Coherente con las causas injustas

MURIO EL ARZOBISPO EMILIO OGÑENOVICH

Publicado en PáginaI12.

Durante la dictadura fue cursillista en Bahía Blanca, apoyó la represión ilegal y se negó a interceder por desaparecidos. Con Raúl Alfonsín militó sin suerte contra la Ley de Divorcio. La presidencia de Carlos Menem fue lo más cercano a una bendición divina que conoció: el arzobispado de Mercedes-Luján, que condujo durante 19 años, recibió millones de pesos en subsidios, que retribuyó con elogios al desguace del Estado. El sábado a la madrugada, a los 88 años, murió el arzobispo Emilio Ogñenovich. Su sucesor, Agustín Radrizzani, aseguró que Ñoño, como lo conocían en Mercedes, “regresó a la Casa del Padre”.

Ogñenovich nació en Olavarría en 1923 y se ordenó sacerdote en 1949. Fue párroco de Trenque Lauquen hasta 1975, cuando asumió como vicario general de Bahía Blanca, donde su hermano Danilo fue delegado del Ministerio de Trabajo. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas. Qué otra cosa podían esperar cuando han pregonado hasta el cansancio que nada hay superior al hombre”, predicó el 25 de mayo de 1976. “Mi auto ya va solito para el Cuerpo Quinto”, ironizó ante una mujer que le pidió ayuda por un desaparecido. Al padre de un secuestrado le dijo sin inmutarse: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977.

Ogñenovich fue ordenado obispo en 1979 en Bahía Blanca por Jorge Mayer, que también acaba de morir impune. En 1982 tomó posesión del obispado de Mercedes-Luján. Desde ese cargo participó de la campaña contra la Ley de Divorcio y marchó hacia Plaza de Mayo en una procesión para que Alfonsín vetara la ley, que finalmente se sancionó en junio de 1987.

Con el menemismo alcanzó el paraíso. Una auditoría de la Alianza consignó que recibió en los ’90 cinco millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional y en subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. Otro tanto recibió de manos del gobernador Eduardo Duhalde para su Instituto de Menores. Su hermano Danilo accedió en esos años a la dirección del PAMI, durante la gestión de Matilde Menéndez: terminó procesado por defraudación y violación de deberes de funcionario público.

Ogñenovich fue ascendido a arzobispo en 1997. Dos semanas después, cuando los feligreses silbaron el ingreso de Menem a la Basílica de Luján, reprochó desde el púlpito: “Más que convertirnos en críticos y fiscales de lo que deben decir y hacer los demás, debemos tener la honestidad, la humildad y el coraje de revisar nuestra vida y nuestra conducta moral”, dijo. En 1999, cuando Carlos Ruckauf acusó a Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”, apareció en un aviso de campaña del candidato a gobernador mientras por abajo de la mesa recibía subsidios “no reintegrables” por 200 mil pesos. Ante el propio Ruckauf gestionó la destitución del subsecretario del Consejo del Menor, Miguel Saredi, por investigar el maltrato a menores en el instituto de su obispado. El velatorio de Ogñenovich, en la catedral de Mercedes, concluirá a las once con una misa. Será sepultado en el seminario Santo Cura de Ars.

"Mi padre militó con la palabra"

El hijo de Paco Urondo declaró en el juicio en Mendoza

Javier Urondo pidió que el enjuiciamiento a los represores que asesinaron a su padre y cometieron crímenes de lesa humanidad contra otras 23 personas sea útil para “toda la gente que no tiene reparación legal”. Hizo un relato pormenorizado de la historia del poeta.

Paco Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 por un grupo de tareas que intentaba secuestrarlo.

Publicado en PáginaI12.

“Mi padre militó con la palabra.” La definición pertenece a Javier Urondo, hijo del poeta, periodista y militante montonero Francisco “Paco” Urondo, asesinado el 17 de junio de 1976 por un grupo de tareas que intentaba secuestrarlo. “Mi padre no tenía bienes. Los únicos bienes que tiene son su familia, lo que ha escrito y el amor de la gente que lo quiere”, explicó ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza que juzga a diez policías y militares por el homicidio del poeta y delitos de lesa humanidad contra otras 23 personas. Javier Urondo desmenuzó ayer durante cuatro horas la historia de su papá, a quien no vio durante los últimos meses para evitarle riesgos mayores. Cerró el relato con la reivindicación de “la entrega de mi padre a sus convicciones” y la esperanza de que el primer proceso a represores en la capital de Mendoza “sirva como ejemplo de justicia por toda la gente que no tiene reparación legal”.

“Yo soy el hijo de Paco. Que él haya sido poeta me trajo ventajas y desventajas. Sus temas recurrentes eran la amistad, la lealtad, la coherencia”, resumió Javier Urondo, que en 1976 tenía 19 años y que también perdió durante la dictadura a su hermana Claudia Josefina Urondo, de 24 años, desaparecida en diciembre de 1976 junto con Mario José Koncurat.

“Mi padre fue un poeta que tuvo actividad política muy joven. Fue secretario de Cultura de Santa Fe en la época de Frondizi”, recordó. “Empezó a militar en el peronismo en el año ’70. Trabajaba en el diario La Opinión”, dijo. “Parte de su militancia fue cambiando de lo intelectual a lo político a través de mi hermana mayor”, agregó. Durante su adolescencia Claudia fue novia de Carlos Goldemberg y por su intermedio Paco conoció a Carlos Olmedo, fundador de las FAR, recordó Javier.

La primera caída de Urondo en prisión fue en 1973. “Cae con mi hermana y su mujer de ese momento en una quinta de Tortuguitas”, recordó. También “allanan mi casa y se llevan a mi madre. Se robaron todo, hasta el teléfono de Entel”, contó. “Viene la Policía Federal de civil, no se identificaron, entraron por los techos. Yo estaba con mi mamá solo, era chico. Pensaba que seguían a un ladrón, abrimos y había un tipo apuntándome con una ametralladora”, recordó.

Paco Urondo entrevistó en la cárcel a los tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew, que se publicó con el título “La Patria Fusilada” y que “queda como testimonio de las maneras de violencia que había con los presos políticos”, dijo. Poco antes de ser liberado gracias a la amnistía de Héctor Cámpora, Urondo “tuvo una pequeña sesión de picana” aunque “le restó importancia al tema”, recordó. Apuntó que “Julio Cortázar firmó por su libertad” y que “hubo mucho movimiento de abogados, se ocupo de él Ortega Peña”, luego asesinado por la Triple A.

Una vez liberado, “empezó a trabajar en el proyecto del diario Noticias, que se suspende por el golpe de Estado, cuando es enviado a Mendoza”. Javier dijo desconocer el motivo de esa orden de Montoneros. “Lo que seguro no hicieron fue cuidarlo”, afirmó. “Mi padre no hubiera decidido venir porque tenía una visión un poco más real, menos romántica, era más grande que los demás, estaba preocupado por los niveles de brutalidad de la represión”, recordó.

Con el traslado perdió todo contacto, aunque sabía que estaba con su compañera, Alicia Cora Raboy, militante de la Juventud de Trabajadores Peronistas y periodista de temas sindicales del diario Noticias, y con su hija Angela, una beba. En las páginas de La Razón leyó el comunicado oficial del Tercer Cuerpo de Ejército sobre el operativo en Mendoza. Esa noche, por un llamado de su hermana, supo que había muerto su padre. Un mes después, en la Costanera, otra militante que acompañaba a la pareja y logró escapar de los secuestradores le relató la cita envenenada, la persecución, los tiros, la última corrida de Alicia con la beba en brazos.

Javier destacó la valentía de su tía Beatriz Urondo, que “tuvo que lidiar con el recupero de Angela”. El cuerpo de Paco, en teoría un NN, fue trasladado en avión hasta Aeroparque y enterrado como NN en el cementerio de Merlo. “Es difícil entender el mensaje: una desmedida ostentación de poder”, dijo. “Pude hacer el duelo porque tengo la suerte de tener el cuerpo. La pregunta es dónde está Alicia, nos falta Alicia”, concluyó.

Juicio al plan de apropiación

COMIENZA EL PROCESO POR EL ROBO DE NIÑOS COMO PRACTICA SISTEMATICA

Los acusados son siete, incluidos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Serán juzgados por 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años.

Reynaldo Bignone, Jorge Rafael Videla, Jorge “El Tigre” Acosta y Santiago Omar Riveros, cuatro de los siete represores que serán juzgados.

Publicado en PáginaI12.

A un tercio de siglo de los hechos y a casi tres lustros de la apertura de la causa, el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura finalmente se ventilará en un juicio oral y público. El comienzo está previsto para el lunes 28 de febrero y en el banquillo habrá siete imputados, con los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone a la cabeza. En el camino quedaron Emilio Massera, Juan Bautista Sasiaiñ y Héctor Febres, fallecidos, y ahora también el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, que según constaron los peritos de Abuelas de Plaza de Mayo no está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

Luego de casi treinta juicios contra apropiadores y entregadores de criaturas, el Tribunal Oral Federal 6 tendrá la responsabilidad de conducir el proceso por el plan ilegal para cortar los lazos de sangre de los hijos de los secuestrados con sus familias y entregarlos en “manos confiables” para los dictadores. “Hasta que no empiece no lo creemos. Este juicio se postergó y dilató tantas veces que hasta que no empiece estaremos a la expectativa. Todo parece indicar que esta vez se concreta”, advierte esperanzado Alan Iud, abogado de Abuelas.

Los imputados, además de Videla y Bignone, son el condenado general Santiago Omar Riveros, el almirante Rubén Oscar Franco, el vicealmirante Antonio Vañek y el capitán Jorge Eduardo Acosta, jefe de inteligencia del GT 3.3 de la Armada, que rendirá cuentas por doce nacimientos en la ESMA. El séptimo imputado es el prefecto retirado Juan Antonio Azic, que sólo será juzgado por la apropiación de Victoria Donda Pérez, hija de José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

Militares y marinos serán juzgados como autores mediatos de 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. Varios casos ya derivaron en condenas para los apropiadores o bien son juicios que se están instruyendo, como el del ex policía Luis Antonio Falco, a quien la jueza federal María Servini de Cubría comenzó a juzgar hace dieciséis meses (el apropiador de Juan Cabandié tampoco tiene apuro, está excarcelado). Además de los casos de la ESMA, más de ochenta testigos reconstruirán con sus testimonios los nacimientos en cautiverio en las maternidades clandestinas que funcionaron en otros siete centros de detención ilegales: Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5ª de La Plata, Automotores Orletti, Vesubio y Olimpo.

El expediente que llega a juicio se inició a fines de 1996 con una denuncia de Abuelas contra Videla y simbolizó en pleno menemato el comienzo del fin de la impunidad para los ex comandantes indultados. El dictador fue el primero que volvió a rendir cuentas, en 1998, cuando el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich ordenó su detención. Tras la destitución de Marquevich, luego de apresar por horas a Ernestina Herrera de Noble, heredó la causa el juez Norberto Oyarbide, que en 2008 envió a Videla al penal de Campo de Mayo. En paralelo se instruyó la causa Plan Sistemático, a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco, contra diez imputados, de los que sólo seis siguen en pie. Los tiempos del Poder Judicial derivaron entre 2005 y 2006 en el cese de las prisiones preventivas de todos excepto de Videla. Varios siguieron presos por otras causas. El ex juez Guillermo Montenegro elevó la causa a juicio oral en mayo de 2007, y desde entonces el comienzo es siempre inminente.

El juicio ya tuvo una audiencia anticipada: el 12 de octubre de 2010 declaró María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, quien con 86 años temía no llegar a 2011 en condiciones. “Son treinta y tres años de incertidumbre. Es una tortura continua, un cuchillo en el corazón, hasta que un día quizás encuentre a mi nieta”, se esperanzó Chicha Mariani. El 24 de noviembre se cumplieron 34 años desde el secuestro de su nieta Clara Anahí.

El tribunal que conducirá el proceso está integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, reemplazante del inhibido José Martínez Sobrino. El TOF-6 ya condenó en 2009 al gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana. Su presidenta intervino además como jueza sustituta en el proceso a los represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo, el año pasado. Las audiencias serán lunes, martes, y miércoles de por medio. El tribunal deberá alternarse en la sala de audiencias de Comodoro Py con el TOF-5 que juzga desde hace trece meses a los represores de la ESMA y que al ritmo actual no terminará hasta mediados de 2011. (El CELS manifestó días atrás su preocupación por la duración y lamentó la postura del TOF-5 de no permitir desistir testigos). Acosta y Azic, si lo desean, podrán viajar desde Marcos Paz cinco días a la semana.

“Este juicio tiene un valor histórico muy importante, sobre todo porque Videla fue absuelto por varias apropiaciones durante el juicio a los ex comandantes”, destaca Iud. “El tribunal tiene la oportunidad de revisar ese criterio y dejar en claro la responsabilidad de los altos mandos en la apropiación de niños. Si bien toda la sociedad sabe que no fueron hechos aislados ni decisiones individuales de algunos oficiales, es indispensable que el Poder Judicial lo ratifique.”

Los abogados de Abuelas podrán formular preguntas para todos los imputados pero sólo podrán alegar contra (léase acusar a) Videla. El tribunal tomó la decisión a pedido de las defensas, con el argumento de que la querella no respondió a un requerimiento de elevación en los plazos previstos. Los actuales letrados de Abuelas analizan la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación. También actuarán como querellantes los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo filial La Plata (Emanuel Lovelli, Germán Kexel y Colleen Torre), Alcira Ríos en representación de la hermana de Silvia Quintela (que dio a luz en cautiverio al nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela) y Alejo Ramos Padilla en nombre de Chicha Mariani. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal federal Martín Niklison, a quien se sumará el fiscal Félix Crous cuando culmine el juicio a los represores del centro clandestino Vesubio.

Cuatro nuevos nombres para investigar

DOS SOBREVIVIENTES DECLARARON EN EL JUICIO CONTRA DIEZ REPRESORES EN MENDOZA

Una testigo reconoció a cuatro policías como integrantes del D2. Hubo repudios de organismos de derechos humanos y funcionarios por una denuncia presentada por el ex camarista Otilio Romano contra una sobreviviente que lo comprometió.

Publicado en PáginaI12

Una sobreviviente del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, reconoció ayer ante el tribunal que conduce el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la capital provincial a cuatro represores que actuaron en ese centro clandestino y que continúan impunes. Nélida Allegrini apuntó que durante su declaración en la etapa de instrucción, ante el juez federal Walter Bento, no pudo reconocerlos porque “me dijeron que no tenían el álbum allí”. El periodista jubilado Pedro Lucero, en segundo turno, relató su cautiverio en el Liceo Militar General Espejo y destacó que varios detenidos que los militares sacaban para interrogar nunca volvieron. Organismos de derechos humanos y altos funcionarios de la provincia, en tanto, repudiaron y calificaron de “maniobra distractiva, mendaz y torpe” a la denuncia por falso testimonio que el ex camarista Otilio Roque Romano, investigado por su complicidad con el terrorismo de Estado, formuló contra Luz Faingold, otra sobreviviente del D2.

El 10 de mayo de 1976 un grupo de tareas de civil se instaló en la casa de Allegrini. Secuestraron a su marido, Víctor Sabatini, y a un amigo, Daniel Moyano, que permanece desaparecido. Saquearon la casa durante toda la noche y, luego de entregar a los niños a su abuelo, se llevaron a la mujer al D2, donde fue torturada con picana. “El médico se burlaba”, recordó. Otro día la encerraron en una celda diminuta y le dijeron que era “una cámara de gas”. Hacia fines de mayo la llevaron a declarar a una unidad del Ejército, donde los uniformados parodiaron un juicio, y el 7 de julio le leyeron su condena por “incitación a la violencia colectiva”. Estuvo un mes en un calabozo de la comisaría 33, luego en la cárcel de Boulogne Sur Mer y finalmente en Devoto, hasta diciembre de 1979.

A mediados de aquel año, mientras un cuñado abogado gestionaba el traslado hacia Mendoza, Allegrini recibió la noticia de la muerte de uno de sus dos hijos. No le informaron de cuál hasta que llegó al velatorio. “Me llaman a una oficina de Devoto y me dicen que me van a trasladar a Mendoza. Yo, contenta”, recordó. “Cuando llego a un vehículo de la penitenciaría me dicen que había fallecido uno de mis hijos. Me traen con gente de civil, me llevan al aeropuerto, había un despliegue impresionante, y yo no sabía cuál de mis hijos era, estaba shockeada”, dijo. En el velatorio pudo encontrarse con el cuerpo de su hijo mayor, de ocho años. El menor la acompañó ayer a declarar. Su marido recuperó la libertad en 1983 y “nunca se recuperó”, aclaró.

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal 1 le mostraron un álbum con fotos de policías, la testigo reconoció como ex miembros del D2 a Marcelo Rolando Moroy, a Antonio Marcos Ochoa, a Mario Esteban Torres, que se hacía llamar Caballo Loco, y a Pablo Gutiérrez. También creyó reconocer al médico Jorge Bajuk, actual titular de la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo. El abogado querellante Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, solicitó que se los investigue.

Lucero, ex jefe de noticias del diario Los Andes, salió de la redacción el 23 de marzo de 1976 a la medianoche con la noticia de que Isabel Perón había abandonado la Casa Rosada en helicóptero. Un par de horas después los militares se lo llevaron preso junto a su esposa. En el liceo Espejo estuvo con profesores de la universidad, dirigentes gremiales y “todos los directores de los medios de difusión”. Contó que cuando los sacaban para interrogarlos “les pegaban culatazos y algunos no volvían”. “Se dijo que los llevaban para quitarles la vida. Había dirigentes del gremio vitivinícola, supe que a uno lo mataron”, dijo. En abril lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo y nueve meses después fue liberado.

El repudio a la denuncia del ex camarista Romano contra Luz Faingold fue formulado por el MEDH, la APDH de San Rafael, la Asociación de ex Presos y Presas Políticas, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, entre otras organizaciones, a las que se sumaron el ministro de gobierno Mario Adaro y la directora de Derechos Humanos de la provincia, María José Ubaldini. El ex juez sostuvo que era falso que la secuestrada, que tenía 17 años, le hubiera pedido “tomar en cuenta sus denuncias de tormentos”. “La verdad es mucho más grave”, aclararon organizaciones y funcionarios. “Romano fue al D2, abrió la puerta de la celda, vio a la adolescente allí tirada y volvió a cerrar la puerta”, precisaron. Luego explicaron que “Romano intenta amedrentar a futuros testigos que ponen en evidencia su complicidad con los crímenes de lesa humanidad y usar el miedo como lo usó la dictadura” y exhortaron a la ciudadanía y en particular a las víctimas del terrorismo de Estado a “resistir estos últimos resabios de la tiranía, a no dejarse intimidar, a sostener en alto la luz de la verdad, aportando información sobre los crímenes y los criminales y perseverando en la búsqueda de Justicia, por más Memoria y Verdad”.

(En la foto, el imputado Tamer Yapur)

De regreso a las celdas

REVOCAN LAS EXCARCELACIONES DE CASI CINCUENTA REPRESORES DE BAHIA BLANCA

Se trata de acusados de delitos de lesa humanidad que esperaban el inicio de sus juicios en libertad. En base a pedidos del fiscal y a nuevos criterios de la Corte Suprema, los jueces ordenaron que fueran detenidos.

El juez Alcindo Alvarez Canale y el fiscal Abel Córdoba.

Publicado en PáginaI12.

Los represores que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta durante la última dictadura deberán esperar el juicio en prisión preventiva. Luego de insistentes pedidos del fiscal federal Abel Córdoba y en base a fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar del Poder Judicial, los jueces federales Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni revocaron las excarcelaciones de cuarenta y cuatro militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

“Los fallos reflejan los criterios en los que tanto insistió el Ministerio Público y corrigen una situación escandalosa que beneficiaba al noventa por ciento de los imputados”, celebró el fiscal. “Contribuyen a asegurar el proceso de justicia, imprescindible por la demora que existe”, agregó Córdoba, en referencia a los quince meses transcurridos desde que el primer tramo de la causa se elevó al Tribunal Oral que integran Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse. El proceso en Bahía marcha sobre ruedas cuadradas, de ahí la falta de progreso, pese a lo mucho avanzado, lo poco que resta y todo lo que significaría para las familias, las víctimas y la sociedad”, destacó el fiscal, que en septiembre entregó las pruebas del juicio, último paso antes de la fijación de la fecha de inicio del proceso.

La postura de la Cámara de Casación Penal que permitía dictar excarcelaciones automáticas se revirtió el 30 de noviembre. En base a argumentos de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación, el alto tribunal puso fin a la libertad de varios represores y estableció nuevos parámetros a la hora de dictar la prisión preventiva. Ordenó analizar los riesgos procesales derivados de las liberaciones, las estructuras de poder que integraban los imputados y sus actividades remanentes. Recordó la desaparición aún no esclarecida del testigo Julio López y la extraña muerte del prefecto Héctor Febres días antes de escuchar su sentencia, interpretó –en contra del criterio de Casación– que las excelentes condiciones familiares, sociales y económicas de la mayor parte de los represores eran precisamente las ideales para frustrar los procesos, destacó el compromiso internacional de garantizar los juicios asumido por el Estado y la necesidad de neutralizar riesgos.

En los primeros días de diciembre, con los argumentos de la Corte, el fiscal Córdoba pidió las detenciones del ex prófugo Alejandro Osvaldo Marjanov (cuñado de Luis Rabbi Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Salta, quien reclamó en persona “la mayor discreción posible” a los policías que allanaron la casa del militar) y del ex cabo baqueano Raúl Artemio Domínguez, ex guardia del centro clandestino La Escuelita, que había formulado declaraciones públicas contra un testigo. Alvarez Canale rechazó el pedido. El 5 de diciembre la Cámara Federal local accedió a los fundamentos del fiscal en el caso del ex policía Osvaldo Floridia, también excarcelado por Alvarez Canale, y el 23 aplicó los criterios de la Corte en los casos de los coroneles Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Farías Barrera. Con esos antecedentes, Córdoba reclamó las 44 revocatorias.

Las resoluciones de Alvarez Canale y Tentoni se produjeron el jueves y el viernes pasado. Varios imputados se enteraron antes de ser notificados, porque sus abogados se anticiparon a reclamar eximiciones de prisión mientras sus clientes procedían a guardarse. Los allanamientos en los domicilios de Alejandro Lawless, Norberto Condal y José Héctor Fidalgo dieron resultado negativo, por lo que pronto podrían convertirse en prófugos. Su abogado es el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en La Escuelita.

Hasta ayer, según trascendidos, la mayor parte de los marinos estaban detenidos. Se trata de Guillermo Botto, Carlos Büsser, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Eduardo Fracassi, Eduardo Morris Girling, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Angel Martín, Domingo Negrete, Enrique De León, Edmundo Núñez, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Pons y José Luis Ripa. También los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydi, y el ex comisario Víctor Fogelman. En la causa del Ejército, la medida alcanzó a Juan Manuel Bayón, Jorge Mansueto Swendsen, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Carlos Sticker, Alejandro Lawless, Osvaldo Laurella Crippa, Raúl Otero, Felipe Ayala, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González, Arsenio Labayén, José María Martínez, Fernando Videla, Carlos Arroyo, José Fidalgo y Miguel Villegas, y a los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Marinos con procesamientos confirmados

Fallos sobre represores que actuaron en las bases de Puerto Belgrano y Baterías

Entre los involucrados están los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales.

La base naval de Puerto Belgrano, donde actuaron los represores cuyos procesamientos fueron confirmados.

Publicado sin firma en PáginaI12.

El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca avanza a paso cansino. Mientras los imputados por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita del Quinto Cuerpo de Ejército pasan sus días en libertad, a la espera de que el Tribunal Oral Federal local de digne a fijar fecha para iniciar el proceso, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de marinos por delitos en las bases de Puerto Belgrano y Baterías. El listado incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales que comparte banquillo con Astiz, Acosta & Cía. en el interminable primer juicio de la ESMA.

Los tiempos del Poder Judicial siguen jugando a favor de la Armada. El 21 de diciembre, en Mar del Plata, el contraalmirante Roberto Pertusio y el capitán de navío Justo Ortiz se convirtieron en los primeros dos marinos condenados desde 1985 por crímenes durante la dictadura. Al ritmo actual y de no surgir imprevistos de última hora como en el juicio al finado Héctor Febres, el puñado de represores de la ESMA que juzga el Tribunal Oral Federal 5 escuchará su sentencia a mediados de 2011. Los marinos que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta están en una etapa anterior, con procesamientos confirmados. Aún más venturoso es el futuro de los camaradas que compartieron el circuito Camps con la Policía Bonaerense en La Plata, Berisso y Ensenada, donde sólo está procesado el capitán Juan Carlos Herzberg, condenado en diciembre por una apropiación ilegal.

En Bahía Blanca, sede del mayor enclave naval del país, el panorama no es menos desolador. El año pasado murieron impunes el general Adel Vilas, jefe de subzona y cara visible del terrorismo de Estado, el ex juez federal Guillermo Federico Madueño (miembro hasta 2004 del mismo TOF-5 que ahora juzga ESMA y hermano de Raúl Madueño, miembro de la Cámara de Casación Penal) y el ex alcaide Leonardo Núñez, alias “Mono”, que simulaba rescatar a los desaparecidos cuando el Ejército los tiraba en las afueras de las ciudad para encerrarlos en la cárcel de Villa Floresta.

Diferente al del Poder Judicial es el panorama en la sociedad bahiense, que de la mano de su juventud y de los familiares de las víctimas recupera la memoria, exige justicia e indirectamente genera cambios de actitudes en algunas instituciones de la ciudad. El mes pasado, tras la muerte del condenado dictador Emilio Massera, más de trescientas personas hicieron un escrache histórico frente al diario La Nueva Provincia, que despidió al ex almirante con honores, y reclamaron justicia por los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, criminalizados por la familia Massot por su actuación gremial en los años previos al golpe de Estado y fusilados en 1976 luego de permanecer tres días desaparecidos. La apología del criminal Massera fue repudiada por el Concejo Deliberante, por el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur y por las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros.

En ese contexto se conocieron las resoluciones de la Cámara sobre los marinos. El 10 de diciembre, los jueces Augusto Fernández y Angel Argañaraz confirmaron procesamientos que quince meses antes había resuelto el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Antes, el fiscal federal Abel Córdoba debió presentar pedidos de pronto despacho, recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia y plantear las demoras a la comisión interpoderes. La resolución está vinculada a un grupo de dirigentes peronistas secuestrados el 24 de marzo de 1976 y encerrados en los camarotes del crucero 9 de Julio en la dársena de Puerto Belgrano. Los mismos jueces más Ricardo Planes confirmaron el 29 de diciembre procesamientos por casos de desaparecidos vistos por última vez en la sexta batería histórica, como Cora Pioli, Horacio Russin, Néstor Grill, Jorge Del Río, Daniel Carra y Gerardo Carcedo.

Los imputados que están ahora más cerca del juicio, además de Büsser y García Tallada, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto, Hernán Lorenzo Payba, Hugo Andrés José Mac Gaul, Gerardo Alberto Pazos, José Luis Rippa, Oscar Alfredo Castro, Eduardo Morris Girling, Enrique De León y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, y el capitán aviador Domingo Ramón Negrete. También tienen procesamientos confirmados el coronel Argentino Cipriano Tauber, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, el prefecto mayor del servicio penitenciario Héctor Luis Selaya, y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.

Los negocios del clan Juliá

LA CARRERA Y LAS EMPRESAS DEL EX JEFE DE LA FUERZA AEREA

El brigadier general José Antonio Juliá fue investigado por su relación con empresas de Alfredo Yabrán y por enriquecimiento ilícito. Fundó Medical Jet SA luego de su pase a retiro y se benefició con los contratos del PAMI.

El brigadier José Antonio Juliá, padre de los dos hermanos detenidos el domingo, junto a Carlos Menem.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Jefe de la Fuerza Aérea durante la primera presidencia de Carlos Menem, el brigadier general José Antonio Juliá, padre de los dos hermanos detenidos el domingo en el aeropuerto El Plat de Barcelona, fue investigado a fines de los ’90 por su relación con empresas de Alfredo Yabrán y hasta sus últimos meses de vida por enriquecimiento ilícito. Su hijo Gustavo Adolfo, piloto del avión que transportaba 900 kilos de cocaína, se desempeñó como gerente económico-financiero del PAMI hasta la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, cuando se descubrió que también era proveedor de los vuelos sanitarios contratados por la obra social como miembro del directorio de la empresa Medical Jet SA. La firma había sido creada por Juliá padre luego de su pase a retiro y se benefició de los contratos del PAMI desde los tiempos de Víctor Alderete hasta la gestión como interventor de Horacio Pacheco, designado por el presidente interino Eduardo Duhalde y médico personal de los hijos del caudillo bonaerense. También por Medical Jet voló durante años a Catamarca el gremialista Luis Barrionuevo, titular de la denominada CGT Azul y Blanca.

El brigadier Juliá comandó la Fuerza Aérea entre el 11 de julio de 1989 y el 15 de julio de 1993. Se hizo famoso luego de que su antecesor, el brigadier Ernesto Crespo, lo acusara de ser responsable de la fortuna de Yabrán, a quien Juliá siempre negó haber conocido. Las sospechas surgieron cuando trascendió que como jefe de la fuerza había firmado contrataciones directas con Villalonga Furlong, empresa vinculada con el entonces desconocido empresario. Ese contrato dio origen a las sociedades Interbaires, que se adueñaron del negocio de los free shops de los aeropuertos, e Intercargo, que ofreció el servicio de rampas en el aeropuerto de Ezeiza, dos de los negocios más rentables del cartero.

“No fue un error” la sociedad de la Fuerza Aérea con empresas que se atribuían a Yabrán, se defendió Juliá en 1998, cuando una comisión “antimafia” lo interrogó en la Cámara de Diputados. “Nadie sabía quién era Yabrán, que saltó a la notoriedad en 1995, cuando (Domingo) Cavallo hace la denuncia y se empieza a hablar de mafia”, se defendió. “Mientras la Fuerza Aérea estuvo a cargo de Edcadassa, hasta 1992, yo controlé a la empresa y no hubo irregularidades. Sí las hubo fue después de que me fui, cuando el Ministerio de Defensa tomó la dirección del control aduanero”, señaló. El titular de Defensa eran entonces Erman Gonzalez, el amigo personal de Juliá que lo convirtió en “hombre de confianza” de Menem.

El padre de los hermanos caídos en desgracia nació el 14 de julio de 1934. Como oficial de la Fuerza Aérea estuvo destinado en Paraguay y Bolivia, donde también fue agregado aeronáutico. Durante la guerra de Malvinas fue jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Sur, que brindó asesoramiento en todas las operaciones aéreas de combate. El secretario de Planeamiento del dictador Leopoldo Galtieri era entonces el brigadier retirado José Miret, padre del otro argentino detenido en España. Durante una entrevista, Juliá calificó el conflicto bélico como una cruda y útil lección de la que rescató como saldo positivo el adiestramiento adquirido por los pilotos argentinos. En la Semana Santa de 1987, en nombre del brigadier Ernesto Crespo, jefe de la Fuerza Aérea, ofició de interlocutor ante Aldo Rico, sublevado en Campo de Mayo al frente de los carapintada.

Como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Juliá fue denunciado por haber firmado un contrato por 18 millones de dólares con la empresa Cesel SA para la compra de material destinado a la reconversión de aviones Mirage, causa en la que finalmente fue sobreseído. También fue un entusiasta impulsor del proyecto misilístico conocido como Cóndor II, desactivado durante la presidencia de Menem. “Es un proyecto que la Argentina no puede detener y que está prácticamente terminado. Lo que es discutible es su exportación o no a determinadas zonas calientes del mundo”, dijo mientras arreciaban las presiones del Reino Unido y de los Estados Unidos para que Argentina se deshiciera de esa tecnología. “Tuve peleas muy fuertes con el canciller (Guido) Di Tella por esto de las ‘relaciones carnales’ con los Estados Unidos. No llegué a las trompadas pero... Para mí el proyecto Cóndor era muy bueno”, lamentó años después.

En noviembre de 2000, el fiscal federal Paulo Starc comenzó a investigar al militar retirado por enriquecimiento ilícito: durante sus tres años como funcionario de Menem su patrimonio se había incrementado en más de 450.000 dólares. El año del pase a retiro, Juliá se compró un terreno de 1324 metros cuadrados en Martínez, a un costo de 300 mil dólares. Construyó un chalet de tres pisos con piscina que diez años después fue valuado en 1.150.000 pesos. En 1994, luego de vincularse con Lanolec, empresa que Yabrán reconoció como propia, creó Medical Jet y Federal Aviation, donde figuraban varios miembros de su familia. Juliá murió a los setenta años, el 17 enero de 2005.