Reticencia de la Fuerza Aérea

LA FISCALIA LE INFORMO A DEFENSA QUE LA AERONAUTICA NO APORTA DATOS REQUERIDOS SOBRE AVIONES

Los familiares de víctimas del terrorismo de Estado arrojando claveles al Río de la Plata.

Por Diego Martínez

Mientras Adolfo Scilingo cumple su condena en España y hay sólo dos pilotos navales procesados luego de confesar (en privado) su actuación en vuelos de la muerte, las Fuerzas Armadas se resisten a entregar datos que permitan investigar el método argentino de desaparición de personas. El fiscal Federico Delgado, que desde hace un año investiga el funcionamiento de la Brigada Aérea de Palomar, le informó por escrito al Ministerio de Defensa “la escasa colaboración” de la Fuerza Aérea, a la que reclama sin suerte el historial de los aviones que según ex conscriptos y operarios civiles se usaron para arrojar secuestrados al mar. Esta misma semana, al procesar a Julio Poch, el juez Sergio Torres destacó que los documentos que sobrevivieron a la impunidad planificada existen “merced a un descuido o falta de prolijidad a la hora de eliminar todas las pruebas escritas”.

La primera denuncia sobre vuelos en Palomar la formuló Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Acusó a las tres fuerzas “de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea” y precisó que “usaron Fokker F-27”, modelo que el ex sargento Víctor Ibáñez incluyó entre los aviones que con idéntico fin usaba el Ejército en Campo de Mayo y que empleó la Armada en el Aeroparque Jorge Newbery, según alcanzó a contar el desaparecido Emilio Assales luego de ver a sus compañeros de la ESMA desmayarse al pie del avión y de que el Servicio de Inteligencia Naval postergara su agonía para interrogarlo. También el capitán Hemir Sisul Hess, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal, contó a sus íntimos que “los vuelos salían del Palomar o Morón”.

Delgado inició una instrucción preliminar a partir de la denuncia de la hija de un desaparecido víctima de los vuelos que los antropólogos forenses exhumaron de una tumba NN. El fiscal recibió más de trescientos testimonios, la mayoría de ex conscriptos y de civiles. Un soldado contó que vio grupos de “veinte a treinta personas” que “bajaban encapuchados de los furgones y eran subidos por personas vestidas de civil a los aviones”. “Nos decían que eran subversivos”, agregó. Otro dijo que “eran trasladadas en aviones que después nosotros limpiábamos”. Contó que los cautivos, “esposados unos de la mano de otros”, llegaban “en camiones de la Policía Federal”. Identificó los Fokker F-27, contó que los vuelos “duraban entre veinte y treinta minutos” y que se hacían “con mucha frecuencia”. Apuntó que “regresaban sin pasajeros”, aunque dijo ignorar el destino. “Los cabos decían que a esa gente la iban a cambiar de cárcel”, recordó.

Un tercer ex conscripto que dijo haber integrado la “compañía COIN, que significaba contrainsurgencia” y sobre la cual la Fuerza Aérea dice no tener antecedentes, recordó que “había una efervescencia instaurada que hacía creer que todos eran subversivos”. No vio cargar secuestrados, pero sí bajar desde un Fokker “gente esposada por la espalda y con los ojos vendados”, que luego eran “cargados en un micro”. Recordó en particular a “una mujer de unos 35 años” a quien “le pegaron un empujón de arriba y cayó de cabeza”.

Un ex motorista de Palomar supo “por comentarios de suboficiales” que “salían vuelos con personas vivas, quienes luego eran arrojadas al mar”. Agregó que los secuestrados “eran trasladados en camionetas y en forma conjunta por las tres fuerzas militares y por la policía”. “Esos vuelos no estaban programados, no figuraban en ninguna planilla”, dijo. Precisó que los vuelos eran “durante la noche” y que usaban “aviones Fokker F-27 Tango Charly, la versión paracaidismo” (la sigla significa Transporte y Carga y refiere a los aparatos que permiten retirar las butacas del Fokker para volar con carga). El testigo no identificó a los confesores, aunque aseguró que “tenían la necesidad de descargar semejantes atrocidades”.

Según el oficio que Delgado remitió a la ministra Nilda Garré, “nunca recibió una respuesta concreta” por parte de la Fuerza Aérea, a la que reclama planes de vuelos de los Fokker F-27 y F-28 y de los Hércules C130. Los pedidos “recorren todos los rincones de la institución” y derivan en respuestas en “lenguaje encriptado”, que llegan a destino “fuera de término y sin una respuesta concreta”.

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Procesado por los vuelos de la muerte

Julio Poch fue acusado de 615 secuestros agravados

Por Diego Martínez
El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch se convirtió en el segundo piloto de la Armada procesado con prisión preventiva luego de confesar en privado su actuación en los vuelos de la muerte durante la última dictadura. El juez federal Sergio Torres destacó “el incesante trabajo” de sus defensores en Europa y en Argentina para “destruir la acusación por todos los medios”, pero priorizó los testimonios de los pilotos de la aerolínea Transavia que recibió de primera mano en 2008 en la embajada argentina en el Reino de los Países Bajos. Torres procesó a Poch por 615 secuestros agravados, le embargó bienes por 615 millones de pesos y ordenó que aguarde el juicio en la cárcel de Marcos Paz.

La confesión que cambió la vida de Poch fue el 2 de diciembre de 2003 en el restaurante Gado-Gado, en la isla de Bali, Indonesia. Según el primer testigo, Poch contó cómo desde “abordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida”. Dijo que eran “terroristas” y que “eran tiempos de guerra”. Defendió el método como “una manera humana de ejecutar a la gente” y aclaró que “estaban drogados”. El segundo testigo declaró que escuchó la confesión de terceros. Ante la consulta, Poch le aclaró que se refería a “nosotros” por los pilotos de la Armada, pero negó su participación. El tercer testigo fue categórico: Poch “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar” y “estaba enojado por no haberse percatado de haber arrojado a niños y personas muy jóvenes”. Cuando le planteó lo terrible de vivir con tantos muertos en el haber, Poch le explicó que “lo creía justo” porque “eran terroristas de izquierda que no merecían algo mejor y que había sido una forma humanitaria de ejecutarlos porque habían sido drogados”.

“Había tomado un poco de alcohol” pero “estaba lúcido”, explicó Poch en la primera de sus tres extensas declaraciones indagatorias, luego de ser extraditado desde España. Su estrategia se centró en desacreditar a los testigos. Al primero lo definió como un “lunático y obsesivo” que lo discriminaba porque “es un xenófobo que no aceptaba a pilotos extranjeros”. Del segundo dijo que es “un mentiroso y megalómano porque siempre quiere ser el centro”. Sobre el tercero admitió que “siempre tuve una buena relación”, pero sugirió que lo convencieron para que mintiera. Poch le aseguró al juez que “siempre respeté los derechos humanos” y que los crímenes de lesa humanidad “van contra mis principios morales y cristianos”. Se explayó sobre su especialización como “piloto de caza y ataque” y su incapacidad para pilotear aviones de carga. Auxiliado por los penalistas Gerard Spong, en Europa, y Gerardo Ibáñez, en la Argentina, el imputado presentó declaraciones de colegas de Transavia ante un escribano para certificar su silencio sobre su actuación en la dictadura como la tergiversación de sus dichos en Indonesia.

Torres desbarató en un escrito de 757 fojas los argumentos del imputado. Minimizó “el efecto de los celos profesionales o la envidia”, sostuvo que si no sabía volar aviones de carga bien pudo haber participado como tripulante y diferenció “el impacto inesperado y tal vez imprevisto” de la confesión “en un contexto sociocultural” diferente al argentino. El juez dejó constancia de que los vuelos se ejecutaron desde “distintos aeropuertos o bases militares” y que se usaron aviones pero también helicópteros que partían desde la propia ESMA. El primer piloto procesado por su actuación en los vuelos es el capitán Hemir Sisul Hess.

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“Convivíamos con la tortura y el terror”

EL TESTIMONIO DE MERCEDES CARAZZO Y PILAR CALVEIRO EN EL JUICIO A LOS REPRESORES DE LA ESMA

Dos sobrevivientes señalaron secuestradores ante el Tribunal. Ante una pregunta de Julio Coronel, abogado de uno de los marinos, Carazzo le recordó que había sido su padre, Julio César Coronel, quien asesinó a su marido.

Por Diego Martínez
“Acá nos mojamos todos”, contaba el capitán Jorge Acosta para graficar la rotación de oficiales y suboficiales de la Armada por los grupos de tareas. La frase la recordó ayer Mercedes Carazzo, sobreviviente de la ESMA, mientras los camaradas del Tigre tomaban apuntes y se miraban de reojo en la bandeja superior. En la segunda declaración de ayer, ambas por videoconferencia desde México, Pilar Calveiro viuda de Campiglia repasó su peregrinaje por centros clandestinos y reinstaló varios nombres de represores que en algunos casos siguen prófugos (el prefecto Gonzalo Sánchez, el capitán Jorge Vildoza), bien no han sido identificados (“el Pelado Cortés”, interrogador del Servicio de Inteligencia del Ejército en la ESMA) o aún no están en la mira del Poder Judicial, como los médicos del Hospital Aeronáutico Central que atendían a mujeres vendadas y con signos de torturas.

Las primeras dos horas de la audiencia se consumieron con la lectura y los planteos derivados de la resolución por la cual el Tribunal Oral Federal 5 aceptó la recusación del juez Oscar Hergott, a quien reemplaza su colega Germán Castelli (ver aparte). El único de los diecisiete imputados que asistió a la sala fue Ricardo Miguel Cavallo, quien toma prolijos apuntes con su computadora portátil, derecho que asiste a los acusados pero no a los periodistas, condenados a papel y lápiz.

Física de profesión, Carazzo dirige el Centro de Innovación Tecnológica del Ministerio de la Producción de Perú, donde se exilió en 1980, cuando se liberó de la Armada y del teniente Antonio Pernías. “Fue una relación personal no impuesta por la violencia, aceptada, pero que seguro no se habría producido en libertad”, aclaró sin que nadie le preguntara.

El 21 de octubre de 1976 cuando la cargaron al Falcon escuchó a los secuestradores hablar en clave de “proas y popas”. Minutos después, en cautiverio, no dudó: “estoy en la ESMA”, le respondió a Acosta.
--Soy militante peronista --apareció en escena el joven Pernías.
--Tenés los ojos demasiado tranquilos para que sea verdad --lo desafió.

Carazzo militaba en el área de prensa de Montoneros. Después de atarla “tipo Tupac Amaru” y torturarla con picana pasó a ser la secuestrada número 588 y estuvo aislada del mundo casi dos meses. Entre quienes la visitaban nombró a “Dante” (Pablo García Velazco) y a “Cortés”, un tapado de la ESMA. “Preguntaba sobre la fusión FAR-Montoneros, parecía conocer mucho”, recordó. En diciembre le dieron una máquina de escribir, la engrillaron a una bala de cañón y le ordenaron redactar la historia de las FAR. En eso estaba el 10 de diciembre cuando cayó herido de muerte su esposo Marcelo Kurlat. “Lo hirió Maco, él me lo confirmó”, dijo en referencia a Julio César Coronel. “Fue un momento de desdoblamiento, de terminar con Montoneros”, dijo.

Distendida ante la cámara, lejos de la solemnidad de la sala, Carazzo contó que “los Verdes (custodios de secuestrados) tenían entre quince y veinte años” y que “les corregía los errores de ortografía de las cartas a sus novias”. Entre los cautivos recordó “a la niña sueca (Dagmar) Hagelin” y contó que pudo “hablar un par de veces” con Norma Arrostito, a quien conocía como Gaby. “Estaban exaltados de tenerla”, recordó. En el departamento de Zapiola y Jaramillo donde cumplían con su trabajo esclavo contó que vio el archivo del diario Noticias. “Se jactaban de tener trabajos de Rodolfo Walsh, pero yo no los vi”, aclaró. Agregó que “fui amiga personal de Walsh, lo admiro profundamente”.
--Dijo que quien hirió a su marido ¿fue un tal Maco? –preguntó el abogado Julio Coronel.
--No llame “tal Maco” a su padre --lo retó.
--¿Cómo le consta que él lo hirió?
--Me lo dijo Pernías y luego Maco. Pensó que Marcelo iba a dispararle y tiró. También admitió que lo querían vivo.

Cuando el juez Daniel Obligado le preguntó si deseaba agregar algo, Carazzo le habló a Coronel, no al abogado sino al ser humano: “Puedo entender que en un operativo alguien dispare, no le guardo rencor a su padre. Lo que no acepto es que se haya matado a gente rendida”.

El Pelado Cortés
Pilar Calveiro no se resigna. En 1985 declaró en el juicio a los ex comandantes, luego indultados. En 2008 declaró sobre su cautiverio en Mansión Seré en el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, condenados a la pena de 25 años de prisión pero en libertad al menos hasta que la Corte Suprema la deje firme. Ayer repasó ante el mismo TOF5 su calvario por Seré, la comisaría de Castelar, ESMA y una casa operativa del Servicio de Inteligencia Naval.

Dos días después del secuestro saltó al vacío desde una ventana de Mansión Seré. Se fracturó un brazo, un talón, tres costillas y la nariz. En el Hospital Aeronáutico, vendada y con signos de tortura, le hicieron radiografías, la enyesaron y la esposaron a una camilla. Tiempo después volvería con Graciela Tauro de Rochistein, embarazada que dio a luz en la ESMA, desaparecida. El médico le sacó el yeso, auscultó a Tauro, les dio leche y galletitas. “Para que se lleven un buen recuerdo”, les dijo.

El 17 de junio de 1977 la Fuerza Aérea prestó a su secuestrada al sector del SIN que operaba en la ESMA. Pasó a ser un número: 362. Allí la interrogó tres veces el “Pelado Cortés”, de inteligencia de Ejército. “Se movía con una maleta con fotos, preguntaba por características de cada persona, no sólo información dura”, recordó y generó murmullos entre los marinos retirados que comparten palco con la prensa. Un mes después, de vuelta en Castelar, el nómada “Cortés” instaló con una mesita en su calabozo y volvió a interrogarla sobre las FAR, las relaciones con el Ejército y sobre su marido Horacio Campiglia, presa codiciada que caería en Brasil tres años después.

Luego de una escala en la casa del SIN de Thames y Panamericana la llevaron otra vez a la ESMA, donde le recordaron su antiguo número. Estaba en Capuchita el 10 de diciembre cuando llegaron secuestradas las monjas francesas y varias de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. “Recuerdo haber escuchado el nombre Azucena” (Villaflor de Devincenti fue quien ideó la ronda frente a la Casa Rosada) y “tuve un breve intercambio de palabras con la monja Leonie Duquet”, recordó. “Me sorprendió su entereza. No sé si era porque no estaba muy ubicada o si era porque su convicción religiosa le daba una serenidad mayor”, planteó.

La mayor parte de 1978 lo pasó en Capucha, ya con menos huéspedes. El capitán Luis D’Imperio le encomendó hacer el seguimiento de prensa del conflicto con Chile por el canal de Beagle. “Me pusieron un escritorio en Capucha, en el medio de la nada”. Recién en abril el SIN la transfirió a los camaradas de la ESMA, con quienes compartían edificio pero actuaban por separado, y continuó su trabajo esclavo junto al grupo de secuestrados que actuaba en el sector denominado “la Pecera”. “Mi relato puede sonar a vida de oficina, pero nada más lejano. Convivíamos con la tortura y el asesinato. Sabíamos que quienes aparentaban ser amables con nosotros eran los mismos que decidían sobre vidas y muertes. Y tenían a nuestras familias como rehenes. Era una situación aterrorizante”.
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Un juez recusado
El tribunal que instruye el primer juicio significativo a represores de la ESMA se quedó sin uno de sus jueces. Oscar Hergott fue recusado por los defensores de los marinos por un diálogo que mantuvo hace años con su colega Jorge Tassara. Ante un comentario crítico sobre los procesos de lesa humanidad, Hergott comentó que era necesario terminar con “la impunidad”. El 27 de mayo los abogados defensores de Acosta, Astiz & Cía. lo recusaron con el argumento de que se trataba de un prejuzgamiento. Los jueces Ricardo Farías, Oscar Amirante y Julio Panello consideraron que era “un temor racional” e hicieron lugar al apartamiento. No bien concluyó la lectura de la resolución el defensor oficial Víctor Valle dijo que el cuarto juez (Germán Castelli) sólo podía sustituirlo en caso de enfermedad y pidió la suspensión del juicio y la nulidad de todo lo actuado. El abogado Julio Coronel se sumó citando a Farías, quien sugirió “un particular interés (de Hergott) en permanecer” en el juicio. Hoy a las 9.30 se explayarán sobre sus pedidos.

Una cita para Legrand

Por Diego Martínez

El abogado Pablo Llonto pidió que el juez Rafecas cite a Legrand.

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida por su seudónimo “Mirtha Legrand”, podría ser citada por la Justicia para explayarse sobre sus gestiones ante altos jefes militares de la última dictadura, que confesó el martes durante su tradicional almuerzo en cámara. La animadora de 83 años contó que en marzo de 1977, luego del secuestro de su sobrina María Fernanda Martínez Suárez y de su compañero Julio Enzo Panebianco, le pidió ayuda a un oficial naval que no identificó y al ministro del Interior de Videla, general Albano Harguindeguy. Luego aseguró que la hija de su hermano recuperó la libertad “gracias a que yo era conocida y famosa”. El pedido para que la ex actriz declare como testigo lo realizó el abogado Pablo Llonto ante el juez federal Daniel Rafecas, que investiga los delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.

A diferencia de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que declaran desde hace treinta años con la esperanza de obtener justicia, Martínez Suárez relató sus diálogos con militares un tercio de siglo después ante la mirada atónita de Gino Renni y Arnaldo André. “Es la primera vez que lo cuento”, apuntó. Primero “pedí ayuda a quien era interventor de Canal 13, y no me brindó ayuda por temor, porque todo el mundo tenía miedo de comprometerse”, afirmó. Luego recurrió “a un general de la Nación a quien circunstancialmente habíamos conocido”, en referencia a Harguindeguy. La respuesta del ministro de Videla, recordó, fue: “Bueno, déme un tiempo Mirtha, lo voy a averiguar, es muy difícil, muy difícil el caso”. La reacción del marino al que no identificó fue aún más frustrante: “Ni te vengas, ni te vengas por favor, esto es peligrosísimo”.

Luego de enumerar sus gestiones, la conductora apuntó que su sobrina “cree que estuvo en Palermo, porque escuchaba pasar trenes”, y que “cuando la liberaron le dijeron: ‘Te salvaste porque sos la sobrina de Mirtha’”. Sobre su sobrino político, militante de la Juventud Peronista, de 23 años, dijo que “nunca más supimos de él”. “Nunca más”, repitió.

Un día después de conocer el testimonio, Llonto presentó un escrito ante el juez Rafecas para que pida el tape al canal América y cite a declarar a Legrand. “El diálogo con Harguindeguy confirma que no sólo recibía denuncias y manejaba listas, sino que tenía poder para sacar a quien quisiera de un centro clandestino, por lo que debería ser investigado junto con los funcionarios de ese lugar siniestro que fue el Ministerio del Interior”, explicó el abogado. “También es importante que se aclare cómo surge el dato sobre el lugar de detención en Palermo, ya que si la sobrina estuvo en Club Atlético (donde fue visto Panebianco), ahí no había ruido de trenes. Confirmar si estuvo en el Regimiento de Patricios, en Palermo, permitiría confirmar que allí también funcionó un centro clandestino de detención”, agregó Llonto, que desde hace años reclama sin suerte la citación del empresario Franco Macri, quien también cree haber salvado al desaparecido Carlos Grosso tras reunirse con Harguindeguy. El vínculo entre el luego intendente porteño y el empresario permitió años después jugosos negocios.

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Scollo no pudo poner escollos

Procesaron por delitos de lesa humanidad a represor-periodista

El suboficial retirado y periodista en Baradero, César Abel Scollo, fue procesado como partícipe necesario en los secuestros y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer. Scollo sigue en libertad y la Cámara de Rosario tiene que decidir su situación.

Por Diego Martínez

César Abel Scollo, el dueño de una radio de Baradero, procesado por represor.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó como partícipe necesario en delitos de lesa humanidad al suboficial retirado y periodista César Abel Scollo, el vocero histórico del gobierno de Baradero que durante la pueblada de marzo, cuando un móvil municipal atropelló a dos jóvenes en moto relató desde Todo Noticias “la guerra que estamos viviendo”. A pesar de que tres personas fueron amedrentadas e incluidas en el Programa de Protección de Testigos luego de declarar sobre el pasado de Scollo, de óptimas relaciones con la Policía Bonaerense, el imputado sigue en libertad por orden del juez subrogante Alberto Martín Martínez, decisión que ahora analiza la Cámara Federal de Rosario.

Scollo fue procesado por los secuestros, torturas y homicidios de Oscar y Víctor Hugo Hofer, más el robo en sus casas. El juez calificó como “serios indicios” las pruebas que durante medio año le resultaron insuficientes, recolectadas por el fiscal Juan Murray. Las primeras surgieron de las propias víctimas. Víctor Hofer le contó a una prima que era “perseguido y vigilado” por Scollo, quien se había sumado como oyente al taller de teatro al que asistía. Oscar alcanzó a contar que Scollo lo extorsionó para sacarlo de una “lista negra” y que lo amenazó con “levantarlo en la estación” de Campana. Los Hofer fueron secuestrados en San Pedro y en Baradero a fines de abril de 1976. Sus cadáveres aparecieron en el Río de la Plata con lesiones típicas de vuelos de la muerte. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba entonces Scollo, que abandonó el teatro tras los secuestros y meses después, según un familiar de los Hofer, les pidió plata a cambio de información.

El propio Scollo alimentó los rumores sobre su pasado, cuando en 1998 se ufanó en cámara de haber encabezado operativos en busca de “subversivos” en la estación de Campana. Villafuerte Ruzo se resistió a citarlo durante seis meses. Lo hizo y se tomó licencia. También Martínez tuvo especial consideración con el hombre de confianza del intendente Aldo Carozzi: dispuso “que el detenido permanezca fuera de los calabozos”, dato que incluyó en la causa el comisario que acató la orden. Desde su radio Scollo calificó las acusaciones como “disparates”, pero se negó a declarar en la causa. Cuando recuperó la libertad le pidió a sus oyentes que rezaran.

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Represor con perpetua

Condenaron en Mar del Plata a un ex jefe de La Cueva

Por Diego Martínez

El suboficial Gregorio Molina deberá cumplir la pena en una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua en cárcel común a Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea y ex jefe del centro clandestino La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea. La sentencia culminó con un aplauso de diez minutos en la sala y quinientas personas festejando en la calle. El fallo quedará en la historia porque por primera vez la Justicia calificó como delito de lesa humanidad, diferente de las torturas, a las violaciones de secuestradas cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Molina era encargado de La Cueva, donde se hacía llamar Charles Bronson. Su destino era el área de inteligencia, debajo de José Alcides Cerutti, aún libre e impune. Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París lo condenaron por treinta y seis secuestros y tormentos agravados (contra perseguidos políticos), dos homicidios calificados (por alevosía, ensañamiento y participación de dos o más personas), cinco violaciones y una tentativa, agravadas porque era encargado de la guarda de las víctimas. Fue absuelto por cuatro secuestros en los que no se acreditó su participación.

La prisión perpetua había sido solicitada por los fiscales Horacio Azzolín y Daniel Adler, por la APDH y el Colegio de Abogados local. Es la primera condena en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad en esa ciudad. Antes, el coronel Alberto Barda fue condenado por el TOF-5 porteño (que le permitió seguir libre), en tanto al general Pedro Mansilla y al coronel Alejandro Duret se los juzgó por delitos en Olavarría.

Además de la sala repleta, quinientas personas escucharon la sentencia desde la avenida Luro, donde hubo música, radio abierta, fotos de desaparecidos, pecheras de “Juicio y castigo”, banderas de Hijos, Descamisados, la CTA y el PTS, entre otras. El imputado, con buzo azul y chaleco antibalas, estuvo solo: ni familia, ni camaradas, ni su abogado Eduardo San Emeterio, con problemas de artrosis.

A dos metros de Molina siguieron la sentencia tres de sus víctimas, tomadas de la mano y con los ojos cerrados. Cuando el secretario Carlos Oneto concluyó la lectura, los penitenciarios se llevaron al condenado y la sala comenzó a aplaudir de pie. Los jueces guardaron silencio, sin moverse de sus asientos. Diez minutos después culminó el aplauso y el juez Velázquez agradeció el buen comportamiento de los presentes.

El abogado César Sivo destacó que “es la primera condena a un miembro de la patota de La Cueva, un grupo de tareas heterogéneo, con miembros de las tres fuerzas y civiles”. “Es muy importante por las evidencias que se obtuvieron, porque se confirmó la responsabilidad de civiles, se identificaron roles específicos de otros imputados, y apareció una gran cantidad de soldados dispuestos a declarar. La condena repara a las víctimas, reafirma la importancia de dar testimonio, de tener que revivir el dolor pero con un resultado positivo”, celebró.

“Molina es el primero, ahora hay una larga fila de juicios, por la Base Aérea y el GADA 601, que con suerte será en 2012”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos. “El juicio sirvió para inscribir en una condena nombres como los de (el ex juez Pedro) Hooft o (el ya fallecido ex CNU Eduardo) Cincotta, que fueron parte del andamiaje de la represión en Mar del Plata”, agregó.

Sivo también resaltó la importancia de la calificación de las violaciones como delito de lesa humanidad, criterio que rechaza la mayor parte del Poder Judicial. “Es el primer fallo en la Argentina y el cuarto o quinto en el mundo”, recordó, y apuntó antecedentes en Ruanda y la ex Yugoslavia. “La condena por ese delito es una forma de reivindicar el honor y la dignidad de las víctimas, aunque sea 34 años después.”

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