Venezuela extradita al represor Carril Baggio

Por Diego Martínez

En La Polaca fueron secuestrados y torturados los militantes que cruzaban la frontera por Uruguayana.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela resolvió el jueves extraditar al militar argentino Fernando Jorge Carril Baggio, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres. Los jueces del alto tribunal rechazaron el manotazo de ahogado del represor, que vivía en Venezuela desde 1986 y tramitó su naturalización en 2011, luego de que se ordenara su captura, por considerar que “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia”. La decisión de la sala de Casación Penal del TSJ condiciona la extradición al compromiso del Estado argentino de no condenarlo a una pena mayor a 30 años de prisión, el máximo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carril Ba ggio deberá ser juzgado por delitos de lesa humanidad con epicentro en el centro clandestino La Polaca, donde eran interrogados bajo tortura los militantes secuestrados al ingresar o salir del país por el cruce fronterizo con Uruguayana. Excepto el policía Julio Simón, condenado en 2007, los represores que actuaron en Paso de los Libres siguen impunes.

El capitán Carril reemplazó en septiembre de 1976 como jefe del destacamento a Raúl Portillo. Según la orden de detención que libró en octubre de 2010 la jueza federal Gladis Borda, está acusado por asociación ilícita, secuestros agravados, vejaciones, tormentos y coacciones agravadas. Según el informe Waern, un detallado relato de la represión ilegal en Paso de los Libres elaborado por el ex guardia Carlos Waern, Carril podría ser imputado por el asesinato de un secuestrado en La Polaca. “En una oportunidad, un detenido logró escapar corriendo hacia el eucaliptal. Alertado por los gritos, el guardia corrió tras él y efectuándole varios disparos, éste lo mató”, relató Waern. “Del mismo hecho hay otra versión, que dice que el prisionero tomó un arma y disparó primero al capitán y luego éste lo mató. Siendo esta última la versión que se aproxima más a la verdad, ya que Carril durante meses anduvo rengo, con una pierna vendada, justificando que había sufrido un golpe muy fuerte”, dijo, y agregó que “el cuerpo estaría enterrado en algún lugar cercano”.
Carril fue detenido por Interpol Venezuela el 14 de abril. Su defensora Solimar Astudillo alegó que como ciudadano naturalizado no podía ser extraditado por “delitos políticos”. Es “público y notorio” que militares que actuaron en la “guerra civil revolucionaria” son “perseguidos y condenados”, escribió. La defensa de la extradición estuvo a cargo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien explicó que no se lo acusa por delitos políticos. El TSJ, a partir del voto de su presidenta Ninoska Queipo Briceño, concluyó que Carril “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia y obstaculizar un eventual proceso de extradición”, subrayó que no se trata de delitos políticos sino de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y que “la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional”.
En Corrientes hay once represores condenados. Los militares y civiles de inteligencia de Paso de los Libres, sin embargo, no fueron juzgados. La excepción es un policía: Julio Simón, el famoso Turco Julián, por delitos de 1979 que juzgó hace un lustro el juez federal porteño Ariel Lijo. Según los registros de la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación, las elevaciones a juicio por delitos de lesa humanidad en Paso de los Libres incluyen al ex jefe del Segundo Cuerpo, general Ramón Díaz Bessone, al ex jefe del Destacamento 123, Raúl Angel Portillo, al entonces teniente primero Héctor Mario Filippo y a los civiles Rubén Darío Ledesma y Carlos Faraldo, todos del Destacamento. Desde fines de 2010 también esperan su turno en el Tribunal Oral de Corrientes el general Llamil Restón, el capitán Juan Carlos Sacco y el teniente Duilio Ramón Martínez. En febrero último, en tanto, el fiscal federal Benito Pont pidió que se eleve a juicio a los militares Héctor María Torres Queirel, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Arrillaga (condenado en Mar del Plata), Julio Santiago Canteros, Juan Carlos Medrano Caro y Julio Miguel Plazaola, y a los ex gendarmes Domingo José Isler y Angel Ricardo López Ferro.

Careo de genocidas. Videla, Riveros, Martínez y los restos de Santucho

Interrogados sobre Santucho, Riveros y Videla coincidieron en que la muerte del líder del ERP les produjo “alegría”.

Por Diego Martínez

El ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, responsable de Campo de Mayo.

El dictador Jorge Rafael Videla, su ex jefe de inteligencia Carlos Alberto Martínez y el ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros protagonizaron ayer un careo sobre el destino de los restos del ex jefe del ERP, Roberto Mario Santucho, abatido por un pelotón del Ejército en julio de 1976. Videla reiteró que dio la orden “de que el cuerpo no aparezca”, pero relativizó su afirmación de abril, cuando apuntó a Riveros como el encargado de cumplirla. “Era una suposición”, explicó. El ex jefe de la Zona IV y de Campo de Mayo, sede del mayor campo de concentración del país, dijo impávido que no hubiera acatado “una orden de esa naturaleza, que lastima mi conciencia”. Ambos admitieron ante Ana Santucho, una de las hijas del guerrillero, su alegría por la muerte “del hombre más importante de la subversión”. El abogado Pablo Llonto, impulsor de la causa fundada en el derecho a la verdad, destacó el esfuerzo de la jueza civil Martina Forns, que luego de ordenar el careo y formular preguntas durante dos horas exhortó a los ancianos a enviar un mensaje a sus ex subordinados para que rompan el pacto de silencio.

Los militares retirados, citados como testigos, bajo juramento de decir la verdad, llegaron al Juzgado de San Martín al mediodía en móviles del Servicio Penitenciario Federal: Videla desde la cárcel de Marcos Paz, Riveros desde su casa de Belgrano y Martínez desde la suya en San Miguel, ambos con arresto domiciliario. El ex titular de la Jefatura II de Inteligencia es el único sin condena: fue detenido por primera vez hace apenas dos semanas. Riveros bajó del celular sin esposas, según los penitenciarios porque estaba mareado.
El careo inicial fue entre Videla y Riveros. El dictador ratificó la orden de desaparecer el cuerpo por “lo que implicaba su figura”, aunque aclaró que “fue una resolución de la Junta (que compartía con Emilio Massera y Orlando Agosti), dada la trascendencia del problema”. Riveros, que en mayo consideró “de una mendacidad absoluta” los dichos del dictador, agregó ayer que “no hubiera aceptado hacer desaparecer el cuerpo de Santucho”.
–¿A quién le dio la orden? –indagó la jueza.
–Supongo que el destinatario fue quien tenía responsabilidad en esa zona, que era Riveros, pero no sé si él la recibió. La lógica orgánica indica que debió recibirla, pero no fue una orden dada personalmente y tampoco por escrito –respondió Videla. Sobre los intermediarios, arriesgó que pudo haber sido el secretario de presidencia, léase el general Rogelio Villarreal.
Riveros, sordo del oído derecho, admitió que “tenía capacidad para darle muerte a Santucho y hacer desaparecer su cuerpo”, pero aseguró que no participó porque nadie pidió la intervención del Comando de Institutos Militares. “La muerte de Santucho era para el Ejército un galardón. El personal militar se motivaba para detenerlo o matarlo porque era un adversario importante”, afirmó ante la hija y ante Julio Santucho, hermano del jefe del ERP. “Lo hubiera cumplido con todo gusto”, abundó, y agregó por si fuera necesario que “tenía capacidades para cavar un pozo y enterrarlo o tirarlo”.
–¿Le informaron si se cumplió la orden? –volvió la jueza hacia Videla.
–No tuve respuesta en forma personal. Era un secreto y no saberlo era la mejor forma de guardarlo.
Martínez, parco, dijo no recordar cómo se enteró de la muerte de Santucho. “Supongo”, dijo, que por intermedio de Videla, con quien se reunía “dos o tres veces por semana”. Cuando la jueza le recordó que en el enfrentamiento murió el capitán Juan Carlos Leonetti, miembro del Batallón de Inteligencia 601 que dependía de su jefatura, insistió en que “desconoce” los hechos aunque “imagina” que Leonetti “acompañó a la patrulla para guiarlos con precisión” al departamento donde se reunía la cúpula del ERP.
Riveros, verborrágico, dijo que “muchas veces me preguntaron por el cadáver de Santucho, incluso (Martín) Balza me lo preguntó, pero Santucho no era San Martín como para que lo entierren en Campo de Mayo”. “Puede que algún trasnochado o tarado mental se le haya ocurrido, pero no me consta”, afirmó. “Santucho fue la búsqueda del tesoro para el Ejército por ser el hombre más importante de la subversión”, aseguró.
–¿Sabían de la orden de desaparecer el cuerpo? –preguntó la jueza a Riveros y a Martínez.
Ambos aseguraron que no. “Me sorprendió la decisión. ¿Cómo puede ser que a un cadáver que apareció ‘por derecha’ en un enfrentamiento lo hicieron desaparecer ‘por izquierda’?”, se preguntó Riveros, ex jefe de una zona militar donde todo fueron secuestros y desapariciones “por izquierda”.
–¿Qué piensa de esa pregunta? –le planteó la jueza a Videla.
–El destino del cuerpo fue analizado por la Junta, fue una decisión compartida, una especie de pacto de silencio. Ojalá hoy se pudiera revelar ese secreto. Las condiciones actuales son distintas y el problema de la veneración del cuerpo de Santucho hoy no tiene sentido –supone Videla.
El dictador coincidió con Riveros en que “más allá del respeto a los familiares, la muerte de Santucho” les causó “íntimamente alegría, porque se había abatido al enemigo” y “en combate abierto”. “Si viera a alguien que le deja una flor a Santucho lo aplaudiría por el respeto que se merece”, agregó Videla, responsable de que miles de argentinos no tengan siquiera una tumba donde dejar flores para sus seres queridos.