viernes, 16 de marzo de 2012

Lo imposible hecho realidad


El Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) presentaron el libro Hacer Justicia, que desarrolla el proceso y los resultados de la Argentina en las causas por delitos de lesa humanidad.

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Valeria Barbuto, Horacio Verbitsky, Jorge Taiana y Marcelo Ferrante, ayer en la Biblioteca Nacional.
Publicado en PáginaI12, sin firma (de viernes a domingo los diarios porteños salen sin firmas, primer paso del plan de lucha para que La Nación, Clarín, PáginaI12 & Cía. se sienten a negociar mejores condiciones de trabajo.  DM)

El desafío de “hacer justicia” treinta años después. La sinergia a partir de 2003 entre una sociedad civil perseverante en su reclamo de “juicio y castigo” y la decisión del poder político. El acompañamiento a los sobrevivientes como clave de los procesos. Las violaciones sexuales como delito diferenciado de la tortura, ejemplo de vitalidad del proceso argentino. Los temas, entre otros, forman parte de Hacer Justicia, el libro que el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus sigla en inglés) presentaron ayer en la Biblioteca Nacional. “Es un libro importante en sí, que muestra cómo la realidad se fue transformando y lo que parecía imposible se convirtió en realidad”, resumió el ex canciller Jorge Taiana, miembro de la comisión directiva del organismo de derechos humanos.
“Hacer Justicia es el resultado de varios años de trabajo del CELS en cooperación con el ICTJ, con el auspicio de la Unión Europea”, explicó la antropóloga Valeria Barbuto, directora del Programa de Documentación e Investigación del CELS y moderadora del panel que también integraron el periodista Horacio Verbitsky, presidente de la institución, y el abogado Marcelo Ferrante, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y autor de uno de los capítulos del libro.
“Es inevitable ver la visión y el mensaje del proceso de justicia argentino” hacia el mundo, sostuvo Taiana. Marcó “dos conclusiones: la enorme vitalidad de la sociedad civil, en particular de los organismos de derechos humanos y los familiares, decisivos para mantener el tema en la agenda social y política, y la importancia de la decisión del poder político a partir de la presidencia de Néstor Kirchner”. “La estrategia en nuestro país fue la acción ante la Justicia penal”, recordó, y marcó “el contraste entre buena parte de América latina y el resto del mundo, donde la búsqueda de justicia no fue tan frecuente y se apeló por ejemplo a comisiones por la verdad”. “Fue el camino más largo, pero también el más exitoso y el más nítido”, afirmó.
Taiana repasó el libro. Destacó el capítulo de la abogada Carolina Varsky sobre los testimonios en los procesos y las estrategias para acompañar a los testigos. “Es interesante para otras experiencias”, apuntó. “El derecho a la verdad fue una utilización muy original del sistema penal para hacer justamente lo que no se podía: pedir juicio y castigo”, recordó. Sobre el avance de las causas por delitos sexuales en cautiverio, tema resistido por el Poder Judicial, que investigaron la socióloga Lorena Balardini, la abogada Ana Oberlín y la psiquiatra Laura Sobredo, Taiana destacó que “no estaba presente y muestra la vitalidad del proceso argentino”. El ex canciller cerró su exposición con referencias al capítulo de la politóloga Pilar Calveiro, sobreviviente de la dictadura. “Muestra cómo ciertas prácticas perviven en el tejido más íntimo de las políticas represivas y en los métodos de investigación penal”, destacó, y expresó su deseo de que el Congreso convierta en ley el proyecto que establece un mecanismo de aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Ferrante, a su turno, desarrolló su estudio sobre las actitudes de los jóvenes apropiados durante la dictadura frente al proceso de justicia, en particular sobre los fundamentos para no colaborar con las investigaciones por parte de quienes se negaron a dar muestras de ADN. El abogado se explayó sobre “el argumento de la lealtad” con los apropiadores, a partir de “un vínculo parental de hecho”, y sobre el argumento de la pertinencia. “La identificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es siempre pertinente”, concluyó.
El cierre estuvo a cargo de Verbitsky, quien recordó la historia de la confesión de Adolfo Scilingo y el quiebre que marcó en el proceso de justicia: las primeras presentaciones en base al derecho a la verdad, el rol clave de jueces como Horacio Cattani, el surgimiento de la agrupación HIJOS, la apertura de la causa por genocidio en España y la detención del dictador Augusto Pinochet en Chile.

sábado, 10 de marzo de 2012

El terrorismo de Estado al servicio de Loma Negra


La fiscalía y la querella pidieron penas de prisión perpetua para los tres militares involucrados y altas penas para dos civiles. También reclamaron que se indague sobre la responsabilidad de la empresa de los Fortabat.

Por Diego Martínez
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El TOF N° 1 de Mar del Plata juzga a los acusados por el caso Moreno.
La relación de la cementera Loma Negra con el terrorismo de Estado está en la mira de la Justicia. El fiscal Daniel Adler y el abogado César Sivo, representante de la familia de Carlos Moreno, abogado de los obreros de la empresa hasta su asesinato en 1977, le pidieron ayer al Tribunal Oral Federal 1º de Mar del Plata que promueva una investigación criminal contra los directivos de la firma que desde 1976 dirigía Amalia Lacroze de Fortabat, que murió impune el mes pasado. Los letrados, en sus alegatos, pidieron penas de prisión perpetua para los coroneles retirados Roque Pappalardo y Julio Tomassi, y para el suboficial José Luis Ojeda, como coautores de la privación ilegal de la libertad, las torturas y el asesinato de Moreno. Para los hermanos Emilio y Julio Méndez, dos civiles que facilitaron su chacra de Tandil como centro clandestino, Sivo pidió veinte años de prisión; Adler 16 y 14 años respectivamente.
Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría. Durante cuatro días fue interrogado y torturado en la chacra de los Méndez. El 3 de mayo se fugó. Descalzo, tambaleante, llegó a la chacra de los Bulfoni. Fue recapturado, pero volvió a escabullirse. El secuestrador frustrado le ordenó a la hija de los Bulfoni que lo llevaran a la chacra de los Méndez, donde subió un hombre armado. Partieron en camioneta, lo encontraron atrás de una piedra, le pegaron con una pala y otra vez al centro clandestino. Lo mataron ese mismo día. El Primer Cuerpo de Ejército informó en un comunicado que Moreno fue “abatido” por resistirse a ser detenido. Su cuñado lo reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con dos disparos, la nariz quebrada y signos de torturas. Los obreros de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se levantaron al saber del crimen, pero el teniente coronel Ignacio Verdura le exigió a la mujer de Moreno que los calmara si quería el cuerpo. “Moreno era tan querido que hasta los abogados de las cementeras, sus contrapartes en los juicios, firmaron un hábeas corpus por él”, recordó ayer el fiscal Adler.
Tommasi era jefe de área, “un burócrata orgulloso de su eficaz subordinado Pappalardo”, lo definió Adler. Pappalardo “hizo historia en Tandil”: varios sobrevivientes lo reconocieron en la tortura. “Yo no compartía el método”, dijo el militar en el juicio, con crucifijo y rosario en mano. En el caso específico fue quien ordenó recapturar a Moreno. “Se ocupaba de custodiar los intereses de las empresas que perdían juicios por demandas de sus empleados”, dijo el fiscal. “En el caso de la Cooperativa Cretal” mencionó dos secuestros de “actores del juicio”. “En el caso de Loma Negra fue más lejos: directamente secuestró al abogado de los trabajadores. El mismo grupo operativo, los mismos intereses: que las empresas no sufran el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores”, resumió Adler.
El cabo primero Ojeda, según testigos, persiguió a Moreno a los tiros tras la evasión e informó a Pappalardo. Los Méndez aportaron su propiedad como centro clandestino. “Alcahuetes de los militares”, los definió Matías Moreno, hijo del abogado. Emilio Méndez, que reconoció su relación con los militares, era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la Usina Popular. “El trueque era evidente”, dijo el fiscal. “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”, resumió.
“Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó el fiscal. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis”, enfermedad que sufrían los obreros, e intercedieron por despidos y aportes. Destacó el rol del juez Carlos Pagliere, que en plena dictadura “selló el destino de los imputados” al recoger pruebas, y se detuvo en los indicios de la relación de Loma Negra con los militares y “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo”. El superintendente Ernesto Cladera le dijo al socio de Moreno “que no molestaran, que había ido el jefe del regimiento y que haga la lista de los que andaban jodiendo, que él era dueño de la vida y de los bienes”. El hijo del vicepresidente de la cementera contó que ambos abogados eran “muy mal nombrados” en las reuniones de empresarios y militares. Adler pidió que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”. También pidió que se investigue a Verdura, al comisario Rubén Argentino Balquinta y a dos militares de apellido Echeverría y Martínez, mencionados como integrantes del grupo de tareas con base en la chacra de Tandil.