Un caso ya prescripto

FALLO DE CASACION SOBRE UN ATENTADO DE 1976

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los delitos sindicados a organizaciones armadas durante la dictadura no configuran violaciones a los derechos humanos.

Para los jueces, la imputación era “generalizada” y adolecía de “orfandad probatoria”.

Publicado sin firma en PáginaI12.

La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los crímenes atribuidos a organizaciones armadas durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad y por ende se encuentran prescriptos. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo se pronunciaron en el expediente por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido tres meses después del último golpe de Estado. Destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” que incluye desde el ex jefe montonero Mario Firmenich hasta sobrevivientes de la ESMA e incluso desaparecidos, y confirmaron los sobreseimientos. Los abogados José María Sacheri y Norberto Giletta anunciaron que apelarán la resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

Al mediodía del 2 de julio de 1976 una bomba explotó en el comedor del edificio de Moreno 1431. El atentado provocó la muerte de 23 policías y de una mujer, civil, que visitaba a una amiga. Hubo sesenta heridos. La dictadura encabezada por Videla, Massera & Agosti hizo justicia a su manera. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal”, firmaron dos días después en una pared de la iglesia de San Patricio los asesinos de los sacerdotes palotinos. La causa llevó finalmente el nombre de José María Salgado, un miliciano montonero que había trabajado hasta el día anterior como policía en Superintendencia. Salgado fue secuestrado el 12 de marzo de 1977, fue torturado en la ESMA y entregado a la Federal, que antes de ejecutarlo le arrancó los ojos. “Abaten al autor de un trágico atentado”, titulaba Clarín el 4 de junio, al difundir el comunicado del Primer Cuerpo de Ejército sobre el supuesto “enfrentamiento armado”.

El primer intento de reabrir la causa fue frustrado por la jueza María Servini de Cubría. El pedido lo había formulado Hugo Biazzo, uno de los heridos, con el patrocinio de Giletta, ex juez de la dictadura y célebre por rechazar hábeas corpus por medio de su secretario Alfredo Bisordi, actual defensor del torturador Luis Patti. Los acusados por Giletta, que nunca llegaron a estar imputados por un fiscal, fueron Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Lauletta, Lila Pastoriza (ambos sobrevivientes de la ESMA), Norberto Habegger y Marcelo Kurlat, ambos desaparecidos. En 2007, la Cámara Federal confirmó que el atentado no era un delito de lesa humanidad. En 22 carillas los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah admitieron que era un episodio “aberrante”, pero que “no basta el inconmensurable daño ocasionado” para aplicar la imprescriptibilidad contemplada en el derecho penal internacional.

Los querellantes interpusieron un recurso de casación, que rechazó el martes la Sala I del tribunal penal. Los camaristas descartaron que Montoneros hubiera perpetrado crímenes generalizados contra la población y destacaron que ni siquiera está demostrado que Salgado haya sido el autor del atentado. “La orfandad probatoria es de un grado tal que impide formular cualquier tipo de imputación. Ni siquiera hay evidencias que arrojen mayores precisiones acerca de las circunstancias que rodearon el hecho”, destacó Madueño. “Ningún tribunal de Justicia puede aceptar con visos de seriedad la imputación que hace la querella en forma generalizada respecto de personas que dice pertenecieron a una agrupación que militaba en la época bajo la nominación Montoneros”, agregó.

Los magistrados rechazaron la aplicación de la categoría de lesa humanidad al hecho. “Para que una conducta sea calificada como de lesa humanidad, el acto debe haber ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático a una población civil. Esto es lo que se conoce como ‘elemento de contexto’”, apuntó Madueño. Enumeró cinco “elementos esenciales”: la existencia de un ataque; que se encuentre dirigido contra una población civil; que sea generalizado o sistemático; que la conducta del infractor forme parte del ataque, y que el autor sepa que su conducta forma parte de ese ataque.

Los jueces citaron como antecedente el fallo “René Derecho” de la Corte Suprema de Justicia, en el cual estableció que “lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”. Ante los delitos comunes, como la autoría no proviene de una estructura estatal o análoga, la víctima cuenta con la protección de la organización política que integra (en tal caso el Estado), que cuenta con medios para investigar y condenar a los culpables. En cambio, en los crímenes de lesa humanidad “las víctimas se encuentran absolutamente desamparadas porque la agresión proviene, por hipótesis, precisamente de la organización política que debe protegerla y defenderla, a lo que se suma la posibilidad de destruir pruebas y garantizar la clandestinidad por parte de quienes deberían investigar los delitos”.

El último eslabón en la cadena del terror

Un fiscal anunció que se identificó el vuelo de la muerte de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo

La Unidad Especial de la Procuración analizó 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978. Al margen de Adolfo Scilingo, condenado en España, sólo hay un procesado con prisión preventiva por participar en los “vuelos de la muerte”.

Por Diego Martínez

La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.

El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.

El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.

El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.

Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.

PáginaI12 incumple compromiso de instalar Internet

Los trabajadores de PáginaI12 reunidos en asamblea resolvimos por unanimidad repudiar y poner en conocimiento de los lectores el incumplimiento del compromiso de comenzar a instalar Internet en las computadoras, asumido por la empresa en noviembre, al tiempo que reiteramos nuestro reclamo para que se garantice el acceso a un servicio elemental para nuestro trabajo.

A cinco meses del pedido formal (se adjunta abajo) y a más de cien días de la promesa informada a la asamblea, sólo un editor tiene una computadora con “sistema dual” (combinación de DOS con Windows), en tanto decenas de trabajadores seguimos concurriendo cada día a PáginaI12 con nuestras notebooks, herramienta que aportan incluso compañeros pasantes, la mano de obra más precarizada del gremio, que cobran 1.500 pesos por mes.

Ante una nueva y difusa promesa de avanzar en la instalación de Internet y conscientes del valor de la palabra de la empresa PáginaI12, que en 2010 incumplió también su compromiso de recomponer los salarios para no quedar desfasados con la inflación, repudiamos la negativa a realizar una inversión mínima para solucionar el tema y reiteramos el pedido, con la esperanza de que se ponga fin al absurdo de tener que aportar a nuestra costa instrumentos de trabajo que debería garantizar la empresa.

Asamblea de trabajadores de PáginaI12

trabajadoresdepagina12@gmail.com

21.10.10

Carta de los trabajadores al director de PáginaI12

Estimado Ernesto Tiffenberg:

Los trabajadores de PáginaI12 hemos resuelto en asamblea apelar a este medio luego de meses de infructuosas gestiones de nuestra Comisión Interna ante gerentes de la empresa para lograr que se instale y garantice el servicio de internet en toda la redacción y en las secciones del diario que lo requieran.

Aunque es evidente para quienes recorren cada día nuestro espacio de trabajo, creemos conveniente recordar que desde la red de computadoras existente, con procesadores de texto de la década del ’80, es imposible acceder a la web e incluso al archivo del propio diario. Los editores, redactores y correctores, responsables de corroborar la información que se publica, estamos obligados a compartir una PC cada diez personas.

Como también es evidente, la carencia de esa herramienta de trabajo elemental ha derivado en que redactores, editores e incluso pasantes que cobran 1400 pesos por mes concurramos con nuestras propias computadoras, con lo cual la empresa se desentiende de la inversión y también de los riesgos, pagados de nuestro bolsillo cada vez que las máquinas se rompen.

También es un dato de la realidad, tal vez menos visible, que algunos escribimos desde nuestros hogares, fuera del horario de trabajo, para evitar la pérdida de tiempo que implica esperar turno en el puñado de máquinas de uso colectivo.

Tener que explicar en 2010 la importancia y los usos de la web, el correo electrónico o las redes sociales para el trabajo de una redacción es tan obvio que, pensamos honestamente, carece de sentido. La propia empresa admite la relevancia -a su manera- al instalar enchufes para facilitar las conexiones.

También son un buen parámetro las fechas en las que otros diarios han completado la instalación de internet: Perfil en 1998, La Nación en 1998/99, Clarín en 1999/2001, y Ámbito Financiero en 2001/2003, es decir hace siete años en el peor de los casos. En los nuevos diarios, como Tiempo Argentino o Miradas al Sur, todos los puestos de trabajo tienen internet.

Se trata de una inversión mínima para adquirir una herramienta de trabajo imprescindible y que sin duda redundará en mejorar la calidad del diario.

Saludamos al director atentamente, con la sincera esperanza de que tome cartas en el asunto.

Asamblea de trabajadores de PáginaI12

trabajadoresdepagina12@gmail.com

Encubrimiento y complicidad judicial

Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983. Sigue en funciones porque presentó una medida cautelar.

El juez mendocino Otilio Romano logró frenar por ahora su juicio político.

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Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado ayer por encubrir crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La resolución del juez federal Walter Bento alcanzó también a su ex colega Luis Francisco Miret, destituido del mismo cargo la semana pasada por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Si bien la resolución del magistrado adjudica un rol más activo a Romano, procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, la mayoría contra personas que permanecen desaparecidas, el camarista logró evitar hasta ahora su destitución gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura, que ahora sí podrá suspenderlo en el cargo.

La complicidad de Romano con el terrorismo de Estado se conoce desde 2009 por la denuncia penal que presentaron abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Mendoza y dos de las trescientas víctimas que pasaron por Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ampliada luego por el fiscal general Omar Palermo.

Hombre fuerte del fuero federal cuyano desde hace cuatro décadas, Romano logró obstaculizar la investigación recusando a quienes la impulsaban y presentando certificados médicos para postergar su declaración indagatoria, siempre con el respaldo de viejos amigos. Después de prestarse a recusar a Bento, el también camarista Julio Petra fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico con su amigo y compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line. Petra sigue siendo presidente de la Cámara y ayer recibió otra mala noticia: el procesamiento de Bento incluyó a su primo hermano Guillermo Max Petra Recabarren, también por omitir investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura, en su caso como juez federal subrogante y por 22 hechos.

En el Consejo de la Magistratura, donde también fue denunciado por los organismos y el Ministerio Público, Romano tuvo más suerte que Miret. Ambos renunciaron al cargo para intentar evitar el jury de enjuiciamiento de magistrados, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández, que les frustró la maniobra. La diferencia es que mientras Miret debió afrontar un proceso y terminó destituido, Romano logró burlar al organismo que debería evaluar su actuación gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada. Parellada fue denunciado a su vez por el sobreviviente D2 Fernando Rule como amigo íntimo de Romano, compañero de fuero durante la dictadura y padre de una mujer a quien el camarista contrató como empleada en su tribunal.

La resolución de ayer del juez Bento destaca en el caso de Romano la “presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal y juez federal subrogante, en hechos que habrían cometido miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión (sic) entre los años 1975/1983, facilitando la impunidad de los responsables y la continuidad del mismo”. Lo sindicó como partícipe secundario de 76 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas y le embargó sus bienes por veinte mil pesos.

En el caso de Luis Miret, alias “Catalán”, Bento lo procesó “por haber omitido promover las investigaciones faltando a la obligación de su cargo de juez federal subrogante” en 35 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y violación de domicilio. La resolución también incluye a quien fuera juez federal titular de Mendoza durante la dictadura, Rolando Evaristo Carrizo, por haber omitido investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. Bento embargó los bienes de Miret y Petra Recabarren por diez mil pesos, y por cinco mil en el caso de Carrizo.

“Mendoza ha hecho fundamentalmente dos aportes al proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina: uno es el avance contra los jueces cómplices de la dictadura, y el otro, a partir de la valentía de las compañeras, es que salieron a la luz los ataques sexuales como parte del plan sistemático”, evaluó ayer Pablo Salinas, abogado del MEDH y uno de los impulsores de la denuncia contra Romano, Miret & Cía. junto con Viviana Beigel, Alfredo Guevara, Diego Lavado y Carlos Varela.

“La complicidad judicial existió en todo el país. La diferencia es que en Mendoza hemos logrado denunciarlos, hemos logrado que un fiscal de la democracia los acuse y que un juez de la democracia los procese”, celebró Salinas. Enfatizó que, según la resolución de ayer, Miret llegaría a juicio oral por no promover investigaciones en 36 casos y ya fue destituido, en tanto “Romano fue procesado como partícipe en 76 hechos, delitos mucho más graves, y no sólo no está destituido, sino que sigue cobrando su sueldo como juez gracias a la Argentina de las cautelares, que le permitieron frenar la investigación durante más de un año”, lamentó. El procesamiento cambia el panorama. El Consejo de la Magistratura tiene la palabra.

“Es todo una maniobra política”

LAS EXPLICACIONES DE LOS CAMIONEROS SOBRE “LA CAMPAÑA MEDIATICA” CONTRA MOYANO

El sindicato de base del líder de la CGT llamó a una rueda de prensa para denunciar el hostigamiento que sufre el camionero por parte de sectores políticos y periodísticos. “Si tocan a Moyano qué quilombo se va a armar”, corearon en el sindicato.

El secretario de prensa de Camioneros, Raúl Altamirano, y el dirigente Víctor Pistone.

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Un exhorto de la Justicia suiza en una causa por lavado de dinero en el que se solicita información sobre el titular de la CGT, Hugo Moyano, derivó ayer en una convocatoria del Sindicato de Camioneros a un cese total de actividades con movilización a Plaza de Mayo para el próximo lunes. El secretario de prensa de Camioneros, Raúl Altamirano, afirmó en conferencia de prensa, antes de recibir cualquier notificación formal, que el requerimiento judicial es parte de “una maniobra política por el avance de los trabajadores”. Consultado sobre el rol del Gobierno en la presunta maniobra, respondió que “la relación es buena, pero no descartamos nada”. El vocero del gremio enumeró lo que llamó “permanentes agravios de la prensa” y sugirió la posibilidad de “ir a la puerta (de los diarios) con mil o diez mil compañeros a pedir pruebas de lo que publican en sus páginas”. Un centenar de camioneros, convincentes, abrió y cerró la conferencia coreando: “Si tocan a Moyano qué quilombo se va a armar”.

Altamirano anunció la drástica medida como respuesta a “reiterados y permanentes ataques y mentiras que sufre Moyano e indirectamente los trabajadores”. Precisó que la convocatoria es para “todas las ramas a nivel nacional”, incluidos los transportes de combustibles, de caudales, de larga distancia y los recolectores de residuos. No descartó la presencia de “otros gremios que quieran apoyar”. “Convocamos a concurrir a las seis al trabajo, no tomar servicio y movilizarse a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país”, pidió sin vueltas.

–¿El cese es por el día o por tiempo indeterminado?

–Lo determinaremos el lunes –respondió Víctor Pistone, secretario administrativo de los camioneros bonaerenses.

–¿Qué pasa si el Gobierno pide que revean la medida? –indagó una periodista.

–La medida no tiene revisión –aseguró Pistone y explotó la barra.

“Estamos cansados de las mentiras, la guerra mediática, las falsas denuncias hacia Moyano”, leyó Altamirano, y comenzó a enumerar. “En 1989 lo acusaron de tenencia de drogas, fue detenido siendo diputado provincial y luego sobreseído”, en “una causa armada por el secretario de informaciones de Menem, Tata Yofre, que lo reconoció”, afirmó. “Después dijeron que tenía 40 mil hectáreas de campos en Henderson y La Pampa. Todavía está esperando la escritura”, ironizó. Agregó que “los medios saben quiénes son los verdaderos dueños, pero no dicen nada”. Continuó con el asesinato del ex tesorero de camioneros Abel Beroiz: “Primero Moyano era el ideólogo, después casi el autor, Clarín lo sacó con las manos ensangrentadas, le hicimos un juicio”, dijo. “Hoy hay ocho detenidos y está procesado pero libre el autor intelectual”, agregó. Adjudicó la denuncia de vínculos con la Triple A en los ’70 a “un mitómano denunciado por su propio hermano y que no probó nada”, en referencia a Carlos Petroni.

Recién entonces, por primera vez en la conferencia, Altamirano se refirió al pedido del Ministerio Público suizo. “Hoy, según los medios, Moyano es socio de Covelia”, una empresa de recolección de residuos del conurbano y algunas ciudades del interior bonaerense registrada a nombre de Ricardo Rubén Depresbiteris, una de cuyas cuentas bancarias investiga la Justicia helvética. “Años atrás también lo vinculaban con Yabrán y nunca se probó”, siguió Altamirano, sin extenderse sobre la relación con Covelia, que el sindicalista siempre negó.

La enumeración de “ataques” a Moyano siguió por la investigación de la “mafia de los medicamentos”, con la que descartó cualquier vínculo, y con “un presunto pacto con Duhalde”. “No habla hace años. Los trabajadores tenemos memoria y Duhalde fue el vicepresidente de Menem, que destruyó el país”, afirmó. Luego apuntó a la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. “Como funcionaria no denunció nada y ahora vive denunciando”, dijo.

Dedicó un párrafo especial al periodista Oscar González Oro. “Cuando Moyano apoyaba el matrimonio igualitario era su ídolo. Cuando se presentó a la licitación del club Comunicaciones, su jefe Daniel Hadad le ordenó defenestrarlo”, aseguró, y diferenció el objetivo del camionero de convertir a Comunicaciones en “un club social”, con el del empresario, de “construir un estadio, un hotel y un shopping”.

“Los trabajadores estamos cansados y decimos basta”, arengó Altamirano y sugirió que “no es casual que aparezcan los agravios justo cuando se discuten paritarias o cuando pedimos que suban el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias”. “Es histórico que un fiscal suizo pida información, por lo general es al revés”, dijo, y sugirió la existencia de “una maniobra política para ensuciar a Moyano”.

–¿Maniobra política de quién?

–De quienes tocamos intereses –respondió Pistone–. De empresarios y políticos y de los medios que se prestan.

Miret, sin más banca

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DESTITUYO AL CAMARISTA FEDERAL DE MENDOZA

Por unanimidad, los siete integrantes del jury decidieron que Luis Miret dejara su cargo por “mal desempeño”, al considerar probado que omitió investigar y denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas durante 1975.

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento leyeron el veredicto sin la presencia de Luis Miret.

Publicado en PáginaI12.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó de su cargo por el causal de mal desempeño a Luis Francisco Miret, miembro de la Cámara Federal de Mendoza desde la última dictadura hasta el año pasado. El tribunal consideró probado, con el voto unánime de sus siete miembros, que Miret omitió investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza en agosto de 1975, delitos denunciados por las víctimas en cautiverio y constatados en persona por el entonces juez federal subrogante. El flamante ex magistrado, que no presenció la audiencia en el Consejo de la Magistratura, había renunciado a su cargo con la esperanza de evitar el juicio político, maniobra que frustró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al rechazarle la dimisión. La investigación sobre la actuación de Miret durante el terrorismo de Estado continuará ahora en los estrados judiciales cuyanos, donde también está imputado Otilio Roque Romano, fiscal durante la dictadura y ex colega de Miret en la Cámara de Mendoza.

La causa que le costó la carrera a Miret comenzó a mediados de 1975 con detenciones en una manifestación de metalúrgicos. El sumario por infracción a la ley 20.840, de “seguridad nacional”, que el entonces defensor oficial instruyó como juez federal subrogante, continuó con allanamientos de madrugada en autos particulares y sin testigos e interrogatorios de personas amordazadas y vendadas en el D2, que meses después se convertiría en el principal centro clandestino de detención de Mendoza, a doscientos metros de la Casa de Gobierno.

–¿Cómo se siente? –le preguntó Miret a Hugo Tomini en su calabozo, al día siguiente de ser torturado, con “un estado físico tan deplorable que no pude levantarme”, según relató ante el Consejo.

–Dolorido –atinó a responder Tomini.

–Hay que aguantar –le aconsejó el magistrado.

Tomini no creyó que aquel hombre fuera juez, pensó que era “una patraña de la policía”. Tres días después, trasladado a tribunales para prestar declaración indagatoria, se sorprendió al constatar que quien juzgaría su conducta era el hombre que le había sugerido resistir la tortura.

León Glogowski contó ante el tribunal que cuando recibió la visita de Miret en el D2 estaba shockeado por las torturas y con un labio roto por los golpes. A pesar de las amenazas “hice de tripas corazón”, dijo, y denunció los padecimientos de los detenidos, incluidos los gritos de su novia de 17 años, encerrada en el calabozo vecino, quien pedía por favor que dejaran de violarla. Cuando Glogowski relató que además se ensañaban por su condición de judío, el juez le dijo: “¡También, con ese apellido!”.

“Miret tuvo noticia verosímil y directa de los delitos cometidos contra detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la policía mendocina, cuyo jefe era el vicecomodoro Julio Santuccione”, concluyó el tribunal presidido por el juez Carlos María Bossi. En lugar de identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos, Miret “omitió toda diligencia”, agregó, y rechazó que “la alegada excusa de postergar la actuación pueda servir para justificar” su pasividad.

El Jurado de Enjuiciamiento explicó en sus conclusiones que las denuncias recibidas por Miret en el D2 lo colocaron frente a “un profundo dilema”, que no sólo incidiría sobre la situación de las víctimas, sino sobre “su carrera y probablemente la imagen de su persona”. O bien tomaba los recaudos para garantizar la integridad de los denunciantes, o bien los desoía “por el solo hecho de provenir de imputados por delitos de subversión” y, “sin asumir mayores responsabilidades”, los dejaba “librados a su suerte”. Miret optó por la segunda actitud, decisión que para el Consejo “vicia su aptitud moral para ejercer la magistratura”.

El tribunal minimizó que el Senado hubiera aprobado el pliego de Miret tras el retorno de la democracia, porque no se acreditó que los legisladores conocieran los hechos puntuales. Apuntó como agravante que “transcurridos más de treinta y cinco años y pasados varios gobiernos constitucionales, mientras el doctor Miret conservaba su investidura, nunca intentó remediar aquella grave falta, ya sea mediante su propia actuación jurisdiccional o denunciando aquellos hechos que había conocido sin hacer nada al respecto”. “Nada permite afirmar que una próspera carrera judicial ni una brillante actuación académica como la que dice tener Miret pueda saldar la deuda que contrajo con las víctimas de aquellos delitos, que se han hecho presentes personalmente o representados por organizaciones de derechos humanos para reclamar que el acusado se responsabilice de aquellas faltas graves”, concluyó.

El jurado que destituyó a Miret, presidido por Bossi, estuvo integrado por el juez Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti. El arquitecto Katz fue el único consejero que votó en disidencia sobre la responsabilidad de Miret por no investigar la violación a una menor de 17 años y permitir que siguiera en cautiverio. El ex intendente de Mar del Plata sostuvo que como la violación es un delito de acción privada que la víctima no había denunciado, el relato de su novio en el calabozo vecino no era motivo suficiente para destituir al juez.

El tribunal desestimó dos de las acusaciones contra Miret, formuladas originalmente por el ex consejero Héctor Masquelet y ya en el jury por Hernán Ordiales, Carlos Moreno y Alejandro Fargosi. La primera era por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad de Mendoza pese a su íntima amistad con el general Juan Pablo Saa. El jury sostuvo que, por la particularidad del proceso (sin consecuencias penales), su actuación “no se encontraba prohibida” y agregó que tampoco se había acreditado “falta de imparcialidad”. La segunda fue por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar el paradero de la hija de una pareja de desaparecidos. El jurado lo consideró “un error judicial fácilmente reversible”. En ambos casos votaron en disidencia y a favor de la destitución el diputado Landau y el senador Calcagno.

Los soldados de Massot, al banquillo

Empieza en abril el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca

Habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.

El represor Julián Oscar “Laucha” Corres, hoy excarcelado, al ser recapturado tras fugarse.

Publicado en PáginaI12.

A 35 años del comienzo de la dictadura, con los íconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Taffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.