Fiscal Pelazzo: “La Cámara no fue permeable a la presión”

Por Diego Martínez

“Evidentemente no fueron permeables a esas presiones”, dice con satisfacción el fiscal jujeño Pablo Pelazzo. La referencia alude a los jueces de la Cámara Federal de Salta, que confirmó el procesamiento del dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y de su ex administrador Alberto Lemos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Las presiones refieren a notas guionadas por la defensa del empresario que aparecieron en su diario amigo La Nación.

–La Cámara consideró probado el aporte de vehículos de Ledesma para los secuestros y el “conocimiento y voluntad” de que era para detenciones o traslados de personas secuestradas. ¿Está conforme? –Sólo en parte. Como sostuvimos al apelar, entendemos que ese conocimiento se extiende a la cadena de delitos que eran parte del plan de la dictadura. Es muy difícil creer que en aquel momento quien colaboraba en un secuestro no colaboraba para que esa persona no apareciera más. Y en el medio además se torturaba, es difícil suponer que sólo participaban del secuestro. Ya antes del golpe hay pruebas de gente secuestrada como parte de persecuciones que denunciaba el sindicato.
–Un testigo contó que lo colgaron de un árbol para pegarle y le decían “éste es el zurdo que hizo el paro” en el ingenio, que había una camioneta de Ledesma y sugirió que los torturadores se comunicaban con la empresa. ¿Cómo se explica el procesamiento por secuestros y no por tormentos? –En ese caso fue un testigo pero Blaquier no fue indagado por ese hecho. Esto pasó con un montón de víctimas y ahora se deben instruir nuevas causas. En términos generales los jueces se limitan a imputar dolo sólo por el aporte de las camionetas, dicen no encontrar elementos materiales que den cuenta de la participación en tormentos, como si fuera necesario encontrar elementos de tortura en las oficinas de Ledesma o sobrevivientes que cuenten haber sido torturados en la empresa. Para nosotros el tabicamiento es una forma autónoma de tortura, que se inicia cuando te ponen una venda, y eso ocurría durante el secuestro. Es autónomo, no es un empujón para subir a alguien a una camioneta. Además era sistemático.
–¿Qué dicen ellos sobre el uso de las camionetas? –Fueron cambiando de discurso. Primero negaban rotundamente haberlas aportado. Cuando ya era insostenible dijeron que “podía ser” por donaciones al hospital y a Gendarmería, y sugirieron que no habían borrado el logo de Ledesma. Más adelante hicieron distintos planteos y juegos de palabras para intentar probar que los testigos no dijeron lo que dijeron. Ahora en La Nación insisten con que nunca prestaron camionetas, cuando hay pruebas hasta en Salta, donde dos personas dijeron haber visto una camioneta de Ledesma en el destacamento de Gendarmería en Orán y se corroboró en el libro de ingresos: figuraba nombre de los choferes, dominio y decía “procedente de Ingenio Ledesma” el 24 de marzo de 1976.
–El procesamiento es para Blaquier como partícipe necesario y para Lemos como secundario porque uno facilitó los vehículos y el otro ejecutó la orden. ¿Coincide? –No, para nosotros en ambos casos hay participación primaria, porque cómplice es quien participa en un hecho ajeno. Hay un informe de la Comisión Nacional de Valores donde Lemos figura como integrante del directorio de Ledesma, es decir que no sólo era administrador.
–Lemos admitió ante Olga Arédez que pusieron cuarenta vehículos al servicio de la dictadura “para limpiar el país de indeseables”. Otro directivo, Mario Paz, se ufanaba de que Ledesma puso mucha plata para el golpe. ¿Qué dicen sobre sus dichos del pasado? –Lemos lo niega, dice que nunca habló con Olga Arédez en esos términos. En el otro caso la defensa es graciosa. Paz, ya fallecido, admitió su colaboración en el documental Sol de Noche, hay horas de filmación con pruebas interesantes. En un momento apareció un escrito de una persona diciendo que Paz le contó que le ofrecieron plata para que dijera algo escrito para el documental. Pero cuando le propone hacerlo constar ante escribano, Paz se muere y nadie puede dar fe. Es absurdo, todo Jujuy sabía que Paz era alguien comprometido con la empresa y con la dictadura.
–La Cámara dice que el aporte de Ledesma fue “desde la creación de la unidad de Gendarmería” y que un año antes del golpe ya habían prestado vehículos a la policía para trasladar gremialistas detenidos, según figura en panfletos. ¿Podría ampliarse la imputación a hechos de 1975? –Sí, hay muchos expedientes incorporados como prueba, sobre todo por la ley 20.840 o “antisubversiva” que se aplicaba a perseguidos políticos. Está ese panfleto donde se denuncia el uso de camionetas, e incluso el juez admite que no se explica el porqué de un destacamento de Gendarmería a 400 kilómetros de la frontera, no hay explicación lógica.
–Salvo que esté al servicio de la empresa. –Exacto.
–Blaquier sigue libre, la Cámara dice que no hay riesgo de fuga y sólo tiene prohibido salir del país. ¿Teme la fuga? –Sí, sobre todo porque el pedido de detención nuestro se funda en que hay muchos más delitos que se les deben reprochar a Blaquier y a Lemos, con lo cual aumenta la expectativa de pena y se presume mayor la probabilidad de que quieran entorpecer la investigación y evadir la Justicia. A su vez está la capacidad económica, que se vio en el editorial de La Nación. Pueden entorpecer de esa forma pero también de otras más directas.
–La Cámara destaca el grado de organización del servicio de seguridad de Ledesma, sostiene que tenía “su propio servicio de informaciones, registros y documentación”. ¿Qué tan activo sigue ese servicio? –La respuesta más contundente entiendo que surgió del allanamiento del juez (Fernando) Poviña a la empresa: encontró material de seguimiento de las marchas por la conmemoración de la Noche del Apagón, con detalle de participantes, número de inscripción de vehículos, oradores, panfletos y muchos detalles, en dos libros anillados de casi 500 páginas.
–El fallo de la Cámara se dio en el contexto de una campaña de medios amigos de Blaquier para desacreditar a fiscales y jueces. ¿Le preocupa la incidencia de ese lobby? –Estaba más preocupado antes. Los editoriales de La Nación estaban claramente dirigidos a deslegitimar el proceso y a presionar a los jueces. Evidentemente no fueron permeables a esas presiones, pero el impacto no deja de ser fuerte, sobre todo en Libertador General San Martín. A partir de la operación que iniciaron desde que se los citó a indagatoria trataron de instalar el miedo, la idea de que si la causa avanza la empresa puede cerrar, cuando acá sólo se persigue a dos personas por su responsabilidad concreta en delitos de lesa humanidad.

Un boleto de regreso forzado

Por Diego Martínez

La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó ayer por unanimidad el fallo que ordenó la extradición de Otilio Roque Romano, el ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza procesado por delitos de lesa humanidad que huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y quitarle los fueros que le permitían seguir en libertad. Los jueces trasandinos ratificaron con su fallo que el ex hombre fuerte del Poder Judicial cuyano no es un perseguido político y destacaron que existen “presunciones fundadas” sobre su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Si el Tribunal Oral Federal de Mendoza accede al pedido de acumular las causas elevadas e incorporar a Romano a la lista de acusados, planteo que hoy formulará el Ministerio Público Fiscal, el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un megajuicio con casi cuarenta imputados, incluidos militares, policías y cinco ex jueces acusados de omitir, denunciar e investigar secuestros, torturas, violaciones y homicidios.

El fallo de la sala segunda de la Corte Suprema que pone punto final a la estadía de Romano en Chile lleva las firmas de Milton Juica, Hugo Domestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, quienes confirmaron la decisión que había tomado el 18 de junio el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo. El pronunciamiento confirma además la resolución tomada a principios de 2012 por el Ministerio del Interior de Chile, que al descartar “la existencia de un fundado temor de persecución” echó por tierra la estrategia de victimización de Romano, quien pretendía hacerse pasar por víctima de “una venganza de personeros de izquierda”.
Los magistrados destacaron la obligación del Estado chileno de “promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”, que incluyen “la sanción del genocidio y de los delitos de lesa humanidad”, y consideraron “idóneos” los antecedentes penales de Romano enviados por la Justicia Federal de Mendoza. Ante el pedido de la defensa para que se considerara la negativa de la Argentina a extraditar a Santiago Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán, los jueces supremos apuntaron que “el hecho que el Estado requirente se haya puesto en su momento en una situación que conllevó infringir el principio de reciprocidad no tiene como efecto que nuestro país incurra en infracción” de tratados y convenios internacionales.
El juez federal Walter Bento y luego la Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces subrogantes, habían procesado a Romano cuando todavía estaba en funciones como partícipe necesario en 103 casos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones, protagonizados por militares y policías cuyanos. Los delitos que omitió investigar ocurrieron entre 1975, con la aplicación sistemática de la “ley antisubversiva” 20.840, y 1983, cuando terminó la dictadura. Romano se desempeñó en aquellos años como fiscal federal y eventualmente como juez federal subrogante de Mendoza.
En su última etapa al frente de la Cámara, Romano se especializó en liberar represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de la dictadura. En paralelo, se dedicó a dilatar el proceso de destitución en su contra en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y pérdida de fueros, que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión rumbo a Chile y pidió refugio como perseguido político. Comenzó entonces la lucha de los organismos de derechos humanos y de la Justicia mendocina para extraditarlo, proceso que le valió un changüí de dos años en libertad.
El avance de las causas en ese período le permitirá a Romano compartir el banquillo de los acusados no sólo con torturadores de Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también con viejos compañeros. En febrero llegaron al tribunal que integran Alejandro Piña, Juan González Macías y Raúl Fourcade las causas que tienen como imputados a los ex jueces Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos solicitó ayer, apenas conocido el fallo de la Corte chilena, la acumulación de causas para que Romano pueda ser juzgado a partir del 11 de noviembre en “un megajuicio con casi 40 imputados”, se esperanzó el abogado Pablo Salinas. Hoy formulará idéntico reclamo el fiscal federal Dante Vega, en representación del Ministerio Público Fiscal. “Estamos en condiciones de tener a todo el aparato organizado de poder en el banquillo. Será el juicio más importante de la provincia”, destacó el fiscal.

Procesaron a Sanguinetti por el caso Ledo

El juez no dio por probado que Sanguinetti haya tenido participación directa en el secuestro, pero dijo que debía cuidarlo. En la causa está involucrado el jefe del Ejército, César Milani, quien hizo el sumario en el que se consideró a Ledo desertor.

 

Alberto Agapito Ledo

Por Diego Martínez

El coronel retirado Esteban Sanguinetti, impune durante 37 años, fue procesado ayer con prisión preventiva por el secuestro y el homicidio calificado del conscripto Alberto Agapito Ledo en 1976. El juez federal Daniel Bejas no dio por probada la versión que los compañeros de Ledo le transmitieron a su madre, según la cual Sanguinetti tuvo participación directa en la desaparición, pero lo procesó porque como jefe de compañía del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja tenía la obligación de cuidar la vida y la integridad de los soldados bajo su mando. Bejas destacó en los fundamentos de su resolución “la indiferencia” de las autoridades militares, que no ordenaron buscar al soldado desaparecido, y encomendó al Ministerio Público Fiscal profundizar la investigación de los hechos, tarea que en el fuero militar estuvo a cargo del entonces subteniente César Milani, actual jefe del Ejército, quien luego de “las averiguaciones practicadas” tras la desaparición concluyó que Ledo “fugó del vivac” ubicado en un predio de Monteros, Tucumán.

Ledo estudió historia en la Universidad Nacional de Tucumán hasta diciembre de 1975. Al mes siguiente se incorporó como conscripto al batallón riojano y el 20 de mayo de 1976 fue trasladado a un predio de las afueras de Monteros donde el Ejército había comenzado a construir una escuela. Su madre, Marcela Brizuela de Ledo, recibió cartas de Alberto todas las semanas durante meses. El 4 de julio, cuando cumplía 21 años, fue a visitarlo y se encontró con la noticia que le transmitieron otros colimbas: Sanguinetti sacó a Ledo del campamento a la una de la madrugada del 17 de junio en un vehículo del Ejército y nunca más lo vieron.
El sumario por “deserción” estuvo a cargo de Milani. Sanguinetti sostuvo en su declaración indagatoria que, como oficial sumariante, Milani era “responsable de la investigación profunda del caso” y tenía “la misión de dejar constancia por escrito de todo lo relacionado con ese hecho”. Según las ocho fojas del sumario que hizo públicas el CELS, Milani recibió la orden de investigar doce días después de la desaparición. “De las averiguaciones practicadas” concluyó que Ledo “fugó” del campamento militar “durante la noche” del 17 de junio y nunca regresó. Detalló la ropa que llevaba, aseguró “que no ha recibido malos tratos” y que como “conocía las leyes penales” había incurrido en “deserción simple”, figura que el Ejército utilizó para encubrir las desapariciones de soldados.
Sanguinetti es el primer procesado por la desaparición de Ledo. Sus superiores en la cadena de mandos eran Osvaldo Pérez Bataglia y Jorge Pedro Malagamba. Durante su indagatoria, dijo que como ingeniero civil lo habían designado jefe de una compañía vial del Batallón y lo habían enviado a Tucumán con 150 soldados a sus órdenes. “Ledo era para mí un soldado más”, dijo. Afirmó que nunca hizo recorridas con nadie y sugirió que la fuga no debía sorprender porque el predio estaba a 500 metros de la ruta 38 y “las necesidades fisiológicas se hacían a campo abierto”, alejándose lo máximo posible por cuestiones “de decoro”.
Según el procesamiento, el conscripto que relató la salida de Sanguinetti con Ledo no pudo ser ubicado. Bejas apuntó que la investigación “no tuvo mayores avances” desde 2009 y encomendó profundizarla. No fundó el procesamiento en las acciones directas de Sanguinetti, sino en su “obligación positiva de custodia y protección de las personas bajo su guarda”. Como jefe de compañía y miembro de la estructura jerárquica del Batallón 141, con mando sobre la tropa, tenía “el deber de defender en forma explícita los bienes e intereses” de los subordinados a su cargo, más aún si lo estaban por obligación y en un contexto de terrorismo de Estado, escribió. Remarcó que los jefes militares tenían “un control absoluto y discrecional” sobre los soldados y llamó la atención sobre “la indiferencia” ante la fuga, ya que no ordenaron buscar al supuesto fugado. Sanguinetti seguirá con arresto domiciliario en su departamento al menos hasta que los médicos forenses dictaminen si está en condiciones de ser trasladado a una cárcel.