domingo, 28 de marzo de 2010

Con tiempo para ir a Guantánamo

ESTADOS UNIDOS CONCEDIO UNA PRORROGA A LA EXTRADICION DEL REPRESOR ROBERTO GUILLERMO BRAVO

Es uno de los autores materiales de la Masacre de Trelew. Página/12 reveló que se había reciclado en Florida. La sentencia de extradición estaba prevista para el 2 de abril, pero Bravo pidió más tiempo, entre otras cosas, porque tuvo que viajar a Guantánamo.

Por Diego Martínez
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Dieciséis presos políticos fueron fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar.

A menos de un mes del inicio del juicio por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia y ciudadano norteamericano desde 1987, obtuvo el jueves una señal alentadora por parte de su patria adoptiva. Pese a que hace ya dos años admitió en un memorándum de su empresa RGB Group Inc. que dedicaba “tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre”, el juez Robert Dubé, miembro de la Corte de Florida, le concedió sin fundamentos ochenta días de prórroga: no dictará la sentencia de extradición el 2 de abril, como había previsto, sino el 23 de junio. El expediente, al que accedió Página/12, incluye un dato notable: Bravo acaba de viajar a Guantánamo como jefe de la Fuerza de Tareas sobre Tratamiento de Enemigos Combatientes de la American Bar Association.

El Ñato Bravo era jefe de turno la madrugada de la masacre. Los sobrevivientes María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, caídos para siempre en la siguiente dictadura, lo señalaron como el encargado de rematar a los fusilados. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ordenó su detención el 9 de febrero de 2008. Diez días después Página/12 reveló que Bravo vivía en Florida y era dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios médicos a fuerzas militares norteamericanas.

El 7 de marzo de 2008, según escribió el fiscal Jeffrey Sloman cuando pidió no dilatar la extradición, el marino devenido empresario admitió en un memorándum dirigido a clientes y colegas que debía dedicar “tiempo y esfuerzo a limpiar su nombre”, e informó que daba “un paso al costado” con el fin de “eliminar distracciones” que pudieran afectar a la empresa. “No voy a permitir que acusaciones basadas en hechos distorsionados sigan sin tener respuesta”, advirtió. “Como ciudadano norteamericano estoy listo para responder a estos cargos a través de nuestro sistema judicial (sic) y cuando sea el momento. Mis abogados también tomaron medidas para confrontar esta persecución política vengativa”, sostuvo.

La detención se concretó el 25 de febrero, cuando la tarea de higienizar su nombre con el respaldo de sus abogados llevaba casi dos años. A la semana recuperó la libertad, luego de pagar en efectivo 25 mil dólares sobre un total de 1,2 millón que el juez Dubé le fijó como fianza. El magistrado le retuvo entonces el pasaporte, le prohibió salir del estado de Florida, le retiró el permiso para navegar y anunció para el 2 de abril la audiencia para dirimir la extradición.

Al solicitar la prórroga, el abogado Neal Sonnett argumentó que su cliente no era extraditable por cuanto el pedido de la Argentina se enmarcaba en una “ofensa política” que no describió. Agregó que Bravo fue amnistiado en 1973, causal que el juez Sastre y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron ante planteos de otros imputados por considerar que el fusilamiento de los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson era un delito de lesa humanidad, imprescriptible e inamnistiable. Al enumerar las tareas que le impidieron a Bravo avanzar en la lectura del expediente, que recibió en castellano e inglés, Sonnett apuntó un “procedimiento quirúrgico”, viajes de negocios, su actuación como miembro del directorio de la American Bar Association y como jefe de la Fuerza de Tareas de Tratamiento de Combatientes Enemigos de ese organismo, “incluido un viaje a Guantánamo la semana pasada”. La misión de la task force sería la elaboración de leyes para fijar estándares claros sobre los procedimientos aplicables a los “combatientes enemigos” que tienen ciudadanía norteamericana en la cárcel de la Bahía de Guantánamo.

El fiscal Jeffrey Sloman, que representa en el caso los intereses del Estado argentino, argumentó que la detención no pudo haber tomado por sorpresa a Bravo, explicó que llevaba dos años preparando su respuesta al pedido de extradición y citó como pruebas el memo de RGB Group Inc. y un artículo con declaraciones de su abogado publicado por el diario Miami Herald en marzo de 2008. El fiscal destacó “la naturaleza y el propósito limitado de una audiencia de extradición”, explicó que no era el momento “de contradecir evidencia” ni de “establecer una defensa de los crímenes alegados”, le reclamó al juez Dubé que “procediera expeditivamente” pero no logró conmoverlo. En media carilla, sin emitir ningún fundamento, el magistrado resolvió postergar su sentencia para el 23 de junio. Ese día se sabrá si garantiza la impunidad de Bravo o si concede la última palabra al Departamento de Estado.

Los imputados en condiciones de ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia son seis: los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Amadeo Marandino como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de facto de Agustín Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento. El Centro de Información Judicial informa en su sitio web que el juicio comenzará el próximo 22 de abril.

dmartinez@pagina12.com.ar

jueves, 25 de marzo de 2010

Con pedido para que se aceleren los juicios

Una multitud colmó la Plaza de Mayo en el acto central por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país. En el acto central, Madres y Abuelas destacaron ante una multitud que desbordaba la Plaza de Mayo la necesidad de que todos los represores respondan ante la Justicia.

Por Diego Martínez
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La titular de Abuelas, Estela Carlotto, leyó el documento que prepararon los organismos de derechos humanos.

A dos meses del bicentenario, con ocho juicios en curso y centenares de imputados por crímenes de lesa humanidad a la espera de ser sometidos a proceso, decenas de miles de personas marcharon en todo el país para repudiar el último golpe de Estado, del que se cumplieron ayer treinta y cuatro años. El acto central para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia se desarrolló en la Plaza de Mayo, a la que decenas de Abuelas y Madres rejuvenecidas por las buenas nuevas de los últimos años ingresaron portando una bandera interminable con los rostros de miles de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos históricos leyeron un documento consensuado en el que celebraron las conquistas pero también recordaron que “la dictadura se hizo entre muchos, militares y civiles al servicio del exterminio y la apropiación de niños”, y reclamaron la “urgente aceleración de los juicios a genocidas, cómplices, ideólogos y beneficiarios”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la mañana, también reclamó celeridad al Poder Judicial y destacó ante Abuelas de Plaza de Mayo su compromiso para lograr que se esclarezcan las adopciones irregulares de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Es “una prueba de ácido para saber si vivimos en democracia”, aseguró. A menos de una semana del fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que suspendió la realización de análisis de ADN a los jóvenes registrados como hijos de la dueña del Grupo Clarín, que había ordenado la Cámara Federal de San Martín, la mandataria le manifestó en público a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, su confianza en que “luego de tantos años de impunidad del poder mediático vamos a poder conocer realmente la identidad que usted está tratando denodadamente de buscar”. “Si no encontramos justicia en la Argentina”, agregó, acompañará a Abuelas “a otros tribunales internacionales” para esclarecer las posibles apropiaciones (ver página 7).

“Nunca hubiésemos pensado en ver a los asesinos en las cárceles, muchos condenados, cientos de procesados, anuladas las leyes de obediencia debida y punto final”, admitió horas después Hebe de Bonafini, sobre el mismo escenario que antes ocuparon los organismos, en nombre del grupo de Madres que a poco de asumir Raúl Alfonsín perdió toda esperanza en la vía judicial. “Estamos orgullosas de vivir en este maravilloso país. ¡Gracias Cristina!”, redondeó emocionada (ver aparte). La contracara de la jornada estuvo a cargo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a agrupaciones de izquierda, marchó por separado y leyó su documento desde el trailer de un camión. El EMVJ afirmó en un documento que el Gobierno “mantiene la impunidad, reprime, congela salarios y paga la deuda externa”, y lo acusó por “monopolizar la Plaza de Mayo” (ver página 5).

El cuarto poder interpelado

Luego de las agobiantes audiencias en las que Acosta, Astiz, Donda & Cía. se reivindicaron sin vergüenza como combatientes de la “guerra civil revolucionaria”, la jornada de ayer fue para organismos, querellantes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado una reconfortante bocanada de aire fresco. A las dos de la tarde la Avenida de Mayo ya estaba colmada por miles de personas, muchos con banderas de agrupaciones sociales, políticas, sindicales y un largo etcétera, otros tantos a título individual o en familia. La música y el movimiento, como es marca registrada en las movilizaciones de los últimos años, corrió por cuenta de decenas de murgas y del grupo de percusión La Chilinga. El Colectivo de Arte de La Plata repartió treinta mil corazones blancos, en tanto el cielo despejado fue patrimonio exclusivo de Abel Fatala, que inscribió su nombre en un globo al que sólo acompañó el helicóptero de la Policía Federal.

–¿Por qué marchás? –preguntó Página/12.

–Para recordar el golpe militar –respondió Inti, de apenas seis años.

–¿Qué significa el golpe militar?

–Que prohibieron muchas cosas y mataron mucha gente –resumió, rodeado de pibes con la camiseta de “Juicio y Castigo” de H.I.J.O.S. que se acercaron a la Plaza acompañados por miembros de la ONG Juguete Rabioso, que asiste a menores en conflicto con la ley.

La bienvenida a Madres y Abuelas en la Plaza de Mayo, dividida al medio por un vallado que dejó afuera a miles de personas, tuvo al menos un anfitrión atípico: centenares de muchachos de la Juventud Sindical de la CGT, todos con remeras recién estrenadas, entre quienes se mezclaron algunas banderas verdes de los camioneros de Hugo Moyano.

Más allá de la óptima respuesta de la sociedad civil, que llegó a ocupar el trayecto entre las plazas de Mayo y del Congreso, el acto tuvo una particularidad que lo diferenció de los anteriores: la interpelación abierta al rol del periodismo. Las paredes de Avenida de Mayo fueron empapeladas con portadas de diarios y revistas en momentos claves de la última dictadura: “Total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno”, tituló Clarín el 25 de marzo de 1976. “El teniente general Videla jurará como presidente de la Nación”, escribió La Nación. Hubo también tapas de El Gráfico con Videla festejando durante el Mundial de fútbol y de Gente al servicio de la inteligencia militar: “Vimos rendirse a los ingleses”. La frase “¡Yo no me olvido!” atravesaba cada publicación, a modo de advertencia sobre los alcances que podría tener la Justicia en una democracia con mayor participación popular.

Las manifestaciones sobre el rol del periodismo actual tuvo en las calles dos destinatarios, por motivos opuestos: el diario Clarín y el programa 6, 7, 8, que emite Canal 7. Sus seguidores marcharon con banderas argentinas en las que precisaron las respectivas procedencias, y explicitaron su simpatía con las posturas y críticas expresadas en el programa.

Maximizar recursos

A dos meses del Bicentenario y más de un tercio de siglo del golpe de Estado “la lucha sigue siendo la misma: el pueblo organizado, comprometido y solidario, contra los poderes económicos que no dudan en utilizar cualquier método para enriquecerse con lo que no les pertenece”, sostiene el documento que firman Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y Hermanos de desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

Al repudio del golpe de 1976 y el recuerdo de los desaparecidos, los organismos agregaron sus conquistas más recientes: la cantidad de hijos robados o nacidos en cautiverio que recuperaron su identidad superó el centenar; casi setenta represores fueron condenados tras la anulación de las leyes de impunidad; más de cuarenta afrontan juicios por estos días, y se siguen recuperando centros clandestinos como espacios de la memoria, entre otros logros que enumeraron Estela Carlotto, Haydé García Gastelú por Madres Línea Fundadora y Lita Boitano por Familiares.

“Los cómplices del hambre de hoy son los mismos que hace treinta años”, advirtieron y enumeraron: “los Macri, los Herrera de Noble, los Bunge & Born, los Pérez Companc, los Rocca, Fortabat, Blaquier y su Ingenio Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, Mercedes-Benz, Ford, Techint, Acindar y tantos más. La dictadura se hizo entre muchos: militares y civiles al servicio del exterminio y la apropiación de niños”. “Defienden un país para pocos: ellos. Por esos intereses reprimen desde hace doscientos años”, afirmaron.

“Sólo algunos de los que formaron parte del genocidio están respondiendo ante la Justicia. Faltan muchos más. Por eso es urgente la aceleración de los juicios a genocidas, cómplices, ideólogos y beneficiarios”, destacaron. Reclamaron “la decisión política de maximizar los recursos de la Justicia, con salas acordes y procesos realmente públicos”, y concluyeron con una certeza: “La sociedad ya condenó a los asesinos del pueblo y no permitirá ningún tipo de perdón, ni de amnistías, ni de reconciliación”.

miércoles, 24 de marzo de 2010

Otro represor tras las rejas

Identifican y detienen al suboficial Carlos Galián
Por Diego Martínez

A los 66 años, luego de media vida libre e impune, fue detenido el lunes en Ciudadela el suboficial naval retirado Carlos Galián, ex jefe de los guardias que custodiaban a los secuestrados de la ESMA, quienes sólo lo conocían por su nombre de cobertura: Pedro Bolita. Según testimonios obrantes en la causa, Galián acompañaba a las víctimas en los “traslados”, término que la Armada usaba para referirse a la ejecución en los vuelos de la muerte. También se encargaba junto con el finado prefecto Héctor Febres de retirar de la ESMA a los niños nacidos en cautiverio. Galián fue identificado luego de una paciente investigación realizada por secretarios del fiscal federal Eduardo Taiano y del juez federal Sergio Torres. El magistrado ordenó su captura el sábado, luego de que seis sobrevivientes no dudaran en identificarlo al ver su foto. Pedro Bolita se negó a declarar ayer y ahora pasa sus días en el penal de Ezeiza.

Emilio Assales, alias Tincho, también suboficial de la Armada, fue secuestrado el 11 de enero de 1977. Luego de un mes en cautiverio en el Casino de Oficiales, le inyectaron un somnífero que tardó en hacerle efecto porque era corpulento. Alcanzó a ver que sus compañeros vomitaban, se desmayaban y eran sacados a la rastra hacia el playón trasero. Lo subieron a un camión y lo trasladaron hasta el área militar del Aeroparque Jorge Newbery. Lo obligaron a subir a un avión y antes de despegar le preguntaron por el número que le habían asignado en la ESMA. Recién entonces los secuestradores de la Armada se percataron de que aún no había sido interrogado por el Servicio de Inteligencia Naval y ordenaron devolverlo a Capucha.

–Quiero al sur –le insistió al suboficial a cargo del traslado, según le contó luego a un sobreviviente.

–Vos no sabés de lo que te salvaste, pibe –le respondió Pedro Bolita.

El represor que ahora tiene nombre y apellido también está denunciado por haber retirado a varios niños nacidos en cautiverio. Sara Solarz de Osatinsky declaró que Pedro Bolita fue el encargado, a mediados de 1977, de llevarse con paradero desconocido a un niño recién nacido, hijo de Ana de Castro, y a una niña hija de María del Carmen Moyano de Poblete, ambas desaparecidas. El 7 de septiembre de 1977, junto con el prefecto Febres, se llevó al hijo de Cecilia Viñas, que fue a parar a manos del capitán Jorge Vildoza, prófugo desde 1986. Idéntica tarea tuvo a su cargo en enero de 1978, cuando retiró del tercer piso de la ESMA a la hija de Susana Beatriz Siver de Reinhold, una niña a quien su mamá llamó Laura, y al niño que dio a luz Liliana Pereya. Finalmente, según declaró Ana María Martí, en marzo de 1978 Pedro Bolita se llevó a Juan Cabandié, que recuperó su identidad y hoy es legislador porteño.

Según relató una fuente judicial, la tarea de identificar a Bolita se inició con un par de datos: sus ojos achinados y el lugar de nacimiento, Jujuy. Se analizaron decenas de legajos, se acotó el universo por la ciudad de origen y se estudiaron las escasas fotos disponibles. En un expediente secundario encontraron una foto nítida que acrecentó la esperanza de identificarlo. Durante la semana pasada fueron citados a declarar siete sobrevivientes. Seis no dudaron en reconocerlo. Gailán fue detenido el lunes a la tarde por agentes de la Policía Federal. Vivía en una casa humilde, de dos ambientes, en Magallanes al 700, en Ciudadela.

dmartinez@pagina12.com.ar

sábado, 20 de marzo de 2010

“Se empeñó toda la Armada”

Los marinos Pernías y Scheller hicieron leer sus testimonios
Por Diego Martínez
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Capitán Raúl Scheller.

“Fue una guerra en la cual se empeñó toda la Armada”, declaró el capitán Antonio Pernías en 1986, cuando aún conservaba la esperanza de que las Fuerzas Armadas asumieran su responsabilidad por la represión ilegal y los miles de desaparecidos. “Toda la dotación de la Escuela de Mecánica integró el Grupo de Tareas 3.3”, destacó el marino que en cautiverio se hacía llamar Martín, Rata o Trueno, y lamentó que “por errores de contrainteligencia” sólo el puñado de identificados por los sobrevivientes quedó “en el candelero”. “Si la guerra fue institucional se debería procesar a todos o a ninguno de sus miembros”, consideró sin suerte en 2007 ante el juez federal Sergio Torres, responsable de la instrucción de la megacausa ESMA. Las extensas declaraciones de Pernías, el imputado que más veces prestó testimonio, fueron leídas ayer en el juicio oral y público a Acosta, Astiz & Cía., que continuará recién el miércoles 31.

Para dimensionar la impunidad de la que gozan los marinos (una veintena estaba presente en la sala), Pernías hizo un cálculo sobre “los rotativos formados en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de Infantería de Marina” con vistas a “la lucha contra la subversión”. Hubo entre seis y ocho cursos por año, con ciento cincuenta hombres por curso, dijo. “En dos años se habrían formado 1500 hombres. Muchos oficiales cursantes fueron a distintos grupos de tareas. ¿O sólo al 3.3?”, planteó ante el juez Torres. Su indignación se comprende mejor si se compara la cifra con la cantidad de marinos procesados en todo el país: apenas 180, según los registros del CELS. Pernías coincidió con el razonamiento del ex presidente Néstor Kirchner cuando dijo que hubo 300 centros clandestinos y un número similar de detenidos. “¿Se cuidaban solos? En esto debo coincidir. No fue una guerra de fantasmas, ni un juego de escondidas”, razonó.

Una condena segura

La jornada comenzó con la lectura de testimonios del capitán Raúl Scheller, alias Mariano o Pingüino en los sótanos de la ESMA. A diferencia de Jorge Acosta o del ex canciller Oscar Montes, que no ratificaron declaraciones anteriores, Scheller pidió que las suyas se leyeran completas. Las primeras son de 1985, cuando estaba destinado en el Estado Mayor General de la Armada. Admitió haber participado en interrogatorios, pero negó haber torturado. Se seguían “procedimientos doctrinarios previstos para la circunstancia de enemigo capturado”, dijo. También admitió secuestros, “captura de terroristas” en la jerga naval. Por el grado de detalle sobre antecedentes e información “brindada” por los secuestrados es evidente que disponía al momento de declarar de los archivos de inteligencia, que en teoría se incineraron en 1983 y que la Armada siempre negó conservar. Datos similares a los que aportó en 1985 publicaba dos años después el diario pronaval La Nueva Provincia de Bahía Blanca (“Primicia. Antecedentes terroristas de los acusadores”, 27-2-87).

Scheller admitió el relatar “capturas” como la de Lázaro Gladstein, que les vendaban los ojos a los secuestrados antes de trasladarlos a la ESMA. Todos los que recordó, sin juramento de decir verdad, “pasaron a trabajar para las Fuerzas Armadas en su misión de aniquilar a la subversión”, aseguró. Al concluir una declaración, para que el juez militar no creyera que conocía a los “terroristas” por “relaciones personales”, le sugirió sin éxito reclamar “una explicación oficial de la Armada”.

Tras dos horas de lectura, Scheller pidió declarar. Dijo que ingresó a la Armada a los doce años y que la UT 3.3.2 “fue un destino más”. Afirmó que el juez Torres “acumuló papeles sin investigar nada” en el marco de “una avalancha judicial” en la que “los hechos reales fueron marginados y tapados para dar lugar a una condena segura”. Igual que Astiz, justificó su trabajo con una arenga de Perón sobre la necesidad de “exterminar a los psicópatas para bien de la República”. Reprobó al Tribunal Oral Federal 5 por tener que ingresar con esposas a la sala, consideró que “la independencia de los poderes se está deflecando”, y señaló como honrosa excepción al supremo Carlos Fayt.

Antes de negarse a responder preguntas, Scheller citó un relato sobre una supuesta reunión de 1975 entre el entonces presidente provisional Italo Luder y los comandantes de las Fuerzas Armadas. Contó que Videla planteó cuatro hipótesis para “parar a los terroristas”. Se optó por “la descentralización: gran capacidad operativa de los niveles inferiores, con el riesgo de un escaso control sobre los niveles operativos”. “Pero en un año y medio el terrorismo se controla”, dice que prometió Videla y aceptó Luder. No explicó por qué fue necesario el golpe de Estado.

Pernías, a quien los sobrevivientes recuerdan como Martín, Rata o Trueno, dijo no recordar apodos “aunque tuve varios indicativos” (sic). Explicó que su defensor le aconsejó no declarar, con lo cual comenzó la lectura de sus indagatorias anteriores. Ex miembro de la UT 3.3.2 entre 1976 y 1978, “participé básicamente de operaciones ofensivas”, declaró hace casi un cuarto de siglo. “Cumplí órdenes por la vía de comando, convencido de que esta guerra era necesaria para lograr y afianzar la paz en el país”, dijo. “Participé de algunos interrogatorios, que se efectuaban sin presiones o violencia. No hubo apremios, ni tormentos físicos, ni psicológicos”, aseguró ante un juez de instrucción militar. La lectura continuará el miércoles 31.

dmartinez@pagina12.com.ar

viernes, 19 de marzo de 2010

“La guerra revolucionaria podría reactivarse”

EL EX JEFE DE INTELIGENCIA DEL GRUPO DE TAREAS 3.3.2, JORGE “TIGRE” ACOSTA, ADMITIO QUE EN LA ESMA HABIA DETENIDOS

El marino reveló que en la Armada, tras el retorno a la democracia, consideraban que uno de los grandes problemas había sido “dejar gente viva”. Al igual que Adolfo Donda, se quejó por la actitud de los jefes que no se hicieron cargo de las órdenes.

Por Diego Martínez
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Acosta admitió su “actividad antiterrorista” entre mediados de 1976 y principios de 1979.

El capitán Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se definió ayer como “un combatiente”. No precisó en qué batallas intervino. Aseguró con voz pausada que “jamás buscó la muerte”, aunque admitió “algunas causadas por mi accionar militar”. No especificó si con fusil o picana. Tampoco el destino de los cuerpos de sus enemigos. Criticó a sus superiores por no haberse responsabilizado de los trabajos sucios encomendados y aseguró que “uno de los grandes problemas” de la conducción naval tras el retorno democrático fue “haber dejado gente viva”. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse en tono gramsciano”, alertó, y para conocer “la verdad” aconsejó no leer Página/12, sugerencia que incumplieron los camaradas de la bandeja superior. Luego declaró el capitán Raúl Scheller, quien leyó antiguas declaraciones en las que admitió su actuación como interrogador en la ESMA. El juicio en Comodoro Py continuará hoy a las nueve y media.

Acosta sobreactuó desde el comienzo. Cuando le preguntaron si tenía apodos contó que de niño le decían Gales y se explayó sobre una nota de Miguel Bonasso en Página/12. “Gales no les pinchaba los ojos a los pajaritos. Gales tenía dos palomas a las que quería mucho, un pato y un gato a los que quería mucho. Hoy tengo una perra a la que quiero mucho”, dijo. En referencia a una periodista que se permitió dudar de la capacidad para “amar terriblemente a los chicos” de quien se ufanaba de decidir vidas y muertes, explicó que la expresión se basa en “una concepción cristiana: amar hasta que duela”. Agregó que en la Escuela Naval le decían Chupete (no explicó el motivo) y “no tengo ningún otro apodo”, aseguró, contrariando a los sobrevivientes y a su amigo abogado Mariano Gradín, que al verlo ingresar a la sala durante la audiencia inicial levantó los brazos y con voz de ultratumba gritó: “¡Tigre!”.

–¿Va a prestar declaración? –le preguntó el juez Daniel Obligado.

–Afirmativo.

Acosta admitió su “actividad antiterrorista” entre mediados de 1976 y principios de 1979, y agradeció al tribunal la decisión, rechazada por el fiscal Pablo Ouviña, de no incorporar como pruebas las declaraciones ante jueces militares. Es comprensible: en 1986 se explayó sobre la importancia de obtener información en tiempo record, admitió que los detenidos llegaban vendados y “acostados en el asiento de atrás”, y explicó que “actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

La declaración comenzó con un “absoluto homenaje” a las víctimas de “los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos”. Acosta admitió que “algunas” muertes fueron “causadas por mi accionar militar”, pese a que “la Unidad de Tareas 3.3.2 jamás buscó la muerte”. Sin escalas saltó al presente. Dijo que hasta hace tres meses “estaba convencido de que esta guerra había terminado” pero que comenzó a dudar a partir de declaraciones de la diputada Victoria Donda (“la lucha no terminó”), del músico Andrés Calamaro (“los represores de la ESMA tendrían que estar muertos”, dice que dijo) y de la sobreviviente Graciela Daleo, sobre la importancia de que los procesados excarcelados no circulen impunes por las calles.

“¿Qué odio hay todavía? ¿Qué pretenden? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Serán estos juicios que lo están desatando?”, planteó con humos de filósofo. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse, ya no en sentido trotskista, sino en tono gramsciano. Esto es un alerta”, advirtió.

Igual que Astiz el día anterior, historió los años previos al golpe con especial énfasis en la amnistía de 1973. “Terroristas que hoy están en el gobierno como Eduardo Luis Duhalde o el procurador (Esteban) Ri-ghi abrieron las puertas de la cárcel”, liberando a “jóvenes ávidos de venganza, porque no eran profesionales de la guerra”, dijo. Agregó que “se aglutinaron en la patria socialista”, admitió a pie de página sus lecturas dominicales de José Pablo Feinmann y se detuvo en “la patria peronista, que comenzó a sembrar la muerte en la Argentina”. Desatada “la guerra interna, había subrepticiamente cuadros de las fuerzas armadas de uno y otro lado, tal vez más en la patria peronista”, admitió. “Estalló la guerra”, dijo, y para justificar el golpe invocó “la imperiosa necesidad de las Fuerzas Armadas, por haber sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad”.

Hizo una pausa y saltó sin escalas a 1983. “Fin de la guerra, restauración de la paz, con muchas víctimas”, resumió en tono de estadista, y retomó a Adolfo Donda para criticar a la conducción que les soltó la mano. Centró la responsabilidad en los vicealmirantes Barry Melbourne Hussey, Argimiro Luis Fernández (jefe del Servicio de Inteligencia Naval) y Adolfo Arduino, su comandante en 1976. “Uno de los grandes problemas” que se planteó la Armada en democracia fue “haber dejado gente viva”, admitió, y negó su colaboración en proyectos de Emilio Eduardo Ma-ssera. “No me quise ir, me retiró la Armada. No tengo aspiraciones políticas, soy un militarcito”, dijo. Renegó porque la justicia militar encubrió a sus superiores y con un organigrama repasó la línea de comando de la que dependía.

“Me niego a aceptar los hechos”, dijo en referencia a los secuestros, torturas y asesinatos que se le imputan en las causas conocidas como Testimonios A y B. Dedicó un párrafo especial a Rodolfo Walsh. “Analicé su desempeño, su capacidad intelectual, su trabajo al servicio del terrorismo, y tengo la certeza de que no quería ser detenido con vida. Esa era su convicción”, afirmó como quien devela un secreto de Estado.

Por último denunció “una persecución política-jurídica desde hace tiempo” y aclaró que no ratificaba sus declaraciones anteriores. “Entre la guerra y la paz, propongo la paz”, dijo. Y “si esta guerra no terminó, yo estaré del lado de la racionalidad y la proporcionalidad”, el mismo término que con citas de Juan Pablo II usó en 1986 para justificar sus crímenes: “La ESMA actuó con proporcionalidad. Actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

A las cuatro de la tarde pasó al frente Scheller. A diferencia de Acosta, lejos de renegar de sus antiguas declaraciones las leyó en voz alta. Comenzó por las de 1985, cuando integraba el Estado Mayor General de la Armada. El juez militar le tiraba nombres sobre la mesa, Scheller decía una y otra vez no conocerlos, hasta que se detenía en algunos, siempre sobrevivientes, “terroristas que pretenden ensuciar a la Armada”, y detallaba antecedentes lejanos e informaciones aportadas en interrogatorios.

–¿Incluían torturas? –preguntaba el juez.

–Negativo, señor.

dmartinez@pagina12.com.ar

jueves, 18 de marzo de 2010

“Actuamos en defensa del Estado y la nación”

Alfredo Astiz reivindicó el terrorismo de Estado en el juicio por los crímenes en la ESMA

El ex marino justificó la represión ilegal con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Dijo que la Justicia responde al Ejecutivo y que hay “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo”.

Por Diego Martínez
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Alfredo Astiz dijo no compartir ningún totalitarismo, incluido el nacional-socialismo, porque lo considera “de izquierda”.

Alfredo Astiz declaró ayer durante setenta y ocho minutos ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad en la ESMA. No negó los crímenes que le imputan. No mostró arrepentimiento. No pidió perdón. Admitió los hechos a su manera. Con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Con los decretos de aniquilamiento de Luder, Cafiero & Ruckauf. Con un supuesto “apoyo de la sociedad, reflejado en el periodismo de la época”. Afirmó con esmerado rostro adusto que Néstor Kirchner dio en 2003 “un golpe de Estado” al designar “una nueva mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Poder Judicial responde “a las órdenes del Ejecutivo”, que existe “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo” y advirtió que “los responsables e implicados en esta persecución deberán responder en el futuro”, frase significativa para quien se ufanó de ser “el hombre mejor preparado para matar políticos o periodistas”. Hoy a las once tendrá la palabra Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.

La jornada comenzó con forcejeos en la vereda de Comodoro Py, donde agentes de la Federal se avalanzaron sobre un camarógrafo de la agencia Reuters para impedirle tomar imágenes del dictador Jorge Videla. El papelón continuó a la tarde, con malabarismos de los penitenciarios que trasladan a los represores para impedir que los reporteros hicieran su trabajo. El fotógrafo de Página/12 tuvo que disparar su cámara con una Itaka pegada al pecho. Los camarógrafos presentes, de canales que curiosamente no cubrieron la declaración de Astiz, aseguran que Videla y los imputados de la ESMA partieron rumbo a Campo de Mayo y Marcos Paz, respectivamente, en el mismo camión del Servicio Penitenciario.

Menos formal que sus camaradas, con jean y pulóver, Astiz caminó hasta la silla reservada a los testigos con el vaso de agua en una mano y una carpeta celeste en la otra. Se sentó, miró hacia la bandeja superior en busca de cariño y se dispuso a dar sus datos.

–¿Apodos? –preguntó el juez Daniel Obligado.

–Alfredo –respondió el hombre, que infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo se hacía llamar Gustavo Niño.

–¿Grado militar?

–Capitán de fragata –mintió, pues lo perdió tras ostentar ante una periodista sus dotes como asesino.

Luego leyó en castellano borrascoso un discurso de catorce carillas, que más tarde distribuyó un camarada. Astiz se definió como “democrático y profundamente republicano” y dijo no compartir ideales con ningún totalitarismo, incluido el nacional-socialismo, al que considera “de izquierda (sic)”. Luego intentó dar cátedra sobre terrorismo. Recordó la Tricontinental de 1966, la Organización Latinoamericana de Solidaridad y la Junta Coordinadora Revolucionaria en 1974, con la que consideró instituida “una organización terrorista continental dirigida por la Unión Soviética y Cuba”. Enumeró acciones militares durante el gobierno peronista anterior al golpe de Estado y reforzó su argumento con citas de Luis Mattini, ex dirigente del PRT, quien admitió que “nunca pensamos en democracia”, y de Martín Caparrós, cuando escribió que “creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder”.

Dedicó el segundo capítulo a la obediencia debida. Aseguró que fue justificada por San Martín y Belgrano, explicó que como subordinado tenía vedado inspeccionar “lo bueno o malo de una orden” y consideró “ridículo” pretender semejante actitud de un militar “durante el fragor del combate y bajo fuego enemigo”. Prefirió no dar ejemplos. En línea con el capitán Adolfo Donda, dijo que “no delinque el militar que cumple órdenes, sino el superior que no se hace responsable de las órdenes que ha dado”.

Para justificar el terrorismo de Estado invocó “órdenes verbales” de Perón luego del copamiento del Regimiento de Azul, cuando pidió “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”. También citó al diputado peronista Alberto Stecco, que propuso “perseguir a los subversivos y aniquilarlos como ratas”. Aseguró que “las Fuerzas Armadas cumplieron con el mandato constitucional, con leyes y decretos vigentes, en legítima defensa del Estado y la Nación”. Nada dijo sobre la legitimidad del golpe de Estado. Tampoco sobre las normas en las que se fundó el método cristiano de arrojar personas vivas al vacío desde aviones militares.

De los casos que le imputan, sólo se refirió al de las Madres y las monjas secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Puso en duda “la seriedad de los exámenes” que permitieron identificarlas y pidió que se reiteren. Es comprensible: no podrá ser condenado por homicidio por miles de desaparecidos, pero sí por las víctimas que el Equipo Argentino de Antropología Forense inhumó, identificó y entregó a sus seres queridos.

Producto del “golpe de Estado” kirchnerista existe una “permanente e ilegal presión” del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, sostuvo. Le consta por “editoriales del diario La Nación”. “¿Qué siento de la Justicia argentina?”, preguntó e hizo una pausa cual si fuera a emitir una reflexión profunda. “Que está permanentemente subordinada a las necesidades políticas”, respondió. Sugirió “oscuras manipulaciones”, advirtió sobre “la creciente inseguridad jurídica que azota a la Nación” y no se privó de amenazar al TOF5. Son “una comisión especial de facto”, dijo, y les advirtió que “deberán hacerse cargo de su incalificable accionar cuando vuelvan a imperar las instituciones de la República”.

El cierre fue digno de un canalla: “Si realmente quieren saber qué pasó”, advirtió en una sala repleta de padres e hijos de desaparecidos que esperan desde hace treinta años una confesión sobre el destino final de sus seres queridos, “deberían juzgarnos como legalmente corresponde, por nuestros jueces naturales, es decir la justicia militar”.

dmartinez@pagina12.com.ar

sábado, 13 de marzo de 2010

“Fue una actuación de toda la Armada”

Empezaron a hablar los marinos procesados por los crímenes en la ESMA. Adolfo Donda responsabilizó a sus jefes

De los diecisiete marinos, prefectos y policías que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, ayer sólo Donda aceptó explayarse en el uso de la palabra. Denunció un acuerdo en los ’80 de la Armada con los radicales para denunciar sólo a los identificados.

Por Diego Martínez
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Jorge “El Tigre” Acosta, Carlos Capdevilla y Adolfo Donda, parte de los procesados por ESMA.

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, reiteró ayer el capitán Adolfo Donda, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. El ex jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del “acuerdo” entre el gobierno radical y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ’80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, aseguró. Se decidió “sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, dijo, y contó que cuando Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo visitaban la Agregaduría Naval en Brasil, donde él estaba destinado, “trataban de que no estuviera cerca para que no saliera en la foto”. También declaró el capitán médico Carlos Capdevila, una oración escueta el prefecto Juan Antonio Azic y se negó a declarar el octogenario Manuel García Tallada. La ronda de indagatorias continuará el miércoles con la palabra de Alfredo Astiz.

La mayor parte de las siete horas que duró la audiencia se consumieron en debates sobre temas procesales. Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral 5, informó del rechazo de todos los planteos preliminares: nulidades y prescripciones de los defensores y revocatorias de arrestos domiciliarios de Justicia Ya. El ex canciller Oscar Montes fue el primer convocado a hablar, desde su silla de ruedas:

–No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales. No ratifico mis dichos ante jueces militares. Niego todos los cargos y no respondo preguntas –recitó de un tirón.

Comenzó entonces una discusión eterna. Los defensores pidieron que no se consideraran indagatorias las declaraciones ante juzgados militares porque, si bien los marinos no juraban decir verdad, eran “exhortados” a hacerlo. El fiscal Pablo Ouviña argumentó que esos relatos deben validarse y recordó que los propios imputados los ratificaron en 1986 ante la Cámara Federal. El defensor oficial Víctor Valle puso más esmero que los particulares. “Para un militar el principio de disciplina es superior al principio de justicia”, destacó. El tribunal anunció un cuarto intermedio de diez minutos que fueron noventa, tomó una resolución que no conformó a nadie y ante nuevos planteos difirió su decisión para el futuro.

No me dejen solo

“Fue una actuación institucional, de toda la Armada”, arrancó Donda, de 64 años. “Sin embargo estoy solo, no hay nadie que haya combatido conmigo en el GT 3.3”, lamentó, en referencia a sus camaradas y jefes de la ESMA entre 1979 a 1981. El marino negó haber participado en sesiones de interrogatorios, que admitió en 1986. “La explicación es sencilla. En una estructura cada uno tiene una función, no varias. La mía era ser jefe de operaciones: la captura y entrega de terroristas”, dijo. “Todos los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en jurisdicción militar, una estructura institucional”, machacó.

Luego describió sus vivencias de las negociaciones entre Alfonsín y los militares tras el retorno de la democracia. En 1983, cuando su apellido ya figuraba en todos los listados de represores, fue enviado a la Agregaduría Naval en Brasil. “Cada vez que venía el canciller (Dante) Caputo trataban de que yo no estuviera cerca para que no saliera en la foto”, recordó, y agregó que “lo mismo (ocurrió) las dos veces que Alfonsín visitó Brasil”.

Citado por el juez Ciro de Martini por el asesinato de Elena Holmberg, declaró y retornó a la Agregaduría. Entonces recibió un ofrecimiento del vicealmirante Ramón Arosa, jefe de la fuerza, para profugarse junto con su familia. En sus palabras: “La Armada se iba a hacer cargo si yo decidía no regresar” a Brasil. Su respuesta, dijo, fue negativa.

Luego comenzó a recibir citaciones de los denominados “juzgados de instrucción militar”, a los que Alfonsín encomendó investigar los crímenes de sus propios miembros. Donda aclaró que el secretario era un oficial superior:

–Mirá, pibe, acá está lo que te vamos a preguntar –lo recibió.

–Señor capitán: ¿por qué yo solo? ¿Dónde están los mandos intermedios? –preguntó Donda.

–Son directivas, pibe. Firmá tranquilo, la Armada está en la precisa.

“La Armada decidió mantener silencio”, recordó, y citó una frase que los marinos adjudican al contraalmirante Barry Melbourne Hussey: “Los oficiales que han sido identificados por el enemigo deberán pasar por la Justicia”. “Los primeros prevaricadores fueron los juzgados militares, que nunca preguntaron por mis jefes”, concluyó el razonamiento. “La directiva era sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, recordó.

A fines de 1986, cuando las cámaras se abocaron a las causas, “la orden era sostener lo dicho en los tribunales militares y de alguna manera mantener silencio”, dijo. “Es difícil que un civil lo comprenda, pero las órdenes eran sagradas, no se concebía romper la lealtad al superior aunque notáramos que se equivocaran”, explicó. Luego lamentó que “la Armada negoció con el poder político” quiénes serían citados y recordó como un elemento central “el centimetraje de cada uno en la prensa”.

Sobre sus quince años de impunidad posteriores sólo emitió elogios involuntarios a Abuelas de Plaza de Mayo, en cuyas causas debió declarar, y a la prensa que recordó su pasado. Dijo que lleva siete años detenido y no conoce al juez Sergio Torres, a quien cuestionó porque “transcurrieron cinco años hasta que citó a declarar a mis superiores”. Sobre los testimonios que lo incriminan, dijo que “tienen muchas verdades pero también mentiras”. Prometió refutar las mentiras pero no aportar verdades.

El dilema

Donda dedicó varios párrafos a su hermano desaparecido, con quien “tenía una unión sentimental muy buena, aunque evidentemente cada uno tenía su propio camino y destino”, reflexionó. Contó que ya en 1972 el Servicio de Inteligencia Naval lo citó para cuestionarle la militancia de José María Donda, que estudiaba en el Liceo Naval. En 1975 volvieron a reprocharle “que no haya dado parte” de sus actividades. “No puedo hacerme responsable de mi hermano”, asegura que respondió.

En 1977, no especificó la fecha, “fuerzas conjuntas allanaron mi casa”. Dijo ignorar el motivo aunque supone que fue para “certificar mis actividades”, que luego de varios segundos con la lengua atragantada definió como “la defensa de la legalidad”. Ese año perdió contacto con José María, pero tuvo un indicio de su suerte: su sobrina fue entregada en guarda por una jueza de menores a la madre de los hermanos Donda, que compartió la guarda con el marino. “Presumí que podían estar presos o desaparecidos”, arriesgó.

En 1979, cuando Rubén Chamorro, director de la ESMA, lo convocó para sumarse al grupo de tareas, le pidió ayuda para resolver “mi dilema”, dijo: “El paradero definitivo de mis familiares”. Agregó que una secuestrada de la ESMA le contó que había militado con José María en la columna oeste de Montoneros y que “muy probablemente” había sido “detenido por la Aeronáutica”. Entabló contacto con dos oficiales de la Fuerza Aérea pero, aseguró, nunca le aportaron ninguna información. Sobre el paso por la ESMA de su cuñada María Hilda Pérez de Donda, que dio a luz en cautiverio a la actual diputada Victoria Donda, el marino no dijo una sola palabra.

dmartinez@pagina12.com.ar

viernes, 12 de marzo de 2010

A los represores les llegó la hora de hablar

A PARTIR DE HOY, LOS DIECISIETE ACUSADOS EN EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES DE LA ESMA PODRAN HACER USO DE LA PALABRA

Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.

Por Diego Martínez
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El ex canciller de la dictadura Oscar Montes es uno de los acusados que muy probablemente opte por hablar en el juicio.

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.

Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.

La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.

La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.

Honra de militar

Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.

–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?

–No tengo conocimiento.

Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.

También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.

–¿Traslado?

–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.

Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.

–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.

–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.

No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.

–Dé un ejemplo práctico.

–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.

–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?

–No recuerdo.

dmartinez@pagina12.com.ar

sábado, 6 de marzo de 2010

De la impunidad al procesamiento

Procesaron a dieciséis represores del centro clandestino La Cacha

Son en su mayoría ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Entre ellos están Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. El juez platense Manuel Blanco les dictó, además, prisión preventiva. En la causa hay cinco prófugos.

Por Diego Martínez
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El ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Smart sumó un nuevo procesamiento.

A tres décadas de los crímenes y a siete años de la reapertura de la causa, el juez platense Manuel Blanco procesó con prisión preventiva a un grupo de dieciséis represores por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha, nombre inspirado en el personaje de la “bruja Cachavacha” que, igual que los militares argentinos, tenía por costumbre hacer desaparecer personas. La mayor parte de los procesados son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, que encabezaba el coronel Alejandro Arias Duval, con arresto domiciliario en Pilar. El mismo privilegio conservan el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart, firmantes del decreto que transfirió al Servicio Penitenciario las instalaciones de la Planta Transmisora de Radio Provincial para transformarlas en campo de concentración.

Cinco de los imputados que Blanco ordenó detener tres semanas atrás burlan con éxito a las fuerzas de seguridad. Los flamantes prófugos son el subprefecto Isaac Crespín Miranda, los civiles de Inteligencia Teodoro Aníbal Gauto y Rufino Batalla, el coronel Enrique Armando Cicciari, quien como miembro del Regimiento de Infantería 7 entregó un recibo de los muebles robados al dueño del departamento que alquilaba la desaparecida Norma Formiga, y el capitán retirado Ricardo Luis Von Kiew, ex miembro de la Central de Reunión de Información (CRI) del Destacamento 101, identificado por sobrevivientes como quien impartía órdenes en La Cacha.

Von Kiew, alias Holandés, es miembro del directorio de Consultora Videco SRL Seguridad Privada, que presta servicios a la Unión Industrial Argentina, la Universidad Católica Argentina y el Jockey Club, entre otras firmas. No es el único ex miembro de La Cacha vinculado con el negocio de la inseguridad. El teniente coronel Roberto Balmaceda, que era jefe de la CRI y ahora está preso en Marcos Paz, figura en registros oficiales como encargado de la sucursal Hurlingham del Grupo Seguridad Norte SRL.

La mayoría de los procesados integraron el Destacamento. Sus oficiales “eran los encargados de recabar la información asumiendo el rol de interrogadores, teniendo la aptitud especial para Inteligencia”, apuntó Blanco. Emilio Herrero Anzorena era jefe de la central de reunión. Los teniente coronel Anselmo Palavezzati y Carlos Romero Pavón fueron jefes de la sección Reunión Interior. También operaban en el 101 el ex carapintada Jorge Di Pasquale, el teniente coronel Ricardo Armando Fernández (ex jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia), los capitanes Carlos Hidalgo Garzón y Gustavo Cacivio, el suboficial Luis Orlando Perea y el penitenciario Héctor Raúl “El Oso” Acuña, jefe de guardias que en abril comenzaría a ser juzgado por torturas en la Unidad 9 de La Plata.

El juez Blanco también resaltó el rol del personal civil, que se capacitaba a la par de los militares en “curso de inteligencia, contrainteligencia, subversión, contrasubversión, explosivos y técnicas de apoyo como maquillaje (sic), apertura de cerraduras, fotografía y dactiloscopia”. Los civiles procesados son Claudio Raúl Grande, guardia a quien los secuestrados conocían como “Pablo”, y Raúl Ricardo Espinoza, alias Jota. Ambos aseguraron en las indagatorias que se limitaron a recortar y pegar diarios adentro de una oficina. El único marino procesado es el capitán Juan Carlos Herzberg, ex jefe de la Fuerza de Tareas 5, que dependía del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) y de la Escuela Naval Río Santiago. No pudo ser indagado el civil César Emilio Branne, que estaría en estado vegetativo, y el suboficial Juan Carlos Negri, quien padecería un cáncer terminal.

viernes, 5 de marzo de 2010

Casos que se demoran más de la cuenta

DILACIONES EN EL JUZGAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LA REPRESION ILEGAL

El juicio a los penitenciarios de la Unidad 9 debía comenzar el lunes en La Plata y pasó para el 12 de abril porque falta un juez y resta acondicionar el edificio donde se desarrollará. También podría postergarse otro juicio en Mendoza.

Por Diego Martínez
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El juez Carlos Rozansky integra el tribunal que juzgará a los penitenciarios de la U9.

Mientras algunos sobrevivientes ven cada día más lejana la posibilidad de dar testimonio ante sus verdugos, que mueren sin condena o logran eternizar los procesos por achaques previsibles, otros dos juicios a represores se postergan por decisiones emanadas del Poder Judicial. El juicio a los penitenciarios de la Unidad 9, que debía comenzar el lunes en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de La Plata, pasó ahora para el 12 de abril, esta vez por dificultades para cubrir la vacante que dejó Pablo Bertuzzi –subrogante en el tribunal que juzga crímenes en Vesubio– y por la demora en acondicionar el edificio de la AMIA, alquilado el mes pasado por iniciativa del juez Carlos Rozansky. El primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, previsto para el viernes próximo, tiene óptimas chances de postergarse gracias a una decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que apartó al juez Juan González Macías por su supuesta intervención anterior en la causa. Los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) presentaron ayer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, denunciaron que la decisión de Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda es arbitraria y contraria el criterio aplicado en el pasado por el mismo tribunal.

Si durante quince años la impunidad obedeció a decisiones políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el principal obstáculo para el avance de las causas a partir de 2003 debe buscarse en los propios tribunales: instrucciones eternas, años para resolver recursos, recusaciones y excusaciones, dificultades para conformar tribunales y para conseguir salas adecuadas, excarcelaciones automáticas y un largo etcétera. Los juicios en curso ratifican la ineficacia de la corporación judicial. Los procesos por crímenes en ESMA, Atlético-Banco-Olimpo y Vesubio, con cientos de testigos y una docena de imputados como promedio, se desarrollan a un ritmo pasmoso porque tres tribunales comparten la misma sala de Comodoro Py. El ejemplo del tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demuestra que con voluntad se pueden respetar todas las garantías en el gimnasio de una sociedad de fomento. Pero el ejemplo no cunde: la única alternativa que se barajó en Py fue la sala del Palacio de Tribunales, que está en reparaciones desde hace meses.0

El juicio a los agentes de la U9 se anunció primero para el 3 de diciembre. Los motivos de la postergación original no se conocieron de manera oficial, aunque sí trascendió una interna feroz entre los jueces. Bertuzzi, que llegó en reemplazo de Néstor Lorenzo, pidió de inmediato una auditoría y denunció a Rozansky por irregularidades en la tramitación de causas. Seis secretarios habrían renunciado durante el último año por idéntico motivo. El juez Horacio Insaurralde denunció luego por calumnias a injurias a Rozansky, su compañero en los juicios a Etchecolatz y Von Wernich, que antes había denunciado ante el Consejo de la Magistratura el supuesto “deterioro psicofísico” de su colega.

Previsto para el 15 de febrero, el juicio de la U9 volvió a postergarse para el 8 de marzo, por la jubilación de Insaurralde, que fue reemplazado por el marplatense Roberto Falcone. En el ínterin se conoció un comunicado de empleados y delegados gremiales del TOR: denunciaron que el conflicto entre magistrados perjudicaba el desarrollo de las causas y anunciaron su negativa “a cumplir órdenes sobre tareas ajenas a la función judicial”. Bertuzzi fue reubicado como subrogante en el TOF4 porteño. Su partida y los inconvenientes para reemplazarlo no son el único problema actual. Según la información que difundió ayer el Centro de Información Judicial, también inciden “las reformas que se requieren” en el teatro de la AMIA platense, alquilado el mes pasado a instancias de Rozansky para ampliar la concurrencia a las audiencias que deberá presidir.

Mendoza es noticia recurrente por el rol de sus jueces a favor de represores y por los propios antecedentes de Sus Señorías. Carlos Pereyra González renunció a la Cámara cuando un tribunal puntano ordenó investigarlo por encubrir torturas en dictadura. Por los mismos delitos están denunciados sus pares Otilio Romano y Luis Miret, amigo confeso del general Juan Pablo Saa, ex jefe militar de Cuyo. La Cámara excarceló a fines de 2008 a todos los imputados por crímenes de lesa humanidad. Organismos locales, la Secretaría de Derechos Humanos y hasta el ministro de Gobierno mendocino denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas, que sin embargo cuentan con el respaldo de Casación.

La Sala IV apartó ahora a González Macías con el argumento de que se pronunció en el pasado sobre cuestiones de fondo, al citar a indagatoria a un imputado cuando era juez de la Cámara. Según el recurso de Pablo Salinas y Viviana Beigel, abogados del MEDH, la sentencia es arbitraria porque el dato es falso. Peor aún, sostienen que las causas por las que se pronuncia Casación ya eran cosa juzgada, consentidas incluso por las defensas, por lo que anunciaron que pedirán el juicio político de los camaristas. Mientras los organismos siguen dando lucha, hace dos semanas murió impune y en libertad el coronel Orlando Dopazo, uno de los principales represores de Cuyo durante la dictadura.

jueves, 4 de marzo de 2010

Büsser, embarcado en delitos de lesa humanidad

Por la represión ilegal en Bahía Blanca fueron procesados diez marinos retirados y dos ex penitenciarios

El almirante retirado Carlos Alberto Büsser, quien encabezó el desembarco en las Islas Malvinas, es uno de los procesados por haber comandado en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el juez Eduardo Tentoni excarceló a los acusados.

Por Diego Martínez
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El almirante retirado Carlos Büsser en uno de los traslados a los tribunales.

Diez oficiales retirados de la Armada y dos ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron procesados por la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura. La lista incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, famoso por encabezar el desembarco en las Islas Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, que en estos días afronta su primer juicio por secuestros y torturas en la ESMA. Büsser fue secretario personal de Emilio Massera mientras se planificaba el último golpe de Estado y comandó en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en la zona de Bahía Blanca.

El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni destacó que “las condiciones de vida en los centros clandestinos eran inhumanas”, consideró que “la crueldad de los maltratos, tormentos, torturas, vejaciones y violaciones” en los centros clandestinos de la Armada “escapan a cualquier intento de descripción”, pero excarceló a los marinos. “Si la medida se extendiera a imputados por cualquier delito podría pensarse que se instituyó una garantía procesal e implicaría un avance social. Mientras sea sólo para imputados por crímenes de lesa humanidad es un privilegio sumamente discriminatorio”, consideró el fiscal federal Abel Córdoba, quien reemplazó al frente de la investigación al ex fiscal general Hugo Cañón.

La causa por los crímenes de la Armada en Bahía Blanca se reabrió a fines de 2005. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que nueve meses después ordenó una inspección ocular en Puerto Belgrano y Baterías. En junio pasado ordenó los primeros procesamientos, que incluyeron a los prefectos Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los obreros gráficos y delegados que habían enfrentado a la familia Massot en los años previos al golpe, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

El año pasado, por primera vez en tres décadas, un marino confirmó ante la Justicia la existencia de un centro clandestino en la base de Infantería de Marina Baterías, en la ciudad de Punta Alta. El vicealmirante Eduardo Fracassi precisó que funcionó en la sexta batería histórica, agregó que se habilitó “a los fines de trasladar detenidos de la base Puerto Belgrano, que había completado su capacidad de detención”, y que “estaba operado por personal que revistaba en Puerto Belgrano o en la Fuerza de Tareas 2”. Si bien era jefe de la base, Fracassi dijo ignorar detalles del funcionamiento del centro de torturas porque “dependía del comandante de Operaciones Navales”.

Tentoni recordó que ya en abril de 1975 un supuesto infiltrado fue torturado durante más de un mes por oficiales de la Armada en Puerto Belgrano. La víctima fue entonces el cabo principal Juan José Cozzi, que en 1984 identificó entre sus interrogadores a los marinos Juan Alberto Iglesia, Guillermo Martín Obiglio y Remo Omar Busson, entre otros. El juez se pregunta “si hubo algún cambio en el método contrainsurgente luego del golpe militar” y concluye que “la respuesta es obvia: no”.

El “operativo Rosario” no fue la única tarea de Büsser durante la dictadura. Hasta el 29 de marzo de 1976 fue secretario de Massera. Ese año prestó servicios en la Secretaría de Información Pública. En 1977 comandó la Fuerza de Tareas 2 que operó en el sur bonaerense. En 1979, según declaró ante el juez Baltasar Garzón el comandante español Alfonso Morato, Büsser junto con el teniente coronel Quezán lo secuestraron y torturaron durante ocho meses para que confesara ser un espía chileno. El marino era entonces director de Inteligencia Interior de la SIDE. En 1983, cuando las Fuerzas Armadas incineraron los archivos sobre sus crímenes, era jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su indagatoria admitió que comandó la FT2, dijo que se limitaron a “patrullar la zona para disuadir cualquier actividad terrorista” y que “no hubo detenciones en toda mi gestión”.

La lista de procesados incluye al contraalmirante Angel Lionel Martín, ex comandante de Aviación Naval, y seis capitanes de navío. Hugo Andrés José Mac Gaul fue jefe de Baterías en 1976. Hernán Lorenzo Payba comandó el batallón comando de la Brigada de Infantería de Baterías. Guillermo Félix Botto actuó en 1976 en la sección Inteligencia de la subjefatura Operaciones de Puerto Belgrano, cargo desde el que participó en el montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. El aviador Domingo Ramón Negrete fue comandante de la Base Aeronaval Comandante Espora en 1976.

El capitán Alberto Gerardo Pazos, actual profesor en el Instituto Universitario Naval, actuó en 1977 en la sección de Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA). El juez consideró probado que adiestró “cinco unidades de la FAPA para la lucha antisubversiva” y por su cargo “participó en los interrogatorios y torturas” de varias víctimas vistas por última vez en Baterías, como Cora Pioli o Daniel Carrá, “y también en las decisiones que resolvieron su suerte”. El capitán Enrique De León, profesor de la Universidad del Salvador, fue jefe de Contrainteligencia del departamento operaciones de Baterías. Antes de ser declarado desertor, el conscripto desaparecido Horacio García Gastelú informó a su familia que estaba en una lista de “observados” e identificó en el seguimiento al “teniente De León”. También fueron procesados el capitán José Luis Ripa, el prefecto mayor Héctor Luis Selaya y el alcaide Leonardo Núñez, enlace entre los centros clandestinos y la cárcel de Villa Floresta.

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