En Mendoza, “un contrasubversivo” teórico

EL GOBERNADOR JAQUE DECIDIRA EL FUTURO DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD

Por Diego Martínez

El subsecretario de Seguridad de Mendoza, comisario retirado Carlos Rico, admitió haber tomado un curso “contrasubversivo” dictado por la Policía Federal en 1976. Documentación entregada por él menciona como meta de la instrucción coordinar “la erradicación de la delincuencia subversiva”. Sin embargo, Rico juró que su actuación fue “de carácter instructivo, no operativo”. La Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos que encabeza Diego Lavado espera respuestas de su par de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y del juez federal Walter Bento antes de emitir su dictamen para que el gobernador Celso Jaque evalúe la idoneidad moral del comisario.

No bien el ministro Juan Aguinaga designó a Rico, el Movimiento Ecuménico denunció que había integrado el Grupo Especial ’78 (GE’78), que actuó con fines “antisubversivos” mientras 29 personas desaparecían en Mendoza. El ministro de Gobierno Juan Marchea solicitó entonces a su par de Seguridad un informe sobre Rico y el GE’78. Días después Aguinaga designó director de Logística de Seguridad al ex comisario Aníbal Gómez, miembro del Departamento 2 Inteligencia entre 1980 y 1983. “Es preocupante que gente del D2 forme parte del gobierno y más aún que se sientan orgullosos”, consideró Lavado, que exigió explicaciones a Aguinaga.

Ayer llegó la primera respuesta. Rico informó que tomó un curso en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la Federal. La nota que certifica su egreso cita como objetivo “unificar y divulgar métodos, técnicas y procedimientos” entre los “órganos comprometidos en la erradicación de la delincuencia subversiva”. Como la policía “ha tenido que operar ante el elemento social –armado e ideológico– que apareció en la escena del delito y con el fin de agredir las estructuras sociales naturales de nuestra Patria”, su jefe, vicecomodoro Julio Santuccione, creó en forma experimental un CIC mendocino. Rico dio cátedra allí sobre el “Plan de actividades teóricas y prácticas de la subversión”. Entre quienes lo secundaron sobresalió el inspector Ignacio Medina por “su intervención directa en el operativo Independencia que se desarrolla en Tucumán” (14-12-76). Trasmitió enseñanzas con “claridad pedagógica”, celebró Santuccione. Medina, dueño de una agencia de seguridad, fue echado de la policía tras el crimen de Sebastián Bordón en 1997.

El segundo destino conocido de Rico durante la dictadura fue en el GE’78, creado a fines de 1977 con vistas a la “prevención y represión” de delitos en la subsede mundialista. El mal supremo a prevenir era “la actuación de bandas de delincuentes subversivos”. Su consigna: “Hacer el bien venciendo el mal”. Entre sus integrantes, además de Medina, estaba el comisario Eduardo Smaha, preso por varias desapariciones como miembro del D2. La instrucción no fue sólo teórica: una ráfaga de Itaka atravesó al subinspector Jorge Cornejo en una práctica.

En su descargo Rico afirmó que “nunca tuvo funciones operativas” porque “no surgieron eventos que lo justificaran”. Su actuación fue “de carácter instructivo”. Cerró con una frase de antología: los cursos perseguían “una capacitación acorde a una delincuencia que actuaba en este medio en el marco de una realidad que se desarrollaba en esa época”. Lavado entregará hoy a los organismos el informe de Rico. Cuando el titular de la SDH Eduardo Duhalde concluya el suyo sobre el GE’78 y el juez Bento responda si investiga a Rico, elaborará un dictamen para que el gobernador decida.

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Un ex juez que ahora será juzgado por delitos de lesa humanidad

Es Víctor Brusa, ex magistrado federal de Santa Fe. La causa en la que está acusado fue elevada a juicio oral. El expediente se originó por un pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón.

Por Diego Martínez

Víctor Brusa fue destituido luego de que ex detenidos declararan en el Consejo de la Magistratura.

Por primera vez en la historia argentina un ex miembro del Poder Judicial será sometido a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos al amparo del terrorismo de Estado. Se trata de Víctor Hermes Brusa, ex juez federal de Santa Fe, acusado de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura cuando era un joven empleado de ese juzgado. La elevación del conjuez Leandro Conti incluyó también al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y a cinco policías provinciales: los ex comisarios Mario Facino (ex presidente comunal de San José de Rincón), Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romeo Colombini, el ex oficial de inteligencia Eduardo Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi.

Brusa fue destituido de su cargo a comienzos de 2000, luego de que ocho ex detenidos relataron ante el Consejo de la Magistratura que los había obligado a firmar declaraciones arrancadas a fuerza de torturas. “Como me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme. Presos de otras celdas me confirmaron que ése era el procedimiento habitual: torturas, declaraciones forzadas e interrogatorio de Brusa que se transformaba en una nueva sesión de tortura si era necesario”, relató entonces José Schulman, querellante en la causa y secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La destitución no se fundó en su comportamiento durante la dictadura porque los legisladores que lo nombraron en 1992 conocían su legajo y el Consejo no tenía atribuciones para revisar una decisión del Senado. El jurado de enjuiciamiento basó su medida en un hecho de 1997: Brusa atropelló a un nadador con su lancha y le negó asistencia. Sin embargo, sus antecedentes de complicidad con el genocidio fueron cruciales para definir su apartamiento de la corporación judicial.

El 17 de septiembre de 2001, a pedido del juez español Baltasar Garzón, que instruía una causa por “terrorismo y genocidio”, el ex juez Gabriel Cavallo ordenó la detención de Brusa. Después de jugar a las escondidas durante diez días, se entregó a la Justicia. Pero el gobierno de Fernando de la Rúa impidió su extradición. El 14 de agosto de 2002 el juez federal santafesino Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad alfonsinistas. El 17 de febrero de 2005 procesó a Brusa, a los cinco policías que ahora serán juzgados y al ex suboficial del Ejército Nicolás Correa, que murió impune el año pasado. Dos meses después, al coronel Marcellini. Pero ante una presentación de la defensa de Aebi la Cámara Federal de Rosario apartó a Rodríguez de la causa. El motivo: procesó a los acusados por asociación ilícita sin haberles imputado ese delito en las declaraciones indagatorias. El juez los había interrogado apenas por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos.

Si bien el juicio no tiene fecha, la medida de Conti cierra la posibilidad de que los imputados recuperen su libertad cuando concluya el plazo máximo de prisión preventiva: el 2 de febrero para Brusa, Ramos, Perizzotti y Colombini, el 4 para Aebi y el 8 para Facino. De todos modos, la mayoría goza de prisión domiciliaria: Marcellini en Mendoza, Facino en San José del Rincón, Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Aebi está en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el Cuerpo de Bomberos Zapadores, ambos en el microcentro de Santa Fe. Brusa está internado en un sanatorio privado luego de sufrir una descompensación.

Desde la reapertura de las causas sólo fueron juzgados –y condenados– dos policías, ocho militares y el capellán Cristian von Wernich, mezcla de agente con sacerdote de la Iglesia Católica. Brusa será el primer representante de la familia judicial en el banquillo de los acusados.

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Los casos en el Poder Judicial

Víctor Brusa es el primer miembro de la justicia que llegará a juicio por su actuación durante la dictadura, pero no será el último:

- Los ex fiscales chaqueños Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni y el ex juez federal Luis Angel Córdoba están acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes.

- Guillermo Madueño renunció al Tribunal Oral Federal 5 cuando la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura se disponía a investigarlo por el encubrimiento de fusilamientos cuando era juez federal de Bahía Blanca.

- El ex camarista salteño Ricardo Lona renunció para evitar un juicio político por no haber investigado denuncias de torturas de presos políticos y haber consentido el traslado de doce detenidos asesinados en el hecho que se conoce como “Masacre de Palomitas”.

- El camarista federal de Resistencia, Tomás Inda, está acusado de no haber investigado las torturas y el homicidio de Néstor Sala, asesinado en el fusilamiento conocido como “Masacre de Margarita Belén”.

- El ex fiscal Gustavo Demarchi está acusado de integrar la Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata, responsable de asesinatos durante 1975 y auxiliar de las Fuerzas Armadas en 1976.

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En busca de justicia para el crimen de una familia

El Tribunal Oral de Mar del Plata ordenó a la Justicia federal investigar a los responsables de tres muertes ocurridas antes del golpe.

Por Diego Martínez

El coronel Carlos Alberto Barda es uno de los acusados por la muerte de los familiares de Federico Báez.

El 1º de marzo de 1976 una patota de uniformados y civiles secuestró en Mar del Plata a los padres y la hermana de un militante montonero. Cuatro días después aparecieron los cadáveres, acribillados y sin dedos en las manos. Los enterraron desnudos y los cubrieron con cal. A tres décadas de los crímenes, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, que desde 2001 realiza cada semana audiencias del Juicio por la Verdad, acaba de ordenarle a la Justicia federal que reabra el expediente e investigue a los responsables militares, policiales y a los miembros del Poder Judicial que archivaron la causa sin ordenar una sola medida.

En febrero de 1976 la revista Mercado, invocando “fuentes policiales”, sindicó a Federico Guillermo Báez y su mujer, Isabel Carmen Eckerl, como autores del asesinato del coronel Rafael Reyes, jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 601 (GADA 601) del Ejército. En el caso de la mujer es improbable: desde julio estaba presa en la cárcel de Olmos. Si bien la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO, un desprendimiento maoísta de Vanguardia Comunista) se adjudicó el hecho, el 18 de febrero desconocidos preguntaron por Báez en el Banco Provincia de Villa Gesell, donde trabajaba. El gerente negó conocer su paradero.

En la madrugada del 1º de marzo un grupo de hombres armados, movilizados en varios vehículos, fue en busca de los familiares de la pareja. A la madre de Eckerl la torturaron hasta dejarla sorda de un oído. La tiraron al costado de la ruta 2. Ya en democracia, la mujer declaró que sus secuestradores usaban borceguíes y que a dos de ellos volvió a verlos: uno en la tapa del diario La Capital, como custodio del dictador Jorge Videla durante una visita oficial a Mar del Plata; al otro cuando fue a pedir un certificado de domicilio en la comisaría 4ª.

En la casa de los Báez demoraron varias horas. Los vecinos recuerdan que al menos tres vestían uniforme verde oliva, birrete y casco, aunque quienes los cargaron al auto iban de civil. Según una inspección ocular de la propia policía, los secuestradores revisaron todos los libros, carteras, bolsillos y cajones que encontraron. Se llevaron hasta las fotos de los portarretratos. Cortaron la luz pero no el teléfono. También robaron 6 millones de pesos moneda nacional que Federico Báez padre acababa de cobrar en la inmobiliaria donde trabajaba.

Cuatro días después, el 5 de marzo, los tres cadáveres aparecieron enterrados en una fosa común, debajo de un puente en la entrada de Dolores. Antes de enterrarlos los cubrieron con cal, para acelerar la descomposición de los tejidos. Los cuerpos estaban desnudos. Los dedos de las manos, amputados. Les dispararon a la cabeza desde menos de un metro de distancia. Báez tenía 52 años y desde su juventud había militado en el radicalismo. Su esposa, Silvia Agnes Acevedo, tenía 47 años y la hija de ambos, María Ercilia, estudiante y militante de la Juventud Peronista, apenas 23. Los enterraron en Dolores.

Por la jurisdicción donde ocurrieron los secuestros, las primeras averiguaciones estuvieron a cargo del comisario Mario Rubén Maiti, jefe de la seccional 2ª, acusado ya en 1975 de encabezar interrogatorios bajo tortura. Un día antes del golpe de Estado el juez de Dolores remitió la causa a Mar del Plata. Cuarenta días después, previo dictamen del fiscal Juan Alberto Altamura, el juez penal Juan Alberto Ferrara consideró que no había indicios para identificar a los asesinos y, sin disponer una sola medida de instrucción, dictó el sobreseimiento provisorio. Allí murió la investigación, dos meses después que los Báez.

Con la causa a la vista e invocando el dictamen del procurador general Esteban Righi en el expediente “Derecho, René”, en el cual define con precisión el concepto de delito de lesa humanidad, el fiscal general Juan Manuel Petiggiani le solicitó al TOF que declare la competencia de la Justicia Federal para reabrir la investigación.

A partir de su dictamen, el TOF –que integran los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Rubén Parra– situó a la cabeza de los responsables al jefe del GADA 601, coronel Carlos Alberto Barda, reemplazante de Reyes, que tenía a su cargo el control operacional de la ciudad. Subrayó que en 1987 ante la Cámara Federal porteña Barda confesó que, a su criterio, “los padres de los subversivos que les daban techo y comida eran cómplices”.

El fiscal y el TOF solicitaron que se investigara también al comisario Maiti por liberar la zona donde se produjo el secuestro. Por las horas que estuvieron en casa de los Báez, los vehículos en la calle, la cantidad de involucrados y el hecho de haber trasladado a las víctimas 200 kilómetros sin que nadie los interceptara, “el grupo operativo habría contado con las facilidades otorgadas por las más altas jerarquías militar y policial”, consideró el tribunal.

Finalmente, extendieron las omisiones funcionales a la administración de Justicia. Para el fiscal Petiggiani hubo “graves falencias investigativas, o lisa y llanamente ausencia de investigación”. El TOF apuntó que “no se ha llevado a cabo ningún acto procesal por parte del Poder Judicial para investigar nada menos que el secuestro y homicidio de toda una familia”. Ambas críticas tienen dos destinatarios: el ex fiscal Altamura, ya fallecido, y el ex juez Ferrara, actual conjuez de la Cámara Federal de Mar del Plata.

La causa Báez es la primera que se reabrirá en Mar del Plata por crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado, pero no será la última. El TOF considera que “a partir de mediados de 1974 y hasta el advenimiento de la democracia en 1983 habrían actuado grupos operativos protegidos desde el propio Estado, cuya actividad se orientó a la perpetración de numerosos homicidios, desapariciones forzadas de personas, intimidaciones públicas e incendio de vivienda, entre otros delitos”. La historia recién comienza.

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De la guerra sucia al narcotráfico

EL INCREIBLE PERIPLO DE UN EX SERVICIO QUE REVISTABA CON GORDON

Por Diego Martínez

Lorenzo, alias “Mayor Guzmán”.

La mano de obra desocupada de la dictadura militar sigue empeñada en causas nobles. Ernesto Lorenzo, el líder de los narcotraficantes detenidos ayer, tiene una extensa trayectoria ligada a las Fuerzas Armadas y a paramilitares que el mero paso del tiempo no logra reciclar. El “Mayor Guzmán”, tal su alias o nombre de guerra desde hace treinta años, trabajó en Inteligencia del Ejército durante la guerra sucia, se integró luego al Batallón de Inteligencia 601 –nueve de sus miembros acaban de ser condenados– y fue hombre de confianza del paramilitar Aníbal Gordon, para quien siguió trabajando en secuestros extorsivos en los años ’80. Ya había caído preso por narco en 2000. Nadie le podrá negar coherencia.

Lorenzo tiene 58 años. Es civil, aunque durante años estuvo rodeado de uniformes verde oliva. A principios de los ’70 comenzó a especializarse en asaltos y defraudaciones de la mano de Gordon, que con los años se convertiría en celebridad entre los genocidas del Cono Sur. Con el surgimiento de la Triple A las ofertas laborales se diversificaron. Antes del golpe de Estado, Gordon y Lorenzo fueron reclutados en Rosario por el general Otto Paladino, que de la Triple A saltó a conducir la SIDE durante la dictadura. Paladino fue uno de los cerebros del centro clandestino Automotores Orletti, un símbolo del Plan Cóndor por el que pasaron desaparecidos de varios países de Sudamérica. Durante los años duros del gobierno de facto, Lorenzo trabajó en el departamento II de Inteligencia del Cuerpo II de Ejército, en Rosario, como subordinado del coronel Oscar Pascual Guerrieri, uno de los condenados en diciembre.

Entre 1982 y 1984 la banda de Gordon se especializó en secuestros extorsivos. Los primeros cinco minutos de fama de Lorenzo llegaron cuando la dictadura agonizaba: participó como chofer en el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. Fue en agosto de 1983 en la esquina de Cabildo y Republiquetas. Junto con Eduardo “Zapato” Ruffo (apropiador, procesado y preso por su actuación en Automotores Orletti), César Enciso, Marcelo Gordon (hijo de Aníbal) y Carlos Rizzaro, Lorenzo trasladó a Kelly hasta una casa operativa en Rosario, donde lo aguardaba Aníbal Gordon. Según contó el “Mayor Guzmán” a la Justicia, “se le preguntó para qué servicio de Inteligencia trabajaba”. Gordon agregó que entregaron el video con el interrogatorio al Cuerpo II, que les ordenó liberarlo por el revuelo que la publicidad del caso había causado. Un año después Lorenzo fue detenido. En 1991 el juez federal Martín Irurzun lo condenó a siete años de prisión, pero ya los había cumplido.

En 1992 volvió a caer, esta vez por un intento de robo a la sucursal de plaza San Martín del Lloyds Bank. El 29 de octubre de 1995, al volante de una camioneta, fue detenido una vez más en el barrio de Belgrano. En la caja transportaba un cuadro de Goya del sigloXVIII, Retrato de María Teresa Ruiz de Apodaca y Sesma. Lo había robado la banda de Gordon dos meses después de secuestrar a Kelly, en 1983, del Museo de Arte Decorativo Odilio Estevez, de Rosario. La obra de arte estaba valuada en más de tres millones de dólares.

Su anteúltima caída fue el 28 de octubre de 2000 en una casaquinta de General Rodríguez, como miembro de un grupo de narcotraficantes, su último oficio. Lo acompañaba José Orlando Mercado Solís, que un día antes se había escapado de la cárcel de Devoto con la colaboración de agentes del Servicio Penitenciario Federal. Además de credenciales falsas de la policía y de la Secretaría de Seguridad Interior, la banda tenía un arsenal en su poder. Lorenzo había cambiado de rubro pero no de alias: “Mayor Guzmán” era su nombre clave en la organización.

En 2005 el juez Norberto Oyarbide condenó a la banda de Gordon por los secuestros de los ’80. A Lorenzo le dio diez años, pero por la pena que purgó en los ’80 siguió en libertad. Fuentes vinculadas con la detención de ayer informaron que estuvo cuatro años preso, por narcotráfico y tenencia de armas de guerra, hasta que la Cámara Federal de San Martín lo liberó, por causas que aún no se desconocen.

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La patota de la brigada

DETUVIERON A UN MILITAR Y DIEZ POLICIAS EN EL CHACO

Los represores están acusados de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979. En la misma causa están imputados dos ex fiscales que fueron separados de sus cargos.

Por Diego Martínez

La Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del Nordeste.

Un militar y diez policías retirados de la provincia de Chaco fueron detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del nordeste argentino. La medida fue ordenada por el conjuez federal Juan Antonio Piñero en la causa Caballero, uno de los primeros imputados. Se trata del mismo expediente en el que están acusados por su actuación durante la dictadura los ex fiscales federales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, separados de sus cargos el mes pasado por la Procuración General de la Nación, que ordenó someterlos a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció no bien conoció la medida.

Los imputados que el juez Piñero ordenó detener el 15 de diciembre pasado por su participación en torturas y desapariciones en la brigada que funcionó en calle Juan B. Justo 473 son el teniente coronel José Tadeo Luis Bettolli, denunciado también por la masacre de Margarita Belén, y los policías Félix “El Indio” Cáceres, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza, Juan Ramón Rodríguez Valiente, José Omar Esquivel, Guillermo Antonio Enchausti, Cristino Martínez, Ramón Héctor Maidana, Miguel Angel Vitorello, Francisco Orlando Alvarez, Pedro Ramos, Regiardo Cáceres, Omar Eduardo Monzón y Oscar Octavio Ayala. Los últimos cuatro están muertos. Excepto Bettoli, que vivía en Formosa –como presidente del Instituto Sanmartiniano fue habitué hasta estos días de los actos oficiales del gobierno provincial–, el resto de las detenciones se produjeron en Chaco.

Desde su reapartura en 2003, la causa Caballero alternó detenciones, liberaciones y demoras. En septiembre de ese año, por orden del juez federal Carlos Skidelsky, fueron arrestados por primera vez los ex policías Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José María Cardozo, José Marín y Héctor Ramón Escobar. Pero sus defensores lograron apartar del caso al juez y el 3 de diciembre quedaron en libertad. En octubre de 2005, luego de una serie de recusaciones, los volvieron a detener, pero entre Navidad y Año Nuevo el conjuez Ricardo San Martín los volvió a liberar. El 27 de diciembre de 2006 el conjuez Piñero volvió a apresarlos. La tercera, hasta ahora, fue la vencida.

Los cinco policías están en la Alcaidía de esa fuerza, donde ahora los acompañan sus diez camaradas, apresados por primera vez luego de tres décadas de plena impunidad. La custodia está a cargo de la propia policía de Chaco. La alcaidía fue el centro clandestino donde las Fuerzas Armadas concentraron y torturaron a los detenidos políticos provenientes de la Unidad 7 y de la propia Brigada antes de fusilarlos en la masacre de Margarita Belén, la madrugada del 13 de diciembre de 1976.

En la causa también están detenidos pero con prisión domiciliaria los ex agentes Lucio Caballero y Ramón Esteban Meza, en tanto el teniente Luis Alberto Pateta, imputado también por Margarita Belén, está en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo. Procesados pero sin prisión preventiva están los ex policías Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard y el agente de Inteligencia Alberto Valussi. Los dos máximos responsables de ese centro de exterminio murieron impunes: el ex comisario Carlos Alcides Thomas era jefe de la Brigada y su par Wenceslao Ceniquel, jefe de la policía de Chaco.

En la misma causa están imputados el ex fiscal federal de primera instancia Carlos Flores Leyes y el ex fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni. Están acusados de participar en interrogatorios ilegales, amenazar a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad. Ambos fueron apartados de sus funciones el mes pasado por orden del titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien ordenó que se los someta a un jury de enjuiciamiento. Mazzoni renunció dos días después. Sobre los dos magistrados y el ex juez federal de Resistencia Luis Angel Córdoba, ya jubilado, existe en la causa Caballero un requerimiento de la fiscalía para que se los indague por tormentos. Aún no fueron citados. Las querellas también los denunciaron por su actuación en Margarita Belén.

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NO VARIA LA CANTIDAD DE IMPUTADOS PROFUGOS

La estabilidad más indeseable

Por Diego Martínez

La cantidad de prófugos imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura –44 según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales– es la más estable de las situaciones procesales entre los represores autóctonos. Desde marzo del año pasado, cuando Página/12 publicó que una de cada siete órdenes de captura no se habían concretado, pocos jueces acusaron recibo.

El 1º de abril Interpol detuvo en Virginia, Estados Unidos, a Ernesto Barreiro, alias Nabo, jefe de torturadores de La Perla, en Córdoba. El 10 de mayo otra vez Interpol capturó a Enrique José Del Pino, alias Miguel, jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo. El 18 de septiembre, tras cuatro años huyendo de la Justicia, Gendarmería detuvo al sargento ayudante Alfredo Omar Feito, alias Cacho o Speziale, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601 de Ejército. El 26 de septiembre la división antiterrorismo de la Policía Federal apresó al capitán Carlos Esteban Plá, ex subjefe de policía de San Luis imputado por el homicidio de Graciela Fiochetti. También durante 2007 fueron detenidos el uruguayo Ernesto Soca, alias Drácula, investigado por su papel en Automotores Orletti, y el policía salteño Jorge Héctor Zanetto, imputado por el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone.

Como contracara de esas capturas, se incorporaron a la lista de prófugos Herminio Jesús Antón, alias Perro, ex miembro de la temible D2 de inteligencia de la policía de Córdoba investigado en la causa del Comando Libertadores de América; Juan Máximo Cocteleza, miembro del grupo de tareas Swat investigado por su actuación en el Hospital Posadas; los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por las torturas a las que fue sometida la actual jueza sanjuanina Margarita Camus en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, más los dos prófugos auxiliados por la Justicia federal de Bahía Blanca. Encontrarlos es imprescindible para garantizar la seguridad de testigos, querellantes y magistrados.

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La causa donde los represores mueren o se escabullen impunes

La lentitud de la Cámara Federal de Bahía Blanca ya permitió que sean más los fallecidos y prófugos que los imputados en la investigación por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Por Diego Martínez

De izquierda a derecha: los militares prófugos García Moreno, Alvarez y Corres.

Cada vez que recibió una notificación para presentarse a declarar voluntariamente, el teniente coronel Jorge Aníbal Masson respondió con certificados médicos que daban cuenta de sus problemas cardíacos. Recién cuando el militar agotó la posibilidad de pedir nuevas prórrogas, el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale ordenó su detención. Pero ya era tarde. En el 7º D de Luis María Campos 1245 sólo quedaba un sillón, para que descansaran los visitantes. No es el único represor que burla a la Justicia con el visto bueno de Su Señoría. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, popular vecino de Belgrano condecorado en 1977 por su actuación “en combate”, se esfumó de su piso en 3 de Febrero 1747 después de recibir la citación del juez bahiense.

Hasta la sanción de las leyes de impunidad, la Cámara Federal de Bahía Blanca sobresalió por su eficiencia en investigar los crímenes cometidos en La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V. Desde la reapertura de la causa en diciembre de 2005, cuando Alvarez Canale declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes, la Justicia bahiense se destacó en el mejor de los casos por su lentitud. Pese a los reiterados pedidos de detención y denuncias por retardo de justicia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, H.I.J.O.S. Capital y los fiscales Antonio Castaño y Hugo Cañón, en los dos años transcurridos la cifra de prófugos y muertos impunes ya supera a la de imputados por Alvarez Canale.

El primer procesado, en noviembre de 2006, fue el suboficial Santiago Cruciani. Pese a la abundancia de pruebas –los sobrevivientes recordaban al “Tío” como interrogador en la mesa de torturas y sus familiares porque los recibía en el Destacamento de Inteligencia 181, donde se hacía llamar “Mario Mancini”–, el juez no elevó su caso a juicio oral. Cruciani murió en julio, sin condena. Seis meses antes había fallecido, impune y libre, el teniente coronel Emilio Jorge Ibarra, jefe del “equipo de combate contra la subversión”, como llamó en el Juicio por la Verdad a las patotas de secuestradores del Ejército.

En junio, Alvarez Canale procesó y detuvo en el Instituto Penal de Campo de Mayo a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V: el general de brigada Juan Manuel Bayón, el coronel Hugo Jorge Delmé y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Al cuarto nunca lo encontró. El coronel Aldo Mario Alvarez, jefe de Inteligencia, se convirtió entonces en el segundo prófugo de la causa, junto con el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, torturador de La Escuelita que dependía, según admitió en el Juicio por la Verdad, del propio Alvarez.

En ese contexto, en lugar de ordenar las detenciones como se lo había solicitado el fiscal, Alvarez Canale decidió citar a indagatoria, como si fueran infractores de tránsito, a cuatro ex miembros de los grupos operativos del célebre “Loco” Ibarra. El coronel Mario Alberto Casela y el teniente coronel Mario Carlos Méndez se presentaron, declararon y quedaron detenidos. Masson presentó certificados médicos para ganar tiempo y organizar la mudanza en paz. García Moreno –ex legislador porteño y ex director del Registro Nacional de las Personas durante la presidencia interina del senador Eduardo Duhalde– encomendó a su abogado Eduardo San Emeterio el explicarle al juez que era un católico honorable, militante antiabortista e hincha de Atlanta, pero por las dudas no volvió a pisar su bonito piso de Belgrano.

Dos meses atrás familiares de detenidos-desaparecidos le reclamaron a Alvarez Canale por deficiencias en la instrucción y le solicitaron que detuviera al menos a los militares que merodeaban impunes por la puerta de su juzgado, como el coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181. El juez tampoco citó aún –como se lo solicitaron los fiscales– a su ex colega Guillermo Federico Madueño, que tiró la toga cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a impulsar su juicio político. Mucho menos a los directivos del diario La Nueva Provincia, pese a que eran los únicos enemigos de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

“La actitud de ciertos jueces y fiscales ante delitos de lesa humanidad denota cuanto menos cierto temor a actuar con la frontalidad que aplican en causas comunes. Si ante imputados de gran habilidad, que han gozado de impunidad por décadas y tienen recursos para eludir a la Justicia, no se actúa con habilidad y diligencia, la posibilidad de un juzgamiento adecuado puede frustrarse”, reflexionó el fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. “En Bahía Blanca se ha dado el caso de militares con órdenes de detención que seguían cobrando como retirados, lo cual es una burla a la inteligencia”, agregó.

“Con la prueba reunida varios imputados debieran estar condenados”, considera el secretario de la APDH bahiense, Eduardo Hidalgo. “Pero con resoluciones insulsas y noveladas, más una evasión reiterada de los requerimientos de querellantes y fiscales, la Justicia bahiense aplica un indudable criterio de promoción y afianzamiento de la impunidad”, lamenta.

Otro reclamo de los organismos a Alvarez Canale es por impedir que participen de las indagatorias los abogados de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, creada por la Procuración General de la Nación justamente para auxiliar a la Justicia. La medida genera absurdos que para fortuna del juez la sociedad ignora: el teniente Casela, por ejemplo, dijo haber participado de un operativo posterior al período en el que admitió haber prestado servicios sin que Alvarez Canale ni el fiscal Castaño se percataran. Cuando el fiscal le reiteró la importancia de ser secundado por sus colaboradores en virtud de “la complejidad de la causa”, el magistrado respondió, sincero: “Me cago en la complejidad”.

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“Sabés por qué estamos acá”

ROBO DE DOCUMENTOS A UNA INTEGRANTE DE HIJOS

El hecho ocurrió en Mar del Plata. Se llevaron testimonios del Juicio por la Verdad y fotos de servicios de inteligencia que se infiltran en las marchas de los trabajadores del puerto.

Por Diego Martínez

Eleonora Alais tiene 32 años y es hija de Raúl Alais, desaparecido en la Noche de las Corbatas.

El jueves a la madrugada, cuando abrió el garaje de su casa, Eleonora Alais, dirigente de H.I.J.O.S. filial Mar del Plata, se encontró con dos hombres encapuchados y armados. Cuando el que parecía mayor le advirtió “vos sabés por qué estamos acá” se le ocurrieron un par de ideas. Todavía no sabe con cuál quedarse. Su única certeza es que no eran delincuentes cualunques. Seleccionaron papeles con cuidado y dejaron objetos de valor. A priori se interesaron por testimonios del Juicio por la Verdad, que la agrupación sube a la web para que lean quienes no pueden presenciar las audiencias. Más llamativo parece el interés por las fotos de los servicios de inteligencia que acostumbran infiltrarse entre los obreros del puerto marplatense y que la dirigente analizaba en esos días con sus compañeros del frente antirrepresivo.

Eleonora Alais tiene 32 años y es hija de Raúl Alais, desaparecido en la famosa Noche de las Corbatas del 13 de julio de 1977, cuando las patotas del Grupo de Artillería Antiaérea 601 secuestraron a un grupo de abogados y los llevaron al centro clandestino “La Cueva”. En 2001 la joven se plantó frente al ex jefe del GADA 601, coronel Carlos Alberto Barda. Le gritó asesino y le pegó un bofetazo. Barda acababa de negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. “Es indignante saber que dio la orden para que maten a tu viejo y esté ahí como si nada”, explicó.

El miércoles, cuando salió de su casa, en Juana Manso al 1500 del barrio El Progreso, hacía 20 días que no pisaba la calle, para reponerse de una operación. “Al abrir el portón vi a dos personas con la cara cubierta. El primero entró, el segundo me tapó la boca. En la desesperación se me ocurrió simular que tenía asma y me ahogaba. Mientras me golpeaba la cabeza contra el portón yo tiraba manotazos y gritaba. Le dije que buscara el aparatito para el asma que tenía en la cartera. Cuando soltó el arma para agarrar la cartera salí corriendo por el portón y empecé a gritar a los vecinos”, relató.

–¡Rancho! ¡Rancho! –gritó el pibe, no más de 17 años, calculó.

“El segundo me dijo ‘no llames a nadie porque te vamos a venir a buscar’. Por la voz parecía mayor. Yo salí corriendo hacia el centro y ellos hacia el lado opuesto. Como creía que había alguien más no me animé a entrar. Llamé al 911 y dije que había gente armada en mi casa. Cuando entramos con la policía nos asombramos: estaba todo ordenado salvo el escritorio de mi habitación y una caja con papeles. De a poco nos fuimos dando cuenta de qué cosas faltaban. Objetos de valor material, sólo una filmadora y una cámara digital. Pero por la selección de papeles que hicieron deduzco que estaban desde hacía un buen rato”, agregó.

La lista de documentos robados incluye testimonios del Juicio por la Verdad, surgidos de audiencias públicas y que la propia Alais se encarga de subir al sitio http://hi josmardelplata.blogspot.com; los documentos sobre su padre registrados por la ex Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y películas en DVD sobre la dictadura. “También portarretratos con fotos de los padres de mis compañeros de H.I.J.O.S. y, lo que más me duele, la medalla que el Colegio de Abogados me entregó, como homenaje a mi padre, cuando se cumplieron 30 años del secuestro”.

Pero los incursores no sólo tenían inquietudes por el pasado de la dirigente. “También se llevaron las fotos de todos los servicios de inteligencia que se infiltran en las marchas por el conflicto de las fileteras, material que estábamos trabajando con la colaboración del frente antirrepresivo de los compañeros del puerto”, agregó.

A la tarde un superior de la comisaría 3ª le hizo preguntas durante una hora y media. Le aclaró que era del interior, recién llegado a la ciudad, y que desconocía el caso de su padre. Se disculpó por su ignorancia y se puso a disposición. “El problema es que los de la comisaría 3ª son los mismos que intervienen en el conflicto del puerto y los conocemos: nos persiguen en todas las marchas de las fábricas del barrio”, explicó.

Para compensar tanta pálida celebró que “me llamaron de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones, hasta de sociedades de fomento para solidarizarse”. También de las secretarías de Derechos Humanos de provincia y Nación, donde le ofrecieron protección. “Pero acá la protección de testigos muy bien no funciona. Los mismos prefectos que en teoría cuidan testigos después se sacan el uniforme para infiltrarse entre los portuarios”, enfatizó. La denuncia de Alais, realizada ante el fiscal federal Daniel Adler, quedó radicada en Juzgado Federal 2. “Más allá del susto tengo una bronca bárbara porque la medalla de mi viejo era lo único que me quedaba”, lamentó.

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La situación de los testigos

Ledda Muñoz es ex detenida-desaparecida. Su hija y su yerno están desaparecidos y aún busca a su nieto. Por el valor de su testimonio, central en el juicio que afrontará el suboficial Rafael Molina (torturador y violador de La Cueva preso en Batán), hace más de un año pidió custodia al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Durante meses entabló una buena relación con los tres prefectos que la acompañaban las 24 horas. Pero de un día para otro se los cambiaron. Los puso a prueba y comprobó que les habían sacado los Nextel que debían recibir sus alertas. Llamó al jefe de Prefectura de Mar del Plata y le advirtió “usted va a ser el responsable si me matan”. La historia derivó en una denuncia judicial, un llamado de atención al jefe de Prefectura y el reemplazo de custodios. Pero “una vez más son las víctimas quienes vuelven a ser victimizadas sin que nadie se haga cargo de su protección real, formalmente a cargo del Estado”, concluye el comunicado que difundió ayer la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata.

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Anaya murió antes de volver a los Tribunales

Por Diego Martínez

Jorge Isaac Anaya, “estratega” de la guerra de Malvinas.

A los 80 años, en libertad y rodeado de seres queridos, ayer por la mañana en su semipiso de Recoleta falleció de muerte natural Jorge Isaac Anaya, el almirante que desató y condujo la guerra de Malvinas, donde murieron 649 soldados argentinos, más 400 que se suicidaron al volver. Anaya integró la tercera Junta Militar junto con el general Leopoldo Galtieri y el brigadier Arturo Lami Dozo. Desde noviembre de 2006, cuando el juez federal Sergio Torres ordenó su detención, una serie de oportunos infartos le evitaron el mal trago de pisar Tribunales. Estaba acusado por 266 casos de secuestros y torturas en la ESMA.

Anaya nació en Bahía Blanca en 1926. El 12 de septiembre de 1981 fue designado comandante en jefe de la Armada y, como tal, miembro de la Junta Militar. Cuando la dictadura se desplomaba, la Comisión Investigadora Interfuerzas, en su famoso “Informe Rattenbach”, lo sindicó como propulsor de la idea de recuperar Malvinas y recomendó conducirlo junto con Galtieri y Lami Dozo a un pelotón de fusilamiento. Consideró que la junta “eligió el peor momento desde el punto de vista de la política internacional”, criticó su “planeamiento defectuoso”, que no contempló la reacción británica, y subrayó que “la falta de capacidad integral de la flota no se correlaciona con la decisión del comandante en jefe de la Armada de impulsar la idea de recuperar los archipiélagos australes”.

El 15 de mayo de 1986 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo condenó con la más alta de las penas a los integrantes de esa junta: 14 años de prisión, contra 12 a Galtieri y 8 a Lami Dozo. En 1988 la Cámara Federal porteña revisó el fallo, unificó las penas en 12 años y ordenó quitarle el grado militar. Pero el 7 de octubre de 1989 el presidente Carlos Menem lo indultó.

Por su papel en el terrorismo de Estado tampoco le fue mal. Durante el Juicio a las Juntas en 1985 el fiscal Julio Strassera lo acusó por 236 casos de secuestros, torturas y reducción a la servidumbre y pidió una condena de 12 años de prisión, pero la Cámara Federal lo absolvió.

En 2003 estuvo detenido unos pocos días a pedido del juez español Baltasar Garzón. El 9 noviembre de 2006 por orden del juez Torres, a cargo de la megacausa ESMA, quedó detenido en el Edificio Libertad. Dos horas antes de la declaración indagatoria, gracias a un “infarto agudo de miocardio” evitó a la justicia y fue internado en el Hospital Naval. El fiscal Eduardo Taiano había pedido su detención por su responsabilidad en 266 casos de secuestros y torturas mientras se desempeñó como director de Personal Naval, entre diciembre de 1977 y febrero de 1980. Gracias a otros tres infartos ni siquiera llegó a conocer el despacho del juez.

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Para que no le dé un golpe de calor

LA HERMANA DE ASTIZ SE QUEJO PORQUE EL REPRESOR NO TIENE VENTILADOR

Escribió una carta abierta contra el almirante Godoy. Dice que su madre y ella se sofocaron en la ruta al penal de Marcos Paz.

Por Diego Martínez

El represor Alfredo Astiz fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz luego de la muerte de Febres.

A menos de un mes del traslado de los imputados por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada al penal de Marcos Paz, las familias navales no dejan de asombrarse por las condiciones de detención que los presos comunes deben soportar en las cárceles argentinas. Tras una visita frustrada al ex oficial Alfredo Astiz en esa unidad del Servicio Penitenciario Federal, su hermana Lucrecia denunció en una carta abierta que el penal “no cumple con los requisitos de la Constitución” porque “abundan las cucarachas, las ratas y no disponen de ventiladores”.

Luego de casi cuatro años en unidades militares, el grupo de marinos imputados por secuestros y torturas en la ESMA fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz por orden del juez federal Sergio Torres una semana después de la aparición del cadáver del prefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex VIP de Prefectura.

No habían transcurrido 24 horas de la llegada al penal cuando el abogado Alfredo Solari presentó un escrito para solicitar el retorno a bases navales, donde vivieron desde 2003 hasta julio pasado, cuando se sumaron a los militares presos en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo. Permanecer en una “cárcel civil” implica “un tratamiento indigno, degradante, persecutorio y carente de justificación histórica, humana, jurídica y constitucional”, escribió Solari. Su colega Juan Martín Aberg Cobo (h), defensor de Astiz y amigo íntimo de la familia, planteó como alternativa que retornaran a la base de Río Santiago, aunque “bajo vigilancia y supervisión del SPF” e incluso ofertó habilitar el predio donde funcionó la ex Escuela Naval Militar.

La visita de Lucrecia Astiz al hermano en desgracia se produjo el viernes pasado. La acompañó su madre, de 81 años, que viajó especialmente desde Mar del Plata. Consustanciada con la apertura tradicional de la Armada a las instituciones del Estado, la hermana del represor no dirigió su reclamo al ministro del Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, de quien depende el SPF, sino al jefe naval almirante Jorge Godoy, pese a que Astiz fue exonerado de la Marina.

“Ibamos tres mujeres al presidio y en General Paz se nos pinchó la goma”, relató. “Tardaron una hora o más en auxiliarnos. La sensación térmica era de 40 grados. Debimos sentarnos en el pasto debajo de un arbolito que no lograba aplacar el calor. Estábamos sofocadas”, destacó en mayúsculas. “Para colmo, cuando me retiré a pedir auxilio pasó un ‘pobre chorro’ –ironizó– y nos manoteó la cartera con la plata y los documentos.”

Después debieron atravesar un basural a la vera del único camino de acceso disponible con “pozos de casi medio metro de profundidad, en los que casi dejamos el chasis”, lamentó. Ya en el penal, sufrió “la degradación de desnudarse delante de mujeres policías”, que si bien “son correctas” la hicieron sentirse “como una criminal”. Por razones que no explica no le permitieron ver a su hermano ni dejarle lavandina para asear su celda. Por si fuera poco, el guardiacárcel que las recibió “no nos creía lo del chorro, porque no le sustrajeron los aros a mi madre”.

Siempre en referencia al almirante Godoy, la hermana del secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo admitió no haber imaginado nunca poder “albergar tanto odio” hacia el jefe de la Armada y confesó “realmente me afloran sentimientos de venganza”.

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