Luego de 35 años de impunidad, incluidos 27 meses de changüí por cortesía de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, el coronel retirado Alejandro Duret fue condenado a quince años de prisión por secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Alberto Labolita, ex militante de la Juventud Peronista. Se trata de la primera sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad de la Cámara Nacional de Casación Penal, que revocó la absolución dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, cinco días después de la derrota electoral del kirchnerismo a mediados de 2009. Hasta anoche no había novedades sobre el paradero del militar.
La absolución del ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, donde transcurrió el cautiverio de Labolita, fue celebrada hace dos años por represores y cómplices como el comienzo del fin de los procesos por delitos de lesa humanidad. Las pruebas contra Duret eran contundentes. El 27 de abril de 1976 recibió a Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido. Los policías que sin suerte pidieron una constancia de la entrega vieron cuando le ponían la capucha. En la madrugada del 1º de mayo, acompañados por el cautivo destrozado por la tortura, un grupo de tareas allanó la casa de la familia en Las Flores. Lo encabezaba un oficial alto y rubio que la madre de Labolita había visto la noche del golpe de Estado cuando secuestraron a su esposo y a quien identificó luego como Duret, dato que confirmó durante un careo en 1985.
Pero nada logró conmover a Esmoris y Jarazo, que en línea con los argumentos del abogado Gerardo Ibáñez pintaron a Duret como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del regimiento, desacreditaron el relato de la madre de la víctima, que ya no estaba viva para ratificarlo, y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul por considerarlos potenciales imputados. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín al apelar el fallo. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizaron.
El mes pasado, en una audiencia oral y pública ante la Sala IV de la Cámara de Casación, el fiscal Azzolín y el abogado César Sivo desmenuzaron las incongruencias de la absolución y la eliminación artificial de pruebas de cargo, y pidieron la condena del militar. La sala colmada del tribunal dejó en evidencia, aquel 9 de agosto, la expectativa que generaba el caso: no sólo estuvieron presentes los familiares y amigos de las víctimas de la dictadura en Las Flores, sino también la apologista del genocidio Cecilia Pando y un grupo de militares retirados.
La resolución de los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda trascendió el miércoles, pero recién ayer fue confirmada por fuentes judiciales, y hasta anoche no había sido difundida por la agencia de prensa del Poder Judicial. A la histórica condena de Casación se sumó ayer otra mala noticia para los nostálgicos de la capucha y para el abogado Ibáñez: la Cámara Federal, con votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex piloto naval Julio Alberto Poch por su participación en los vuelos de la muerte. “Los enjundiosos argumentos” de Ibáñez, apuntaron los camaristas, “no han logrado desvirtuar el cuadro cargoso” contra el marino.
