Un represor de la ESMA en la Ciudad Luz

Por Diego Martínez

Francia tiene en sus manos el destino de un represor de la ESMA. Se trata de Mario Alfredo Sandoval, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal que integró el Grupo de Tareas 3.3 con el alias “Churrasco”. Sandoval hizo carrera en Francia, donde tejió vínculos en ámbitos académicos, empresariales y políticos, y es consejero de paramilitares colombianos. Hace un año y medio el juez Sergio Torres pidió su captura internacional con fines de extradición, pero Churrasco se las ingenió para estar preso apenas una semana, pese a estar imputado por delitos de lesa humanidad contra 400 víctimas, incluidas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, caso por el que Francia condenó en ausencia a Alfredo Astiz y actuó como querellante en la Argentina. El 9 de octubre la Cámara de Instrucción de París analizará el pedido del juez Torres. Miembros de organismos de derechos humanos acompañados por familiares de Hernán Abriata, detenido-desaparecido secuestrado por una patota que encabezó Sandoval, se presentaron en la Embajada de Francia con una carta dirigida al presidente François Hollande, a quien piden que implemente todas las medidas a su alcance para garantizar la extradición.

Los grupos de tareas de la ESMA tuvieron en sus filas a marinos y enlaces de Ejército, pero también a prefectos, policías, penitenciarios y civiles. En 1976 Sandoval tenía 22 años, era oficial subinspector de la Policía Federal y estaba destinado en el Departamento de Asuntos Políticos, en el séptimo piso de Moreno 1417, cuatro pisos más arriba del centro clandestino de la Superintendencia, de donde sacaron a los militantes que fusilaron en Fátima. De su legajo surge que realizó cursos de instrucción en “lucha antisubversiva”, en los que se enseñaban técnicas de interrogatorio bajo tortura, y que fue “recomendado” en noviembre de 1976 por su actuación en “procedimientos antisubversivos”.
En 1984, sobrevivientes de la ESMA declararon ante la Conadep sobre Churrasco como “agente operativo” del GT 3.3. En 2008 Página/12 informó que el alias pertenecía a Sandoval y la Justicia comenzó una investigación que cuatro años después derivó en el pedido de detención. “Era un tipo muy extraño, hacía inteligencia, un tipo intelectualmente de los más preparados dentro de la ESMA y muy jodido. Si te podía boletear, te boleteaba, no había tutía con este hombre, sabía realmente lo que estaba haciendo y lo que quería”, declaró Alfredo Buzzalino, sobreviviente de la ESMA. “Era algo distinto dentro de la ESMA, un tipo que manejaba mucha información, muy culto. No iba asiduamente”, agregó el testigo, a quien Sandoval interrogó alguna vez en el café Richmond de calle Florida. “Era morochón, peinado para atrás, siempre vestía de traje”, recordó.
También de 1984 datan los testimonios sobre el secuestro de Abriata que mencionan a Sandoval. El operativo fue en la madrugada del 30 de octubre de 1976 en Elcano 3235 e incluyó un interrogatorio a Abriata en la habitación donde dormía. Ante familiares del joven militante de la JUP, uno de los secuestradores se identificó como “oficial inspector Sandoval de Coordinación Federal” (el nombre anterior de Superintendencia) y dijo que “la denuncia” en su contra provenía de la Facultad de Arquitectura, donde estudiaba y militaba. Entre los alias que lograron escuchar estaban “Halcón”, como se hacía llamar el capitán Néstor Savio, y “Sérpico”, que era Ricardo Cavallo, miembros del GT 3.3. El 7 de noviembre otros seis estudiantes de Arquitectura fueron secuestrados y uno solo sobrevivió. Diez días después, Sandoval logró la “recomendación” por su actuación destacada en un “procedimiento antisubversivo”. Ante preguntas del procurador general del Tribunal de Apelaciones de París, el juez Torres explicó que el de Abriata es un “caso testigo”, pero que va a indagar a Sandoval por todos los casos de la ESMA registrados entre esa fecha y septiembre de 1979, cuando el policía fue trasladado a la delegación de la Federal en Resistencia, Chaco.
No hubo noticias de Churrasco hasta 2002, cuando Horacio Verbitsky informó que dos “periodistas independientes” llegaron al país con cartas de recomendación de Sandoval, convertido en profesor de La Sorbona y experto de la Unión Europea sobre Colombia. En medio de una exposición en la Escuela Superior de Guerra, uno de los colombianos se presentó como “comandante de las Autodefensas Unidas”, dato con el que los oficiales argentinos dieron por terminada la reunión. En 2008, cuando Página/12 informó que Sandoval y Churrasco eran la misma persona, el periodista Eduardo Febbro apuntó que había sido miembro del Instituto de Altos Estudios de América Latina de La Sorbonne Nouvelle y de la Universidad de Marne-la-Vallé. Contó también que junto a otro argentino, Juan Antonio Rubbini Melato, había sido consejero político de las Autodefensas Unidas de Colombia en la reunión de Santa Fe de Ralito, donde se gestó una suerte de alianza secreta de paramilitares y políticos colombianos.
En octubre pasado, al tanto del pedido de captura pero aún en su casa en el 46 de Rue Mouraud 75.020, París, Sandoval escribió un texto de antología contra el “gobierno cleptocrático dictatorial” de la Argentina. Advirtió sobre el “peligro inminente” de terminar en “un caos general o la anarquía”, destacó que “la rebelión y la desobediencia son derechos naturales y legales”, llamó a la ciudadanía a no reconocer al gobierno ni a los funcionarios ni a los jueces y, ante la eventualidad de que las masas no acusaran recibo, pidió a los jueces “hacer respetar las normas jurídicas con prisioneros y perseguidos políticos”. Así se definió al firmar la nota, en la que no negó ni confirmó su paso por la ESMA.
El futuro del represor se definirá en un tribunal de París. El primer secretario de la Embajada de Francia, Grégory Varennes, recibió el jueves pasado a Carlos Lorkipanidse y a Carlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, pero prefirió no tomar contacto con los familiares de Abriata. El diplomático recibió la carta dirigida al embajador Frédéric Baleine du Laurens, a la que adhieren Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, en la que apelan “a los valores reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para reclamar la inmediata extradición” y piden que la misiva llegue a manos del presidente Hollande. La Justicia francesa demoró quince meses en ordenar la detención de Sandoval, que estuvo preso apenas una semana, del 5 al 13 de junio último. En teoría está a disposición de la Justicia, tiene prohibido salir de Francia y el miércoles 9 se presentará a la audiencia en la que se decidirá su extradición y en gran medida su libertad por el resto de sus días. En la práctica, Churrasco está libre y sólo el Estado francés puede garantizar que comparezca ante el juez.

"Chiche" Aráoz y los negocios del capitán Vergez

Por Diego Martínez

Página/12, 20.9.13

La organización Hijos regional Córdoba presentó ayer una denuncia penal para que se investigue al ex diputado y ex ministro menemista Julio César Aráoz por su vinculación con delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La presentación se originó en la declaración de la madre de un desaparecido, Miguel Angel Arias. La mujer contó que fue extorsionada por Chiche Aráoz, quien la recibió como “íntimo amigo” del capitán Héctor Vergez, jefe de la patota del centro clandestino La Perla. Aráoz le exigió “cinco nombres” de amigos de su hijo, que en ese momento tenía 18 años, si pretendía volver a verlo. También le describió, en pleno 1976, cómo había sido el secuestro de una pareja amiga de su hijo y a quién le habían entregado al niño, datos que coinciden con los hechos tal como se conocieron años después. “Este personaje habría sido colaborador del Tercer Cuerpo de Ejército, en particular del Batallón de Inteligencia 141”, explicó a Página/12 la presidenta de Hijos regional Córdoba, Silvia Di Toffino. La denuncia fue radicada ante el Juzgado Federal No 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

La declaración que vincula a Aráoz con el terrorismo de Estado no surgió en el juicio oral por los crímenes en La Perla, sino en la causa que se instruye en primera instancia. “Como organismo de derechos humanos que representa a familiares de víctimas acompañamos a la mamá de un desaparecido, Miguel Angel Arias, secuestrado en 1976”, explicó Di Toffino. “La mujer contactó a Aráoz a partir de la relación de su cuñado con el padre de Vergez, jefe de La Perla”, relató Claudio Orosz, abogado de Hijos. “En esas entrevistas, que fueron varias, Aráoz admitió que era íntimo amigo de Vergez. También le describió el secuestro del matrimonio Soulier, amigos de Arias, que venía de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), y hasta le dio detalles sobre cómo devolvieron al hijo pequeño de esa pareja. ‘Lo devolvimos porque, si no, lo iban a matar. Con Vergez lo llevamos a la casa de la tía’, le dijo, y así fue en la realidad”, confirmó Orosz.
La declaración de la madre de Arias sugiere que Aráoz no sólo tenía información de primera mano, sino también poder para negociar en nombre de los secuestradores que comandaba el general Luciano Menéndez. “Le dijo que si quería volver a tener noticias sobre su hijo le diera cinco nombres de amigos”, relató Orosz, y recordó también la respuesta de la mujer. “Yo hablé con mi marido, lo pensé, pensé qué hubiera hecho el Coqui (apodo de su hijo) y dije ‘nunca hubiera entregado a un amigo’. Entonces volví y le di esa respuesta”, transcribe Orosz el testimonio. La respuesta de Aráoz fue “bueno, aténgase a las consecuencias”. “La consecuencia es que Arias sigue desaparecido”, explicó el abogado.
Un dato importante de la declaración es que Aráoz recibía a los padres del desaparecido en un local de compra y venta de muebles usados, que podría estar relacionado con los negociados de la patota de La Perla con los bienes que robaban a los secuestrados. El propio gobernador José Manuel de la Sota, en alguna interna del PJ que lo enfrentó con Aráoz, ironizó sobre su pasado como “vendedor de muebles”, aunque hasta ahora no había una prueba tan directa. En el juicio oral hubo al menos tres testimonios de sobrevivientes que, durante su cautiverio, escucharon rumores del vínculo entre Aráoz y los grupos de tareas de La Perla, recordó Orosz. Hijos entregó al juzgado los fragmentos de esos testimonios, que ahora deberá analizar el juez Sánchez Freytes.

El final de una prisión para privilegiados

El Servicio Penitenciario Federal vació la unidad penal que funcionaba en Campo de Mayo y trasladó a los represores a la cárcel de Marcos Paz. Evaluaron que había “riesgo grave e inminente” de evasiones y “condiciones deficitarias de seguridad”.

Por Diego Martínez

Página/12, 19.9.13

 

A fines de julio, cuando los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich, familiares y amigos de represores presos por delitos de lesa humanidad cuestionaron la decisión y lamentaron en las redes sociales las previsibles consecuencias que el episodio acarrearía a sus seres queridos. Ayer una decisión del Ministerio de Justicia les dio la razón: el Servicio Penitenciario Federal vació la (ex) Unidad Penal Nº 34 que funcionaba en el interior de Campo de Mayo y trasladó a la cárcel de Marcos Paz a los militares condenados que se alojaban en ese confortable edificio. El motivo: “riesgo grave e inminente” de evasiones, “favorecido por condiciones deficitarias de seguridad”, explicó mediante un comunicado. “Esa prisión vuelve a ser una prisión militar. Las personas que estaban allí darán cumplimiento a sus condenas en cárceles comunes”, dijo Alejandro Marambio, director del SPF.

Construido originalmente como cárcel militar de la mayor guarnición del Ejército en el país, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad en alojamiento vip de decenas de militares retirados, acusados de torturas y asesinatos, que eran atendidos allí por subordinados obligados a acatar sus órdenes. A los cuestionamiento formulados originalmente por organismos de derechos humanos se sumó a mediados de 2006 la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien reclamó sin suerte a distintos jueces que sacaran de esa unidad a los procesados a disposición de la Justicia.
En diciembre de 2007, cuando el represor de la ESMA Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex de Prefectura, la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul hizo que unos pocos jueces se replantearan la concesión automática de privilegios, aunque Campo de Mayo siguió siendo un destino aceptado. Garré firmó entonces un convenio con el Ministerio de Justicia y transformó la cárcel que solo pisaban militares en Unidad 34 o Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, bajo la órbita del Servicio Penitenciario: los gendarmes que hacían guardias fueron reemplazados por penitenciarios.
En octubre de 2008, a partir del traslado del dictador Jorge Videla a Campo de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que allí había funcionado uno de los cuatro centros clandestinos que hubo en esa guarnición y que había indicios sobre posibles partos de mujeres cautivas que permanecen desaparecidas. “Es inaceptable la idea de que Campo de Mayo sea una cárcel común, más allá de la custodia a cargo del Servicio Penitenciario”, declaró entonces Luciano Hazán, abogado de Abuelas y actual titular del Programa Verdad y Justicia. Pero nada cambió.
En abril de 2009 fue un director del propio SPF quien advirtió que Campo de Mayo “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Julián Corres, torturador y jefe de guardias de La Escuelita de Bahía Blanca, se había escapado de la delegación local de la Policía Federal y pretendía que lo trasladaran con Videla & cía. Fue el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del SPF, quien evaluó que el “nivel de seguridad no sería el apropiado” para portadores de semejantes prontuarios. Dos camaristas bahienses minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del Laucha Corres.
La fuga de Olivera y De Marchi logró lo que no pudieron los organismos: que los represores alojados en Campo de Mayo fueran sacados para siempre de un espacio que es sinónimo de Ejército Argentino. La lista incluye a condenados por su actuación en Corrientes (Horacio Losito), Chaco (Jorge Carnero Sabol y Luis Patetta), Bahía Blanca (Norberto Condal y Jorge Masson), Buenos Aires (Alfredo Feito y Enrique Del Pino) e incluso Campo de Mayo (César Fragni, Raúl Harsich o Raúl Martín).
“Los 25 responsables de delitos de lesa humanidad encarcelados en un espacio para 50 pasarán a ser ‘presos comunes’ y a recibir el trato de respeto por sus derechos, pero que corresponde a su status”, indicó el SPF en un comunicado. En una nota al Tribunal Oral Federal Nº 5, a cargo del juicio de la ESMA, el SPF explicó que ordenó el traslado “debido a que no es posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo (U34) de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”. El edificio “presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa”, explicó Marambio. Agregó que el Departamento de Inteligencia Penitenciaria elaboró “varias hipótesis sobre el desarrollo de dichos eventos” y destacó la “dificultad” de custodiar un centro penitenciario “asentado dentro de un importante complejo del Ejército, motivo principal del déficit de seguridad”. Otro motivo se relaciona con los achaques de los represores. “La composición etaria de dicha población penal requiere de una permanente asistencia en materia de salud”, por lo que hay que cubrir esa situación “principalmente a través de los hospitales militares”, traslados que fueron prohibidos a fines de julio, tras la fuga de De Marchi y Olivera.

"Parece imposible, pero se puede" (investigar la complicidad económica con el terrorismo de Estado)

Por Diego Martínez

Página/12, 15.9.13

“Imagino una placa en la entrada de la Sociedad Rural que diga ‘Esta institución fue cómplice del terrorismo de Estado’”, dio como ejemplo Horacio Verbitsky sobre una posible consecuencia de la creación de una comisión nacional de la verdad que investigue la complicidad económica con la dictadura. Del medio millar de personas que desbordó el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional surgieron risas, que el periodista interrumpió. “No se rían. Parece imposible pero hemos hecho muchas cosas que parecían imposibles. En los organismos, solemos decir que lo imposible sólo lleva un poco más de tiempo”, contó el presidente del CELS, y la sala estalló en un aplauso.

La escena tuvo lugar ayer durante la presentación de Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, libro en el que Verbitsky y el jurista Juan Pablo Bohoslavsky convocaron a una veintena de especialistas para desmenuzar las relaciones de los grupos económicos con el Estado terrorista, y en el que proponen la creación de una comisión que sistematice información a fin de avanzar en el proceso de justicia transicional incorporando la dimensión de la complicidad económica. “El tema estaba en el aire, pero hacía falta plantear que es necesario y posible encarar esa problemática”, contó Verbitsky en la presentación del libro editado por Siglo XXI, al que definió como “una obra colectiva con veinte autores de primerísimo nivel”. En el panel lo acompañaban Bohoslavsky, el economista Eduardo Basualdo, el ex canciller Jorge Taiana y la periodista Alejandra Dandan, de Página/12.
“No somos pioneros”, admitió Verbitsky y citó estudios de casos como Acindar, Techint, Ledesma, Ford o Mercedes-Benz e investigaciones como las de Papel Prensa o la Comisión Nacional de Valores. Hizo un repaso por los capítulos del libro y explicó que uno de los objetivos fue “mostrar las distintas caras de la complicidad (de los grupos económicos) y cómo el poder del Estado fue usado con distintos fines”. La propuesta central, concluyó, es crear por ley una comisión con recursos, facultades y especialistas de distintas disciplinas.
Bohoslavsky se refirió al déficit de legitimidad de los gobiernos autoritarios, a su necesidad “de comprar voluntades en las elites”, y explicó que, en el caso argentino, “el apoyo económico, financiero e institucional” de los grupos económicos fue “esencial para la sustentabilidad política del gobierno”. Cuentas pendientes ofrece un marco teórico y conceptual para entender la suma de casos conocidos, dijo, y destacó la importancia “de ponerles nombre a muchos crímenes”. Diferenció los abordajes desde el derecho penal, el civil y el derecho a la verdad y se preguntó por las consecuencias que podría tener el trabajo de una comisión investigadora. “¿Se caería el cielo? No creo, pero tampoco será fácil”, admitió, y advirtió que no faltarán “actores de mucho peso que tratarán de universalizar el temor de una supuesta avanzada de los derechos humanos sobre la economía”, cuando “sólo se trata de aplicar estándares básicos de derechos humanos”.
“La dictadura inauguró un patrón de acumulación específico” que tuvo su “etapa superior” en la década del ’90 y se prolongó hasta 2001, explicó Basualdo. Ese patrón caracterizado por el endeudamiento externo y la fuga de capitales dio inicio a la más profunda redistribución del ingreso, a la desindustrialización y a la anulación de los derechos de los trabajadores, agregó el economista de Flacso, y recordó que en 1977 Rodolfo Walsh advirtió que la política económica de la Junta “castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. El nuevo bloque de poder se conformó con la asociación de grupos económicos y capital financiero internacional, resumió, y destacó que “la hegemonía en la conducción del Estado” la tuvieron grandes grupos como Bunge & Born, Bemberg, Acindar, Loma Negra, Clarín o Macri, entre otros.
“Algunos pocos casos de responsabilidad empresaria fueron captados desde la lógica penal”, explicó Dandan y se detuvo en el Ingenio Ledesma y el empresario Pedro Blaquier, quien aportó vehículos y choferes a grupos de tareas de Jujuy, según probó el juez Fernando Poviña. La periodista especializada en juicios por delitos de lesa humanidad reprodujo sus diálogos con víctimas jujeñas, la resignación de una madre de desaparecidos mientras Blaquier burlaba las indagatorias y la “ocupación del espacio de lo público” por parte de Ledesma.
Taiana consideró que es la dimensión política la que “debe hacernos reflexionar y abrir espacios” para avanzar en la penal y en la civil, y destacó que “el derecho a la verdad no es sólo de las víctimas: la sociedad tiene derecho a saber qué pasó y por qué”. Recordó que en los últimos años de la dictadura hubo debates incipientes sobre las responsabilidades civiles, pero tras la guerra de Malvinas “el poder económico dio un paso atrás para que sólo aparecieran las responsabilidades más obvias de los criminales”, a las que se limitó la Conadep. Verbitsky recordó entonces un dato que sintetiza el éxito de la estrategia empresarial para difuminar sus responsabilidades y seguir adelante con sus negocios: el día de la audiencia inicial del Juicio a las Juntas, los denominados “capitanes de la industria” se reunieron en Olivos con el presidente Raúl Alfonsín. Como muestra de apoyo al juicio donaron una fotocopiadora para la fiscalía de Julio Strassera. “Esa misma semana –recordó el periodista–, Alfonsín anunció la economía de guerra contra los salarios.”