"Ser humilde y austero no alcanza"

El sociólogo Fortunato Mallimaci afirma que los gestos de austeridad son “un buen signo”, pero no un programa de gobierno. Analiza los posibles cambios en la relación entre el Gobierno, el Vaticano y la Iglesia argentina. Los escándalos sexuales. La última dictadura.

Por Diego Martínez

El programa de Francisco será conservador porque quienes lo eligieron son conservadores o ultras. La estructura del Vaticano le da amplio poder político pero no garantiza el recocimiento religioso de los creyentes. La mayor preocupación de la iglesia católica es el descenso de religiosos y fieles. Los gestos de austeridad del papa no dicen nada sobre cuál será su política ante los grandes dilemas de la iglesia católica. La presencia simbólica de tener un papa argentino tiene un peso desconocido. ¿Qué tan autónomos serán los partidos políticos ante una presencia más fuerte de la iglesia católica? ¿Qué personalidad se impondrá cuando el papa visite el país? ¿El líder opositor Mario Bergoglio o el líder religioso Francisco? Reflexiones e interrogantes pertenecen al sociólogo Fortunato Mallimaci, investigador del Conicet y profesor del seminario Sociedad y religión en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Amigo personal de Orlando Yorio, Mallimaci no tiene dudas sobre la complicidad de Bergoglio en las detenciones de Yorio y Francisco Jalics.

‑‑Pasadas las dictaduras y los gobiernos neoliberales, ¿qué significa la elección de un papa argentino justo cuando América Latina protagoniza procesos de transformación con amplia legitimidad de sus gobiernos?

‑‑Significa que la iglesia católica ha decidido asignarle a América Latina prioridad pero sobre todo de presencia religiosa que permita dinamizar el catolicismo, dado que en el mundo católico latinoamericano es donde más ha disminuido la cantidad de fieles. Pensarlo sólo en clave política no alcanza. Innegablemente influye pero la principal preocupación de la iglesia católica es el descenso de sacerdotes, religiosos y creyentes en un mercado de bienes religiosos diversificado, en el cual los creyentes no encuentran qué posturas tener. A su vez en América Latina ese catolicismo se ha pensado muy cercano al Estado y a los grupos dominantes. Ese vínculo es más fuerte que en Europa o Estados Unidos y queda en evidencia ante las denuncias de abuso sexual, que en América Latina casi no tienen repercusión. Aquí tienen más impunidad, como se vio ante la condena del padre Grassi.

‑‑¿Minimiza la influencia que pueda tener el nuevo papa en los procesos políticos de Sudamérica?

‑‑Creo que los papas, por una larga tradición romana, actúan en consonancia con las iglesias locales y las nunciaturas. Cuando un papa visita México consulta a la iglesia mexicana. Si visita Cuba y le dicen "no escuche a los de Miami", el papa lo hace. Es una política que tiene su lógica y que empieza con Juan Pablo II, ya que antes apenas se movían de Italia. Juan Pablo II tuvo una política de movilizar a las bases para tratar de renovar y aggiornar ese catolicismo emotivo que había en nuestros países a partir del contacto directo. Pero todos los estudios mostraron que la mayoría de la gente que participaba de esas movilizaciones disfrutaba del papa pero no tenía idea de sus mensaje.

  Tras la observación, Mallimaci repasa la relación de los gobiernos del Cono Sur con la iglesia: "Si el papa fuera a Brasil apoyaría a la iglesia brasileña, que tanto con Lula como con Dilma tiene vínculos estables. También en México, donde el PRI ha dejado de lado su anticlericalismo de otra época y tiene una postura de acercamiento a Roma. En Cuba no tendría ningún problema, acaba de ir Benito XVI. Si va a Venezuela sería interesante, porque la Iglesia católica venezolana está muy ligada a las fuerzas políticas de oposición. Debería pensar bien si va sumarse a esa perspectiva o a buscar una presencia masiva aprovechando que hay una sensibilidad popular católica fuerte que se vio con la muerte de Chávez. En Ecuador no habría problema, Correa tiene vínculos históricos con sectores de la iglesia. En Perú habría que ver qué posición toma, es muy fuerte la presencia del cardenal Cipriani, del Opus Dei, y hay grandes conflictos internos. En Bolivia sería problemático porque la iglesia no tiene buena relación con el Estado. En Uruguay históricamente hay mayor autonomía. En Chile no tendría problema.

--¿Y en la Argentina?

--En Argentina mis dudas son mayores. No hay experiencia histórica de un papa latinoamericano, con todo lo rico que significa que se descentre la mirada del Vaticano. Habría que ver la experiencia histórica de Bergoglio, con contactos fluidos con líderes opositores y una mirada muy crítica hacia el gobierno. Ha aparecido más cómo referente político de oposición que como líder religioso. La venida como papa tal vez lo lleve más a ser referente religioso para evitar ser utilizado políticamente.

‑‑¿Cambiará de perfil?

‑‑Habrá que ver si viene Bergoglio o Francisco. Ahí lo pensará muchísimo porque tendrá todas las miradas encima, de Argentina y de América Latina. Esto vale también para la oposición, que lo va a querer como referente, y para el gobierno, que tendrá que ver qué hace ahora, cuando Bergoglio se transforma en un referente mundial. El gobierno deberá reflexionar más sobre su vínculo, con Roma y con la Iglesia local, que se va a transformar en una correa de transmisión muy fuerte del propio papa, quien ahora designará nuevos obispos y puestos claves del episcopado.

‑‑La sociedad y el Estado argentino avanzaron en la última década en la conquista de derechos, como el matrimonio igualitario, pese a la oposición de la iglesia católica con Bergoglio a la cabeza. ¿Qué nos espera ahora? ‑‑A ese nivel me parece que no va a haber grandes cambios. Tendrá que aceptar las leyes y propuestas que tienen amplio consenso en la democracia argentina. Hay aborto en Italia, Francia, Alemania, había en Polonia, y esto no supuso que ni que Juan Pablo II ni que Benito XVI intentaran cambiarlo. Intentan disminuirlo, tratan de que las leyes se cumplan lo menos posible, que los católicos no lo practiquen. Son iglesias acostumbradas a la separación del Estado. Habrá que ver si Francisco se nutre de la experiencia de autonomía de estas iglesias o quiere retomar una postura fuerte como en América Latina, de politizar lo religioso y catolizar lo político.

‑‑De volver a tener la influencia del siglo pasado...

‑‑Sí, lo que fue durante las dictaduras, que en muchos países incluían a vastos sectores políticos, religiosos, económicos y mediáticos. No es un tema de oficialismo u oposición, seamos claros: la política en América Latina no se piensa autónomamente de lo religioso, se piensa cómo cada uno hace suya una parte de lo religioso, en especial con la iglesia católica. La pregunta es cuál va a ser la autonomía de los partidos respecto a una presencia mucho más fuerte de la iglesia. Va a depender tanto de los actores políticos como del papado. Cada uno deberá pensar en una sociedad que se manifiesta en un 75 por ciento católica pero donde pesa fuertemente el cuentapropismo religioso que toma distancia de clérigos, preceptos y dogmas aunque sienta a ese catolicismo como identidad o cultura nacional. Descubrir los hilos de todo esto va a exigir a los partidos y al propio Estado mucha fineza en el análisis, porque la presencia simbólica de tener un papa argentino tiene un peso que no conocemos. Tanto para Francisco como para a la iglesia católica argentina como para la sociedad política, mediática y económica es todo un desafío.

‑Bergoglio decidió ser Francisco por un santo que se caracterizó por su espíritu de pobreza y desprendimiento. ¿Le alcanzará el nombre y los gestos de austeridad para revertir la imagen de la iglesia?

‑‑Los gestos y los símbolos son importantes en sociedades mediáticas pero no definen una política de gobierno, no alcanzan. Es valorable ser sencillo, humilde y austero. En un mundo globalizado donde los focos sobre la institución están puestos en los escándalos es un buen signo. Pero no alcanza, no es un programa de gobierno, no es un programa teológico pastoral. El programa será conservador, es innegable, porque la enorme mayoría o la totalidad de quienes lo eligieron son conservadores o ultraconservadores. Habrá que ver cómo se mueve ahí adentro.

‑‑El sociólogo Juan Cruz Esquivel pronosticaba que una de las prioridades de Bergoglio será ordenar la curia romana. ¿Qué significa?

‑‑Estoy de acuerdo. Se refiere a los escándalos del Vaticano de los últimos años. En realidad son de larga data, el cambio se da a partir de la sociedad mediática globalizada, que hace que estos hechos repercutan mundialmente. Los escándalos de la curia producen una pérdida de autoridad de obispos y cardenales. Los fieles los escuchan cada vez menos. Antes los escándalos no llegaban a inquietar la base social de la Iglesia, hoy inquietan al conjunto de la feligresía católica. Otro problema es la propia estructura del Estado vaticano. ¿Esa estructura creada hace 150 años favorece las expectativas de creyentes y especialistas? ¿O implica una lógica más política que religiosa con los 177 Estados que tienen relación con el Vaticano? Ahí hay una tensión que es histórica pero que en este momento se hace muchísimo más fuerte entre la iglesia local y el nuncio que decide en vinculación directa con el papa. En Argentina no va a suceder porque el papa va a decidir más que el nuncio pero en otras iglesias es todo un tema. En la medida que los Estados y las sociedades políticas busquen lo sagrado para compensar sus pérdidas, la estructura católica internacional es una de las más preparadas para dar respuestas, pero esa estructura necesita muchísima gente y dinero, necesita que la informen, necesita relaciones con políticos, por eso lo de Vatileaks. Eso da un amplio poder político, pero no da el reconocimiento religioso de los creyentes. Ya veremos qué se hace en este sentido, pero deben pensar qué curia se necesita para que los creyentes tengan más participación y no sólo sean tenidos en cuenta los Estados y la sociedad política. No es decisión sólo de Francisco, hay que ver cómo analizan y deciden los distintos grupos de poder que existen en la Iglesia.

‑‑Bergoglio no excomulgó al pedófilo condenado Julio Grassi. ¿Enfrentará el problema de los curas pedófilos?

‑‑Lo va a tener que enfrentar porque no es una decisión individual: iglesias poderosísimas de Estados Unidos y Europa decidieron enfrentarlo, por problemas éticos, de credibilidad y en el caso de Estados Unidos financieros, por el costo de los juicios. En Argentina la Conferencia Episcopal no se pronunció ante las condenas de Grassi ni del obispo Storni ni de Von Wernich, que siguen perteneciendo a la institución. En los últimos tiempos, en las iglesias del norte, han sido puestos a disposición de la justicia y suspendidos. Hay que reconocer que la postura de Benito XVI ha sido más inflexible. Esas denuncias son más factibles en sociedades acostumbradas a denunciar estos casos que en las nuestras, donde, por ser patriarcales, machistas, con poca valoración de las víctimas, no sólo no denuncia la Iglesia sino tampoco organizaciones políticas, económicas, culturales o mediáticas. Y cuando se denuncia, la mayoría de las veces son encarpetadas por instituciones estatales o por la justicia.

‑‑Bergoglio intentó sin éxito unificar a la oposición contra el gobierno argentino, que es parte del proceso de cambios que atraviesa la región. ¿La asunción como papa permite pensar que dejará en un segundo plano el frente interno o, al contrario, que la respaldará con más fuerza?

‑‑Pienso que los problemas que tiene con los escándalos, la curia, las transformaciones que debe hacer, lo van a ocupar de manera primordial. De cómo solucione esos problemas dependerá en gran medida cuanto tiempo dedique a temas de la Argentina. También va a depender de quién sea el próximo cardenal de Buenos Aires, que será su decisión y dará indicios sobre el rumbo. Pero supongo que le va a llevar un tiempo bastante importante en tratar de ordenar los escándalos de la propia curia.

Los creyentes y la dictadura

‑‑Hace más de 25 años Emilio Mignone citó a Bergoglio como ejemplo de los "pastores que entregaron a sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas", y es público su rol en los casos de Yorio y Jalics...

‑‑Coincido ampliamente con Mignone sobre la complicidad del superior de los jesuitas con las detenciones de Jalics y Yorio. Eso formó parte del proceso de catolización y militarización que impulsaron las dictaduras cívico‑militares‑católicas en nuestro país. Eso me parece clarísimo. He hablado extensamente del tema con Mignone y con Yorio, que son víctimas y en quienes confío totalmente. Yorio estaba convencido de que el superior los desprotegió y no hizo nada para evitar que los detuvieran.

‑‑La pregunta, tal vez ingenua, es cómo se puede llegar a papa con esos antecedentes, y cómo podrán digerir la noticia los creyentes comprometidos con el proceso de verdad y justicia.

‑‑La primera pregunta también me la hago. Quizá quienes lo eligieron no han conocido o valorado suficientemente la historia. Además es un conclave muy conservador. Hay que reconocer que desde el punto de vista penal no hay condena, pero es una discusión que tengo: más allá de las responsabilidades penales, que tienen reglas propias, hay otro tipo de responsabilidades en juego. Sobre los creyentes, entiendo que la colaboración con la dictadura es un tema que afecta y muy fuerte al catolicismo en la Argentina, con muchos creyentes desinstitucionalizados. El grupo de Cristianos para el Tercer Milenio lo ha demostrado: cuestionan que no se resuelva el tema de la participación y la complicidad, la falta de arrepentimiento, la no entrega de archivos, la falta de colaboración para encontrar a niños robados. Pero también es verdad que hay un "carisma de función", como decimos los sociólogos: cualquiera fuera el Papa, una gran mayoría de los católicos "de a pie" le reconoce legitimidad y autoridad, al menos en una primera etapa. El nombramiento de un nuevo Papa siempre emociona y genera esperanzas, más aún si se trata del primer papa latinoamericano y argentino. El día a día dirá si esas esperanzas se concretan y si ese carisma de función se convierte en un liderazgo transformador.

RECUADRO (QUE NO ENTRÒ)

“Un papa de transición”

"La elección de otro papa de 77 años muestra que el conjunto de los cardenales católicos no tiene muy claro hacia dónde ir con respecto a las grandes reformas que tienen que hacer, ya sea en la curia, dentro del Estado Vaticano, reforma de concepciones centrales sobre familia, sexualidad, los jóvenes, las vocaciones. En ese sentido me parece que, igual que con Benito XVI, se eligió un papa de transición.

Creo que la Iglesia está viviendo varias transformaciones al mismo tiempo. El hecho de que Benito haya renunciado marca un cambio fenomenal en la concepción del papado. Antes debía morirse en el cargo, ahora se ha desacralizado muchísimo la función. El carisma de ser papa a partir de esa renuncia se va transformando. Los primeros gestos de Francisco apuntan más a ser el obispo de Roma que el papa como príncipe infalible de la iglesia universal. Por eso habló mucho como obispo de Roma, que lo es desde el punto de vista del catolicismo. Habló en italiano, poco y nada en latín. Se dirigió a los fieles como hermanos y hermanas, es interesante que incluyera a la mujer. Le dijo al pueblo que lo bendiga, fue austero y sencillo. Son todos gestos y símbolos valiosos pero no dicen nada de cuál va a ser su política estructural, sobre qué va a hacer con los grandes dilemas de la Iglesia católica. Su preocupación sobre Argentina va a estar muy ligada a cómo resuelva los problemas que tiene en Roma, problemas importantísimos con la curia, con la banca, con movimientos que tienen muchísimo peso en la estructura vaticana; qué relación va a tener con la compañía de Jesús, a la que pertenece aunque no es como delegado de la Compañía que llega a ocupar el cargo. Hay una serie de tensiones que le van a ocupar gran parte de su tiempo y habrá que ver con qué equipo llega, eso mostrará cuáles fueron los grupos dominantes que le dieron el voto para llegar a ser obispo de Roma.”

Los latidos de Francisco

“En otro de sus interrogatorios entre sueños, Yorio debió contestar preguntas de un hombre que no era militar. Esa persona culta, con conocimientos de psicología y de la Iglesia, ‘me dijo que yo era un cura idealista pero que mi error era interpretar materialmente las Escrituras al ir a vivir con los pobres. Que Cristo hablaba de pobreza espiritual. Que quedaría libre pero que debía pasar un año sin mostrarme, en un colegio, trabajando en otra clase social porque había penetración marxista en América latina’. (Declaración de Orlando Yorio en el juicio a las juntas, 1985, citado en El Silencio, p. 56, de Horacio Verbitsky).

“Desde San Miguel y el provincialato se hacía correr por debajo, sin darme lugar a defenderme, que yo era comunista, subversivo y guerrillero y que andaba con mujeres, rumores que llegaban de inmediato a los sectores sociales que en ese momento manejaban el poder y la represión”, le contó Yorio a Verbitsky en 1999. “Francisco Jalics varias veces me hizo notar el peligro. En ese sentido advirtió por escrito a varios jesuitas que el responsable era Bergoglio” (El Silencio, p. 103)

“No tengo indicios para pensar que pensar que Bergoglio nos liberó, al contrario. A mis hermanos les avisó que yo había sido fusilado, para que fueran preparando a mi madre”, agregó. A su juicio, Bergoglio “tenía comunicación con Massera, le habrían informado que yo era el jefe de los guerrilleros y por eso se lavó las manos y tuvo esa actitud doble. No esperaba que saliera vivo”. Más aún, sospecha(ba) que Bergoglio estuvo presente en la casa operativa de la Armada en la que pasaron varios meses. “Una vez nos dijeron que teníamos una visita importante. Vino un grupo de gente. Jalics sintió que uno era Bergoglio”, contó Yorio.

--¿Cómo lo sintió?

--En esas circunstancias uno reconoce al carcelero hasta por los latidos del corazón. (El Silencio, p. 106).

“El húngaro Jalics vive en una casa de oración de Alemania. ‘Ha pasado un cuarto de siglo, estoy muy lejos de todo eso. ¿Para qué remover recuerdos dolorosos?’, dijo ante una consulta telefónica. Una persona que aceptó transmitir algunas reflexiones de Jalics con acuerdo del sacerdote dijo que ‘durante meses Bergoglio contó a todo el mundo que los dos sacerdotes estaban en la guerrilla. Un obispo le confesó a Jalics que era Bergoglio quien se lo había dicho. Jalics le reprochó que jugara así con la vida de ambos”. (El Silencio, p. 103).

“No ha habido nunca una acusación ni concreta, ni creíble, contra su persona”, dijo ayer el padre Federico Lombardi, vocero del vocero de Dios. La Nación sostiene que el comunicado del Vaticano “echó por tierra cualquier sombra de sospecha de vínculos del Papa con el último régimen militar argentino”. Agrega que “en coincidencia con la desmentida, Francisco Jalics, el sacerdote jesuita secuestrado y torturado durante cinco meses en la ESMA, cuya historia alimentó las sospechas hacia el nuevo pontífice, hizo saber que se sentía reconciliado con el Papa”.

Ni el Vaticano despejó “sospechas” ni Jalics respaldó la “la desmentida”.

En el comunicado que se le atribuye, Jalics no acusa pero tampoco disculpa al papa. “No puedo pronunciarme sobre el papel del padre Bergoglio en aquellos hechos”, habría dicho. ¿Por qué no puede, padre Jalics?

“Nosotros no teníamos contacto ni con el régimen ni con la guerrilla. Por la falta de informaciones de entonces y por las falsas informaciones, nuestra posición había sido mal interpretada, incluso en la Iglesia”, habría dicho. ¿Quién difundió desde la Iglesia informaciones falsas que le costaron cinco meses de cautiverio, padre Jalics?

“Después de un interrogatorio de cinco días, el oficial que había conducido el interrogatorio nos despidió con estas palabras: ‘padres, ustedes no tuvieron culpas y me comprometo a devolverlos a los barrios pobres’. No obstante el compromiso, quedamos encarcelados, para nosotros inexplicablemente, por otros cinco meses, vendados y con las manos atadas”, habría dicho. ¿Habrá sido para que alguien culto con conocimientos de psicología y de la Iglesia les señalara el error de interpretar materialmente las Escrituras, padre Jalics?

“Me moví desde el primer día y vi dos veces a Videla y dos a Massera, pese a lo difícil que era en ese momento conseguir audiencia con ellos”, dijo Bergoglio en 1999 (El Silencio, p. 61). Hace tres años, en su autobiografía titulada El Jesuita, reiteró que “me moví como loco dentro de mis escasas posibilidades” y agregó que “de hecho, las gestiones permitieron la liberación”. Jalics, según el comunicado que le atribuyen, contó que “sólo años después tuvimos la posibilidad de hablar de esos hechos con el padre Bergoglio”. ¿El superior que se movió “como loco” logró salvar a sus dos pastores pero tardó años en volver a ver a uno de ellos, mientras el segundo murió convencido de que los había entregado?

"Estoy reconciliado con esos eventos y para mí ese episodio está cerrado", habría escrito Jalics. Reconciliar: volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos. ¿Qué los desunió? ¿Por qué no puede pronunciarse, padre Jalics?

Un documento de inteligencia militar rescatado del archivo que el arzobispado porteño dice no tener lamenta que “a pesar de la buena voluntad del padre Bergoglio, la Compañía en Argentina no se ha limpiado”.

“Es la impunidad total”

Por Diego Martínez

En octubre de 1977, mientras Alicia Zubasnabar de De la Cuadra marchaba con las primeras Madres en Plaza de Mayo y organizaba la incipiente agrupación Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, su esposo fue recibido por el sacerdote Jorge Bergoglio. Elena de la Cuadra había sido secuestrada en febrero, embarazada de cinco meses, y al momento del contacto con el provincial de los jesuitas sus padres sabían, por un anónimo y por un sobreviviente de la Comisaría 5ª de La Plata, que el 16 de junio había tenido una niña en cautiverio y que ya se la habían quitado. Bergoglio escuchó el relato del hombre a pedido del superior general de la Compañía de Jesús, padre Pedro Arrupé. En cuatro líneas derivó el tema al obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, y se desentendió para siempre, según admitió al declarar en la causa por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. Licha de la Cuadra se convirtió poco después en la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero el cura tampoco se enteró: supo de Abuelas en 1985, durante el juicio a los ex comandantes, aseguró bajo juramento de decir verdad.

“Es un desastre, es la impunidad total”, reflexiona Estela de la Cuadra ante la consulta por la designación de aquel sacerdote como papa de la Iglesia Católica. Estela es hermana de Elena y tía de Ana Libertad, que aún ignora su identidad, y no sale de su asombro de tener que responder decenas de llamados de periodistas de todo el mundo sobre el pasado del flamante papa Francisco. “Pero hay que seguir luchando –propone–. Bergoglio tiene muchas explicaciones que dar. Hay que seguir reclamando para que se abran los archivos del Episcopado durante la dictadura y también los del Movimiento Familiar Cristiano, que tuvo íntima vinculación con la apropiación de niños. ¿Quién puede asegurar que ahí no figure el destino de Ana?”, se esperanza.

Bergoglio recibió a Roberto Luis de la Cuadra en San Miguel el 28 de octubre de 1977, según consta en la nota que escribió para que lo recibieran en el obispado platense. “Tuve una conversación por especial pedido del P. Arrupé”, le aclaró a Picchi. “El le explicará a usted de qué se trata y le agradeceré todo lo que pueda hacer”, apuntó. Los padres de Elena supieron desde el comienzo que estaba secuestrada “en los alrededores de La Plata” porque se los había dicho Emilio Graselli, secretario del vicariato castrense. Por el sobreviviente Luis Velasco y por anónimos que les dejaron bajo la puerta tuvieron la certeza de que la nieta había nacido. “16/6 la señora tuvo una nena, que no saben dónde está la nenita, los padres están bien, De la Cuadra”, decía un escrito que alguien les hizo llegar al día siguiente del parto.

El padre Picchi no tuvo mayores inconvenientes para conocer la verdad que miles de padres desesperados buscaban sin suerte. El dato preciso se lo aportó el subjefe de la Policía Bonaerense, coronel Reynaldo Tabernero, quien murió impune antes de llegar a juicio. El segundo de Ramón Camps le confirmó que la nena había nacido, que había sido entregada a un matrimonio que no podía tener hijos y que sobre el destino de Elena y su compañero Héctor Baratti “no hay vuelta atrás”.

Licha de la Cuadra, que también perdió en manos del terrorismo de Estado a su hijo Roberto José, siguió adelante y se convirtió en la primera presidenta de Abuelas. En 1999, en el Juicio por la Verdad ante la Cámara Federal de La Plata, su hija Estela relató por primera vez la breve gestión de Bergoglio. Volvió a recordarla en septiembre de 2007, en el juicio oral al capellán Cristian von Wernich. “Ese silencio de Bergoglio me indigna. ¿Acaso no tiene nada que decir?”, preguntó ante los jueces. Antes de ser condenado, Von Wernich invocó a Bergoglio para intentar ensuciar a los testigos del juicio. “El cardenal fue muy clarito”, advirtió. “Dice que el demonio es un testigo falso porque está en la mentira, no está en la verdad. Están preñados de malicia”, agregó. Bergoglio no acusó recibo de la invocación ni de la condena.

En 2010, citado por los secuestros de Orlando Yorio y Francisco Jalics en el primer juicio a represores de la ESMA, el cardenal declaró que supo de la existencia de Abuelas durante el Juicio a las Juntas. “¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Ana?”, preguntó Estela al año siguiente, en el juicio por el Plan Sistemático. Los abogados de Abuelas y el fiscal federal Martín Niklison hicieron el pedido y la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, debió enviar las preguntas por escrito, privilegio de los altos dignatarios eclesiástico al que decidió acogerse el campechano Bergoglio.

El cardenal juró decir la verdad “por Dios y los Santos Evangelios”, recordó que Arrupé les recomendaba escuchar a quienes pedían ayuda “sobre la búsqueda de sus seres queridos”, pero la memoria le jugó una mala pasada. “No recuerdo los pormenores de la entrevista” con De la Cuadra, afirmó. “No recuerdo que me haya referido que su hija se encontraba embarazada”, escribió bajo juramento. “No recuerdo haber tenido conocimiento de las reuniones que podría haber realizado monseñor Picchi”, apuntó. Aseguró que no informó de la denuncia a otra autoridad que no fuera Picchi y admitió que no hizo ninguna gestión para ayudar a la familia De la Cuadra. Reiteró que supo de la existencia de Abuelas durante el juicio a los comandantes y no se privó de elogiarlas: “Han realizado y continúan haciendo una tarea ciclópea”.

“El desafío es trabajar con las torturas del presente”

El fiscal Abel Córdoba explica que la Procuraduría sobre Violencia Institucional se ocupará, principalmente, de “la violencia en instituciones de encierro y la violencia policial”, las áreas “donde se observan mayores violaciones de derechos humanos”, además de “connivencia y abandono judicial”.

Por Diego Martínez

”La cárcel no es ese lugar limpio y digno de los eufemismos judiciales sino lo que denuncian los detenidos y los familiares que padecen el encierro y la violencia policial. Partimos de que ahí está la verdad y para modificarla se deberá reflejar en resoluciones: la palabra de las víctimas deberá ser verdad judicial, como ocurrió con las víctimas del terrorismo de Estado. Pero no podemos tardar otra vez 35 años. Es más fácil hablar de las torturas del pasado, pero tenemos el desafío de trabajar con las torturas del presente, de investigar y juzgar a los responsables. La política que estructuralmente se aplica es el archivo.”

El alerta sobre las torturas del presente y el desafío de terminar con la impunidad de sus perpetradores pertenece al fiscal federal Abel Córdoba, a quien la procuradora Alejandra Gils Carbó designará mañana al frente de la nueva Procuraduría sobre Violencia Institucional. El abogado de 34 años que en 2009 reemplazó a Hugo Cañón al frente de las causas de lesa humanidad en Bahía Blanca, donde obtuvo una condena ejemplar a 17 represores, habló con Página/12 sobre la indiferencia del Poder Judicial frente a las personas encarceladas, la relación de la violencia intramuros con la inseguridad y la necesidad de discutir el concepto de tortura, de valorar la palabra de las víctimas y de reorientar la política criminal.
–Hay organismos que llevan décadas denunciando la violencia estatal. Se suceden gobiernos con visiones distintas sobre el respeto de derechos y garantías, pero las torturas en cárceles o por parte de policías continúan. ¿Cómo se enfrenta esa violencia naturalizada por las instituciones? –Existen figuras penales y mecanismos previstos para sancionar estas violaciones a los derechos humanos. Nuestro diagnóstico es que la impunidad es producto de la doble valoración judicial: según quién sea el autor y quién la víctima. Hay impunidad producto de la ineficiencia decidida del Poder Judicial, que ve a las personas detenidas como subhumanos y no considera que en sus testimonios haya verdad. Hay jueces que dicen abiertamente que la cárcel está llena de mistagogos y se distancian de los hechos, menospreciando el dolor de las víctimas. Son hechos graves que deben ser abordados en profundidad. Se necesita, y a eso apunta la creación de la Procuraduría, una reorientación de la política criminal en cuanto a investigación y juzgamiento. Son los jueces los que deciden quiénes pueblan las cárceles, y si uno va a un pabellón de cualquier cárcel deduce la ideología de un Poder Judicial que se limita a refrendar criterios de persecución policiales. Hay pasividad e indiferencia al aceptar que la dirección de la política criminal la decidan instituciones policiales, que aplican criterios discriminatorios, en muchos casos racistas y de absoluto desprecio hacia los sectores que encarcelan. Y con un Poder Judicial convertido en refrendador de criterios policiales se consolida el armado de causas, se avalan figuras como la de “resistencia a la autoridad”, una compuerta punitiva que maneja a discreción la policía. En las cárceles se ve a quiénes persigue la policía y a quiénes temen los jueces: no van presos los funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos.
–Los testimonios sobre torturas se conocen por el trabajo de organismos y de algunos medios, pero rara vez surgen de expedientes judiciales. ¿Cómo se explica? –Hay funcionarios que denuncian e impulsan investigaciones, pero una tarea pendiente es desarrollar en el plano judicial una valoración de la palabra de víctimas de torturas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención, como se hizo en las causas de lesa humanidad. El desprecio hacia las personas que encarcelan que hay en los poderes judiciales ha impedido que se proteja y se tutele a la víctima, que se valore su testimonio, que no logró en 30 años de democracia superar los prejuicios de clase de operadores judiciales. Lo propio ocurre con el trabajo con perspectiva de género: no se toma en cuenta como se debiera la identidad sexual de las personas. Hay mucho por avanzar. Hay funcionarios judiciales que van a la cárcel como quien visita a una especie inferior, y se alejan de los encerrados utilizando un lenguaje distante, ficticio, remilgado. A un detenido golpeado depositado en una celda mugrienta a la que llegó desde otro rincón del país, que denuncia con miedo que lo golpearon, un juez no puede preguntarle, como he visto: “¿Qué remedio procesal postula usted?”. Es un modo de desprecio, de ejercer un nuevo sometimiento que deslegitima cualquier función judicial.
–¿Cómo incide la violencia institucional en el resto de la sociedad? –El funcionamiento violento de las instituciones carcelarias o policiales lo que hace es generar inseguridad. La razón de existencia, la razón por la que tienen determinadas facultades los servicios penitenciarios y policiales, es contribuir a la seguridad y a la tranquilidad de la sociedad. Pero con este funcionamiento violento sumado a la inacción judicial terminan generando inseguridad, que luego afecta a toda la sociedad.
–La Procuraduría tendrá un ámbito de trabajo amplio: fuerzas federales, cárceles, lugares de encierro. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios? –Los ejes centrales serán la violencia en instituciones de encierro y la violencia policial. Son los ámbitos donde se observan mayores violaciones de derechos humanos y en ambos advertimos connivencia y abandono judicial. Hay una delegación irrestricta del poder punitivo en servicios penitenciarios y policías, que se complementa con una ceguera o insensibilidad ante lo que padecen personas encerradas o víctimas de determinados despliegues policiales. Esto tiene que ver en última instancia con operadores judiciales que consideren indeseables a las personas que encarcelan, a las que exponen a una muerte violenta que ronda todas las celdas del país.
–Estas formas de violencia existen con el visto bueno o la indiferencia de distintos poderes del Estado. ¿Qué rol específico le cabe al Ministerio Público Fiscal? –El Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un rol central. El diagnóstico es que en muy pocos casos se realizan investigaciones en profundidad. Estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que en el 80 por ciento de las causas relacionadas con violencia institucional no se adopta ninguna medida de prueba. No hay condenas por torturas, y no porque no ocurran sino porque no hay un abordaje profundo. Las imputaciones suelen limitarse a los autores directos. Pensamos que hay que aplicar estructuras de imputación más complejas, que tomen en cuenta las estructuras de poder y lleguen a los responsables del gobierno violento de cárceles e instituciones policiales. Muchas veces ni siquiera se aparta a la propia fuerza investigada de la causa donde se la investiga. Todos estos puntos forman parte del diagnóstico específico que nos traen fiscales que trabajan y ven con preocupación esta situación. También se advierten instituciones públicas que descargan violencia sobre sectores marginados, ya sea en lugares de encierro o en el territorio, con encierros donde el recurso tortuoso es primitivo, se tortura mediante el hambre, el frío, el confinamiento, los golpes, y lo que se ha sofisticado es el modo en el cual los operadores judiciales eluden la mirada y la responsabilidad. Las muertes violentas aumentan cada año, hay una cada siete días en el servicio penitenciario federal, también en cárceles de mujeres, y esto tiene que ver con las prácticas violentas de las instituciones penitenciarias sobre quienes son víctimas de estos hechos, en su mayoría, en el caso de mujeres, jóvenes de menos de 24 años.
–¿Y en los lugares de encierro relacionados con la salud mental? –Hay una cuestión de fondo en todos los establecimientos donde se deposita a personas que pasa por disponer la sanción de la cárcel, de la jaula, para situaciones muy heterogéneas. Hay personas encerradas que no han cometido delitos y que no están sospechadas de conducta alguna sino que se les aplican criterios de peligrosidad, y que al estar encerradas son sometidas a la misma lógica de estigmatización, maltrato e incluso de torturas y tratos crueles. Hay una discusión que debe darse sobre lo que consideramos tortura. Desde nuestra mirada, la aplicación de determinados tratamientos violentos son prácticas de tortura, aunque se pretenda justificarlos en supuestas razones clínicas.
–¿Qué tan amplias serán las facultades de la Procuraduría? ¿Podrá inspeccionar cárceles y comisarías? –Sí, es necesario que quienes estamos encargados de llevar adelante esta materia tomemos contacto directo e inspeccionemos las condiciones de encierro en todos los ámbitos: penitenciario, de salud mental o donde haya niños o jóvenes en situación de encierro. Vamos a tener dos planos de actuación. Por un lado, una función de asistencia y coordinación al resto de los fiscales competentes. La intención es trabajar con el resto de los fiscales con un equipo interdisciplinario de la Procuraduría. Vamos a sumar trabajo y a proponer la implementación de guías o protocolos para hacer más eficiente el trabajo hoy disperso. Por otro lado, ante algunas situaciones vamos a tomar intervención directa, llevando adelante la investigación desde la Procuraduría. Pensamos tener una coordinación estratégica con instituciones y organismos que llevan muchos años trabajando estos temas sin ser escuchados, y aportar a la implementación efectiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, incluso a nivel provincial, donde hay violaciones de derechos masivas y constantes. Hay organismos con un trabajo enorme, que son quienes junto a familiares de víctimas tienen el pulso preciso de la violencia institucional. Otro tema que trabajaremos es en el seguimiento de la aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han indicado claramente una instancia de aplicación que no se cumple. Pasa por ejemplo con el fallo Bulacio, que costó un enorme esfuerzo y está pendiente en su implementación.
–¿Se podrá actuar sobre policías o servicios penitenciarios provinciales, a priori controlados por fiscales y jueces de cada jurisdicción? –Hay una intervención posible a partir de que el Estado nacional es responsable ante organismos internacionales por las violaciones de derechos que cometen no sólo organismos federales sino también locales y provinciales. Esta responsabilidad habilita algún tipo de intervención. Por otra parte, en muchas cárceles provinciales hay detenidos federales, con lo cual la división es más formal que práctica y no puede ser una excusa para no abordar casos de violaciones a los derechos humanos.
–La unidad que coordina los juicios de lesa humanidad se topó durante años con enormes resistencias, no sólo por parte de jueces, también de fiscales. ¿Qué respuesta prevé ante la decisión política de poner la lupa sobre la violencia institucional? –Hay operadores que trabajan muy bien en esta materia, pero los organismos y familiares de víctimas nos trasladan su disconformidad por causas que no avanzan, que se archivan sin investigar, y pese a ser quienes padecen los hechos también sufren las irregularidades procesales. Cuando se los acusa, el sistema penal aparece aplastante, efectivo; cuando esas mismas personas son víctimas, el sistema judicial se vuelve pesado, torpe, y las causas se cierran o prescriben, porque el objetivo nunca es aplicar el Código Penal a los responsables de la violencia institucional. Es del Poder Judicial la responsabilidad por la impunidad de los hechos que ocurren en encierro o por la aplicación ilícita de violencia policial. Aquí es central la impronta que viene señalando la procuradora general al crear cada una de estas unidades: tienen que tener facultades para asegurar la aplicación de criterios uniformes que se traduzcan en efectividad, es un objetivo prioritario.

El Ministerio Público es técnicamente un poder distinto del judicial, pero no se ha forjado una imagen propia; es visto desde la sociedad como parte de la corporación judicial. ¿Por qué?

–Esa imagen ha ido cambiando, sobre todo a partir de los juicios de lesa humanidad, donde el Ministerio Público fue y es un protagonista central junto a los organismos de derechos humanos. Obviamente también hubo sectores involucrados y comprometidos con los crímenes de la dictadura, y si bien todavía hay magistrados que formaron parte de servicios de inteligencia en la dictadura, hay una conformación que va cambiando y que motorizó imputaciones hacia jueces y fiscales. La creación de estas unidades refuerza esa diferenciación. La idea es que tengamos un Ministerio Público ágil, autónomo, con una impronta ejecutiva, a diferencia de los esquemas judiciales, que funcionan con principios propios de un sistema acusatorio. Y el hecho de que el movimiento por una Justicia Legítima sea encabezado por gente de los ministerios públicos como la procuradora, la defensora general y varios fiscales, creo que marca una renovación y una diferenciación con los sectores corporativos judiciales históricos. Ahora esa diferenciación no sólo es declamada sino que la plasmamos en dictámenes, en actos, en la impronta de trabajo concreta de cada día.