sábado, 26 de noviembre de 2011

Patti procesado por el asesinato del periodista Ricardo Giménez


Por Diego Martínez
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Luis Abelardo Patti cumple condena en Ezeiza.
Dos días antes de celebrar su primer cumpleaños como condenado, Luis Abelardo Patti fue procesado el jueves por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Miguel Giménez, el primer desaparecido de Escobar. Militante de la Juventud Peronista de zona norte y redactor del diario El Actual, donde escribía sobre los trabajos sucios de la Policía Bonaerense, Giménez fue secuestrado en enero de 1976 y no hubo rastros de su paradero hasta 2007, cuando un registro burocrático permitió probar que lo asesinaron después de 23 días en cautiverio. El ex intendente de Escobar, que hoy festejará sus 59 años en el hospital de la cárcel de Ezeiza, fue procesado esta vez por el juez federal subrogante de Campana, Adrián González Charvay, que embargó sus bienes por un millón de pesos.
Giménez trabajaba en el diario que dirigía Tilo Wenner, poeta y periodista asesinado días después del golpe de Estado. Se ocupaba de investigar las tareas ilegales de la Policía Bonaerense para desactivar conflictos gremiales y amedrentar militantes. Las denuncias le valieron varios hostigamientos, en particular de agentes de la comisaría de Escobar. En diciembre de 1975 un grupo de tareas de policías y civiles allanó de madrugada la casa de los tíos de Giménez. Destruyeron la casa, buscándolo en un supuesto escondite, pero no lo encontraron. El 7 de enero de 1976 la patota invadió la casa de sus abuelos en Loma Verde, en Escobar. Lo secuestraron ante la presencia de sus hijos, entre otros familiares, y robaron hasta el bombeador de agua. Parientes y compañeros lo buscaron y publicaron solicitadas en las que hacían responsable a la policía. La Justicia sobreseyó la denuncia cinco meses después.
El cadáver desfigurado, mutilado y maniatado apareció el 30 de enero de 1976 a la mañana, veintitrés días después del secuestro, en una zona despoblada conocida como La Quema, en Moreno, donde los recolectores descargaban la basura de la ciudad. La División Documentos de la Policía Bonaerense lo identificó por las huellas, pero los restos se inhumaron con “NN masculino” en el cementerio de Moreno, con el visto bueno del Juzgado Penal 4 de Mercedes. El registro lo descubrió y aportó a la causa en 2007 la Dirección General del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. Intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense, pero fue imposible restituir los restos a la familia porque en 1982 habían sido trasladados al osario general.
Las amenazas de Patti a Giménez, que no ocultaba su militancia y recorría Escobar como periodista, comenzaron en 1973, apuntó el juez González Charvay. Los trabajadores de la imprenta Rayo, donde se editaba El Actual, solían verlo de civil, en un Peugeot 504 color mostaza, registrando los movimientos del diario. También vigilaba las reuniones en el sindicato del Fatre o en casas de familia. Patti fue reconocido la madrugada de 1975 cuando fueron a secuestrarlo a la casa de sus tíos. “Nunca lo conocí”, afirmó durante su declaración indagatoria, sin obligación de decir la verdad. El juez enmarcó el caso en “un modelo sistemático orquestado y organizado por sectores del Ejército que junto con fuerzas de seguridad, en particular con la comisaría de Escobar, actuaban con la finalidad de exterminar a grupos políticos, sociales, estudiantiles y gremiales, y también a organizaciones armadas”.

jueves, 24 de noviembre de 2011

COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE PAGINA12 (24.11.11)

La asamblea de trabajadores de Página12 repudia la censura en los artículos de nuestro compañero Darío Aranda sobre el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, militante del Mocase-VC de Santiago del Estero. En dos notas consecutivas, la primera sobre el crimen y la segunda sobre la marcha de repudio, el diario eliminó los párrafos que informaban que el gobernador de la provincia donde se produjo el asesinato se llama Gerardo Zamora, se define como un “radical K” alineado con el gobierno nacional, y que no se pronunció sobre un hecho de innegables connotaciones políticas ni respondió a los llamados del periodista. Esos datos elementales, que con ningún justificativo se pueden dejar de informar a los lectores, fueron eliminados de lascrónicas sin avisarle al periodista ni retirarle su firma.

Darío es un periodista que recorre el país para cubrir sin intermediarios las luchas de campesinos e indígenas. Sus investigaciones sobre los conflictos derivados de la expansión de los agronegocios, el atropello de los derechos de las comunidades que habitan sus tierras desde tiempos ancestrales y la complicidad de autoridades políticas y judiciales han sido tapa de PáginaI12 durante años. Su compromiso y honestidad le han valido el respeto no sólo de las organizaciones a las que supo hacer visibles, sino también de sus compañeros y de los lectores.

Su situación laboral, sin embargo, es de absoluta precariedad: trabaja desde hace siete años como “colaborador”, sin garantías de estabilidad, sujeto al humor de la empresa, con pagos que en el último año promedian poco más de 500 pesos, costeando los viajes de su bolsillo o con la ayuda de organizaciones campesinas. Por tratarse de un “caso testigo” de precariedad y maltrato, sus compañeros de PáginaI12 solicitamos a la empresa el pase a planta permanente de Darío Aranda, porque entendemos que esa es la solución. Con eso, además, se garantizará que pueda seguir aportando su experiencia y sus conocimientos en los temas de su especialidad, pero a cambio de un sueldo digno, como corresponde a todo trabajador.

También queremos dejar sentado que exigimos que de ahora en más no se repitan hechos de esta naturaleza y en el caso de que algún editor modifique el contenido de las notas contra la voluntad del periodista, se respete el derecho básico a retirar la firma.

Asamblea de Trabajadores de Página 12

miércoles, 23 de noviembre de 2011

“Aportar al estado de conciencia”


DEBATE SOBRE EL ROL DEL PERIODISMO DE INVESTIGACION EN EL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Por Diego Martínez
“El rol más importante de los periodistas es aportar a la modificación de los estados de conciencia y de las relaciones de fuerza, para que sean las sociedades las que se den los instrumentos que permitan terminar con la impunidad”, explicó Horacio Verbitsky. “Los periodistas deben recuperar su voz autónoma del poder político, del Poder Judicial y también de los propietarios de los medios”, propuso la prestigiosa periodista chilena Mónica González Mujica. “Tenemos que dejar de ser googlistas y ser periodistas”, planteó el colega uruguayo Roger Rodríguez. “Una contribución importante del periodismo en mi país es valorizar las historias de vida, la emoción”, afirmó el brasileño Iván Marsiglia. Las definiciones se escucharon ayer en un panel sobre “Aportes del periodismo de investigación al proceso de memoria, verdad y justicia en la región”, en el marco de las jornadas para corresponsales extranjeros organizadas por el programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de Presidencia de la Nación.
Verbitsky hizo un repaso por publicaciones en dictaduras y en democracia para destacar que en el oficio “lo fundamental es la voluntad”. Como antecedente lejano citó la investigación sobre los fusilamientos de 1956, recordó que Rodolfo Walsh “se apuró para que no le ganaran de mano los grandes medios y después se dio cuenta deque no competía con nadie”. Sobre la última dictadura, recordó el rol de la Agencia de Noticias Clandestina, destacó que sólo un 30 por ciento de la información era exclusiva, que los cables llegaban a los diarios y que sin embargo se limitaron a reproducir las falacias militares. “Se burlaban de la inteligencia de los lectores. Clarín o La Nación publicaban comunicados de forma acrítica, acompañaban con editoriales apoyando a la dictadura y se beneficiaban como socios de este Estado terrorista en la construcción y operación de la planta de papel”, recordó. Agregó que, ya en democracia, “medios como Humor, El Periodista o Página/12 se hicieron cargo de una responsabilidad que no interesaba a los grandes medios”. “Los periodistas somos emergentes de la sociedad, igual que los jueces o los organismos de derechos humanos. No somos ni mejores ni peores, somos parte de un colectivo”, recordó.
González Mujica, directora del Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile, recordó que durante la dictadura de Pinochet hubo periodistas que fueron víctimas, “pero también hubo cómplices e incluso autores de homicidios”. Diferenció dos actitudes ante al régimen. “Hubo periodistas de medios oficiales, pero con una valentía impresionante, que colaboraron con información para saber la verdad”, opción que implicó “dormir con el enemigo”. La segunda consistió en “investigar noches completas” a partir de datos aislados: una camioneta, una patente, una descripción física, y al mismo tiempo “buscar la corrupción del dinero”. Si a partir de 1990 “toda la historia estuvo en los tribunales fue por la labor heroica de familiares, sobrevivientes, abogados, funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y también de periodistas”, recordó.
“Hoy estamos en un momento complicado por el crimen organizado en México, Honduras, Guatemala”, saltó al presente González Mujica. En esos países “están hoy los esclavos de la ESMA”, comparó. “Más que nunca es necesario juntar nuestras fuerzas –reclamó–, porque el modelo es copia exacta del de Seguridad Nacional, para ocupar zonas y hacer prisioneros a miles de pobladores vulnerables, acaparándoles sus tierras”. “El periodismo tiene que ganar poder, porque hoy día puede ser también la voz de aquellos que se sienten desolados por la falta de mística, de una fuerza que convoque a quienes creen que no hay grietas”, concluyó.
Rodríguez recordó las dificultades para escribir sobre el gobierno militar en Uruguay aun en democracia. Contó que enviaba sus investigaciones a Jair Kriske, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, quien las traducía y publicaba en el periódico Cero Hora. “Una semana después de enviarlas, escribía ‘Cero Hora informó que...’ No me vengan con que no se puede hacer todo”, planteó. Tras repasar las consecuencias de la impunidad, destacó que “los medios se transformaron en cañones” y “su tenencia y control es una batalla”.
Iván Marsiglia, editor del periódico Estado de Sao Paulo, se refirió a las dificultades de Brasil para enfrentar su pasado, a “la resistencia al debate” y al escaso apoyo de los medios a la formación de la Comisión de la Verdad, que acaba de anunciar la presidenta Dilma Rousseff. “Ninguno se manifestó abiertamente en contra, pero todo el tiempo se hizo mención al revanchismo, al riesgo de romper el proceso de ‘reconciliación’. No es (un discurso) fácil de quebrar”, explicó. En ese contexto destacó la importancia de poner ante los ojos de la sociedad brasileña las historias de vida de las víctimas, que “tocan a todos, de izquierda o derecha”.

sábado, 19 de noviembre de 2011

La última batalla del condenado Patti


El represor condenado a perpetua solicitó dejar el penal de Ezeiza por sus problemas de salud. Reclama ir a su casa y traslados a la clínica Fleni. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó determinar cuál es su estado y en función de eso definir dónde continúa preso.

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Mientras se decide su situación, Luis Patti seguirá en el hospital del penal de Ezeiza.
El Tribunal Oral de San Martín que condenó al ex subcomisario Luis Abelardo Pa-tti a prisión perpetua en cárcel común deberá requerir informes actualizados sobre la salud del torturador y volver a pronunciarse “con celeridad” sobre el lugar de cumplimiento de la sentencia. La orden la impartió la Cámara Federal de Casación Penal ante un planteo de la defensa de Patti, que en base a sus problemas de salud reclama el beneficio del arresto domiciliario y traslados a la clínica privada Fleni de Escobar para someterse a un tratamiento de rehabilitación. El ex policía continuará mientras tanto en el hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
La pelea de Patti por volver a casa es anterior al juicio. Preso en Marcos Paz desde noviembre de 2007, el hombre que se ufanaba de sus crímenes mientras reinaba la impunidad obtuvo, a principios de 2010, autorización para operarse de una lesión en los ligamentos cervicales. Un accidente cerebrovascular durante la intervención le permitió instalarse en la clínica Fleni, donde durante meses recibió visitas con escasos controles y se sacó fotos disfrazado de payaso. Cuando comenzó el juicio oral se le desdibujó la sonrisa y optó por ingresar al auditorio de José León Suárez en camilla, acostado y con los ojos cerrados. El 26 de mayo, tras la condena por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín ordenó su traslado al hospital del Servicio Penitenciario Federal en Ezeiza.
El caso llegó a Casación por un recurso de la abogada Verónica Corbacho, que entró en escena tras los frustrados esfuerzos del ex camarista Alfredo Bisordi, quien pasó a retiro tras la sentencia. La defensora argumentó que Patti es “un discapacitado motriz y visual” que requiere asistencia hasta para vestirse o ir al baño y afirmó que los hospitales del Servicio Penitenciario “no poseen la accesibilidad al medio espacial y arquitectónico indispensable” para su cliente, a quien considera sometido a “un trato cruel e inhumano”. Corbacho pidió entonces el arresto domiciliario y la rehabilitación en la clínica Fleni de Escobar.
El fiscal general Javier de Luca, en cambio, cuestionó la falta de imparcialidad de los informes médicos elaborados por los médicos de la clínica que Patti inauguró cuando era intendente de Escobar, destacó que en el hospital penitenciario cuenta con atención médica las 24 horas y que en definitiva la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad es del Estado y no de particulares. En el hospital del penal de Ezeiza Patti pasa sus días en una habitación amplia, luminosa, limpia, con estanterías, plantas y portarretratos, según documentó la semana pasada la revista XXIII.
La Sala II de Casación coincidió con De Luca en que la salud del imputado es “una situación dinámica” que exige contar con “elementos de juicio actuales” sobre el estado y el pronóstico de Patti. Los jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Liliana Catu-cci consideraron que “la omisión” de encomendar un informe al Cuerpo Médico Forense implicaba “arbitrariedad de sentencia” por parte del tribunal de San Marín, cuestionaron que “tampoco obra en autos un detalle de las condiciones actuales de alojamiento” y que sus pares se pronunciaron sin antes conocer las prestaciones de los centros médicos que la prepaga de Patti ofreció para realizar la rehabilitación. Los magistrados aclararon que la decisión de anular la decisión del tribunal de San Martín no implicaba anticipar un juicio a favor del arresto domiciliario de Patti, sino propugnar “un pronunciamiento fundado”, por lo que devolvieron la pelota el tribunal que preside Lucila Larrandart para que “con celeridad” vuelva a pronunciarse sobre dónde debe pasar el resto de sus días el condenado Patti.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Un lustro después, el almirante Godoy será indagado por espionaje ilegal


Por Diego Martínez
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El almirante Jorge Godoy será indagado como responsable del espionaje ilegal una base de la Armada.
El almirante Jorge Godoy, jefe de la Armada, será indagado hoy por el juez federal Daniel Rafecas como máximo responsable del espionaje ilegal por el que una docena de marinos serán juzgados el próximo año. Godoy se benefició en 2008 con una falta de mérito, apelada por el Ministerio Público y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y en 2009 por un oportuno salvataje de la Cámara de Casación Penal, que le quitó el expediente a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia cuando se aprestaba a pronunciarse. Los magistrados patagónicos no dudaron al confirmar los procesamientos de miembros de la oficina de inteligencia de la Base Almirante Zar de Trelew que la cúpula naval “dio las pautas generales para efectuar las tareas vedadas”. El eventual procesamiento del jefe del Estado Mayor de la Armada, pedido por el fiscal federal Federico Delgado, implicaría el fin de la carrera de Godoy, nombrado al frente de esa fuerza por el ex presidente Néstor Kirchner en junio de 2003.
La causa se inició en 2006, cuando un cabo de la Base Zar se presentó en el CELS para denunciar las tareas ilegales que se resistía a cumplir. El juez federal Jorge Pfleger realizó un allanamiento exitoso en la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval 3 de Trelew y varios frustrantes en oficinas similares alertadas a tiempo. La documentación secuestrada incluía informes ordenados y clasificados sobre dirigentes sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios, incluida la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.
La investigación probó la existencia de un sistema de inteligencia ilegal de alcance nacional, que burlaba las leyes de Seguridad Interior, Defensa e Inteligencia nacionales. Los artilugios de las defensas, sin embargo, dilataron los tiempos. En diciembre de 2007, al revocar sobreseimientos de tres altos jefes navales, la Cámara de Comodoro afirmó que “sin dudas la Armada como organismo militar tenía a la política interna como clara hipótesis de trabajo y no conforme con ello ‘obtenía información’ y ‘almacenaba datos’ de personas sin estar autorizada”.
El CELS y el fiscal Fernando Gelvez pidieron entonces la imputación de Godoy. A la sistematicidad de las tareas ilegales con el fin evidente de facilitar la toma de decisiones institucionales, el organismo agregó que Godoy había aprobado y firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) de 2005, con objetivos que permitían el espionaje interno: las “amenazas asimétricas” y la “comunicación institucional y contrainteligencia sobre todo actor que pretenda incidir contra la institución”.
Godoy sugirió en su indagatoria que las tareas ilegales habían sido iniciativas de ovejas descarriadas, hecho que contraría la lógica de funcionamiento de la estructura militar y lo descalificaría como jefe, pero obtuvo una falta de mérito del juez Hugo Sastre y siguió al frente de la Armada. Con la excusa de que el PBIN se había redactado en Buenos Aires, instaló además un conflicto de competencias que le valió tres años de changüí. Su suerte comenzó a revertirse en junio de 2010, cuando la Cámara Federal porteña rechazó su pedido de sobreseimiento. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah manifestaron su sospecha de que el espionaje ilegal respondía “a una actividad generalizada de las distintas seccionales de la Armada” y le ordenaron a Rafecas profundizar la búsqueda y análisis de la prueba.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Vuelo hacia el juicio oral


Por Diego Martínez

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Un avión Skyvan. Uno de los modelos usados para arrojar secuestrados vivos al mar durante la última dictadura.
Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de “tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”.
La resolución de la Cámara Federal que confirma los procesamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres lleva las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah e incluye a otros dos acusados: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, ex defensor de sus compañeros de la ESMA, denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojar al vacío, y el suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, quien relató su actuación en los vuelos en los años ’80 ante sus compañeros de trabajo. El ex mecánico de la Armada trabajó hasta el día de su detención en Aerolíneas Argentinas, igual que Arru y De Saint George, que eran comandantes de vuelos internacionales.
El capitán Emir Sisul Hess, quien confesó sus crímenes en privado en los ’90, es por el momento el único imputado por su participación directa en los vuelos que ya está en manos del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que condenó al primer grupo de 16 represores de la ESMA y que a mediados de 2012 comenzaría el segundo proceso oral y público. A fines de septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio Alberto Poch, el ex piloto que confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia. De los tiempos que demore la elevación a juicio y del criterio de acumulación de causas que adopte el tribunal que preside el juez Daniel Obligado dependerá que Poch y los cinco acusados que desde esta semana tienen procesamiento firme sean juzgados a partir del próximo año o recién en un tercer proceso, que al ritmo actual no arrancaría antes de 2015.
De Saint George, Arru y D’Agostino fueron imputados a partir del estudio de 2800 planillas de vuelo de los Skyvan de Prefectura, realizadas por la Unidad Especial sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y de testimonios de ex suboficiales y civiles que prestaban servicios para Prefectura obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio. Entre quienes tenían “la sartén por el mango” con los vuelos de la muerte, según un ex prefecto que declaró en la causa, también estaban los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, que está radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA.
La impunidad de Fariña es difícil de explicar. Su nombre completo figura desde enero de 1984 en una carta enviada al presidente Raúl Alfonsín por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”. Se lo sindica con todas las letras como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña conducía la División Aviación (DAV), que integraban apenas catorce pilotos y una docena de mecánicos. Entrevistado por Página/12, primero negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”. Su imputación está en manos del juez Torres, que instruye la megacausa ESMA, y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien consultado para esta nota no recordó haber pedido su citación para prestar declaración indagatoria.
De Saint George, Arru y D’Agostino eran en 1977 oficiales principales. Sus superiores inmediatos eran Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. El bahiense D’Agostino era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en el aeroparque Jorge Newbery. Diecisiete días después del vuelo que lo distingue de los pilotos de los Skyvan que continúan en libertad fue elogiado por Zaldúa por el “dominio de sus reacciones emotivas” y porque “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En 2003 murió el mecánico que participó del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

jueves, 3 de noviembre de 2011

Un fiscal pide la indagatoria del juez Hooft. ¿Otro acusado rumbo a Chile?


Está señalado como partícipe en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional de Mar del Plata.

Por Diego Martínez
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El juez Pedro Hooft, especialista en bioética.
El juez penal marplatense y presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética, Pedro Federico Hooft, podría ser citado en los próximos días a prestar declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El fiscal federal subrogante Claudio Kishimoto formuló el pedido ante el juez federal Alfredo López para que lo indague sobre su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas, incluidos los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada Noche de las Corbatas, de julio de 1977, cuando Hooft se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional de Mar del Plata.
El magistrado figura desde 1984 en el informe de la Conadep y acumula denuncias de organismos marplatenses y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde hace más de un lustro. Logró evitar rendir cuentas gracias a la parálisis del proceso en su contra por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires y a su invocación a la “inmunidad” de arresto que la Constitución provincial otorga a los jueces en funciones.
La excusa le permitió ganar tiempo, pero tuvo un último revés en julio, cuando la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que, después de congelar el expediente durante años, rechazó el pedido de Hooft para que se archivara la causa. “Las inmunidades no son de carácter protector o tuitivo de las personas, sino que se hallan fundadas en razones de carácter institucional”, destacó el juez Guillermo Yacobucci. “Sería absurdo” que en una investigación por crímenes de lesa humanidad “la marcha de la averiguación quedara neutralizada hasta tanto no se pronuncie el jury”, agregó, argumento que compartieron sus colegas Luis García y Raúl Madueño.
La novedad es la acusación de Kishimoto, a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata, que imputa a Hooft por su intervención en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos por miembros de fuerzas armadas y de seguridad. La base de la imputación surge de la intervención del juez en el rechazo sistemático de hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos, inclusive en casos en los que el Ejército había admitido tener en su poder a las víctimas.
En total son veinte los casos reseñados en el dictamen del fiscal, incluido el de la Noche de las Corbatas, caso por el que ya fue condenado el suboficial naval Gregorio Molina y por el que en estos días son juzgados ex miembros de la plana mayor de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 con base en el centro clandestino La Cueva. La fiscalía solicitó también la indagatoria de Hooft por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes y sustracción de medios de prueba, por la desaparición de la mayoría de los expedientes que se tramitaron en el juzgado a su cargo.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Siete años después, Villafuerte Ruzo ordena detener a Patti


El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso el arresto de Luis Patti y de otros represores ya detenidos –como Reynaldo Bignone y Pascual Guerrieri– por los secuestros y homicidios de los dos militantes peronistas.

Por Diego Martínez
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Luis Patti había sido sobreseído, pero, en 2005, el fiscal Juan Murray pidió la reapertura de la causa.
A seis años, siete meses y tres días del pedido del fiscal federal Juan Murray, el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención de Luis Patti por la privación ilegal de la libertad, los tormentos y homicidios de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, uno de los últimos crímenes con el sello de la dictadura: torturas a cargo de militares y civiles de inteligencia del Ejército, asesinato en tiroteo fraguado por policías. El juez de San Nicolás quien, a pesar de sucesivas recusaciones por congelar expedientes y manifestarse en contra del avance de los procesos de lesa humanidad, instruye las causas con el visto bueno de la Cámara Federal de Rosario ordenó también la detención e indagatoria de represores que estaban libres cuando Murray pidió sus capturas y hoy están condenados, como Reynaldo Bignone o el coronel Pascual Guerrieri.
Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. El Ministerio del Interior y la policía de la provincia de Buenos Aires informaron que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, general (ahora condenado) Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone.
El peritaje de los tejidos cambió el escenario: demostró que ambos fueron golpeados, torturados con picana, atados con cuerdas, y que los disparos fueron a quemarropa. El juez Juan Carlos Marchetti ordenó detener a los policías, pero luego se desdijo y los sobreseyó. Sugirió que no estaba probada la relación entre secuestros y asesinatos: bien pudieron haberse fugado tras las torturas, haber robado un auto y armas y haber partido hacia Zárate, donde se toparon con Patti, que los acribilló a balazos. Un mes antes del retorno de la democracia, la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que los testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.
El 28 de marzo de 2005, Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa. Se sumaron al reclamo familiares de las víctimas patrocinados por abogados de H.I.J.O.S. Rosario. La investigación del fiscal sugirió que tras el “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos los servicios diagramaban y ejecutaban operaciones para enrarecer el clima político con la esperanza de suspender el llamado a elecciones. Murray desmenuzó los esfuerzos por borrar todo rastro de torturas y disparos por parte de los policías que instruyeron la causa con el visto bueno del juez Luis Milesi y luego de Marchetti, autor del sobreseimiento, “inexplicable desde el punto de vista jurídico”.
Completó el rompecabezas en 2008 el ex civil de inteligencia Eduardo Costanzo, luego condenado. Costanzo confesó que el seguimiento estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, que los secuestradores fueron Guerrieri, Víctor Hugo Rodríguez, Edgardo “El Gato” Andrada y “toda la patota”, y entre quienes llevaron a las víctimas al camino donde las mataron nombró a Ariel Porra, alias Puma. El juez citó ayer a indagatoria a todos excepto a Chuli Rodríguez, presidente de la asociación sanmartiniana Cuna de la Bandera, quien cruza los Andes cada año junto al intendente rosarino, Miguel Lifschitz. A pedido de Murray, el juez también ordenó detener al teniente coronel Luis Armando Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, y al ex PCI Walter Salvador Pagano.
El ultracatólico Villafuerte Ruzo fue recusado en agosto de 2010 por fiscal y querellantes por obstaculizar todas las causa contra represores e incluso pronunciarse a favor de la constitucionalidad de las leyes de impunidad. Sigue al frente de los expedientes con el respaldo de los camaristas rosarinos Carlos Carrillo, José Guillermo Toledo, Elida Vidal, Edgardo Bello y Liliana Arribillaga. Su futuro al frente de las causas contra represores como su cuñado, el general Enrique Bonifacino, está desde hace un mes en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.