, físicos y psíquicos”, reveló el joven, visiblemente emocionado. La casa “era una sucursal de una comisaría”, graficó, donde “el miedo estaba presente a cada instante”.

El testigo contó que por los golpes y el maltrato dejó de ver a Falco a los 19 años. “Pero el miedo, el clima hostil y la violencia seguían siempre presentes”, recordó. Luego contó una anécdota que por algunos segundos descomprimió el clima y generó sonrisas. En enero de 2004, cuando supo que era hijo de los desaparecidos Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, llamó por teléfono a Falco, le dijo que tenía los análisis de ADN en su mano y lo increpó por su origen.

–¿Quién más lo sabe? –preguntó el apropiador.

–Lo sabe Estela de Carlotto y (el entonces presidente Néstor) Kirchner –se permitió mentir Juan.

“Para cubrirme le dije Estela y Kirchner, estuve rápido de reflejos”, bromeó. El recuerdo dio pie a la narración sobre los conflictos psicológicos que los apropiadores generan en los hijos de desaparecidos. “Nos hacen sentir culpas poniéndonos por delante lo bueno que fueron al darnos comida y estudios”, explicó.

En segundo turno declaró Alicia Milia, quien compartió el cautiverio en la ESMA con la madre de Cabandié. Relató que a Alicia Alfonsín la llamaban “Bebé” porque parecía una nena, “muy delgada y con una panza inmensa”. Recordó que cuando iba al baño tenían oportunidad de dialogar con las embarazadas y que, cuando nació, Juan era “un bebé grande, hermoso”. Contó que los verdugos le habían hecho redactar una carta para enviar a su familia, que nunca llegó a destino. Milia recordó que en los grupos de tareas de la ESMA había varios agentes de la Policía Federal. Más tarde declararon otras tres sobrevivientes: Elisa Tokar, Graciela Daleo y Ana María Martí.

El juicio continuará el martes con los testimonios de Miriam Lewin y Andrés Castillo, que estuvieron secuestrados en la ESMA. Luego declarará como simple testigo el policía Jorge Mario Veyra, viejo amigo del apropiador, quien se benefició con una falta de mérito en la causa por la Masacre de Fátima. El ex inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante la dictadura, incluyó en 1983 a Veyra entre “los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes (el comisario Juan Carlos) Lapuyole llevó a la Dirección General de Inteligencia” de la Federal tras el golpe de Estado. Veyra continúa libre e impune, ya que ningún juez investiga aún a la Superintendencia de Seguridad Federal.

viernes, 18 de septiembre de 2009

“Siguen siendo torturadores”

EL FISCAL CROUS PIDIO PERPETUA PARA OLIVERA ROVERE Y MENENDEZ

En el marco de la causa por la represión ilegal en el Primer Cuerpo de Ejército, la fiscalía reclamó prisión para los cinco procesados que están en libertad. La semana próxima será el turno del ex juez de la dictadura y abogado de Olivera Róvere.

Por Diego Martínez
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Para Humberto Lobaiza pidieron veinticinco años de prisión.

‘‘Hoy y aquí siguen siendo torturadores. Tienen mucho para decir y lo callan. Eligieron perpetuar el padecimiento de los familiares. Callan el destino de los niños nacidos en cautiverio. ¿Qué indulgencia merecen estos señores? Son ancianos, sí, ancianos que han envejecido impunes y que no esbozan ningún atisbo de reparar el infinito dolor que causaron.” La reflexión del fiscal federal Félix Crous tuvo lugar ayer durante el cuarto y último día de su alegato contra el general Jorge Olivera Róvere y cuatro de sus subordinados directos en la represión ilegal en la ciudad de Buenos Aires, acusados por un total de 242 privaciones ilegales de la libertad y seis homicidios agravados. El representante del Ministerio Público pidió al Tribunal Oral Federal cinco penas de prisión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital Federal y para el coronel Bernardo José Menéndez, y de veinticinco años de prisión para el general Teófilo Saa y los coroneles Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti, a quienes no se les imputan homicidios sólo porque las víctimas permanecen desaparecidas.

Los cinco militares están excarcelados y pasan inadvertidos entre los viejos abogados que deambulan por los pasillos de Comodoro Py. Olivera Róvere es el único que llama la atención. No porque su figura sea conocida (permanece intacta la decisión del TOF-5 de burlar la acordada de la Corte Suprema que ordenó garantizar el trabajo de los reporteros gráficos), sino por los hematomas que cubren la mitad de su rostro desde que se topó con el blíndex que lo separa del público. “Señores jueces, no fue una agresión”, aclaró tras el hecho el inefable Norberto Giletta padre, mencionado por varios familiares de desaparecidos por rechazarles hábeas corpus como juez de la dictadura, hoy abogado del represor.

El fiscal Crous desmenuzó durante las tres primeras audiencias cada uno de los casos imputados, de víctimas que fueron vistas por última vez en los centros clandestino Atlético, Banco, Olimpo, Automotores Orletti, o bien que se les perdió el rastro tras el secuestro. Analizó directivas, reglamentos y órdenes militares del Estado terrorista que rigió la actuación de los represores, desgranó sus legajos y refutó las coartadas esbozadas durante las indagatorias anteriores al comienzo del juicio, ya que ninguno atinó a defenderse durante el juicio oral.

Crous consideró “muy llamativas las similitudes de los descargos con los de los brigadieres Comes y Mariani”, condenados a 25 años de prisión como autores mediatos de delitos de lesa humanidad en Mansión Seré pero en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. “Intentaron mostrar un cuadro de absoluto incumplimiento de la misión encomendada en la llamada ‘lucha contra la subversión’. Esto luce totalmente absurdo y no se condice con las elogiosas calificaciones recibidas y los cargos ocupados, que muestran que cumplieron exitosamente su misión, desde la perspectiva de la eficiencia criminal”, aclaró.

El fiscal describió que por debajo del fallecido Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo, se ubicaba Olivera Róvere, jefe de subzona, y en el escalón siguiente los ex jefes de áreas, que transmitían las órdenes a los ejecutores, al tiempo que garantizaban que la Policía Federal declarara “zonas liberadas” para actuar con impunidad. Contrastó el supuesto desconocimiento de los secuestros con operativos en los que se usaron hasta helicópteros, recordó que la negativa policial a recibir denuncias era una orden transmitida por la cadena de mandos y citó un artículo del coronel Menéndez de 1983, publicado en el diario La Nación, en el que agradeció “la ayuda invalorable que la policía prestó a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión”.

Luego enumeró los delitos imputados. A Olivera Róvere, jefe de subzona durante 1976, coautor mediato de 121 privaciones ilegales de la libertad (nueve secuestrados fueron liberados, cuatro asesinados, ocho enterrados como NN e identificados en democracia, el resto desaparecidos) y cuatro homicidios agravados. A Lobaiza y Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, 82 y 28 secuestros respectivamente. A Saa, segundo jefe del Regimiento y jefe del área II en 1976, 33 secuestros. Y a Menéndez, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978, 41 secuestros y dos homicidios. Entre los agravantes destacó la condición militar, el carácter de delitos de lesa humanidad y la desaparición de las víctimas, “que los ubica en una condición previa a la civilización”, remarcó.

“No hay esperanzas de resocialización. Lo único que se puede ofrecer a las víctimas es penar al ofensor”, resumió Crous. Recordó que la ley prevé 25 años de prisión “para una sola desaparición” y planteó: “Si no es para estos crímenes, ¿para cuáles ha reservado el legislador la máxima pena? Si no es para estos crímenes, señores jueces, ¿para quiénes ustedes se la guardan?”. El juicio continuará el martes 29 con la defensa de Olivera Róvere, a cargo de los abogados Norberto Giletta padre e hijo.

martes, 15 de septiembre de 2009

“Hubo desprecio, gritos y provocaciones”

Entrevista con Vargas Carreño, secretario de la CIDH que denunció los crímenes de la dictadura en 1979

Edmundo Vargas Carreño cuenta cómo fue la visita de la comisión a la Argentina hace 30 años y dice que lo más discutido del informe fue “decir que los desaparecidos estaban muertos”.

Por Diego Martínez
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Vargas Carreño visitó la ex Escuela de Mecánica de la Armada.

“Pasaron treinta años. No me voy a equivocar en nada esencial, pero no quisiera ser impreciso en los detalles”, aclara ante cada pregunta Edmundo Vargas Carreño, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace tres décadas corroboró y transmitió al mundo las atrocidades de la dictadura. Durante tres días, junto a los ex comisionados Tom Farer y Marco Monroy Cabra, el jurista chileno fue homenajeado por la Cancillería y recibió infinidad de agradecimientos de familiares de desaparecidos por las entrevistas e inspecciones realizadas en septiembre de 1979. El diálogo con Página/12 transcurrió en la ex ESMA durante una visita al casino de oficiales, el mismo que la Armada había desalojado y modificado para confundir a los visitantes.

–¿Advirtieron durante la inspección las reformas que la Armada había hecho para confundirlos?

–No, no teníamos información tan precisa. Un año antes, en El Salvador, junto con el abogado dominicano Roberto Alvarez, pudimos encontrar una cárcel secreta e incluso una lista de personas fallecidas. Esa prueba irrefutable aquí no la tuvimos. Más que descubrir, confirmamos muchas cosas. Fue una visita preparada durante meses, con expedientes, con testimonios. Sabíamos a qué veníamos.

–¿Supo que a los secuestrados los llevaron en esos días a una quinta de la Iglesia Católica?

–Sí, lo supe después. La diferencia fue que en el caso de El Salvador, el presidente (norteamericano, James) Carter le dijo al presidente (de facto, general Carlos) Romero: “Firme la Convención e invite a la CIDH”. Fue más fácil. Con la Argentina fueron meses de negociación y aquí decían “no, no y no”. Pero hubo una presión norteamericana.

–De Carter.

–Sí, con Reagan o los Bush hubiera sido imposible. También influyó que el secretario general argentino de la OEA, Alejandro Orfila, que quería ser reelecto, necesitaba la postulación del gobierno militar y el apoyo de los norteamericanos, y trató de ser mediador. “Son muchachos simpáticos, no hay peligro”, decía. Algunos miembros de la Comisión, una minoría, si bien sabía que había graves violaciones a los derechos humanos, compartía el punto de vista sobre el “estado de subversión”. Pero no hay mal que por bien no venga: el gobierno creyó que esa gente representaba a la Comisión. Sin embargo, después de una discusión inicial el tema quedó saldado. El presidente (Andrés) Aguilar tenía un liderazgo intelectual y moral muy grande, se imponía por la fuerza de sus argumentos y su convicción. Tampoco había aquí un compromiso de la opinión pública o de la clase política con los derechos humanos, salvo Raúl Alfonsín.

(En una pausa del diálogo, se presenta Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA que oficiará de guía: “Quiero darle la mano a Vargas Carreño –dice–. Fui secuestrado en agosto de 1979, estaba acá cuando ustedes llegaron”.)

–¿Cómo se preparó la visita?

–Emilio Mignone iba periódicamente a Estados Unidos y yo venía a Buenos Aires. Hice varias visitas a autoridades del gobierno para conseguir las autorizaciones.

–¿Con quién se entrevistaba?

–Con funcionarios de Cancillería. Recuerdo al capitán de navío (Walter) Alara, subsecretario de Relaciones Exteriores.

–¿Con Albano Harguindeguy?

–Sólo durante la visita, no antes. Era un hombre que presumía de afable, más simpático que otros. Una vez llamé al canciller Washington Pastor, le dije: “Tengo una denuncia por un desaparecido”, y agregué que le habían llevado todos sus bienes. Me respondió: “Usted es un maleducado, un grosero, ¿cómo se le ocurre tal cosa?”, y cortó la comunicación. Había de todo...

–¿Recibieron amenazas?

–No por parte de autoridades. Sí hubo desprecio, gritos y provocaciones en la calle, ignoro si instigadas o no. Recuerdo gente que pasaba por Avenida de Mayo, donde teníamos las oficinas. Gritaban: “Los argentinos somos derechos y humanos, ¿qué hacen ustedes aquí?”.

(Otra pausa. Basterra describe el centro clandestino, el bife naval, la sospecha de estar comiendo carne humana, la solidaridad de obsequiar un regalo de miga de pan, “una naranja que avanzaba hacia mí como una lluvia de oro” y “las familias patricias que querían dominar a todo el pueblo”. Paulo Sérgio Pinheiro, miembro de la CIDH, toma nota en su libreta.)

–¿Cómo los recibían los presos en las cárceles?

–Todos querían hablar. Diría que los mayores esfuerzos físicos fueron en esas visitas. En la cárcel de La Plata estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 5 del día siguiente. Fue impresionante, nos dimos el tiempo para escuchar a todos.

–Las declaraciones en esos días de algunos obispos, de la Unión Industrial, la Sociedad Rural y otras cámaras patronales eran hostiles hacia la CIDH. ¿Cómo era el clima en las audiencias?

–El informe de la Comisión pretendió, y puedo decir con satisfacción que consiguió, reflejar la realidad argentina. Por eso decidimos escuchar a todos, sin prejuicios, para no ser tildados de parciales. Los que quisieron hablar fueron pocos. Los sectores de la sociedad que menciona tenían una gran coincidencia: decían que el gobierno se esforzaba por la pacificación, que todo era culpa de “la subversión”, que había una “legítima defensa” frente a la actitud de “los terroristas”.

–Cuando en público la Sociedad Rural hablaba del “triunfo sobre la subversión apátrida y las inevitables secuelas”, ¿precisaba en privado a qué se referían? La CIDH ya sabía que había miles de muertos.

–Creo que no decían una cosa en público y otra en privado. Más bien parecían creer su discurso de buena fe. Lo que más me llamó la atención, no en entrevistas sino en la calle, fue la ignorancia sobre el tema de los desaparecidos. Recuerdo una mañana, mientras caminaba hacia las oficinas en Avenida de Mayo, una mujer, diría que de clase media, vio la cola de varias cuadras y le preguntó a otra qué hacía esa gente. “Es por los desaparecidos”, le respondió. “¿Qué son los desaparecidos?” “Los subversivos”, una cosa así fue la respuesta. Pero la pregunta era de buena fe. El drama no trascendió, no estaba en la opinión pública, no había movimientos de la Iglesia como en otros países. Fue excepcional la preocupación, salvo figuras individuales como Alfonsín.

–Deolindo Bittel condenó los crímenes en nombre del Partido Justicialista.

–Sí, me hice amigo de Bittel. Habían esperado mucho tiempo para poder hacer una declaración pública. Tenía la esperanza, como dirigente político, de que el breve y temporal clima de mayor libertad de expresión que gestó la Comisión pudiera ser aprovechado. Me pareció muy positivo y legítimo lo que hizo el peronismo en ese momento.

(Otra pausa. Clare Kamau Roberts, comisionado de Antigua y Barbuda, que sigue el relato de Basterra mediante una traductora, pregunta si las luces de Capucha permanecían prendidas. “Las 24 horas, igual que la música, horrible. Nos gustaba el folklore o la clásica, pero acá se escuchaba todo el día ‘chiqui chiqui’. Jurábamos que si salíamos íbamos a destruir Radio Del Plata.” “¿Existe?”, preguntan los comisionados. “Existe”.)

–El director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, se negó a reunirse con la Comisión. ¿Recuerda el clima de la audiencia con los dueños de los medios?

–No lo recuerdo, no fue relevante. En materia de periodismo teníamos preocupaciones muy particulares, como la detención de Jacobo Timerman o la confiscación de La Opinión. Conocíamos cada línea editorial, leíamos los diarios, pero no había un problema de libertad de expresión que afectara a esos diarios.

–En el informe se animaron a afirmar que los desaparecidos estaban muertos. ¿Qué idea tenían entonces sobre el destino final de esos desaparecidos?

–Decir que estaban muertos fue la frase más discutida del informe. Algunos miembros decían con razón que eso iba a poner término a muchas esperanzas, que no se podía decir. Pero prevaleció el criterio mayoritario. Las pruebas eran de tal magnitud que no podíamos dejar de decirlo.

–¿Cuál fue la respuesta de los organismos?

–Lo aceptaron, con dolor. Lo sabían, incluso creo que hasta deseaban que se dijera. La Comisión tenía mucho contacto con estos grupos, en especial con Mignone, padre de una desaparecida. Emilio tenía la convicción de que su hija había sido asesinada.

–¿Pero no era una sensación generalizada en 1979?

–No, no lo era. Hasta el día de hoy, diría. Ayer conversaba con la madre de una desaparecida y me decía que todavía tiene esperanzas. Nada se puede decir ante esa situación.

–¿Qué siente al recibir tantos agradecimientos treinta años después?

–Es emocionante, no lo esperaba. Ayer hubo gente que me abrazaba, lloraba, me besaba. Una mujer de Misiones me habló de su madre y su hermano. Recibí mucho afecto en estos días.

sábado, 12 de septiembre de 2009

Para saldar una vieja asignatura pendiente

La Presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto para despenalizar las calumnias e injurias

La medida apunta a cumplir un compromiso del Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Prefiero mil millones de mentiras antes que ser responsable de cerrar la boca de alguien”, dijo CFK en la ex ESMA.

Por Diego Martínez
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Cristina Fernández de Kirchner hizo el anuncio en un acto de homenaje a los miembros de la CIDH que estuvieron en el país en 1979.

La cita era para homenajear a los ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 1979 corroboró y transmitió al mundo las atrocidades de la dictadura. El lugar, el salón Dorado del ex casino de oficiales de la ESMA, donde la inteligencia naval analizaba la información arrancada bajo tortura y ordenaba más secuestros. En ese contexto y frente a las principales autoridades del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. Se trata de un compromiso que el Estado asumió hace diez años, que ratificaron los sucesivos gobiernos, pero que, hasta ayer, ninguno había honrado. El anuncio se produce en el marco del debate por la presentación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Prefiero mil millones de mentiras antes que ser responsable de cerrar la boca de alguien. Es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática”, explicó la Presidenta.

La respuesta llega a quince meses del fallo de la Corte Interamericana contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia durante su investigación de la Masacre de San Patricio en 1976. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión. La indemnización se concretó de inmediato. Ayer, frente a la jurista Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana, se comenzó a cumplir el último punto.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, que patrocinó a Kimel, elogió “la voluntad inequívoca de honrar los compromisos internacionales” aunque cuestionó que el proyecto “no incorpora la limitación de las sanciones civiles en casos de expresiones sobre asuntos de interés público”. Advirtió que “debería ser complementado con una reforma del Código Civil que evite la utilización arbitraria y desproporcionada de las indemnizaciones pecuniarias para cercenar la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general”. Si bien el Código impide fijar topes a las sanciones, el proyecto que el CELS presentó en marzo insta a los jueces a “evitar que la sanción desaliente la participación ciudadana en el debate de asuntos de interés público o la labor periodística”. También se hace eco del fallo de la Corte el proyecto de la diputada Marcela Rodríguez, que sólo permite la sanción civil en caso de real malicia, es decir cuando a sabiendas se publica información falsa.

La Presidenta aprovechó además la presencia de Luz Patricia Mejía, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para firmar un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo recurrió a la CIDH tras el fallo de la Corte Suprema que en 2003 dejó sin efecto la orden judicial de realizar una extracción compulsiva de sangre de Evelin Bauer Pegoraro, quien sabía que no era hija biológica de quienes la habían criado, pero ignoraba su verdadera identidad. La medida, fundada en el derecho a la intimidad, impedía investigar a los responsables de la apropiación. El intríngulis se subsanó en 2008, cuando a partir de muestras de ADN la joven supo que era hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro, vistos por última vez en la ESMA. El acuerdo anunciado incluye un proyecto de ley para obtener muestras de ADN sin vulnerar los derechos de las partes y sin obstaculizar las investigaciones, otro que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, y un tercero para garantizar la participación de las asociaciones intermedias en las causas judiciales (ver aparte).

Tres mujeres

El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, dieron la bienvenida a la ex ESMA a la delegación de la CIDH y de la Corte Interamericana, incluidos tres de los comisionados que en 1979 realizaron la observación in loco para documentar los crímenes de la dictadura: Tom Farer, Marco Monroy Cabra y Edmundo Vargas Carreño. Luego, en compañía de guías y sobrevivientes, los juristas recorrieron las instalaciones donde funcionó el mayor centro clandestino de la Armada.

El acto de homenaje comenzó con la palabra de Verónica Castelli en representación de los organismos que integran el ente Espacio para la Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Recordó que “la visita de la CIDH fue un rayo de luz y esperanza”, repudió el rol “del poder económico, la cúpula eclesiástica y los medios de comunicación” durante el terrorismo de Estado y se abrazó con CFK. Luz Patricia Mejía enumeró como “desafíos actuales” de la CIDH a la lucha contra “la exclusión, la pobreza y la miseria”, destacó la necesidad de alcanzar “no sólo el Estado de Derecho sino también el Estado de Justicia”, y agregó en referencia al golpe de Estado en Honduras que “algunos regímenes sólo se pueden sostener mediante violaciones masivas a los derechos humanos”.

“No enviamos los proyectos al Congreso como homenaje a la CIDH sino como sujetos del derecho internacional que respetamos los tratados y las normas internacionales y, por sobre todas las cosas, los derechos humanos. No es benevolencia, es cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana y los procedimientos de la CIDH”, aclaró Fernández de Kirchner.

Luego anunció el acuerdo amistoso con Abuelas y el proyecto para despenalizar las calumnias e injurias. “Dudo que haya habido alguna otra etapa en la vida institucional de nuestro país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la que me ha tocado gobernar”, afirmó, y desafió a probar lo contrario “a cualquier archivo, a cualquier memoria”. En referencia a las presidentas de la CIDH y la Corte, celebró que “somos tres mujeres” las protagonistas de los acuerdos, “en defensa de dos derechos personalísimos y a la vez de los más colectivos que pueden tener los seres humanos: la libertad y la identidad”. “Libertad para que cada uno pueda decir lo que piensa, aun a costa de tener que soportar mentiras”, destacó.

“Ojalá podamos sortear los fuertes obstáculos que están teniendo las democracias, como en Honduras”, dijo, y recordó la “fecha emblemática para la región, por el golpe contra Salvador Allende, y para el mundo, ya que un 11 de septiembre el terrorismo internacional se abatió sobre las Torres Gemelas”. “Creo que ante tanta barbarie y tanta irracionalidad, oponer la razón, la sujeción a las normas de derecho internacional, es el mejor antídoto para cualquier terrorismo y para cualquier intento de entorpecer las democracias”, reflexionó. Cerró con palabras para los ex comisionados de la CIDH, “que vinieron porque no había justicia ni libertad de expresión”, recordó. “Esta orgullosa presidenta los recibe para darles las gracias por lo que hace treinta años hicieron para todos los argentinos”.

jueves, 10 de septiembre de 2009

“Apareció la palabra desaparecidos”

LOS EX MIEMBROS DE LA CIDH RECORDARON LA HISTORICA VISITA DE 1979

Familiares de desaparecidos, miembros de organismos de derechos humanos y ex presos políticos agradecieron la gestión que hizo el organismo internacional hace treinta años. Los ex comisionados contaron detalles sobre la recolección de denuncias.

Por Diego Martínez
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El periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y el ex comisionado de la CIDH Tom Farer.

“En nombre de los ex presos políticos del noroeste argentino, quiero recordar que la primera denuncia sobre la masacre de Margarita Belén la pusimos en el bolsillo del saco del comisionado Tom Farer cuando nos visitó en la cárcel”, agradeció una mujer con el pulso tembloroso. “En el Ministerio del Interior me decían ‘¿Así que su hijo tiene 17 años? Tal vez ya lo hizo abuelo’. Ante la CIDH por primera vez nos sentimos respetados como seres humanos”, recordó con lágrimas en los ojos Julio Morresi, símbolo entre los padres de desaparecidos. “En nombre de los organismos de derechos humanos y me animo a decir de la sociedad argentina, a los miembros de la CIDH de 1979 y a los actuales, muchas gracias”, redondeó su exposición el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Los destinatarios de los elogios fueron los ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en septiembre de 1979 se instalaron en la Argentina, recibieron cientos de denuncias de familiares de desaparecidos, entrevistaron a presos políticos, se reunieron con autoridades del gobierno de facto y elaboraron el informe sobre las violaciones a los derechos humanos que marcó el comienzo del fin de la última dictadura. Tres estaban presentes en la Cancillería: el norteamericano Farer y el colombiano Marco Gerardo Monroy Cabra, ambos comisionados, y el ex secretario ejecutivo, el chileno Edmundo Vargas Carreño.

“Cuando llegué a la CIDH descubrí que no había reglas para las observaciones in loco”, recordó Farer. Un año después, en 1977, él mismo las inventó durante una misión en Panamá. “Autoridad total para investigar cualquier cosa en cualquier parte del país, anuncio público y garantías de no represalias contra los testigos”, resumió. “El gobierno argentino propuso que viniéramos a estudiar el sistema judicial, que entonces no existía”, explicó. “Entonces invocamos el tratamiento igualitario, que obligó a la Junta a enfrentar la realidad”, agregó.

Con el orgullo a flor de piel, el ex comisionado enumeró “impactos” de la visita. “La palabra ‘desaparecido’ no aparecía en los medios. Clarín y La Nación publicaban noticias de enfrentamientos en los cuales los terroristas siempre morían o escapaban. Durante la visita apareció por fin la palabra ‘desaparecidos’. Se estaban abriendo las exclusas y creo que el gobierno no pudo cerrarlas nunca más”, recordó. Más tarde contó su impresión de la visita al dictador Jorge Videla. “Fue una reunión de trato correcto pero no cordial. Dijo lo que todo el gobierno repetía: que había ‘una guerra civil, una guerra sucia, con excesos inevitables’. Tenía una personalidad introvertida, un hombre de una época anterior”, resumió.

“La recopilación de indicios concordantes y uniformes permitió afirmar que los miles de desaparecidos estaban muertos, y que era incontrovertible la violación de prácticamente todos los derechos humanos conocidos”, explicó Monroy Cabra. “El informe estableció la verdad histórica y puso el dedo en la llaga sobre el problema de los desaparecidos. Dio origen a la figura de la desaparición como crimen de lesa humanidad”, agregó.

Verbitsky desempolvó de su archivo uno de los quinientos ejemplares del informe que Emilio Mignone ingresó al país clandestinamente y pidió a los ex miembros de la misión que se lo autografiaran. Recordó que la dictadura prohibió su difusión pero que en 1980 el fundador del CELS y sus colaboradores fotocopiaron y distribuyeron dos mil copias. Luego fue atrás en el tiempo, rememoró las estrategias de Mignone, Noemí Labrune y demás miembros fundadores para seleccionar 500 de los 4500 casos documentados que había recopilado la APDH y llevarlos a la CIDH. “El impacto del informe fue enorme. Por primera vez los medios tuvieron que publicar lo que sucedía, terminar con la ficción de los enfrentamientos y la descalificación de las víctimas”, destacó. “Se abrió una nueva fase del proceso: la de admisión general de los crímenes y defensa de la impunidad de los perpetradores”, concluyó.

El panel fue el segundo del día. En primer turno expusieron Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich, actuales presidente y vice de la CIDH –que ayer se entrevistaron con miembros de la Corte Suprema y el Senado– y la jueza chilena Cecilia Medina, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

lunes, 7 de septiembre de 2009

Las hormiguitas del capitán Hess

Un caso emblemático que muestra la falta de una estrategia judicial para investigar los vuelos de la muerte

A cuatro años de concluida la investigación sobre el relato del capitán Emir Sisul Hess como piloto de los vuelos de la muerte, la justicia nunca lo citó a declarar. Una demora que muestra la escasa voluntad judicial en avanzar con esas causas.

Por Diego Martínez
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El avión Ushuaia, usado para arrojar prisioneros al mar, exhibido en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca.

Son centenares, tal vez miles. Miembros de las tres Fuerzas Armadas, de fuerzas de seguridad y también civiles. Los más jóvenes tienen poco más de cincuenta años. Los mayores rondan los noventa. Un puñado está en prisión. Algunos enloquecieron. Varios trabajan en aerolíneas, nacionales y extranjeras. La mayoría disfruta de hijos y nietos, va a misa y recorre las calles como cualquier vecino. Sólo ellos y sus íntimos conocen el secreto que los degrada: arrojaron a personas vivas, drogadas, indefensas, desnudas, desde aviones en vuelo hacia el vacío. Treinta años después, los vuelos de la muerte aún rinden frutos. Existen casos probados a partir del hallazgo, en costas bonaerenses y rioplatenses, de cadáveres de personas que pasaron por Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Existen miles de desaparecidos a los que se privó hasta de una tumba sin nombre. Existen confesiones públicas y privadas que coinciden en la rotación del personal para sellar el pacto de silencio. No existe, sin embargo, ninguna estrategia judicial para identificar a pilotos y tripulantes.

Si la clandestinidad, la destrucción de pruebas y el silencio impiden poder investigar a fondo cada eslabón del Estado terrorista, identificar a quienes participaron en los vuelos tiene un escollo adicional: no hubo testigos en los aviones. Un sondeo entre querellantes, antropólogos y magistrados sugiere sin embargo que el fin no es utópico. Entre las pruebas disponibles tiene un valor central la confesional, la admisión ante terceros. ¿Alguien pudo no haber relatado la experiencia límite de arrojar a una persona al mar? ¿Morirán los confesores en la complicidad del silencio?

Página/12 publicó ayer la historia de dos aviones Electra en exposición, relatos sobre vuelos de los propios represores y la confesión de un suboficial naval que admitió su participación ante compañeros de trabajo. A cuatro años de concluida la instrucción sobre el relato del capitán de corbeta Emir Sisul Hess como piloto de vuelos de la muerte, la justicia no lo citó a declarar.

“Tipos muy pesados”

Nacido en Bahía Blanca en 1949 y miembro de la promoción 102 del comando naval, Emir Sisul Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora pero mencionada por el cabo Raúl Vilariño, que ya en 1984 denunció los vuelos, como una cobertura de represores de la ESMA.

Hess era aviador naval y paracaidista. Tenía el grado de teniente de corbeta. Sus jefes eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston.

En 1984, citado a declarar por el contralmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, dijo desconocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta, con 41 años, e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort S.A. en Villa La Angostura. En aquel paraíso y en pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llega a la justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

La base de Palomar es la misma que Rodolfo Walsh vinculó a los vuelos en su Carta Abierta a la Junta Militar. “Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto”, calculó en marzo de 1977. Detalló el hallazgo de cuerpos mutilados en costas uruguayas y acusó a las tres Fuerzas Armadas “de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea”. Identificó como jefe al brigadier Hipólito Mariani, condenado a 25 años de prisión por crímenes en Mansión Seré pero libre hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia, y apuntó que “usaron transportes Fokker F-27”.

El testimonio ante la Conadep de Arnoldo Bondar, empleado civil en Palomar, sugiere que no sólo los cautivos de la Armada despegaban desde la base de la Fuerza Aérea. “En reiteradas oportunidades vi llegar camiones de la policía de la provincia cargados de jóvenes de ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de dos hélices, generalmente de la Armada. Desconozco el destino. Esta operación se realizaba al costado de la pista principal y casi siempre llegaban antes algunos patrulleros para montar guardia alrededor del avión”, declaró.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares. El abogado, que según el condenado general Santiago Riveros tardó seis años en comprender la lógica castrense, citó un escrito de Hess en el que renegaba por la impopularidad de su oficio. “Un militar se capacita para matar o morir, por supuesto que en salvaguarda de valores superiores. Perder de vista nuestra razón de ser nos puede convertir en cirujanos con aversión a la sangre”, lo citó Varela.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ‘90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano tras su renuncia, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, donde ya existía la causa 3227/02 sobre los vuelos, una recopilación de listados y legajos de marinos sin procesar. Allí, en un despacho de Comodoro Py, descansa desde hace cuatro años.

dmartinez@pagina12.com.ar

Al mejor postor

Por Diego Martínez

Página/12 informó ayer que uno de los aviones Electra usados por la Armada en los vuelos de la muerte está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca, otro en manos de un empresario en el partido de Esteban Echeverría, y que “el tercero habría sido desguazado y convertido en chatarra”. No todavía. El aparato, matrícula 5-T-1, bautizado “Antártida Argentina”, está desde la semana pasada en exposición, con vistas a su remate, en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, célebre por la masacre de 1972. El diario El Chubut informó el lunes sobre la “exposición para remate”, dispuesta por el Ministerio de Defensa, de tres aviones Electra. Consignó que “la venta forma parte de una emergencia económica de las Fuerzas Armadas”, que “por su aluminio duro” los aparatos de 17 toneladas “podrían ser comprados por Aluar”, o bien para ser usados “en forma ‘llamativa’ como discoteca o casino, o para filmar películas de catástrofes aéreas como Lost”. El detalle de los modelos que debe rematar el Banco Ciudad lo aportó el spotter (historiador aeronáutico) Carlos Abella en su blog Roll Out. Dos de los aparatos fueron adquiridos en 1982 y 1983, cuando el trabajo sucio de las Fuerzas Armadas había concluido. El tercero es el “Antártida Argentina”, que la Armada compró durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse, llegó al país a fines de 1973 y fue destinado durante la dictadura a la 1ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil, con base en el área militar del aeropuerto de Ezeiza, escala previa a la muerte de una cantidad indeterminada de detenidos-desaparecidos.

Los vuelos probados

Un método generalizado
Por Diego Martínez

Víctimas de cuatro vuelos de la muerte fueron devueltas a las costas e identificadas. Las primeras, arrojadas al Río de la Plata en mayo de 1976, estuvieron secuestradas en Campo de Mayo. Las segundas, en diciembre de 1977, fueron vistas en la ESMA. El tercero, en febrero de 1978, habría estado también en El Campito. Los últimos, a fines de 1978, pasaron sus días finales en El Olimpo. Los casos evidencian una práctica común y prolongada entre militares que dependían del Comando de Institutos Militares, de la Armada y del Primer Cuerpo de Ejército. También es común la respuesta de los magistrados a cargo de las causas: ninguno investiga quiénes participaron de las desapariciones.

En mayo de 1976 el Río de la Plata arrojó en playas del Uruguay los cuerpos de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Tenían signos de torturas y estaban atados de pies y manos. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con forma de corazón y las iniciales de Avellaneda permitieron identificarlos. El joven de quince años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo, donde funcionaba el Batallón de Aviación 601. El año pasado, a pedido del abogado Pablo Llonto, se abrió en el Juzgado de San Martín el caso 323, “Irregularidades en el Batallón de Aviación 601”. Tras la renuncia de Martín Suares Araujo la megacausa está a cargo del juez subrogante Juan Manuel Yalj, que ante la consulta de Página/12 manifestó su voluntad de investigar y reclamó “que la Corte Suprema nombre personal, para poder salir a buscar pruebas y no tener que trabajar sólo con las que traen los querellantes”.

A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos, secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz el 12 de diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de la monja francesa Léonie Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF. En la causa ESMA, a partir de los casos Scilingo y Hess, se abrió hace siete años la causa conexa 3227 para investigar los vuelos. Hasta el momento es una masa voluminosa de legajos sin procesar.

El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Ramón Arancibia, ex miembro del comité central del Partido Revolucionario de los Trabajadores y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle, a metros de las Madres fundadoras. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y la principal hipótesis de los investigadores es que permaneció en cautiverio en Campo de Mayo. El diagnóstico del EAAF es idéntico al de las Madres.

En diciembre de 1978 el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos de El Olimpo, enterrados como NN en General Lavalle, General Madariaga y Villa Gesell. Un informe de la época del Departamento de Estado norteamericano detalla gestiones realizadas por tres Madres y una investigación de un enviado de Clarín, archivada cuando un llamado de la oficina de prensa de la dictadura alertó sobre la “inconveniencia” de publicarla. Los cuerpos fueron exhumados por el EAAF y nueve fueron identificados: Helios Serra, Cristina Carreño, Isidoro Peña, Nora Haiuk de Forlenza, Oscar Forlenza, Jesús Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Pacino. A pedido de Lorena Pacino, hija de la víctima, el fiscal federal Federico Delgado inició una instrucción preliminar centrada en las bases aéreas de El Palomar y Morón.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Aviones de la muerte

DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.

Por Diego Martínez
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El 5-T-3 Río Grande, en una empresa privada, en Esteban Echeverría.
Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.
El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.
La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.
El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.
El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.
El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.
La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:
Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.
–¿Quién era el comandante?
–Capitán Dazzi.
–¿Qué les dijo?
–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.
–¿A todos?
–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.
–¿Por qué había sangre?
–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.
“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.
Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.

El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.
“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.
“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.
Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.
Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.
El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.

Fuimos todos

TESTIMONIOS DE REPRESORES SOBRE EL METODO DE ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Policías, miembros del Ejército y de la Armada hablaron desde 1981 de la existencia de los vuelos de la muerte. En 1995 el ex marino Adolfo Scilingo se convirtió en el primer represor en confesar su participación.

Por Diego Martínez
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El primer testimonio de un represor sobre los vuelos, en 1981, pertenece a Luis Alberto Martínez, suboficial de la Policía Federal, hoy prófugo por la Masacre de Fátima. Detenido en Suiza por secuestros extorsivos en la Argentina, El Japonés Martínez detalló ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre que, tras los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de Seguridad Federal recurrían a los vuelos.

“Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. Al llegar recibían una inyección, se les decía contra las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército. Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró. Apuntó que el método existió antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975-1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.

Ya en democracia, el cabo Raúl Vilariño se refirió a los “vuelos sin puerta” de la Armada. “Se hacían desde Ezeiza. Se colocaba el avión, se acercaba el camión, se subían los guerrilleros en estado de coma o idiotez y se salía al río. Eran largados desde el aire”, relató a la revista La Semana. “Se les daba una medicación que hacía que no se resistiesen. Los tomaban de a uno y los iban lanzando, sin vestimenta y sin nada que pudiera servir para identificarlos”, contó. Tras la aparición de cuerpos “en playas de Quilmes y Montevideo empezaron a tirarse más adentro, así los cadáveres molestos no volvían a aparecer”, explicó Vilariño, que calificó a la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros como una “cobertura” de quienes operaban en la ESMA.

En 1995 el ex capitán Adolfo Scilingo admitió ante el periodista Horacio Verbitsky su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque, en un Skyvan de Prefectura y en un Electra de la Armada. “La mayoría participó, era una especie de comunión.” “Era para comprometerlos.” “Venían rotando de todo el país. Alguno puede haberse salvado pero de forma anecdótica”, contó, y categorizó a los victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo, “invitados especiales” que daban “apoyo moral”, mecánicos, y hasta un cabo de Prefectura que entró en crisis cuando comprendió su misión.

En su declaración ante la Justicia en España y en entrevistas posteriores, Scilingo detalló que la orden para el primer vuelo se la dio el vicealmirante Adolfo Arduino, que murió impune. La columna desde la ESMA hasta Aeroparque la condujo el capitán Jorge Vildoza, prófugo eterno. Compartió el vuelo con el “teniente Vaca”, a quien identificó como el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que está libre, y con el capitán de navío Carlos Daviou, preso en Marcos Paz. Entre los tripulantes que permanecían en actividad, identificó al contraalmirante Basilio Pertiné, cuñado de Fernando de la Rúa, y al almirante Jorge Enrico, jefe del Estado Mayor Conjunto de Carlos Menem, que la semana pasada despidió desde un aviso fúnebre en La Nación a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia. Entre los capellanes que sedaban las conciencias de los asesinos identificó a Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, sacerdotes en actividad de la Iglesia Católica, igual que el condenado Christian von Wernich.

También en 1995 dos guardias de Campo de Mayo admitieron que el Ejército recurrió al mismo método de desaparecer personas. El sargento Víctor Ibáñez confesó ante el periodista Fernando Almirón que “El Campito”, pegado a la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, “era el lugar ideal para ocultar idas y vueltas de los aviones: nadie podía ver nada, el perímetro estaba vigilado por Gendarmería”. Dijo que vio subir “hasta ochenta personas” en un vuelo. Mencionó los aviones Twin-Otter, Fokker F27, Hércules y Fiat. En el Hércules viajaban dos pilotos, un ingeniero de vuelo, dos mecánicos y el comisario de a bordo, dijo. Los suboficiales se encargaban de buscar a los prisioneros. Los llevaban en camión hasta la pista, les decían que iban a blanquearlos y, con la excusa de una vacuna, les inyectaban un somnífero. “En menos de un minuto estaban como muertos”, agregó. El “grupo de eliminación” del Ejército también era rotativo, relató.

El suboficial Pedro Caraballo, que ingresó a Gendarmería como trompetista y terminó como guardia del “Campito”, relató ante la Asociación de Abogados que los secuestrados “eran llevados sin cadenas, encapuchados, hasta el avión”. Según la declaración, “les aplicaban inyecciones y caían al suelo, no sabe si vivos o muertos. Le contaron que arriba de los aviones les abrían la panza para que se hundieran rápidamente”. Los vuelos eran “todos los viernes”. A fines de 1977, Caraballo chocó con un auto robado por el Ejército y tuvo la mala idea de declararlo en la comisaría. “Usted es un pelotudo y va a ser castigado”, le advirtió el comandante de Gendarmería Horacio Domato, hoy prófugo. Le dieron de baja luego de dos años preso.

El segundo relato conocido de un marino que admitió su participación es el del suboficial Juan Lorenzo Barrionuevo. Contó Jeringa que un día se cansó de inyectar Pentonaval y pidió volar. “Tenía miedo de no animarme a empujar a la gente al vacío, pero me animé. Me sentía Dios, estaba en mi mano la vida o la muerte. Podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores que causa el miedo”, le confesó a un guardia del hospital de Ushuaia. Barrionuevo murió el año pasado, en libertad, a los 54 años.

El método también se aplicó en Rosario. Eduardo Constanzo, personal civil del Destacamento de Inteligencia 121, contó el año pasado ante el periodista José Maggi, de Rosario/12, que meses antes del mundial de fútbol de 1978 los secuestrados del centro clandestino La Intermedia fueron ejecutados uno por uno. Según consta en el documento con el que se elevó la causa a juicio, amontonaron los cadáveres en una habitación de la quinta, propiedad de la familia Amelong, y los desnudaron. Luego se ordenó “tapar los balazos con pedazos de trapos, porque los pilotos del Hércules se habían quejado” (sic). Los envolvieron en frazadas y los cargaron en un camión Mercedes Benz 608 que partió hacia el aeropuerto de Fisherton. “Los tiraron a la bahía de Samborombón, se los comieron los tiburones”, resumió Constanzo.