El Acuerdo para la Seguridad Democrática, cuatro años después

Los referentes del ASD plantean la necesidad de que la Nación encabece una estrategia de democratización de las fuerzas de seguridad. “No controlar políticamente a las fuerzas importa una delegación que apareja subordinación y dependencia”, advierten.

Por Diego Martínez

A fines de 2009, un amplio abanico de referentes políticos, gremiales, académicos, del ámbito de la Justicia y de los organismos de derechos humanos hicieron público el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), documento de diez puntos que cuestionaba “las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito” y hacía eje en la necesidad de transformar a las fuerzas de seguridad en instituciones “comprometidas con los valores democráticos”. Cuatro años después, tras la escalada de levantamientos policiales en distintas provincias, varios de los especialistas y académicos que integran ese espacio retomaron el diálogo formal con el Gobierno al ser recibidos por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a quien plantearon la necesidad de que el gobierno nacional lidere una estrategia de democratización de todas las fuerzas, federales y provinciales. “Entendemos que el Estado nacional tiene la potestad política y la legitimidad para intervenir a partir de su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos, pero también por experiencias exitosas en el marco del Consejo de Seguridad Interior”, explica el criminólogo Enrique Font, profesor de esa materia en la Universidad Nacional de Rosario. “Encontramos amplia disposición para atender las propuestas del ASD y una clara comprensión del tema”, rescata el ex fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria bonaerense. El encuentro concluyó con el compromiso de establecer una agenda de trabajo que en principio propondrán académicos y especialistas de los organismos.

El ASD, impulsado por el ex ministro León Arslanian y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentó el 29 de diciembre de 2009 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso con una inusual adhesión de dirigentes oficialistas y opositores, que suscribieron el documento y posaron detrás de los principales dirigentes del movimiento de derechos humanos. Frente al tradicional discurso de mano dura y a las propuestas de darles más poder a las policías, puso el acento en la necesidad de un verdadero control político de las fuerzas, en la formación y profesionalización de los funcionarios policiales, en la descentralización de la organización policial y en terminar con el esquema delegativo de la seguridad en policías que se limitan a regular negocios ilegales.

Hugo Cañón

“El ASD logró un amplio consenso en la necesidad de ir a fondo, pero no ha sido considerado prioritario” por el Gobierno, admite Cañón, titular de un organismo que denuncia sistemáticamente violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Hoy resulta impostergable”, alerta. “No controlar políticamente a las fuerzas importa una delegación que apareja subordinación y dependencia. Mucho sabemos de condicionamientos al poder político por parte de corporaciones y grupos concentrados mediante golpes de mercado o campañas destituyentes. Hoy las desestabilizaciones institucionales no se realizan mediante las Fuerzas Armadas sino mediante las policías, como se ha advertido en Ecuador y Bolivia, según la nueva línea del Norte que reemplazó la doctrina de la seguridad nacional por la de seguridad ciudadana”, explica.

“El ASD fue una herramienta importante para poner sobre la mesa y cuestionar los discursos que sostenían que el único modo de responder a la demanda de seguridad es con mensajes de endurecimiento y contraponiendo seguridad vs. derechos humanos”, explica Paula Litvachky, del CELS. “Fue positivo a nivel discursivo, de paradigmas y modelos políticos, ya que hoy está instalada esta mirada con contenido democrático de la seguridad. Lo más dificultoso es avanzar sobre reformas específicas en las propias policías y en políticas de mediano y largo plazo”, dice.

Paula Litvachky

Los levantamientos de diciembre, que incluyeron extorsiones a gobernadores y saqueos fogoneados por uniformados, fueron el disparador del encuentro con Capitanich. “Los levantamientos mostraron una situación límite, son la expresión cruda del ‘manodurismo’ que ejercita la ilegalidad, regula el delito y condiciona al poder civil”, resume Cañón. “Hubo una respuesta coyuntural, se generaron acuerdos problemáticos que ahora hay que ver cómo se reconducen, pero lo central es la necesidad de una salida política que implique retomar el trabajo sobre la gobernabilidad de las policías –plantea Litvachky–. Esos acuerdos no pueden quedar como una claudicación política, y para que eso no suceda hay que fortalecer el gobierno político y rediscutir el modelo policial.”

Enrique Font

Si bien la seguridad es una facultad que las provincias no delegaron en la Nación, Font apunta “dos argumentos sólidos” para fundamentar que “el gobierno nacional puede liderar una estrategia de democratización de fuerzas provinciales sin erosionar esa responsabilidad prioritaria y primaria”. Primero: el Estado nacional es responsable ante los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos por las violaciones que comete cualquier agente policial o penitenciario. El segundo pasa por aprovechar la Ley de Seguridad Interior y en su marco el Consejo homónimo, como ocurre en salud, educación y otras áreas, donde los consejos coordinan los enfoques nacionales y de las provincias. “El gobierno nacional ya lo usó inteligentemente en gestión tres años antes de la creación del Ministerio de Seguridad, con Héctor Masquelet, secretario del Consejo y luego de Seguridad Interior, que llevó adelante una política de construcción de consensos sobre formación policial y para establecer lineamientos básicos con resultados importantes”, destaca Font. “El Consejo está más asociado a situaciones de crisis, complejas, pero puede tener un funcionamiento estable y servir para llevar adelante políticas de fondo entre Nación y provincias, aunque es una herramienta más”, explica Litvachky.

“Las dos líneas que el Gobierno podría liderar pasan por la democratización de las instituciones policiales y el perfil profesional de los policías, ambas adaptables fácilmente a un contexto como el de un consejo federal”, destaca Font, quien confía en la posibilidad de avanzar. “El Gobierno mostró capacidad para producir cambios en políticas de seguridad”, afirma, y cita como ejemplos la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en reemplazo de la militarizada Policía Aeronáutica, y antes “la sensibilidad política que tuvo Kirchner al comienzo de su gestión frente a las muertes en protestas sociales, con un trabajo efectivo sobre las fuerzas federales, pero también presionando a las provincias para que no hubiera más víctimas”.

Permuto Falcon verde por Amarok de Gendarmería

Por Diego Martínez
 

Cuatro gendarmes de uniforme que se trasladaban en una camioneta oficial secuestraron, golpearon, amenazaron de muerte y le robaron la cámara a un fotógrafo que cubría un operativo cerca del shopping Alto Avellaneda. El secuestro fue el lunes a la noche y terminó dos horas después con el reportero Brian Palacio tirado en un zanjón de Wilde con la cabeza tapada, una goma de camión encima y la advertencia que repetían los represores de la dictadura cuando liberaban a sus víctimas: "Contá hasta mil antes de levantarte y acordate que te vamos a vigilar". Hasta el momento ni Gendarmería ni el Ministerio de Seguridad dieron ninguna información oficial. La causa por privación ilegal de la libertad, apremios ilegales, robo calificado y amenazas está a cargo de la fiscal Solange Cáceres, de Avellaneda.

  Palacio, de 25 años, trabaja como free lance. Aquella noche de apagones, calor y piquetes vio "un grupo de personas que le quisieron pegar a un motoquero y le tiraron piedras a dos gendarmes", recuerda. De pronto llegaron tres Amarok blancas de Gendarmería. Bajaron diez hombres, calcula, y comenzaron las corridas y las detenciones. Logró disparar dos veces y escuchó el grito: "no nos saques fotos". Vio que lo encaraban, corrió, les sacó una cuadra y los vio volver a la camioneta. "Por miedo a que me siguieran y empeoraran las cosas volví, les dije que borraba las fotos, pero me retorcieron el brazo, me taparon la cabeza y me arrastraron hasta la camioneta", relata.

Foto: Juano Tesone, Clarín.

  A ciegas, con la cabeza entre las piernas, arrancó el paseo. “¿Para quién trabajás? ¿Por qué nos escrachás? Te vamos a romper los dedos. Te vamos a tirar al Riachuelo”, lo amenazaron. En un baldío “le hicieron desarmar el equipo, le rompieron la lectora de tarjeta, le patearon la cabeza, el pecho, la nuca”, contó su mamá. “Pensé que me mataban”, confiesa Brian. Un golpe lo volteó y sintió que se ahogaba. Cuando un gendarme le tiró el inhalador que tenía en el bolso dedujo que viviría.

  El paseó siguió hasta otro baldío. Lo bajaron, apuntaron sus datos, lo hicieron caminar cien metros, le ordenaron contar hasta mil y le advirtieron que lo matarían si los denunciaba. “Conté hasta 200, en voz alta, con la cabeza tapada, contra el piso, hasta que me empecé a asfixiar. Tenía algo sobre la espalda, pensé que me pisaban o que era una piedra. Me saqué la remera y vi que era una cubierta. Todo era silencio”, recuerda. Estaba al costado de un camino en Wilde, entre el acceso a la autopista y el predio de Independiente.

  Contactó a su padre, que lo llevó a un sanatorio donde le dieron calmantes y dejaron constancia de los golpes. El martes su madre denunció los hechos y horas después los llamó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El jueves la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) difundió el caso y el viernes Brian se animó a declarar. “Pienso que son cuatro personas que se equivocaron, no creo que toda la fuerza sea así”, reflexiona. “Que paguen lo que hicieron”, reclama. Hasta el momento no habría declarado ningún testigo del secuestro.

diemar75@gmail.com

Con la bendición de la Santa Iglesia

Por Diego Martínez

Dirigentes políticos y autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana participaron en 1983 de la elaboración del Documento final de la Junta Militar que dio por muertos a miles de desaparecidos. “Se traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”, se incluyó a pedido del cardenal Raúl Francisco Primatesta. Ante la afirmación de que los militares “no utilizaron su poder contra terceros inocentes”, el arzobispo de Córdoba, que en el archivo del Episcopado guardaba cientos de denuncias de familias enteras aniquiladas por el terrorismo de Estado, propuso matizar con la palabra “directamente”. También hicieron aportes y dieron su aprobación al documento el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi y obispo de Morón, Justo Oscar Laguna. Sus nombres surgen de los documentos que la Fuerza Aérea encontró en una oficina abandonada del Edificio Cóndor y fueron presentados en el programa Los archivos secretos de la dictadura, que emitió anoche la TV Pública.
En julio de 1979, dos meses antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar aprobó un primer “proyecto de documento sobre desaparecidos” elaborado por los secretarios generales de las tres armas, según consta en el Acta 103 recuperada por el Ministerio de Defensa. El texto no pasó de un proyecto, pero muestra ya la preocupación por justificar las ejecuciones clandestinas y la desaparición de los cuerpos. Los documentos analizados se centran en el proceso de elaboración que comenzó tras la derrota en la Guerra de Malvinas y que concluirían en abril de 1983 con el denominado Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo.
“Han existido numerosos contactos con personalidades políticas y religiosas”, “existe consenso sobre la conveniencia de su publicación” y diferencias sobre la fecha ideal, consta en un “Ayuda memoria para el comandante en jefe del Ejército”, general Reynaldo Benito Bignone, fechado el 28 de diciembre de 1982. “Resulta condición indispensable para una repercusión medianamente positiva que la jerarquía eclesiástica comparta, por lo menos en lo sustancial, el contenido del documento, para lo cual se impone –previamente– un contacto fluido para su análisis y consideración”, le aclaran al último dictador. Los “contactos iniciales con iglesia, sectores representativos y personalidades” fueron entre el 20 y el 23 de diciembre, precisan. La preocupación era ya la impunidad una vez reestablecido el Estado de derecho: el documento “debe tener jerarquía jurídica, de modo tal que las afirmaciones en él contenidas deban ser respetadas obligatoriamente por los jueces y/o funcionarios gubernamentales”.
“Sugerencias del cardenal Primatesta”, despeja cualquier duda el título que antecede los aportes del arzobispo de Córdoba. La dictadura actuó “en prosecución del bien común”, es una de sus primeras propuestas. Debía garantizar “la convivencia social”, agregó. Donde los redactores militares habían escrito que “se cometieron errores”, el cardenal apuntó “que traspasaron a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales”. Los militares aceptaron la sugerencia, pero agregaron “como sucede en todo conflicto bélico”. Donde decía que esos “errores” quedaban “sujetos al juicio de Dios”, Primatesta apuntó “en cada conciencia”. Y donde los militares se ufanaban de no haber utilizado su poder “contra terceros”, el cardenal, que para entonces había recibido y respondido miles de denuncias sobre torturas y desapariciones, propuso agregar “directamente” y aclarar: “aun cuando indirectamente éstas (víctimas inocentes) pudieran haber sufrido sus consecuencias”. Ante la propuesta de dejar “definitivamente claro” que “a efectos jurídicos y administrativos” los desaparecidos “se consideran muertos”, Primatesta no propuso ningún cambio.
Las menciones a Calabresi y Laguna constan en cuatro carillas que se titulan “Comentarios sobre el documento ‘Delta’”, como lo nombraron durante el proceso de elaboración. El autor, no identificado, admite que el texto “agrega poco a lo conocido”. “Durante su actuación en el ECI (sigla de Equipo de Compatibilización Interfuerzas, referencia a los redactores que participaron por cada fuerza), Ejército ha manifestado haber hecho contactos y haber sometido el documento a consideración de autoridades de la Iglesia (monseñores Calabrese –sic– y Laguna) contando con la aprobación de los mismos”, escriben. “Asimismo se dejó entrever que también fueron consultados políticos de alto nivel”, continúan, aunque no aportan nombres. Los interlocutores de Calabresi y Laguna en representación del Ejército eran los coroneles Jorge Hawkes y Hugo Sabino Fernández.

El desafío de ser creíbles

La Fuerza Aérea, representada en la mesa de escribas por el comodoro Juan Manuel Baigorria, realizó una serie de propuestas que fueron rechazadas por los coroneles y por los enviados de la Armada, capitanes de navío Manuel Tomé y Fernando García. Para los hombres de la aviación militar “hay carencia de apoyos o de ejemplos que den credibilidad al documento”. Pensando no sólo en la impunidad sino también en la necesidad “del futuro gobierno” de “convencer a su propio partido, al país y a las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros”, propusieron agregar una serie de “apoyos”: 1. “terroristas que ocuparon cargos relevantes” en el gobierno, el Poder Judicial, partidos políticos y organizaciones religiosas; 2. “casos de suicidios registrados entre miembros de organizaciones terroristas”; 3. “casos de ejecuciones realizadas por bandas terroristas con sus propios adeptos”; 4. “documentos de identidad falsos encontrados en poder de terroristas”; 5. “ejemplos de personas que figuraban en listas de ‘desaparecidos’ y resultaron no estar en esa situación”; 6. “infiltrados de las Fuerzas Legales en las organizaciones terroristas que desaparecieron”, y 7. “cantidad de muertos no identificados fehacientemente en enfrentamientos con Fuerzas Legales”. “No obstante, aunque se den todos los apoyos (sic) basados en la documentación existente, quedará un número de desaparecidos de casi imposible explicación”, admiten. En un acta de reunión del ECI de marzo de 1983 dejan constancia de que “no se llegó a un acuerdo” sobre la propuesta de la Fuerza Aérea para darle “credibilidad y consistencia” al texto.
Uno de los datos novedosos que surgen de las propuestas de cada fuerza al documento final lo aporta la Armada y se refiere a supuestos juicios en jurisdicción militar a torturadores que cometieron “excesos” en las sesiones de picana y submarino. “Se han cometido excesos durante los interrogatorios”, escriben los marinos. “Por ejemplo, de la confesión de un prisionero dependía la posibilidad de neutralizar un ataque con explosivos a un colegio”, mencionan la célebre hipótesis que Vicente Massot usaba ante sus alumnos de la Universidad Católica Argentina para justificar la tortura. “Los que conducían el interrogatorio se excedieron en sus atribuciones para conseguir información”, continúa. “Fue una reacción emocional, hasta cierto punto explicable (sic), pero fueron juzgados”, aseguran.
La difusión del documento final tuvo una última etapa de planificación, que lleva la firma del general Mario Alfredo Piotti. Para “destacar la legalidad y legitimidad de la LCT” (lucha contra el terrorismo) y generar “comprensión y aceptación respecto a los costos” se planificaron pautas, fases e “instrumentos operativos”. Tres días antes de hacerlo público (“Día D-3”) se ordenó “difundir en forma moderada imágenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturación”. En el “Día D-2”, complementarlos con “hechos similares producidos por el terrorismo local”. La “Fase III” de la planificación incluye hasta el octavo día posterior a la publicación y menciona dos programas de televisión con los que “se coordinará la presencia de invitados que apoyen las conclusiones” del documento. Uno era Si yo fuera Presidente, que emitía la Televisión Española. El otro, Tiempo Nuevo, que conducían Bernardo Neustadt y Mariano Grondona.