sábado, 12 de febrero de 2011

Un fallo a contramano

Los dictó el juez Daniel Herrera Piedrabuena, que ya había beneficiado a otros acusados de crímenes de lesa humanidad. La decisión contraría toda la jurisprudencia en la materia.

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El juez Herrera Piedrabuena tiene un singular criterio sobre los crímenes de lesa humanidad.

Publicado sin firma en Página/12.

El condenado Luciano Menéndez es el único responsable por los secuestros y torturas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, el principal centro clandestino provincial durante la dictadura. La cadena de mandos que estaba debajo del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército es inocente, desde los interrogadores hasta el juez federal Roberto Catalán, que recibía declaraciones a personas vendadas y las dejaba en cautiverio, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que diagnosticaba cuánto se podía torturar sin matar. El particular criterio, que contraría toda la jurisprudencia aplicada por tribunales argentinos a partir del juicio a los ex comandantes, pertenece al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que acaba de dictar faltas de mérito y sobreseimientos en masa a los represores riojanos y fue denunciado ayer por la Unidad Fiscal abocada a las causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. Las medidas ya fueron apeladas por el fiscal federal Darío Illanes y deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Córdoba.

La Cámara Federal porteña sostuvo en 1985 que “las circunstancias de vida ultrajantes” en los centros clandestinos “constituyen en sí un horroroso tormento”. En su pedido de detenciones de noviembre de 2009 el fiscal Illanes detalló delitos y pruebas y relató las condiciones de cautiverio en el IPS: detenidos vendados e incomunicados evacuaban sus necesidades en un tarro dentro de la celda, recibían golpizas constantes y varias veces por semana eran trasladados a un galpón denominado “Luna Park”, donde los torturaban con picana. Herrera Piedrabuena, sin embargo, desvinculó de la causa a todos los mandos intermedios que dependían de Menéndez. El argumento: el tormento es un delito “de mano propia”, que sólo comete quien inflinge el dolor. Ya en junio del año pasado había adoptado un criterio similar al dictar faltas de mérito a favor de Juan Carlos “La Bruja” Romero, Eriberto Goenaga y Renardo Sánchez, quienes según la acusación fiscal daban las órdenes directas para que se torturara a los presos políticos en el IPS y a los gendarmes y agentes penitenciarios que los mantenían en cautiverio.

“El fallo va a contramano de la jurisprudencia en estas causas de todas las demás jurisdicciones del país, al tergiversar el entendimiento de la forma en la que operaba el aparato represivo”, explicó en un comunicado la unidad fiscal que conducen Pablo Parenti y el fiscal general Jorge Auat. “Herrera Piedrabuena parece explicar los crímenes contra la humanidad en La Rioja como la consecuencia de actos aislados de un grupo de gendarmes y empleados del Servicio Penitenciario Federal, que decidieron por su cuenta torturar a algunos detenidos en el IRS sin que sus superiores tuvieran responsabilidad. Se trata de una lamentable descontextualización y tergiversación del fenómeno represivo”, denunciaron.

El juez sostuvo en su resolución que los detenidos no estaban privados ilegítimamente de la libertad sino a disposición del Poder Ejecutivo o sometidos a proceso por la tristemente célebre ley 20.840, que reprimía “delitos subversivos”. “Se trata de burdos intentos frustrados de ocultar una acción criminal, de privaciones ilegítimas de la libertad dispuestas y mantenidas por funcionarios públicos”, explicaron desde la Procuración.

La verticalidad del aparato represivo que le permite a Herrera Piedrabuena sobreseer a todos los represores excepto al jefe también les garantiza, incluso a Menéndez, quedar por fuera de la figura de asociación ilícita, que demanda “cierta horizontalidad”, explicó el juez. Para el riojano ni siquiera existió el delito de violación de domicilio al momento de los secuestros, porque “los moradores consintieron la realización del acto” y eran “facultades propias del personal policial”, argumentos “sencillamente extravagantes”, concluye la Unidad Fiscal.

viernes, 11 de febrero de 2011

Una defensa a su medida

EMPEZO EL JURY AL SUSPENDIDO CAMARISTA DE MENDOZA LUIS MIRET
En la primera jornada del juicio político por “su actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad”, el camarista mendocino dijo que “no omitió investigar” sino que “postergó prudentemente” hacerlo. Está acusado por no denunciar torturas.

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El juez Luis Miret presentó su renuncia luego de ser suspendido, pero no le fue aceptada.

Publicado sin firma en PáginaI12.

El juez Luis Miret está dispuesto a dar pelea. “Pese a la perplejidad que me produce que todos los estamentos del Consejo de la Magistratura votaron en mi contra y a quienes me dicen ‘lo tuyo es indefendible’, incluidos ex amigos de los cursillos de la cristiandad”, según confesó ayer, el suspendido juez de la Cámara Federal de Mendoza acusado por su “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” se explayó durante la primera audiencia de su juicio político sobre el “turbio contexto” de 1975, aseguró que rechazó una oferta para ser juez federal titular porque no quería ser “un juez impotente”, que prefirió “liberar a los presos” como defensor oficial y que después les aconsejaba: “Hacete humo, andate del país”. Sobre la acusación de no actuar frente a denuncias de torturas y violaciones en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza explicó que “no omití investigar: postergué prudentemente las investigaciones en procura de reunir más elementos de juicios”.

La audiencia comenzó con la lectura de la acusación y de las “justificaciones” del juez por parte del consejero Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo. Los primeros cargos son por omitir investigar y/o denunciar torturas a un grupo de personas detenidos en el D2 en agosto de 1975. Ordiales destacó el caso de Luz Faingold, de 17 años, violada durante su cautiverio en el D2, que dependía del brigadier Julio Santuchione. Sostuvo que Miret admitió los hechos y que su condición de subrogante no atenuaba su responsabilidad. Rechazó la posible prescripción por tratarse de “un proceso de naturaleza política” y explicó que la propia Corte Suprema admitió la imprescriptibilidad de delitos cometidos al amparo del Estado antes del golpe de 1976. “El argumento de que no hubo omisión de denuncia sino demora” en investigar las torturas “no resiste el menor análisis”, dijo.

El cuarto cargo, por mal desempeño, es por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad pese a su amistad con un ex jefe militar, el general Juan Pablo Saa. El consejero acusador recordó que Miret sí se había excusado en 1987, cuando admitió la relación con Saa, y sugirió que “la amistad no varía según la entidad del proceso”. El último cargo es por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar la identidad de la hija de una pareja de desaparecidos, delito no amparado por las leyes de impunidad. “Miret invocó una carta manuscrita en la que Laura Terrera le dice a su padre ‘estamos bien y retornamos en los próximos días’. Para el juez fue prueba suficiente de que no estaban secuestrados”, explicó, y destacó que debieron pasar veinte años hasta que Celina Manrique Terrera logró conocer su identidad. Ordiales calificó los descargos de Miret como “meras excusas sin sustento, más propias de un lego que de un magistrado”.

Tras la acusación se inició la defensa, primero a cargo del abogado Jorge Luis Falco, luego del propio Miret. Falco repasó la carrera judicial de su cliente, destacó que en agosto de 1975 era defensor oficial y “es falaz decir que actuó como juez” porque “todos sabemos la solvencia que debe tener un magistrado” (sic). Pidió contextualizar las omisiones de denuncia en “las turbulencias de 1975 y los atentados de la extrema derecha y la extrema izquierda”. El archivo de la causa para investigar el destino de una hija de desaparecidos fue para Falco “un error absolutamente subsanable” con sólo desarchivarla. Sobre las violaciones en el D2, destacó que el novio de la víctima la escuchó gritar que “dejaran de ultrajarla” y justificó la actuación de Miret en “la amplitud del concepto: ultrajada tiene muchas acepciones”, dijo.

Antes de iniciar su exposición, Miret pidió un cuarto intermedio y fumó un cigarrillo. Sus primeras palabras fueron para el ex consejero Héctor Masquelet, mentor de la acusación. “Excelente trabajo técnico” pero “con falacias y exageraciones”, dijo. “Fui defensor de los derechos humanos antes, durante y después del proceso”, advirtió, en referencia a la última dictadura. “Soy inocente, estoy tranquilo con mi conciencia”, aseguró. Aclaró en tercera persona que “Miret está dispuesto a responder pero necesita ser escuchado”. “Llegó la hora de la tolerancia. Si me escuchan verán que no fui ni soy su enemigo”, abundó. Dijo que “Mendoza tiene al mejor equipo de defensores de derechos humanos del país” y que “no se equivocaron en los ideales pero sí en la persona que han atacado”.

Ante la primera pregunta se explayó cuarenta minutos. Recordó “el clima enrarecido” de 1975 y destacó que “no había un plan sistemático sino un loco de la guerra” que “azotaba a prostitutas, travestis y zurdos”, en referencia a Santuchione. Sobre los detenidos de agosto de 1975, pidió que se considerara que “fue el primer grupo en Mendoza al que se adjudicó ser subversivos”. “Luego supe que eran aprendices, aunque tenían armas y panfletos”, dijo. Para justificar su actuación destacó que hablaba en privado con los abogados de los presos, que “ninguno denunció apremios ilegales” y que él mismo les sugirió: “No seamos imprudentes porque la van a pasar peor”.

jueves, 10 de febrero de 2011

Denuncian a un juez por "facilitar fugas"

El presidente de la Cámara de Mar del Plata pidió que se investigue al juez Pradas, por haber demorado las órdenes de detención de siete represores de la Concentración Nacional Universitaria.

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El presidente de la Cámara marplatense, Jorge Ferro, denunció a Pradas.

Publicado sin firma en PáginaI12.

El grueso de los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, acusados por crímenes al amparo del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976, gozó de impunidad durante 35 años. En noviembre el juez federal subrogante, Rodolfo Pradas, ordenó siete detenciones. Sólo dos se concretaron de inmediato. El martes, mientras aún quedan cuatro ex CNU prófugos, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por “facilitar las fugas” al propio Pradas. La acusación se produce en un contexto de feroces internas dentro de la corporación judicial marplatense y luego de que la causa estuviera un año en la Cámara Federal, tribunal que, según fuentes con acceso al expediente, también tuvo responsabilidad en las fugas.

Varios de los ex CNU son abogados del foro marplatense. El más famoso es Gustavo Demarchi, detenido el miércoles pasado en Colombia. El fiscal federal Gustavo Rodríguez pidió que se investigue a los responsables de los controles migratorios porque Demarchi tenía prohibida la salida del país desde febrero de 2009. Otros letrados de la CNU procesados pero libres (porque sólo hay pruebas sobre su rol en la asociación ilícita) son José Luis Granel, Roberto Coronel y Roberto Justel.

El Ministerio Público pidió las detenciones e indagatorias de los ex CNU en noviembre de 2009. Antes de que el juez Pradas ordenara privarlos de la libertad, los imputados pidieron la exención de prisión, léase permanecer libres durante el proceso. El juez rechazó el planteo y de inmediato fue recusado, pedido que también rechazó. Cuando los ex CNU apelaron ambas decisiones, entró en escena la Cámara Federal. Como varios de los imputados son miembros o bien tienen fluidas relaciones en la corporación judicial, los colegas de Ferro se excusaron, igual que todos los letrados sorteados para reemplazarlos. La Cámara de Casación debió finalmente completar el tribunal con conjueces de La Plata. Pradas, mientras tanto, consideró que por la debilidad de su nombramiento como subrogante no podía avanzar con las detenciones. Lo concreto es que esa combinación de factores significó para Demarchi & Cía. un año más de impunidad.

El 13 de octubre la Cámara Federal confirmó a Pradas y días después confirmó el rechazo a los pedidos de exención de prisión. Pero en lugar de tomar y comunicar ambas decisiones bajo secreto de sumario, se las notificó al juez y a las partes, con lo cual los ex CNU supieron que los pedidos de detención eran inminentes, noticia que incluso publicó la prensa local. Comenzaron entonces las irregularidades que Ferro detalla en su denuncia, en la que no lo acompañaron los conjueces platenses.

En primer lugar, señaló el camarista, Pradas dio trámite a un incidente de prescripción que hibernaba en su poder desde hacía un año. El 4 de noviembre pidió cupo para eventuales detenciones a la Policía Federal, a Prefectura y a la cárcel de Batán. Ferro calificó como “ridiculez extrema condicionar la viabilidad de una detención a lograr lugar de alojamiento”. Apuntó como agravante que funcionarios del Programa Verdad y Justicia le ofrecieron un día antes cupos en la cárcel de Marcos Paz, propuesta que ratificaron miembros del Programa de Protección de Testigos, y el juez rechazó ambas ofertas. “El lugar de detención lo elijo yo”, les dijo.

El paso siguiente es de una “escandalosa peculiaridad”, denunció Ferro. El 8 de noviembre Pradas pidió la detención de los ex CNU, pero no de inmediato sino “a partir de las nueve horas del día 9 de noviembre”. Ganaron otro amanecer al sol. Mientras tanto, no ordenó ninguna tarea de vigilancia o allanamiento, “dejando librado a criterio de los requeridos la opción de entregarse o no al personal policial”, explicó Ferro.

Cuando la Dirección de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas le comunicó que no encontraba a los ex CNU, Pradas se tomó 48 horas y dio otro paso extraño: libró cédulas a los domicilios de los imputados para que se presentaran voluntariamente. “Nunca visto en esta jurisdicción”, apuntó Ferro. Concluyó con “dilaciones” llamativas. El 12 de noviembre el juez dejó pasar otras dos horas después de las 13, cuando preveía iniciar la indagatoria. Entonces pidió las capturas, que recién tres días después notificó a los organismos de Seguridad e Inteligencia. Ferro consideró “lesionado gravemente el honor del Poder Judicial” marplatense y denunció a Pradas por violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y/o encubrimiento.

Los únicos dos detenidos tras la orden de detención de Pradas fueron Mario Durquet y Patricio Fernández Rivero. El miércoles cayó Demarchi, que debe ser extraditado. El martes a la madrugada, en Quilmes, fue detenido Raúl Moleón, vínculo de la CNU con el Ministerio de Bienestar Social en tiempos de José López Rega, y ayer fue detenido Fernando Otero. De esa tanda sólo siguen libres Raúl Viglizo y el librero Piero Asaro. Otros dos ex CNU, Federico Delgado y Eduardo Ullúa, están prófugos desde 2008.

jueves, 3 de febrero de 2011

El jefe del capitán Hess: ¿testigo o imputado?

Un oficial retirado de la Armada investigado por su vinculación con los vuelos de la muerte durante la dictadura declararía hoy como testigo en el juicio a los represores de la ESMA. Se trata de Rafael Carlos De Elía, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por su actuación como segundo jefe de la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca entre 1977 y 1979. Como subordinado de De Elía prestó servicios en el mismo período Hemir Sisul Hess, con prisión preventiva firme por su actuación en los vuelos, que confesó en privado. El juez Segio Torres, quien procesó a Hess y en teoría investiga a sus superiores, notificó ayer sobre la denuncia contra De Elía al presidente del Tribunal Oral Federal 5 Daniel Obligado, que antes de escucharlo debería tomarle juramento de decir verdad, y a los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, que representan el Ministerio Público en el juicio a Acosta, Astiz & Cía. La SDHN pidió la detención de De Elía y la revocatoria de su citación, que vulneraría su derecho a no autoincriminarse en delitos de lesa humanidad. Hess está preso por desapariciones que se produjeron mientras integraba la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con sede en la base Espora, donde aún se expone como pieza de museo un avión Electra (foto) que la Armada utilizaba para desaparecer a sus enemigos. De Elía tiene 77 años y vive en San Isidro, donde funciona su empresa de alquiler de taxis y remises.

martes, 1 de febrero de 2011

Vuelos de la muerte en la Brigada de Palomar

Ex conscriptos confirmaron ante el fiscal Federico Delgado la denuncia que Rodolfo Walsh hizo en 1977. Usaban aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. Hay sólo un integrante de la Fuerza Aérea condenado y preso por crímenes durante la dictadura.

Publicado en PáginaI12, sin firma del autor**

Treinta y tres soldados que hicieron el servicio militar durante la dictadura confirmaron la existencia de vuelos de la muerte desde la Primera Brigada Aérea de Palomar. La Fuerza Aérea arrojaba personas al mar desde aviones Hércules C‑130 y Fokker F‑27. "Hombres y mujeres, siempre encapuchados o tabicados, esposados entre sí, con ropas sucias, en estado consciente, caminaban en fila ayudándose mutuamente y tenían aspecto muy deteriorado", resumió el fiscal Federico Delgado tras escuchar a más de seiscientos ex conscriptos y empleados de Palomar. Peritos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata estudiaron legajos de pilotos e historiales de aviones y concluyeron que los documentos de la Fuerza Aérea "no reflejan la realidad". Delgado considera inviable por el momento imputar a autores directos por hechos concretos pero le solicitó al juez Daniel Rafecas que declare probados los vuelos desde Palomar y le encomendó "someter esta investigación al escrutinio de la sociedad civil".

En su Carta Abierta a la Junta Militar el escritor Rodolfo Walsh acusó a las fuerzas armadas "de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea" y precisó que "usaron Fokker F‑‑27". La instrucción de Delgado se inició 32 años después a pedido de Lorena Pacino. Su padre, Carlos Pacino, fue visto en cautiverio en el centro clandestino Olimpo. Una sobreviviente declaró que en agosto de 1978 Pacino y otros secuestrados fueron trasladados en un camión rumbo a Palomar. Los cadáveres aparecieron en la costa, fueron enterrados como NN y, treinta años después, identificados por el Equipo Argentino de Antropología.

A partir de la denuncia, patrocinada por el abogado Pablo Llonto, el fiscal pidió informes a la Fuerza Aérea y citó a conscriptos y civiles que prestaron servicios en Palomar. Los 130 empleados aportaron "poco y nada", resumió. La Fuerza Aérea "hizo lo imposible para informar mal, de modo incompleto, con lenguaje encriptado". Con los datos de los 493 soldados elaboró el informe que entregó ayer al juez Rafecas, responsable de investigar delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército, y una maqueta que diseñaron docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Desde Palomar "despegaron aviones en vuelos 'regulares' y de los 'otros'", escribió Delgado. "Unos partían hacia la Antártida. Otros llevaban planteles de fútbol del mundial'78. Así como había personas ilegalmente privadas de la libertad, otros disfrutaban de las piletas, las canchas de tenis o incluso de un frontón donde otras personas esperaban ser 'trasladadas' en un avión, con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado en la causa 13/84: la muerte".

"Treinta y tres testigos juraron la existencia de los 'vuelos de la muerte' mas ninguno identificó uno concreto", admitió Delgado. Los camiones grupos de veinte a treinta secuestrados ingresaban por la guardia principal, sobre todo de noche. A veces entraban hasta los hangares, otras directo a la pista. Los encargados de subirlos pertenecían a "grupos especiales" y vestían de civil. "Los vuelos duraban entre veinte y treinta minutos y los aviones solían regresar vacíos, sin pasajeros. Los rumores dentro de la base afirmaban que eran arrojados al mar o al Río de la Plata". Usaban aviones Hércules C‑130 y Fokker F‑27, que admiten la apertura de sus puertas en vuelo sin despresurizarse. Los despegues y aterrizajes que por "órdenes superiores" la Oficina de Programas y Ordenes de Vuelo no asentaba se denominaban "sobrevuelos".

"Diez o veinte" varones con las manos atadas, custodiados por militares, fueron vistos sentados en el piso de una cancha de básquet o frontón, a la espera de ser trasladados. Horas después los soldados constataron que habían escrito nombres y teléfonos en el piso, con piedras, y que habían dejado papeles con datos que no pudieron ser recuperados. Los superiores explicaban que los detenidos eran "trasladados doscientas millas mar adentro y lanzados, y que dejaban a una o dos personas que luego eran liberadas para que comentaran a sus compañeros lo que les esperaba".

Los conscriptos ratificaron la existencia de interrogatorios y tortura. Hacia el sector del arroyo Morón, en una arboleda detrás de la pista, ubicaron la "casita de la muerte". Tenían prohibido acercarse. Un colimba castigado por robo vio allí grilletes amurados a la pared. También vieron "rastros de sangre, piel y pelos" en calabozos donde ahora funciona una sastrería. En el tercer piso del edificio del Escuadrón de Tropa estuvo detenido más de cuatro meses un conscripto de apellido Palomeque, acusado de militar en el ERP. Fue visto por última vez en manos del teniente primero Alonso. En el subsuelo y la planta baja se movían los miembros de los grupos de tareas, que usaban barba y pelo largo. Lo que robaban en operativos se guardaba en un depósito cerca de la torre de control.

Delgado comparó su trabajo sobre los vuelos con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en las causas Mercedes Benz, Ford y Conarepa, en las que se probó la responsabilidad empresarial y sindical pero no hubo imputaciones por falta de pruebas directas. "Nos revelaron el guión pero no los actores", escribió. Mencionó a "supuestos protagonistas de 'vuelos de la muerte' y torturas" aunque aclaró que sus nombres surgían de menciones sin entidad suficiente para imputarlos. Se trata del "mayor Joaquín Argüelles Benett, jefe de Inspección y Recambio de Aviones, piloto de Fokker F‑‑27"; del "suboficial principal o mayor Meyer, a cargo del Escuadrón Fokker F‑‑27"; del "cabo primero Siandra" y del "cabo Rivas".

La Primera Brigada Aérea formó parte de la Subzona 16, que abarcaba Merlo, Moreno y Morón (incluía entonces Hurlingham e Ituzaingó), donde la Fuerza Aérea comandó la represión ilegal auxiliada por la policía bonaerense. La columna vertebral del esquema represivo en el oeste del conurbano fue la Fuerza de Tareas 100, creada por la Orden de Operaciones Provincia en junio de 1976 para "desarticular y aniquilar a las organizaciones subversivas que actúan preferentemente en el frente gremial y en el ámbito fabril y estudiantil". Titular de la FT100 era el brigadier Hipólito Marini, jefe de Palomar. En diciembre de 1977 fue reemplazado: en la brigada por el brigadier Néstor Oscar Caeiro, en la FT100 por el brigadier César Miguel Comes, jefe de la Séptima Brigada Aérea de Morón. Mariani y Comes (foto) fueron condenados por crímenes en Mansión Seré.

En tres de las noventa edificaciones de Palomar se constató que hubo personas secuestradas. Hace quince meses Rafecas detalló el funcionamiento de la brigada como centro clandestino a partir de relatos de sobrevivientes y conscriptos. Los cautiverios duraban pocos días (excepto tras la fuga y cierre de Mansión Seré, en marzo de 1978) e incluyeron torturas con picana, violaciones y simulacros de fusilamiento. Al menos dos desaparecidos estuvieron en Palomar: Natalia Cecilia Almada y Ernesto Bonifacio Lahourcade Whitelaw. El rol central de la Primera Brigada en la estructura del Estado terrorista, sin embargo, no fue como lugar de detención sino de derivación de secuestrados. Varios sobrevivientes fueron interrogados y luego trasladados a Mansión Seré. Los menos fueron a las comisarías de Castelar, Haedo, Morón y Ramos Mejía. Aterrizaban en Palomar aviones con secuestrados provenientes de destinos diversos como Mendoza, Rosario, Mar del Plata o la base naval Puerto Belgrano.

Mariani y Comes son los únicos condenados por los crímenes en los cinco partidos que abarcó la Subzona 16. El mayor responsable dentro de la Fuerza Aérea era el brigadier Ramón Agosti, fallecido en 1997. Debajo se ubicaba el brigadier Miguel Ángel Ossés, jefe del Comando de Agrupaciones de Marco Interno, que tiene 84 años y arresto domiciliario (Talcahuano 1174, 4º B). En el peldaño siguiente estaba el jefe de Subzona y de la FT100 (Mariani, luego Comes) y debajo el de la Plana Mayor de la FT100, el fallecido brigadier Julio César Santuccione, de quien dependían los grupos de tareas. El de Palomar era el GT‑11, que en 1976 comandó el vicecomodoro Alejandro Noel Lazo, recordado por los colimbas, quien rendía cuentas al jefe de operaciones de la FT100, comodoro Eduardo Mazza.


HAY UN SOLO CONDENADO PRESO

La impunidad de la Fuerza Aérea

Sólo ocho integrantes de la Fuerza Aérea fueron juzgados por su actuación durante la dictadura. El único condenado que cumple su pena en una cárcel es el suboficial Gregorio Molina, torturador del centro clandestino La Cueva de Mar del Plata. Los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani fueron condenados a 25 años de prisión pero siguen libres por cortesía del Tribunal Oral Federal 5, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. Sigue prófugo el suboficial y apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

El brigadier Orlando Agosti, compañero de Videla & Massera, fue condenado por ocho secuestros y robos a una pena tan leve que estaba libre cuando Carlos Menem decretó los indultos. En el juicio a las juntas fueron absueltos sus sucesores, brigadieres Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, que sí fue condenado e indultado por su actuación en Malvinas. El "Führer" Jorge Eufemio Uballes fue condenado por su actuación en el Primer Cuerpo de Ejército pero no como auxiliar de inteligencia de la Fuerza Aérea sino como subcomisario de la Policía Federal. Francisco Gómez, personal civil de la Fuerza Aérea, fue condenado por la apropiación ilegal del nieto de Rosa Rosinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Murió impune el entregador del niño, comodoro Roberto Oscar Sende. El vicecomodoro Néstor Guillamondegui fue declarado inhábil días antes del comienzo del juicio por los crímenes en Automotores Orletti, cuando estaba en la SIDE.

El juicio por secuestros y torturas en Mansión Seré, el principal centro clandestino de la Fuerza Aérea, aún no tiene fecha. La causa la elevará en los próximos meses el juez Daniel Rafecas, que también investiga la actuación de aeronáuticos en el centro clandestino Virrey Ceballos. Los imputados por Mansión Seré serán Mariani, Comes, el brigadier Miguel Ángel Ossés y los suboficiales Daniel Alfredo Scali (alias Tano, destino formal en Palomar), Marcelo Eduardo Barberis (alias Enano, destino en la Brigada Aérea de Morón) y Carlos Alfredo Cámara (alias Tino, destinado en Morón). Los acompañarán cuatro policías bonaerenses: los comisarios Alberto Oscar Lanas (jefe de la Comisaría 2ª de Haedo) y Néstor Rubén Oubiña (sucesor de Lanas), y los ex cabos Héctor Oscar Seisdedos (alias Seis, Comisaría 3ª de Morón y auxiliar civil de la Fuerza Aérea desde que se unió a las patotas) y Felipe Ramón Sosa (Comisaría 3ª de Castelar). En los procesamientos Rafecas hizo constar que el jefe de Mansión Seré, alias "Hugo", era Juan Carlos Hrubik (foto), fallecido en 1998.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay otros nueve aeronáuticos procesados: el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, en La Rioja, por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Longueville; el comodoro Juan Antonio Benvenuto, en San Nicolás, por la desaparición de Gerardo Cámpora, secuestrado durante su conscripción en Palomar; el comodoro Ernesto Agustoni y el brigadier José Beccio por la Base Aérea de Mar del Plata, donde funcionó "La Cueva"; el civil de inteligencia Juan Máximo Copteleza, interrogador del centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas; el capitán Danilo Sambuelli en Reconquista, Santa Fe; el comodoro Alcides París Francisca y el brigadier Antonio Carlos Burgos en Córdoba; y el suboficial Pedro Esteban Jofré por su actuación en el centro Campo Las Lajas, en Mendoza.

** El artículo se publica sin firma en rechazo a la decisión de PáginaI12 de no invertir el equivalente a un día de sus ingresos por publicidad oficial (37 millones de pesos anuales, cien mil por día) para adquirir computadoras con acceso a Internet. El autor agradece a los lectores la difusión del reclamo de los trabajadores de PáginaI12, formulado en una carta al director hace más de tres meses. Diego Martínez.