sábado, 30 de julio de 2011

Un día de duelo y organización en la toma

El féretro del joven Ariel Farfán fue despedido en las tierras ocupadas. La familia de Reyes no permitió la entrada a la CCC.


Por Diego Martínez
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Los ocupantes debieron afrontar ayer la ola polar y esperaban ayuda oficial.

Ya sin las carpas, frazadas y colchones que les quemó la policía de Jujuy, pero con la decisión intacta de resistir hasta conseguir su objetivo, las setecientas familias que ocupan tierras del Ingenio Ledesma para construir allí sus viviendas se concentraron ayer a las cuatro de la tarde para despedir a Ariel Farfán. La madre del pibe de 17 años que hace diez días se instaló para exigir un terreno no quiso dejarlo en el cementerio sin antes pasar con el féretro por el lugar donde su hijo pensaba vivir y perdió la vida. Algunos gritos de “asesinos” tuvieron como destinataria a la familia Blaquier, otros al gobierno de Walter Barrionuevo, todos a la policía. Mientras el municipio de Libertador General San Martín organizaba ayer la provisión de agua y luz en las quince hectáreas, los ocupantes se las ingeniaban para enfrentar la ola polar y seguían esperando ayuda por parte de los gobiernos de la provincia y de la Nación.

Ayer fueron enterrados tres de los cuatro muertos. Todos fueron velados en sus casas. Los familiares de Félix Reyes, de 21 años, se negaron a permitir el ingreso de una delegación de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezó las negociaciones durante los últimos días. Marcela y Karina Reyes afirmaron no tener dudas de que a su hermano lo mató la policía, pero le ordenaron al líder de la CCC, Enrique Mosquera, que se alejara del lugar. La hipótesis de la familia es que Félix fue asesinado en represalia por la muerte del policía Alejandro Farfán, de 22 años, quien también fue velado ayer en la localidad de Fraile Pintado. Hoy será enterrada en Calilegua la cuarta víctima, Juan José Velázquez, de 37 años.

“Vi cuando mataron a Félix y a Ariel, yo estaba parado a escasos diez metros”, relató Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Capoma). “El disparo salió del sector de la Comisaría de Infantería, que después la gente del barrio prendió fuego. Ahí no había manifestantes”, afirmó. “La versión del fuego cruzado, los francotiradores o las balas perdidas que difundió el jefe de policía es una total mentira. No hubo ningún enfrentamiento con armas de fuego. A la gente de Libertador le gusta la caza y sabe usar armas, pero si las hubieran usado, esto habría sido una verdadera masacre, de manifestantes y de policías”, explicó.

El dirigente de Capoma, organismo de derechos humanos que necesita un abogado para poder constituirse como querellante en la investigación de los asesinatos, calculó al atardecer que quedaban “ocho o nueve compañeros internados, todos con heridas de bala de plomo, aunque fuera de peligro”, e informó que ya habían ubicado a otros dos que estaban desaparecidos. “Julio Fernández estaba irreconocible porque le desfiguraron el rostro, le dieron una paliza atroz. El cumpa Tolaba se había escondido en la casa de un amigo, no quería ir al hospital por miedo a que lo detuvieran. Hoy lo llevaron y quedó internado con las piernas llenas de perdigones”, contó.

“La policía no nos dio tiempo a nada. Vinieron y empezaron a tirotearnos. La caballería se nos vino encima y arrasó con mujeres y niños, no les importó nada”, recordó ayer Patricia Jacu, de la comunidad guaraní. “Les pedimos por favor que nos dejaran sacar las frazadas, pero no, nos insultaron, nos faltaron el respeto, y en un momento empezaron a quemar todo, también las banderas argentinas y de la comunidad”, relató. “Desarmaban todo, hacían un bulto y prendían fuego”, coincidió Gutiérrez. “Todo esto fue a la madrugada, estaba oscuro. La gente corría por las calles de los barrios. Alrededor de 8.30 comenzó a aclarar, pero la represión continuó hasta la una de la tarde, fueron siete horas”, precisó.

La jornada de ayer fue de duelo pero también de organización para seguir resistiendo. “No nos vamos a ir porque estas tierras nos pertenecen, la empresa nos las prometió hace cuatro años”, recordó Jacu, que además de golpes recibió heridas de balas de goma en una pierna y un brazo. “Estamos alertas, preparados por si viene otra represión. Nos preparamos con piedras, hondas y palos para defendernos. Estamos chupando frío, pero de acá no nos saca nadie”, aseguró la mujer, madre soltera, que intentaba armarse un refugio rodeada por sus hijos de 3, 6, 7 y 8 años.

“La gente está confiada en que la expropiación se va a concretar, pero con estas quince hectáreas no se soluciona el problema habitacional. Según nuestro análisis hacen falta entre cincuenta y cien hectáreas sólo en Libertador”, advirtió el representante de Capoma. El proyecto de ley presentado por el gobernador Barrionuevo, que esta semana trataría la Legislatura, incluye también terrenos en Fraile Pintado, donde ya hubo cuatro ocupaciones que terminaron en desalojos, y en Pampa Blanca. “Hay un fuerte déficit en Calilegua, en Caimancitos, por eso no se entiende lo de Pampa Blanca, que está muy lejos. Sospechamos que hay detrás algún manejo político que no entendemos”, concluyó.

viernes, 29 de julio de 2011

Otro muerto por la represión en Ledesma

Los participantes de la toma celebraron la decisión del gobernador, aunque la consideraron insuficiente. Repudio de la Rosada. Postergan internas del PJ y la UCR.

Por Diego Martínez
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El gobernador Walter Barrionuevo.

Juan Velázquez, 37 años, empleado municipal de Calilegua, se convirtió ayer en la cuarta víctima fatal de la masacre de Libertador General San Martín, como pasará a la historia la brutal represión de la policía de Jujuy a quinientas familias que ocupaban terrenos del Ingenio Ledesma para que la familia Blaquier les cediera quince de las 130 mil hectáreas que posee. Al tiempo que se conocía la noticia, el gobierno que encabeza Walter Barrionuevo remitía a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se produjeron las muertes, y otros terrenos en las localidades de Fraile Pintado y Pampa Blanca. Fuentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encabezaban las negociaciones hasta el momento de la represión, informaron a Página/12 que los participantes de la toma celebraron la decisión aunque la consideraron insuficiente. También decidieron en asamblea solicitar al gobernador kirchnerista que les exija a los Blaquier el pago actualizado por las tres décadas de impuesto por alumbrado, barrido y limpieza que hasta su desaparición en 1977 pretendía cobrarles el ex intendente Luis Arédez. A los cortes de ruta y la toma en Ledesma se sumaron ayer ocupaciones en Caimancito y Calilegua.

De los 63 heridos que dejó como saldo el intento frustrado de desalojo ordenado por el juez penal Jorge Samman quedaban ayer seis personas internadas, dos con heridas de bala, según informó el ministro de Salud jujeño Víctor Urbani. Velázquez murió víctima de un balazo en la cabeza. El mismo jueves habían fallecido Félix Reyes, de 21 años, Ariel Farfán, de 17, ambos por impactos de armas de fuego, y el policía Alejandro Farfán, de 22, también herido de bala. La madre del civil Farfán, que anoche esperaba el cuerpo de su hijo para velarlo, tenía previsto pasar con el féretro por los terrenos de la toma, donde Ariel se había instalado con una carpa. Ayer se realizaron las autopsias de los cuerpos.

La Casa Rosada repudió los “hechos de violencia”, le reclamó a la Justicia “que de forma inmediata se investiguen y esclarezcan”, y pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”, en referencia a Samman, que firmó la orden de desalojo el último día antes del comienzo de la feria judicial. “Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social”, subrayó el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El secretario del Interior jujeño, Hugo Echavarri fue designado ayer provisoriamente a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia que ocupaba el renunciante Pablo La Villa, responsable de la policía hasta el jueves. Las juntas electorales del PJ y de la UCR locales, en tanto, resolvieron postergar para el 7 de agosto las internas previstas para el domingo.

El fondo

El mismo jueves, después de la represión, cientos de familias volvieron a instalarse en los terrenos de producción de caña de Ledesma. Ayer fueron liberados los últimos detenidos, informaron desde la CCC. La jueza Carolina Pérez Rojas, sin embargo, aclaró que cuatro de los internados estaban detenidos. Fuentes de la CCC y del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) contaron a Página/12 que participan de la toma desocupados pero también docentes, municipales, profesionales y hasta empleados del ingenio. Julio Gutiérrez, de Capoma, relató que incluso mujeres de policías se manifestaron al anochecer para que se esclarezcan los hechos, pero también por el reclamo de fondo.

“Los ocupantes volvieron con sus carpas. Son alrededor de quinientas familias, aunque la cifra fue creciendo. Se van turnando”, explicó Mariana Vargas, abogada de la CCC en Jujuy. “La gente estuvo feliz cuando supo del proyecto (de expropiación), aunque también está claro que con quince hectáreas no alcanza para resolver el problema de vivienda”, explicó. Según un empadronamiento que la organización puso en marcha el año pasado, en el que hubo inscripciones hasta los últimos días, “hay más de mil familias con problemas de vivienda”, calculó. “También hay que tener en cuenta que cuando las quince hectáreas estaban ocupadas vino gente que se instaló en terrenos cercanos y los empleados de seguridad de Ledesma vinieron con camionetas y los sacaron carpiendo”, agregó.

La empresa Ledesma, propietaria de 130 mil hectáreas, difundió ayer un comunicado para aclarar que “donó a la provincia de Jujuy cerca de 200 hectáreas para urbanizar y construir viviendas”. Los Blaquier aseguraron que “son totalmente falsos los rumores que buscan asociar a la empresa” con el operativo policial. “Ni el personal que cumple funciones de vigilancia ni sus vehículos participaron del desalojo”, escribieron. Desde la CCC informaron que en la represión participaron policías uniformados y de civil, mientras que los empleados de seguridad de Ledesma, que en los días previos recorrieron el campamento en cuatriciclos, “estaban mientras se reprimía y miraban como si fuera una película”.

“Esta violencia indigna. Lamentablemente la historia de violencia y represión vuelve a repetirse en la provincia”, expresó el párroco de La Quiaca, Jesús Olmedo. El titular de la Pastoral de Desocupados jujeña calificó de “injusto” y “descabellado” el operativo policial, explicó que los ocupantes son personas “desesperadas” que necesitan tierras para “levantar su ranchito”, y reclamó que se aclaren “de modo urgente” las responsabilidades por la represión. “Acá todos se lavan las manos. Los jueces le echan la culpa al poder político, el poder político a los jueces”, describió, y sugirió que estos hechos “indignantes” ocurren cuando “llamativamente se unen los poderes económicos y políticos”.

“Es el comienzo de una nueva vida”

El tribunal de General Roca juzgó a siete represores por los secuestros y las torturas a dos dirigentes gremiales en 1976. La pena más alta fue para Lucio Gerardo Pedernera, ex jefe de la policía provincial. Un comisario fue absuelto.

El gremialista Daniel Avalos, secuestrado y torturado en 1976, y Gladys Cofré, secretaria de DD.HH. provincial.

Por Diego Martínez

El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó ayer a penas de entre cinco y ocho años y medio de prisión a dos oficiales superiores del Ejército y a cuatro ex policías de la provincia de Río Negro, por delitos de lesa humanidad contra dos dirigentes gremiales en 1976. La pena más alta fue para el general de brigada retirado Lucio Gerardo Pedernera, de 85 años, ex jefe de la policía de Río Negro. “Para mí es el comienzo de una nueva vida porque me pude sacar de encima una pesada carga”, explicó el ex secretario general de la seccional Atlántica de la Uocra, Daniel Avalos. “Pienso en mi compañero (Carlos) Lima, que ya no está”, dijo en referencia a la segunda víctima, que murió en 2010, y destacó que “los imputados no tuvieron coraje para venir a escuchar el fallo, pero están en todo su derecho, los mismos derechos que nos quitaron a nosotros y que hoy gozamos todos los argentinos”.

Lima era colaborador de la Uocra seccional Sierra Grande, la ciudad donde fueron detenidos el 2 de abril de 1976. A Avalos lo llevaron de su casa. “La dieron vuelta”, declaró. Lima supo que lo buscaba la policía y se presentó en la comisaría. “¿Así que vos sos Lima?”, alcanzó a escuchar, rodeado por el cuerpo de Infantería. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba rapado. El viernes 5 fueron trasladados en camiones del Ejército hasta Viedma. En el trayecto, Avalos fue autorizado a defecar, aunque esposado a un soldado y apuntado con armas largas. En la Comisaría 1ª de Viedma, ocupada por militares, escucharon los primeros gritos de personas torturadas. Antes de que le colocaran la venda, Avalos alcanzó a ver el cable de una picana eléctrica.

Por las noches, vendados y atados, ambos fueron sacados de la comisaría durante varios días. Los trasladaban en jeep, presumen que a la desembocadura del Río Negro, a una zona conocida como La Boca, donde fueron interrogados, torturados y donde escucharon simulacros de fusilamiento. Avalos fue llevado luego a un sótano de la Escuela de Cadetes, bajo control militar. Durante la estadía lo trasladaron a la base naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, donde lo mostraron ante una secuestrada joven que se llamaría Graciela, para ver si lo reconocía. Lima no llegó a declarar en el juicio, pero por el testimonio de su esposa se supone que también lo llevaron al centro clandestino de la Armada. Avalos fue liberado el 20 de abril. Lima siguió preso en la Comisaría 1ª hasta el 5 de julio. Antes de liberarlo, el coronel Padilla Tanco le advirtió que se olvidara de los padecimientos “si es que aprecia a su familia”.

El comisario Rubén Alcides Codina (alias “Negro”, 71 años) y el oficial principal Víctor Manuel Lobos (75 años), jefe y subjefe de la comisaría de Sierra Chica, fueron condenados a ocho años y siete años y diez meses de prisión. Los suboficiales Sixto y Elfio Enrique Navarrete, que hoy tienen 82 y 51 años, prestaban servicios en el Cuerpo de Infantería. Los jueces Armando Márquez, Noberto Ferrando y Orlando Coscia condenaron al padre a siete años y medio de prisión y a siete años al hijo, quien según testimonios de secuestrados y admisión de sus superiores era el más violento con los detenidos. El coronel Néstor Rubén Castelli, de 81 años, que ya estaba retirado el 24 de marzo de 1976 cuando los dictadores lo designaron interventor militar de Río Negro, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Fue absuelto el comisario Alberto Mario Marasco, ex director de la Escuela de Cadetes de la policía. “La Justicia al fin puso orden en este caso. Después de tanto tiempo llegan los castigos”, celebró Avalos. “En este momento pienso en mi compañero Lima, que ya no está, y en tantos miles de compañeros de mi generación que ya no están, que nunca sabremos qué pasó con ellos y no tuvieron oportunidad de justicia”, añadió.

miércoles, 27 de julio de 2011

Esa mujer

Por Diego Martínez
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La Presidenta estuvo acompañada por Amado Boudou, Hugo Moyano y Daniel Filmus, entre otros. (foto Leandro Teysseire)

La voz solemne del locutor por cadena nacional retumbó en la Avenida 9 de Julio a las 20.25. “Ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación”, arrancó lágrimas igual que hace 59 años. Las pantallas mostraron el velorio, los bombos guardaron silencio. Miles de hombres y mujeres levantaron antorchas y dedos en “V”. La imagen precedió la inauguración de la nueva postal de Buenos Aires: el retrato de Eva Perón, gigante, silueteado en hierro, sobre el lateral sur del Ministerio de Desarrollo Social. “Que sea símbolo de unidad de todos los argentinos, de superar viejas antinomias”, exhortó Cristina Fernández. “Que desde la historia nos enseñe que es necesaria la unidad nacional para lograr los grandes objetivos”, deseó la Presidenta, única oradora del acto.

Las imágenes de Evita que transformarán para siempre la iconografía urbana de Buenos Aires, inspiradas en el retrato de Ernesto Guevara en la Plaza de la Revolución cubana, serán en realidad dos. Anoche se descubrió la de rostro apacible que ilustró la segunda página de La Razón de mi Vida. “La quise mirando al sur, hacia las fábricas, hacia los puentes que miles de trabajadores cruzaron el 17 de octubre para liberar a Perón”, explicó la Presidenta. La otra imagen, en construcción, en la cara opuesta, se verá desde zona norte: la Eva Perón desafiante del 22 de agosto de 1951, aquella que les advirtió a dos millones de “queridos descamisados” que renunciaba a los honores, pero no a su puesto de lucha.

El acto de anoche, masivo, fue ante todo sobrio, prolijo. Hombres, mujeres y niños del conurbano, con banderas de caudillos, sindicatos y agrupaciones, bajaron de colectivos escolares y se mezclaron con otros miles que llegaron de a pie. Un chico rubio de unos cuatro años miró desde abajo y le pidió al cronista que le encienda su antorcha. “Todavía no”, ordenó la madre. Al pie del elefante blanco se escuchó el Discurso del Renunciamiento y se despacharon choripanes. La Juventud Sindical avanzó con Hugo Moyano y Omar Viviani a la cabeza, rodeado de camperas amarillas y negras de peones de taxis. Alguien ordenó “pasan los dirigentes, los demás se quedan”. Los acompañantes del líder de la CGT también acataron.

Minutos antes de la hora H, en el escenario sólo faltaba la Presidenta, que ingresó secundada por su ministro de Economía y compañero de fórmula, Amado Boudou. En primera fila se sentaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La acompañó todo el gabinete, más el senador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Daniel Filmus, y los gobernadores de Buenos Aires, San Juan y Entre Ríos: Daniel Scioli, José Luis Gioja y Sergio Urribarri.

El video que repasó la vida de Eva despertó las emociones más profundas de la noche. “Se que recordarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”, leyó un hombre de piel curtida antes de gritar “grande, Evita”. Las imágenes de su breve carrera política se intercalaron con las del armado del retrato de acero de cobre de quince toneladas, obra del escultor Alejandro Marmo y del pintor Daniel Santoro. Un aplauso cerrado acompañó el descubrimiento de la imagen, de 31 metros por 24 de ancho, y se transformó luego en canto: “Borombombom/ para Cristina/ la reelección”.

“Va a ser una noche absolutamente inolvidable”, arrancó la Presidenta, y recordó cuando declaró a Evita como “Mujer del Bicentenario”. “Entonces vi la maqueta, hecha con inmenso amor y respeto”, dijo. “No es sólo una representación política, Eva Perón es un ícono cultural e histórico de todos los argentinos”, precisó acentuando el todos.

La idea surgió frente a la imagen del Che en el Ministerio del Interior cubano, recordó. “¿Cómo es posible que una sociedad rinda homenaje a un hombre que no es de su país y nosotros no lo hagamos con una mujer que significó no sólo el ingreso de la mujer a la política, no sólo la revolución social más importante del país, sino que asumió sin cortapisas la representación del pueblo y de la patria, tal vez con más pasión y amor que nadie?”, se preguntó aquella tarde de 2009 la Presidenta. Encomendó la misión al secretario Oscar Parrili. Luego descubrieron que el herrero Marmo ya había planteado la propuesta.

La mandataria contó que ella misma eligió las imágenes. La que inauguró fue la primera que vio en su vida, dijo. “Fue la Evita hada, dadora de dones, generosa”, describió. La que se podrá ver desde las torres de la Recoleta y Avenida del Libertador será “la Evita profunda, política, combativa, que se envolvía en la bandera y ofrecía generosa su vida, consumiéndose”, recordó. Celebró la premonición del locutor que anunció el “pase a la inmortalidad” y describió las pasiones encontradas que entonces generaba Evita: “La más odiada pero la más amada, la más agraviada pero la más venerada, hoy eternamente victoriosa, mirando a la historia con el amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevería a decir, de todos los argentinos”, machacó el todos.

“Esa mujer, desde el fondo de la historia, nos enseña que nada se obtiene sin sacrificio, que enfrentarse a los poderosos tiene un precio”, explicó. “Queremos rendirle homenaje en nombre de todas las mujeres, de los jóvenes que levantan su nombre, de los millones de trabajadores que han recuperado sus puestos de trabajo, de los intelectuales, de los científicos que confían en que una patria mejor merece y puede ser construida”, concluyó.

viernes, 22 de julio de 2011

Los represores votan Midachi

La “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, que simpatiza con la candidatura de Eduardo Duhalde, anticipó su apoyo a Del Sel en las elecciones del domingo en Santa Fe. Revelaron que están trabajando en su campaña.


Por Diego Martínez
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El candidato del PRO, Miguel Del Sel, tiene el respaldo de los involucrados en causas por la represión.

Los nostálgicos de la capucha anticiparon su voto para las elecciones santafesinas. Según la “Unión de Presos Políticos de la República Argentina”, creada por condenados y/o procesados por crímenes de lesa humanidad con el fin supremo de “lograr la libertad” de sí mismos, “la Familia Militar, de las Fuerzas de Seguridad y muchos civiles tiene tomada la decisión de votar por el candidato que representa la voluntad plenamente opositora al Gobierno”. El elegido por los seguidores de Eduardo Duhalde, que en la presentación de su fórmula abogó por “cerrar las heridas del pasado con memoria, verdad y justicia” pero para los represores “ha asumido un compromiso concreto en relación con nuestros intereses finalizando definitivamente con los juicios” (Circular 12, 7/7/11), no es otro que Miguel Del Sel, el cómico a quien Mauricio Macri convenció para que se postulara en nombre del PRO, según contó el jueves ante la animadora Susana Giménez. El PRO tiene al menos otro candidato consustanciado con la causa de la impunidad: el abogado Néstor Oroño, defensor de represores santafesinos, entre otros el condenado civil de inteligencia y violador de secuestradas Horacio Américo Barcos.

La Uppra es el último sello de los militares y civiles que reivindican el terrorismo de Estado y que a un lustro del inicio de los procesos sigue teniendo como mascarón de proa a Cecilia Pando. La primera “circular” de la agrupación, el 13 de mayo, puede leerse en la web de la más antigua “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos” (AFyAPPA), que incluye entre sus secciones a la revista B1, ahora rebautizada como Madriz, y a la columna de reflexiones “Pensando con Cecilia”.

“Somos más de mil procesados, encarcelados, etcétera”, se presenta la Uppra, sin nombres y apellidos. “Estamos transitando una nueva etapa del conflicto iniciado en los setenta”, explican, y “queremos involucrarnos directamente” debido a “la extrema importancia que adquiere el próximo proceso electoral en razón de las consecuencias que su resultado pueda tener en el futuro de la Patria y en particular sobre el nuestro”, se sinceran en su carta de presentación. Admiten que en procesos penales son indefendibles (“sabemos que la solución del problema es de carácter esencialmente político”) y agradecen a los sellos que los precedieron: AFyAPPA, los Hijos y Nietos (HyNPPA), y los Abogados por la Justicia y la Concordia, el “apéndice para tareas sucias” de la Corporación de Abogados Católicos, según la definición del titular del CELS Horacio Verbitsky.

“La creación de la Uppra tiene por objeto lograr la libertad de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles que permanecen en cautiverio debido a supuestos ‘delitos de lesa humanidad’”, precisaron a principios de mayo los represores, que sólo omitieron a los religiosos en la enumeración. La liberación “deberá producirse en un plazo perentorio –rogaron–, mediante el pleno restablecimiento de la vigencia de la Constitución y de los Derechos y Garantías que de ella emanan”. Aseguraron que “no habrá en nuestra Patria plena vigencia del Estado de Derecho y la correlativa Seguridad Jurídica mientras perdure nuestra situación” y propusieron “apoyar a todas las organizaciones, personas y fuerzas políticas que se comprometan activamente a promover nuestra libertad y que exhiban para ello las acciones y compromisos pertinentes”.

Las circulares posteriores sugieren escasa acogida. El 1º de junio informaron sobre la creación de “pelotones en cada localidad con tareas de reclutamiento y propaganda” pero nunca informaron a qué candidatos apoyan. Ante las elecciones porteñas aclararon que no apoyaban a López Murphy porque nunca mencionó “el tema de los presos políticos” y reivindicaron a Duhalde sin mencionar a su delfín, Jorge Todesca. Del Sel es el primer candidato al que apoyan explícitamente. “Hay camaradas, familiares y amigos trabajando intensamente en Santa Fe y Rosario, involucrándose en la campaña y como fiscales”, escribieron. “Las elecciones en Santa Fe serán un nuevo hito en la carrera descendente del kirchnerismo”, se esperanzan.

jueves, 7 de julio de 2011

El riesgo de develar secretos

En julio de 2004, el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz expuso en la televisión el rostro de Antonio Stiuso y apuntó a la Secretaría de Inteligencia como responsable de su renuncia. El martes empieza el juicio por violación de secreto.

Por Diego Martínez
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El ex ministro de Justicia Gustavo Beliz se radicó en los Estados Unidos.

“Me echaron por nombrar la palabra maldita de la política argentina: SIDE”, dijo el flamante ex ministro Gustavo Beliz el 25 de julio de 2004 en el programa Hora Clave. Diez días antes un centenar de supuestos manifestantes había atacado la Legislatura porteña con piedras y bombas caseras. Beliz era debajo del presidente Néstor Kirchner la máxima autoridad en materia de seguridad interior y un grupo de encapuchados lo había ridiculizado. “Es la palabra maldita porque en ese ámbito se ocultan las cajas más negras y los manejos más sucios”, denunció Beliz ante Mariano Grondona. “La maneja un hombre al que todo el mundo le tiene miedo y es bueno que todos conozcan su cara”, agregó, y mostró en cámara la foto de Antonio Horacio Stiuso, alias El Ingeniero, Aldo Stiles o Jaime. Por hacer público el rostro de Stiuso, que en 2012 cumplirá cuarenta años en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Beliz será juzgado a partir del martes por el Tribunal Oral Federal 3, acusado de “revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad”, penado con entre uno y seis años de cárcel.

La actual Secretaría de Inteligencia es el único organismo del Estado sobre el que aún resulta imposible conocer los nombres de sus agentes durante la dictadura. El CELS lo solicitó formalmente en 2006 y todavía espera respuesta. En el caso de Stiuso, según publicó el periodista Gerardo Young en el libro SIDE. La Argentina secreta, se sabe que prestó servicios en 1978 para el general de brigada Carlos Alberto Martínez, entonces jefe de la central que concentraba junto al Batallón 601 la información sobre la represión ilegal. Debajo de Martínez operaba el coronel Rubén Visuara, de quien dependía el centro clandestino Automotores Orletti, quien falleció en febrero antes de escuchar su sentencia. Se ignora el destino específico de Stiuso en 1976 y 1977. Se sabe, en cambio, que en mayo de 2004 participó del casamiento del hijo de Visuara.

Beliz fue el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del presidente Kirchner, quien “lo echó sin darle oportunidad de respuesta”, según informó entonces Página/12. “Me echaron por teléfono, por nombrar la palabra maldita”, se desquitó ante Grondona. “Dejo la política, estoy desilusionado”, confesó. Antes dijo que la SIDE manejaba “más de 200 millones de pesos”. “Es una especie de agujero negro, se manejan fondos sin rendición de cuentas”, denunció. “La SIDE le ha hecho cometer al presidente papelones internacionales, como la causa AMIA”, dijo, y agregó que “constituye un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de control”. “La maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó de todos los gobiernos y se llama Jaime Stiuso”, declaró, antes de radicarse en los Estados Unidos. Beliz fue procesado por el juez Sergio Torres. Durante su declaración indagatoria argumentó que no era ningún secreto que Stiuso era jefe de contrainteligencia de la SIDE y que su foto la había recibido en un sobre anónimo. El TOF-3 que lo juzgará está integrado por Guillermo Gordo, Gerardo Larrambebere y Miguel Pons.