Las patotas de Camps y Etchecolatz

Entre los acusados están el interventor en la gobernación Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único imputado civil. Se juzgan 280 casos, entre ellos los jóvenes de la Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y Jorge Julio López.

Por Diego Martínez

El centro clandestino de detención de Arana, donde fueron vistos los secundarios secuestrados en la Noche de los Lápices.

A 35 años de los crímenes, 24 de la condena al general Ramón Camps y un lustro desde la última condena al subcomisario Miguel Etchecolatz y la segunda desaparición de Jorge Julio López, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata comenzará a juzgar el 12 de septiembre a un grupo de veintiséis policías y militares por delitos de lesa humanidad en el llamado “Circuito Camps”, como pasó a la historia el conjunto de campos de concentración que comandó durante la dictadura el entonces jefe de la Policía Bonaerense. El proceso oral y público tendrá en el banquillo al interventor militar en la gobernación de la provincia, general Ibérico Saint Jean, y a su ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, único civil entre los imputados. Entre las 280 víctimas por las que rendirán cuentas, se encuentran los militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrados durante la denominada Noche de los Lápices, el periodista Jacobo Timerman y la sobreviviente Adriana Calvo, quien murió en diciembre luego de luchar durante el tercio de siglo posterior a su cautiverio para llevar a los genocidas a la cárcel. También se juzgará la masacre de calle 30 en la que policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros y secuestraron a la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, a quien desde entonces busca incansablemente su abuela María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani.

El 2 de diciembre de 1986, a un año del juicio a los ex comandantes y mientras el presidente Raúl Alfonsín se aprestaba a anunciar la Ley de Punto Final, la Cámara Federal porteña condenó a Camps y a su sucesor, el general Ovidio Ricchieri, a 25 y 14 años de prisión; al ex director de investigaciones Etchecolatz, a 23 años, y a los policías Jorge Antonio Bergés y Norberto Cozzani a seis y cuatro años, en tanto absolvió a los comisarios Luis Vides y Alberto Rousse. Lejos de la interpretación de la obediencia debida que el jefe de Estado radical intentaba imponer por medio de instrucciones a los fiscales, el tribunal destacó que “matar a un enemigo en el campo de batalla y en el fragor de la lucha no es situación que guarde identidad alguna con la de aplicar crueles tormentos a personas inermes en la tranquilidad y seguridad de cuatro paredes”.

No habían pasado seis meses cuando la Corte Suprema de Justicia, con votos de José Severo Caballero, César Augusto Belluscio y Carlos Santiago Fayt, aplicó por primera vez la Ley de Obediencia Debida de Alfonsín y absolvió por “falta de capacidad decisoria” a Etchecolatz, ex mano derecha de Camps, al médico Jorge Bergés, que controlaba que los secuestrados no murieran durante la tortura, y al resto de los subordinados. Camps y Ricchieri purgaron su condena hasta el 30 de diciembre de 1990, cuando a pesar del “día de protesta y duelo nacional” convocado por los organismos de derechos humanos y en medio de una masiva manifestación de repudio, el presidente Carlos Menem los indultó junto con los ex comandantes condenados y el ex ministro José Martínez de Hoz, entre otros.

La impunidad de los miles de policías bonaerenses que secuestraron y torturaron durante la dictadura tuvo un primer quiebre en 2004, cuando Bergés y Etchecolatz fueron condenados por la apropiación de una menor. Dos años después, tras la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida, el tribunal presidido por Carlos Rozansky comenzó a jugar a Etchecolatz en el primer proceso oral y público a represores del país (luego comenzó en Buenos Aires el de Julio Simón, alias “el Turco Julián”). El 26 de septiembre de 2006, días después de la desaparición de Jorge Julio López, testigo central del proceso, el tribunal condenó al ex subcomisario a la pena de prisión perpetua, que purga en el penal de Marcos Paz.

En noviembre de 2007, en otro proceso con un solo acusado, el mismo tribunal sentenció a pasar el resto de sus días en la cárcel al capellán Cristian Von Wernich, quien a pesar de tener condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia continúa en actividad como sacerdote de la iglesia Católica. El primer proceso platense con un número significativo de imputados fue recién el año pasado y concluyó con la condena a catorce agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, encabezados por Abel Dupuy, ex director de la Unidad 9, por torturas y asesinatos de presos políticos.

La demora en concretar el primer juicio por el Circuito Camps es consecuencia de la lentitud en las instrucciones a cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, pero también de las internas en el TOF1, cuyo presidente, Carlos Rozansky, afronta un sumario en el Consejo de la Magistratura por el elevado número de causas prescriptas bajo su responsabilidad y por el maltrato a sus empleados, denunciado por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato.

El juicio que arranca el 12 de septiembre se desarrollará en el teatro platense de la AMIA, donde se juzgó a los penitenciarios. Acompañarán a Rozansky los jueces Roberto Falcone y Mario Portela. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina. También participarán como querellantes abogados de Justicia Ya!, la APDH de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Más allá de los 26 imputados que llegan a juicio por secuestros, torturas y asesinatos en la Comisaría 5ª, el Destacamento de Arana, las brigadas de San Justo y de Investigaciones de La Plata y los centros clandestinos Puesto Vasco y COT 1 Martínez, hay ya un listado de más de cincuenta procesados del Circuito Camps en condiciones de ser juzgados, pero también de morir si el proceso judicial no se acelera.

Todos los acusados.

- Ibérico Manuel Saint Jean, 88 años, abogado y general del Ejército, ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires.

- Jaime Lamont Smart, 75 años, civil, abogado, ex ministro de gobierno de Saint Jean.

- Rodolfo Aníbal Campos, 83 años, coronel del Ejército, ex segundo jefe de la policía debajo de Ramón Camps.

- Alejandro Agustín Arias Duval, 82 años, coronel del Ejército, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

- Miguel Osvaldo Etchecolatz, 82 años, subcomisario, ex director general de Investigaciones de la policía, condenado a prisión perpetua.

- Hugo Alberto Guallama, 64 años, changarín, ex chofer de Etchecolatz.

- Domingo Almeida, 72 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, responsable de los calabozos.

- Luis Vicente Patrault, 82 años, ex sargento en la Comisaría 5ª, alias “Tío” o “Patrú”.

- Carlos García, 70 años, comisario retirado, ex miembro de la Unidad Regional La Plata, alias “Oso”.

- Horacio Elizardo Luján, 69 años, comisario mayor, ex jefe de la Unidad Regional La Plata.

- Eros Amílcar Tarela, 75 años, policía, alias “Capitán Trimarco”.

- Roberto Antonio Cabrera, 75 años, oficial, ex miembro de la Brigada de Investigaciones de Lanús, actuó en el CCD Puesto Vasco.

- Sergio Arturo Verduri, 65 años, comisario retirado, ex oficial de la Dirección de Investigaciones de La Plata.

- Norberto Cozzani, 59 años, ex cabo, alias “Beto”.

- Jorge Antonio Bergés, 68 años, comisario y médico, condenado en 1986 por torturador y en 2004 por apropiador.

- Rubén Oscar Páez, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP).

- Pedro Ferriole, ex jefe de la BILP.

- Miguel Kearney, subcomisario, actuó en la BILP

- Fernando Svedas, segundo jefe de la BILP.

- Bernabé Jesús Corrales, ex segundo jefe de la BILP.

- Raúl Orlando Machuca, oficial subinspector, segundo en la BILP.

- Julio César Argüello, ex cabo de la BILP.

- Mario Víctor Sita, sargento primero.

- Roberto Omar Grillo, oficial.

- Daniel Jorge Lencinas, oficial ayudante.

- Santiago Antonini, oficial.

La peor elección de su vida

La líder de la Coalición Cívica no apareció en el bunker. Adrián Pérez, su candidato a vice, salió a explicar que “la ciudadanía no nos ha votado” y felicitó “a la fórmula ganadora”. Ni siquiera Patricia Bullrich, candidata a diputada, estuvo ante la prensa.

Por Diego Martínez

Adrián Pérez dijo que las PASO “nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje”.

Cuatro años después de anunciar que la Coalición Cívica era “la segunda fuerza nacional” detrás del Frente para la Victoria, Elisa Carrió hizo ayer la peor elección de su vida como dirigente. La chaqueña obtuvo veinte puntos menos que en 2007 y al cierre de esta edición se ubicaba en el sexto lugar entre los candidatos presidenciales, con un 3,3 por ciento de los votos, la misma cifra que consiguió María Eugenia Estenssoro en la elección porteña. El clima de anoche en el bunker de la Coalición Cívica combinó tristeza con impotencia, al punto que Carrió prefirió no dar la cara. Fue Adrián Pérez, candidato a vice, quien pasadas las diez de la noche salió a reconocer la derrota y a felicitar “al Gobierno” y a “la fórmula ganadora”, sin nombres propios. Rodeado por un puñado de dirigentes, ante las notorias ausencias de candidatos y referentes como Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay o Mario Llambías, el lilito elogió la reforma política que permitió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, dijo que “nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje” y admitió que, a diferencia de 2007, no tenían ningún faltante de boletas que denunciar. “El problema hoy fue otro: la ciudadanía no nos ha votado.”

Carrió fue la última presidenciable en ingresar al cuarto oscuro. Al salir, calificó las Primarias como “un amistoso en términos futboleros”, aunque admitió que no sabe de fútbol. Aseguró que cualquiera fuera el resultado se sentiría “en paz y feliz”, pronosticó un lento recuento de votos y recomendó a la ciudadanía “que no digan lo que votaron, para garantizar la paz del escrutinio”. Cuando le preguntaron si había detectado irregularidades, destacó que estaba “todo en paz, todo maravilloso, todo lindo... qué sé yo, estoy bárbara, con la felicidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer”. Anunció que se iría a almorzar y a dormir la siesta “con camisón y Padrenuestro”. “Es sagrada”, aclaró.

Cinco minutos después del cierre de la votación, Pérez se asomó ante los periodistas en el Hotel Savoy. Al mejor estilo Scioli, dijo que era “optimista en que la ciudadanía nos acompañe”, pero advirtió que había “muchas fuerzas políticas”. “Hicimos la campaña que queríamos hacer, recorrimos todo el país”, agregó, y prefirió no difundir bocas de urna ni blanquear expectativas. Durante las tres horas siguientes, los cívicos no se dejaron ver. Hubo empanadas, sandwiches, bocaditos de alta gama, notebooks para pasear por Internet, todo menos voceros de la Coalición. Ni dirigentes, ni banderas, ni militantes, ni juventud, ni simpatizantes. Sólo periodistas, reporteros gráficos, mozos y mozas almidonados.

A las 21 se conoció la primera cifra oficial: 2,97 por ciento. Mientras hablaba la Presidenta apareció el primer (y último) puñado de señoras tristes. Los cronistas arriesgaban títulos de Carrió: “Fraude en todo el país” o “El cincuenta por ciento no votó al gobierno”. Cuando trascendió que hablaría Pérez, un periodista propuso dejarlo solo. No hubo quórum. El lilito entró rascándose la nuca, con sonrisa de azafato y la piel inmaculada. “Primero quiero felicitar y agradecer la amplia participación ciudadana”, valoró. Repitió que “hicimos la campaña que queríamos hacer, recorrimos el país como nunca”. Celebró que “fue una campaña sin mayores agresiones” y que “la decisión de la reforma política, que nos permitió como nunca difundir nuestro mensaje”. Las señoras aplaudieron. Pérez acomodó los dos micrófonos y fue al grano: “Somos una fuerza que siempre valoró la verdad, y la verdad es que no ha sido una buena elección; la ciudadanía eligió otras opciones y respetamos absolutamente la voluntad ciudadana”. Felicitó “al gobierno nacional”, recordó que “fuimos claramente opositores desde la convicción” y anunció que hoy habrá conferencia de prensa de Carrió y la mesa nacional de la CC.

–¿Por qué Carrió decidió no venir? –preguntó un cronista.

–No decidió eso. Esperamos todos los resultados puestos para que hable Carrió y la mesa nacional –repitió, y el puñado de dirigentes que lo acompañaba partió a paso lento, en clima de caravana fúnebre.

La derrota de ayer fue, por lejos, la más dura en la carrera de Carrió. En 2003, cuando Menem se bajó del ballottage, fue quinta, con 2,7 millones de votos, el 14,14 por ciento del padrón. Entonces disputaba el voto de centroizquierda con Kirchner, a quien dijo que apoyaría en segunda vuelta. “Entre el mal absoluto y el mal menor, no tengo dudas”, dijo. Al día siguiente reiteró su certeza sobre el camino inexorable a la Presidencia y celebró haber superado “una bisagra histórica: tenemos una mujer con casi 3 millones de votos”. “La otra etapa es aceptar que será presidenta”, dijo con razón, aunque no sería sino CFK. En 2005 hizo una buena elección en la Ciudad (segunda detrás de Macri). Dos años después, tras la fractura del ARI, volvió a competir por la presidencia y aumentó su caudal: 23,04 por ciento contra 45,3 de CFK. “La Coalición Cívica se ha constituido en la segunda fuerza nacional”, anunció. En 2009, aliada con radicales y socialistas, su derrota pasó desapercibida por la del kirchnerismo, aunque la advertencia del electorado fue clara. Incluso en la Ciudad, donde venía de sacar un 36 por ciento, pagó caro haber colocado a Prat Gay como cabeza de lista y fue tercera con 19 puntos. Los 3,3 por ciento de Estenssoro este año confirmaron una caída sin retorno. Resta ahora saber si la diáspora de la Coalición Cívica será inmediata o posterior a octubre.

Una nueva oportunidad para hacer justicia

El represor Alejandro Duret, ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, fue identificado como el responsable de la desaparición de Carlos Labolita, pero fue absuelto. Casación debe resolver si mantiene ese fallo.

Por Diego Martínez

Alejandro Guillermo Duret al declarar en el juicio por Carlos Labolita, quien había vivido en casa de los Kirchner.

El 27 de abril de 1976, como jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, el teniente Alejandro Duret recibió a Carlos Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron constancia de entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto el 24 de marzo cuando detuvo a su esposo y al que identificó luego como Duret, acusación que confirmó durante un careo en 1985. El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo hicieron propios los argumentos del defensor y absolvieron al militar. Ayer, ante una sala colmada por familiares y amigos de víctimas de la dictadura de Las Flores pero también por militares retirados y por la apologista del genocidio Cecilia Pando, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal tomaron nota de las pruebas y argumentos de las partes. Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda tienen ahora veinte días, bien para anular el fallo y condenar a Duret, bien para confirmar la absolución que represores y cómplices celebraron hace dos años como el comienzo del fin del proceso de justicia por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo, treinta hombres al mando de Duret detuvieron a su padre. El militar admitió en los ’80 que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció la información que ordenaba las capturas. La del padre era por “su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista”. “De Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. “Al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el 24 de marzo –agregó–, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores.”

Labolita visitó a su madre el 25 de abril. Media hora después lo detuvo la policía. En la comisaría dejaron constancia de que estaba “a disposición del área militar 125”. Dos días después se lo entregaron a dos uniformados en el cuartel de Azul. Policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que vieron cuando lo encapuchaban y que les negaron un recibo de entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio oral cuando le leyeron su testimonio.

Cinco días después, una patota a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le confió a Gladis. Rosa Banegas, madre de Carlos, reconoció entre los secuestradores al joven alto y rubio que se había llevado a su esposo. Cuando ambas mujeres pidieron explicaciones, el jefe del cuartel les dijo que lo habían liberado. Sobrevivientes del centro clandestino de Azul fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

En 1981, Rosa denunció la última visita de su hijo ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por crímenes en Necochea. Contó que incluso increpó a Duret: “¿Qué buscás si ya estuviste?”. En 1985, en un careo frente a frente, Rosa no dudó en identificarlo. Duret respondió “casi con seguridad” que no había vuelto al hogar de Labolita tras el 24 de marzo y ante la firmeza de la mujer concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura, Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y Gladis, en cambio, describieron al oficial que daba las órdenes. Los legajos de oficiales de Azul de 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

En 2009, el juez Carlos Rozanski votó en minoría por la condena. Esmoris y Jarazo, igual que el defensor Gerardo Ibáñez, pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor, desacreditaron el relato de la madre de Labolita, que no podía ratificarlo, y el de los policías que entregaron al detenido por ser posibles imputados, objeción que debieron formular antes de citarlos. El fiscal Horacio Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron ayer las incongruencias de la absolución, la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena de Duret, que prefirió no pisar la sala. Ahora Casación tiene la palabra.

El coronel Duret, en la senda de Carrascosa

Casación revisará la absolución de Alejandro Duret, imputado por secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Labolita en 1976. La audiencia, oral y pública, es mañana al mediodía en Comodoro Py.

Por Diego Martínez

Foto de Marcelo Núñez

El 3 de julio de 2009, a cinco días de la derrota electoral del kirchnerismo, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al general Pedro Mansilla por secuestrar, torturar y asesinar en 1976 a Carlos Alberto Labolita. Los jueces Alejandro Esmoris y Nélson Jarazo, con disidencia de Carlos Rozanski, absolvieron entonces al coronel Alejandro Duret, encargado de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul donde Labolita estuvo en cautiverio, reconocido por los policías que le entregaron al detenido y también por la madre y la esposa del militante de la Juventud Peronista cuando un grupo de tareas allanó la casa familiar con el secuestrado descalzo y encapuchado. La Cámara de Casación Penal revisará esta semana la absolución que represores y cómplices interpretaron como el comienzo del fin del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad. Mañana al mediodía, en una audiencia oral y pública en Comodoro Py, los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda escucharán al fiscal federal Horacio Azzolín y al abogado querellante César Sivo, que exigen la anulación del fallo y la condena a prisión perpetua de Duret. También pedirán que se revoque el arresto domiciliario que Mansilla cumple en el piso 21 de avenida Dorrego 2699.

Labolita, de 23 años, casado con Gladis D’Alessandro, estudiaba sociología en La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Meses antes del golpe de Estado, por seguridad, la pareja abandonó su departamento. Se alojó primero en casa de Néstor y Cristina Kirchner, luego en una pensión. El 24 de marzo treinta hombres al mando de Duret secuestraron en Las Flores a Labolita padre, que estuvo cuatro años preso. El militar admitió por escrito ante el juez federal de Azul que “le tocó recibir el mensaje militar, secreto y encriptado” y luego “cumplir con la detención de Carlos Orlando Labolita”, y diferenció “el origen de la información” que ordenaba las capturas de padre e hijo. “La vinculada al padre tenía relación con su actividad docente y su actuación afín a promover la teoría marxista; de Carlos Alberto, el mensaje militar cifrado lo vinculaba a la actividad terrorista, sindicándolo como integrante de la Organización Montoneros”. Aclaró Duret que “al no ser hallado Carlos Alberto Labolita el día 24 de marzo, el personal policial quedó con la consigna de proveer cualquier noticia que hubiera respecto de su presencia en Las Flores”.

El 25 de abril, Carlos se animó a visitar a su madre. Media hora después lo detuvo la policía. El comisario Aníbal Lista declaró que tenía “expresas instrucciones” para capturarlo del teniente coronel Mansilla, jefe del cuartel. En la comisaría de Las Flores dejaron constancia que estaba “a disposición del área militar 125” y dos días después lo entregaron en la Sección Inteligencia del regimiento, a cargo de Duret. Dos policías que participaron del traslado declararon que Labolita no había sido golpeado, que alcanzaron a ver cuando dos uniformados lo encapuchaban y que les negaron una constancia de la entrega. Uno identificó en 1985 a Duret, dato que reconoció en el juicio cuando le leyeron su testimonio.

En la madrugada del 1º de mayo, una patota militar a cara descubierta allanó la casa de Las Flores. Llevaban a Labolita con las manos atadas, encapuchado y descalzo. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, le contó a Gladis, ambos en la cocina, mientras los militares buscaban “una valija con fierros” que no encontraron. Rosa Banegas, la madre de Labolita, reconoció entre los secuestradores sin uniforme al joven alto y rubio que había detenido a su esposo. Cuando las dos mujeres pidieron explicaciones en el cuartel, Mansilla les dijo que lo habían liberado. Nadie volvió a verlo. Sobrevivientes del centro de detención de Azul contaron que fueron interrogados sobre Labolita. “A ése ya lo tenemos”, les confió un torturador.

Rosa Banegas denunció la última visita de su hijo en 1981 ante el subcomisario Héctor Bicarelli, juzgado en estos días por delitos de lesa humanidad en Necochea. Aseguró que el joven oficial que se llevó a su esposo era el mismo que volvió con su hijo destrozado y que incluso lo increpó: “¿Qué buscás si ya estuviste acá?”, le dijo. El 9 de abril de 1985, en un careo frente a Duret ordenado por el juez federal Jorge Ferro, Rosa afirmó con certeza que era el secuestrador al que había denunciado en plena dictadura. Duret atinó a responder “casi con seguridad” que no había vuelto a la casa de los Labolita tras el golpe de Estado y, ante la firmeza de la mujer, concedió que pudo haber ido a buscar libros o documentos. La declaración se incorporó por lectura porque Rosa murió antes del juicio. Sus hijas y la mujer de Labolita, en cambio, describieron con precisión en las audiencias al joven rubio y alto que daba órdenes a la patota. María Inés Labolita lo reconoció en una foto durante la instrucción de la causa. Los legajos de los oficiales del cuartel en 1976, en tanto, permitieron descartar que hubiera otro militar con esa fisonomía.

Esmoris y Jarazo hicieron propios todos los argumentos del defensor de Duret. Dejaron de lado el testimonio de los policías que lo entregaron vivo, desacreditaron el de la madre, sugirieron que pudo haber más de un oficial joven rubio y alto en Azul, confiaron en la “precaria capacidad operativa” de la sección inteligencia descripta por amigos de Duret, y minimizaron el rol del militar que admitió haber sido encargado de inteligencia, que fue sancionado por saltear jerarquías para reportar directamente a Mansilla, que en 1978 ingresó a un grupo de elite especializado en “lucha contra la subversión” y al que tres sobrevivientes identificaron como quien los interrogó bajo torturas. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribió el fiscal Daniel Adler al apelar el fallo. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizó. El Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló hace dos años la absolución de Carlos Carrascosa y lo condenó a prisión perpetua por asesino. El de Duret podría ser el primer ejemplo similar en un proceso por delitos de lesa humanidad.

Un final que se demora

Por Diego Martínez

Los terrenos ocupados fueron desalojados con una violenta represión.

La promesa del gobernador Walter Barrionuevo de otorgar “un lote a cada familia que lo necesite” con la condición de abandonar los terrenos ocupados no logró descomprimir la crisis política y social en Jujuy. Mientras dirigentes partidarios se cruzan acusaciones y la oposición abandonó en tiempo récord la comisión parlamentaria creada para investigar las responsabilidades políticas por las muertes de Libertador General San Martín, que terminó con cuatro muertos y casi setenta heridos, en la sociedad civil comienza a tomar fuerza el rechazo a la “ola ocupa” y a los “intrusos”, conceptos que utilizan con naturalidad los medios de comunicación. Ayer se realizó en San Salvador de Jujuy una “marcha por la paz”, a la que desde las redes sociales se convocaba a participar con velas, con ropa blanca y aclarando que no habría líderes ni oradores.

La multiplicación de tomas, sumada a los dimes y diretes entre funcionarios y opositores a una semana de las primarias abiertas, relegaron a un segundo plano la investigación penal sobre los asesinatos de un policía y tres civiles durante el intento de desalojo, el jueves 28, de quince de las más de 150.000 hectáreas que la familia Blaquier posee en Jujuy. Antes de retomar la instrucción de la causa, el juez penal Jorge Samman deberá pronunciarse mañana sobre el pedido de recusación en su contra presentado por la abogada de la madre de una de las víctimas por la presunta responsabilidad del magistrado en las muertes: Samman firmó la orden de desalojo un día antes del comienzo de la feria judicial.

Si bien el expediente sigue bajo secreto de sumario, el discurso del oficialismo jujeño se inscribe en la línea que sugiere la carátula de la causa: “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado provincial Jorge Casas aseguró que información recolectada por la difunta comisión “determina claramente que la policía no había reprimido, que no había orden superior de represión, que la policía había accedido al lugar del desalojo sin armas y que en todo momento estuvo a la defensiva”. Testigos citados por Página/12 en los últimos días aseguraron que las balas que asesinaron a Félix

Díaz y Ariel Farfán partieron desde donde se apostaban sólo policías, frente a una seccional que terminó incendiada. La hipótesis oficial, sin embargo, podría apuntalarse gracias a la semana que las armas usadas en el operativo estuvieron en manos de la fuerza de seguridad, antes de que el juez ordenara el peritaje a Gendarmería.

El retiro de la oposición de la comisión parlamentaria se gestó en simultáneo con la decisión de no prestar quórum para tratar el proyecto oficial para expropiar tierras, que el senador radical Gerardo Morales calificó de “inconstitucional e irresponsable”. Carlos Snopek, del Frente Primero Jujuy, explicó que “repartir lotes sin infraestructura y sin las mínimas condiciones de habitabilidad” era “una medida de clientelismo preelectoral” que generaba “la concepción de que hay que salir a ocupar tierras”. La diputada Carolina Moisés justifició la disolución de la comisión por las negativas a declarar por parte del jefe de policía al momento de la masacre y del ex ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa, quien renunció el día de las muertes.

Desde el oficialismo, en tanto, criticaron la “ingratitud e irresponsabilidad” de la UCR. Destacaron que los radicales tenían mayoría en la comisión, en la cual aseguraron que se estaba demostrando la ausencia de responsabilidad del Ejecutivo en la represión, y sugirieron que los opositores renunciaron porque “el resultado final no les iba a convenir”. El legislador Miguel Rioja dijo que si la UCR se oponía al proyecto de expropiaciones, debió haberlo debatido, y destacó que “el peor error del radicalismo fue demostrar que detrás de todo existe un interés político”, que ejemplificó con el pedido de renuncia de Morales al gobernador Barrionuevo. También repudió a “los funcionarios municipales que están disponiendo a través de secretarios y punteros la toma de terrenos y viviendas en la ciudad de San Salvador”. Ante la insistencia de los periodistas, identificó al secretario general de gobierno del municipio, Carlos Toconás, y se negó a dar más nombres.

La promesa del gobernador de comenzar a lotear terrenos a quienes acrediten dos años de residencia y “necesidades reales” disminuyó las tensiones, pero derivó en menos levantamientos de tomas de las esperadas. Ayer se mantenían no sólo en El Triángulo, donde ocurrieron las muertes, sino también en localidades del interior como Monterrico, Perico y El Carmen. Tampoco rindieron frutos los rumores de la llegada de Gendarmería para ejecutar desalojos. Para peor el incipiente censo lleva el mismo nombre que el programa que la Legislatura no llegó a tratar. Varios municipios ya anunciaron que no pueden inscribir a nadie hasta que el programa “Un lote...” se apruebe y reglamente. Por debajo de las declaraciones de los políticos y de la incapacidad para gestionar la crisis, crece en la sociedad la estigmatización contra “los ocupas”.

Masacre de Ledesma, condenada a la impunidad

Por Diego Martínez

El gobernador Walter Barrionuevo anunció que impulsará un plan de entrega de lotes.

A una semana de la represión en Libertador General San Martín, que se cobró la vida de tres manifestantes y un policía, ninguna autoridad demuestra mayor interés por investigar los crímenes. La causa está todavía en manos del juez penal Jorge Samman, quien debe investigar las consecuencias de la orden de desalojo que él mismo emitió antes de irse de vacaciones. Las organizaciones sociales marcharán hoy hacia el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial para exigir la destitución del magistrado, que caratuló el expediente como “Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer”. El diputado radical Alberto Bernis, titular de la Comisión Parlamentaria Investigadora creada para indagar sobre los responsables políticos de la masacre, se manifestó “preocupado por la situación en que se encuentra la policía de la provincia de Jujuy como institución, más allá de las personas”. Las ocupaciones de tierras, mientras tanto, se multiplican e incorporan nuevos actores, desde trabajadores de la sanidad, docentes y profesionales hasta las esposas de los policías provinciales y los bomberos voluntarios de Perico, que ayer tomaron un predio de la finca El Pongo, de administración estatal.

Sobre el expediente, bajo secreto de sumario, el único dato certero es la carátula. Rumores que trascienden desde el Poder Judicial y la dirigencia política indican que las víctimas cayeron por balas calibre 22, distintas de las que usa oficialmente la policía. Desde el hospital donde se realizaron las autopsias, sin embargo, informaron a integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que la bala que asesinó a Ariel Farfán era calibre 9 milímetros. Más allá del secreto, ni el gobierno provincial ni las familias de los muertos ni las organizaciones sociales se presentaron aún como querellantes. “Aún no se le hicieron las pruebas de parafina a ningún policía. Sí a los manifestantes presos, pese a que fueron detenidos antes de las muertes”, destacó Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma).

La responsabilidad del juez por las consecuencias del desalojo que ordenó un día antes del comienzo de la feria judicial estuvo desde el comienzo en la mira de manifestantes y funcionarios. El mismo jueves de la represión, el gobernador Walter Barrionuevo destacó que le “llamó la atención” que, tras ordenar la medida, Samman “se fuera tan livianamente” de vacaciones. El viernes fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien pidió que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez”, que anticipó su regreso para asumir la instrucción. Hasta el momento, ni los jueces del STJ ni el fiscal general ante el máximo tribunal, Alejandro Ficoseco, pidieron su apartamiento.

“Es de una gravedad institucional tremenda que un juez investigue los excesos derivados de su propia orden de desalojo. Es imprescindible garantizar la preservación de la prueba y la transparencia del proceso”, consideró ante la consulta de Página/12 el abogado Andrés Reynoso, responsable de la oficina jujeña de Abogadas y Abogados del No- roeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). El letrado de Andhes contrastó la pasividad del STJ y de la clase política con la premura con que la Legislatura solicitó el año pasado el jury de enjuiciamiento a tres jueces en lo Contencioso que le ordenaron al Poder Legislativo provincial respetar la ley de cupo femenino en la distribución de bancas.

La comisión parlamentaria, por su parte, escuchó durante dos horas al jefe de la Unidad Regional de la policía local, Osvaldo Vera. Testigos de la interpelación, el lunes por la noche, contaron que las preguntas de los diputados apuntaron a determinar la responsabilidad de las víctimas y la presencia o no del personal de seguridad del ingenio Ledesma durante el operativo policial. Vera afirmó primero que los trescientos efectivos actuaron “sólo con escudos y bastones”, luego admitió que los únicos desarmados eran los agentes de la comisaría local, no el Cuerpo de Infantería ni el Grupo Especial de Operaciones. Cuando le preguntaron por la presencia de mujeres y niños durante el desalojo, sugirió que no había ninguno, para luego admitir que no había estado presente.

Mientras las ocupaciones se multiplican, funcionarios de Libertador General San Martín y miembros de organizaciones sociales se reunieron ayer para decidir qué terrenos se le expropiarán al ingenio Ledesma. El gobierno provincial propuso y la Legislatura aprobó la expropiación sin determinar antes dónde se ubican las cuarenta hectáreas en cuestión. “En la reunión se llegó a un preacuerdo, aunque tentativo porque el gobierno sugirió que tiene que pedirles el visto bueno a la empresa”, explicó Gutiérrez, quien participó del encuentro. Los terrenos propuestos por las organizaciones, en la zona oeste de la ciudad, son contiguos a otras 18 hectáreas que ya habían sido cedidas para la construcción de viviendas.