La antesala del infierno

La Justicia tucumana procesó a 17 represores, encabezados por Videla y Mario Benjamín Menéndez, por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en 1975 en el marco del Operativo Independencia, donde se pusieron en marcha los métodos que se generalizaron a todo el país tras el golpe de 1976

Por Diego Martínez

Antonio Domingo Bussi, Adel Vilas, el prófugo Héctor Mario Schwab y Mario Benjamín Menéndez, represores del Operativo Independencia.

Los centenares de secuestros, tormentos y asesinatos cometidos por fuerzas militares y de seguridad en 1975 en el marco del denominado Operativo Independencia en Tucumán fueron “delitos comunes” perpetrados “en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil de quienes detentaban de facto el poder del Estado”. La afirmación que permite tipificarlos como crímenes de lesa humanidad y juzgarlos 37 años después pertenece al juez federal Daniel Bejas, que por delitos contra 269 víctimas procesó a 17 represores, dictó once faltas de mérito y dos sobreseimientos. El juez sostuvo que los crímenes “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el derecho penal internacional” y rechazó el pedido del Ministerio Público para que se cite a indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez, al considerar que la masacre que que encabezó el general Adel Vilas en Tucumán “no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto”. Bejas también destacó que la violencia sexual en aquel contexto “no fue producto de desviaciones particulares, sino que fue ejercida en forma sistemática” y procesó a varios militares como partícipes necesarios. El fiscal federal Pablo Camuña consideró “muy positivo” que el juez “admitió la hipótesis acusatoria de que el Operativo Independencia fue la primera implementación desde el Estado para la persecución y el exterminio de opositores políticos” aunque se manifestó sorprendido por la cantidad de faltas de mérito, que apelará ante la Cámara Federal de Tucumán.

El Operativo Independencia comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975 con el decreto secreto de Isabel Perón que ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Durante los catorce meses anteriores al golpe de Estado y con la excusa de combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, 195 personas fueron desaparecidas y 68 asesinadas, en tanto más de 1500 pasaron como secuestradas por La Escuelita, de Famaillá, según admitió el propio Vilas, que murió impune. “Los sectores principalmente perseguidos y lesionados fueron los vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos”, sostuvo el juez en su resolución de casi 500 fojas. Definió al operativo como “punto de inflexión en la estrategia de las fracciones de clase dominante orientada a la reconfiguración del sistema hegemónico nacional”. Destacó que el plan represivo se había iniciado en la dictadura de Onganía, pero marcó un quiebre de metodología en 1975: hasta entonces, detenciones y puesta a disposición de la Justicia de “personas sospechadas de actividad subversiva”; a partir de Vilas “se suma la condición ‘clandestina’, sustentándose (la represión) en el secuestro, la tortura, violación y desaparición u homicidio” de supuestos “subversivos” o “la disposición absoluta sobre personas secuestradas”.
En el procesamiento se incluyen por el momento los casos de 269 víctimas, que le permiten al juez dar por probado “un ataque sistemático desde el Estado contra una parte sustancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucrados con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como ‘enemigos’ del plan económico y político que definía la ‘nueva argentinidad’”. Con citas del sociólogo Daniel Feierstein, el juez explica que el objetivo no fue eliminar a quienes integraban determinadas fuerzas políticas sino “transformar a la sociedad toda, aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando –material y simbólicamente– la posibilidad de pensarse socialmente de otro modo”.
Excluido Luciano Menéndez, con agenda saturada por superposición de juicios, la lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla, que en 1975 asumió como jefe del Ejército, y Mario Benjamín Menéndez, que a siete años de asumir como gobernador militar en Malvinas comandó el primer centro clandestino del país. Los otros militares procesados son Carlos César Delia Larocca, Jorge Omar Lazarte, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López y Enrique José Del Pino, que ya fue condenado por sus andanzas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Otro condenado de la lista es Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex mano derecha de Antonio Domingo Bussi. Bejas procesó al ex comisario de la Policía Federal Miguel Angel Moreno y a los policías provinciales Ricardo Héctor Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, José Luis Del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas y –sin prisión preventiva– a José Ernesto Cuestas. El listado de faltas de mérito incluye al ex carapintada Jorge D’Amico y al coronel retirado José María Menéndez, primo del ex gobernador de Malvinas. Bejas enumera los nombres de quienes murieron a tiempo y de seis imputados con paradero desconocido: Héctor Mario Schwab (prófugo de vieja data), Juan Carlos Jones Tamayo, José Roberto Abba, Néstor Rubén Castelli, Angel Orlando Castellini y Roberto José Rúveda. Otro grupo de imputados, como el general Ernesto Alais, no pudieron ser indagados por problemas físicos y/o mentales.
Un párrafo aparte merece el caso de María Estela Martínez, cuya indagatoria pidieron los fiscales Camuña y Patricio Rovira. El juez sostiene que la imputación es “débil y confusa” y minimiza el rol de la viuda de Perón. “Desde 1974 las Fuerzas Armadas y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional a fin de consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años ’60 contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir ‘el enemigo subversivo marxista’”, explicó. “Dicho plan represivo dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultraderecha directamente vinculados con el accionar del ministro José López Rega”, afirmó. Bejas también refutó la hipótesis de la “guerra interna, subversiva o revolucionaria”. “Dicho concepto exige la existencia de fuerzas armadas oficiales y disidentes, o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre un aparte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, citó un protocolo adicional al Convenio de Ginebra. Y de haber sido una guerra, agregó, “las Fuerzas Armadas debieron haberse circunscripto a lo establecido por los Convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados” y que la Argentina ratificó en 1956. El juez destacó los “delitos sexuales en perjuicio de mujeres y hombres detenidos clandestinas/os” como un delito autónomo de las torturas y recomendó a los fiscales investigar el rol de los funcionarios judiciales que hicieron oídos sordos ante el terrorismo de Estado versión 1975.

El rastro de los vuelos

En la megacausa de la ESMA que comenzó la semana pasada, se juzgará por primera vez a pilotos que participaron en vuelos para exterminar secuestrados. Si bien hay testimonios de otros casos, no hay imputados.

Por Diego Martínez

Los vuelos de la muerte, denunciados por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe de Estado, llegaron a juicio 35 años después. El modo en que se instruyeron verdaderas megacausas derivó en que los primeros imputados por su actuación específica en la fase final del proceso de exterminio y desaparición de la dictadura no sean quienes impartieron órdenes a aviadores y tripulantes, cuya responsabilidad es más simple de probar, sino marinos y prefectos acusados como ejecutores directos: tres por confesiones en privado, tres por documentos que sobrevivieron a la destrucción planificada de pruebas. Mientras el Tribunal Oral Federal Nº 5 que juzga a represores de la ESMA se dispone a escuchar a testigos de relatos macabros en primera persona y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa identificando víctimas que el mar devolvió a las costas, sigue pendiente la imputación de quienes integraban estructuras superiores y cadenas de mando por encima de los autores materiales.

El método de arrojar personas desde aviones y helicópteros lo aplicaron las tres fuerzas armadas y varias fuerzas de seguridad, incluso antes del golpe de Estado. El suboficial Luis Martínez declaró en 1981 que grupos de tareas de Seguridad Federal interrogaban a los secuestrados en el tercer piso de Azopardo 680 y luego recurrían a vuelos nocturnos que despegaban desde un sector de aeroparque custodiado por la Fuerza Aérea. “Estos hechos se remontan a 1975-1976 porque luego comenzó a funcionar Club Atlético”, precisó. Tomás Francisco Toconas, militante del PRT secuestrado el 26 de junio de 1975 en Monteros, Tucumán, fue asesinado y arrojado desde un helicóptero, y terminó enterrado como NN en el cementerio de Pozo Hondo, Santiago del Estero. El coronel Albino Zimmermann, jefe de policía de Antonio Bussi, llegó a jactarse en reuniones familiares de haber tirado a guerrilleros desde helicópteros a los montes tucumanos.
Poco después del golpe de Estado comenzaron aparecer cuerpos en las playas. A fines de abril de 1976, el océano devolvió seis cadáveres en un balneario de Rocha, Uruguay. El séptimo apareció el 1º de mayo, 150 kilómetros al norte, y fue identificado hace apenas dos meses: es Luis Guillermo Vega Ceballos, chileno, militante del PRT, secuestrado en La Boca el 9 de abril. Con ese dato se rastrearon las huellas dactilares de militantes caídos junto con Vega Ceballos, un perito de Prefectura viajó a Rocha y del cotejo con las huellas tomadas al primer grupo se identificó a Nelson Valentín Cabello Pérez, también chileno. No se conocen testigos de sus cautiverios y se ignora dónde estuvieron.
A mediados de mayo de 1976, siempre en Uruguay, aparecieron los cuerpos atados y torturados de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con las iniciales de Floreal permitieron identificarlos. El joven de 15 años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. Días después aparecieron tres cuerpos en Colonia. Uno fue identificado este año: se trata de Roque Orlando Montenegro, que había sido secuestrado en febrero junto a su mujer, quien continúa desaparecida, y a su hija. Aquella niña, Victoria Montenegro, fue robada y criada con una identidad falsa por el coronel Herman Tetzlaff, oficial de Inteligencia destinado en Campo de Mayo.
Ex jerarcas del que fuera el mayor centro clandestino del país fueron condenados por el caso Avellaneda, entre otros. Los ex miembros del Batallón de Aviación 601, de Campo de Mayo, en cambio, siguen impunes. La investigación judicial se activó el año pasado con la llegada de la jueza federal Alicia Vence, que les tomó declaración a casi 400 conscriptos. Varios recordaron haber visto hombres y mujeres con vendas y capuchas a quienes descargaban de camiones y subían a helicópteros y aviones con destino desconocido. Del resto de los cuerpos aparecidos en costas uruguayas en 1976, el único identificado fue Horacio Adolfo Abeledo, estudiante de Antropología y militante del PRT. Abeledo fue secuestrado el 21 de julio y su cadáver, junto a otros tres, apareció en Colonia en septiembre. Su identidad se conoció el año pasado y se ignora dónde estuvo en cautiverio.
En marzo de 1977, antes de caer acribillado, Walsh denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar que “entre 1500 y 3000 personas han sido masacradas en secreto”, sugirió que los cuerpos aparecidos en Uruguay eran parte “del cargamento de torturados hasta la muerte en la ESMA” y apuntó que se arrojaban “prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea” de El Palomar. Los testimonios de 33 conscriptos le permitieron al fiscal Federico Delgado confirmar el dato: hubo vuelos de la muerte que partieron de El Palomar y se hicieron desde aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. El juez Daniel Rafecas hizo suyas las conclusiones de la investigación, que incluyó más de 600 testimonios de colimbas y empleados civiles, pero ni el jefe de la base está imputado por ese delito. El motivo: no hay víctimas identificadas.
En junio y julio de 1977 se produjeron los dos vuelos que confesó el ex capitán Adolfo Scilingo, el único represor que admitió públicamente su participación. El primero fue en un avión Skyvan de Prefectura, el segundo en un Electra de la Armada, y ambos partieron desde Aeroparque. Por esas treinta ejecuciones, el marino fue condenado en España, donde purga una pena de 1084 años de prisión. El civil Gonzalo Torres de Tolosa y el capitán Carlos Daviou, mencionados por Scilingo como partícipes de los vuelos, integran la lista de 68 acusados del megajuicio que comenzó la semana pasada. A 18 años de la confesión, ningún miembro de la estructura de conducción de la aviación naval o de Prefectura, partícipes de la asociación ilícita que además trasladó por todo el país a personas privadas ilegalmente de su libertad, fue indagado por su aporte de aviones y hombres al terrorismo de Estado.
A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, el 12 de diciembre. El EAAF identificó a la monja francesa Léonie Duquet, a Angela Aguad y a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Una investigación de la Procuración General de la Nación, a partir de las planillas de vuelos que Prefectura le entregó al fiscal Miguel Angel Osorio, permitió el año pasado dar por primera vez con el registro de un vuelo de la muerte: el Skyvan PA-51 despegó de Aeroparque el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30, dos horas después de que las monjas francesas fueran obligadas a fotografiarse con una foto de Montoneros detrás para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada. El avión voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, y volvió al punto de partida. De las 2758 planillas aportadas por Prefectura, es la única que tiene por objetivo la “navegación nocturna”. Tres de los cuatro tripulantes rinden cuentas ante el TOF Nº 5: son los pilotos Enrique De Saint George, Mario Arru y Alejandro D’Agostino. El cuarto era el mecánico David Fernández, ya fallecido. Los superiores de los acusados, incluido el prefecto Hilario Fariña (foto), ex jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, entrevistado por Página/12 el año pasado, todavía no fueron citados a indagatoria.
El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Arancibia, ex miembro del comité central del PRT y fundador del ERP. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. En diciembre de 1978, el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos del Olimpo, de los cuales nueve fueron identificados. La semana pasada, el juez Rafecas procesó como partícipes necesarios de los homicidios a los represores que los tuvieron en su poder hasta el momento del “traslado”. La principal pista sobre los ejecutores directos la aportó en 1995 el ex gendarme Federico Talavera, ex guardia del Olimpo, quien admitió que cada veinte días y hasta que se cerró ese centro clandestino, transportaba a secuestrados adormecidos en un camión Mercedes-Benz rumbo a la base de El Palomar, donde los cargaban en un Hércules de la Fuerza Aérea. Dispuesto a hablar en televisión en los viejos tiempos de impunidad menemista, ahora el paradero de Talavera es para la Justicia un misterio.
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Pilotos y mecánicos reconocieron su participación

Secretos y confesiones

Algunos fanfarronearon y provocaron el horror de sus oyentes. Otros hicieron alarde ante medios de comunicación. Ante la Justicia trataron de negarlo.

Por D.M.

Los vuelos de la muerte comenzaron a utilizarse incluso antes del golpe de Estado de 1976.

Tres confesiones en ámbitos privados, relatadas bajo juramento por testigos directos, llevaron a otros tantos marinos al banquillo de los acusados por su participación en vuelos de la muerte. Emir Sisul Hess y Rubén Ricardo Ormello hablaron ante compañeros de trabajo cuando todavía regían las leyes de impunidad. A Julio Alberto Poch le jugó una mala pasada la canilla libre en un restaurante de la Isla de Bali, en Indonesia, y una conversación sobre el papá de la princesa Máxima, Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura de la dictadura. Tanto el juez federal Sergio Torres como la Cámara Federal porteña privilegiaron el valor de las confesiones frente a la deliberada destrucción de pruebas por parte la Armada. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal N° 5.

Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada y prestaba servicios en el área militar de la base de Ezeiza. Su confesión la relataron ante Página/12 y luego ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaban listos salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello”, según reconstruyó un operario.
Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora, Bahía Blanca, denunciada desde 1984 por el cabo Raúl Vilariño como una cobertura de represores de la ESMA. Aviador naval y paracaidista, Hess se retiró en 1991 y pasó a gerenciar un complejo turístico en Villa La Angostura, donde ocurrieron sus confesiones. “Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró uno de sus empleados. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó. Cuando el juez Juan José Galeano comenzó a investigar se topó con un segundo testigo. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, un tipo íntimamente trastornado”, recordó.
–¿No sentía lástima por esa gente? –dijo que le preguntó.
–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al Río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.
Los testigos de la confesión de Poch, desmenuzada en los procesamientos, son pilotos de la aerolínea holandesa Transavia.
–¡Qué espantoso que hayas tenido que hacer eso! –reaccionó Tim Weert cuando Poch relató los vuelos en primera persona, en 2003.
–Ustedes no saben nada. Tienen que comprender que era una guerra, donde muere gente de ambos bandos –dijo el marino.
–Por Dios, ¿cómo pudiste colaborar en eso? –insistió Weert.
–Eran terroristas de izquierda. No merecían nada mejor.
–¿Por qué no devolvieron los cuerpos a sus seres queridos, a esas Madres de las pancartas?
–Deberían haber sabido que sus hijos eran terroristas. Deberíamos haberlos matado a todos –afirmó Poch.
–Es un modo inhumano de matar gente.
–Estaban drogados –justificó.
Cuando Edwin Brouwer preguntó cómo lo había hecho “Julio estrechó su mano derecha horizontalmente hacia adelante e hizo un movimiento rotatorio”, recordó. “El costado derecho de su mano se inclinó un poco hacia abajo. Aún se lo veo hacer”, contó a la Justicia. “Julio fue muy auténtico y hasta hoy creo su historia”, dijo Weert. “Hay personas que saben más y no se atreven a comparecer”, agregó.
Cuando la Cámara Federal marcó la necesidad de reforzar la prueba, el juez Torres cursó cuestionarios para una docena de testigos en Holanda. De los ocho preparados por Gerardo Ibáñez, abogado de Poch, siete no habían estado en el restaurante donde ocurrió la confesión y el octavo no presenció el diálogo. De los mails de Frederik van Heukelom surgió que había recibido indicaciones sobre qué declarar y consejos para borrar los correos con la estrategia de salvataje. Lo peor para Poch no fue que Weert y Brouwer ratificaran sus relatos sino la aparición de un tercer testigo, que estaba volando y no había podido declarar cuando Torres tomó declaraciones en 2009. Chris Duijker confirmó la confesión y contó que el hijo de Poch, también piloto de Transavia, le pidió que dijera que su padre no había hablado en primera persona del singular sino como “nosotros”, por los marinos. Duijker se negó y declaró la verdad.

El Delta, “el lugar perfecto”

Por D.M.

Un pibe de Villa Paranacito, en Islas de Ibicuy, Entre Ríos, se sienta en el muelle familiar sobre el río Paraná para sintonizar una FM con su Tonomac súper platino. El ruido del agua que golpea contra la costa se interrumpe con el sonido grave de las aspas de un helicóptero, que se posa a diez metros de altura, cerca de la desembocadura del desaguadero del Sauce. De repente, golpes: algo cae al río. Más tarde, en un recodo, en una rama, aparecen cuerpos atados de pies y manos. Luego Prefectura Zona Delta, la misma que alojó al prefecto Héctor Febres hasta que el cianuro lo silenció para siempre, se encarga de desaparecerlos. “‘Estaba en política’ (mala palabra), decían cuando preguntábamos. Esto por lo frecuente, aunque sea una aberración injustificable, era considerado normal.” La historia transcurrió durante la dictadura. El relato y la cita se publicaron en 2007 en la revista La Isla del Delta, que se edita en Campana. El protagonista, testigo de la imagen que Charly García propuso recrear para homenajear a las víctimas de los vuelos, amplió su testimonio ante el periodista entrerriano Fabián Magnotta, que lo acaba de publicar en el libro El lugar perfecto. Vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano (1976-1980), de Ediciones Cinco.

Magnotta inició su investigación en 2003, cuando un policía que en los ’80 había prestado servicios en Villa Paranacito se presentó ante el juez de instrucción de Gualeguaychú para relatar una historia que le había contado una ex novia. Cuando era niña, recordó, fue testigo del entierro de un hombre joven que había sido arrojado desde el aire adentro de un tambor de 200 litros. “Me contó que ese día todos entendieron qué era lo que había en esos tanques que se veían caer desde helicópteros”, declaró. El juez Eduardo García Jurado ubicó a la mujer, que no se presentó ante la citación. Cuando un móvil policial la trasladó al juzgado, negó el relato. Durante el careo con su ex novio, temblando, volvió a negarlo. “Tienen que entender la idiosincrasia del isleño”, explica ante Página/12 Carlos Ferreyra, el pibe de la Tonomac que tardó tres décadas en contar sus recuerdos. “El isleño se mimetiza con el paisaje, es un observador silencioso, no habla”, dice. “Los habitantes del delta tienen miedo hasta hoy”, agrega.
Magnotta recorrió el delta durante años, volvió una y otra vez para ganarse la confianza de los lugareños y recoger testimonios de primera mano. La hipótesis que desarrolla en su libro es que el delta entrerriano, miles de héctareas de ríos pero también montes, esteros y bañados a los que sólo se accede de a pie, fue el lugar elegido por las Fuerzas Armadas para concluir el ciclo secuestro/interrogatorio/ejecución/desaparición. A partir de los testimonios de lancheros, jornaleros y pescadores, armó un mapa de los lugares donde se encontraron cuerpos o se los vio caer al vacío. Hay menos de cien kilómetros de Buenos Aires, apenas 15 o 20 minutos de avión, apuntó, y destacó la reiterada respuesta de Prefectura cada vez que algún vecino decidió anoticiarla: “usted no vio nada”.

ESMA: el megajuicio

El proceso que comienza el miércoles abarca los casos de 789 víctimas. Se juzgará a 68 represores, 14 de los cuales ya fueron condenados el año pasado. Por primera vez, están involucrados tripulantes de los “vuelos de la muerte”.

Por Diego Martínez

El infierno de la Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo universal del terrorismo de Estado en la Argentina, volverá a ser parte del presente durante los próximos dos años. Lejos del tiempo de los cables de Ancla sobre los crímenes que la gran prensa ocultaba, de los relatos de sobrevivientes desde el exilio y de los gritos desgarrados de las Madres de Plaza de Mayo, lejos de la impunidad que siguió al juicio a los ex comandantes y de la larga noche menemista, a un lustro de la ingesta de cianuro que garantizó el silencio del prefecto Héctor Febres y a un año de la primera condena a los asesinos que comandó el almirante Emilio Massera, la ESMA será noticia tal como lo concibieron y exigieron durante décadas los organismos de derechos humanos: mediante un juicio oral y público, con todas las garantías que brinda el Estado de derecho. En el banquillo habrá por primera vez un número de acusados acorde a las dimensiones del que fuera el mayor centro de interrogatorio, tortura y exterminio de la capital argentina, que rendirán cuentas por secuestros, tormentos, violaciones y asesinatos contra casi 800 víctimas entre 1976 y 1983.

El subsuelo de los tribunales de Comodoro Py será el escenario de un verdadero megajuicio con 68 acusados, que incluyen a 56 marinos, cinco prefectos, un coronel retirado del Ejército, tres ex miembros de la Policía Federal, uno del Servicio Penitenciario Federal y dos civiles: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca, quien durante años defendió a sus ex compañeros imputados, y un economista de alta alcurnia: Juan Ernesto Alemann, ex funcionario del ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz. Faltarían los capellanes de la Iglesia católica y algún enlace de la Fuerza Aérea para abarcar la tipología completa de seres que poblaron voluntariamente la ESMA durante la dictadura. Dos datos para dimensionar: desde que arrancaron los juicios a represores, el mayor número de acusados se registra en Tucumán, con 41, aunque ocho lo siguen por videoconferencia desde la cárcel; el proceso a los jerarcas nazis en Nuremberg tuvo 22 acusados, menos de un tercio de quienes comenzarán a rendir cuentas el miércoles.
Tras los 22 meses de audiencias del primer juicio de la ESMA, que terminó con 16 condenados y dos absueltos por un centenar de casos, el Tribunal Oral Federal N0 5 acusó recibo de un viejo reclamo de los organismos y decidió realizar un proceso que incluya a todos los casos judicializados con epicentro en el centro clandestino de la Armada. Según la información oficial son 789 víctimas, un tercio de las cuales son sobrevivientes. Se estima en 900 el número de testigos que escucharán los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallo-tti, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (sustituto). Algunos “casos”, como se denomina a las víctimas en la jerga judicial, fueron parte del juicio a las juntas militares; otros, como el asesinato de Rodolfo Walsh o el del grupo de familiares y militantes secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, fueron parte del primer proceso pero volverán a tratarse por la participación de otros represores. Como para el tribunal esos hechos están probados, prescindirán de los testigos de contexto, en línea con las directivas de Casación para agilizar los procesos. Todas las partes, incluidos los defensores, tienen acceso a los DVD con los testimonios del juicio de 2011, que además se reproducirán en audiencias específicas los días que no haya testimoniales. Los sobrevivientes que declararon en el primer juicio oral, en tanto, no tendrán que volver a relatar sus padecimientos en cautiverio y deberán centrarse en sus recuerdos sobre el rol de los acusados.
Un rasgo distintivo del juicio será la acusación por violación al capitán Acosta a partir de una querella presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales en 2007. El TOF-5 ordenó en su sentencia del año pasado abrir una causa específica sobre los delitos contra la integridad sexual, una práctica sistemática y generalizada durante el terrorismo de Estado. Poco antes el juez federal Sergio Torres había procesado a Acosta por violación, figura que rechazó la Cámara Federal, que volvió a calificarla como una tortura más. El único delito que el juez Torres había elevado y que el TOF-5 decidió no incluir es el robo de bienes, que podrá juzgarse en un futuro proceso. Un rasgo no distintivo sino habitual en Comodoro Py y en varios tribunales del país es que sobrevivientes, familiares de víctimas y cualquier persona mayor de 18 años que decida asistir a las audiencias deberá cruzarse en los pasillos de tribunales con los 33 secuestradores, torturadores y asesinos que llegan a juicio en libertad o con arresto domiciliario.
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Los que nunca fueron juzgados

Por D.M.

La mayor parte de los acusados que llegan a juicio integraron el GT 3.3 pero son grandes desconocidos para la sociedad. Algunos rostros, con bigote reglamentario, se conocen gracias a las fotos que logró sacar de la ESMA el sobreviviente Víctor Basterra. La lista incluye a quienes secundaban a Rubén Chamorro en la dirección de la ESMA, a oficiales de Inteligencia y a guardias de los secuestrados. Más de la mitad están libres o gozan de arresto domiciliario.

- Raúl Jorge González, contraalmirante, subdirector de la ESMA entre julio de 1976 y 1978. Arresto domiciliario.
- Edgardo Aroldo Otero (Honda), contraalmirante, director de la ESMA y comandante del GT 3.3 en 1980. Arresto domiciliario.
- Julio Antonio Torti, vicealmirante, jefe del estado mayor de la Armada en 1978. En libertad.
- Hugo Héctor Siffredi (Pancho), vicealmirante retirado, agente del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), asistente del capitán Luis D’Imperio. Desde 1980 realizó “tareas especiales de inteligencia” en la agregaduría naval en Francia.
- Mario Pablo Palet, contraalmirante. En libertad.
- Pedro Antonio Santamaría, vicealmirante. En libertad.
- Roque Angel Martello, coronel del Ejército. En libertad.
- Carlos Orlando Generoso (Fragote, Garrido, Agustín), miembro del Servicio Penitenciario Federal, integró el GT 3.3. Apartado del primer juicio por problemas de salud. Arrestado en el hospital naval.
- Claudio Orlando Pittana (Fafá, Roberto Mario Erhardt, Juan Manuel Bravo), oficial de Policía Federal, sector operaciones del GT 3.3.
- Eduardo Morris Girling, contraalmirante, miembro del SIN, jefe de inteligencia del estado mayor de la Armada entre 1980 y 1982. Arresto domiciliario.
- Juan Arturo Alomar (Ariel), capitán de fragata, miembro del GT 3.3 entre 1978 y 1980. Aviador y helicopterista, hizo una carrera similar a la de Julio Poch. En libertad.
- Jorge Manuel Díaz Smith (Luis), miembro de Prefectura, integró los grupos de tareas de la ESMA entre 1979 y 1983.
- Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “Hijo de Sam” (por el ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército), capitán de fragata, operaciones del GT 3.3. En libertad.
- Roberto Pérez Froio, capitán de navío, director de prensa y difusión de Cancillería en 1977/78. Arresto domiciliario.
- Eugenio Bautista Vilardo, capitán de navío, miembro de la oficina de prensa y difusión de Cancillería. Arresto domiciliario.
- Luis Ambrosio Navarro (Rafael o Wis Navarro), aviador naval, integró el GT 3.3 en 1978 y 1979 con grado de teniente de fragata.
- Randolfo Luis Agusti Scacchi (Tano), capitán de navío.
- Julio César Binotti (Ciscardo, Fernando), oficial retirado de la Armada, miembro del sector operaciones del GT 3.3 desde 1981. Basterra lo fotografió disfrazado de policía. En libertad.
- Miguel Enrique Clements (Goyo), capitán de fragata, sector operaciones del GT 3.3 en 1981 y 1982.
- Hugo Enrique Damario (Carlos, Jirafa), capitán de navío, miembro del sector operaciones del GT 3.3 y del área de prensa de Cancillería en 1978 y 1979. En libertad.
- Carlos Eduardo Daviou (Justo), capitán de navío, miembro del sector operaciones del GT 3.3. El ex capitán Scilingo lo menciono entre quienes participaron de vuelos de la muerte. En libertad.
- Francisco Armando Di Paola (Chino), capitán de fragata, actuó en operaciones, logística y personal de la ESMA entre 1979 y 1981.
- Carlos Jaime Fraguio, contraalmirante, ex director de personal naval en 1976. Arresto domiciliario.
- Miguel Angel García Velazco, capitán de navío, miembro del GT 3.3. Arresto domiciliario.
- Oscar Rubén Lanzón (Horacio Guratti), capitán de navío, actuó en el sector inteligencia del GT 3.3 y del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA).
- Ricardo Jorge Lynch Jones (Panceta), capitán de fragata, sector operaciones del GT 3.3 en 1977. Durante su indagatoria sugirió que quien actuó en la ESMA fue su hermano, que había fallecido. Arresto domiciliario.
- Rogelio José Martínez Pizarro (Tommy), capitán de fragata médico.
- Guillermo Horacio Pazos (Esteban), capitán de navío, contador, jefe de logística del GT 3.3 entre 1978 y 1981.
- Francisco Lucio Rioja (Fibra, Jirafa), capitán de navío, miembro del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). En libertad.
- Miguel Angel Alberto Rodríguez (Angel, Luis Hidalgo, Castro Cisneros), capitán de fragata, jefe de logística del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA) entre 1981 y 1982.
- Rodolfo Oscar Cionchi (Gordo Tomás), capitán de navío, miembro de operaciones e inteligencia del GT 3.3 entre 1978 y 1980.
- Daniel Humberto Baucero (Carlos, Narigón, Garbossa), suboficial mayor, miembro del GOEA en 1980/83. En libertad.
- Daniel Néstor Cuomo (Danilo), suboficial naval, integró el GT 3.3 entre 1978 y 1982.
- Juan de Dios Daer (Oscar), suboficial naval, integró el GT 3.3 en 1982. En libertad.
- Orlando González (Hormiga, Miguel), suboficial naval, fue auxiliar del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). En libertad.
- Héctor Francisco Polchi (Cholo, Román), suboficial naval, sector logística del GT 3.3 de 1979 a 1983. Basterra lo fotografió disfrazado de policía. En libertad.
- Paulino Oscar Altamira (Alfredo Tamburrini), suboficial de la Armada, guardia y miembro del área operaciones del GT 3.3.
- Antonio Rosario Pereyra (Leonardo, Elías Sisro), suboficial principal, operaciones del GT en 1981 y 1982.
- Carlos Gailán (Pedro Bolita), suboficial naval, ex jefe de guardias de la ESMA. Junto con el prefecto Héctor Febres se encargaba de retirar de la ESMA a los niños nacidos en cautiverio. Participaba de los “traslados”.
- Víctor Roberto Olivera (Lindoro), suboficial naval, guardia en la ESMA.
- Víctor Francisco Cardo (Morrón, Pedro, Perro Verde), suboficial naval, guardia en la ESMA.
Fotos sacadas en la ESMA por Víctor Basterra y publicadas en la página del Instituto Espacio para la Memoria.

Los que vuelven al banquillo

Por D.M.

Condenado primero por su faena en la ESMA y este año por el robo de bebés, el capitán Jorge Eduardo Acosta se sentará por tercera vez entre los acusados. La novedad para el inmutable Tigre es que deberá rendir cuentas por violar a mujeres en cautiverio. Volverán a acompañarlo los otros trece condenados y los dos absueltos del primer juicio. No estarán porque murieron tras la condena el ex mayor del Ejército Julio César Coronel (Maco) y el almirante Oscar Antonio Montes, ex canciller de la dictadura. También murió a tiempo el almirante Alberto Gabriel Vigo, que estaba incluido en la elevación a juicio del juez federal Sergio Torres. Otros dos condenados y un absuelto por el plan sistemático serán juzgados ahora por su rol en la ESMA.

- Jorge Acosta (Tigre, Aníbal, Santiago), capitán de corbeta, ex jefe de Inteligencia del GT 3.3 entre 1976 y 1979. Condenado a prisión perpetua en el primer juicio de la ESMA y a 30 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés. Será juzgado por primera vez por violar a secuestradas.

- Alfredo Astiz (Cuervo, Angel, Rubio, Gustavo Niño), ex teniente de fragata (dado de baja por ufanarse de su capacidad para asesinar), famoso por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo y por rendirse en Malvinas. Condenado a prisión perpetua.

- Ricardo Miguel Cavallo (Sérpico, Miguel Angel, Marcelo Carrasco), capitán de corbeta. Identificado por sobrevivientes en México, fue detenido en 2000 mientras intentaba huir a la Argentina. Fue extraditado primero a España y en 2008 a la Argentina. Condenado a prisión perpetua.

- Adolfo Miguel Donda (Gerónimo, Palito, Chiche), capitán de fragata, ex jefe de Operaciones del GT 3.3 entre 1978 y 1980. Luego fue segundo jefe de Inteligencia. Su hermano y su cuñada estuvieron en cautiverio en la ESMA. Condenado a prisión perpetua.

- Alberto Eduardo González (Gato, Luis, Oscar Paz Alara), capitán de corbeta, integró el sector inteligencia del GT 3.3. Desde 1978 estuvo en Cancillería y desde 1980 en la embajada argentina en Londres. Condenado a prisión perpetua.

- Antonio Pernías (Martín, Rata, Trueno), capitán de fragata. Tuvo a su cargo la “Pecera”, donde los cautivos hacían trabajo esclavo, y fue enviado al “Centro Piloto” de París. Su padre facilitó una casaquinta de Del Viso como “casa operativa” de la ESMA. Condenado a prisión perpetua.

- Jorge Carlos Radice (Gabriel, Ruger, Juan Héctor Ríos), teniente de fragata, integró el sector Inteligencia y luego logística del GT 3.3. Luego fue secretario de Emilio Massera. Supo ufanarse de ser “el mejor francotirador” de la patota. Condenado a prisión perpetua.

- Néstor Omar Savio (Halcón, Norberto), capitán de fragata, integró los sectores operaciones y logística del GT 3.3. Condenado a prisión perpetua.

- Raúl Enrique Scheller (Mariano, Pingüino, Miranda, Schelling), capitán de navío, integró el sector operaciones del GT 3.3 y luego el Copece, centro de documentación de la Armada. Condenado a prisión perpetua.

- Ernesto Frimon Weber (220 o Boero). Oficial de la Policía Federal, dio cátedra a los marinos sobre uso de la picana eléctrica. Condenado a prisión perpetua (domiciliaria).

- Juan Carlos Fotea Dineri (Lobo, Fernando), sargento de la Policía Federal, integró el sector operaciones del GT 3.3. Condenado a 25 años de prisión.

- Manuel Jacinto García Tallada, contraalmirante. Jefe del estado mayor de la Armada en 1976 y de la Fuerza de Tareas 3 en 1977. Condenado a 25 años de prisión. Arresto domiciliario.

- Carlos Octavio Capdevila (Tommy), médico y capitán de fragata. Integró el departamento de sanidad de la ESMA y atendió a secuestradas embarazadas que tuvieron a sus hijos en cautiverio. Condenado a veinte años de prisión.

- Juan Antonio Azic (Piraña, Freddy, Claudio), suboficial principal de Prefectura, integró el sector operaciones del GT 3.3. Se apropió de Victoria Donda y de Carla Silvana Ruiz Dameri, nacidas en cautiverio en la ESMA. Condenado a 18 años de prisión.

- Pablo Eduardo García Velazco (Dante), capitán de corbeta, integrante del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Absuelto en el primer juicio de ESMA. Arresto domiciliario.

- Juan Carlos Rolón (Juan, Niño), capitán de fragata, ex miembro del sector inteligencia del GT 3.3. Absuelto en el primer juicio (sólo fue juzgado por el asesinato de Rodolfo Walsh y los secuestros del grupo de la Santa Cruz).

- Antonio Vañek, vicealmirante. Fue comandante de Operaciones Navales en 1977 y parte de 1978. Luego fue jefe del Estado Mayor de la Armada. Condenado a 40 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés. Arresto domiciliario.

- Jorge Luis Magnacco (Tommy), capitán de navío, ginecólogo en el Hospital Naval, autoridad sobre la maternidad clandestina de la ESMA. Condenado en 2005 por su participación en la apropiación de Guillermo Pérez, nacido durante el cautiverio de su mamá en la ESMA, y luego por el plan sistemático de robo de bebés.

- Rubén Oscar Franco. Almirante retirado, fue el último jefe de la Armada en dictadura. Integró la junta militar que dio por muertos a los desaparecidos. Antes fue jefe del Grupo Operativo Especial de la Armada (GOEA). Fue absuelto en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, a quienes dio por muertos por decreto. En libertad.

Los vuelos a juicio

Por D.M.

Los vuelos de la muerte llegan a juicio. Si bien hubo condenas por víctimas como Floreal Avellaneda o el grupo de la Santa Cruz, cuyos cuerpos aparecieron en costas rioplatenses, nunca antes se juzgó en el país a pilotos o tripulantes por participar específicamente en los vuelos. El caso que más expectativas despierta en la prensa internacional es el de Julio Alberto Poch, quien confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandese Transavia, que lo denunciaron en los pagos de la princesa Zorreguieta. A partir de la investigación del Reino de los Países Bajos, Poch fue detenido en España y extraditado. El capitán Emir Sisul Hess relató ante allegados que los secuestrados adormecidos "caían como hormiguitas". La investigación que confirmó sus dichos concluyó en 2005 y se desarchivó en 2009, cuando PáginaI12 publicó su historia. El suboficial naval y mecánico Rubén Ricardo Ormello relató su actuación en los vuelos en los años '80 ante compañeros de trabajo. Los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Arru y Alejandro D'Agostino fueron identificados a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación como tripulantes del vuelo en el fueron ejecutadas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, las fundadoras de Madres y el grupo de la Santa Cruz. Según la planilla, el Skyvan PA-51 de Prefectura despegó de aeroparque el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30, dos horas después del montaje ideado por el Tigre Acosta para inmortalizar a las monjas francesas con una bandera de Montoneros. El avión voló tres horas y diez minutos, y regresó sin escalas al punto de partida. Seis días después aparecieron los restos de Duquet.

Ordenan 35 detenciones en San Rafael

Por Diego Martínez

El ex policía Oscar Raúl Pérez fue funcionario del área de Seguridad del municipio de San Rafael hasta 2009. Su ex compañero de tareas Daniel Ernesto Huajardo seguía activo hasta estos días en una defensoría ante la Justicia Federal. El periodista Edgar Martín Ferreyra trabajó hasta hace dos años en la radio pública LV4. Los tres están ahora detenidos por orden del juez federal Eduardo Ariel Puigdengolas, imputados por delitos de lesa humanidad en San Rafael durante la última dictadura. Las órdenes de detención abarcan a 35 imputados e incluyen al ex policía Hugo Ramón Trentini, condenado en los ’90 por el asesinato del estudiante Sebastián Bordón, y al ex sacerdote Franco Revérberi, que huyó a Italia luego de que trascendiera su actuación durante la represión ilegal y sobre quien pesa una orden de captura internacional. En la misma causa sigue prófugo el ex intendente de la dictadura Luis Alberto Stuhldreher, por cuya captura se ofrecen cien mil pesos de recompensa para quien aporte información.

Las detenciones de represores de San Rafael se producen en un contexto de creciente actividad de los nostálgicos de la capucha en Cuyo. A principios de agosto, un día antes del comienzo del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, fue amenazado de muerte el juez Roberto Burad, miembro del tribunal oral. Luego comenzó una campaña de desprestigio contra el abogado Diego Lavado, apoderado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). La campaña, con afiches en las calles, se extendió luego al fiscal federal Dante Vega y a los abogados querellantes Alfredo Guevara y Pablo Salinas. Las amenazas siguieron por el periodista Gustavo De Marinis, hermano de una desaparecida. El lunes pasado, unos desconocidos destruyeron las placas de mármol que recuerdan a las víctimas del terrorismo estatal frente a los tribunales federales de Mendoza. La sucesión de ataques fue denunciada por las respectivas víctimas. El abogado Lavado hizo públicas ayer sus sospechas sobre el fiscal de Cámara Javier Pascua como posible instigador de varios de los ataques.
Las capturas que el juez Puigdengolas ordenó esta semana fueron pedidas hace un mes por el fiscal general Omar Palermo y los fiscales federales Dante Vega y Francisco Maldonado. Hasta ayer se habían concretado diez. Uno de los flamantes detenidos con bueno vínculos en los círculos de poder locales es el ex policía Oscar Raúl Pérez, ex jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la delegación San Rafael de la policía mendocina entre 1975 y 1978. Mendoza On Line recordó ayer que Pérez llegó a ser jefe de policía en plena democracia, que es “una persona muy influyente” en la fuerza y que hasta 2009 reportó como funcionario del gobierno municipal en el área de Seguridad. Gendarmería rodeó el lunes la manzana en donde vivía, en el Barrio Policial, en tanto agentes de la Policía Federal lo trasladaron a tribunales.
El oficial subinspector Hugo Ramón Trentini, ex guardia del centro de detención clandestino que funcionó en la seccional 32ª, es más conocido por su prontuario en democracia: fue el responsable de la comisaría 38ª de San Rafael, de la cual “huyó” en 1997 Sebastián Bordón, cuyo cadáver apareció días después. El periodista Jorge Hirschbrand recordó ayer que en 1976, un año antes de aprobar el curso de “Instrucción Contrasubversiva”, Trentini estaba de turno en la seccional donde se fraguó la liberación de Francisco Tripiana, uno de los primeros desaparecidos de Mendoza. Veinte años después, su nombre reapareció en otra historia de ficción para encubrir otro asesinato, el de Bordón, por el que terminó condenado.
El suboficial mayor Edgar Martín Ferreyra, ex miembro de la Sección Inteligencia 144 de San Rafael y ex agente de la SIDE, condujo hasta hace dos años un programa folklórico en LV4. Ferreyra llegó a ser premiado en 2009 como “ciudadano distinguido” por la municipalidad de San Rafael. El conocimiento sobre su pasado le impidió cosechar un año después la “Distinción Sanmartiniana” en la legislatura local. La orden de captura internacional del cura Franco Revérberi, ex capellán con grado de capitán, se firmó hace dos semanas. Su nombre asociado a sesiones de tortura surgió en el primer juicio oral en San Rafael. Cuando fiscales y querellantes pidieron que se lo investigara, el sacerdote huyó a Italia.
Entre lunes y martes también fueron detenidos el ex comisario Luis Juan Edgardo Graín, el oficial principal Orlando Gerardo Gutiérrez –que también hizo el curso de “Contrasubversión” en 1976–, el ex subcomisario de la comisaría 8ª Isidro Freire, el ex subcomisario Daniel Navarro Frías y el ex comisario Ciro Isidro Maza Correa. “Estoy gratamente sorprendido por la cantidad de detenciones”, afirmó Mariano Tripiana, querellante y miembro de Hijos San Rafael. “Es muy importante que no queden impunes, que no puedan seguir caminando por las calles y actuando desde distintos espacios contra el proceso de justicia”, explicó.

Sexta condena por el asesinato de Albareda

La Cámara de Casación ratificó las condenas a prisión perpetua por el crimen del subcomisario Ricardo Albareda y revocó la absolución del ex policía Calixto Flores.

Por Diego Martínez

Luciano Benjamín Menéndez, al lado de Calixto Flores, condenado a seis años de prisión.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia que condenó a Luciano Benjamín Menéndez y otros cuatro represores por el asesinato del subcomisario Ricardo Fermín Albareda en 1979, y revocó la absolución dictada hace tres años por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba en beneficio del ex policía Calixto Luis Flores. Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, Casación decidió condenar también al ex miembro del Departamento de Informaciones (D-2) de la policía de Córdoba a seis años de prisión. El Chato Flores está preso en la cárcel de Bouwer desde diciembre de 2010, cuando el mismo tribunal que lo había absuelto por el secuestro de Albareda lo sentenció a prisión perpetua en la causa por los fusilamientos de presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1.

El asesinato de Albareda, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), es de los más brutales que se conocen. El subcomisario de la policía provincial fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979 a la noche, mientras se trasladaba en su Peugeot 404, que quedó abandonado en la calle. Los miembros de la brigada del D-2, que se trasladaban en dos vehículos, lo llevaron al centro clandestino Chalet Hidráulica o Embudo, en una de las márgenes del lago San Roque, en Villa Carlos Paz. Luego de someterlo a sesiones de torturas físicas y psíquicas, los subordinados del general Menéndez, entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, le seccionaron los testículos y lo dejaron desangrar hasta la muerte. El operativo fue encabezado por los comisarios Raúl Pedro Telleldín y Américo Pedro Romano, que murieron impunes.
El caso Albareda llegó a juicio en 2009. El 11 de diciembre el TOF1 de Córdoba condenó a prisión perpetua a Menéndez, al jefe de la policía de Córdoba, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos, al subdirector de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, comisario César Armando Cejas, y al ex agente Hugo Cayetano Britos; a 16 años de prisión fue condenado el ex cabo de policía Miguel Angel Gómez. Los últimos dos integraban el grupo operativo que encabezaba Cejas. El tribunal los responsabilizó por los delitos de secuestro, torturas y homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y pluralidad de partícipes. En el mismo fallo, los jueces Jaime Díaz Gavier, Sergio Grimaux y José Quiroga Uriburu absolvieron a Flores, que había llegado al juicio acusado sólo por la privación ilegítima de la libertad de Albareda.
El fiscal general Carlos Gonella, al apelar la absolución, consideró que no estaba bien fundamentada, cuestionó al tribunal por relativizar los fragmentos del testimonio del sobreviviente Carlos Raimundo Moore, que aludían a Flores como uno de los integrantes “estables” de las brigadas que operaron en el Chalet de Hidráulica con activa participación en secuestros, enumeró las pruebas que respaldaban la acusación y solicitó que se condenara al ex policía a seis años de prisión.
El juez de Casación Juan Carlos Gemignani, que votó en primer turno, respaldó la decisión de absolver a Flores. Borisnky y Hornos, en cambio, consideraron que “corresponde descalificar” la absolución por ser “el resultado de un análisis aislado y fragmentario de un único elemento de prueba”, en referencia al testimonio de Moore. Ambos magistrados tomaron nota de que Flores se desempeñó en la sección “contrainteligencia” de la Dirección de Informaciones, donde era calificado por Cejas; destacaron que fue reconocido por testigos como integrante de las brigadas operativas y de una de las guardias del centro clandestino Chalet de Hidráulica, y que en su propio descargo se definió como “un veterano de la guerra antisubversiva”. El conjunto de pruebas documentales “le otorgan credibilidad a la información suministrada por Moore”, concluyeron los jueces, que con su voto mayoritario dieron vuelta la absolución.
Es la tercera vez que la Sala IV de Casación condena a un represor absuelto durante un juicio oral por delitos de lesa humanidad. En fallos anteriores habían revocado las absoluciones del ex jefe de la Policía Federal de Neuquén Jorge Alberto Soza, y de los ex jefes del área militar que operaron en la ciudad de Buenos Aires bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

Los 35 años de Abuelas y los desafios según Manuel

Por Diego Martínez

“Me siento a le mesa, las escucho, las veo moverse, pienso en todo lo que hicieron y en que dentro de cien años la historia va a seguir hablando de ellas y me sigo conmoviendo”. El hombre de voz cálida y hablar pausado que se conmueve es Manuel Gonçalvez Granada, el primer nieto recuperado que integra la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. “Soy el único con un cargo pero somos varios lo que ayudamos. Antes nos invitaban, ahora organizamos”, cuenta con orgullo, y habla de “acompañamiento generacional que algún día será recambio”. El pibe que recuperó su identidad en 1997, que ya logró la condena del asesino de su padre y acaba de declarar en el juicio a los acusados de matar a su madre, habla con PáginaI12 sobre el valor de la verdad, el crecimiento de la conciencia sobre lo que significa recuperar la identidad, el acompañamiento imprescindible del Estado y el desafío de hacer llegar el mensaje de Abuelas a los bisnietos, para que interpelen a sus padres apropiados y no deban criarse con la identidad falsa que les impone también a ellos el terrorismo de Estado.

--¿Recuerda la primera vez que escuchó hablar de Abuelas?

--Debe haber sido a principios de los '90, no tengo un recuerdo preciso. A mí me ubicaron en 1995 y el examen positivo fue en 1997 así que debe haber sido en los años previos. En esa década Abuelas no tenía una gran capacidad de difusión, no tenía las herramientas actuales y el acceso a medios de difusión masivos, así que mi referencia era muy poquita.

--¿Cómo fue la relación una vez que supo su historia?

--Después de que conocí a mi abuela y a mis hermanos empecé a ir a Abuelas. Era una necesidad mía, era el lugar donde sentía que entendían lo que me estaba pasando. Recuerdo un lugar pequeño, la sede histórica de calle Corrientes. Era todo muy extraño porque nunca había sentido esa cercanía con gente que no conocía. Sin embargo fue inmediato, no sólo con las abuelas sino con quienes trabajaban ahí: todos conocían exactamente lo que me estaba pasando, mi historia. No hace falta que te digan nada, sabés que ellos saben y eso no lo encontrás en otro lado. Desde ese momento hasta hoy siempre fue muy especial ir a la casa de Abuelas. Hoy me siento a le mesa con ellas, las escucho, las veo moverse, pienso en todo lo que hicieron y en que dentro de cien años la historia va a seguir hablando de ellas y me sigo conmoviendo.

--Es el primer nieto recuperado que integra la comisión directiva de Abuelas. ¿Qué significa ocupar ese lugar?

--Es una situación muy linda que hayan decidido incorporar a un nieto. Me tocó a mí, obviamente es un mimo enorme y a la vez es una responsabilidad que nos están planteando. El recambio generacional tiene que ver con una lucha que se extendió en el tiempo y después de 35 años necesitan que los nietos las ayudemos, las acompañemos, aprendamos de ellas. Que hayan elegido a uno para estar formalmente dentro del estatuto de Abuelas no sé en qué palabras ponerlo: me da mucho orgullo que lo hayan decidido, que me hayan convocado para una tarea que en realidad no cambia la práctica ya que siempre estuve cerca e hice todo lo que estuvo a mi alcance. La decisión de que un nieto esté en la comisión directiva, aunque me resulta incómodo decirlo porque soy yo, me parece una decisión sabia, por la necesidad que plantearon de un acompañamiento generacional, que en algún momento será un recambio ya que nos queda mucho por recorrer, faltan casi 400 nietos, así que tiene mucho sentido que quienes recuperamos la identidad podamos acompañarlas.

--¿Cómo es estar en la cocina de Abuelas, como son las reuniones de comisión directiva? ¿Lo dejan hablar?

--Sí (sonríe), igual no soy el único nieto que participa de las reuniones. Participan otros y muchos no se acercan por temas laborales o de distancia pero el que puede siempre está, todos sentados a la mesa y participando, transmitiendo novedades o cosas por hacer. Es una interacción que la grandeza de las abuelas permite que sea de igual a igual. Eso lo valoramos mucho porque en definitiva quienes pasan a la historia son ellas, y que nos permitan sentarnos, opinar, proponer y debatir habla de un entendimiento sobre la necesidad de que nos formemos, aprendamos y de que esta lucha continúa.

--Abuelas es noticia cada vez que identifican nietos o nietas pero también hay exámenes de ADN que dan negativo o abuelas que mueren sin haber encontrado a sus nietos. ¿Cómo se sobrellevan esos golpes?

--Es muy doloroso cada vez que se pierde una abuela, sobre todo cuando lucharon tanto y no llegaron a encontrar a su nieto o nieta. La situación de los resultados negativos no se plantea a diario porque son miles los análisis que se han hecho, todo el tiempo se derivan casos al banco de datos genéticos del Hospital Durán y, salvo algún caso puntual que se relacione con tal o cual historia, no hay una vivencia directa de cada análisis. Recién cuando dan positivo se empiezan a entrecruzar situaciones.

--¿Cuáles son los desafíos actuales de Abuelas? El objetivo es claro pero qué más se plantean hacer para alcanzarlo.

--Creo que lo logrado a nivel comunicación es lo que permitió que la lucha de Abuelas no sea solitaria como al comienzo sino que gran parte de la sociedad está atenta y recibamos todo el tiempo gente que quiere colaborar o denunciar. El crecimiento de la conciencia de lo que significar recuperar la identidad es uno de los desafíos a sostener: seguir incorporando a la sociedad a esta lucha, ya que los nietos pueden ser vecinos, parejas, amigos, están entre nosotros. Obviamente que el crecimiento de la difusión en los últimos años está atado a una decisión política y la cantidad de chicos que se acercaron buscando su identidad no hubiera sido posible sólo con la voluntad de Abuelas; fue también por la responsabilidad de un Estado que decidió participar a nivel comunicacional. A futuro hay que sostener eso y seguir incorporando elementos para la búsqueda. Abuelas empezó buscando bebés, después niños, adolescentes y hoy adultos, que en muchos casos son papás o mamás. En este momento estamos empezando a trabajar para que el mensaje de la búsqueda sea comprendido por la generación de los bisnietos, nacidos en muchos casos en 2000, como mi hija. Si no me hubiesen encontrado ella tendría hoy una identidad falsa. El daño de la dictadura se sigue produciendo sobre esos niños que viven con una identidad que no es suya. Por eso trabajamos con escritores de cuentos de niños, con Paka Paka, elaborando contenidos que sirvan de disparador para que su mamá o su papá se animen a buscar y se den cuenta de que no hacerlo es también transmitir la incomodidad que sienten a sus hijos. Al mismo tiempo tratamos de que el aporte sea colectivo y superador, ya que el objetivo no es sólo encontrar a los nietos sino que la generación de los bisnietos crezca entendiendo y valorando el sentido de la identidad.

--¿Cuál es la principal enseñanza que le dejaron estos años en Abuelas?

--Las abuelas me enseñaron el valor de la verdad, lo necesaria que es la verdad vinculada al origen de la persona. A partir de ahí todo lo que venga estará condimentado con algo sano, porque nosotros hemos crecido con una historia y una identidad que no eran nuestras y entonces todo lo que se construyó en esa vida casi que no corresponde. Ese pasado es parte de nuestra vida pero a partir de que nos encuentran es difícil acomodarlo, me cuesta mirar esos años que viví con otra identidad, construyendo una vida que nunca debió haber pasado, y cuando lo hago veo a otra persona, es extraño. Hoy lo veo desde el lugar de la verdad. Por eso destaco el valor de la verdad. A partir de ahí construís una vida mucho más sana, porque cada uno decide qué hacer, cómo recuperar su nombre. Es como volver a empezar.

--Recuperó la identidad en 1995, lleva casi la mitad de su vida luchando por verdad y justicia...

--Sí, todavía viví más años con la identidad impuesta por la dictadura que con la mía.

--La pregunta era ¿Cómo imagina esta lucha dentro de diez o veinte años?

--Espero que para ese tiempo hayamos encontrado a todos los nietos, pero bueno, lo que imagino es una situación en la que vamos a sostener las banderas que han ganado las abuelas. Vamos a sostener la misma lucha de las Abuelas aunque obviamente no las vamos a poder reemplazar. Quedará en nosotros la responsabilidad y la capacidad de sostener a Abuelas sin las abuelas. Está claro que hay una relación directa por haber recuperado la identidad pero que no somos las abuelas, por eso deberemos armarnos de fuerza y de las herramientas que sepamos construir. El gran camino lo han hecho ellas y el objetivo está claro, nosotros tenemos que sostenerlo. El desafío es mantener lo logrado.

Murió Saint Jean

Por Diego Martínez

En una cama del Hospital Militar, atendido por sus médicos y rodeado por sus seres queridos, murió a los 90 años el general retirado Ibérico Manuel Saint Jean, interventor de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y uno de los dos hombres a quienes rendía cuentas Ramón Camps, jefe de policía y del mayor circuito de centros clandestinos de exterminio del país. Saint Jean fue procesado y era juzgado desde hace un año por el Tribunal Oral Federal N0 1 de La Plata por 61 secuestros y torturas, por el homicidio de Jorge Rubinstein –apoderado del Grupo Graiver– y por haber implementado un plan criminal y clandestino que incluía torturas y asesinatos con la excusa de “combatir a la subversión”.

“Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos”, prometió en 1977 durante una cena de camaradería. No era un eufemismo sino una práctica concreta que los subordinados de Camps aplicaban en lugares que ellos mismos llamaban pozos: Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, Pozo de Arana. Saint Jean supo jactarse mientras regían las leyes de impunidad de haber hecho desaparecer “cinco mil subversivos”, pero se llamó a silencio cuando lo citó la Justicia: en 2007, en los Juicios por la Verdad, luego como imputado. Esos pozos sobre los que prefirió no hablar amparándose en las garantías que lo protegieron hasta su último día fueron la última escala previa a la muerte de miles de desaparecidos que terminaron enterrados en fosas comunes y que continúa identificando el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“El Primer Cuerpo de Ejército, que encabezó en la provincia la lucha contra el terrorismo y no dependía del gobernador (sic), era comandado por el general Carlos Guillermo Suárez Mason”, pretendió ayer el diario La Nación, férreo aliado de Saint Jean en su lucha por la impunidad mientras vivió y en lavar su imagen apenas muerto. Fue el propio Camps quien no ocultó el conocimiento y la complicidad de Saint Jean. “Había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y el comandante del Primer Cuerpo de Ejército”, escribió en El caso Timerman, como tituló su libro.
Nacido en 1922, Saint Jean egresó del Colegio Militar a fines de 1943, fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y cumplió funciones en el Estado Mayor del Ejército. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y pasó a retiro en febrero de 1973. Después del golpe de Estado, la junta militar lo nombró interventor en la provincia: ocupó el cargo entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981. El voto “sirve para imponer la dictadura de la mayoría”, dijo en 1980 en el Rotary Club de Mar del Plata. “Puede ser mucho peor cuando los tiranos son muchos que cuando es uno solo”, teorizó. En 1982, mientras su hermano Alfredo Oscar era ministro del Interior del dictador Galtieri, justificó la guerra de Malvinas y opinó que el balance era “altamente positivo, más allá del dolor de la derrota”. En 1985 visitó a su amigo Camps, preso en La Tablada, y al año siguiente sus hijos abogados defendieron al ex chofer de su jefe de policía, Norberto Cozzani. Ambos terminaron condenados en el segundo y último juicio a represores antes de las leyes de impunidad. Saint Jean, en cambio, salió ileso de esa primera etapa de justicia post-dictadura.
“No voy a declarar. No tengo nada para aportar e ignoro lo acontecido”, se limitó a decir en 2007 ante la Cámara Federal de La Plata que lo citó al Juicio por la Verdad por los secuestros de la familia Bettini. María del Carmen Frencese de Bettini se había enterado por gestiones de un sacerdote ante Saint Jean que su esposo, desaparecido, había sido asesinado. En mayo de 2008, el juez Arnaldo Corazza lo procesó por el secuestro y las torturas al periodista Jacobo Timerman y le concedió el arresto domiciliario. La causa la inició el abogado Alejo Ramos Padilla, quien destacó que Saint Jean había aportado un equipo de funcionarios para colaborar en “la investigación y los interrogatorios” de Timerman, según consignó Camps.
Saint Jean fue procesado por la Cámara Federal por 61 privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El 8 de septiembre de 2011 se sentó por primera vez en el banquillo frente al TOF–N0 1 de La Plata y una vez más se negó a declarar. Su última batalla, que encabezaron su hijo Ricardo y el abogado Sebastián Olmedo Barrio, fue para ser declarado incapaz y excluido del proceso. Pese a la “actitud de obstrucción” y el “auxilio antiético” del Cuerpo Médico Forense con la “maniobra de simulación” de los abogados, los jueces Carlos Rozansky, Roberto Falcone y Mario Portela concluyeron que “la incapacidad sobreviviente sólo constituye una pretensión de la defensa” y denunciaron a los peritos oficiales, que interrumpían a Saint Jean para callarlo cada vez que empezaba a explayarse con lucidez. A principios de septiembre fue enviado al hospital de la cárcel de Ezeiza y tres semanas después al Hospital Militar. El 17, los jueces fueron a indagarlo por el homicidio de Rubinstein. “Me pusieron de gobernador para perseguir el tráfico de drogas”, fue lo único que dijo, acompañado por su esposa y dos de sus cinco hijos (uno es el fiscal porteño Marcelo Saint Jean). La semana pasada, la Cámara de Casación ordenó concederle el arresto domiciliario. Fue el último beneficio que el Estado de Derecho le concedió al general que se ufanó de matar tímidos e indiferentes.