José Mercado quedó varado en la Aduana

EL EX MINISTRO DE ECONOMIA DE LA ULTIMA DICTADURA JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ NO PUEDE SALIR DEL PAIS

El juez Norberto Oyarbide tomó la medida a pedido del secretario de Derechos Humanos, quien también solicitó la detención del ex funcionario y señaló que, luego de que la Corte Suprema anulara el indulto, no había obstáculos para el avance de la causa.

Por Diego Martínez

José Alfredo Martínez de Hoz está imputado por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer la prohibición de salir del país de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura imputado por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, quienes fueron forzados a renegociar desde la cárcel en 1976 un contrato privado con comerciantes de Hong Kong. La medida fue solicitada al mediodía por el titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), Eduardo Luis Duhalde, quien calificó al ex funcionario del gobierno militar entre 1976 y 1981 como “el jefe civil de la dictadura” y solicitó su detención en una cárcel común “para que se lo juzgue por delitos de lesa humanidad”. La decisión de Oyarbide se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 2745/90 por el que Carlos Menem indultó al ex hombre fuerte de Videla.

En 1988 Martínez de Hoz fue procesado con prisión preventiva, igual que Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, por orden del juez federal Martín Irurzun, como coautor del delito de secuestro extorsivo reiterado. Estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte al 1100, acompañado, entre otros, por el general Carlos Suárez Mason. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó la detención de los Gutheim, y dispuso liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su actuación, sino porque a diferencia de los uniformados no dejó sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como afirmó el miércoles en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

Titular de la textil Sadeco, Federico Gutheim consiguió en abril de 1976 un cupo de exportación por 6500 toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios y la apertura de cartas de crédito por doce millones de dólares, la dictadura le denegó el permiso para concretar la operación. El 5 de noviembre de 1976, luego de que Martínez de Hoz recibiera en Hong Kong quejas de comerciantes chinos y británicos contra Sadeco por el incumplimiento del contrato, los hombres de negocios fueron detenidos. Según el decreto 2840 de Videla y Harguindeguy su actividad atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público.

Ya en la cárcel, un funcionario de Interior les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de varias firmas extranjeras que llegaron al país invitados por Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega. Fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, por decreto 949/77, según el cual las causales invocadas habían desaparecido.

Los camaristas consideraron en 1988 que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el estado de sitio”. Sostuvieron que “las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”.

Pese a que fuentes oficiales habían comunicado al periodismo que las detenciones se produjeron a instancias del Ministerio de Economía, que Martínez de Hoz admitió que fue impuesto del tema en Hong Kong por el cónsul argentino y que el prontuario de los Gutheim en la Policía Federal admitía que fueron arrestados “por irregularidades cometidas en trámites de exportación de algodón”, la Cámara consideró que según las exigencias del viejo Código de Procedimientos Penales los indicios eran insuficientes para mantenerlo detenido, ordenó su liberación y la continuidad de la investigación. La impunidad fue obra de Carlos Menem.

El mismo día que la Corte anuló el indulto, Martínez de Hoz dijo ser víctima de “una persecución interminable” del gobierno nacional. “Diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”, sostuvo, e incluyó a la Justicia federal y a la Corte Suprema, que “con escasas y honrosas excepciones han sido funcionales a estos objetivos”. También renegó de su inclusión entre los indultados por Menem. Fue “un indulto que no pedí ni me benefició, ya que se me había desvinculado expresamente de los hechos investigados”, confundió.

“No existen obstáculos para el avance de la causa”, consideró ayer Duhalde en referencia a la decisión del alto tribunal, que con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni declaró inconstitucionales los indultos. Consultado sobre la solicitada, sostuvo que “lo que diga Martínez de Hoz sobre su defensa no altera la causa” y expresó su confianza en que Oyarbide “pueda disponer la próxima semana las medidas solicitadas”. “La gravedad de las imputaciones, el carácter de crímenes de lesa humanidad y la extensión de la pena a aplicar justifican la detención y su alojamiento en un establecimiento penitenciario común”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.

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Primera noche en una cárcel común

Condenaron a veinticinco años al ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros represores

El último presidente de la dictadura militar, el ex general Reynaldo Bignone, fue condenado como coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas en Campo de Mayo en 1977.

Por Diego Martínez

Se calcula que por los campos clandestinos que dependían de Bignone pasaron cerca de cinco mil desaparecidos.

A los 82 años, luego de tres décadas impune, el último dictador pasó su primera noche en una cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín consideró a Reynaldo Bignone coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas por sus subordinados de Campo de Mayo en 1977, cuando era jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Lo sentenció a veinticinco años de prisión, igual que a Santiago Riveros y a Fernando Verplaetsen. También fueron condenados los generales Eugenio Guañabens Perelló y Jorge García y el coronel Carlos Alberto Tepedino, en tanto fue absuelto el comisario Germán Montenegro. Las cuatrocientas personas que durante horas y en absoluto silencio mantuvieron en alto las fotos de sus seres queridos desaparecidos estallaron en un aplauso cuando la jueza Marta Milloc leyó que se revocaban los arrestos domiciliarios.

Lejos del oscurantismo que durante años caracterizó a los procesos en Comodoro Py, el tribunal de San Martín, que también integran Héctor Sagretti y Daniel Cisneros, ratificó que es posible juzgar a los mayores criminales de la historia argentina a la vista de la sociedad, respetando las garantías e incluso absolviendo a un imputado sin que vuele una mosca. Riveros & Cía. reivindicaron por la mañana su actuación durante la dictadura (ver aparte), pero prefirieron escuchar la sentencia desde un salón aledaño. También se ausentó el defensor oficial Carlos Palermo, que insultó a familiares de víctimas luego de que le gritaran “cobarde” por pedir autorización para no escuchar el fallo. Además del público que colmó la sociedad de fomento José Hernández y los que siguieron la audiencia desde la calle, diecisiete cámaras de televisión llevaron al mundo las imágenes de la sentencia.

Presidente de facto tras la aventura de Malvinas, Bignone había quedado en la historia luego de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín. También se conoce su orden de incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas para borrar las pruebas del terrorismo de Estado, decisión que aún rinde frutos. Menos pública era hasta ayer su actuación en 1977 en el Comando de Institutos Militares (CIM), organismo del que dependían los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, por los que se estima pasaron cinco mil personas. El tribunal de San Martín condenó al dictador por once allanamientos ilegales, seis robos, cuarenta y cuatro secuestros y treinta y ocho tormentos. Gracias al método de la represión argentina de desaparición de personas, seguirá impune por los homicidios.

Las penas más altas, tal lo requerido por las querellas y los fiscales Javier De Luca, Juan Patricio Murray y Marcelo García Berro, abarcaron también a Riveros, ex jefe del CIM y de la zona militar VI, y a Verplaetsen, su jefe de Inteligencia, ambos condenados el año pasado por el asesinato de Floreal Avellaneda. Riveros se impuso en términos cuantitativos: quince allanamientos ilegales, siete robos, sesenta y un secuestros y cincuenta y cuatro tormentos. Milloc leyó uno a uno los nombres de sus víctimas.

A veinte años de prisión condenaron al coronel Tepedino, ex jefe de inteligencia interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y del Batallón de Inteligencia 601 en los dos años siguientes. Tepedino vivió hasta ayer en un tercer piso de Donato Alvarez 562, donde Página/12 lo retrató en 2003 mientras violaba su arresto domiciliario. Dieciocho años de pena le corresponden al general García, ex director del Colegio Militar de la Nación, y diecisiete a Guañabens Perelló, ex director de la Escuela para Apoyo en Combate General Lemos. El policía Montenegro, absuelto de culpa y cargo, fue jefe de la comisaría de Bella Vista. El tribunal resolvió “por mayoría” que se revoquen los arrestos domiciliarios y le encomendó al juez federal Juan Manuel Yalj, que instruye la megacausa Campo de Mayo, “la pronta elevación a juicio” y “la necesaria unificación” de casos “para evitar dispendio de recursos y trastornos para víctimas e imputados”.

“Mi viejo estaría muy contento porque se hizo justicia por tantos compañeros”, admitió Francisco Scarpatti, hijo del sobreviviente que denunció ante el mundo las atrocidades en Campo de Mayo y murió sin llegar a ver las condenas. “Cacho hizo todo, hasta el final de su vida, para que estos tipos terminaran presos”, agregó orgulloso Francisco, nacido en el exilio, mientras sus compañeros del Movimiento 26 de Julio le rendían homenaje al “Comandante Scarpatti” por “su historia y su ejemplo”.

“Estamos contentos, tenemos que revisar las absoluciones. Obviamente nos agravia la absolución de Montenegro”, reflexionó sobrio el fiscal Murray. “Lo más importante es que un símbolo de la impunidad va por primera vez a la cárcel”, afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto. “Bignone fue el presidente de facto que ordenó quemar los archivos de las Fuerzas Armadas, que impulsó la autoamnistía para los militares, y gracias a Alfonsín fue excluido del Juicio a las Juntas. Por lo menos va a pasar un rato en la cárcel”, destacó Llonto, mientras los pibes de HIJOS coreaban su nombre.

Francisco Madariaga Quintela, que recuperó su identidad hace dos meses, escuchó ayer una y otra vez el nombre de su mamá Silvia entre las víctimas por quienes se hizo justicia. “Tengo una mezcla de sentimientos”, dijo. “Estoy emocionado, es la mínima pena que merecen, pero también siento bronca y tristeza porque no la puedo tener conmigo”, explicó. “Estoy procesando todo. Pasa el tiempo y te chocan mucho más las historias. Lo importante hoy es que se hizo justicia por ella”, rescató con los ojos llorosos.

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Ninguno de los condenados expresó arrepentimiento

“La destrucción de mi querido Ejército”

Por D. M.

Los organismos celebraron la condena a Bignone.

Ni arrepentimiento, ni perdón, ni información. Los imputados que hicieron uso de sus últimas palabras reivindicaron la represión ilegal y citaron frases de Perón para justificar el terrorismo de Estado. “Nos vemos obligados a soportar las fotos de las supuestas víctimas”, puso en duda Reynaldo Bignone en referencia a los desaparecidos, que no le quitaban los ojos de encima desde sus retratos en blanco y negro. El dictador criticó sin nombrarlo al general Martín Balza por su autocrítica y al Centro de Militares por la Democracia por su apoyo a los juicios. “Es preferible una condena al repudio de los camaradas”, blanqueó su escala de valores.

Santiago Riveros renegó con “cristiana serenidad” porque considera que deberían juzgarlo sus “jueces naturales”, que no lo hicieron cuando Raúl Alfonsín se los encomendó. Dijo ser “el único y exclusivo responsable de todo lo actuado por el Comando de Institutos Militares durante la guerra contra el terrorismo”. “No ordené torturar a nadie”, aseguró, aunque aclaró que “el Colegio Militar de la Nación nos educó para cumplir órdenes, cualquiera fuera su contenido”.

Riveros recordó notas de la prensa que supo aplaudirlo (“La guerra está entre nosotros”, revista Gente, 1975) y discursos de dirigentes políticos a favor del golpe de Estado, que según él “nada cambió”. “Las Fuerzas Armadas están haciendo patria con mayúsculas”, citó a Carlos Menem. “No hay soluciones”, a Ricardo Balbín. “Estamos al borde del abismo”, a Fernando de la Rúa. Destacó que cuando Luder, Ruckauf, Cafiero & Cía. ordenaron aniquilar a la subversión “nadie levantó su voz”. Cerró con una expresión de deseos: “Que esta desgracia argentina encuentre un nuevo Cristo de civil que eche a los ladrones del templo de la República”.

“No me defenderé”, anticipó Bignone antes de hablar cuarenta minutos. “Ante la agresión terrorista, la Nación empeñó a sus fuerzas armadas para aniquilar al terrorismo subversivo”, dijo. Cuestionó la cifra de treinta mil víctimas, aclaró que la figura del desaparecido tiene “otra significación en la guerra irregular”, idea que no desarrolló. Negó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés. “No llegan a treinta (apropiaciones), y ninguna fue por personal militar”, afirmó. “De lo sublime a lo insólito”, tituló el último capítulo, en referencia a la solemnidad histórica del Poder Judicial en contraste con el “improvisado escenario” que le tocó como imputado. Cerró con José Ortega y Gasset (“Yo soy yo y mi circunstancia”) para advertir que sólo cambió lo segundo.

Las palabras de Eugenio Guañabens Perelló desbordaron violencia. Dijo estar “condenado de antemano”, producto de “la destrucción de las instituciones de la República, empezando por mi querido Ejército. ¡Ya no existe como Ejército!”, gritó. Sobre la Justicia, dijo que “le arrancaron la venda y le pusieron un ridículo antifaz”. Similar reemplazo aplicó a alguna fuerza que no identificó: “¡Reemplazaron la espada por un vulgar palo de escoba!”.

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La víctima tiene la culpa

Insólito argumento en el caso de la apropiación de un niño

Al sobreseer a un magistrado acusado de apañar una apropiación ilegal en 1976, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo culpabilizó a la familia que fue víctima de la represión. El suboficial Scollo, periodista de Baradero, sin indagatoria.

Por Diego Martínez

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que sobreseyó a Juan Carlos Marchetti.

La culpa de que Manuel Gonçalves se haya criado con una identidad falsa es de su mamá. En lugar de registrarlo como Dios manda y acompañar al centenar de militares que la visitó con óptimas intenciones, Ana María Granda lo anotó con apellido falso y se resistió a entregarse hasta morir acribillada. También son responsables sus padres y los de su compañero, entonces desaparecido, pues al igual que cientos de abuelos en 1976 no estuvieron donde debían para recuperar al nieto. El razonamiento que hará furor en Marcos Paz lo suscribe el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, en el sobreseimiento de Juan Carlos Marchetti, juez de menores que en lugar de buscar a la familia de Manuel falseó el expediente de adopción para entregarlo a personas de confianza. La fiscal federal María Marta Poggio y los abogados Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibáñez, que representan a Manuel, a la Secretaría de Derechos Humanos y a Abuelas de Plaza de Mayo, apelaron la decisión, que ahora evalúa la Cámara Federal de Rosario.

El juez tampoco encuentra motivaciones para indagar al suboficial Abel César Scollo, periodista protegido del poder político de Baradero que relató el estallido de marzo y que en 1998 admitió en televisión que “con anteojos ahumados” cazaba “subversivos”. Varios testigos lo recuerdan infiltrado en un grupo de teatro hasta la desaparición de uno de sus miembros, a quien extorsionó para sacarlo de “listas negras”. La causa hibernó un año y medio en manos de Villafuerte Ruzo y lleva un año estancada en la Cámara de Rosario.

Marchetti fue juez en San Nicolás durante la dictadura. En 1983 sobreseyó a Luis Patti por dos homicidios. Días atrás logró la absolución de policías acusados de vejaciones. Es abogado de privatizadas como Ternium Siderar, AES América y EDEN, y del ex secretario de la CGT, Naldo Brunelli, titular de la UOM nicoleña que avaló la designación de Villafuerte Ruzo. Scollo trabajó para el intendente de Baradero, Pedro Carozzi, y cuando éste murió para el hijo y sucesor, Aldo. Es titular de FM Tiempo, la radio que el pueblo apedreó tras quemar la municipalidad (ver aparte).

Manuel es hijo de Gastón Gonçalves y Ana María Granada. Su padre fue secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976. El cuerpo fue enterrado como NN en Escobar. A su abuela, Matilde Pérez, la torturaron para que entregara a la nuera. Para preservar su vida y la del hijo en gestación, Ana María se radicó en San Nicolás con identidad falsa y, cuando nació Manuel, lo registró como Valdez. El 19 de noviembre, cien militares ametrallaron la casa: asesinaron a Ana María y a la familia Amestoy, incluidos dos niños. Sobrevivió Manuel, a quien su madre envolvió en un colchón mientras se resistía a caer en manos del terrorismo de Estado.

Manuel fue trasladado a un hospital por orden del coronel Fernando Saint Amant, quien dio intervención al juez. Marchetti dispuso una custodia ante “el rumor de que iban a retirar por la fuerza al niño”, contó un médico. Pese a que era obligación y práctica del juzgado publicar edictos, Marchetti no lo hizo. Un oficio policial sugiere que “las citaciones cursadas a familiares arrojaron resultado negativo”, pero el firmante dijo que no conoció al magistrado y que por su grado no pudo haberlo suscripto. El juez no pidió las actuaciones en las que se identificó a los Amestoy por sus huellas dactilares, no contactó a los deudos que retiraron los cuerpos, no buscó fotos de Ana María para publicar y no consultó sobre su identidad a los militares, que conocían a sus enemigos aunque los enterraran como NN. “Evitó voluntariamente la identificación”, resumió la fiscal Poggio.

Marchetti recurrió a la familia: su primo Eduardo Larrañaga y la esposa, Esther González, se convirtieron en padrinos del niño, que en febrero de 1977, sin informe socio ambiental ni opinión del asesor de menores, fue otorgado en guarda a Luis Novoa y Elena Rodríguez, prima de González. Cuando un asesor le preguntó si los adoptantes eran cónyuges, un requisito necesario, el juez informó falsamente que estaban casados. También le mintió a González cuando le dijo que había publicado edictos para dar con la familia. No requirió un solo informe para saber cómo se desarrollaba la guarda. En el camino quedó la familia Ricardi, que pretendía la guarda. Tras visitar a Manuel durante tres meses, se enteraron de que lo habían sacado del hospital por orden del juez. Ante la insistencia por ver al niño, Marchetti les gritó: “Muerto el perro, se acabó la rabia”.

Para sobreseerlo en la causa por apropiación y supresión de la identidad, el juez simuló ignorar el terrorismo de Estado y la responsabilidad de los funcionarios, que transfirió a las víctimas. “Quien suprimió la identidad de Manuel desde el momento de su nacimiento fue su madre”, que “imposibilitó que la Justicia pudiera lograr la determinación sobre el origen biológico”, escribió. Lo contrario sostuvo el tribunal de Lomas de Zamora, que anuló la adopción: “No hubo abandono por parte de los padres”. Villafuerte Ruzo no se conformó con culpar a los padres: “Me resulta imposible concluir que los abuelos o parientes no se hicieran presentes en el juzgado de menores”, se indignó. “El Poder Judicial debió ser el órgano encargado de tutelar el debido proceso y los derechos de las personas”, le recordó la fiscal. “Los responsables de que Ana María cambiara su identidad para preservar su vida y la de su hijo fueron los integrantes del Estado terrorista, del cual algunos funcionarios judiciales no eran ajenos sino un engranaje más”, enfatizó.

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Scollo y su pasión por la palabra

Por Diego Martínez

Desde diciembre de 1975 hasta 1978, según su legajo, el suboficial Abel Scollo estuvo en comisión en la Zona IV, que dependía de Campo de Mayo e incluía San Nicolás, Campana y Baradero. “Andamos en la lucha contra los terros”, contaba. Como tampoco ocultó sus tareas sucias mientras regían las leyes de impunidad, abundan testigos que lo incriminan.

Víctor Hofer le contó a su prima que se sentía “perseguido y vigilado” por Scollo, quien le pidió plata a su hermano “para sacarlo de una lista negra”. Ante la negativa, le advirtió: “Nunca vayas a las estaciones de Zárate o Campana porque te voy a levantar”. Los Hofer fueron secuestrados en abril de 1976, igual que Rubén Di Pasqua y Rubén Reynoso, visto en cautiverio en la Brigada de San Nicolás. Habrían estado en un centro clandestino en la vieja escuela de Campo Salles, sobre Ruta 188. Los cadáveres de Oscar Hofer y Reynoso aparecieron en el Río de la Plata con típicos signos de los ejecutados en vuelos. Otro testigo apuntó que Scollo dejó de asistir al teatro tras los secuestros. Cuando los Hofer llevaban años desaparecidos, contó la prima, Scollo extorsionó a la familia. En 1993 lo encontró como vocero del intendente. Lo acusó por las desapariciones y “le cambió el semblante”. Entonces comenzó a sufrir “persecuciones” desde la radio.

Un vecino lo vio comandar un operativo en Campana. Scollo lo admitió en televisión. “A esos dos póngamelos contra la pared, son subversivos”, ordenó. Recordó que “tenía un grupo de soldados”, que llevaba una carpeta con “documentación de subversivos” y que se disfrazaba con “anteojos ahumados”. A un periodista le dijo que “esos operativos eran rutinarios”. Tres testigos fueron incluidos en programas de protección tras recibir amenazas. En noviembre, el fiscal Juan Murray pidió la detención de Scollo. El mes pasado, en una carilla y media, Villafuerte Ruzo escribió que “por el momento” no encontraba “motivaciones”. Murray apeló y le reclamó al juez que deje de entorpecer la investigación.

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En tiempo de definiciones

Se realizó una audiencia en la Cámara de Casación por el caso Noble

El tribunal escuchó a las partes y resolverá mañana si las muestras de sangre y ADN de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se cruzan con todas las familias que figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Por Diego Martínez

“Deben resolver esta causa de la misma manera que el resto de las apropiaciones”, afirmó el abogado de Abuelas.

La Cámara de Casación Penal postergó para mañana su decisión sobre el último planteo dilatorio formulado por el equipo de abogados que en teoría representa a Marcela y Felipe Noble, adoptados de manera irregular en 1976 por Ernestina Herrera viuda de Noble, dueña de Clarín. Tras escuchar ayer a las partes, en una audiencia oral y pública ante una sala colmada, Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci deberán convalidar o rechazar la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que respaldó la orden del juez Conrado Bergesio de entrecruzar las muestras de sangre y ADN de las víctimas con todas las familias que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres durante la dictadura.

Según la versión de Herrera de Noble, imputada con falta de mérito, en mayo de 1976 encontró una beba adentro de una caja en su casa de San Isidro. La investigación judicial demostró que ni la viuda ni la supuesta vecina que dijo ser testigo vivían allí. El segundo falso testigo, en teoría cuidador de la morada vecina, era chofer de confianza de los Noble. La falacia sobre el domicilio fue determinante para que interviniera la jueza Ofelia Hejt, de probada intervención en una apropiación. La misma magistrada entregó en guarda al varón, sin determinar las circunstancias del nacimiento. La Justicia probó que nunca existió la supuesta madre que en los papeles lo entregó en adopción. Con esas pruebas, el juez Roberto Marquevich ordenó en 2002 la detención de Herrera de Noble, decisión que le costó su destitución en un juicio político impulsado por los abogados de Clarín.

Marquevich fue reemplazado por Bergesio, que durmió la causa durante siete años. Intimado por la Cámara y denunciado por retardo de justicia, en febrero ordenó dos medidas: cruzar con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes (obtenidas en allanamientos plagados de irregularidades, según denunció Abuelas de Plaza de Mayo) y extraerles sangre, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron en el Cuerpo Médico Forense. Ante la apelación de los abogados de Clarín, la Cámara de San Martín respaldó la decisión de Bergesio y destacó un detalle: los jóvenes no firmaron la apelación. Casación suspendió las medidas y, antes de resolver, escuchó a las partes.

Por las víctimas se presentaron Alejandro Carrió, Roxana Piña, Jorge Anzorreguy (también abogado de la imputada) y Horacio Silva, que la defendió en 2002 y ayer presentó un poder de las víctimas. Por la viuda estuvieron Carlos Espinosa y Eduardo Padilla Fox, ex socio de Silva. Alan Iud habló por Abuelas, Alcira Ríos y Pablo Llonto por querellantes particulares. Siguieron la audiencia cuarenta personas, más fotógrafos y camarógrafos. “Están jugando con el desgaste”, advirtió luego Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y se manifestó preocupada por Marcela y Felipe. “Están arrastrando una historia muy mediatizada. En el fondo hablan de que quieren saber, y los abogados hablan de otra cosa”, advirtió. “La Justicia debe resolver de una vez por todas esta causa de la misma manera que trata el resto de las apropiaciones”, afirmó Iud. El abogado de Abuelas se esperanzó en “poder saber antes de mitad de año si Marcela y Felipe son o no hijos de desaparecidos”.

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Una audiencia clave por los Noble Herrera

Los abogados de Abuelas y de la dueña del Grupo Clarín debatirán ante la Cámara de Casación Penal

Las Abuelas reclaman que se crucen muestras de ADN de los hijos adoptivos de Noble con el Banco de Datos Genéticos. Para Estela de Carlotto, el encuentro de hoy será “crucial”.

Por Diego Martínez

“Esperamos salir de los tribunales con una sonrisa”, dijo Carlotto.

Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de los jóvenes adoptados de manera irregular por Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, debatirán hoy en audiencia pública ante la Cámara de Casación Penal el último planteo dilatorio formulado para evitar el entrecruzamiento de muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble con los de familias que buscan niños desaparecidos durante la dictadura. “Dentro de lo escandalosa que es la situación, por dilaciones que ya llevan ocho años, esperamos salir de los tribunales con una sonrisa”, se esperanzó ayer Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas convocó al público a presenciar la audiencia, que comenzará a las 10 en la planta baja de Comodoro Py, y consideró que la decisión de la Sala II de Casación será “crucial” para saber si la Justicia “actúa como la ley manda”. También lamentó “que no se escuche a los chicos”, que son mayores de edad, pero curiosamente no firman los escritos de los abogados.

Luego de ser intimado por la Cámara Federal de San Martín, el juez federal Conrado Bergesio ordenó en febrero enviar al Banco Nacional de Datos Genéticos las muestras de ADN de los jóvenes, que según los expedientes de las adopciones nacieron dos meses después del golpe de Estado en lugares desconocidos. Luego, el magistrado ordenó que se les realizaran exámenes sanguíneos, salvo que aceptaran enviar al BNDG las muestras que se realizaron voluntariamente en el Cuerpo Médico Forense.

Los abogados Alejandro Carrió y Jorge Anzorreguy –quien también representa a Herrera de Noble– apelaron ambas resoluciones en nombre de las víctimas. La Cámara rechazó el planteo, consideró que las medidas de prueba eran conducentes e inapelables y llamó la atención sobre la ausencia de firmas de las víctimas. Los letrados de Clarín recurrieron entonces a Casación. En lugar de pronunciarse sobre el tema de fondo, los jueces Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci ordenaron suspender las pericias que permitirían esclarecer la identidad de Marcela y Felipe y, en su lugar, discutir sobre los fundamentos invocados por la Cámara de San Martín. Mitchell fue denunciado la semana pasada por Isabel “Chicha” Mariani, fundadora y primera presidenta de Abuelas, por su propia participación en la apropiación de Simón Riquelo, quien recuperó su identidad en 2002.

Carlotto advirtió ayer que si Casación acepta el recurso de queja de los abogados de Clarín “seguiremos con otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales”. “Yo apelo al sentido común y digo que existe algo muy oscuro, porque si no, no habría tantas dilaciones”, reflexionó. La presidenta de Abuelas lamentó que “a los chicos no se los escuche y continúen viviendo en la incertidumbre” de no conocer su identidad.

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Para los represores siempre hay cámara lenta

LAS RAZONES DE LAS DEMORAS EN LOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

Hay ocho juicios en marcha, pero a este ritmo los procesos contra represores terminarán en 2030. Muchas causas se estancan en los tribunales orales, que demoran como promedio un año y medio en iniciar las audiencias. Casación tiene 18 sentencias sin confirmar.

Por Diego Martínez

Imagen: Télam, Leandro Teysseire, Rolando Andrade, DyN y EFE.

Los organismos de derechos humanos, el Poder Ejecutivo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas coincidieron la semana pasada en reclamar celeridad a los jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad. La imagen que sugieren ocho juicios en curso y otros tantos confirmados se diluye ante el universo de represores que esperan turno (ya hay 649 procesados, la cifra crece cada semana) y se esfuma cuando se pone la lupa sobre los procesos: instrucciones lentas, demoras de los tribunales orales federales para iniciar los debates, audiencias espaciadas por falta de salas, una veintena de sentencias sin confirmar en la Cámara Nacional de Casación Penal y en la Corte Suprema de Justicia. “Nos encontramos frente a una suerte de sabotaje de algunos miembros de la corporación judicial”, denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales en un adelanto de su informe anual. Agrega que “la cadena de responsabilidades abarca el entramado judicial de todo el país” y apunta un dato alarmante: al ritmo actual habrá juicios a represores hasta 2030.

El análisis del rol del Poder Judicial exige una aclaración previa: los mayores obstáculos para investigar los crímenes de la dictadura son producto de decisiones políticas. La primera, en defensa propia, fue la impunidad planificada por el Estado terrorista. El capitán Antonio Pernías recordó que mil quinientos marinos rotaron por grupos de tareas. “¿Sólo existió el de la ESMA?”, se indignó. Resumió la razón por la que sólo un puñado rinde cuentas como “errores de contrainteligencia”. Se conocen: sacarse la capucha antes de tiempo, confesar entre tinto y tinto un vuelo de la muerte, no verificar que el asesinado haya dejado de respirar, como bien sabe el teniente coronel Martín Rodríguez, identificado por un sobreviviente de Campo de Mayo que logró escapar de un auto fondeado en un arroyo.

La segunda decisión que no deja de rendir frutos la tomó Raúl Ricardo Alfonsín en 1987, cuando le garantizó impunidad a los asesinos. Cientos de represores murieron en los dieciocho años que separan las felices pascuas radicales del fallo de la Corte que declaró inconstitucionales las leyes del olvido. También quedaron en el camino sobrevivientes y familiares de víctimas que hoy serían testigos centrales, en tanto militantes que investigaron en los ’80 y fueron reemplazados por jóvenes que debieron empezar de cero.

Una explicación rigurosa exigiría desarrollar desde temas procesales hasta historias de magistrados con nula vocación por investigar el genocidio, especie de la que Alfredo Bisordi es emblema (saltó sin escalas de la Cámara de Casación a la defensa de Luis Patti) aunque no un caso aislado. Sólo un organismo estatal y una ONG estudian el problema con sistematicidad: la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación (PGN), y el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS.

Un problema de fondo que persiste es la negativa de algunos jueces a instruir las causas en base a los vínculos ostensibles entre casos (una sucesión de secuestros, cautiverios en un mismo centro de detención) y no como si fueran delitos aislados. Por consejo de la PGN varios magistrados aplicaron criterios de acumulación, que derivaron o derivarán en juicios con un buen número de imputados y de casos. Otros se resisten, con la complicidad de las cámaras que los controlan. El caso más grave se da en Mendoza, donde Walter Bento fragmentó la instrucción al máximo. La Cámara cuyana es demasiado turbia como para interesarse en agilizarla. La Unidad Fiscal reclamó a la Corte, por ahora sin suerte, que utilice sus facultades de superintendencia para hacer cumplir la celeridad que propuso en su última acordada de 2008.

Idéntica resistencia opuso Cristina Garzón de Lascano en Córdoba, donde aún no existe una megacausa La Perla, con un agravante para la ahora ex jueza: la propia Cámara le recomendó seguir el criterio de los fiscales. En Paso de los Libres fue al revés: un juez acumuló y la Cámara de Corrientes dio marcha atrás, con excusas de antología: “No basta que los hechos guarden similitud”, la instrucción atomizada beneficia “el ejercicio de defensa y la averiguación de la verdad real” (sic).

Los tiempos de algunos jueces son eternos. Siete años le llevó al platense Manuel Blanco detener al primer grupo de represores de La Cacha. Avanzó cuando vio peligrar su competencia. Similar eficacia demuestran Arnaldo Corazza, responsable de varias causas del circuito Camps, y el jujeño Carlos Olivera Pastor, quien alegó no ordenar capturas por falta de plazas para alojar represores. Desde que le garantizaron las celdas dilata llamados a indagatoria y se niega a acumular expedientes. Algunas cámaras no se quedan atrás. En la de Rosario hiberna desde hace un año la causa “Hoffer”, que el nicoleño Carlos Villafuerte Russo tardó un año y medio en elevar. En Trelew tardaron diez meses para traducir las pruebas contra el marino Roberto Bravo, imputado por la Masacre de Trelew.

Cuando al fin llega la etapa de juicio oral comienzan las excusaciones y recusaciones, el calvario para conformar los tribunales y encontrar salas adecuadas. Según el informe del CELS, la demora promedio desde que los tribunales reciben la causa hasta que inician el debate (nadie les fija plazos) es de un año y medio. Los defensores usan el estancamiento para reclamar excarcelaciones. Casación acaba de intimar al TOF de Mar del Plata a que juzgue al torturador Gregorio Molina. El tribunal recibió el caso hace treinta y cuatro meses. La primera causa que llegaría a juicio en Santiago del Estero estuvo “traspapelada” más de un año en Casación. Ahora no logran formar el tribunal. La mejor excusa la aportó el catamarqueño Antonio Rodríguez Seín: se niega a trabajar en otra provincia. El inicio del juicio a los penitenciarios de la Unidad 9 se postergó tres veces por problemas internos del tribunal que preside Carlos Rozansky. De los cientos de asesinos de Ramón Camps sólo fueron juzgados Miguel Etchecolatz y el cura (siempre activo) Cristian Von Wernich.

El problema de las salas en Buenos Aires comenzó hace un año, cuando se reasignaron las causas acumuladas en el TOF5. El tribunal de San Martín que juzga a los jerarcas de Campo de Mayo demostró que con voluntad se puede impartir justicia en un gimnasio. Los colegas de Comodoro Py se resisten a mover el bote. La lectura de la acusación a Acosta, Astiz & Cía., con dos audiencias semanales como promedio, algunas de tres horas, demoró noventa días porque tres tribunales comparten la sala. Ahora se está adecuando otra para el juicio de Vesubio. Desde junio será compartida con el de Automotores Orletti. Los procesos de la ESMA y Primer Cuerpo tienen más de trescientos testigos cada uno. A 2,5 audiencias por semana, es probable que más de un marino escuche la sentencia desde el más allá.

Cuando los juicios comienzan, la pachorra se torna más visible. Cada tribunal decide sin rendir cuentas a nadie la periodicidad y duración de las audiencias. La Corte supo reclamar celeridad pero no se decide a aplicar sus facultades para despabilar a quienes no acusan recibo. En Salta intentaron recusar al presidente del TOF por ordenar cuartos intermedios de una semana. En el TOF5 supo ser regla arrancar con una hora de demora y parar noventa minutos para almorzar, mientras familiares de desaparecidos comparten con camaradas de torturadores los acogedores pasillos de Comodoro Py.

También son eternos los tiempos de Casación y de la Corte Suprema de Justicia para confirmar las sentencias. Hasta hoy sólo tienen condena firme Miguel Etchecolatz y Julio Simón, juzgados en 2006. Si se cumple el pronóstico del médico que sugirió apartar a Antonio Bussi del juicio por Jefatura de Policía, pronto los supremos deberán sobreseer por muerte al asesino tucumano. Casación fue un rayo para frenar la investigación sobre las adopciones irregulares de Ernestina Herrera de Noble pero sólo confirmó cinco de veintitrés veredictos por delitos de lesa humanidad. La demora garantiza que no se revean las libertades otorgadas luego de condenas simbólicas como las de los ex jefes de Mansión Seré o la de Jorge Olivera Róvere, ex dueño de vidas y muertes de la ciudad, quien aún camina por la avenida Callao con una perpetua a cuestas.

La Presidenta destacó el 24 de marzo la necesidad de “dar vuelta la página de la historia con verdad y justicia”. Madres y Abuelas que ponen cuerpo y alma desde hace décadas asintieron con la cabeza. Deberán armarse de paciencia. Según los registros del CELS, los 75 imputados que escucharon su sentencia representan el seis por ciento de los 1216 que deberían ser juzgados si no mueren a tiempo. Hay casi setenta causas elevadas que esperan turno en tribunales orales, doscientas treinta en instrucción, 41 prófugos que no aparecen, miles de civiles que integraron las filas de Inteligencia del Estado terrorista y todavía no fueron investigados, y un carromato judicial que se resiste a poner segunda.

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