lunes, 4 de noviembre de 2013

En busca de los cuerpos

Por Diego Martínez
/fotos/20131104/notas/na09fo01telam.jpgPeritos del Equipo Argentino de Antropología Forense comenzarán a trabajar el lunes próximo en un predio del Ejército ubicado en la reserva Laguna del Diamante, en una zona cordillerana de la provincia de Mendoza, en busca de restos de desaparecidos. La medida fue ordenada por el juez federal subrogante de San Rafael, Eduardo Ariel Puigdéngolas, a partir de dos testimonios coincidentes realizados con casi treinta años de diferencia por personas que no se conocen y cuyas identidades se mantienen en reserva. La hipótesis de los investigadores, que ya realizaron una primera inspección sobre el terreno, es que allí habrían sido enterradas víctimas del terrorismo de Estado de San Rafael, secuestradas en 1976.
“Desde el Ministerio Público tenemos una gran expectativa en poder dar respuesta a las familias sobre el lugar donde están enterrados sus seres queridos. Si bien siempre imputamos por homicidio y desde la Justicia se siguen determinando responsabilidades penales, lo cierto es que no hemos podido darles respuestas sobre el destino de los cuerpos”, explicó el fiscal federal Francisco Maldonado. “Estamos muy esperanzados”, confesó Mariano Tripiana, hijo de un militante peronista desaparecido en San Rafael a fines de marzo del ’76. “Por el lugar donde está el predio, a mitad de camino entre Mendoza (ciudad) y San Rafael, tampoco descartamos que pueda haber restos de desaparecidos de Mendoza”, agregó Tripiana, miembro de H.I.J.O.S. de San Rafael.
El refugio militar General Alvarado está en el departamento de San Carlos, al pie del volcán Maipo, en un paisaje paradisíaco, 160 kilómetros al oeste de San Rafael y a 220 km de la capital cuyana. Es un área natural protegida que sólo en verano es accesible al turismo. Hasta el lunes 11, a las 9, cuando comenzarán a trabajar los antropólogos, el juez ordenó resguardar el predio a las autoridades del Regimiento de Caballería Ligera 15 Libertador Simón Bolívar.
El primer testimonio sobre fosas clandestinas allí data de 1984. El juez federal que lo recibió se declaró incompetente y remitió la causa a la autodenominada “justicia militar”. El autor de la denuncia, ratificada semanas atrás ante el juez Puigdéngolas, relató que supo de entierros ilegales y que él mismo encontró restos óseos de un brazo humano. Antes de archivar el expediente, los militares subieron al denunciante a patadas a un camión del Ejército y lo trasladaron hasta el refugio. Al llegar se dio cuenta de que la tierra había sido removida. Los uniformados le ordenaron señalar el lugar e hicieron un pozo con una pala. “¿Viste que no hay nada? Firmá acá y borrate”, le aconsejaron.
El segundo testimonio fue meses atrás. La fuente, que el juzgado también decidió mantener en reserva, mencionó exactamente el mismo lugar y se refirió al entierro clandestino de cuatro o más cuerpos en el año 1976. Con ese dato, Puigdéngolas convocó al EAAF, que realizó una inspección y aconsejó iniciar tareas de excavación. Según la resolución, el objeto de la pericia es la “detección, ubicación y exhumación, en su caso, de restos humanos presuntamente correspondientes a víctimas de desapariciones forzadas”. Primero se realizará un “acondicionamiento del terreno” y luego “una prospección geofísica mediante tecnología GPR (Ground Penetrating Radar), a fin de acotar la superficie de interés”. A partir de la información obtenida y su procesamiento se hará “el sondeo con retroexcavadora de los puntos de la superficie correspondientes a las perturbaciones identificadas” y, de confirmarse la hipótesis de los investigadores, “la exhumación de los restos que pudieran ser hallados”. El equipo del EAAF estará a cargo de la investigadora Silvina Turner.

viernes, 1 de noviembre de 2013

“Es el momento de avanzar”

ENTREVISTA A GLENN POSTOLSKI, DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UBA
 
Por Diego Martínez
/fotos/20131101/notas/na02fo01.jpg“Ahora estamos en otro estadío y hay una responsabilidad en términos estatales de dar respuesta a la expectativa que generó la ley de medios. Es el momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento a los medios sin fines de lucro, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un salto cualitativo en ese aspecto.” La reflexión pertenece a Glenn Postolski, especialista en medios, impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, director de la carrera Comunicación Social de la UBA y flamante decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales.
–¿Qué significa el fallo de la Corte a cuatro años de la sanción?
–En principio significa que aquellos que habíamos militado y planteado que el proceso era legítimo y legal no éramos unos cruzados inquisidores contra la libertad de expresión, sino quienes pensamos la comunicación como un derecho humano fundamental. Eso se ve plasmado en el fallo y por lo tanto es celebratorio. Por otro lado, cuatro años es un período presidencial y esa demora implicó en términos de debate democrático una degradación de los términos en que se discutió, a partir de una confrontación reduccionista y sesgada en torno de Clarín y el Gobierno, cuando esto implicaba una cuestión mucho más trascendente.
–La ley y antes los “21 puntos...” plantearon la adjudicación del 33 por ciento de las licencias a medios sin fines de lucro y sobre 900 licencias de FM adjudicadas desde 2009 sólo 28 fueron a ese tipo de entidades. ¿A qué atribuye esa demora en un punto que no frenó la Justicia?
–Primero caracterizaría la complejidad en torno de cualquier organismo del Estado, históricamente colonizado por un determinado tipo de interés. No hay que olvidar que el Comfer mandaba resoluciones por fax a Clarín antes de que salieran con la firma del interventor o que se habló de un Comfer paralelo que negociaba con las corporaciones. Son costumbres arraigadas y el Estado no construye fácilmente condiciones para dar respuestas rápidas a actores con los que nunca tuvo una dinámica de trabajo. Por otro lado, entiendo que el Gobierno tomó una definición política por la cual la disputa en términos de los fines transformadores de la ley pasaba por una contradicción principal que era desmontar al grupo hegemónico, porque caso contrario cualquier otra iniciativa iba a quedar opacada por la capacidad de Clarín en términos de fijación de agenda. La decisión fue priorizar esa disputa y frente a ella no aplicar el conjunto del articulado. Si fue o no la mejor caracterización, lo evaluarán quienes lo decidieron. Creo que ahora estamos en otro estadío y hay una responsabilidad, en términos estatales, de dar respuesta a la expectativa que generó la ley. Es el momento de avanzar en el plan técnico, en la reserva del 33 por ciento, en el llamado a concursos. La conducción de la Afsca tiene que dar un salto cualitativo en ese aspecto.
–¿Qué otras medidas podría impulsar el Estado para garantizar una mayor pluralidad de voces? La Red Nacional de Medios Alternativos reclama un fondo de promoción y desarrollo para medios comunitarios y exención de gravámenes.
–No sólo eso. La obligatoriedad de los sistemas de cable de incluir señales de organizaciones sociales, todo lo relacionado con la capacitación, promoción y desarrollo... El Estado de alguna manera vino generando condiciones, ahora es el momento de apostar al mediano plazo. Lo mismo con el abono social para sectores vulnerables, la producción de contenidos para público infantil y juvenil, todas estas cosas tienen que tomar mayor dinámica.
–La UBA tiene una radio. ¿Analizan la posibilidad de tener una licencia de televisión?
–La radio es de la universidad, la maneja el rectorado. Creo que tienen una licencia de TV digital, aunque no es un tema que conozca. Si me pregunta como director de Comunicación Social si la carrera debiera en este escenario producir sus contenidos e inclusive tener un medio propio, hoy no tenemos la personería jurídica (la tiene la UBA) pero habría que imaginarse formas de que sea posible. Comunicación tiene 10.000 alumnos y una gran capacidad de producción e incidencia en el entorno metropolitano. Habrá que ver si con el actual presupuesto y con los actuales actores políticos será viable, pero sería una apuesta interesante.
–La ley exige a los nuevos licenciatarios garantizar los puestos de trabajo y se firmó un convenio con ese fin entre el Ministerio de Trabajo, la Afsca y algunos gremios. ¿Se traducirá la ley en algún momento en la creación de nuevos puestos de trabajo?
–La expectativa de incrementar cuantitativamente los medios, la viabilidad a nivel federal, es un proceso que se está dando. Una parte de esta idea de federalización y pluralidad da cuenta de que hay expectativas de que aparezcan nuevas fuentes de trabajo. Lo único que no hay que pensar es que toda aparición va a ser en términos de grandes medios: no van a aparecer canales como Telefe con 200 trabajadores, es otra escala, otra dimensión, pero puestos van a aparecer y de hecho con los concursos de contenidos para TV digital se armaron decenas de cooperativas de productores, guionistas, etcétera.
–La Corte, aunque no era el tema del fallo, planteó la necesidad de pautas claras sobre el reparto de la publicidad oficial. ¿Cuál es su posición?
–Creo que hay un conjunto de regulaciones que hacen a un sistema y ninguna debe estar por fuera de la lógica general. Pienso que habría que fijar criterios que tengan como lógica fomentar el pluralismo de voces y no distribuir pauta según el nivel de venta o el rating de un medio. Debería ser una herramienta que constituya la posibilidad de sustentabilidad de los medios, y ese debate debería darse en el Congreso. También el de una ley de acceso a la información que tenga como objeto no sólo al Estado sino a otros actores, como los grandes medios, para que los ciudadanos puedan decidir en base a información transparente y no al secretismo que manejan grandes grupos económicos.
–¿Cómo imagina el mapa de medios audiovisuales en un lustro? ¿Qué nuevos actores sociales marcarán agenda?
–De acá a cinco años va a ser muy parecido, los cambios en la arena de lo cultural son más a mediano y largo plazo. Creo que no habrá una explosión de medios alternativos como en los ’80, sí experiencias vinculadas a sectores sociales organizados que empiecen a construir contenidos diferentes y que vayan creando un nuevo tipo de audiencia, que hoy es hasta difícil de imaginar. Hay todo un camino por recorrer donde se van a generar nuevos nichos, nuevas audiencias, sujetos particulares vinculados por ejemplo a la vida gremial de los trabajadores. Creo que en ese recorrido se van a poder garantizar contenidos diferentes y proyectos políticos comunicacionales sustentables en el tiempo.

lunes, 30 de septiembre de 2013

Un represor de la ESMA en la Ciudad Luz

Por Diego Martínez
/fotos/20130930/notas/na09fo01.jpgFrancia tiene en sus manos el destino de un represor de la ESMA. Se trata de Mario Alfredo Sandoval, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal que integró el Grupo de Tareas 3.3 con el alias “Churrasco”. Sandoval hizo carrera en Francia, donde tejió vínculos en ámbitos académicos, empresariales y políticos, y es consejero de paramilitares colombianos. Hace un año y medio el juez Sergio Torres pidió su captura internacional con fines de extradición, pero Churrasco se las ingenió para estar preso apenas una semana, pese a estar imputado por delitos de lesa humanidad contra 400 víctimas, incluidas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, caso por el que Francia condenó en ausencia a Alfredo Astiz y actuó como querellante en la Argentina. El 9 de octubre la Cámara de Instrucción de París analizará el pedido del juez Torres. Miembros de organismos de derechos humanos acompañados por familiares de Hernán Abriata, detenido-desaparecido secuestrado por una patota que encabezó Sandoval, se presentaron en la Embajada de Francia con una carta dirigida al presidente François Hollande, a quien piden que implemente todas las medidas a su alcance para garantizar la extradición.
Los grupos de tareas de la ESMA tuvieron en sus filas a marinos y enlaces de Ejército, pero también a prefectos, policías, penitenciarios y civiles. En 1976 Sandoval tenía 22 años, era oficial subinspector de la Policía Federal y estaba destinado en el Departamento de Asuntos Políticos, en el séptimo piso de Moreno 1417, cuatro pisos más arriba del centro clandestino de la Superintendencia, de donde sacaron a los militantes que fusilaron en Fátima. De su legajo surge que realizó cursos de instrucción en “lucha antisubversiva”, en los que se enseñaban técnicas de interrogatorio bajo tortura, y que fue “recomendado” en noviembre de 1976 por su actuación en “procedimientos antisubversivos”.
En 1984, sobrevivientes de la ESMA declararon ante la Conadep sobre Churrasco como “agente operativo” del GT 3.3. En 2008 Página/12 informó que el alias pertenecía a Sandoval y la Justicia comenzó una investigación que cuatro años después derivó en el pedido de detención. “Era un tipo muy extraño, hacía inteligencia, un tipo intelectualmente de los más preparados dentro de la ESMA y muy jodido. Si te podía boletear, te boleteaba, no había tutía con este hombre, sabía realmente lo que estaba haciendo y lo que quería”, declaró Alfredo Buzzalino, sobreviviente de la ESMA. “Era algo distinto dentro de la ESMA, un tipo que manejaba mucha información, muy culto. No iba asiduamente”, agregó el testigo, a quien Sandoval interrogó alguna vez en el café Richmond de calle Florida. “Era morochón, peinado para atrás, siempre vestía de traje”, recordó.
También de 1984 datan los testimonios sobre el secuestro de Abriata que mencionan a Sandoval. El operativo fue en la madrugada del 30 de octubre de 1976 en Elcano 3235 e incluyó un interrogatorio a Abriata en la habitación donde dormía. Ante familiares del joven militante de la JUP, uno de los secuestradores se identificó como “oficial inspector Sandoval de Coordinación Federal” (el nombre anterior de Superintendencia) y dijo que “la denuncia” en su contra provenía de la Facultad de Arquitectura, donde estudiaba y militaba. Entre los alias que lograron escuchar estaban “Halcón”, como se hacía llamar el capitán Néstor Savio, y “Sérpico”, que era Ricardo Cavallo, miembros del GT 3.3. El 7 de noviembre otros seis estudiantes de Arquitectura fueron secuestrados y uno solo sobrevivió. Diez días después, Sandoval logró la “recomendación” por su actuación destacada en un “procedimiento antisubversivo”. Ante preguntas del procurador general del Tribunal de Apelaciones de París, el juez Torres explicó que el de Abriata es un “caso testigo”, pero que va a indagar a Sandoval por todos los casos de la ESMA registrados entre esa fecha y septiembre de 1979, cuando el policía fue trasladado a la delegación de la Federal en Resistencia, Chaco.
No hubo noticias de Churrasco hasta 2002, cuando Horacio Verbitsky informó que dos “periodistas independientes” llegaron al país con cartas de recomendación de Sandoval, convertido en profesor de La Sorbona y experto de la Unión Europea sobre Colombia. En medio de una exposición en la Escuela Superior de Guerra, uno de los colombianos se presentó como “comandante de las Autodefensas Unidas”, dato con el que los oficiales argentinos dieron por terminada la reunión. En 2008, cuando Página/12 informó que Sandoval y Churrasco eran la misma persona, el periodista Eduardo Febbro apuntó que había sido miembro del Instituto de Altos Estudios de América Latina de La Sorbonne Nouvelle y de la Universidad de Marne-la-Vallé. Contó también que junto a otro argentino, Juan Antonio Rubbini Melato, había sido consejero político de las Autodefensas Unidas de Colombia en la reunión de Santa Fe de Ralito, donde se gestó una suerte de alianza secreta de paramilitares y políticos colombianos.
En octubre pasado, al tanto del pedido de captura pero aún en su casa en el 46 de Rue Mouraud 75.020, París, Sandoval escribió un texto de antología contra el “gobierno cleptocrático dictatorial” de la Argentina. Advirtió sobre el “peligro inminente” de terminar en “un caos general o la anarquía”, destacó que “la rebelión y la desobediencia son derechos naturales y legales”, llamó a la ciudadanía a no reconocer al gobierno ni a los funcionarios ni a los jueces y, ante la eventualidad de que las masas no acusaran recibo, pidió a los jueces “hacer respetar las normas jurídicas con prisioneros y perseguidos políticos”. Así se definió al firmar la nota, en la que no negó ni confirmó su paso por la ESMA.
El futuro del represor se definirá en un tribunal de París. El primer secretario de la Embajada de Francia, Grégory Varennes, recibió el jueves pasado a Carlos Lorkipanidse y a Carlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, pero prefirió no tomar contacto con los familiares de Abriata. El diplomático recibió la carta dirigida al embajador Frédéric Baleine du Laurens, a la que adhieren Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, en la que apelan “a los valores reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para reclamar la inmediata extradición” y piden que la misiva llegue a manos del presidente Hollande. La Justicia francesa demoró quince meses en ordenar la detención de Sandoval, que estuvo preso apenas una semana, del 5 al 13 de junio último. En teoría está a disposición de la Justicia, tiene prohibido salir de Francia y el miércoles 9 se presentará a la audiencia en la que se decidirá su extradición y en gran medida su libertad por el resto de sus días. En la práctica, Churrasco está libre y sólo el Estado francés puede garantizar que comparezca ante el juez.

viernes, 20 de septiembre de 2013

"Chiche" Aráoz y los negocios del capitán Vergez

Por Diego Martínez
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Página/12, 20.9.13
La organización Hijos regional Córdoba presentó ayer una denuncia penal para que se investigue al ex diputado y ex ministro menemista Julio César Aráoz por su vinculación con delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La presentación se originó en la declaración de la madre de un desaparecido, Miguel Angel Arias. La mujer contó que fue extorsionada por Chiche Aráoz, quien la recibió como “íntimo amigo” del capitán Héctor Vergez, jefe de la patota del centro clandestino La Perla. Aráoz le exigió “cinco nombres” de amigos de su hijo, que en ese momento tenía 18 años, si pretendía volver a verlo. También le describió, en pleno 1976, cómo había sido el secuestro de una pareja amiga de su hijo y a quién le habían entregado al niño, datos que coinciden con los hechos tal como se conocieron años después. “Este personaje habría sido colaborador del Tercer Cuerpo de Ejército, en particular del Batallón de Inteligencia 141”, explicó a Página/12 la presidenta de Hijos regional Córdoba, Silvia Di Toffino. La denuncia fue radicada ante el Juzgado Federal No 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
La declaración que vincula a Aráoz con el terrorismo de Estado no surgió en el juicio oral por los crímenes en La Perla, sino en la causa que se instruye en primera instancia. “Como organismo de derechos humanos que representa a familiares de víctimas acompañamos a la mamá de un desaparecido, Miguel Angel Arias, secuestrado en 1976”, explicó Di Toffino. “La mujer contactó a Aráoz a partir de la relación de su cuñado con el padre de Vergez, jefe de La Perla”, relató Claudio Orosz, abogado de Hijos. “En esas entrevistas, que fueron varias, Aráoz admitió que era íntimo amigo de Vergez. También le describió el secuestro del matrimonio Soulier, amigos de Arias, que venía de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), y hasta le dio detalles sobre cómo devolvieron al hijo pequeño de esa pareja. ‘Lo devolvimos porque, si no, lo iban a matar. Con Vergez lo llevamos a la casa de la tía’, le dijo, y así fue en la realidad”, confirmó Orosz.
La declaración de la madre de Arias sugiere que Aráoz no sólo tenía información de primera mano, sino también poder para negociar en nombre de los secuestradores que comandaba el general Luciano Menéndez. “Le dijo que si quería volver a tener noticias sobre su hijo le diera cinco nombres de amigos”, relató Orosz, y recordó también la respuesta de la mujer. “Yo hablé con mi marido, lo pensé, pensé qué hubiera hecho el Coqui (apodo de su hijo) y dije ‘nunca hubiera entregado a un amigo’. Entonces volví y le di esa respuesta”, transcribe Orosz el testimonio. La respuesta de Aráoz fue “bueno, aténgase a las consecuencias”. “La consecuencia es que Arias sigue desaparecido”, explicó el abogado.
Un dato importante de la declaración es que Aráoz recibía a los padres del desaparecido en un local de compra y venta de muebles usados, que podría estar relacionado con los negociados de la patota de La Perla con los bienes que robaban a los secuestrados. El propio gobernador José Manuel de la Sota, en alguna interna del PJ que lo enfrentó con Aráoz, ironizó sobre su pasado como “vendedor de muebles”, aunque hasta ahora no había una prueba tan directa. En el juicio oral hubo al menos tres testimonios de sobrevivientes que, durante su cautiverio, escucharon rumores del vínculo entre Aráoz y los grupos de tareas de La Perla, recordó Orosz. Hijos entregó al juzgado los fragmentos de esos testimonios, que ahora deberá analizar el juez Sánchez Freytes.

jueves, 19 de septiembre de 2013

El final de una prisión para privilegiados

El Servicio Penitenciario Federal vació la unidad penal que funcionaba en Campo de Mayo y trasladó a los represores a la cárcel de Marcos Paz. Evaluaron que había “riesgo grave e inminente” de evasiones y “condiciones deficitarias de seguridad”.

Por Diego Martínez
Página/12, 19.9.13
 
/fotos/20130919/notas/na05fo01.jpgA fines de julio, cuando los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich, familiares y amigos de represores presos por delitos de lesa humanidad cuestionaron la decisión y lamentaron en las redes sociales las previsibles consecuencias que el episodio acarrearía a sus seres queridos. Ayer una decisión del Ministerio de Justicia les dio la razón: el Servicio Penitenciario Federal vació la (ex) Unidad Penal Nº 34 que funcionaba en el interior de Campo de Mayo y trasladó a la cárcel de Marcos Paz a los militares condenados que se alojaban en ese confortable edificio. El motivo: “riesgo grave e inminente” de evasiones, “favorecido por condiciones deficitarias de seguridad”, explicó mediante un comunicado. “Esa prisión vuelve a ser una prisión militar. Las personas que estaban allí darán cumplimiento a sus condenas en cárceles comunes”, dijo Alejandro Marambio, director del SPF.
Construido originalmente como cárcel militar de la mayor guarnición del Ejército en el país, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad en alojamiento vip de decenas de militares retirados, acusados de torturas y asesinatos, que eran atendidos allí por subordinados obligados a acatar sus órdenes. A los cuestionamiento formulados originalmente por organismos de derechos humanos se sumó a mediados de 2006 la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien reclamó sin suerte a distintos jueces que sacaran de esa unidad a los procesados a disposición de la Justicia.
En diciembre de 2007, cuando el represor de la ESMA Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex de Prefectura, la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul hizo que unos pocos jueces se replantearan la concesión automática de privilegios, aunque Campo de Mayo siguió siendo un destino aceptado. Garré firmó entonces un convenio con el Ministerio de Justicia y transformó la cárcel que solo pisaban militares en Unidad 34 o Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, bajo la órbita del Servicio Penitenciario: los gendarmes que hacían guardias fueron reemplazados por penitenciarios.
En octubre de 2008, a partir del traslado del dictador Jorge Videla a Campo de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que allí había funcionado uno de los cuatro centros clandestinos que hubo en esa guarnición y que había indicios sobre posibles partos de mujeres cautivas que permanecen desaparecidas. “Es inaceptable la idea de que Campo de Mayo sea una cárcel común, más allá de la custodia a cargo del Servicio Penitenciario”, declaró entonces Luciano Hazán, abogado de Abuelas y actual titular del Programa Verdad y Justicia. Pero nada cambió.
En abril de 2009 fue un director del propio SPF quien advirtió que Campo de Mayo “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Julián Corres, torturador y jefe de guardias de La Escuelita de Bahía Blanca, se había escapado de la delegación local de la Policía Federal y pretendía que lo trasladaran con Videla & cía. Fue el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del SPF, quien evaluó que el “nivel de seguridad no sería el apropiado” para portadores de semejantes prontuarios. Dos camaristas bahienses minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del Laucha Corres.
La fuga de Olivera y De Marchi logró lo que no pudieron los organismos: que los represores alojados en Campo de Mayo fueran sacados para siempre de un espacio que es sinónimo de Ejército Argentino. La lista incluye a condenados por su actuación en Corrientes (Horacio Losito), Chaco (Jorge Carnero Sabol y Luis Patetta), Bahía Blanca (Norberto Condal y Jorge Masson), Buenos Aires (Alfredo Feito y Enrique Del Pino) e incluso Campo de Mayo (César Fragni, Raúl Harsich o Raúl Martín).
“Los 25 responsables de delitos de lesa humanidad encarcelados en un espacio para 50 pasarán a ser ‘presos comunes’ y a recibir el trato de respeto por sus derechos, pero que corresponde a su status”, indicó el SPF en un comunicado. En una nota al Tribunal Oral Federal Nº 5, a cargo del juicio de la ESMA, el SPF explicó que ordenó el traslado “debido a que no es posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo (U34) de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”. El edificio “presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa”, explicó Marambio. Agregó que el Departamento de Inteligencia Penitenciaria elaboró “varias hipótesis sobre el desarrollo de dichos eventos” y destacó la “dificultad” de custodiar un centro penitenciario “asentado dentro de un importante complejo del Ejército, motivo principal del déficit de seguridad”. Otro motivo se relaciona con los achaques de los represores. “La composición etaria de dicha población penal requiere de una permanente asistencia en materia de salud”, por lo que hay que cubrir esa situación “principalmente a través de los hospitales militares”, traslados que fueron prohibidos a fines de julio, tras la fuga de De Marchi y Olivera.

domingo, 15 de septiembre de 2013

"Parece imposible, pero se puede" (investigar la complicidad económica con el terrorismo de Estado)

Por Diego Martínez
Página/12, 15.9.13

/fotos/20130915/notas/na13fo01.jpg“Imagino una placa en la entrada de la Sociedad Rural que diga ‘Esta institución fue cómplice del terrorismo de Estado’”, dio como ejemplo Horacio Verbitsky sobre una posible consecuencia de la creación de una comisión nacional de la verdad que investigue la complicidad económica con la dictadura. Del medio millar de personas que desbordó el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional surgieron risas, que el periodista interrumpió. “No se rían. Parece imposible pero hemos hecho muchas cosas que parecían imposibles. En los organismos, solemos decir que lo imposible sólo lleva un poco más de tiempo”, contó el presidente del CELS, y la sala estalló en un aplauso.
La escena tuvo lugar ayer durante la presentación de Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, libro en el que Verbitsky y el jurista Juan Pablo Bohoslavsky convocaron a una veintena de especialistas para desmenuzar las relaciones de los grupos económicos con el Estado terrorista, y en el que proponen la creación de una comisión que sistematice información a fin de avanzar en el proceso de justicia transicional incorporando la dimensión de la complicidad económica. “El tema estaba en el aire, pero hacía falta plantear que es necesario y posible encarar esa problemática”, contó Verbitsky en la presentación del libro editado por Siglo XXI, al que definió como “una obra colectiva con veinte autores de primerísimo nivel”. En el panel lo acompañaban Bohoslavsky, el economista Eduardo Basualdo, el ex canciller Jorge Taiana y la periodista Alejandra Dandan, de Página/12.
“No somos pioneros”, admitió Verbitsky y citó estudios de casos como Acindar, Techint, Ledesma, Ford o Mercedes-Benz e investigaciones como las de Papel Prensa o la Comisión Nacional de Valores. Hizo un repaso por los capítulos del libro y explicó que uno de los objetivos fue “mostrar las distintas caras de la complicidad (de los grupos económicos) y cómo el poder del Estado fue usado con distintos fines”. La propuesta central, concluyó, es crear por ley una comisión con recursos, facultades y especialistas de distintas disciplinas.
Bohoslavsky se refirió al déficit de legitimidad de los gobiernos autoritarios, a su necesidad “de comprar voluntades en las elites”, y explicó que, en el caso argentino, “el apoyo económico, financiero e institucional” de los grupos económicos fue “esencial para la sustentabilidad política del gobierno”. Cuentas pendientes ofrece un marco teórico y conceptual para entender la suma de casos conocidos, dijo, y destacó la importancia “de ponerles nombre a muchos crímenes”. Diferenció los abordajes desde el derecho penal, el civil y el derecho a la verdad y se preguntó por las consecuencias que podría tener el trabajo de una comisión investigadora. “¿Se caería el cielo? No creo, pero tampoco será fácil”, admitió, y advirtió que no faltarán “actores de mucho peso que tratarán de universalizar el temor de una supuesta avanzada de los derechos humanos sobre la economía”, cuando “sólo se trata de aplicar estándares básicos de derechos humanos”.
“La dictadura inauguró un patrón de acumulación específico” que tuvo su “etapa superior” en la década del ’90 y se prolongó hasta 2001, explicó Basualdo. Ese patrón caracterizado por el endeudamiento externo y la fuga de capitales dio inicio a la más profunda redistribución del ingreso, a la desindustrialización y a la anulación de los derechos de los trabajadores, agregó el economista de Flacso, y recordó que en 1977 Rodolfo Walsh advirtió que la política económica de la Junta “castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. El nuevo bloque de poder se conformó con la asociación de grupos económicos y capital financiero internacional, resumió, y destacó que “la hegemonía en la conducción del Estado” la tuvieron grandes grupos como Bunge & Born, Bemberg, Acindar, Loma Negra, Clarín o Macri, entre otros.
“Algunos pocos casos de responsabilidad empresaria fueron captados desde la lógica penal”, explicó Dandan y se detuvo en el Ingenio Ledesma y el empresario Pedro Blaquier, quien aportó vehículos y choferes a grupos de tareas de Jujuy, según probó el juez Fernando Poviña. La periodista especializada en juicios por delitos de lesa humanidad reprodujo sus diálogos con víctimas jujeñas, la resignación de una madre de desaparecidos mientras Blaquier burlaba las indagatorias y la “ocupación del espacio de lo público” por parte de Ledesma.
Taiana consideró que es la dimensión política la que “debe hacernos reflexionar y abrir espacios” para avanzar en la penal y en la civil, y destacó que “el derecho a la verdad no es sólo de las víctimas: la sociedad tiene derecho a saber qué pasó y por qué”. Recordó que en los últimos años de la dictadura hubo debates incipientes sobre las responsabilidades civiles, pero tras la guerra de Malvinas “el poder económico dio un paso atrás para que sólo aparecieran las responsabilidades más obvias de los criminales”, a las que se limitó la Conadep. Verbitsky recordó entonces un dato que sintetiza el éxito de la estrategia empresarial para difuminar sus responsabilidades y seguir adelante con sus negocios: el día de la audiencia inicial del Juicio a las Juntas, los denominados “capitanes de la industria” se reunieron en Olivos con el presidente Raúl Alfonsín. Como muestra de apoyo al juicio donaron una fotocopiadora para la fiscalía de Julio Strassera. “Esa misma semana –recordó el periodista–, Alfonsín anunció la economía de guerra contra los salarios.”

domingo, 25 de agosto de 2013

Fiscal Pelazzo: “La Cámara no fue permeable a la presión”

Por Diego Martínez
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“Evidentemente no fueron permeables a esas presiones”, dice con satisfacción el fiscal jujeño Pablo Pelazzo. La referencia alude a los jueces de la Cámara Federal de Salta, que confirmó el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y de su ex administrador Alberto Lemos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Las presiones refieren a notas guionadas por la defensa del empresario que aparecieron en su diario amigo La Nación.
–La Cámara consideró probado el aporte de vehículos de Ledesma para los secuestros y el “conocimiento y voluntad” de que era para detenciones o traslados de personas secuestradas. ¿Está conforme? –Sólo en parte. Como sostuvimos al apelar, entendemos que ese conocimiento se extiende a la cadena de delitos que eran parte del plan de la dictadura. Es muy difícil creer que en aquel momento quien colaboraba en un secuestro no colaboraba para que esa persona no apareciera más. Y en el medio además se torturaba, es difícil suponer que sólo participaban del secuestro. Ya antes del golpe hay pruebas de gente secuestrada como parte de persecuciones que denunciaba el sindicato.
–Un testigo contó que lo colgaron de un árbol para pegarle y le decían “éste es el zurdo que hizo el paro” en el ingenio, que había una camioneta de Ledesma y sugirió que los torturadores se comunicaban con la empresa. ¿Cómo se explica el procesamiento por secuestros y no por tormentos? –En ese caso fue un testigo pero Blaquier no fue indagado por ese hecho. Esto pasó con un montón de víctimas y ahora se deben instruir nuevas causas. En términos generales los jueces se limitan a imputar dolo sólo por el aporte de las camionetas, dicen no encontrar elementos materiales que den cuenta de la participación en tormentos, como si fuera necesario encontrar elementos de tortura en las oficinas de Ledesma o sobrevivientes que cuenten haber sido torturados en la empresa. Para nosotros el tabicamiento es una forma autónoma de tortura, que se inicia cuando te ponen una venda, y eso ocurría durante el secuestro. Es autónomo, no es un empujón para subir a alguien a una camioneta. Además era sistemático.
–¿Qué dicen ellos sobre el uso de las camionetas? –Fueron cambiando de discurso. Primero negaban rotundamente haberlas aportado. Cuando ya era insostenible dijeron que “podía ser” por donaciones al hospital y a Gendarmería, y sugirieron que no habían borrado el logo de Ledesma. Más adelante hicieron distintos planteos y juegos de palabras para intentar probar que los testigos no dijeron lo que dijeron. Ahora en La Nación insisten con que nunca prestaron camionetas, cuando hay pruebas hasta en Salta, donde dos personas dijeron haber visto una camioneta de Ledesma en el destacamento de Gendarmería en Orán y se corroboró en el libro de ingresos: figuraba nombre de los choferes, dominio y decía “procedente de Ingenio Ledesma” el 24 de marzo de 1976.
–El procesamiento es para Blaquier como partícipe necesario y para Lemos como secundario porque uno facilitó los vehículos y el otro ejecutó la orden. ¿Coincide? –No, para nosotros en ambos casos hay participación primaria, porque cómplice es quien participa en un hecho ajeno. Hay un informe de la Comisión Nacional de Valores donde Lemos figura como integrante del directorio de Ledesma, es decir que no sólo era administrador.
–Lemos admitió ante Olga Arédez que pusieron cuarenta vehículos al servicio de la dictadura “para limpiar el país de indeseables”. Otro directivo, Mario Paz, se ufanaba de que Ledesma puso mucha plata para el golpe. ¿Qué dicen sobre sus dichos del pasado? –Lemos lo niega, dice que nunca habló con Olga Arédez en esos términos. En el otro caso la defensa es graciosa. Paz, ya fallecido, admitió su colaboración en el documental Sol de Noche, hay horas de filmación con pruebas interesantes. En un momento apareció un escrito de una persona diciendo que Paz le contó que le ofrecieron plata para que dijera algo escrito para el documental. Pero cuando le propone hacerlo constar ante escribano, Paz se muere y nadie puede dar fe. Es absurdo, todo Jujuy sabía que Paz era alguien comprometido con la empresa y con la dictadura.
–La Cámara dice que el aporte de Ledesma fue “desde la creación de la unidad de Gendarmería” y que un año antes del golpe ya habían prestado vehículos a la policía para trasladar gremialistas detenidos, según figura en panfletos. ¿Podría ampliarse la imputación a hechos de 1975? –Sí, hay muchos expedientes incorporados como prueba, sobre todo por la ley 20.840 o “antisubversiva” que se aplicaba a perseguidos políticos. Está ese panfleto donde se denuncia el uso de camionetas, e incluso el juez admite que no se explica el porqué de un destacamento de Gendarmería a 400 kilómetros de la frontera, no hay explicación lógica.
–Salvo que esté al servicio de la empresa. –Exacto.
–Blaquier sigue libre, la Cámara dice que no hay riesgo de fuga y sólo tiene prohibido salir del país. ¿Teme la fuga? –Sí, sobre todo porque el pedido de detención nuestro se funda en que hay muchos más delitos que se les deben reprochar a Blaquier y a Lemos, con lo cual aumenta la expectativa de pena y se presume mayor la probabilidad de que quieran entorpecer la investigación y evadir la Justicia. A su vez está la capacidad económica, que se vio en el editorial de La Nación. Pueden entorpecer de esa forma pero también de otras más directas.
–La Cámara destaca el grado de organización del servicio de seguridad de Ledesma, sostiene que tenía “su propio servicio de informaciones, registros y documentación”. ¿Qué tan activo sigue ese servicio? –La respuesta más contundente entiendo que surgió del allanamiento del juez (Fernando) Poviña a la empresa: encontró material de seguimiento de las marchas por la conmemoración de la Noche del Apagón, con detalle de participantes, número de inscripción de vehículos, oradores, panfletos y muchos detalles, en dos libros anillados de casi 500 páginas.
–El fallo de la Cámara se dio en el contexto de una campaña de medios amigos de Blaquier para desacreditar a fiscales y jueces. ¿Le preocupa la incidencia de ese lobby? –Estaba más preocupado antes. Los editoriales de La Nación estaban claramente dirigidos a deslegitimar el proceso y a presionar a los jueces. Evidentemente no fueron permeables a esas presiones, pero el impacto no deja de ser fuerte, sobre todo en Libertador General San Martín. A partir de la operación que iniciaron desde que se los citó a indagatoria trataron de instalar el miedo, la idea de que si la causa avanza la empresa puede cerrar, cuando acá sólo se persigue a dos personas por su responsabilidad concreta en delitos de lesa humanidad.

jueves, 22 de agosto de 2013

Un boleto de regreso forzado

Por Diego Martínez
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La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó ayer por unanimidad el fallo que ordenó la extradición de Otilio Roque Romano, el ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza procesado por delitos de lesa humanidad que huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y quitarle los fueros que le permitían seguir en libertad. Los jueces trasandinos ratificaron con su fallo que el ex hombre fuerte del Poder Judicial cuyano no es un perseguido político y destacaron que existen “presunciones fundadas” sobre su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Si el Tribunal Oral Federal de Mendoza accede al pedido de acumular las causas elevadas e incorporar a Romano a la lista de acusados, planteo que hoy formulará el Ministerio Público Fiscal, el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un megajuicio con casi cuarenta imputados, incluidos militares, policías y cinco ex jueces acusados de omitir, denunciar e investigar secuestros, torturas, violaciones y homicidios.
El fallo de la sala segunda de la Corte Suprema que pone punto final a la estadía de Romano en Chile lleva las firmas de Milton Juica, Hugo Domestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, quienes confirmaron la decisión que había tomado el 18 de junio el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo. El pronunciamiento confirma además la resolución tomada a principios de 2012 por el Ministerio del Interior de Chile, que al descartar “la existencia de un fundado temor de persecución” echó por tierra la estrategia de victimización de Romano, quien pretendía hacerse pasar por víctima de “una venganza de personeros de izquierda”.
Los magistrados destacaron la obligación del Estado chileno de “promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”, que incluyen “la sanción del genocidio y de los delitos de lesa humanidad”, y consideraron “idóneos” los antecedentes penales de Romano enviados por la Justicia Federal de Mendoza. Ante el pedido de la defensa para que se considerara la negativa de la Argentina a extraditar a Santiago Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán, los jueces supremos apuntaron que “el hecho que el Estado requirente se haya puesto en su momento en una situación que conllevó infringir el principio de reciprocidad no tiene como efecto que nuestro país incurra en infracción” de tratados y convenios internacionales.
El juez federal Walter Bento y luego la Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces subrogantes, habían procesado a Romano cuando todavía estaba en funciones como partícipe necesario en 103 casos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones, protagonizados por militares y policías cuyanos. Los delitos que omitió investigar ocurrieron entre 1975, con la aplicación sistemática de la “ley antisubversiva” 20.840, y 1983, cuando terminó la dictadura. Romano se desempeñó en aquellos años como fiscal federal y eventualmente como juez federal subrogante de Mendoza.
En su última etapa al frente de la Cámara, Romano se especializó en liberar represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de la dictadura. En paralelo, se dedicó a dilatar el proceso de destitución en su contra en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y pérdida de fueros, que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión rumbo a Chile y pidió refugio como perseguido político. Comenzó entonces la lucha de los organismos de derechos humanos y de la Justicia mendocina para extraditarlo, proceso que le valió un changüí de dos años en libertad.
El avance de las causas en ese período le permitirá a Romano compartir el banquillo de los acusados no sólo con torturadores de Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también con viejos compañeros. En febrero llegaron al tribunal que integran Alejandro Piña, Juan González Macías y Raúl Fourcade las causas que tienen como imputados a los ex jueces Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos solicitó ayer, apenas conocido el fallo de la Corte chilena, la acumulación de causas para que Romano pueda ser juzgado a partir del 11 de noviembre en “un megajuicio con casi 40 imputados”, se esperanzó el abogado Pablo Salinas. Hoy formulará idéntico reclamo el fiscal federal Dante Vega, en representación del Ministerio Público Fiscal. “Estamos en condiciones de tener a todo el aparato organizado de poder en el banquillo. Será el juicio más importante de la provincia”, destacó el fiscal.

sábado, 17 de agosto de 2013

Procesaron a Sanguinetti por el caso Ledo

El juez no dio por probado que Sanguinetti haya tenido participación directa en el secuestro, pero dijo que debía cuidarlo. En la causa está involucrado el jefe del Ejército, César Milani, quien hizo el sumario en el que se consideró a Ledo desertor.
 
Alberto Agapito Ledo
Por Diego Martínez
El coronel retirado Esteban Sanguinetti, impune durante 37 años, fue procesado ayer con prisión preventiva por el secuestro y el homicidio calificado del conscripto Alberto Agapito Ledo en 1976. El juez federal Daniel Bejas no dio por probada la versión que los compañeros de Ledo le transmitieron a su madre, según la cual Sanguinetti tuvo participación directa en la desaparición, pero lo procesó porque como jefe de compañía del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja tenía la obligación de cuidar la vida y la integridad de los soldados bajo su mando. Bejas destacó en los fundamentos de su resolución “la indiferencia” de las autoridades militares, que no ordenaron buscar al soldado desaparecido, y encomendó al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación de los hechos, tarea que en el fuero militar estuvo a cargo del entonces subteniente César Milani, actual jefe del Ejército, quien luego de “las averiguaciones practicadas” tras la desaparición concluyó que Ledo “fugó del vivac” ubicado en un predio de Monteros, Tucumán.
Ledo estudió historia en la Universidad Nacional de Tucumán hasta diciembre de 1975. Al mes siguiente se incorporó como conscripto al batallón riojano y el 20 de mayo de 1976 fue trasladado a un predio de las afueras de Monteros donde el Ejército había comenzado a construir una escuela. Su madre, Marcela Brizuela de Ledo, recibió cartas de Alberto todas las semanas durante meses. El 4 de julio, cuando cumplía 21 años, fue a visitarlo y se encontró con la noticia que le transmitieron otros colimbas: Sanguinetti sacó a Ledo del campamento a la una de la madrugada del 17 de junio en un vehículo del Ejército y nunca más lo vieron.
El sumario por “deserción” estuvo a cargo de Milani. Sanguinetti sostuvo en su declaración indagatoria que, como oficial sumariante, Milani era “responsable de la investigación profunda del caso” y tenía “la misión de dejar constancia por escrito de todo lo relacionado con ese hecho”. Según las ocho fojas del sumario que hizo públicas el CELS, Milani recibió la orden de investigar doce días después de la desaparición. “De las averiguaciones practicadas” concluyó que Ledo “fugó” del campamento militar “durante la noche” del 17 de junio y nunca regresó. Detalló la ropa que llevaba, aseguró “que no ha recibido malos tratos” y que como “conocía las leyes penales” había incurrido en “deserción simple”, figura que el Ejército utilizó para encubrir las desapariciones de soldados.
Sanguinetti es el primer procesado por la desaparición de Ledo. Sus superiores en la cadena de mandos eran Osvaldo Pérez Bataglia y Jorge Pedro Malagamba. Durante su indagatoria, dijo que como ingeniero civil lo habían designado jefe de una compañía vial del Batallón y lo habían enviado a Tucumán con 150 soldados a sus órdenes. “Ledo era para mí un soldado más”, dijo. Afirmó que nunca hizo recorridas con nadie y sugirió que la fuga no debía sorprender porque el predio estaba a 500 metros de la ruta 38 y “las necesidades fisiológicas se hacían a campo abierto”, alejándose lo máximo posible por cuestiones “de decoro”.
Según el procesamiento, el conscripto que relató la salida de Sanguinetti con Ledo no pudo ser ubicado. Bejas apuntó que la investigación “no tuvo mayores avances” desde 2009 y encomendó profundizarla. No fundó el procesamiento en las acciones directas de Sanguinetti, sino en su “obligación positiva de custodia y protección de las personas bajo su guarda”. Como jefe de compañía y miembro de la estructura jerárquica del Batallón 141, con mando sobre la tropa, tenía “el deber de defender en forma explícita los bienes e intereses” de los subordinados a su cargo, más aún si lo estaban por obligación y en un contexto de terrorismo de Estado, escribió. Remarcó que los jefes militares tenían “un control absoluto y discrecional” sobre los soldados y llamó la atención sobre “la indiferencia” ante la fuga, ya que no ordenaron buscar al supuesto fugado. Sanguinetti seguirá con arresto domiciliario en su departamento al menos hasta que los médicos forenses dictaminen si está en condiciones de ser trasladado a una cárcel.

domingo, 28 de julio de 2013

Una fuga planificada con su debido tiempo

Días antes de condenar a los dos represores ahora prófugos, el tribunal que los juzgó reforzó su guardia ante la posibilidad de que huyeran. Hay sospechas de complicidad judicial en la tramitación del traslado para ser atendidos en el Hospital Militar, de donde se fugaron.
 
Por Diego Martínez
En los días previos a la sentencia que recibieron los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, los jueces del Tribunal Oral Federal de San Juan que finalmente los condenaron por delitos de lesa humanidad tomaron nota de las versiones sobre una posible fuga y ordenaron reforzar las custodias durante los traslados y en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan donde se desarrollaron las audiencias. El miércoles 3 de julio, mientras sus defensores terminaban los alegatos, ambos militares presentaron escritos pidiendo ser trasladados de urgencia al penal de Marcos Paz, escala previa al Hospital Militar Central Cosme Argerich, donde ya tenían turnos asignados que había gestionado la mujer de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada del hospital de la avenida Luis María Campos. El tribunal frustró la maniobra al rechazar los pedidos, el jueves 4 los condenó y el lunes 8 se inició la feria judicial en San Juan. Los datos que comienzan a surgir tras la fuga sugieren que el objetivo de los represores era escabullirse antes de la sentencia y ponen de manifiesto que cayeron en oídos sordos las señales de alerta sobre una posible fuga.

Jorge Olivera y Gustavo De Marchi
Olivera y De Marchi, más allá de los secuestros, tormentos, violaciones y asesinatos que los hermanan con centenares de represores, no son dos militares más. Olivera, que en 1976 era un teniente primero de 25 años, tuvo a su cargo las tareas de inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, donde cometió los delitos que le valieron una condena a prisión perpetua. Pasada la dictadura se recibió de abogado y pidió la baja del Ejército con el grado de mayor, el último al que podía llegar por ascenso directo, sin que la comisión de acuerdos del Senado se detuviera a analizar sus antecedentes. Después supo defender a un ícono del terrorismo de Estado como el general Carlos Guillermo Suárez Mason, participó del alzamiento carapintada en 1987, se benefició con la ley de obediencia debida y en el año 2000 llegó a burlar a la Justicia de Italia con la ayuda de inteligencia del Ejército. En diciembre de 2007 se ordenó su captura y estuvo once meses prófugo, hasta que la Policía Federal lo detuvo en Vicente López.
De Marchi pertenece a una familia de ganaderos de Corrientes y es hermano del empresario y capitán retirado Juan Carlos De Marchi, a quienes sus camaradas bautizaron El Electricista, por sus destrezas con la picana eléctrica. Juan Carlos supo presidir la Sociedad Rural de Corrientes y recibió en 2008 una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en su provincia. Gustavo, ahora prófugo, les advirtió a quienes lo acusaban que era un “prisionero político” y que ellos eran sus “enemigos”, y se ufanó de haber sido entrenado para fracturarle la tráquea a una persona con un movimiento de apenas dos dedos.
Durante los quince meses que duró el primer juicio a represores de San Juan, tanto Olivera como De Marchi se mostraron físicamente saludables y no manifestaron ningún problema psicológico, kinesiológico o dermatológico como los que finalmente invocaron con éxito para conseguir el traslado y lograr la fuga. Durante todo ese período estuvieron presos en el Penal de Chimbas, el mismo al que Olivera iba y venía con detenidos a los que interrogaba durante la dictadura.
En junio, a medida que se acercaba el final del juicio, llegaron a oídos de fiscales, querellantes y jueces distintos rumores sobre la planificación de una fuga en el traslado de los imputados desde el Penal de Chimbas hasta el rectorado de la universidad. El tribunal que integraron Raúl Fourcade, Héctor Cortés y Alejandro Piña reclamó entonces más agentes al Servicio Penitenciario de San Juan, que los trasladaba cada día hasta la sala de audiencias, y también a la Policía Federal, que tenía a su cargo la custodia del edificio.
El 3 de julio, mientras el tribunal trabajaba contrarreloj para poder dictar la sentencia antes del inicio de la feria judicial, Olivera y De Marchi, por separado, presentaron sendos escritos en los que pedían el traslado a Marcos Paz por supuestos problemas de salud. En ambos casos adjuntaron turnos que ya se habían gestionado en el Hospital Militar, según informó a Página/12 una alta fuente de la Justicia de San Juan. Durante un cuarto intermedio Olivera pidió una audiencia privada con el tribunal, que se la concedió pero en presencia de fiscales, abogados querellantes y defensores. Reiteró entonces el pedido de ser llevado con urgencia a Marcos Paz con el argumento de ver a su madre, supuestamente afectada por problemas de salud, y a su esposa, la psicóloga con grado militar Marta Noemí Ravasi, con quien dijo que intentaba recomponer un vínculo afectivo. El tribunal rechazó de hecho el pedido y anunció para el día siguiente la instancia de las “últimas palabras”.
El miércoles 4, después de las condenas, los jueces ordenaron poner a los represores a disposición del Servicio Penitenciario Federal para que los trasladara al penal que considerara pertinente. Olivera y De Marchi estuvieron en Chimbas hasta el martes 16, cuando por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo, que habría decidido trabajar los primeros días de la feria, los penitenciarios los trasladaron hasta Marcos Paz. Después el juez civil Miguel Angel Gálvez, como subrogante del juzgado federal, firmó la autorización para llevarlos al Hospital Militar. Gálvez declaró ayer que no recordaba el motivo invocado por los condenados, que no revisó el expediente porque entendía que ya estaba en conocimiento de Rago Gallo y que se limitó a firmar el escrito. El abogado querellante Fernando Castro acusó ayer por la tramitación del traslado a la secretaria Paula Carena de Yanello, nuera del ex fiscal Juan Carlos Yanello, a quien el tribunal que condenó a los represores ordenó investigar por su actuación durante la dictadura. Tal como informó ayer Página/12, Rago Gallo es íntimo amigo del ex camarista Otilio Romano, el hombre fuerte del Poder Judicial de Cuyo que frenó sistemáticamente el avance de las causas de lesa humanidad hasta que las acusaciones de su propia actuación en el terrorismo de Estado lo llevaron a fugarse hacia Chile para evitar terminar en la cárcel.

sábado, 27 de julio de 2013

Para evitar nuevos puntos de fuga

INVESTIGAN LA FUGA DE DOS CONDENADOS Y PIDEN QUE NO SE TRASLADE A REPRESORES A HOSPITALES MILITARES

Por Diego Martínez

El gobierno nacional dispuso una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que sonrieron hace tres semanas al escuchar su condena por delitos de lesa humanidad y se fugaron el jueves del Hospital Militar Central Cosme Argerich. La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadío y quien aparece con un rol protagónico en el proceso que derivó en la fuga es la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada hasta ayer del área de salud mental del Argerich y quien gestionó en San Juan una insólita autorización para justificar un traslado de mil kilómetros por problemas psiquiátricos y dermatológicos. Distintas carteras del Ejecutivo denunciaron a los jueces que ordenaron el traslado, a los agentes del Servicio Penitenciario Federal responsables de custodiar a los presos y a militares del Argerich. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió el pase a retiro y relevo de siete militares que ocupaban cargos de conducción en el hospital (ver recuadro). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios, ordenó que el SPF no traslade a ningún represor a ningún centro de salud militar y le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, una acordada para que ningún juez envíe a represores procesados o condenados a unidades médicas de las Fuerzas Armadas.

Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.

El trasfondo de la fuga incluye actores del Poder Judicial, militares, médicos y penitenciarios. La señora de Olivera, militante católica que despotrica contra los “zurdos” y “el marxismo” y está sospechada de haber sido informante del Ejército durante la dictadura (ver recuadro), habría iniciado la gestión del traslado ante el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, un encumbrado miembro de la familia judicial cuyana que supo encabezar su amigo personal Otilio Romano (el ex camarista que se fugó a Chile para no ser detenido por su rol en la dictadura) y uno de los primeros jueces en pronunciarse contra la aplicación de la ley de medios. Una alta fuente oficial contó que Rago Gallo recibió de manos de Ravasi los certificados del Hospital Militar pidiendo la derivación de los represores, armó los expedientes y antes de iniciar la feria judicial dejó redactadas las resoluciones con las órdenes de traslado, que firmó finalmente el juez que lo subrogó, Miguel Angel Gálvez. En el caso de Olivera se invocaron problemas dermatológicos, y psiquiátricos en el de De Marchi, patologías que no implicaban riesgo de vida y no justificaban ningún traslado, destacó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia.
Olivera y De Marchi, condenados el 4 de julio último a prisión perpetua y 25 años de cárcel respectivamente, fueron trasladados más de mil kilómetros hasta el penal bonaerense de Marcos Paz. Desde allí, el jueves a primera hora salieron rumbo al Hospital Militar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Según la denuncia que presentó ayer el director del SPF, Víctor Hortel, “personal de Seguridad y Traslados” entregó a los represores “al personal del hospital en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”. “Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar”, agrega. “No obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos”, concluye el relato de los hechos. Además de la investigación de los penitenciarios y de los jueces sanjuaninos, Hortel pidió que se investigue “al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad”, apuntó, y enfatizó que “no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido nosocomio”, en referencia a la psicóloga Ravasi.La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dispuso el congelamiento de los bienes de los prófugos.
Por la tarde, en otro comunicado, Alak informó sobre la firma de la resolución por la cual el Ejecutivo dispuso ofrecer una recompensa de dos millones de pesos a quienes brinden “información determinante para la detención” de Olivera o De Marchi. El ministro le solicitó a la Corte Suprema, en tanto, que instruya a todos los tribunales inferiores para que no dispongan traslados a ningún hospital dependiente de las Fuerzas Armadas de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad. “Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado”, escribió Alak, y pidió que sean derivados al Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I de Ezeiza, que “está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria”. “Ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria”, solicitó.
El Ministerio de Justicia explicó ayer que “para no incurrir en los delitos de desobediencia o violación de los deberes de funcionario público”, el SPF cumplió con la orden del traslado “a pesar de que se presentaba como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”. Consumada la fuga, ayer instruyó a esa fuerza para que no vuelva a trasladar a ningún represor detenido al Cosme Argerich y ordenó que se apelen las decisiones en ese sentido. Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud anunciaron además que firmarán el lunes un convenio de creación de una comisión médica para que evalúe el estado de todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad internados en centros hospitalarios de las Fuerzas Armadas, para luego determinar si deben permanecer allí o pueden ser trasladados al hospital de Ezeiza o a cárceles comunes

lunes, 24 de junio de 2013

“El grado de humillación que sufrieron es inenarrable”


Durante seis años, Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo investigaron y realizaron entrevistas a sobrevivientes para reconstruir cómo funcionaba el centro clandestino asentado en Córdoba y los horrores que sufrieron las víctimas.

Por Diego Martínez
La Perla fue el mayor centro clandestino del interior del país. La Perla. Historia y testimonios de un campo de concentración es tal vez uno de los intentos más fructíferos por narrar lo inenarrable. Los periodistas Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo hurgaron durante seis años en testimonios de sobrevivientes, hicieron entrevistas, procesaron archivos y contaron en 478 páginas, con un nivel de detalle poco común, la experiencia que sobrevivientes y especialistas coinciden en calificar de intransferible.
–Pertenecen a generaciones distintas: la de los desaparecidos y la de los hijos. ¿Cómo fue la decisión y la experiencia de armar el libro juntos?
Ana Mariani: –La idea de escribir sobre ese siniestro lugar y las consecuencias que todavía hoy se padecen surgió a instancias del periodista Sergio Carreras, quien señaló la carencia de investigaciones periodísticas sobre la historia reciente de Córdoba realizadas en Córdoba. Pero con Carreras coincidimos en que necesitaba a alguien que me acompañara en el arduo trabajo que significaba esta investigación. Así fue como afortunadamente se cruzó en mi camino Alejo, que tenía 25 años y unos deseos enormes de trabajar a la par mía. Cada día que pasaba me iba dando cuenta de que el pertenecer a dos generaciones era provechoso. Alejo no había nacido cuando el golpe de Estado de 1976 y podía tener esa mirada desprovista de prejuicios, imprescindible para la finalidad de la investigación.
Alejo Gómez Jacobo: –La decisión y la experiencia fueron de la mano: en lo personal sabía que no sólo era una posibilidad única de trabajar con alguien de la trayectoria de Ana, lo que significaría una madurez profesional, sino el desafío generacional de hacer frente a una temática que poco se toca y mucho se oculta entre los jóvenes, casi siempre por desconocimiento y otro tanto por temor. Fue un camino largo y con muchas dificultades, pero seguimos adelante en equipo: cuando uno dudaba, el otro empujaba. Cada uno aportó desde su lugar y el complemento fue más fructífero de lo que esperábamos. El resultado es un libro que arroja una mirada distinta, porque no sólo es un material documental, sino que conlleva un intento de sanación del vacío que quedó entre aquella generación tan golpeada y la que creció con la certeza de la democracia.
–El libro arranca contando la construcción del edificio como compensación al Ejército por una cesión de terrenos. ¿Fue pensado como campo de concentración?
A.G.J.: –Poco se sabe sobre las intenciones iniciales del Ejército. Sin embargo, se pueden ir reconstruyendo fragmentos con voces y fechas que permiten inferir que La Perla fue construida, entre otras cosas, con el propósito del exterminio. Para 1975, Menéndez asumía en el Tercer Cuerpo y los mandos castrenses ya habían decidido que Isabel tenía las horas contadas. El predio donde se ubica La Perla es, lamentablemente, el lugar justo para la “solución final” implementada: a 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba, alejado de toda civilización y en pleno terreno del Ejército. Es decir que nadie podía ayudar a los secuestrados, a merced de la voluntad absoluta y mesiánica de sus captores.
–Cuentan que en 1977 hubo madres que llegaron al alambrado de La Perla a preguntar por sus hijos, que en 1976 hubo testigos de fusilamientos, y arriesgan que Córdoba fue de los lugares donde se supo sobre el terrorismo de Estado desde el primer momento. ¿A qué lo adjudican? ¿Y cuál fue el nivel de conocimiento del grueso de la sociedad cordobesa en esos años?
A.G.J.: –Córdoba es históricamente una de las provincias más politizadas del país, y no fue casual que las Fuerzas Armadas hayan concentrado el núcleo de la represión en el eje Córdoba-Santa Fe-Buenos Aires. La fortaleza de fábricas y gremios hicieron de Córdoba un foco para las reivindicaciones sociales y, por ende, un objetivo negro para el Ejército. Es decir que en Córdoba siempre hubo conciencia plena del momento histórico y político que se vivía. De todas maneras, el conocimiento sobre lo que ocurrió después, ya con la Junta en el poder, es materia de discusión: hay quienes dicen que se sabía, pero no se podía hacer nada frente a semejante aparato; otros que nada se sabía; y muchos apuntan que era imposible no saber, pero que la sociedad prefirió mirar hacia otro lado y luego fingir un supuesto desconocimiento para lavar sus culpas. Como sea, y más allá de la valentía de las Madres o de algunos testigos ocasionales de fusilamientos, la sociedad cordobesa, igual que el resto del país, estaba paralizada por la maquinaria de terror que el Ejército ejecutó a la perfección.
A.M.: –Si bien en un primer momento se podía ignorar la existencia de La Perla como campo de concentración, algunos sobrevivientes relatan que cuando pasaban por el lugar, comentaban: “Si nos traen acá, no salimos con vida”. Además, los operativos para los secuestros eran tan ostentosos que la gente no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Pero el miedo, como dice Alejo, fue una de las armas de quienes tomaron el poder, y los militares sabían muy bien que la sociedad estaba indefensa ante esa maquinaria de terror. Lo que sí es alarmante es que en la actualidad todavía pueda haber personas que nieguen esa negra historia reciente.
–Las mujeres sufrieron una violencia doble: tortura y violencia sexual, explican, y cuentan la exposición de mujeres desnudas y vendadas ante la tropa. ¿Cuánto se logró avanzar en Córdoba respecto de la violencia de género como delito específico? ¿Qué receptividad tuvo el Poder Judicial?
A.M.: –El grado de humillación que sufrieron todos los secuestrados y desaparecidos, sin excepción, es inenarrable. Pero en el caso de las mujeres, los abusos y la violencia sexual fueron una constante. Que se las expusiera desnudas ante la mirada de cantidad de gente es terrible, humillante y violento. Los testimonios en este aspecto son muy fuertes, como estar atadas de pies y manos al elástico de la cama en la sala de torturas, desnudas y rodeadas de los represores que se reían y burlaban mientras las sometían a los tormentos más grandes. Una de las sobrevivientes nos relató que la humillación es tan terrible como la tortura. Este tipo de prácticas aberrantes buscaba la destrucción psíquica y la afectación de la dignidad de las personas. Hace bastante tiempo que se viene trabajando en ese sentido y se está instruyendo una causa sobre estos delitos que se podría elevar a juicio.
Ana Mariani y Alejo Gómez Jacobo. Foto Bibiana Fulchieri.
–Una sobreviviente cuenta que la primera trompada en cautiverio en el D2 se la dio la Cuca Antón, una mujer policía que todos temían, y que “por suerte” no estaba la Tía Pereyra, que interrogaba e “instruía a todos”. ¿Son casos aislados o hubo otras mujeres que participaron de la represión ilegal? Y a Ana, como mujer, ¿qué lectura hace del rol de esas mujeres?
A.M.: –Antes que nada quiero aclarar que Mirta Graciela Antón, alias “la Cuca”, está cumpliendo una condena de siete años en la cárcel de Bouwer, desde julio de 2009, por la causa UP1, y ahora está nuevamente imputada en la megacausa La Perla. Esta mujer fue central dentro de la estructura represiva del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, al igual que la conocida como la Tía Pereyra, muerta ya, que de acuerdo con testimonios era terrible a la hora de torturar. De allí que esa sobreviviente nos relató que “por suerte” estaba de vacaciones la Tía, porque la tortura hubiera sido más feroz aún. Personalmente creo que el mal, el sadismo (como pellizcar los pezones, en lo que se dice era una “especialidad” de Graciela Antón), corresponde a cuestiones del género humano. Pero considero que es una discusión que supera esta entrevista.
–Una historia atípica es la del hijo del comandante de Gendarmería al que obligaban a integrar el grupo de tareas a sus 16 años, y que ya adulto termina aportando información a la Justicia y a ustedes. ¿Cómo fue el quiebre de ese hombre, que admite haberse criado en una familia nazi?
A.M.: –Además de ser atípica, es la primera vez que el hijo de un represor de Córdoba da testimonio para un libro. Su padre es uno de los imputados en la megacausa y, de acuerdo con lo que nos relató, lo obligó desde que tenía 15 años a destruir documentos, libretas de estudiantes y libros que levantaban en las casas, y a participar de los secuestros. A los 17 años comenzó a sufrir un estado de paroxismo por todo lo que había visto, hecho y vivido. Se despertaba con convulsiones y ataques de pánico, y todavía hoy no logra dormir una noche entera. Guardó un secreto durante 36 años y no deja de sorprender que se haya animado a contarlo. Cuando le preguntamos el porqué de su necesidad de contarlo ahora, su respuesta fue que comenzó a repudiar dentro de él lo que había hecho, es decir lo que le había obligado a hacer su padre. No podía más con sus recuerdos y al saber que estábamos investigando para un libro sobre un campo de concentración, después de ir a la Justicia, recurrió a nosotros. Pensamos, entre otras cosas, que el sentimiento de culpa fue el disparador de su decisión.
–Los guardias de La Perla, igual que en Campo de Mayo, eran gendarmes, que entre otras tareas buscaban a los secuestrados para llevarlos “al pozo” o a la muerte. Un sobreviviente cuenta que eran norteños, humildes y que algunos sufrían. ¿Están identificados? ¿Alguno colaboró con la Justicia?
A.G.J.: –La mayoría no están identificados y muchos se alejaron por completo para evitar correr el riesgo de quedar involucrados en la matanza. Hubo sin embargo unas pocas voces de gendarmes que se atrevieron a denunciar y cuyos testimonios fueron lapidarios, sobre todo en el primer juicio, en 2008. Tal vez el más importante fue el de un gendarme de apellido Beltrán, que relató una ocasión en que Luis Manzanelli, uno de los represores más temibles, fusiló a una pareja indefensa en un predio del Tercer Cuerpo. Beltrán fue amenazado y expulsado de Gendarmería por negarse a participar en el fusilamiento, y más de tres décadas después contó esta situación en el juicio, ante la mirada fija de Manzanelli en el banquillo de los acusados. El gendarme demostró una dignidad íntegra que le costó su trabajo y su carrera.
–Uno de los torturadores más brutales, el sargento Tejada, alias “Texas”, sacaba cartas de secuestrados a familiares y a la vez les llevaba fotos de los hijos. ¿Tiene explicación ese comportamiento?
A.G.J.: –La explicación podría encontrarse en dos aspectos que caracterizaron a la mayoría de los represores de La Perla: su mesianismo y sus contradicciones internas, que se fueron agudizando a medida que entraron en contacto con los secuestrados a los que debían fusilar. En el caso de Texas, influyeron muchas cosas: su manejo de un poder absoluto que le permitía llevar a cabo acciones inexplicables, como llevar cartas a los hijos de una pareja que acababa de torturar; su resentimiento hacia sus jefes, dado que tenía un origen humilde y según ex prisioneros se sentía excluido de los mandos superiores; y sus contradicciones, que lo llevaron a confesarle a una sobreviviente que a veces dudaba de si estaba bien lo que hacía en La Perla, es decir torturar. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que había sido formado en la Escuela de las Américas en Panamá y fue uno de los torturadores más temibles.
–Varios sobrevivientes cuentan que los represores hablaban de “pozos” y “traslados”, y que llegaron a leer “disposición final” en algunas fichas. También que el camión “iba y volvía en poco tiempo”, por lo que suponen fusilamientos y entierros cerca de La Perla. ¿Cómo fue hasta ahora la búsqueda de desaparecidos en Córdoba? ¿Hubo entierros cerca de ese campo?
A.M.: –El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) está trabajando en la ciudad de Córdoba desde febrero de 2003, cuando la Justicia federal ordenó la excavación y exhumación en el cementerio San Vicente de restos de desaparecidos. Además están realizando tareas en los predios de La Perla, ya que muchos sobrevivientes coinciden en los tiempos cortos en que los camiones iban y volvían para los “traslados”. Existe el testimonio de José Julián Solanille, un trabajador de los campos aledaños a La Perla, que expresó, tanto en el Juicio a las Juntas como en la actual megacausa, haber visto enterramientos clandestinos en la zona; cuerpos arrojados desde un helicóptero, fusilamientos, enterramientos, cuerpos hacinados en el fondo de un pozo de agua. En uno de los testimonios del libro, una persona que quería conocer la suerte de unos amigos se reunió con un militar que le dijo: “Estuvieron en La Perla. Pero si usted me pregunta dónde están enterrados, no se lo puedo decir, porque hemos cambiado alambrados, sacamos árboles, alteramos todo para que ni siquiera nosotros sepamos en qué lugar están esas tumbas”. El EAAF, a pesar de la inmensidad de los predios de La Perla, sigue trabajando en la búsqueda, ya que el clamor de los familiares sigue siendo encontrar a sus seres queridos.
–El libro cuenta con un nivel de detalle poco común los comportamientos más brutales de militares que siguen vivos y seguramente tienen familiares y amigos. ¿Tienen indicios sobre las reacciones en el entorno cercano de los represores a medida que conocen sus comportamientos?
A.M.: –En el juicio que se está realizando comenzamos a observar que en las últimas audiencias empiezan a hacerse notar los familiares y amigos de los imputados. Detrás del vidrio que separa a los militares, policías y civiles acusados, están algunos de ellos con carteles con inscripciones y fotos de muertos por organizaciones armadas. Así como hay familiares con fotos de sus desaparecidos, ellos van con esas pancartas. En una de las audiencias, cuando una testigo relataba que un militar la había manoseado de manera insistente, la esposa de ese imputado se sonreía y negaba con la cabeza mientras la testigo hablaba. La misma actitud manifiesta cada vez que se relata que su marido era uno de los que torturaba.
–Muchos sobrevivientes califican de “experiencia intransferible” la del campo de concentración. Ustedes trabajaron varios años para traducirla en palabras. ¿Sienten que lograron ese objetivo?
A.G.J.: –Trabajamos sin parar durante seis años porque nos parecía imprescindible, además de una deuda histórica como país, que se conociera la magnitud aniquiladora del mayor campo de concentración del interior de la Argentina y sus consecuencias sociales, culturales y generacionales, que todavía seguimos padeciendo. Ese era nuestro objetivo: un aporte periodístico y documental para quienes lo sufrieron, para quienes no vivieron esa etapa y para aquellos que niegan que eso haya ocurrido. Además, en mi caso, implicaba volver a tender puentes entre mi generación y la que quedó sepultada o herida en los ‘70. De todas maneras, nuestro objetivo no fue transferir la experiencia del horror de cada sobreviviente porque, como ellos dicen, es imposible. Nosotros les pedimos prestada su palabra para comunicarla, pero la experiencia de sobrevivir a La Perla es única, personal y queda encerrada en el cuerpo de quien la sufrió.
A.M.: –Sin ninguna duda, la de los campos de concentración, como cualquier situación límite, es una experiencia intransferible. Nosotros sólo fuimos intermediarios. El libro está basado en su totalidad en testimonios porque creemos que sólo quien vivió el infierno puede dar cuenta de él. Y entendiéndolo así, desde que comenzamos a recorrer este doloroso camino, supimos que teníamos que estar por fuera del relato.

El rol de la Iglesia
La Iglesia Católica aparece en distintos planos: la intimidad entre Menéndez y el cardenal Primatesta, la monja testigo del secuestro que debe irse del país para hacer una denuncia, la orden de monseñor Tortolo para que seminaristas encarcelados no puedan leer la Biblia, el “profundo cristianismo” del represor apodado “Monseñor” o “Juan XXIII”. ¿Cómo definirían el papel de la Iglesia ante el terrorismo de Estado en Córdoba?
A.M.: –Durante el terrorismo de Estado en Córdoba, la Iglesia le cerró las puertas a la mayoría de los familiares que recurría a pedir por sus seres queridos. Además, como relatamos en el capítulo “El Tercer Cuerpo y la Iglesia”, también se las cerraron al sacerdote y a los cuatro seminaristas que cometieron el “pecado” de realizar trabajos sociales en villas y con grupos de jóvenes, razón por la cual los sometieron al macabro recorrido por distintos campos de concentración de Córdoba. Y si hoy están con vida, es por la rápida actuación de esa monja compañera de ellos que no fue secuestrada, porque ese día no estaba en la casa, y se movilizó rápidamente. Cuando se pudo escapar y llegar a Estados Unidos (ella era norteamericana), luchó hasta presentar un informe sobre la situación en la Argentina en el Senado, que resultó en una gran presión internacional sobre el régimen dictatorial. Habría que agregar que además de la estrecha relación entre el entonces arzobispo de Córdoba, Raúl Primatesta, y Luciano Benjamín Menéndez, también existían estrechos lazos entre éstos y algunos políticos, empresarios y funcionarios de la Justicia. Está comprobado que hubo múltiples complicidades. Además, lo que narran los sobrevivientes en el libro se va corroborando con los testimonios que escuchamos diariamente en el juicio más grande que se ha llevado a cabo en Córdoba, con 43 imputados y 16 causas, con algunas acumuladas, por hechos cometidos de 1975 a 1978, que se ha dado en llamar “megacausa La Perla”.
–Una sobreviviente cuenta que en el D2 escuchaba las misas de Primatesta en la Catedral y que los represores iban a misa y volvían a torturarlos. ¿Cuál fue el rol de los capellanes en Córdoba? ¿Dónde recibían “auxilio espiritual” los torturadores de La Perla?
A.G.J.: –Algunos capellanes –porque no se puede decir que fueron todos– colaboraron por convencimiento o conveniencia con el proyecto aniquilador de la Junta Militar, y Córdoba no fue la excepción. Es decir que fueron partícipes en tanto bendecían la conciencia de los torturadores y negaban información, pese a las súplicas de los padres de desaparecidos. Córdoba es una provincia donde la Iglesia pisa fuerte y ello quedó demostrado en los vínculos de poder entre la cúpula eclesiástica y el mismo Menéndez. Como un pilar más de la represión, el rol de muchos capellanes fue el de dar el visto bueno a la matanza en nombre de Dios y en aras de salvar al país de una supuesta amenaza comunista. Uno de los represores de La Perla les contó a sobrevivientes que tenía un cura amigo que bendecía sus acciones y con el que se confesaba para “depurar” cualquier culpa por lo que estaba haciendo.