ESMA II: un desafío para el poder judicial

El TOF 5 acumula distintos expedientes de 780 víctimas y 70 imputados. La Comisión Interpoderes, que se ocupa del seguimiento de las causas sobre el terrorismo de Estado, aspira a que el año próximo se realice un solo juicio oral con todos esos casos pendientes.

Por Diego Martínez

La imagen de Walsh, en manos de Lita Boitano, durante la sentencia del miércoles.
Foto de Leandro Teysseire.

Si el primer juicio a 18 represores de la ESMA por delitos contra 86 personas demoró casi dos años, la dimensión de los expedientes que acumula el Tribunal Oral Federal 5, con 780 víctimas y 70 imputados, constituye un enorme desafío para el Poder Judicial. La Comisión Interpoderes exhortó a los magistrados a agilizar los procesos e “incluir la mayor cantidad de casos a efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes, de los testigos y el inútil dispendio jurisdiccional” de los órganos que administran justicia. El criterio planteado por los fiscales, jueces y funcionarios que integran la comisión creada por la Corte Suprema de Justicia, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, implicará probablemente trasladar el proceso de Comodoro Py a una sala acorde al número de protagonistas y convertirá al segundo juicio a Acosta, Astiz & cía. en un caso único, de dimensiones mayores al proceso a las juntas –que incluyó 700 casos, pero con sólo nueve acusados– y al juicio de Nuremberg, que tuvo a 24 dirigentes nazis en el banquillo.
“La idea es acumular la mayor cantidad de casos, aumentar la frecuencia y la duración de las audiencias, ganar en agilidad ante los planteos dilatorios”, explica Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuración General de la Nación. Los objetivos son múltiples: concretar el anhelo de víctimas que reclaman justicia desde hace décadas, resolver la situación de represores que llevan años procesados, garantizar la presencia de sobrevivientes que perdieron la cuenta de las declaraciones que prestaron. En el juicio que acaba de concluir, los testigos declararon sólo sobre las 86 víctimas incluidas en el proceso. La idea es que en el próximo, previsto para el primer semestre de 2012, se explayen sobre todas las víctimas y victimarios, y no tengan que volver a declarar.
El TOF 5 concentra cinco grupos de causas elevadas por el juez federal Sergio Torres. Los “casos 1976” incluyen a 186 víctimas y 17 imputados: once de los condenados más el absuelto Juan Carlos Rolón y otros cinco acusados: Víctor Francisco Cardo, Jorge Raúl González, Roque Angel Martello, Francisco Lucio Rioja y Pedro Antonio Santamaría. Por los delitos cometidos en 1977, en perjuicio de 350 víctimas, se sumarían Hugo Enrique Damario, Carlos Jaime Fraguio, Oscar Rubén Lanzón, Jorge Luis Magnacco, Rogelio José Martínez Pizarro, Roberto Pérez Froio, Eugenio Bautista Vilardo, Julio Antonio Torti y Antonio Vañek. Murió a tiempo Carlos Guillermo Suárez Mason (h) y quedaría fuera de juego por insania el penitenciario Carlos Orlando Generoso, alias “Fragote”.
La causa por delitos cometidos a partir de 1978 y hasta el fin de la dictadura tiene quinientas víctimas y veinte imputados: tres de los condenados, los citados Damario, Lanzón y Jorge González, más catorce nuevos acusados: Paulino Altamira, Julio César Binotti, Miguel Clements, Daniel Cuomo, Juan de Dios Daer, Carlos Eduardo Daviou, Rubén Oscar Franco, Ricardo Lynch Jones, Miguel Angel García Velazco (es el hermano de Pablo García Velazco, absuelto el miércoles y no está muerto), Eduardo Morris Girling, Víctor Olivera, Edgardo Aroldo Otero, Mario Pablo Palet y Miguel Angel Rodríguez.
Por la causa “Chacras de Coria”, que además de los crímenes tradicionales de la Armada incluye el robo de bienes, están acusados seis condenados más el cuidador de caballos Aldo Roberto Maver y la ex jueza Emilia García, quien paradójicamente deberá compartir el banquillo con los marinos que tomaron de rehén a su familia tras el secuestro de su hermana, con quien el miércoles vivió la sentencia en plena avenida Comodoro Py.
Las últimas dos elevaciones fueron en 2011. La primera, por el caso de la joven sueca Dagmar Hagelin, tiene 32 imputados. Sólo tres no estaban en elevaciones anteriores: Randolfo Agusti Scacchi, Orlando González y Hugo Héctor Siffredi. La segunda reúne casos de imputados que no habían sido identificados antes, delitos que incorporó el juez Torres (los abusos sexuales del Tigre Acosta) o que la Cámara Federal ordenó investigar. La causa abarca 460 casos, la mayoría comunes a elevaciones anteriores, y 56 imputados: se agregarían los de Daniel Humberto Baucedo, Héctor Francisco Polchi, Antonio Rosario Pereyra, Rodolfo Oscar Cionchi, Guillermo Horacio Pazos, Juan Arturo Alomar, Claudio Orlando Pittana, Jorge Manuel Díaz Smith, Carlos Galián y Emir Sisul Hess por los vuelos de la muerte.

ESMA: 35 años después, los primeros 16 condenados

Jorge Eduardo Acosta

Prisión perpetua. Alias Tigre, Aníbal, Santiago o Capitán Arriaga. 70 años. Capitán de corbeta retirado de la Armada. Fue jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 con base en la ESMA entre abril de 1976 y febrero de 1979. El Tigre Acosta, como lo conocían los secuestrados, pasó a la historia por su sadismo, que le permitía torturar en cautiverio y luego obligar a una secuestrada a salir a cenar a un restaurante o a bailar a un boliche. Se ufanaba de ser “Jesucito” por su capacidad para “mandar para arriba” a las víctimas.

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Alfredo Ignacio Astiz

Prisión perpetua. Alias Cuervo, Angel, Rubio, Gonzalo, Gustavo Niño y Alberto Escudero. 59 años. Integró el sector de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Se hizo pasar por hermano de un desaparecido para infiltrarse en el grupo de Madres y familiares de víctimas secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz y asesinados en vuelos de la muerte. Volvió a infiltrarse entre familiares y exiliados en Francia. Fue identificado cuando se rindió sin pelear en la guerra de Malvinas. Dado de baja de la Armada por ufanarse de su capacidad para asesinar políticos y periodistas.

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Ricardo Miguel Cavallo

Prisión perpetua. Alias Sérpico, Miguel Angel y Marcelo Carrasco. 60 años. Capitán de corbeta retirado. Integró los sectores de operaciones e inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Fue identificado por sobrevivientes de la ESMA en México, donde se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos. Fue detenido en agosto de 2000 mientras intentaba huir a la Argentina, donde regían las leyes de impunidad. Fue extraditado a España por orden del juez Baltasar Garzón y en marzo de 2008 fue extraditado a la Argentina.

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Julio César Coronel

Prisión perpetua. Alias Maco. 75 años. Mayor retirado del Ejército Argentino. Entre 1977 y 1978 integró el sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3, enviado en comisión por el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Ofició de enlace entre la Armada y el Ejército. “Qué cagada que Walsh se nos murió, no respetó la voz de alto y tuvimos que tirarle”, le confió a un secuestrado. Según su legajo fue herido ese mismo 25 de marzo de 1977, pero no por el escritor, sino durante un operativo en San Fernando.

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Adolfo Miguel Donda

Prisión perpetua. Alias Gerónimo, Palito o Chiche. 65 años. Capitán de fragata retirado de la Armada. Fue jefe del sector operaciones del Grupo de Tareas 3.3 entre noviembre de 1978 y 1980. Luego fue segundo jefe de inteligencia. Su hermano y su cuñada estuvieron en cautiverio en la ESMA. Durante su indagatoria admitió que participó en secuestros, destacó que “fue una actuación institucional, de toda la Armada” y lamentó que sólo lleguen a juicio el puñado de represores identificados por sobrevivientes.

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Alberto Eduardo González

Prisión perpetua. Alias Gato o Luis, también usó el sosia Oscar Paz Alara. Cumplió ayer 60 años. Capitán de corbeta retirado de la Armada. Entre 1976 y 1979 integró el sector de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Varios sobrevivientes lo identificaron en secuestros y sesiones de tortura. En 1978 cumplió funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fueron obligados a trabajar varios secuestrados. En 1980 fue asignado por la Armada a la embajada argentina en Londres.

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Oscar Antonio Montes

Prisión perpetua. Almirante retirado de la Armada. 77 años. Fue jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada y comandante de las Fuerzas de Tareas 3, de la que dependían los grupos de tareas de la ESMA. Cuando las Fuerzas Armadas se dividieron los ministerios y la Armada ocupó el de Relaciones Exteriores, fue nombrado canciller. Al comienzo del juicio negó todos los cargos pero se negó a declarar “porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales”. Gracias a sus problemas de salud goza de arresto domiciliario.

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Antonio Pernías

Prisión perpetua. Alias Martín, Rata o Trueno. 64 años. Capitán de fragata retirado. Varios secuestrados lo recordaron entre sus torturadores. Tuvo a su cargo la Pecera, donde los cautivos hacían trabajo esclavo, y luego fue enviado al Centro Piloto de París. Su padre, oficial superior de la Fuerza Aérea, facilitó su casaquinta de Del Viso como “casa operativa” de los represores de la ESMA. Fue quien le anticipó a una secuestrada el “traslado” de las monjas francesas y los familiares de desaparecidos.

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Jorge Carlos Radice

Prisión perpetua. Alias Gabriel, Ruger o Juan Héctor Ríos. 59 años. Teniente de fragata retirado de la Armada. Entre 1976 y 1978 integró el sector de inteligencia y luego de logística del Grupo de Tareas 3.3. Desde fines de 1978 fue secretario del almirante Emilio Massera en sus oficinas de Cerrito 1136. Supo ufanarse de ser “el mejor francotirador” del grupo de tareas. En una casa de su familia en Zapiola y Jaramillo fueron obligados a trabajar varios secuestrados de la ESMA.

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Néstor Omar Savio

Prisión perpetua. Alias Halcón o Norberto. 65 años. Capitán de fragata retirado de la Armada. Integró los sectores de operaciones y de logística del Grupo de Tareas 3.3. Durante su declaración indagatoria en la instrucción admitió que “la Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, en lo que denominó “lucha contra la subversión”. En el juicio oral no negó su paso por la ESMA pero sí su participación en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz.

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Raúl Enrique Scheller

Prisión perpetua. Alias Mariano, Pingüino, Miranda y Schelling. 65 años. Capitán de navío retirado de la Armada. Integró el sector operaciones del Grupo de Tareas 3.3 y luego el Copece, un centro de documentación de la Armada. En sus declaraciones en instrucción admitió haber participado en interrogatorios pero negó haber torturado. Eran “procedimientos doctrinarios previstos para la circunstancia de enemigo capturado”, dijo. En el juicio aseguró que su actuación en la Unidad de Tareas 3.3.2 fue “un destino más” de su carrera naval.

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Ernesto Frimon Weber

Prisión perpetua. Alias 220 o Boero. 80 años. Oficial retirado de la Policía Federal. Fue sindicado por sobrevivientes como quien les enseñó a usar la picana eléctrica a los marinos. También sería el autor del asesinato de Rodolfo Walsh. “Lo bajamos en una cita en la calle”, le contó a un secuestrado. “El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía”, contó. Durante sus declaraciones indagatorias negó los hechos, dijo que se limitaba a pedir zonas liberadas a la Policía Federal.

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Juan Carlos Fotea Dineri

25 años de prisión. Alias Lobo o Fernando. 61 años. Sargento retirado de la Policía Federal. Integró el sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 entre 1977 y 1978 cuando era cabo primero. Participaba en secuestros y se ufanaba de su capacidad para conducir vehículos a alta velocidad. Su nombre trascendió en 1985 luego de su detención como miembro de una banda que encabezaba Raúl Guglielminetti. Alguna vez confesó que era “rayante” ver el desfile de condenados. “Estamos tirando una generación al mar”, admitió.

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Manuel J. García Tallada

25 años de prisión. Contraalmirante retirado de la Armada. 76 años. Fue jefe de Prefectura Naval en 1975. Después del golpe de Estado fue jefe del estado mayor del Comando de Operaciones Navales y en 1977 fue comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependían los grupos de tareas de la ESMA. Durante su declaración indagatoria dijo desconocer que durante la dictadura se aplicaran tormentos a los detenidos. Gracias a su edad y a sus problemas de salud, cumplirá su condena con arresto domiciliario.

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Carlos Capdevila

20 años de prisión. Alias Tommy. 65 años. Médico y capitán de fragata retirado de la Armada. Entre 1979 y 1981 integró el departamento de sanidad de la ESMA. Atendió a secuestradas embarazadas que tuvieron a sus hijos en cautiverio. Colaboró con la Justicia al entregar los alias de oficiales y suboficiales de la Armada y una resolución del almirante Emilio Massera de 1978 por la que se condecoró a 81 miembros y colaboradores del Grupo de Tareas 3.3 por su participación en “operaciones reales de combate” durante la dictadura.

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Juan Antonio Azic

18 años de prisión. Alias Piraña, Freddy y Claudio. 70 años. Suboficial principal retirado de Prefectura Naval. Integró el sector operaciones del Grupo de Tareas 3.3. Se apropió de Victoria Donda y Carla Silvana Ruiz Dameri, nacidas durante el cautiverio de sus padres en la ESMA. Cuando se enteró del pedido de captura del juez español Baltasar Garzón, Azic caminó hasta una clínica, se sentó en un banco frente a la imagen de la Virgen Stella Maris, patrona de la Armada, y se disparó en la boca con su nueve milímetros.

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Pablo E. García Velazco

Absuelto. Alias Dante. 64 años. Capitán de corbeta retirado de la Armada. Participó de la represión ilegal junto a su hermano mellizo Miguel Angel García Velazco. Varios sobrevivientes aseguraron que Pablo era Dante, integrante del Grupo de Tares 3.3 que participaba en secuestros e interrogatorios. Durante sus declaraciones indagatorias negó haber formado parte del GT 3.3, dijo que integraba el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y sugirió una confusión con su hermano, que ya había fallecido.

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Juan Carlos Rolón

Absuelto. Alias Juan o Niño. 62 años. Capitán de fragata retirado de la Armada. Durante la dictadura prestó funciones en la base naval de Puerto Belgrano e integró el sector de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Algunos sobrevivientes lo reconocieron entre sus secuestradores, otros como torturador. A un secuestrado le contó que su abuelo había despilfarrado una fortuna y apenas había quedado su apellido en una avenida por la que estaban circulando, dato que años después permitió identificarlo.

En TOF--5 en su laberinto

Denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo para que se investigue a los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli por autorizar al apropiador Juan Antonio Azic a oficiar de "padrino de boda" de su botín de guerra en base a la "relación paterno-filial" entre víctima y victimario.

Por Diego Martínez

A principios de agosto, a espaldas de fiscales y abogados querellantes, el Tribunal Oral Federal 5 que juzga a Astiz, Acosta & Cía. autorizó al ex prefecto Juan Antonio Azic a oficiar de “padrino de boda” de una de las dos mujeres que se apropió en la ESMA durante la dictadura. La decisión de Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli, fundada en lo que denominaron “relación paterno-filial” entre víctima y victimario, se frustró porque la información se filtró y el Ministerio Público reclamó la intervención del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga la sustracción, retención y ocultación de Carla Silvana Valeria Ruiz Dameri, quien rechazó de inmediato el beneficio porque “implicaría que los delitos por los cuales se encuentra acusado Azic sigan produciendo sus efectos en el tiempo”. Ante las pruebas que sugieren que los magistrados “sabían muy bien” del “vínculo inexistente” entre apropiador y víctima, y la maniobra “para justificar lo injustificable” sin control de las partes, Abuelas de Plaza de Mayo denunció a los jueces del TOF 5 ante el Consejo de la Magistratura para que se los investigue por posible mal desempeño.

Azic crió como hijas propias a Ruiz Dameri y a Victoria Donda, ambas nacidas durante el cautiverio de sus padres en la ESMA. El ex prefecto que hoy escuchará su sentencia por tres secuestros y torturas está procesado por decenas de crímenes que todavía no llegaron a juicio, afronta en estos días otro juicio junto a Videla & Acosta por su participación en el plan sistemático de robo de bebés y tiene procesamiento firme por falsificar la partida de nacimiento y criar como propia a la hija de los desaparecidos Orlando Ruiz y Silvia Dameri.
Los jueces del TOF 5 fundaron la autorización para que Azic asista a la boda en “el deseo” de los “futuros cónyuges”, en la supuesta “relación paterno-filial” y en la obligación de “facilitar y estimular” las relaciones del imputado “con su familia” y de permitirle cumplir con sus “deberes morales”. Abuelas “no juzga los sentimientos” de la víctima, sostiene el escrito que firma Estela de Carlotto, pero sí cuestiona “que el tribunal haya asumido la tarea de ‘facilitar y estimular’ relaciones que, lejos de ser familiares, tienen como antecedente un gravísimo crimen”. Los abogados Alan Iud y Agustín Chit destacan que la partida de nacimiento falseada por Azic fue anulada cuando se comprobó la apropiación, en 2008, pero que los jueces no reclamaron constancias del vínculo “porque sabían muy bien que es inexistente”.
En línea con la posición del Ministerio Público al conocer la decisión del TOF 5, Abuelas destaca que los beneficios para cumplir “deberes morales” se aplican en “casos de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares”, no de bodas, y siempre que no existan “serios y fundamentados motivos para resolver lo contrario”. “Cabe preguntarse si el pedido de salida realizado por el perpetrador de uno de los crímenes más aberrantes, como es la sustracción y sustitución de la identidad de niños nacidos en el cautiverio de sus padres desaparecidos, no es una situación seria y fundamentada”, plantean, y solicitan que se sancione a los magistrados por “beneficiar indebidamente a un apropiador”.

Harguindeguy, sin condena, suma otra orden de detención

El arresto del ex ministro del Interior de la dictadura, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa, lo dictó el juez Daniel Rafecas. Lo responsabilizó por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo.

Albano Eduardo Harguindeguy fue el máximo responsable político-militar de la Policía Federal.

A los 84 años, aún sin condena, arrestado en un lujoso chalet en calle Eva Perón 1331 de Los Polvorines gracias a sus problemas de salud, el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy sumó ayer una nueva orden de detención, esta vez como máximo responsable político-militar de la Policía Federal. El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, responsabilizó al ex general de división por secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo. La resolución abarca también a los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, ambos condenados a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, y a los menos conocidos Antonio Doval y Eduardo Norberto Comesaña, quienes ya están presos en el penal de Marcos Paz.

Jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, Harguindeguy tuvo un rol central en la planificación del golpe y la toma del Estado y fue el ministro político durante cinco de los siete años de la dictadura. En 2003 admitió los secuestros, torturas y asesinatos de detenidos cometidos por las Fuerzas Armadas durante una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, recordó. Contó que los militares argentinos aprendieron los métodos a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina y consideró que las violaciones masivas a los derechos humanos constituyeron “un error político”. Su consecuencia fue que “ganamos la guerra pero perdimos la paz”, dijo.
El ex ministro de Videla & Massera tiene arresto domiciliario desde julio de 2004 por su actuación en el Plan Cóndor. La causa se elevó en 2007, pero el proceso oral aún no comenzó. También está en condiciones de ser juzgado en una causa de Entre Ríos conocida como Area Concordia, que se elevó en octubre de 2010 y todavía no tiene fecha de inicio. Tiene procesamientos confirmados en segunda instancia por las cámaras federales de Córdoba (causa Roselli), de San Martín, por el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto en diciembre de 1975, y de Buenos Aires, por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim en 1977, causa en la que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En La Rioja fue indagado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli.
El juez Rafecas responsabilizó a Harguindeguy en 34 homicidios y más de doscientos casos de secuestros y torturas en Coordinación Federal, cuyo centro de detención funcionó en el tercer piso de Moreno 1417, y Garage Azopardo, en el edificio de Chile y Huergo, donde hasta hace meses se tramitaban los pasaportes. El ex miembro del gabinete de la primera junta militar será indagado entre otros casos por la Masacre de Fátima, como pasó a la historia el homicidio de treinta cautivos de Coordinación Federal que fueron trasladados, fusilados y dinamitados en Pilar en agosto de 1976.
Por los delitos en Coordinación Federal, el juez también indagará al Francés Lapuyole –quien cumple condena en su casa–, a Gallone, Doval y Comesaña. Antonio Doval fue uno de los guardias de los secuestrados en los calabozos del tercer piso, donde utilizaba el alias de Gato. Comesaña era auxiliar de inteligencia y su nombre de cobertura para no ser identificado por sus víctimas era Esteban Cruces. De su legajo surge que fue ascendido por su actuación en un “procedimiento antisubversivo” en junio de 1977.
Harguindeguy y Comesaña serán indagados, entre otros crímenes, por la fabricación de un falso “operativo antisubversivo”, seis días antes del golpe de Estado, en el que fueron ametrallados dos hombres y dos mujeres previamente secuestrados. El montaje, que se publicitó en la prensa como un “enfrentamiento armado”, ocurrió en calle Labardén al 300 y las víctimas, masacradas con más de cien disparos de ametralladoras adentro de un auto, fueron Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar. El juez considera probado que los cuatro habían sido secuestrados en las semanas previas. Por testimonios de sobrevivientes de Garage Azopardo, pudo saber también que el médico Gómez fue obligado a atender a otros secuestrados luego de las sesiones de tortura, y que Kalaidjian, de 22 años y origen armenio, debió auxiliarlo en las curaciones precarias que hicieron en cautiverio. Panebianco había sido secuestrado junto con su pareja, María Fernández Martínez Suárez, sobrina de la octogenaria animadora Mirta Legrand. Por los cuatro asesinatos también será indagado Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, condenado el año pasado por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo.

Perpetua para los asesinos de Paco Urondo

Cuatro ex policías del D2 fueron condenados a cadena perpetua, un militar recibió doce años y otro fue absuelto. Se juzgaron delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas el poeta y periodista Francisco Urondo.

Después del fallo de ayer, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240.

Por Diego Martínez

Frente a un centenar de personas de pie, en silencio, unos con puños apretados, otros con fotos de sus seres queridos en alto, amuchados detrás del blindex que los separaba de los victimarios, el juez Juan Antonio González Macías leyó ayer el veredicto del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza: prisión perpetua en cárcel común para cuatro ex miembros del D2 de la policía provincial, doce años de prisión para un militar (imputado en un solo caso) y absolución para un ex oficial de Inteligencia. “Son asesinos, torturadores, violadores y ladrones”, resumió Silvia Ontiveros, sobreviviente que supo conmover a la sala cuando relató su cautiverio. “Pero tuvieron un juicio justo”, completó ante un periodista local. Con las sentencias de ayer, más la del coronel Alejandro Duret, expulsado de Chile luego de tres días de vacaciones, el número de represores condenados por crímenes durante la dictadura asciende a 240, precisó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.

El proceso que condujo durante once meses el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, en el que declararon más de doscientos testigos, fue el segundo de la provincia y el tercero en Cuyo. Arrancó el 17 de noviembre de 2010 con diez acusados, aunque sólo seis llegaron al final. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smahá Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió doce años de cárcel, en tanto fue absuelto el entonces teniente coronel Paulino Furió. Durante el juicio quedaron fuera de juego, aunque no de la historia, el fallecido general Juan Pablo Saá, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el ex oficial del D2 Armando Osvaldo Fernández. Los últimos tres fueron sobreseídos gracias a sus problemas de salud.

Las condenas fueron por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas. El caso más conocido es el del poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 en una cita envenenada que terminó con el secuestro de su esposa Alicia Raboy y de su hija Angela, operativo del que René Ahuali logró huir pese a las heridas. También se condenó por las desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres, y por el cautiverio del escritor y dirigente Angel Bustelo.

Un día histórico

Más de 250 personas se concentraron a primera hora frente al tribunal mendocino. Un centenar pudo seguir la sentencia en directo, el resto mediante una pantalla. Alrededor de las 11, la sala se puso de pie para recibir a los magistrados. Detrás de González Macías ingresaron Alejandro Piña y Raúl Rodríguez, que sustituyó a Héctor Cortez, en reposo con tendinitis. “Antes de dar lectura al fallo, quiero reconocer a las partes el alto profesionalismo, el respeto entre ustedes y para con el tribunal. Además reconocer al público el respeto durante las audiencias”, arrancó el presidente. En la sala había sólo tres imputados: Furió, Smahá y Lucero.

El silencio contenido durante la lectura estalló luego en llantos y abrazos. “¡30 mil compañeros desaparecidos!”, “¡Presentes!”, se recordó a las víctimas. “Justicia es esto: condenar con pruebas como se condenó”, celebró Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. “Es muy importante que Mendoza haya dejado de ser la provincia más atrasada para ser la única que tiene un proceso contra jueces”, reflexionó ante El Sol online. “Este acto nos permite seguir adelante pero con la paz de saber que no estamos conviviendo con los genocidas en la calle”, reflexionó Angela Urondo, hija de Paco. “Hoy están viejos, lloran y se enferman, pero la gente debe saber que son asesinos y que haber creado la desaparición forzosa, sin saber dónde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, explicó María de Domínguez, de Madres de Plaza de Mayo.

“Las cosas van quedando en su lugar y quienes cometieron los peores crímenes están donde tienen que estar”, reflexionó Alfredo Guevara, querellante e hijo del abogado homónimo que impulsó las causas en los ’80. “Es un día contradictorio: por un lado estoy contenta, pero sentir que Rafael y Nora no están es un dolor inmenso. Yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó Monserrat Olivera, hermana de Rafael.

Quién es quién

- Juan Agustín Oyarzábal, ex segundo jefe del D2, organizó el operativo que terminó con el asesinato de Urondo. Oyarzábal, que ya en 1975 ofreció su Ford Falcon para hacer procedimientos clandestinos, fue distinguido según su legajo por “desbaratar bandas de delincuentes subversivos”.

- Eduardo Smahá Borzuk, alias “Ruso”, encabezaba el sector de operaciones del D2 junto con Oyarzábal y Lucero. Fue reconocido por la testigo René Ahualli entre quienes mataron a Urondo. Oyarzábal y Smahá eran quienes conducían los interrogatorios junto con Armando Fernández, alias “Piqui”.

- Luis Alberto Rodríguez Vázquez, alias “Pájaro Loco”, era el responsable de Inteligencia del D2, que se ocupaba de estudiar a los futuros blancos del grupo de tareas. Rodríguez Vázquez admitió en 1987 que se encargaba de “la sección investigación de la información”, donde se procesaban los datos que obtenían quienes se infiltraban en distintas organizaciones. Su tarea no fue sólo de escritorio. La sobreviviente Ahualli lo reconoció como quien manejaba el auto que persiguió y alcanzó a Urondo.

- Celustiano Lucero, alias “Mono”, cabo primero a mediados de los ’70, fue quien mató a Urondo al golpearlo detrás de la cabeza con su arma reglamentaria, dato que él mismo confesó mientras intentaba defenderse. Un sobreviviente del D2 lo reconoció entre sus torturadores.

- El teniente Dardo Migno, condenado a doce años de prisión, era jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y estaba imputado por un solo caso de secuestro seguido de torturas.

- El entonces teniente coronel Paulino Furió, jefe de la División Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VIII, estaba imputado por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca. Su absolución sería por la falta de certezas sobre dónde ocurrió el secuestro. De todas formas, Furió seguirá con prisión preventiva por otros delitos.

PáginaI12: a la era digital con DOS

Los trabajadores de PáginaI12 retiramos hoy las firmas en repudio a la falta de respuesta al reclamo de Internet en cada puesto de trabajo. Mientras la dirección del diario lamenta la muerte de Steve Jobs, se babea con tweets de políticos, celebra la entrega de netbooks por “la importancia en la era digital” y estrena la sección de Cultura Digital, hacia adentro hacemos periodismo con DOS y Word Perfect, en computadoras sin parlantes ni lectora de CD, ni conexión a Internet.

Reparaciones, justicia y memoria

Partiendo de una “sociedad sensibilizada con la memoria”, el encuentro buscó comparar políticas y resultados, y entender los conceptos que rigen en el continente la búsqueda de reparar injusticias y crímenes.

Por Diego Martínez

Jozami y Viz Quadrat en el cierre del encuentro.

“Una política de memoria es inseparable de la ampliación de derechos humanos, pero el genocidio no empezó con Videla. Tenemos que hacernos cargo de reparar también la injusticia y la opresión a lo largo de nuestra historia, y una sociedad sensibilizada con la memoria, la verdad y la justicia nos parece la mejor garantía para llevar adelante ese proceso de ampliación del concepto de derechos humanos.” La reflexión de Eduardo Jozami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, fue el cierre del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, que concluyó anoche en el predio de la ex ESMA.

La conferencia intentó abarcar una mirada regional sobre el tema. La abrió Samantha Viz Quadrat, historiadora del Núcleo de Estudios Contemporáneos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. La investigadora resumió las dificultades de Brasil para poner fin “a 21 años de silencio” y que “la sociedad pueda reflexionar sobre ese silencio”. Destacó las iniciativas de la presidenta Dilma Rousseff de crear una Comisión por la Verdad y un Plan Nacional de Derechos Humanos, y en particular el programa “Memorias Liberadas”, que apunta a permitir el acceso a documentación del gobierno militar, que sigue vedada incluso a los investigadores.

El uruguayo Alvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, remarcó “el sostén civil y político de la impunidad en Uruguay”. Repasó la Ley de Caducidad, los dos plebiscitos que la legitimaron y la “teoría del maligno” que atribuyó a la guerrilla la responsabilidad por los crímenes de la dictadura. Rico marcó el giro con el ascenso de Tabaré Vázquez, quien “encontró una interpretación de la ley para que la Justicia pudiera actuar en algunos casos” (hay apenas 18 militares, policías y civiles procesados o condenados), y el intento frustrado “por las contradicciones al interior de la izquierda gobernante” para anular este año los efectos de caducidad. Celebró el fallo Gelman de la Corte Interamericana que obliga al Estado a investigar y juzgar en plazos razonables, pero advirtió que el próximo 1º de noviembre “prescribirán todas las causas en curso por violaciones de derechos humanos” durante la dictadura uruguaya.

Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, resaltó que “considerando la renuncia del Poder Judicial a investigar las violaciones a los derechos humanos, un eje obligado de las políticas de memoria ha sido establecer la verdad”. Repasó el rol de las comisiones investigadoras (contabilizaron 41.470 víctimas de graves violaciones, incluidos 3216 desaparecidos y ejecutados) y las distintas formas de reparación material o simbólica, como los pedidos de perdón o los memoriales. A nivel judicial marcó el quiebre que significó la detención de Pinochet en 1998 y precisó que hay 1446 causas abiertas.

Jozami propuso “problematizar” los conceptos: “¿Estamos seguros de que queremos establecer una verdad única sobre los ’70?”. “Lo importante es que el proceso político siga dejando lugar para un pluralismo político notable porque hemos vivido una operación criminal, pero también un operativo de ocultamiento de una magnitud inimaginable.” “La discusión sobre la memoria es aún más complicada”, planteó. Recordó que “en la historia hubo más propagandistas del olvido que de la memoria”, diferenció dos etapas recientes en políticas de memoria (primero “el predominio de la víctima” al margen de los motivos, luego “el recuerdo no de víctimas sino de héroes”) y se esperanzó con la idea de que “estamos pasando la segunda etapa para encontrarle un sentido a la historia, para entender el proceso de lucha popular que derivó en el golpe de Estado como respuesta de disciplinamiento a una sociedad activa, movilizada y cuestionadora”.

Duret, a la sombra de la cordillera

Por Diego Martínez

Alejandro Duret había sido absuelto en primera instancia, pero la Cámara revirtió la decisión.

Atravesar la cordillera para esperar en Chile decisiones cruciales sobre sus futuros parece ser una nueva costumbre de los imputados por crímenes de lesa humanidad. La inauguró un mes atrás el ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que al día siguiente fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. El domingo siguió sus pasos el coronel retirado Alejandro Duret, condenado un día después a quince años de prisión por la Cámara Nacional de Casación Penal. Igual que el cuyano, el militar responsable de secuestrar, torturar y desaparecer a Carlos Labollita en 1976 era técnicamente inocente y no tenía prohibición para salir del país. Hasta anoche ni siquiera tenía orden de captura, pedido que formuló el jueves el fiscal federal Daniel Adler y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pregunta obligada es si el viaje de Duret es pura coincidencia, si el oficial de Inteligencia del Ejército Argentino seguirá el ejemplo de Romano para buscar refugio e impunidad en los pagos de Sebastián Piñera, o si ya cruzó también el Pacífico y pronto sumará su nombre al de otros cuarenta represores prófugos.

Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos coincidieron en destacar el valor de la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron “competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Nelson Jaranzo y Alejandro Smoris lo dejaron en libertad.

Duret fue absuelto a mediados de 2009, cinco días después de la derrota electoral de kirchnerismo. El 9 de agosto último se realizó la audiencia pública en la que fiscales y abogados pidieron su condena en nombre de los familiares de la víctima, y militares retirados y allegados hicieron acto de presencia junto con Cecilia Pando. Comenzó entonces la cuenta regresiva para que Casación se pronunciara. Según el Código Procesal Penal, la Sala IV debió convocar a Duret en persona para conocerlo antes de fallar. La audiencia, sobre la cual el Ministerio Público Fiscal nunca fue notificado, se habría realizado a principios de mes.

El lunes, Casación firmó la condena y ordenó notificar al Tribunal Oral marplatense. El miércoles la noticia trascendió extraoficialmente. El jueves al mediodía, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, les solicitó a los jueces que ordenaran la prohibición de salir del país para Duret. Cuando los representantes del Ministerio Público apuntaron el nombre del condenado en los registros de Migraciones (también son accesibles a los jueces) se encontraron con la novedad del viaje a Chile. Por la noche, el fiscal Adler pidió la captura nacional e internacional, sobre la que debe pronunciarse ahora el TOF de Mar del Plata, acotado esta vez a Carlos Rozanski dado que Esmoris y Jarazo están de licencia y se reponen de un accidente automovilístico ocurrido el martes.

Duret cruzó la frontera por Mendoza, como Romano, pero no en avión sino en auto. Según los registros de Migraciones, viajó en un Peugeot 206, patente EVC743, junto con un militar y su esposa. Se trata de Héctor Osvaldo Miranda, que en 2003 ascendió a teniente coronel, y su esposa Ana María Groppa, ambos radicados en el barrio de oficiales del Grupo de Artillería de Montaña 8 de Mendoza. Miranda tiene 56 años, edad con la que podría permanecer en actividad en el Ejército, aunque según bases de datos empresariales está abocado a tareas privadas en un rubro sensible a los uniformados: preside la agencia de seguridad Kustos. Migraciones también registró el retorno del matrimonio, apenas dos horas después, pero entonces a solas, sin Duret, que ya se había hecho una escapada al país trasandino el 17 de septiembre.

Funcionarios chilenos afirmaron durante el último mes que Chile respeta los derechos humanos. Tanto sus normas internas como el derecho internacional establecen que el status de refugiado no incluye a acusados (menos aún condenados) por delitos de lesa humanidad. Los trámites previstos para quien solicita el refugio, sin embargo, le permiten a Romano ganar tiempo y burlar la cárcel. En los próximos días se sabrá si el del camarista es un caso aislado o si Duret decidió acompañarlo.