lunes, 24 de mayo de 2010

“Subían a personas embolsadas o maniatadas”

Dos ex conscriptos fueron testigos de los vuelos de la muerte que se realizaban en Mar del Plata

Ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva declararon que los vuelos se hacían con un avión Albatros de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas. Otras ya muertas y embolsadas.

Por Diego Martínez
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Los testigos confirmaron la relación sin intermediarios de los interrogadores con el juez Pedro Federico Hooft.

“El avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos. Pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo. Daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los treinta o cuarenta minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada.”

Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la Base Aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal 5. El relato pertenece a un ex conscripto clase 1957 que el viernes declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina –su identidad se reserva a pedido de la Justicia– y confirma que los vuelos de la muerte no sólo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery y Campo de Mayo.

El método argentino de desaparición de personas, que según Adolfo Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de condenas aisladas como las de los generales Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e “invitados especiales” que según Scilingo también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Hess, quien contó en privado que los enemigos “caían como hormiguitas”, y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas holandeses.

Los relatos que reactualizan el tema tienen un doble valor adicional: pertenecen a ex conscriptos, testigos centrales del terrorismo de Estado que recién ahora sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y tuvieron lugar durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la Nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina.

Línea directa con Hooft

“En la base aérea había doscientas personas, incluidos ciento sesenta conscriptos, la mayoría del interior. En cinco meses nos conocíamos todos”, resume ante Página/12 en la sede del Programa Nacional de Protección de Testigos uno de los dos hombres que el viernes declararon durante horas y terminaron aplaudidos por sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La condición para la entrevista es que se preserven identidades y rostros.

Uno padeció el servicio militar obligatorio en la oficina de comunicaciones de la base, destino que le permitió conocer a todos los interlocutores de los represores. “Tenía setenta internos. Después del golpe agregaron otro, creo que el 32, que comunicaba a quienes pedían por inteligencia. Empecé a escuchar y me di cuenta de que ahí abajo tenían a los detenidos”, recuerda.

“Había un tipo que jodía con los hábeas corpus, un tal Hooft”, declaró el viernes ante los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París. El nombre no sorprendió a los querellantes marplatenses: se refería el juez Pedro Federico Hooft, que continúa en funciones con varios pedidos de juicio político en el haber por su actuación durante la dictadura. “Hooft siempre pedía hablar con inteligencia. Cuando no atendían, el interno decía ‘va a ir el doctor Cincotta’”, agregó. Eduardo Cincotta era un militante de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), organización que sembró de muertos Mar del Plata durante 1975. Después del golpe se integró a los grupos de tareas del GADA 601 y murió el año pasado, a poco de haber sido detenido y procesado.

A diferencia de los conscriptos marplatenses, a quienes los militares trataban de mantener al margen de la represión ilegal, los del interior debían participar de operativos en la ciudad y también cubrir guardias externas, que les permitían conocer los movimientos de la base, e internas, durante las cuales tenían breves contactos con los secuestrados. “Sólo había un mínimo diálogo cuando pedían ir al baño. Teníamos que darles una capucha y ponernos otra nosotros para no vernos las caras”, recuerda el hombre en referencia a las famosas medidas de contrainteligencia por cuyo relajamiento en la ESMA reniegan Pernías, Rolón & Cía. “Teníamos prohibido hablar”, agrega y se enorgullece de haber burlado la orden: le informó a un abogado marplatense dónde estaba secuestrado, le dio una birome para que escribiera una carta y se la hizo llegar a su familia. “No me animé a tocar timbre, la dejé en la puerta”, agrega.

Si bien la base era de la Fuerza Aérea, los interrogadores, que llegaban al atardecer y hacían su trabajo sucio durante la madrugada, pertenecían a inteligencia del Ejército, responsable primario de la represión ilegal. Los colimbas los llamaban “los verdugos”. Una tarde de lluvia camino a La Cueva los dos hombres hicieron escala en la oficina de comunicaciones y entre mate y mate mostraron la picana eléctrica, que llevaban en un estuche. “No dijeron nada sobre su uso y no me animé a preguntar.”

Los dos ex conscriptos, que entonces tenían veinte años, recuerdan a Molina como un personaje excéntrico. “Andaba lleno de granadas, cuchillos, cargadores, tipo Rambo, le faltaba un paracaídas, era fantástico.” La otra característica, que los sobrevivientes también recuerdan, era el olor al perfume. “Era un tipo pulcro, siempre bien arreglado y perfumado”, contaron ante el tribunal.

–¿Recuerda qué perfume usaba? –quiso saber un juez.

–No lo sé, doctor, pero en un cuartel un buen jabón de tocador ya es perfume –respondió y generó sonrisas en medio de tanta tragedia.

Bolsas desde La Cueva

“En la base había un solo avión, chiquito, que piloteaba (Gonzalo) Gómez Centurión. Después trajeron el Albatros de la Marina. Entonces empezaron los vuelos a la noche. Salía el avioncito, pasaban veinte, treinta minutos, y volvía. Decían que a la gente la llevaban semidormida y la tiraban al mar”, declaró ante el tribunal el ex colimba de comunicaciones, en base a relatos de compañeros.

Testigos directos a pesar de los reflectores eran los soldados que cubrían los doce puestos de guardia externa, desde donde no sólo veían entrar a los secuestrados encapuchados en los autos de civil de los grupos de tareas. “Una noche vi cargar cinco o seis bolsas al avión. Las subían entre dos, se conoce que eran pesadas. Otras veces las arrastraban desde una punta. Esas bolsas salían desde La Cueva”, explica a Página/12 el hombre de rostro curtido y mirada serena.

“Una vez vi salir gente del radar hacia los aviones. Los llevaban atados de los pies, seis o siete personas. Iban a los saltitos, subían como podían”, contó el día anterior, y agregó: “El avión tenía la insignia de la Armada”, dato curioso por tratarse de una base de la Fuerza Aérea y un centro clandestino del Ejército, que acondicionó el viejo radar abandonado para achicar distancias con Mar del Plata y así poder arrancar información rápido para retomar la cacería.

–¿Qué se siente después de declarar? –pregunta el cronista.

–Alivio. Es imposible vivir toda la vida con esa cruz. Fueron muchos años sin hablar, con trastornos psicológicos. Nadie se ocupó de nosotros. Hasta hoy nuestras familias no creen lo que vivimos, piensan que estábamos locos, dicen “¿cómo van a tirar gente al mar?”. Les vamos a llevar el diario para que lo crean. Uno siempre estuvo dispuesto a poner un granito de arena, pasa que el temor siempre existió.

–¿Por qué ahora sí?

–Vemos que la situación está cambiando, que hay garantías, que se puede tener más confianza en la Justicia. Todavía hay miedo pero de a poquito se va a ir perdiendo. Cuando otros colimbas se den cuenta de que acá no hay ningún lucro, que no es una pavada para sacar una nota, que es para esclarecer la verdad y que esta vez vamos en serio, van a empezar a hablar, todos van a hablar.

dmartinez@pagina12.com.ar

viernes, 21 de mayo de 2010

Afuera, a pesar de las amenazas

EXCARCELARON AL SUBOFICIAL ABEL CESAR SCOLLO
Por Diego Martínez

Luego de apenas tres días de detención, la Justicia federal de San Nicolás excarceló ayer al suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, imputado por delitos de lesa humanidad en Zárate y Campana. La captura del vocero histórico del carozzismo, que gobierna Baradero desde hace veinte años, había sido ordenada el viernes pasado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien se resistió durante medio año a citar a indagatoria al militar –el fiscal federal Juan Patricio Murray solicitó su detención en noviembre pasado– y quien curiosamente se tomó licencia luego de impartir esa orden. A pesar de haberle asegurado a Página/12, mediante un correo electrónico, que la imputación en su contra es “una historia inventada”, Scollo se negó a prestar declaración ante el juez subrogante Alberto Martín Martínez, quien de inmediato ordenó su excarcelación con argumentos que se desconocen. Martínez concedió el beneficio en el marco de la investigación por la cual Villafuerte Ruzo solicitó incluir en el Programa Nacional de Protección de Testigos a tres personas que fueron amedrentadas tras declarar sobre el pasado de Scollo.

El ex cabo, que en plena dictadura admitía su participación en operativos, y que en 1998 llegó a ufanarse en televisión de haber detenido a “subversivos” en la estación de Campana, está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado información que derivó en crímenes de lesa humanidad. En democracia se recicló como periodista. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero, y cargó en Internet una foto de los tres sonrientes junto al intendente. Tampoco oculta sus óptimas relaciones con la policía bonaerense.

La excarcelación de Scollo fue solicitada el martes por su defensora oficial. El fiscal Murray se opuso en este caso puntual por la magnitud de la pena en juego, la abundancia de pruebas y, sobre todo, por las denuncias de amedrentamiento a testigos, en algunos casos por medio de altos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires.

jueves, 20 de mayo de 2010

Camino despejado para el ADN

Casación rechazó dos planteos de la defensa de los Noble Herrera

Los camaristas ratificaron la resolución de primera instancia para que se realicen los análisis genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera y se los confronte con todas las muestras de familiares de desaparecidos del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por Diego Martínez
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Marcela y Felipe Noble Herrera. Sus muestras de ADN se confrontarán de acuerdo con lo ordenado por el juez.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer otros dos planteos dilatorios formulados en nombre de Marcela y Felipe Noble Herrera. El primero es un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que teóricamente apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La negativa de Casación deja firme la orden de avanzar con la medida de prueba que reclaman Abuelas de Plaza de Mayo y que permitiría conocer la verdadera identidad de los jóvenes. El segundo planteo rechazado confirma la legalidad de las órdenes de allanamiento dictadas en diciembre por el ex juez de la causa, Conrado Bergesio, para que se extrajeran muestras de ADN a partir de objetos personales de las víctimas, método alternativo a la extracción compulsiva, avalado por la Corte Suprema de Justicia.

La saturación de planteos de los abogados de Clarín, a quienes la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó investigar por representar alternativamente a Ernestina Herrera de Noble y a las víctimas, oscurece por momentos la cuestión de fondo: la sucesión de falacias volcadas en los expedientes de adopción. En el caso de la niña, el 13 de mayo de 1976 la viuda de Noble se presentó ante la jueza Ofelia Hejt con una beba en sus manos, dijo que la había encontrado en una caja en la puerta de su casa de San Isidro y ofreció como testigos a una vecina y al cuidador de la casa de la vecina. En 2001 el hombre declaró que nunca fue cuidador de casas: su trabajo fue como chofer de Roberto Noble y, tras su muerte, de la viuda. El juez Roberto Marquevich constató que la presunta vecina no vivía allí y confirmó en registros oficiales que la viuda nunca vivió en la casa que declaró.

El expediente de adopción de Felipe sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, se lo entregó a la jueza Hejt el 7 de julio de 1976. El mismo día, sin disponer un estudio ambiental ni determinar las circunstancias del nacimiento, la jueza concedió la guarda a la empresaria, viuda y sin hijos desde 1969. Marquevich determinó que la señora Delta nunca existió. El dato falso sobre el domicilio en San Isidro y la omisión del sistema de turnos fueron decisivos para determinar la competencia del tribunal. (Hejt, ya fallecida, es la misma jueza que en abril de 1977, sin disponer medidas para ubicar a su familia y pese a las evidencias de que sus padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984.)

Las irregularidades probadas derivaron en 2002 en la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó a Marquevich su destitución en un juicio político. Días después de ser liberada, la dueña del grupo económico emitió su primera y única declaración pública sobre el tema: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió en su diario. Hace un mes la estrategia incluyó por primera vez la exposición de las víctimas, que leyeron en cámara un libreto según el cual “nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”, exactamente lo contrario.

El represor-periodista fue detenido

El dueño de FM Tiempo de Baradero, Abel César Scollo
Por Diego Martínez

A seis años de la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, a seis meses del pedido de detención formulado por el fiscal federal Juan Patricio Murray y a un mes de que Página/12 informara sobre la obstrucción de la Justicia de San Nicolás en las causas por delitos de lesa humanidad, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención del suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, vocero histórico del carozzismo que gobierna Baradero desde hace dos décadas y director de la FM Tiempo, la radio apedreada durante la pueblada de marzo. El militar que en los ’90 se ufanó en televisión de haber detenido “subversivos” prefirió no declarar y quedó detenido en la delegación San Nicolás de la Policía Federal. El fiscal recordó los antecedentes de fugas en dependencias de esa fuerza y solicitó su traslado a una cárcel.

Scollo relataba en plena dictadura su participación en operativos. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba. Testigos que declararon en la causa lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. El militar reiteró los relatos con orgullo ante compañeros de trabajo mientras regían las leyes de impunidad. En 1998 admitió durante una entrevista en el Canal 6 local que realizaba detenciones en la estación de Campana, contó sonriente que “tenía un grupo de soldados”, que llevaba encima una carpeta negra con “documentación de personal subversivo” y que su camuflaje incluía “anteojos ahumados”.

Sus buenas migas con el poder político diferencian a Scollo de la mayoría de los represores. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo, la radio que hace dos meses lo llevó a relatar “la guerra que estamos viviendo”. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero. Scollo cargó en la web la foto que los retrata sonrientes, pero la bajó horas después, tal vez para no dejar pegados a los tertulianos con su pasado. El periodista Mariano Cruz Liberatti alcanzó a grabar la foto, que aún puede verse en YouTube.

El ex suboficial está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado la información que derivó en crímenes de lesa humanidad. Las víctimas pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores o a grupos vinculados y fueron capturadas en Baradero y San Pedro entre abril y junio de 1976. Cuatro aparecieron flotando en el Río de la Plata con lesiones típicas de quienes fueron arrojados desde aviones.

sábado, 8 de mayo de 2010

Representaciones incompatibles

Denuncian a los abogados de Ernestina Herrera de Noble
Por Diego Martínez

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Ernestina Herrera viuda de Noble por la adopción irregular de dos bebés a mediados de 1976, separó ayer del proceso y denunció penalmente a los abogados Jorge Eduardo Anzorreguy y Horacio Marcelo Silva por representar paralelamente a la imputada y a las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera. Una semana después de recibir la investigación que Conrado Bergesio instruyó durante siete años, la magistrada descubrió que la “incompatibilidad de intereses” no se limitaría a dos abogados: “Toda la asistencia letrada” de la dueña de Clarín y de los niños que adoptó en plena dictadura militar “habría actuado en forma coordinada e indistinta” a lo largo “de todo el expediente”, sugirió. La denuncia por prevaricato recayó paradójicamente en manos de Bergesio, de turno de San Isidro, a quien Arroyo Salgado le sugirió apartarse porque “podría haber incidido en la comisión del delito”.

La Cámara de Casación, a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, le encomendó a Bergesio el 9 de abril dilucidar a cuál de las partes representaban Anzorreguy y Silva, que presentaron escritos en nombre de una y otros. Luego la Cámara de San Martín apartó al juez por demorar la investigación, que heredó Arroyo Salgado. La jueza corroboró el doble juego de los abogados, solicitó al Colegio Público que evalúe la sanción que les cabe y extendió la sospecha al ejército de letrados de Clarín. Apuntó con citas de fojas “la correlación de formato y tipografía” de escritos presentados por ambas partes, infinidad de “presentaciones en forma concomitante” que “sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”, y –en otro aporte a la antología de papelones del micromundo abogadil– la adhesión a un recurso de Roxana Piña, representante de las víctimas, de Carlos Espinosa, defensor de la imputada, en un mismo manuscrito y con idéntica caligrafía.

El próximo paso en la causa corresponde a Casación: debe admitir o rechazar un recurso extraordinario de Alejandro Carrió (en teoría representa a las víctimas) para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que los jóvenes Noble Herrera apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si Casación lo rechaza, una vez más quedará firme la orden judicial que permitiría conocer la identidad de Marcela y Felipe, posibles “víctimas de la represión ilegal” según admitió la imputada en la carta abierta que en 2003 publicó en su propio diario.

miércoles, 5 de mayo de 2010

Final de juego para el socio civil del golpe

Fue arrestado José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo del plan económico de la última dictadura

El ex ministro de Economía fue retirado en camilla y trasladado a un sanatorio. El juez destacó “la deliberada impunidad de los procederes” en el caso Gutheim, por el que fue detenido.

Por Diego Martínez
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José Alfredo Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil.

José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura y símbolo máximo de la política que castigó “a millones de seres humanos con la miseria planificada”, como advirtió Rodolfo Walsh en marzo de 1977, fue procesado ayer con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide por dos secuestros extorsivos que el magistrado calificó como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. La investigación judicial de los delitos que padecieron los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976, se interrumpió gracias a un indulto del ex presidente Carlos Menem que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la semana pasada. Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, definió a Martínez de Hoz como el “jefe civil del golpe de Estado” y calificó la medida judicial como “una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina”.

Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil. Tal como había requerido la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide decretó su “prisión preventiva de cumplimiento efectivo”. También le embargó sus bienes por dos millones de pesos. Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía Federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales se encontraba “postrado”. Finalmente fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos.

En 1988 el juez federal Martín Irurzun procesó al dictador Videla y a sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy como coautores del secuestro extorsivo de los Gutheim. El economista estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad, sino porque a diferencia de los uniformados no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó el miércoles pasado en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando los organismos de derechos humanos solicitaron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que se sumó la SDH. El miércoles pasado se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El mismo día Martínez de Hoz manifestó mediante una solicitada que se siente víctima de “una persecución interminable” por parte del gobierno nacional. Incluyó entre los supuestos cómplices a la Justicia federal y a la Corte Suprema de Justicia, con “escasas y honrosas excepciones”. Duhalde solicitó su detención de inmediato. Oyarbide ordenó el viernes la prohibición para que el imputado saliera del país. Como Martínez de Hoz había prestado declaración indagatoria en los ’80, ordenó su detención sin necesidad de volver a indagarlo.

El juez destacó en su resolución, de treinta y tres fojas, “la deliberada impunidad de los procederes” que caracterizaron el caso de los Gutheim. También se refirió al “irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional sobre sus súbditos, las más absoluta desatención –plenamente consciente y determinada– a las esenciales garantías ciudadanas y el avasallamiento de todo principio constitucional”. En resumen, “la actuación de las máximas autoridades de la Nación disponiendo, según su parecer, designios y/o conveniencias políticas y/o personales, sobre la vida y la fortuna de las personas, al margen de toda regla de convivencia y del Estado de Derecho”, escribió.

Duhalde expresó su “profunda satisfacción” por la decisión judicial durante una conferencia de prensa, en el auditorio Emilio Mignone, en la que anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos económicos en la decretaría que conduce. El funcionario destacó que el procesamiento es “por su actividad delictiva y no, como ha pretendido el procesado en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable”. También recordó que “la dictadura cívico-militar produjo un verdadero genocidio económico al pueblo argentino” y consideró que Martínez de Hoz “representó a las facciones más concentradas del capital financiero, de los sectores industriales –como ex presidente de Acindar y la Italo– y como conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural Argentina”. Martínez de Hoz está imputado en otras dos causas judiciales por delitos durante la dictadura: una como jefe de la asociación ilícita que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y la otra por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, ex director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado luego de oponerse a la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.